doi.org/10.35321/term29-07

Sobre los requisitos relativos a los términos de los actos jurídicos y sus definiciones

ALVYDAS UMBRASAS

Lietuvių kalbos institutas

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-5184-0056

RESUMEN

La gestión terminológica de los actos jurídicos ya tiene tradición en Lituania, pero los requisitos aplicables a los términos de los actos jurídicos y a sus definiciones pueden ser objeto de debate. Dado que la elaboración de los actos jurídicos se rige por los propios actos jurídicos, conviene examinar qué requisitos terminológicos se les imponen. Este artículo se dedica precisamente a esa cuestión. Una mejor regulación de los requisitos relativos a los términos de los actos jurídicos y sus definiciones puede contribuir a mejorar la calidad de la legislación.

PALABRAS CLAVE: términos de los actos jurídicos, requisitos lingüísticos, requisitos lógicos, ordenación terminológica, definición.

RESUMEN

La gestión de los términos de los actos jurídicos ya ha adquirido una tradición en Lituania, pero los requisitos aplicables a estos términos y sus definiciones pueden ser objeto de debate. Dado que la redacción de los actos jurídicos está regulada por los propios actos jurídicos, conviene aclarar qué requisitos terminológicos se les imponen. Ese es el tema de este artículo. Una mejor regulación de los requisitos relativos a los términos y las definiciones de los actos jurídicos puede contribuir a mejorar la calidad de la legislación.

PALABRAS CLAVE: términos de los actos jurídicos, requisitos lingüísticos, requisitos lógicos, ordenación terminológica, definición.

OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS

Los actos jurídicos son uno de los ámbitos más importantes en los que se utiliza la lengua en un Estado, y su lenguaje influye en el empleado en otros ámbitos. Los actos jurídicos también son importantes desde el punto de vista terminológico, pues en ellos no solo se utilizan términos, sino que también se definen. Los aspectos terminológicos de los actos jurídicos constituyen el objeto de estudio de este artículo. Mediante un método analítico descriptivo, el artículo

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examina los requisitos aplicables a los términos de los actos jurídicos, que se evalúan no solo desde el punto de vista terminológico, sino también desde el de la regulación jurídica. Se pretende averiguar qué requisitos imponen a los términos de los actos jurídicos y a sus definiciones las fuentes que regulan la elaboración de dichos actos, evaluar si esos requisitos son suficientes y, basándose en la práctica, presentar algunas observaciones y recomendaciones. El artículo se centra principalmente en los aspectos terminológicos de los actos jurídicos adoptados en Lituania, es decir, los nacionales, aunque, cuando es necesario, también considera el contexto de los actos jurídicos de la Unión Europea traducidos al lituano, ya que son similares por su carácter terminológico y, además, influyen en los actos jurídicos nacionales.

En función de la naturaleza de las cuestiones examinadas y del estado de los fenómenos tratados, el artículo se divide a continuación en dos partes, en las que los datos se analizan de manera distinta: la primera describe de forma general, sin examinar ejemplos concretos, los requisitos aplicables a los términos de los actos jurídicos; la segunda, por el contrario, presta más atención a ejemplos de definiciones de términos de actos jurídicos para mostrar sus particularidades. Como se verá, establecer requisitos para estas definiciones es una tarea pendiente para el futuro.

Además de las fuentes de carácter jurídico, el artículo se basa principalmente en las investigaciones de Kazimieras Gaivenis, quien dedicó especial atención, en la terminología lituana, a los requisitos aplicables a los términos y sus definiciones, así como a cuestiones generales de terminología (véase Gaivenis 2002: 14–49). Anteriormente, Stasys Keinys también había escrito sobre requisitos pertinentes para esta investigación (1980: 27–58). En la actualidad, los requisitos aplicables a los términos se tratan con más frecuencia en un contexto didáctico (por ejemplo, Akelaitis et al. 2009: 36–44).

SOBRE LOS REQUISITOS APLICABLES A LOS TÉRMINOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

El estatus del lituano como lengua oficial está consagrado en la Constitución de la República de Lituania y también en la Ley de la Lengua Oficial de la República de Lituania. Esta última especifica con precisión el uso de la lengua en el ámbito de la legislación: «Las leyes y demás actos jurídicos de la República de Lituania se adoptan y publican en la lengua oficial» (VKI 1995: 3¹). Los actos jurídicos que regulan la elaboración de otros actos jurídicos también establecen criterios cualitativos para el lenguaje. Ya en 1995 se aprobó la Ley sobre el procedimiento de elaboración de las leyes y demás actos normativos jurídicos de la República de Lituania, que establece que «[L]os actos jurídicos

1 En este texto, las referencias a actos jurídicos y publicaciones de recomendaciones indican los números de los artículos o apartados, no las páginas.

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se redactan respetando las normas del lituano estándar y de la terminología jurídica» (ĮTNARTĮ 1995: 12). Esta afirmación se incorporó a las Recomendaciones para la redacción de leyes y otros actos jurídicos (ĮTARR 1998: 1.8). Más adelante, la formulación sufrió algunos cambios², pero se mantuvo la disposición de que los actos jurídicos deben respetar las normas de la lengua estándar y los requisitos de la terminología jurídica, incluida en la Ley de Bases de la Legislación de la República de Lituania, aprobada en 2012 (TPĮ 2012: 14), así como en las Recomendaciones para la redacción de proyectos de actos jurídicos, aprobadas en 2013 (TAPRR 2013: 5), y en sus versiones posteriores. Por cierto, al redactar actos jurídicos multilingües de la Unión Europea, el respeto de las normas lingüísticas se aborda desde una perspectiva totalmente práctica: la Guía práctica común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para las personas que redactan actos jurídicos de la Unión Europea señala que «[L]os actos redactados respetando las reglas gramaticales y de puntuación son más fáciles de comprender correctamente y de traducir a otras lenguas» (BPV 2015: 1.4.2; esta disposición también figuraba en la primera edición de la Guía práctica común (BPV 2008: 1.4.2)). Por tanto, la corrección lingüística es funcionalmente importante en este sentido y ayuda tanto en el plano intralingüístico como en el interlingüístico.

La obligación de respetar los requisitos relativos a los términos jurídicos en los actos jurídicos está consagrada legalmente casi desde el inicio de la recuperación de la independencia, pero hay que tener presente que, tras recuperar la independencia, Lituania apenas disponía de diccionarios de términos jurídicos³. Por tanto, cabe pensar que el fundamento jurídico no era la obligación de recurrir a determinados diccionarios de términos jurídicos, sino la práctica consolidada de uso de dichos términos, con términos desarrollados conforme a modelos habituales.

A los términos se les exigen requisitos lingüísticos y lógicos, que suelen abarcar la corrección, la precisión, la sistematicidad, la brevedad, la facilidad de formación, la neutralidad emocional, entre otros⁴ (Gaivenis 2014 [1994]: 206, 211). En esencia, estos requisitos son aplicables a cualquier ámbito; sin embargo, el lenguaje de los actos jurídicos se diferencia del lenguaje científico: en el derecho es importante la regulación formal de la expresión y el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones sobre ella. Aunque los requisitos aplicables a los términos jurídicos no están sistematizados de ninguna manera ni siempre se expresan con claridad y de forma explícita,

² Entre otras cosas, se empezó a hacer hincapié en la redacción de proyectos de actos jurídicos, y no en la de los propios actos; en lugar de terminología jurídica parece preferirse terminología del derecho.

³ Durante el primer período de independencia no se publicaron diccionarios de términos jurídicos (aunque hubo listas de términos y proyectos de diccionarios). El Diccionario de términos jurídicos, compilado por Alfonso Žiurlys y publicado a comienzos de la época soviética Teisinių terminų žodynas (Vilna: Editorial Estatal de Literatura Política y Científica, 1954, 240 p.), siguió siendo el único durante todo el período soviético. Desde 1995 se han publicado numerosos diccionarios de traducción, no solo de términos, sino también de la lengua jurídica en general (véase Umbrasas 2008 para más información), pero aún escasean las obras de calidad en terminografía jurídica.

⁴ En publicaciones anteriores, K. Gaivenis mencionó, entre los requisitos de los términos, su traducibilidad a otras lenguas e incluso su sonoridad y singularidad (Gaivenis 2014 [1979]: 115).

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se habla de ellos tanto en las recomendaciones nacionales como en las de la Unión Europea para la redacción de actos jurídicos.

Los primeros actos jurídicos de la independencia restablecida que regulaban el lenguaje jurídico apelaban, en general, al respeto de las normas de la lengua estándar; finalmente, se formuló una disposición precisa: «[L]os términos de los actos jurídicos deben ser <...> correctos» (TAPRR 2013: 6.5). El requisito de corrección establecido en los actos jurídicos es, en esencia, general: abarca la lengua en su conjunto y la terminología como parte de ella. La corrección de los términos también guarda relación con todos los niveles lingüísticos y comprende no solo la formación de palabras, la morfología y la sintaxis, sino también la pronunciación, la acentuación, la ortografía y la puntuación. A la corrección se vinculan asimismo las cuestiones relativas a la influencia de otras lenguas y a la pureza lingüística⁵. En los actos jurídicos que regulaban el lenguaje jurídico se había declarado expresamente: «Las palabras internacionales se usan únicamente cuando no existen equivalentes en lituano» (ĮTNARTĮ 1995: 12; ĮTARR 1998: 1.8). Más adelante, la disposición se precisó: «Debe darse preferencia a los términos lituanos. Si es necesario, el término internacional puede indicarse junto al lituano (uno de ellos entre paréntesis)» (ĮTARR 2002: 6). Sin embargo, probablemente resultaba bastante difícil aplicar la disposición de evitar los términos internacionales en los actos jurídicos, pues faltaban criterios objetivos de evaluación: no siempre los términos propios y los internacionales son funcionalmente equivalentes, tienen la misma difusión o están igualmente asentados, y favorecer artificialmente uno de ellos puede no corresponder a las tendencias de uso o ser sencillamente subjetivo. Así pues, aunque en la práctica de normalización terminológica se tiene en cuenta de facto el criterio de pureza, las recomendaciones para la redacción de actos jurídicos fueron abandonando paulatinamente las disposiciones relativas a las palabras internacionales y empezaron a centrarse más en los préstamos que llegan a través de la traducción, a la vez que se contempló la posibilidad de indicar normalmente, junto a los términos lituanos aún poco consolidados, sus equivalentes en otras lenguas: «En los actos jurídicos, todas las palabras comunes de otras lenguas deben traducirse al lituano» (ĮTARR 2002: 6); «En los actos jurídicos no deben usarse palabras comunes de otras lenguas, salvo las palabras o expresiones no lituanas que, por tradición, se emplean en algunos ámbitos (principalmente las latinas). Si es necesario, puede indicarse entre paréntesis, junto al término lituano, una palabra de otra lengua (generalmente un término)» (TAPRR 2013: 6.2). Junto al equivalente debe indicarse la abreviatura de la lengua (TAPRR 2021: 134). Hoy en día, los términos llegan con frecuencia a los actos jurídicos nacionales desde los actos jurídicos de la Unión Europea, y al traducirlos hay que resolver cuestiones relacionadas con los préstamos y

⁵ En general, la pureza de la lengua y de la terminología no se considera un requisito, sino un principio extralingüístico de normalización lingüística, ajeno al sistema de la propia lengua, que consiste en dar preferencia a las palabras de la lengua propia (Gaivenis, Kaulakienė 2014 [1996]: 229–230).

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otros problemas que determinan una percepción negativa del lenguaje de los documentos: «Los textos llenos de préstamos, traducciones literales o expresiones jergales son difíciles de entender y se convierten en fuente de críticas para los actos jurídicos de la Unión que, en tales casos, se consideran “ajenos”» (BPV 2015: 5.4). De ahí surge el propósito de que el texto parezca natural y no se perciba su carácter traducido.

El requisito de claridad exigido al lenguaje jurídico también es aplicable a la terminología jurídica (la elaboración normativa se basa, en general, en el principio de claridad (TPĮ 2012: 3)). Este requisito puede entenderse como lo opuesto a la complejidad, la confusión y la artificiosidad, de lo que deriva la aspiración a términos sencillos. Se recomienda a los redactores de los actos jurídicos de la Unión Europea «procurar expresar el objetivo de la norma jurídica en términos sencillos, de modo que pueda exponerse fácilmente. En la medida de lo posible, debe utilizarse el lenguaje cotidiano. Cuando sea necesario, se dará prioridad a la claridad de las frases frente a la elegancia estilística» (BPV 2015: 1.4.1). La falta de claridad puede constituir un obstáculo tanto para los traductores de los actos jurídicos como para quienes los aplican; por ello, «el texto original debe ser totalmente sencillo, claro y comprensible, ya que, si es demasiado complejo o ambiguo, al traducirlo a una o más lenguas de la Unión puede resultar impreciso, aproximado o completamente erróneo» (BPV 2015: 5.2). Hoy se habla cada vez más de un lenguaje fluido, sencillo y simplificado (en inglés, plain language); se analizan las posibilidades de simplificar el lenguaje jurídico y de sustituir términos por otros más sencillos, para que el lenguaje jurídico se entienda sin ayuda de especialistas (Čės­nienė 2014b). En este contexto ha surgido ya la concepción de la traducción intralingüística del lenguaje jurídico; es decir, se amplía la noción de traducción y se habla de la traducción dentro de una misma lengua, con el objetivo de hacer el texto jurídico más accesible al público destinatario, facilitarlo para los especialistas o simplificarlo para los no especialistas (Čės­nienė 2014a). Sin embargo, la práctica no parece mostrar hasta ahora que la aspiración de simplificar el lenguaje jurídico haya producido resultados tangibles de cierta importancia.

En las recomendaciones para la redacción de actos jurídicos de Lituania no se señala expresamente el requisito de brevedad de los términos⁶ (ni podría constituir un requisito estricto, sino una recomendación); no obstante, por comodidad, se prevé la posibilidad de crear abreviaturas de términos en un acto jurídico, válidas únicamente en ese acto, mientras que en los actos jurídicos conexos o de aplicación deberían introducirse de

⁶ En la práctica de redacción de actos jurídicos, a veces se busca incluso de manera excesiva la brevedad de los términos, sacrificando la precisión. A los traductores de los actos jurídicos de la UE se les indica la brevedad entre los requisitos de los términos, con el fin de que el término sea cómodo de usar (TV 2006: 1.1). Se opina que la longitud de un término puede indicar que es nuevo o que aún no está suficientemente normalizado. Se supone que cuanto más desarrollada y normalizada esté la terminología, mayor debería ser el número de términos más breves (Kaulakienė, Makariūnienė 2014 [1999]: 36). Sin embargo, en la práctica de normalización, el criterio de brevedad no tiene prioridad.

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naujo (TAPRR 2013: 6.5; TAPRR 2021: 116). Rekomendacijose aiškiai pasakyta, kad teisės aktų terminai turi būti tikslūs (TAPRR 2013: 6.5; TAPRR 2021: 11). Čia reikia turėti omenyje, kad tikslumo reikalavimas gali prieštarauti trumpumo reikalavimui. Kita vertus, termino tikslumo samprata gali būti diskusijų objektas. K. Gaivenis tikslumą pirmiausia sieja su vienareikšmiškumu ir reikšmės apibrėžtumu, tačiau pripažįsta, kad šie dalykai sunkiai pasiekiami (Gaivenis 2014 [1994]: 207). Akivaizdu, kad apskritai kalboje terminų vienareikšmiškumas yra utopija, apie jį galima kalbėti nebent tik vienos konkrečios terminų sistemos ribose (Keinys 2003: 50). Terminų dviprasmiškumo vengimas teisės akte (BPV 2015: 6.2) visiškai suprantamas, tačiau vienos reikšmės turėjimas savaime negarantuoja termino tikslumo. Rengiantiems teisės aktus sakoma, kad „[S]iekiant tikslumo ir norint išvengti aiškinimo problemų gali tekti apibrėžti terminą“ (BPV 2015: 6.2.3). Lyginant terminą su apibrėžtimi jau galima kalbėti apie jo tikslumą. Termino tikslumas, be abejo, susijęs su jo semantika, siejasi ir su motyvacija, tačiau, kaip teisingai pastebi K. Gaivenis, negalima sakyti, kad motyvuoti terminai yra tikslūs, o nemotyvuoti – netikslūs (Gaivenis 2014 [1994]: 208). Termino motyvacija gali būti ir neaiški (svarbu, kad nebūtų klaidinanti), bet reikia pripažinti, kad motyvuotų terminų aiškumas didesnis⁷. Vien tik aiškumo savaime neišeina tapatinti su tikslumu, bet paprastai laikoma privalumu, jei terminas gali būti aiškus ir be apibrėžties. Tikslumo matavimas gali būti grindžiamas apibrėžtyje nurodytų požymių atitikimu ir būtų svarbesnis vertinant ne giminius, o rūšinius terminus. Pastarųjų terminų rūšinių požymių įvardijimas distinktyvumo atžvilgiu ypač svarbus, o tai lemia ir tikslumą.

Al elaborar dictámenes jurídicos sobre proyectos de actos jurídicos nacionales, se evalúa si los términos jurídicos utilizados en el proyecto «concuerdan con los términos establecidos en la regulación jurídica vigente, en primer lugar, en los actos jurídicos que regulan relaciones jurídicas similares» (TINTARR 2010: 15.3.3). La recomendación de utilizar la terminología de manera coherente, tomando como referencia los actos jurídicos ya vigentes, también se destaca en las recomendaciones para la redacción de los actos jurídicos de la Unión Europea (BPV 2015: 6.2.1). Asimismo, se procura la coherencia terminológica en el propio acto jurídico, sus anexos y los actos jurídicos de aplicación (BPV 2015: 6; 6.2.1). Es importante comprobar la coherencia al elaborar proyectos de modificación de actos jurídicos, para que en el texto consolidado

⁷ Es probable que, por ejemplo, los neologismos bien fundamentados tengan más posibilidades de arraigar.

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neatsirastų terminologinių skirtybių (TAPR 2021: 111). Taikymo patogumo atžvilgiu gerai, kai sutampa nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų terminai, tačiau dėl susiklosčiusių tradicijų tai ne visada pasiekiama ir nebūtinai visada siektina. Terminų nuoseklumo reikalavimas apskritai atsiskleidžia per vienodumo siekį. Europos Sąjungos teisės aktų rengėjams paaiškinama: „Terminijos nuoseklumas reiškia, kad vienodoms sąvokoms reikšti turi būti vartojami tie patys terminai, o tas pats terminas neturi būti vartojamas skirtingoms sąvokoms reikšti“ (BPV 2015: 6.2). Antroji teiginio dalis orientuoja į daugiareikšmiškumą, o jis, kaip rodo praktika, apskritai yra neišvengiamas, tačiau vienareikšmiškumas siektinas bent jau susijusių teisės aktų ribose. Praktikoje dėl daugiareikšmiškumo didelių problemų paprastai nekyla (prireikus padeda apibrėžtis) arba jos yra retos, daugiau problemų kelia sinonimija, ypač kol terminai yra nauji, nes skirtingos raiškos priemonės kartais gali klaidinti, kurti sąvokų skirtingumo iliuziją. Susijusiuose europiniuose teisės aktuose skirtingai išversti tapatūs terminai gali kelti taikymo problemų ir kelti sumaištį tuos teisės aktus įgyvendinančiuose nacionaliniuose teisės aktuose, todėl sinonimų vengimo siekis (BPV 2015: 1.4.1) natūraliai kyla norint užtikrinti terminijos nuoseklumą. Jis pasiekiamas ir per suderinamumą – ES teisės aktų rengėjams pasirenkant vartoti teisės terminus siūloma atsižvelgti į šių aktų daugiakalbį pobūdį, todėl nurodoma vengti sąvokų ir terminų, būdingų tik tam tikroms nacionalinėms teisės sistemoms, juos vartoti atsargiai (BPV 2015: 5; 5.3.2). Kartu, kiek įmanoma, siekiama teisės aktų terminų, jų sampratų derėjimo su terminais mokslo, technikos ir apskritai bendrinėje kalboje (BPV 2015: 6).

El requisito de sistematicidad de los términos no se menciona expresamente en las recomendaciones para la redacción de actos jurídicos, pero es importante en la práctica y se aplica al ordenar la terminología de cualquier ámbito⁸. Puede afirmarse que los términos no funcionan de forma aislada: forman parte de un sistema terminológico determinado. Se indica a los traductores de los actos jurídicos de la UE que procuren la sistematicidad de los términos: «Al utilizar términos existentes o crear otros nuevos, es necesario velar por que concuerden con el sistema» (TV 2006: 1.1). El requisito de sistematicidad puede considerarse tanto lógico como lingüístico. K. Gaivenis considera que el requisito de sistematicidad de los términos es lógico y lo relaciona con la clasificación de conceptos, con la lógica de la división

⁸ Debe tenerse presente que el principio de sistematicidad es uno de los principios aplicados, en general, en la elaboración normativa, según el cual, entre otras cosas, se procura que las normas jurídicas sean coherentes entre sí (TPĮ 2012: 3).

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como base. Para la terminología es pertinente la clasificación jerárquica, en la que se establecen relaciones de subordinación entre los grupos clasificados, y la clasificación facetada, en la que algo se clasifica desde diversos puntos de vista (Gaivenis 2014 [1994]: 211–213). Así pues, desde este punto de vista, el término de un acto jurídico no debe situarse en un nivel de clasificación inadecuado (por ejemplo, un término genérico entre los específicos) ni en un grupo de clasificación inadecuado (por ejemplo, al clasificar acciones no debe incluirse entre ellas el resultado de una acción). Sin embargo, en la práctica la sistematicidad suele evaluarse desde el punto de vista de la expresión del término, teniendo en cuenta también su contenido y el fundamento de la clasificación; es decir, aquí operan conjuntamente los requisitos lingüísticos y lógicos, y se procura que la expresión de los términos de un grupo de clasificación determinado sea coherente. Y no se trata únicamente de la tipicidad de la formación de términos (mencionada por K. Gaivenis (2014 [1994]: 213)), por ejemplo, de elegir la misma categoría o el mismo formato de formación, sino también de uniformar las construcciones sintácticas que funcionan como términos, armonizar el número de palabras, etc.

Al mencionar la formación de palabras, cabe señalar también el requisito de facilidad de formación de los términos. La facilidad de formación⁹ se entiende como la aptitud de un término para servir de base a la creación de nuevas palabras —es decir, otros términos— dependientes de él semántica y formalmente (Gaivenis 2014 [1994]: 210). Las recomendaciones para la redacción de actos jurídicos no lo mencionan, y, de hecho, en la práctica de gestión terminológica de los actos jurídicos este requisito no se considera de los más importantes, aunque tampoco se ignora. A los traductores de los actos jurídicos de la UE se les indica que el término debe facilitar la formación de nuevos términos; a esto se le da el nombre de requisito de productividad (TV 2006: 1.1). Es cierto que en lingüística la productividad suele entenderse como una característica de un formato o de un tipo determinado de formación, pero también puede atribuirse a la palabra base.

A veces se incluye entre los requisitos de los términos la estabilidad, como ocurre, por ejemplo, en las recomendaciones para los traductores de los actos jurídicos de la UE. En ellas se afirma que «los términos deben ser estables, no cambiarse cada pocos años o cada década. A veces, los términos establecidos y ampliamente utilizados, aunque no sean del todo precisos, son mejores que los nuevos y precisos, porque no es fácil sustituir un término en la conciencia de los usuarios» (TV 2006: 1.1). Sin embargo, la estabilidad no es tanto un requisito como un principio de normalización terminológica que, de hecho, se procura respetar en la práctica. Según K. Gaivenis, «[E]l objetivo de la normalización de la terminología es no acelerar el cambio de los términos y mantener invariables los microsistemas terminológicos» (Gaivenis 2014

9 La facilidad de formación también se ha denominado potencial de formación, perspectiva de formación (Keinys 1980: 45–46).

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[1996]: 227). Por lo general, se cambian los términos todavía no consolidados y sujetos a variación, mientras que se tiende a no tocar los tradicionales¹⁰.

SOBRE LOS REQUISITOS DE LAS DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

K. Gaivenis incluye entre los requisitos lógicos de los términos el requisito de precisión de las definiciones¹¹ (Gaivenis 2014 [1994]: 211). Sin embargo, no es preciso considerarlo un requisito de los propios términos. Las exigencias aplicables a las definiciones pueden considerarse justificadamente autónomas. Los investigadores, basándose en la lógica y en otros criterios, distinguen desde dos o varios tipos de definiciones hasta incluso varias decenas (véase más ampliamente Rimkutė 2021: 180–184). Naturalmente, los requisitos aplicables a las definiciones no son tantos y dependen del destinatario de la definición y del medio en que se publique (por ejemplo, un manual, una monografía científica, un diccionario terminológico, una norma terminológica, etc.). Al igual que los requisitos de los términos, los de las definiciones también pueden ser lingüísticos y lógicos. Entre los lingüistas lituanos, K. Gaivenis es quien probablemente ha prestado más atención a las definiciones terminológicas, pero en sus trabajos no sistematizó los requisitos que estas deben cumplir. Este investigador señaló que las definiciones terminológicas pueden diferir de las definiciones lexicográficas habituales y que, al formularlas, debe aplicarse el modelo de indicar el concepto genérico más próximo y las diferencias específicas, observando estas reglas principales: «a) la definición debe ser adecuada, es decir, la extensión del concepto definido debe ser igual a la del concepto definidor; b) no debe incurrir en circularidad viciosa; c) debe ser precisa, clara e inequívoca; d) no debe ser negativa» (Gaivenis 2014 [1979]: 116). Otras fuentes señalan además requisitos como armonizar entre sí las definiciones, indicar las características esenciales, procurar la brevedad y evitar explicar un término mediante palabras idénticas a este, entre otros (véase más ampliamente Rimkutė 2021: 184–185).

Los requisitos habituales en la ciencia para las definiciones terminológicas pueden aplicarse, al menos en parte, también al formular definiciones de términos de actos jurídicos; sin embargo, las nacionales

¹⁰ K. Gaivenis describió la confluencia de tradición e innovación en la terminología teniendo en cuenta el afán de progreso y la adecuación funcional: «Algunos redactores de normas terminológicas exigen estrictamente que estas sean obligatorias y que la terminología que presentan quede congelada durante décadas. Este requisito es irreal en lo que respecta al sistema terminológico, pues sus componentes deben cambiar y renovarse continuamente. Solo así el sistema mejorará de manera constante. De lo contrario, el sistema se degradará. Así pues, el principio de estabilidad terminológica no impide que el sistema cambie, sino que frena únicamente su alteración injustificada. Al evaluar un término consolidado, lo primero que debe plantearse no es en qué es mejor el término nuevo, sino por qué es malo el término antiguo» (Gaivenis 2014 [1996]: 228–229).

¹¹ K. Gaivenis menciona la precisión de las definiciones, pero hoy suele utilizarse el término definición. Precisamente la gestión terminológica de los actos jurídicos contribuyó a la difusión de este término, pues es justamente la definición que se emplea en la Ley del Banco de Términos (LRTBĮ 2003) y en los actos jurídicos que la aplican.

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Las recomendaciones para la redacción de actos jurídicos establecen muy pocos requisitos para las definiciones de términos. A las definiciones de términos de los actos jurídicos, al igual que a los términos, se les aplica, naturalmente, el requisito de corrección, pues es un requisito lingüístico general aplicable a los actos jurídicos. Casi no se establecen requisitos lógicos; únicamente se fijan restricciones para la elaboración de definiciones: «[V]na noción definida en una ley no debe definirse en otras leyes, a menos que la definición de la noción incluida en una ley especial sea propia únicamente de un ámbito determinado de relaciones» (TAPRR 2013: 6.5; TAPRR 2021: 11). Asimismo, se establece que «[E]n los actos jurídicos de aplicación de las leyes no deben definirse nociones utilizadas o ya definidas en las leyes; solo pueden definirse nociones utilizadas exclusivamente en el acto jurídico de aplicación en cuestión» (TAPRR 2021: 11). Si los términos utilizados en un acto jurídico se entienden en el sentido en que están definidos en otros actos jurídicos, se exige indicar las definiciones de qué actos jurídicos se toman como referencia (TAPRR 2021: 35, 48). En cuanto al contenido de las definiciones, solo se señala que «no deberían establecer requisitos, condiciones, etc.» (TAPRR 2021: 11). De manera similar, se indica a quienes redactan actos jurídicos de la UE que las definiciones de términos no deben contener disposiciones normativas independientes¹² (BPV 2015: 14), y que es preferible no incluir en las definiciones aquello que podría indicarse como ámbito de aplicación o materia regulada del acto jurídico (BPV 2015: 13.4). Se recuerda a quienes redactan actos jurídicos que deben respetar a lo largo de todo el texto las definiciones de términos que hayan formulado y que los términos deben utilizarse precisamente con el significado establecido en ellas (BPV 2015: 6.4). En los actos jurídicos se intenta limitar la interpretación de los términos: «[L]a definición de un término no puede contradecir su significado habitual» (BPV 2015: 14.1). En esencia, se pretende que los términos se entiendan del modo habitual en el ámbito regulado y que sean claros incluso sin una definición. A la vez, se plantea la necesidad de definirlos cuando en el acto jurídico se restringe o amplía su significado habitual.

La Ley del Banco de Términos de la República de Lituania (LRTBĮ 2003), vigente desde hace casi dos décadas, y sus actos jurídicos de aplicación han hecho que se preste una atención relativamente considerable a la gestión de los términos de los actos jurídicos. Desde 2005, las instituciones estatales han ido incorporando progresivamente términos de actos jurídicos al Banco de Términos de la República de Lituania; la Subcomisión de Terminología de la Comisión Estatal de la Lengua Lituana, en sus reuniones, cada semana en promedio

12 La justificación no reside únicamente en la lógica de las definiciones, sino también en los obstáculos que plantea su aplicación práctica. Las definiciones no deben incluir «[R]eglas independientes, no solo para preservar la precisión lógica. Si se incorporan tales elementos a las definiciones de términos, existe el riesgo de que, al interpretarlas, el lector no advierta aquellos elementos normativos que no aparecen en el mismo lugar que los demás elementos normativos» (BPV 2015: 14.4).

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(excepto en verano), en casi todas las reuniones examina varias decenas de términos procedentes de leyes, órdenes ministeriales y otros actos jurídicos¹³. La práctica demuestra que son relativamente pocos los términos que suscitan debate; la mayoría de las observaciones formuladas durante las reuniones se refieren a las definiciones. A menudo son observaciones de carácter editorial, relacionadas de una u otra manera con la elección de la formulación, pero no es raro que surjan dudas sobre la claridad, la precisión y otros aspectos relacionados con el contenido de la noción. Una de las posibles causas de los problemas que plantea la definición de términos de actos jurídicos es la regulación insuficiente de las definiciones de términos en este ámbito.

En términos generales, los términos se definen en los actos jurídicos de tres maneras: mediante una definición explicativa (que indica características), mediante enumeración y mediante remisión. La disposición de los requisitos de redacción de actos jurídicos que prohíbe definir lo que ya está definido, así como la aplicación directa de algunos actos jurídicos de la Unión Europea, da lugar a definiciones por remisión, por ejemplo¹⁴:

acreditación – en el sentido definido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.

oficina consular de la República de Lituania – la noción se entiende en el sentido definido en el Estatuto Consular.

comercio mayorista de medicamentos veterinarios – la noción corresponde a la definida como «distribución al por mayor» en el punto 36 del artículo 1 del Reglamento (UE) 2019/64.

modificación sustancial de un ensayo clínico de un medicamento – esta noción corresponde a la noción de «modificación sustancial» y se utiliza con el mismo significado que el definido en el punto 13 del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 536/2014.

A veces se intenta indicar características y, al mismo tiempo, incluir una remisión, por ejemplo:

beneficiario final – persona jurídica o física a la que se concede financiación con cargo a los recursos de un instrumento financiero. Esta noción corresponde a la noción de «beneficiario final» establecida en el punto 12 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

congestión de la red eléctrica – situación en la que la red eléctrica no puede aceptar toda la cantidad de electricidad ofrecida por los participantes del mercado de la electricidad, porque la red

¹³ En otoño de 2022, el Banco de Términos de la República de Lituania había recopilado, a partir de actos jurídicos, unos 18 000 artículos terminológicos aprobados por la Comisión Estatal de la Lengua Lituana. Para más información sobre el concepto, el contenido y la base jurídica de esta base de datos, véase Umbrasas 2013.

¹⁴ Los ejemplos que se ofrecen a continuación proceden del Banco de Términos de la República de Lituania y de conjuntos de términos de proyectos de actos jurídicos presentados al Banco. No se indican los actos jurídicos concretos ni sus proyectos, porque en este caso no es muy importante. Interesan más los propios modelos de expresión que el lugar en que aparecen.

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los elementos no podrían soportar una cantidad tan elevada de esta energía. Este concepto corresponde al concepto de «sobrecarga» que figura en el punto 4 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2019/943.

Esta doble presentación contradice en parte los requisitos vigentes para la redacción de actos jurídicos, pero permite, cuando es necesario, ajustar la formulación de una definición, editarla lingüísticamente, hacerla más fluida, etc. En general, la remisión entre términos también permite precisar un término cuando sea necesario (como muestran los ejemplos ya presentados) o sustituir términos incorrectos (mientras no se hayan sustituido en los actos jurídicos relacionados), como ocurre, por ejemplo, en este caso:

animales de la familia de los lagomorfos – este concepto corresponde al concepto «lagomorfos», definido en el apartado 1.4 de la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

Cabe añadir que, en ocasiones, la inclusión de definiciones por remisión también obedece a razones internas del acto jurídico: si hay muchos rasgos del concepto y se detallan en un artículo separado del acto, en lugar de enumerarlos en la definición, simplemente se remite al artículo del mismo acto, por ejemplo:

riesgo de seguro elevado – riesgo de seguro que cumple los criterios indicados en el artículo 10 de esta Ley.

El sistema y la jerarquía de los actos jurídicos influyen en sus definiciones: en este caso, la explicación de los conceptos mediante remisiones se fundamenta en las particularidades de la propia actividad legislativa. Para los usuarios, por una parte, disminuye la comodidad de utilizar el acto jurídico (es necesario consultar también otros actos jurídicos), pero, por otra, la uniformidad de las nociones facilita la modificación de las disposiciones.

Sin embargo, en los actos jurídicos los conceptos suelen explicarse no mediante remisiones, sino indicando sus rasgos o enumerando todos los elementos que los integran. Las definiciones enumerativas delimitan explícitamente el contenido del concepto: solo incluye lo que se especifica concretamente, por ejemplo:

oficina consular – consulado general, consulado, viceconsulado o agencia consular de un Estado extranjero en la República de Lituania.

parámetros de calidad de la leche – recuento total de bacterias (miles de UFC/ml), recuento de células somáticas (miles/ml), sustancias inhibidoras y temperatura de congelación de la leche (m°C).

agente de la actividad publicitaria – anunciante, prestador de servicios publicitarios.

Las definiciones enumerativas no son muy frecuentes en los actos jurídicos, porque los conceptos suelen abarcar demasiados elementos como para poder enumerarlos todos,

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o bien no se conocen de antemano todos los casos posibles, el conjunto de elementos no es finito. Dado que la enumeración determina que el número de elementos sea finito, para incluir elementos adicionales habría que modificar el acto jurídico. En el caso de la enumeración, la relación entre el término y la definición puede plantear dificultades, por ejemplo:

centro sanitario que presta servicios de vacunación – Hospital de Kaunas de la Universidad Lituana de Ciencias de la Salud, institución pública; Hospital Universitario de Vilna Santaros Klinikos, institución pública; Hospital Universitario de Klaipėda, institución pública; Hospital Republicano de Panevėžys, institución pública; Hospital Republicano de Šiauliai, institución pública.

Esta definición presupone una lista cerrada de centros sanitarios que prestan servicios de vacunación, pero, como cabe suponer, en la realidad estos servicios no los prestan únicamente las entidades enumeradas. El problema es que el proyecto de acto jurídico del que se ha tomado esta definición se refiere únicamente a la vacunación específica con una determinada vacuna. Esto indica que, en este caso, no se pretende definir el término presentado (que, dadas las circunstancias, es demasiado general), sino únicamente señalar a quiénes se encomiendan las funciones de vacunación previstas en el acto jurídico. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de definición: es preferible indicar en algún artículo del acto jurídico las entidades a las que este impone obligaciones, en lugar de hacerlo en el apartado de términos y definiciones.

Para lograr una mayor precisión y claridad conceptual, en algunos casos el método de definición enumerativo puede combinarse con la indicación de características, por ejemplo:

indicadores de calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y gestión de aguas residuales – indicadores (del abastecimiento de agua potable, de la presión del agua potable suministrada, de las interrupciones del abastecimiento de agua potable, de la calidad del agua potable, de la atención a abonados y usuarios, de la recogida de aguas residuales, de las inundaciones con aguas residuales y de las interrupciones de la gestión de aguas residuales) con arreglo a los cuales se determina la calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y gestión de aguas residuales.

Las definiciones más características de los actos jurídicos son las explicativas (basadas en características). Como punto de partida, en este tipo de definición suele indicarse un concepto más general (a veces, más de uno) y las características distintivas, por ejemplo:

organismo de control de la conformidad – persona jurídica o sucursal de una empresa establecida en un Estado del Espacio Económico Europeo y registrada en la República de Lituania que evalúa la conformidad mediante la medición, el seguimiento, los ensayos y la inspección de los parámetros establecidos en actos jurídicos y/o normas.

entidad de consolidación – entidad cuyos datos de los estados financieros se consolidan en el conjunto de estados financieros consolidados de un grupo de entidades del sector público.

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indicadores de supervisión del proyecto – indicadores que describen la viabilidad económica de los beneficiarios de la ayuda, su situación financiera y la ejecución del proyecto.

Determinar los rasgos distintivos de un concepto es uno de los objetivos más importantes que debería proponerse quien redacta una definición. Compare los siguientes enunciados:

fundador de un partido político – ciudadano de la República de Lituania o ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea que resida permanentemente en la República de Lituania.

fundador de un partido político – ciudadano de la República de Lituania que funda un partido político y ha cumplido 18 años.

A diferencia del segundo caso, en el primero la formulación definitoria no contiene ningún rasgo que la convierta en una definición del término definido. La división en dos partes de la proposición implícita el fundador de un partido político puede ser ciudadano de la República de Lituania o ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea que resida permanentemente en la República de Lituania no convierte automáticamente la segunda parte en una definición; es necesario reformularla indicando los rasgos y vinculándolos con el término. Tras identificar los rasgos del concepto, el segundo paso consistiría en evaluar el propio término. Compare:

administrador de prestaciones – institución autorizada por el Gobierno de la República de Lituania.

administrador de las prestaciones estatales destinadas al mantenimiento de los hijos – institución autorizada por el Gobierno de la República de Lituania para administrar las prestaciones estatales destinadas al mantenimiento de los hijos.

En el primer caso tampoco existe una relación lógica entre el término y la supuesta definición (solo se indica a quién se encomienda la función de administrar las prestaciones, pero ese no es el objeto de la definición). Cuando la definición contiene rasgos (como en el segundo ejemplo), queda claro a qué prestaciones se hace referencia, lo que permite designar el concepto con un término más preciso y más acorde con sus rasgos. La armonización mutua del término y la definición es precisamente la principal tarea que se plantea al revisar los términos de los actos jurídicos y sus definiciones.

En general, cabe señalar que las definiciones de los términos de los actos jurídicos no siempre se ajustan al modelo clásico de definición conocido en la ciencia, per genus proximum et differentiam specificam (que indica el concepto genérico más próximo y las diferencias específicas). Esto se debe a que el documento no necesariamente pretende definir un concepto —indicar sus rasgos y distinguirlo de otros conceptos—. A menudo, el objetivo es simplemente delimitar el conjunto de elementos que se incluyen en un concepto en el contexto del acto jurídico, por ejemplo:

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persona jurídica – persona jurídica, otra organización o una unidad de estas, constituida en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

proyecto – proyecto preparado y publicado en una plataforma de financiación participativa para satisfacer necesidades empresariales, profesionales, científicas, de investigación y de otra índole, con excepción del consumo, para cuya ejecución el titular del proyecto pretende captar fondos de financiación participativa.

Como puede observarse, la explicación es aquí tautológica¹⁵ (en general, esto se considera un defecto de las definiciones), pero en este caso el sujeto legislador no pretende indicar las características de una persona jurídica (esto corresponde más bien al ámbito de la teoría del derecho), sino únicamente señalar qué personas jurídicas son pertinentes para él. Algo parecido ocurre en el caso del proyecto: por comodidad, se elige un término más general en cuanto a su esencia (pues no interesa cualquier proyecto) y se limita el conjunto de proyectos pertinentes. Al limitar el conjunto de conceptos en una definición, pueden aplicarse parcialmente tanto el método de enumeración como el de selección de determinadas características. En función del ámbito y de las necesidades, un mismo término (la coincidencia de la expresión no indica por sí sola identidad conceptual) puede definirse en distintos actos jurídicos mediante una remisión, una enumeración o la indicación de características, por ejemplo:

entidad de crédito – entidad de crédito definida en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013 L 176, p. 1), su sucursal o una sucursal de una entidad de crédito de un país extranjero establecida en la República de Lituania.

entidad de crédito – banco, sucursal de un banco extranjero, Unión Central de Crédito de Lituania o cooperativa de crédito.

entidad de crédito – empresa que dispone de una licencia para aceptar depósitos u otros fondos reembolsables de participantes no profesionales del mercado y prestarlos, y que efectivamente realiza dichas actividades.

Como se ha señalado, las recomendaciones para la redacción de actos jurídicos no indican, en esencia, cómo deben definirse los términos de dichos actos. Aunque al menos parcialmente podría afirmarse que son aplicables los principios y requisitos generales de la terminología, la formulación de determinados modelos y requisitos para las definiciones probablemente facilitaría la labor legislativa, sobre todo porque este ámbito presenta particularidades que no son propias de otros medios de presentación de términos (por ejemplo, los diccionarios terminológicos). Para ello serían útiles estudios más amplios sobre los términos de los actos jurídicos y sus definiciones.

15 Tautología: error lógico en una demostración o definición en el que el concepto que se define se describe mediante su propio uso o el de un sinónimo (VLEe).

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CONCLUSIONES GENERALES

La regulación jurídica de la gestión de los términos de los actos jurídicos mediante la Ley del Banco de Términos de la República de Lituania y los actos jurídicos que la desarrollan invita a evaluar los requisitos aplicables a los términos de los actos jurídicos. Las recomendaciones para la elaboración de proyectos de actos jurídicos obligan a respetar los requisitos de la terminología jurídica y las normas de la lengua lituana estándar, y señalan claramente que los términos de los actos jurídicos deben ser precisos y correctos, y concordar con los términos de los actos jurídicos ya vigentes. Así pues, los requisitos de corrección lingüística, precisión lógica y coherencia se consideran, puede decirse, los más importantes, ya que se mencionan expresamente. El requisito de que los términos concuerden con los de otros actos jurídicos implica, en parte, también el requisito de sistematicidad. Este último requisito, al igual que el posible requisito de claridad de los términos, está vinculado a los principios de claridad y sistematicidad que se aplican, en general, en la elaboración legislativa. Otros requisitos terminológicos conocidos en la ciencia, como la brevedad, la facilidad de formación y la neutralidad emocional, no se expresan explícitamente en las recomendaciones para la elaboración de actos jurídicos. En la práctica, se procura que los términos de los actos jurídicos sean breves, pero la brevedad no se concibe como un requisito; responde más bien a razones prácticas y al deseo de facilitar su uso. En ocasiones, el conflicto entre precisión y brevedad no es fácil de resolver; por ello, las recomendaciones para la elaboración de actos jurídicos prevén la posibilidad de utilizar variantes abreviadas de los términos, garantizando así un uso más fluido de los términos convencionales en el texto.

Es habitual que los actos jurídicos definan los términos que emplean, pero las recomendaciones para su elaboración no indican esencialmente cómo debe hacerse; solo distinguen las disposiciones normativas de los actos jurídicos de las definiciones de términos, es decir, no permiten que las definiciones establezcan requisitos, condiciones, etc. (esto debe hacerse en el texto del acto jurídico). En las definiciones, quienes redactan los actos jurídicos a veces intentan indicar el objeto de regulación del acto, las funciones atribuidas a los sujetos, etc.; sin embargo, estas cuestiones corresponden a disposiciones sobre el significado incluidas en el texto del acto jurídico, no a definiciones de conceptos. La práctica muestra que los términos de los actos jurídicos suelen definirse mediante el método explicativo (que indica características), enumerativo o referencial. La aparición de definiciones referenciales se debe a la premisa, basada en los vínculos y la subordinación entre actos jurídicos, de que no deben definirse los términos de actos jurídicos de nivel superior ni los términos definidos en otros actos jurídicos conexos. El modelo de formulación de las definiciones referenciales no está normalizado; no se descarta que, debido a la aplicación directa de algunos actos jurídicos de la Unión Europea, aumente el número de tales definiciones. Las definiciones enumerativas pueden resultar prácticas en los actos jurídicos, pero su aplicación en un ámbito algo más amplio está esencialmente limitada por

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la naturaleza de los propios conceptos: no es frecuente que un concepto abarque un conjunto finito y conocido de antemano de elementos. Por lo general, resulta más práctico indicar las características para que el concepto pueda abarcar elementos conocidos y potenciales. A las formulaciones de las definiciones pueden aplicarse los requisitos lógicos de definición de términos conocidos en la ciencia; sin embargo, las particularidades de los actos jurídicos muestran que convendría incluir en las recomendaciones para su elaboración orientaciones sobre las definiciones de términos. La regulación actual de las definiciones de términos de los actos jurídicos es deficiente. En general, debe entenderse que la definición es la base de la gestión terminológica: constituye el fundamento para evaluar la precisión y claridad del término y, por tanto, de la definición depende también el cumplimiento de los requisitos aplicables al propio término.

LITERATŪRA

Akelaitis Gintautas, Pečkuvienė Laima, Žilinskienė Vida 2009: Specialybės kalba: administracinės kalbos vadovėlis, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras.

BPV 2008: Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrasis praktinis vadovas asmenims, rengiantiems Bendrijos teisės aktus, Liuksemburgas: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras.

BPV 2015: Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrasis praktinis vadovas asmenims, rengiantiems Europos Sąjungos teisės aktus, Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras.

Češienė Žaneta 2014a: Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse. – Logos 78, 194–202. Prieiga internete: http://www.litlogos.eu/L78/Logos_78_194_202_Cesniene.pdf.

Češienė Žaneta 2014b: Lexical Units Impeding the Perception of Legalese in the Context of Plain Language. – Res Humanitariae 16, 37–53. Prieiga internete: https://e-journals.ku.lt/journal/RH/article/1874/info.

Gaivenis Kazimieras 2002: Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys, Vilnius: LKI leidykla.

Gaivenis Kazimieras 2014 [1979]: Bendrieji lietuvių terminijos kūrimo ir norminimo principai. – Kazimieras Gaivenis. Rinktiniai raštai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 107–117.

Gaivenis Kazimieras 2014 [1994]: Kalbiniai ir loginiai terminų reikalavimai. – Kazimieras Gaivenis. Rinktiniai raštai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 204–213.

Gaivenis Kazimieras 2014 [1996]: Apie du terminų norminimo principus. – Kazimieras Gaivenis. Rinktiniai raštai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 224–229.

Gaivenis Kazimieras, Kaulakienė Angelė 2014 [1996]: Ekstralingvistiniai terminų norminimo principai. – Kazimieras Gaivenis. Rinktiniai raštai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 229–235.

ĮTARR 1998: Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104). Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.84BA09B7F50B.

ĮTARR 2002: Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 75 redakcija)). Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E8262E60853.

ĮTNARTĮ 1995: Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas Nr. I-872. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.502CB1B9F3DB.

Kaulakienė Angelė, Makariūnienė Eglė 2014 [1999]: Statistinis terminų trumpumo vertinimas. – Angelė Kaulakienė. Terminologija. Terminografija. Terminija: straipsnių rinkinys, Vilnius: Technika, 36–38.

Keinys Stasys 1980: Terminologijos abėcėlė, Vilnius: Mokslas.

Keinys Stasys 2003: Dėl mokslo terminų vienareikšmiškumo supratimo. – Terminologija 20, 47–55. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/471.

LRTBĮ 2003: Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas Nr. IX–1950. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F51C2190D5/asr.

136 Alvydas Umbrasas | Teisės aktų terminų ir jų apibrėžčių reikalavimų klausimu

Rimkutė Aušra 2021: Sudėtinio termino dėmenų ir apibrėžties subordinacija: vieno atvejo analizė. – Terminologija 28, 175–191. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2095.

TAPRR 2013: Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298). Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9f8e8430723411e3a1f1b21417c4c75e.

TAPRR 2021: Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija)). Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12575f60488c11ec992fe4cdfceb5666.

TINTARR 2010: Teisinių išvadų dėl norminių teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1R-168 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1R-190 redakcija)). Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78663FCA5223.

TPĮ 2012: Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas Nr. XI-2220. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5.

TV 2006: Terminologijos vadovėlis: Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vertėjams, Liuksemburgas. Prieiga internete: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/terminology_guidelines_lt.pdf.

Umbrasas Alvydas 2008: Lietuvių teisės terminografija: nuo rankraščių iki duomenų bazių. – Specialybės kalba: terminija ir studijos: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 100–109.

Umbrasas Alvydas 2013: Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo. – Terminologija 20, 96–122. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/475.

VKĮ 1995: Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas Nr. I-779. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C.

VLEe – Visuotinė lietuvių enciklopedija, e. variantas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Prieiga internete: https://www.vle.lt.

ON THE REQUIREMENTS FOR THE TERMS OF LEGAL ACTS AND THEIR DEFINITIONS

Summary

The article analyses the requirements for legal terms not only from a terminological point of view, but also from the point of view of legal regulation. The aim is to find out what requirements are placed on legal terms and their definitions in the sources governing the drafting of legislation, to assess the sufficiency of these requirements, and to provide some practice-based insights and recommendations. The focus of the paper is on the terminological aspects of the legislation adopted in Lithuania, i.e., national legislation, but the context of European Union legislation is also considered where appropriate, as the terminological nature of these pieces of legislation is similar.

The guidelines for drafting legal acts oblige compliance with the requirements of legal terminology and the norms of the standard Lithuanian language; they make it clear that the terminology of legal acts must be precise, correct, and consistent with the terminology of the existing legal acts. The requirements for linguistic correctness, logical precision, and consistency are thus considered to be of paramount importance, as they are explicitly stated. The requirement that terms be consistent with the terms in other legal acts implies, to some extent, the requirement of systematicity. The latter requirement, as well as the requirement of the clarity of terms, is linked to the

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principles of clarity and systematicity applied to legislation in general. Other requirements for terms known in terminology theory, such as conciseness and derivability, are not explicitly expressed in the drafting guidelines.

It is common practice for legislation to define the terms to be used, but the drafting guidelines do not, in principle, specify how this should be done. The guidelines only distinguish regulatory provisions in legislation from definitions of terms, i.e., they do not allow requirements, conditions, etc. to be imposed in the definitions. In practice, it appears that terms are usually defined in legislation by reference to the attributes of the concept, by listing the elements included in the concept or by reference. The pattern of the formulation of definitions is not standardised. While the formulation of definitions may be subject to the logical requirements of definitions known in terminology theory, the specific nature of legislation suggests that it would be worthwhile to include guidance on the definition of terms in the drafting guidelines. The current regulation of definitions of terms in legislation is insufficient.

Gauta 2022-11-03

Alvydas Umbrasas

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

E. paštas [email protected]

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