Agenda 2000 ampliación: Informe sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión. Suplemento 3/2000 del Boletín de la Unión Europea

AGENDA riti·!· Documento estratégico sobre la ampliación Informe sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión Comisión Europea Suplemento 3/2000 Suplementos 2000 1/2000 2000-2005: Hacer la nueva Europa — Presentación ante el Parlamento Europeo por el Presidente Romano Prodi Objetivos estratégicos 2000-2005 Programa de trabajo de la Comisión para 2000 Resoluciones del Parlamento Europeo 2/2000 Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito Dictamen de la Comisión en virtud del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea sobre la reunión de una conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros con el fin de modificar los Tratados 3/2000 Documento estratégico sobre la ampliación. Informe sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión Boletín de la Unión Europea Suplemento 3/2000 Documento estratégico sobre la ampliación Informe sobre ios progresos realizados por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión [COM(2000) 700] Comisión Europea Puede obtenerse información sobre la Unión Europea a través del servidor Europa en la siguiente dirección de Internet: http://europa.eu.int. Al final de la obra figura una ficha bibliográfica. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001 ISBN 92-894-0417-5 © Comunidades Europeas, 2001 Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica Printed in Belgium IMPRESO EN RAPEL BLANQUEADO SIN CLORO INDICE I. Contexto general 5 1. Las ventajas de la ampliación 5 2. Una Europa más fuerte 6 3. Una estrategia de progreso 7 4. La necesidad de información 8 5. El proceso de ampliación y los países vecinos 10 a) Los Balcanes Occidentales 10 b) Al Este 11 c) Al Sur 12 II. La estrategia de preadhesión 13 1. Fijación de las prioridades 13 2. Asistencia financiera 14 3. Los Acuerdos de asociación 16 4. Participación en programas y agencias comunitarios 16 5. Examen analítico del acervo 17 6. Conferencia Europea 18 III. Progresos realizados por los países candidatos respecto del cumplimiento de los criterios de adhesión 19 1. Criterios políticos 19 a) Evolución general 19 b) Conclusiones 21 2. Criterios económicos 22 a) Evolución general 22 b) Conclusiones 25 3. Otras obligaciones vinculadas a la adhesión 26 a) Adopción, aplicación y cumplimiento del acervo 26 b) Panorama por países 26 c) Panorama por sectores 26 d) La unión económica y monetaria y el euro 28 IV. Las negociaciones de adhesión 31 1. Avances efectuados hasta este momento 31 2. Hacia la conclusión de las negociaciones 32 a) Medidas transitorias 32 b) «Itinerario» de las negociaciones 34 c) Apertura de los capítulos pendientes 36 3. Perspectivas de cara a la conclusión de las negociaciones 36 V. Conclusiones oficiales 39 Anexo 1. Conclusiones de los informes periódicos 41 Anexo 2. Países candidatos: principales indicadores estadísticos (1999) 73 Anexo 3. Convenios sobre derechos humanos ratificados por los países candidatos, septiembre de 2000 74 Anexo 4. Proyectos de hermanamiento financiados en 1998-2000 75 S. 3/2000 I. Contexto general El proyecto de construcción europea, iniciado inmediatamente después de la guerra que devastó nuestro continente, ha inducido a una serie de países a adherirse al mismo por propia voluntad y con su pleno consentimiento. El atractivo de nuestro modelo de integración ha sido tal que, desde su creación, la Comunidad Europea, convertida hoy en la Unión Europea, ha estado prácticamente siempre en fase de extensión. En las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague de 1993, figuraba la promesa histórica de que «los países asociados de Europa Central y Oriental que lo deseen se conviertan en miembros de la Unión Europea. El ingreso tendrá lugar en cuanto un país asociado pueda asumir las obligaciones de adhesión cuando cumpla con las condiciones económicas y políticas requeridas». Esta declaración política hecha al más alto nivel era un compromiso solemne al que se hará honor. En la actualidad, trece países son candidatos a la adhesión, y cabe esperar que, en los próximos años, otros países presenten o renueven sus solicitudes de adhesión. El actual proceso de ampliación de la UE lanzado sobre la base de las decisiones de los Consejos Europeos de Luxemburgo (1997) y Helsinki (1999) posee una dimensión política, histórica y moral sin precedentes. No se trata de una simple ampliación, sino de un proceso de reunificación de nuestro continente. Estamos avanzando desde la división hacia la unidad, de la propensión al conflicto a la estabilidad y de la desigualdad económica a mejores oportunidades en toda Europa. 1. Las ventajas de la ampliación Esta ampliación va modificar la fisionomía de Europa y afectará a todas las instituciones y ámbitos de la política de la Comunidad. Sus dos objetivos estratégicos fundamentales, promoción de la estabilidad política y consolidación de Europa como potencia económica, parecen que se van a alcanzar. Las ventajas de la ampliación son ya visibles. En Europa Central y Oriental han aparecido unas democracias estables cuyos fundamentos son ya tan sólidos que no se debe temer verlas recaer en el autoritarismo. El éxito es imputable, en gran medida, a los propios ciudadanos de esos países. Fueron ellos quienes decidieron seguir el camino difícil y construir sociedades abiertas, democracias modernas y economías de mercado viables. La rapidez con la que lo han realizado da fe de su clarividencia política y de su valor. No obstante, es innegable que la perspectiva de la integración en la Unión Europea sostuvo e impulsó este proceso. La orientación de las reformas políticas y económicas y la determinación con la que se persiguen reflejan la necesidad de satisfacer los criterios de adhesión a la UE enunciados por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. Los acontecimientos han confirmado ampliamente la validez de estos criterios. La estabilidad política de los países candidatos de Europa Central y Oriental hunde sus raíces S. 3/2000 en valores comunes a toda Europa —democracia, primacía del Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y protección de las minorías— y, precisamente por esta razón, va a persistir. Sus efectos inmediatos son una mejora espectacular de la seguridad en Europa y la apertura de un enorme potencial de desarrollo económico. El análisis de los progresos realizados por cada uno de estos países ha demostrado la utilidad de las reformas. En varios casos, la magnitud de los cambios estructurales en la economía ya está dando lugar a un rápido crecimiento sobre unas bases nuevas más saneadas. Parece que la ampliación sea uno de estos raros procesos que sólo presentan ventajas. La estabilidad política es tan beneficiosa para los actuales Estados miembros de la UE como para los países candidatos. Es menos probable que se produzcan desórdenes, se suprimen motivos de conflicto, como las cuestiones de minorías y los problemas fronterizos, y la integración elimina los antagonismos potenciales. La estabilidad del marco político es una condición previa esencial no sólo para garantizar una paz duradera y una coexistencia pacífica, sino también para promover la prosperidad económica. Las señales de todo ello están a la vista y las perspectivas de crecimiento para la próxima década también son halagüeñas. Para los países candidatos es una oportunidad de mejorar su nivel de vida y aumentar su competitividad a escala mundial. Para los Estados miembros, las ventajas son ya sensibles. En efecto, la balanza de su comercio exterior con los países candidatos es ampliamente excedentária, lo que se traduce en creación de empleo y en un aumento de los ingresos fiscales y posibilidades de financiación de los sistemas de seguridad social. 2. Una Europa más fuerte La ampliación de la Unión va a reforzar la capacidad de Europa para afrontar los retos del próximo siglo. La experiencia pone de manifiesto que las sucesivas ampliaciones no olamente trajeron nuevos miembros a la Unión, sino que también le insuflaron un nuevo dinamismo político y económico: la ampliación supuso al mismo tiempo una profundización. El actual proceso de ampliación se dirige a países que desean ardientemente contribuir al proyecto europeo y va a ayudar a modelar las instituciones y los principios de gobierno de una nueva Europa. Esta nueva Europa tendrá una ocasión única en la historia de proseguir e incluso mejorar los proyectos que la Unión actual ya ha puesto en marcha: el euro, el desarrollo de una política exterior y de seguridad común y el establecimiento de un espacio de seguridad, libertad y justicia para los ciudadanos europeos. Los futuros Estados miembros, enfrentados ya al reto de la universalización, nos ayudarán a superarlo. La adhesión a la Unión de estos países, que aceptarán sus normas y políticas, va a reforzar nuestra capacidad de conservar el medio ambiente en Europa, luchar contra la criminalidad, mejorar las condiciones sociales y gestionar las presiones migratorias. Sin ellos, nuestra aptitud para solucionar estos problemas sería menor. Los resultados políticos y económicos demuestran las ventajas del proyecto de ampliación, pero no lo explican todo. S. 3/2000 También deben tenerse en cuenta los factores morales y psicológicos, que son menos tangibles. Es una cuestión de credibilidad y de fijación de unos objetivos claros. 3. Una estrategia de progreso La complejidad del proceso de negociación, combinada a la dificultad de la preparación de la adhesión, suscitó en los países candidatos incertidumbre en cuanto a los progresos de la ampliación. Es esencial que la Unión Europea demuestre que su compromiso en favor de la ampliación es firme y sin ambigüedades. Las reacciones de los países candidatos son comprensibles y deben analizarse seriamente. Esto se pone de manifiesto especialmente en las conversaciones sobre la culminación del proceso, en otras palabras, a la hora de fijar fechas definitivas para la adhesión. La UE prefirió, con razón, no fijar un calendario rígido. En efecto, no basta con concluir las negociaciones para que un país esté dispuesto a entrar en la Unión; es necesario que se cumplan los criterios de adhesión y esto significa un esfuerzo de reforma constante que depende a menudo de las circunstancias económicas y políticas nacionales y que no siempre es posible planear por anticipado. Europeo de Helsinki (1999) estipulaba que la Unión adoptaría decisiones sobre las reformas institucionales necesarias para finales de 2000 con objeto de poder admitir nuevos Estados miembros a partir de finales de 2002. Para la credibilidad de la política de ampliación de la UE es esencial respetar este calendario y no imponer a los candidatos nuevas condiciones para la adhesión. Con sus decisiones sobre la Agenda 2000 y la conclusión de la actual Conferencia Intergubernamental en el próximo Consejo Europeo en Niza, la UE habrá establecido las condiciones necesarias. La continuación del proceso de reforma no cambiará nada, ya que sus resultados no deberían condicionar la ampliación. Otro elemento determinante es la manifiesta voluntad política de avanzar y resolver una serie de difíciles cuestiones pendientes del proceso de negociación, para poder pasar a una fase más fundamental de las conversaciones. No obstante, ahora debería ser más fácil establecer un calendario orientativo, a medida que las negociaciones avanzan y que los distintos países progresan en sus preparativos de adhesión. Las negociaciones van a entrar ahora en una fase más difícil e intensa. Antes de abordarla, debemos aportar nuevas mejoras al marco político o, en otros términos, tenemos que crear un clima propicio a las negociaciones. El elemento más importante ahora es respetar los compromisos adquiridos. El Consejo Estas son las consideraciones subyacentes de las recomendaciones de la Comisión sobre la futura estrategia del proceso de ampliación. Aunque no se ha fijado aún una fecha para la terminación del proceso, el tiempo apremia. Sería ilusorio creer que la UE dispone de un plazo de tiempo ilimitado para completar el proceso de ampliación. Ahora la posibilidad está abierta, pero eso no va a durar eternamente. A lo largo de los diez últimos años, los pueblos de los países de Europa Central y Oriental han estado sometidos a presiones S. 3/2000 2. Asistencia financiera Los países candidatos de Europa Central y Oriental han recibido asistencia financiera de la UE desde el principio del proceso de transición. Desde 2000, la Unión duplicó la ayuda que concede en el marco de la preadhesión, que ha pasado a ser de más de 3 000 millones de euros al año. El programa Phare va acompañado ahora de dos nuevos instrumentos, preparatorios a los Fondos Estructurales: el instrumento estructural de preadhesión (ISPA) concede más de 1 000 millones de euros al año para inversiones en medio ambiente y transporte y el programa de ajuste estructural en favor de la agricultura y el desarrollo rural (Sapard) asigna cada año más de 500 millones de euros al desarrollo agrícola y rural. Con un presupuesto anual de 1 500 millones de euros, el programa Phare cofinancia la consolidación de las instituciones con inversiones correspondientes en las infraestructuras reglamentarias para la aplicación del acervo, así como un apoyo a la cohesión económica y social. Este enfoque, que permite concentrar los recursos en los principales retos a los que deben responder los países candidatos, fue confirmado por la Comisión en su reciente examen del programa Phare. Este examen confirmaba la importancia del programa como pasarela hacia los Fondos Estructurales y de la transferencia de la aplicación de Phare a los países candidatos tan pronto como sea posible. Cerca de un tercio de los recursos de Phare se dedica a la consolidación de las instituciones, que refuerza la capacidad de los países candidatos para poner en vigor y aplicar el acervo. A través de la oficina de intercambio de informaciones sobre asistencia técnica (TAIEX) se dispone de expertos para asesoramiento a corto plazo. El hermanamiento implica el destino a largo plazo de funcionarios de ministerios, entidades regionales, agencias públicas y organismos profesionales de los Estados miembros a los organismos correspondientes de los países candidatos, con el fin de promover la transferencia de conocimientos técnicos y administrativos. Están funcionando ya 228 proyectos de hermanamiento, con 150 consejeros de preadhesión in situ. En el marco de Phare 2000 se están poniendo en marcha otros 129 proyectos. La lista de los proyectos de hermanamiento financiados por Phare durante el período 1998-2000 figura en el anexo 4. En origen, el hermanamiento se aplicaba en los ámbitos de agricultura, finanzas, medio ambiente y justicia y asuntos de interior, pero ahora se extiende a todas las prioridades de las asociaciones para la adhesión. En 2001 se va a establecer un hermanamiento a medio plazo para que haya una mayor flexibilidad. SIGMA (apoyo para la mejora de la gobernancia y la gestión en los países de Europa Central y Oriental) proporciona consejo sobre funciones gubernamentales de carácter horizontal. Otra tercera parte del presupuesto Phare se dedica a cofinanciar inversiones destinadas a equipar mejor a los países candidatos para aplicar el acervo. La tercera parte restante del presupuesto Phare se está destinando ahora a la cohesión económica y social. Esto ayuda a desarrollar los mecanismos e instituciones necesarios para llevar a la práctica los Fondos Estructurales después de la adhesión, con apoyo de inversiones o programas de ayuda de orientación regional o sectorial. La aplicación del programa Sapard se va a descentralizar totalmente. Se espera que la Comisión apruebe los planes de desarrollo rural de los países beneficiarios antes de que finalice el año 2000. En función de los planes aprobados, el Sapard cofinanciará proyectos de desarrollo rural seleccionados por los países. La estructura de aplicación de cada país incluye una agencia Sapard que se encarga de la gestión y los pagos. Antes de que los fondos Sapard puedan transferirse a un país, la 14 S. 3/2000 Agencia tiene que estar acreditada por la autoridad competente del país de que se trate y la estructura de aplicación deber ser aprobada por la Comisión. Todos los países están preparando actualmente la autorización de la agencia Sapard. En el marco del instrumento ISPA, cada país ha elaborado una estrategia nacional de transportes y de medio ambiente y la Comisión ha aprobado varios proyectos. Estos últimos se refieren a los residuos y, en particular, el tratamiento de aguas residuales (en Bygoczcz, Polonia, y en Gyûr, Hungría), a la gestión de residuos (en Peatri Neamt, Rumania), a la reparación de carreteras (pasillo IXB en Lituania) y a la mejora de los ferrocarriles (ferrocarril Bratislava-Senkvice). Se espera que toda la dotación para el año 2000 se comprometa antes de finales de año y que se distribuya a partes iguales entre los dos sectores. La Comisión y los países candidatos garantizarán la coordinación de Phare, Sapard e ISPA. La cofinanciación con las instituciones financieras internacionales (IFI) es especialmente importante para los proyectos de infraestructura a gran escala. El protocolo de acuerdo celebrado en 1998 entre la Comisión y las IFI con el fin de mejorar la coordinación y la cofinanciación con el programa Phare se revisó en marzo de 2000 para incluir el ISPA y el Sapard. En 1998 y 1999, los compromisos contraídos en virtud del programa Phare para proyectos cofinanciados ascendieron a 400 millones de euros. Los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Europa Central y Oriental se calculan en 2 173 millones de euros en 1999. Su potencial de préstamo es de 16 000 millones de euros en estos países para el período 2000-2007 (8 680 millones de euros con garantía presupuestaria comunitaria y 8 500 millones de euros para un mecanismo de preadhesión sin dicha garantía). El Consejo adoptó en marzo de 2000 un reglamento de preadhesión para Chipre y Malta. Este reglamento prevé una contribución financiera de 95 millones de euros para el período 2000-2004 destinado a satisfacer las prioridades de las asociaciones para la adhesión. La dotación presupuestaria para 2000 es de 6 millones de euros para Malta y de 9 millones de euros para Chipre. Estos dos países son seleccionares para el mecanismo de preadhesión del BEI y para el mecanismo de 6 425 millones de euros del BEI en favor de los países mediterráneos. Los préstamos del BEI a Chipre ascendieron a 200 millones de euros en 1999. Se duplicó la asistencia financiera a Turquía. Desde al año 2000, la dotación anual para Turquía asciende al 15 % de los fondos bilaterales MEDA, además de los 50 millones de euros anuales previstos en el marco de los dos reglamentos de «estrategia europea/estrategia de preadhesión». Estos fondos se disponen para reformas estructurales, consolidación de las instituciones e inversiones en el acervo, de acuerdo con el enfoque adoptado para los otros países candidatos. La Comisión propondrá a principios de 2001 un nuevo reglamento de asistencia financiera, con el fin de acercar la gestión y los procedimientos a los del programa Phare. Dicho reglamento proporcionará el fundamento jurídico para una única línea presupuestaria, como se indica en la propuesta de presupuesto de la UE presentada por la Comisión para 2001, de acuerdo con la solicitud del Consejo Europeo de Feira. La Comisión propuso un préstamo del BEI de 450 millones de euros para reforzar la unión aduanera. Por otra parte, Turquía es seleccionable para el mecanismo de 6 425 millones de euros del BEI en favor de los países mediterráneos y la Comisión recomendó que pueda optar al mecanismo de preadhesión del BEL En 1999, el BEI manifestó su acuerdo sobre un préstamo de 600 millones de euros destinado a la reconstrucción después del terremoto. S. 3/2000 15 3. Los Acuerdos de asociación Los Acuerdos europeos celebrados con los países candidatos de Europa Central y Oriental constituyen un marco fundamental para supervisar la adopción del acervo comunitario y poner en práctica las prioridades definidas por las asociaciones de adhesión. Los subcomités recientemente reorganizados son la instancia adecuada a este respecto, haciendo innecesaria la organización de nuevas reuniones consagradas al examen analítico del acervo (véase a continuación). Tras una decisión del Consejo de asociación adoptada en junio de 2000, el Acuerdo con Hungría entró en su segunda fase. Eso implica una mayor liberalización respecto de las disposiciones de establecimiento. Se espera adoptar en breve una decisión similar respecto de la República Checa. La Comisión está examinando las solicitudes presentadas por otros países asociados que desearían también pasar a la segunda fase. Las negociaciones sobre nuevas concesiones comerciales recíprocas en el ámbito de los productos agrícolas desembocaron en acuerdos firmados con cada uno de los diez países de Europa Central y Oriental. Estas concesiones entraron en vigor el 1 de julio de 2000 o lo harán en breve sobre una base autónoma, en espera de la conclusión de protocolos adicionales a los Acuerdos europeos. Estas disposiciones constituyen un gran paso adelante y consolidan las relaciones comerciales entre las partes. La proporción de intercambios bilaterales de productos agrícolas libres de derechos es previsible que llegue a ser más del doble, pasando del 36 % al 81 % para las importaciones de la UE y del 18 % al 39 % para las exportaciones. Además, se convino con cada uno de los diez países interesados en proseguir las negociaciones con objeto de ampliar el alcance de las concesiones comerciales bilaterales sobre los productos agrícolas. Con la República Checa y Hungría, se rubricaron acuerdos marco relativos a la celebración de un protocolo sobre un acuerdo europeo de evaluación de la conformidad. Hay negociaciones en curso con Letónia y Estonia. El objeto de estos protocolos es extender a los países candidatos, antes de su adhesión, las normas del mercado interior relativas a la evaluación de la conformidad de los productos industriales. En virtud de estos protocolos, los países candidatos introducirán el acervo comunitario en algunos sectores seleccionados. La Unión Europea y el país candidato acuerdan también reconocer sus respectivos organismos técnicos de evaluación de la conformidad de los productos a efectos de su legislación, de forma que en lo sucesivo no sean necesarios los controles técnicos en las fronteras. Por lo que se refiere a Turquía, el Consejo de Asociación abrió negociaciones, en abril de 2000, para la celebración de un acuerdo para la liberalización de los servicios y la apertura recíproca de la contratación pública. La puesta en práctica de la unión aduanera sigue siendo la piedra angular de las relaciones bilaterales. 4. Participación en programas y agencias comunitarios La participación de los países candidatos en programas comunitarios es un elemento clave de la estrategia de preadhesión. Todos los países candidatos de Europa Central y Oriental participan en programas comunitarios, en particular, en los ámbitos de educación, formación profesional, juventud, investigación, energía, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas y salud pública. En la mayoría de los casos y a petición de los países candidatos, los gastos de participación fueron cofinanciados por el programa Phare. En 199816 S. 3/2000 1999, más de 16 000 estudiantes originarios de estos países se beneficiaron del programa Erasmus y 34 000 participaron en el programa Juventud. Chipre participa en algunos programas en los ámbitos del sector audiovisual, educación, formación profesional, juventud, investigación científica y pequeñas y medianas empresas. Se ha negociado un acuerdo con Malta relativo a su participación en programas de educación, formación profesional y juventud. Turquía participa en dos programas comunitarios (LIFE y el quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico). De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, la Comisión está preparando la plena participación de Turquía en programas de educación, formación profesional y juventud. Se mantienen conversaciones con las autoridades turcas para la participación de este país en otros programas comunitarios. La participación en un programa determinado está regulada bien por una decisión del Consejo de asociación bien por un acuerdo equivalente en el caso de Chipre y, en un próximo futuro, de Malta y Turquía. Como estos programas evolucionan, se necesitan numerosas decisiones o acuerdos acerca de la participación de los países candidatos. Para acortar la duración de los procedimientos, la Comisión había recomendado al Consejo en diciembre de 1999 recurrir a una única decisión marco (o a un acuerdo) con cada país candidato que haga posible la participación en el conjunto de los programas comunitarios. La Comisión ha presentado al Consejo diez propuestas de decisión marco correspondientes a los países candidatos de Europa Central y Oriental, así como tres proyectos de directrices de negociación para la celebración de acuerdos bilaterales con Chipre, Malta y Turquía. Las negociaciones relativas a la participación de los trece países candidatos en la Agencia Europea de Medio Ambiente se concluyeron recientemente. Tras la ratificación de los acuerdos correspondientes, casi todos estos países se convertirán en miembros de la Agencia en 2001. Turquía participará en actividades de la Agencia a partir de enero de 2001. Se van a negociar en breve acuerdos similares con la mayoría de los países candidatos para su participación en las actividades del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías. También están en curso los preparativos para su participación en otras agencias comunitarias. 5. Examen analítico del acervo El examen analítico del acervo, «escrutinio», que comenzó con los países candidatos de Europa Central y Oriental y Chipre en marzo de 1998 y con Malta en febrero de 1999, se acabó al final de 1999. Permitió identificar algunas cuestiones que podría ser útil abordar en las negociaciones. los nuevos aspectos de algunas cuestiones. La operación se repetirá a principios del año 2001 para presentar el acervo adoptado en 2000. En el futuro, los comités y subcomités de asociación servirán de marco para presentar el nuevo acervo y debatir su adopción y aplicación. El nuevo acervo adoptado en el transcurso de 1999 se transmitió a los países que están negociando durante el primer semestre de 2000. Se organizaron reuniones para explicar De la misma manera, el Consejo de asociación con Turquía constituyó, en abril de 2000, ocho subcomités para preparar el examen analítico del acervo y supervisar la aplicación S. 3/2000 17 de las prioridades de la asociación de adhesión. Tres de estos subcomités se han reunido ya: el de agricultura y pesca, el de transporte, energía y medio ambiente y el de mercado interior. Todos ellos deberán haberse reunido antes de finales del año 2000 y una segunda serie de reuniones está prevista para el principio de 2001. Entonces, la Comisión deberá «informar al Consejo sobre el avance de los trabajos preparatorios del examen analítico del acervo», como se pidió en el Consejo Europeo de Feira. 6. Conferencia Europea La Conferencia Europea es un foro político de consulta sobre cuestiones de interés común para los Estados miembros de la UE y los países candidatos. Turquía participará por primera vez en la Conferencia Europea que se celebrará en Sochaux el 23 de noviembre de 2000. Esta conferencia, que se celebrará a nivel ministerial, se consagrará a las reformas institucionales de la Unión Europea. Una segunda reunión, a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, tendrá lugar en Niza el 7 de diciembre. La participación de Turquía permitirá que la conferencia se desarrolle como está previsto. La Comisión sugiere que, después del Consejo Europeo de Niza, la Conferencia Europea mejore sus métodos de trabajo y siga sirviendo de marco de diálogo sobre el futuro de la Unión con los países candidatos. S. 3/2000 MI. Progresos realizados por los países candidatos respecto del cumplimiento de los criterios de adhesión La Comisión presentó por primera vez su análisis de los progresos realizados por los países candidatos de Europa Central y Oriental respecto del cumplimiento de los criterios de adhesión en sus dictámenes de julio de 1997 sobre las solicitudes de adhesión de dichos países. Los dictámenes fueron seguidos, en 1998, por informes periódicos sobre dichos países y sobre Chipre y Turquía, y, en 1999, por informes periódicos relativos al conjunto de los países candidatos, incluida Malta. Para evaluar los progresos de los países candidatos, la Comisión se basa en los criterios definidos por el Consejo Europeo en Copenhague en 1993 y en Madrid en 1995. Como en años anteriores, los informes de este año hacen hincapié en las disposiciones jurídicas efectivamente adoptadas, más que en las que se están preparando. La Comisión ha examinado si, desde octubre de 1999, se han realizado efectivamente las reformas anunciadas. También ha analizado los avances respecto de la capacidad de cada uno de los candidatos para adoptar el acervo de la Unión Europea, que se presenta ahora en el orden de los 29 capítulos de negociación. La Comisión ha seguido estudiando también los pasos dados para adaptar las estructuras administrativas a las exigencias del acervo. Ahora este análisis forma parte de la sección correspondiente del acervo, en vez de ser una parte independiente del informe. Cada capítulo incluye no sólo una evaluación de los progresos realizados desde el informe anterior, sino también una evaluación de la progresión global. La evaluación se basa inicialmente en información proporcionada por los propios países candidatos. La Comisión tuvo también en cuenta la información obtenida en el examen analítico del acervo y en el contexto de las negociaciones de adhesión, así como en las reuniones organizadas en virtud de los Acuerdos de asociación. Ha comparado también la información procedente de estas fuentes con la incluida en los nuevos programas nacionales para la adopción del acervo que se transmitieron a la Comisión en el primer semestre de 2000. Por último, la Comisión ha extraído información de los informes redactados por el Parlamento Europeo, de evaluaciones realizadas por los Estados miembros y de los trabajos de organizaciones internacionales, en particular el Consejo de Europa y la OSCE y los realizados por instituciones financieras internacionales y organizaciones no gubernamentales. 1. Criterios políticos a) Evolución general El Consejo Europeo de Copenhague declaraba que «la adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías». El artículo 6 del TUE estipula que: «La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho». S. 3/2000 19 En los informes de 1999, la Comisión concluía que todos los países que participaban en las negociaciones de adhesión satisfacían los criterios políticos, aunque algunos aún tenían que hacer progresos en materia de protección de los derechos humanos y las minorías. Los países candidatos han seguido consolidando el funcionamiento de sus regímenes democráticos de gobierno. Desde la publicación de los últimos informes periódicos, se han organizado elecciones libres y -equitativas, a nivel nacional y local, en Bulgaria, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovénia. La modernización de la administración pública y la consolidación del sistema judicial tienen una importancia crucial para la aplicación del acervo comunitario y el proceso de transición. Se han hecho considerables esfuerzos en el campo de la formación de funcionarios y magistrados y para reforzar la independencia, profesionalidad y eficacia de la administración y la función pública. Hay que seguir por este camino. En los informes del año pasado se hacía constar que la corrupción era un grave problema «exacerbado por los bajos salarios del sector público y un uso intensivo de controles burocráticos en la economía». Esta valoración sigue siendo válida. La corrupción, el fraude y los delitos económicos son moneda corriente en la mayoría de los países candidatos y provocan la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos y el descrédito de las reformas. Se pusieron en marcha programas de lucha contra la corrupción y se obtuvieron algunos resultados, en particular, la adhesión de los países a instrumentos internacionales en este ámbito, pero la situación sigue siendo muy alarmante. En el documento de síntesis del año pasado, la Comisión subrayaba las dificultades de las instituciones de asistencia a la infancia en Rumania. Desde entonces, Rumania ha adoptado, con apoyo de Phare, medidas legislativas, administrativas y financieras para abordar ese problema. A pesar de ello, las condiciones de vida de más de 100 000 niños no han mejorado y sólo ahora se está poniendo en marcha una política de reforma estructural. Se requieren, por lo tanto, nuevos esfuerzos constantes para obtener mejoras tangibles, así como para solucionar el problema de los niños de la calle, en estricto cumplimiento de los derechos humanos. Aunque prohibida por ley, la trata de blancas y de niños es un problema cada vez mayor en algunos países candidatos, que se han convertido en puntos de partida, de tránsito o de destino de este tráfico. La utilización abusiva de los mecanismos de adopción internacional constituye también un tema de preocupación. Se deben desplegar esfuerzos considerables para prevenir estos tráficos. La protección jurídica de la igualdad de sexos ha progresado en la mayoría de los países candidatos gracias a la instauración de un marco legislativo mejor adaptado y también con la firma del protocolo facultativo al Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación respecto a las mujeres. La aplicación de la legislación también ha progresado con el establecimiento de servicios de inspección laboral más eficaces o la creación en algunos países de entidades específicas, como el servicio del mediador para la igualdad de oportunidades. Sin embargo, sigue siendo necesario un mayor esfuerzo para promover la igualdad económica y social de las mujeres. En cuanto a las minorías, la evolución desde los informes del año pasado es alentadora. Estonia y Letónia han avanzado más en la integración de las personas que no tienen la ciudadanía y siguen aplicando todas las recomendaciones de la OSCE sobre ciudadanía y naturalización. En ambos países, el régimen lingüístico se ajusta ahora a las normas internacionales. El Tratado básico entre Hungría y Eslováquia está aplicándose por lo que se refiere a la minoría húngara de Eslováquia. En Rumania, después del rechazo de los 20 S. 3/2000 recursos presentados contra la decisión del Gobierno de crear una universidad donde la enseñanza se impartiría en húngaro, en alemán y en rumano, se espera que el proyecto sea pronto una realidad. Los gitanos siguen teniendo que hacer frente a una discriminación generalizada y a dificultades en su vida social y económica, como ya se señalaba en el informe del año pasado. En la mayoría de los países que conocen este fenómeno, se han adoptado medidas y programas, financiados por Phare y, en algunos casos, por recursos presupuestarios nacionales. Estos programas, que requieren un apoyo presupuestario en todos los países, deberían realizarse de manera más vigorosa, en estrecha cooperación con los representantes del pueblo gitano. A tal efecto, la Presidencia de la Unión Europea organizó una conferencia en Lisboa, en junio de 2000, en estrecha cooperación con la Comisión y con la participación de ONG gitanas. En su informe de 1999, la Comisión concluyó que Turquía no cumplía los criterios políticos de Copenhague, conclusión que sigue siendo válida. No obstante, durante el pasado año se han producido cambios importantes: el Gobierno adoptó, en septiembre de 2000, algunos «objetivos prioritarios» en materia de reformas y legislación destinados a satisfacer los criterios políticos de Copenhague, sobre la base de un informe del Consejo supremo de coordinación para los derechos humanos. Además, el Gobierno firmó dos importantes convenios relativos a los derechos humanos. Otra evolución positiva es el debate público que se inició en Turquía desde el Consejo Europeo de Helsinki sobre las condiciones de adhesión del país a la Unión Europea. Este debate fue impulsado, entre otras cosas, por la publicación de informes sobre la tortura por el comité de derechos humanos de la gran asamblea nacional turca. La Comisión sigue estando preocupada por algunas insuficiencias en cuanto al respeto de los derechos humanos y el derecho de las minorías, así como por el papel constitucional que desempeña el ejército en la vida política a través del Consejo nacional de seguridad. La Comisión se congratula, sin embargo, por las recientes iniciativas. Anima vivamente al Gobierno a traducir sus intenciones declaradas en medidas concretas y espera que el Parlamento ratifique sin reservas importantes los convenios sobre derechos humanos recientemente firmados. La Comisión se felicita también por la decisión de aplazar la ejecución de Abdullah Ocalan. Espera que la situación del sudeste del país siga estabilizándose. b) Conclusiones Las exigencias derivadas de los criterios políticos de Copenhague y la evaluación periódica de los progresos realizados para cumplir dichos criterios han conducido a una evolución positiva en el conjunto de los países candidatos. Globalmente, los resultados obtenidos en cuanto a consolidación de las instituciones democráticas, respeto del Estado de Derecho y protección de los derechos humanos son mejores que el año pasado. Sin embargo, convendría acelerar la reforma o el refuerzo del sistema judicial para garantizar el respeto del Estado de Derecho y la efectiva puesta en práctica del acervo comunitario. La presencia constante y generalizada de corrupción es motivo de preocupación. También se necesitan resultados tangibles en este ámbito para responder a la inquietud de la población y contribuir a la transparencia del entorno económico. El problema cada vez más agudo de la trata de blancas y niños exige la aprobación de medidas contundentes. Se requieren esfuerzos constantes para mejorar la situación de los gitanos. Turquía debería adoptar ahora las decisiones que se imponen para traducir en medidas concretas sus intenciones en el ámbito de los derechos humanos. S. 3/2000 21 Las conclusiones de cada uno de los informes periódicos figuran en el anexo 1. La lista de los convenios relativos a los derechos humanos ratificados por los países candidatos figura en el anexo 3. 2. Criterios económicos a) Evolución general Esta evaluación de los progresos realizados durante el período de referencia para responder a los criterios económicos de Copenhague se inscribe en el contexto de un fuerte crecimiento mundial, cuyo punto culminante en la Unión Europea ha sido especialmente ventajoso para los países candidatos. Si las cifras de 1999 traducen aún las consecuencias negativas de las crisis de Asia, Rusia y Kosovo, estos efectos son menos perceptibles en las cifras disponibles para el año 2000. El aumento real global del PIB se sitúa en torno al 4 % por término medio para los diez países candidatos de Europa Central y Oriental y en algo menos del 5 % para el conjunto de los trece países candidatos. Con pocas excepciones, los resultados económicos globales de los países candidatos durante el período de referencia pueden considerarse por lo tanto buenos, pero, como la UE registró un fuerte crecimiento en el mismo período, no se ha producido en todos los países candidatos una verdadera convergencia económica con relación a la media de la Unión. Además, las disparidades dentro de los países candidatos tienden a acentuarse, en particular entre las capitales y las regiones limítrofes de la UE por un lado, y las regiones orientales por otro. No es un proceso extraño en países en fase de recuperación, pero las futuras políticas también deberán tener como objetivo reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones. En 1999, el crecimiento real medio del PIB fue del 2,2 % para los diez países candidatos de Europa Central y Oriental. Cinco de estos países mantuvieron índices de crecimiento elevados: Eslovénia (4,9 %), Chipre y Hungría (4,5 %), Polonia y Malta (4,2 %). En Bulgaria, el crecimiento económico siguió siendo positivo (2,4 %), pero se redujo en comparación con 1998, esencialmente por las crisis de Kosovo y Rusia. El índice de crecimiento económico de Eslováquia descendió al 1,9 %. El índice de crecimiento de otros tres países—Letónia (0,1 %), Estonia (-1,1 %) y Lituania (^1,1 %)— siguió acusando los efectos negativos de la crisis rusa. En Rumania, la insuficiencia de las reformas estructurales, combinada con el efecto duradero de la crisis kosovar, condujo de nuevo a un crecimiento negativo (-3,2 %). El devastador terremoto y la crisis rusa afectaron a Turquía, que tuvo un crecimiento negativo de -5 %. La recesión ha llegado al final en la República Checa que en 1999 tuvo un crecimiento negativo de sólo un -0,2 %. Los principales indicadores estadísticos figuran en el anexo 2. Durante el primer semestre de este año, el crecimiento ha vuelto a ser positivo en todos los países candidatos y ha aumentado, con relación al mismo período en 1999, de un 2 % en Lituania, Rumania y Eslováquia, a aproximadamente 6 % en Estonia, Hungría, Polonia y Turquía. El índice de crecimiento de Bulgaria, Letónia, Eslovénia, Malta y la República Checa se sitúan entre un poco más del 3 % y del 5 %. La situación macroeconómica siguió siendo sana en la mayoría de los países, pero los resultados son aún desiguales por lo que se 22 S. 3/2000 refiere al déficit de la balanza por cuenta corriente, la inflación y el saldo presupuestario. En 1999, a excepción de Rumania y Turquía donde la tasa de inflación alcanzó un 45,8 % y un 64,9 % respectivamente, los países candidatos tuvieron una inflación controlada con unas cifras próximas a la media del 10 %, o incluso inferiores. No obstante, la lentitud de la desinflación en Hungría y Polonia sigue siendo un motivo de preocupación. Se debe prestar especial atención a los relativamente elevados niveles del déficit por cuenta corriente en Estonia, Letónia, Lituania y Polonia. Por lo que se refiere a la balanza por cuenta corriente, se constataron mejoras en Chipre, Estonia, Rumania y Eslováquia, y una agravación, aunque contenida, en Bulgaria y Eslovénia. Los déficit por cuenta corriente fueron financiados en gran parte por entradas de capital vinculadas a la privatización, pero las inversiones enteramente nuevas están aumentando también en varios países. Apesar de los esfuerzos desplegados en la mayoría de los países candidatos para estabilizar el saldo presupuestario del sector público durante el período de referencia, la sostenibilidad de la hacienda pública sigue siendo motivo de inquietud en casi todos los países candidatos, aunque en diferentes grados. La privatización de grandes empresas ha seguido progresando en Hungría, la República Checa, Estonia y Bulgaria y, en menor medida, en Letónia. En Polonia, el ritmo de las privatizaciones ha sido muy fuerte, pero la reestructuración casi no ha empezado en los sectores de la siderurgia y la agricultura. En el sector bancario, la privatización ha progresado satisfactoriamente en la República Checa, Bulgaria, Letónia, Malta y Eslováquia. Se realizaron también algunos progresos en los sectores de suministro energético y telecomunicaciones. No obstante, en varios países, las privatizaciones han favorecido la aparición de una nueva elite compuesta a menudo por miembros de la antigua nomenclatura. Se debe hacer un esfuerzo para aumentar aún la transparencia del proceso de privatización. El desempleo aumentó considerablemente en la mayoría países candidatos, tanto en términos de cifras de desempleo registradas como si se contabiliza de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial del Trabajo. En casi todos los países, la causa sigue siendo la reestructuración económica combinada con la disminución del crecimiento provocada por crisis externas. En países como Bulgaria, Letónia, Lituania, Polonia y Eslováquia, donde la tasa de desempleo es relativamente elevada, las reformas estructurales en curso contribuyen a crear condiciones favorables al crecimiento económico y la creación de empleo en el futuro. En Hungría y Eslovénia, los índices de desempleo se redujeron este año al 7 % y 7,6 %, respectivamente. Chipre y Malta tienen tasas de desempleo relativamente bajas del 3,6 % y el 5,3 %, respectivamente. Todos los países deben hacer un esfuerzo para mejorar la respuesta de los mercados de trabajo a las oportunidades de crecimiento aumentando la flexibilidad y la movilidad laboral. Una vez completadas las reformas y reestructuraciones más dolorosas, que son la causa de numerosos despidos, una fase de creación neta de empleos vinculados a nuevas actividades económicas podría empezar a reducir el desempleo, como es el caso en Hungría. El volumen global de la inversión directa extranjera en los países candidatos de Europa Central y Oriental siguió aumentando en 1999. El volumen neto de entradas de capital superó un 3 % del PIB en la mayoría de los países; los aumentos más fuertes se produjeron en Eslováquia (de 2,8 % al 3,7 % del PIB), en la República Checa (del 4,5 % al 9,1 %) y en Bulgaria (de 2,8 % al 6,1 %). La reserva más elevada de inversión directa extranjera per capita constituida desde 1989 sigue correspondiendo a Hungría, seguida por la República Checa y Estonia. Sigue siendo indispensable un elevado nivel de inversión para seguir reestructurando y modernizando S. 3/2000 23 IV. Las negociaciones de adhesión 1. Avances efectuados hasta este momento Las negociaciones se iniciaron el 31 de marzo de 1998 con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovénia, y el 15 de febrero de 2000 con Malta, Rumania, Eslováquia, Letónia, Lituania y Bulgaria. De acuerdo con las directrices de negociación aprobadas por el Consejo Europeo de Luxemburgo y confirmadas por el Consejo Europeo de Helsinki, cada país candidato avanza a su propio ritmo, en función de su grado de preparación. Cada país candidato es evaluado en función de sus méritos propios, y se incorporará a la Unión Europea cuando sea capaz de satisfacer las obligaciones de la adhesión. Las negociaciones se llevan a cabo mediante conferencias de adhesión bilaterales entre los Estados miembros y cada país candidato. El acervo se ha dividido en 31 capítulos a efectos de las negociaciones. El 10 de noviembre de 1998 tuvo lugar la primer ronda de negociaciones con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovénia. El 14 de junio de 2000 tuvo lugar la primer ronda de negociaciones con Malta, Rumania, Eslováquia, Letónia, Lituania y Bulgaria. Después de dos años de negociaciones con los seis primeros países, se abrieron 29 capítulos (todos los cuales trataban del acervo, a excepción de las «cuestiones institucionales» y «otras cuestiones»), y se cerraron provisionalmente de 11 a 16 capítulos. Para finales del presente año, se habrán abierto hasta 17 capítulos con los países que comenzaron las negociaciones en 2000, y se habrán cerrado provisionalmente de 7 a 11 capítulos. El cierre provisional de los capítulos se decide en función de compromisos dotados de credibilidad relativos a la armonización de la legislación con el acervo, y en función de la capacidad administrativa para aplicarlo convenientemente. Estos compromisos son supervisados de cerca por la Comisión. Hasta ahora, ello no le ha llevado a recomendar la reapertura de ningún capítulo. Algunos capítulos siguen abiertos por falta de compromisos suficientes o debido a que se solicitaron períodos transitorios. Las negociaciones se efectúan con arreglo al principio de diferenciación, y conceden a los países que comenzaron las negociaciones en una fase más tardía la posibilidad de recuperar su retraso. S. 3/2000 31 2. Hacia la conclusión de las negociaciones Basándose en los avances realizados hasta este momento, la Comisión considera que ha llegado el momento de definir una estrategia destinada a hacer entrar las negociaciones en una fase más importante y encauzarlas hacia su conclusión. Esta estrategia permitirá que los Estados miembros y los países candidatos estudien, en las conferencias de adhesión, las cuestiones esenciales que deben solucionarse para llevar las negociaciones a una conclusión satisfactoria. Los principales elementos de esta estrategia, que se describen a continuación de manera más pormenorizada, son los siguientes: una invitación dirigida a los Estados miembros y a ios países candidatos para que estudien en las negociaciones las cuestiones esenciales planteadas por las solicitudes de medidas transitorias; un análisis de estas solicitudes para efectuar una distinción entre los casos que la Comisión considere aceptables, negociables o inaceptables; un «itinerario» pormenorizado que establezca claramente el orden con arreglo al cual se abordarán estas cuestiones en el transcurso de 2001 y 2002; una propuesta destinada a facilitar las negociaciones, «dejando al margen» los capítulos que sólo contengan un reducido número de problemas pendientes; una indicación del tiempo necesario para llevar a cabo las negociaciones. Esta estrategia se basa en los principios establecidos al comienzo de las negociaciones y en los avances ya realizados. Confirmaría la determinación de la Unión de dar un nuevo impulso a las negociaciones y de hacerlas avanzar con arreglo a un calendario ambicioso, pero realista. Ello alentará a los países candidatos a intensificar sus esfuerzos de preparación e incrementará su confianza en el proceso de adhesión. a) Medidas transitorias Las negociaciones para la adhesión se basan en el principio de que los países candidatos aceptan el acervo y lo aplicarán efectivamente después de su adhesión. Únicamente en casos muy justificados se aceptan medidas transitorias por las que se permite el aplazamiento de la aplicación de una parte del acervo durante un período determinado. Hasta ahora, la Comisión ha recibido más de 170 solicitudes de períodos transitorios por parte de los países candidatos en ámbitos distintos de la agricultura, y más de 340 en el sector agrario. En la posición general presentada por la Unión a los países candidatos al principio de las negociaciones, se declaraba que la aceptación por estos últimos del acervo podrá dar lugar a adaptaciones técnicas, y excepcionalmente a la aprobación de medidas transitorias. Dichas medidas transitorias tendrán una duración y un alcance limitados, e irán acompañadas por un plan que fijará etapas muy definidas para la aplicación del acervo. No deberán implicar modificaciones de las normas o las políticas de la Unión, perturbar su buen funcionamiento ni conducir a importantes distorsiones de la competencia. En este 32 S. 3/2000 contexto, procede tener en cuenta los intereses de la Unión, del país candidato interesado y de los otros países candidatos. En el documento de síntesis del año pasado, la Comisión indicó que, por lo que respecta a los ámbitos vinculados a la ampliación del mercado único, podrían establecerse rápidamente medidas reglamentarias. En consecuencia, los posibles períodos de transición deberán ser escasos y breves. En cuanto a los ámbitos del acervo en los que son necesarias adaptaciones considerables y que exigen un esfuerzo considerable y, en particular, importantes gastos financieros (en sectores como el medio ambiente, la energía o las infraestructuras), medidas transitorias podrían extenderse sobre un período determinado, siempre que los candidatos puedan demostrar que la armonización está en curso y que se comprometan a aplicar programas precisos y realistas de armonización, incluidas las inversiones necesarias. La Comisión basará su evaluación de las solicitudes de los países candidatos sobre estos criterios. El análisis se hará individualmente, teniendo en cuenta los intereses del país en cuestión y las probables incidencias de cada solicitud en el funcionamiento de la Unión, así como los intereses de los demás países candidatos. La aceptación de un período transitorio en un caso concreto no constituirá un precedente para los demás casos. Del mismo modo, las medidas transitorias concedidas en el marco de las adhesiones previas no constituirán necesariamente un precedente para las negociaciones actuales. Al preparar las posiciones comunes, en respuesta a las solicitudes de los países candidatos, la Comisión hará una distinción entre las tres categorías de caso siguientes: 1 ) Aceptable. Esta categoría incluye las medidas transitorias de carácter técnico que no plantean problemas particulares. Desde septiembre de 2000, la Comisión examina favorablemente las solicitudes de medidas transitorias que tienen una duración y un alcance limitados y que se considera no tienen efectos importantes en la competencia o el funcionamiento del mercado interior. La aceptación de las solicitudes de este tipo ya ha permitido hacer avanzar las negociaciones en algunos capítulos, y así seguirá haciéndolo. 2) Negociable. Esta categoría incluye las solicitudes que tienen efectos más importantes por lo que respecta a la competencia o al mercado interior, o por lo que respecta a su duración y su alcance. La Comisión podrá recomendar la aceptación de medidas transitorias de esta categoría, con arreglo a algunas condiciones y dentro de determinados límites temporales. La aceptación puede supeditarse a la aplicación de otras partes del acervo sin medidas transitorias, o al compromiso de realizar planes de aplicación y de inversión muy definidos. Las solicitudes que dependan de esta categoría se examinarán teniendo en cuenta no sólo la competencia y el mercado único, sino también, cuando así proceda, los efectos en la economía, la salud, la seguridad, el medio ambiente, los consumidores, los ciudadanos, las demás políticas comunes y el presupuesto de la Comunidad. 3) Inaceptable. No se aceptarán las solicitudes de medidas transitorias que planteen problemas fundamentales. Al clasificar algunas solicitudes en la categoría «negociable», la Comisión no pretende indicar que recomendará su aceptación, total o parcialmente, sino que podrá llegarse a una solución con arreglo a ciertas condiciones. La Comisión, cuando así proceda, se reserva la posibilidad de proponer medidas transitorias en interés de la Unión. S. 3/2000 33 b) «Itinerario» de las negociaciones Con objeto de hacer avanzar las negociaciones sobre la base de los principios existentes y siguiendo la metodología para manejar las medidas transitorias antes bosquejada, la Comisión propone un «itinerario», en forma de una aproximación secuencial a los capítulos de las negociaciones. La Comisión sugiere que las conferencias para la adhesión se ocupen en la medida de lo posible, en el transcurso de 2001, de las cuestiones esenciales más destacadas de las negociaciones, exceptuando las que tengan las máximas implicaciones presupuestarias. Éstas, junto con el capítulo «institucional» y los temas que quedan por resolver, serán tratadas en el primer semestre de 2002. Las listas de prioridad que se proponen a continuación permitirán que las negociaciones avancen en los capítulos que siguen abiertos, particularmente debido a las solicitudes de medidas transitorias. Esta lista es indicativa y podría adelantarse en varios casos cuando la preparación del país candidato así lo permita: tal como lo atestigua el estado actual de las negociaciones, algunos de los capítulos que se enumeran a continuación ya se han cerrado provisionalmente con algunos países candidatos y debería ser posible cerrar provisionalmente otros capítulos antes de lo proyectado. De modo inverso, puede que esta lista no se realice necesariamente para todos los países candidatos en los períodos indicados. Este planteamiento mantiene el principio de diferenciación y deberá permitir que avancen rápidamente las negociaciones con los países adecuadamente preparados. El «itinerario» determina las prioridades para las negociaciones de los tres próximos semestres. La determinación de las prioridades se basa en un análisis por la Comisión de las posibilidades de que avancen las negociaciones en determinados campos. La propuesta consistiría en ocuparse lo antes posible de varias cuestiones relacionadas con el mercado interior, avanzar con las cuestiones sociales y promocionar un ambicioso programa relacionado con el medio ambiente en el primer semestre, concentrándose en el cierre provisional de capítulos que requieren un período de preparación más largo en el segundo semestre. La programación está también condicionada por una evaluación de los respectivos esfuerzos que se requieren para lograr respuestas definitivas sobre los períodos transitorios y para elaborar planes de armonización e inversión pormenorizados y realistas. El avance de las negociaciones y el cierre provisional de las negociaciones sobre los capítulos dependerá de que todas las partes efectúen las contribuciones necesarias. El objetivo del «itinerario» es garantizar que todas las partes en las negociaciones se comprometan a respetar un calendario realista. La Comisión se compromete, cuando ello sea factible, a efectuar las propuestas necesarias para los capítulos que permanezcan abiertos, a tiempo de modo que el Consejo pueda formular posiciones comunes que presentará a los países candidatos con arreglo a este plan. La Comisión invita a los Estados miembros a estar preparados para formular sus posiciones de negociación sobre las principales cuestiones de que se trata en capítulos particulares, a más tardar en el plazo indicado. Los países candidatos deberán también estar preparados para suministrar las principales respuestas y compromisos necesarios en este plazo. En los casos en que no se pueda cerrar provisionalmente un capítulo, pero el número de problemas pendientes sea muy limitado, la Comisión propondría modificar el planteamiento seguido hasta ahora. En vez de dejar dicho capítulo en la mesa de negociaciones, el capítulo podría «dejarse al margen» con la indicación de que volverá a ser estudiado para encontrar una solución a las escasas cuestiones pendientes en el momento adecuado. Ello reduciría considerablemente el número de capítulos abiertos y determinaría más claramente los problemas que quedan por resolver. 34 S. 3/2000 El «itinerario» se refiere esencialmente a los capítulos en los que los candidatos han solici tado períodos transitorios. Algunos capítulos podrían tener que ser determinados de mane ra suplementaria conforme avancen las nego ciaciones. De acuerdo con el planteamiento de elaborar un «itinerario», la Comisión pro pone también adaptar el planteamiento relati vo a la apertura de los capítulos (véase más abajo) para permitir que se pongan al día los países candidatos adecuadamente preparados que iniciaron las negociaciones este año. Proseguirá la supervisión para todos los capí tulos, con objeto de determinar si se han cum plido los compromisos relativos a la adopción y ejecución del acervo. En los casos en que se considere que la experiencia en la aplicación real del acervo por cada país candidato es esencial para cerrar definitivamente un capí tulo, como en el ámbito de la competencia, puede reforzarse el sistema de supervisión y la Comisión se reserva el derecho de reco mendar la reapertura del capítulo en cuestión. Plan de prioridades para el primer semestre de 2001 En este período, la Unión tendría como priori dad definir posiciones comunes, incluidas las posiciones sobre las solicitudes para medidas transitorias, con vistas a cerrar provisionalmen te los siguientes capítulos: ■ Libre circulación de mercancías ■ Libre circulación de personas ■ Libre circulación para el suministro de servicios ■ Libre circulación de capitales ■ ■ Derecho de sociedades ■ Cultura y política audiovisual ■ Política social y empleo ■ Medio ambiente ■ Relaciones exteriores. Entre las cuestiones importantes que deberán ser consideradas en este período se incluyen, por ejemplo, la coordinación de los planes de seguridad social, el reconocimiento de títulos, la adquisición de propiedad inmobiliaria, los productos farmacéuticos, la libre circulación de trabajadores, la salud y seguridad en el tra bajo, la calidad del agua, la contaminación y el tratamiento de los residuos, los regímenes comerciales preferenciales, etc., así como las cuestiones generales relativas a la capacidad para aplicar el acervo comunitario. Plan de prioridades para el segundo semes tre de 2001 En este período, la Unión, además de cual quier elemento todavía no contemplado en el período anterior, tendría como prioridad defi nir posiciones comunes, incluidas las posicio nes sobre las solicitudes para medidas transi torias, con vistas a cerrar provisionalmente los siguientes capítulos: ■ Política de competencia ■ Política de transportes ■ Energía ■ Fiscalidad ■ Unión aduanera ■ Agricultura (en particular cuestio nes fitosanitarias y veterinarias) ■ Pesca ■ Justicia y asuntos de interior ■ Control financiero. Entre las cuestiones importantes que deberán ser consideradas en este período se incluyen, por ejemplo, la adecuada ejecución y aplica ción de la legislación sobre ayudas estatales, el transporte por tierra, la seguridad marítima, el mercado interior del gas y la electricidad, la seguridad nuclear, el código de aduanas, la fiscalidad indirecta, la seguridad alimenticia, S. 3/2000 35 la política de visados, el acervo de Schengen, etc., así como las cuestiones generales relativas a la capacidad para aplicar el acervo comunitario. Plan de prioridades para el primer semestre de 2002 En este período, la Unión se concentraría en las cuestiones importantes de otros capítulos aún no resueltas y definiría posiciones comunes, incluidas las posiciones sobre todas las solicitudes para medidas transitorias, con vistas a cerrar provisionalmente los capítulos restantes: Agricultura (otras cuestiones) Política regional e instrumentos estructurales Disposiciones financieras y presupuestarias Instituciones Otras cuestiones c) Apertura de los capítulos pendientes Para finales de este año se habrá abierto más de la mitad de los capítulos con los países mejor preparados con los que se iniciaron las negociaciones en 2000. El Consejo Europeo de Feira consideró que «deberá ser factible abrir las negociaciones en todos los ámbitos del acervo con los más avanzados de estos países lo antes posible en 2001». Con vistas a este objetivo, la Comisión recomienda que Bulgaria, Eslováquia, Letónia, Lituania, Malta y Rumania preparen rápidamente sus posiciones de negociación sobre aquellos capítulos en los que consideren estar preparados para las negociaciones, basándose también en el análisis propuesto en los informes periódicos y el «itinerario» antes mencionado. Estas posiciones de negociación deberán estar listas a tiempo para que la Comisión pueda presentar proyectos de posiciones comunes a comienzos del año próximo. La Comisión señala que el auténtico avance de las negociaciones depende más de la calidad de los preparativos efectuados por cada país candidato que del número de capítulos abiertos. En consecuencia, la Comisión, para evaluar la conveniencia de que se abra un capítulo y de que se prepare un proyecto de posición común, se basará en el contenido de cada posición de negociación presentada. 3. Perspectivas de cara a la conclusión de las negociaciones La estrategia propuesta para las negociaciones de adhesión, combinada con las recomendaciones relativas a las prioridades para cada candidato expuestas en las asociaciones para la adhesión, ofrece una clara perspectiva para futuras adhesiones. El planteamiento expuesto anteriormente deberá permitir alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión en varias declaraciones clave. El Consejo Europeo de Helsinki declaró en diciembre de 1999 que, siempre que se produzca la necesaria reforma institucional, la Unión deberá hallarse en una posición que le permita recibir a nuevos Estados miembros desde finales de 2002, tan pronto como hayan demostrado su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, y una vez haya finalizado con éxito el proceso de negociación. 36 S. 3/2000 El Parlamento Europeo, en su resolución de octubre de 2000, exhortó a los Estados miembros y a los países candidatos a hacer todo lo posible para que el Parlamento Europeo pueda dar su asentimiento a los primeros tratados de adhesión antes de las elecciones del Parlamento Europeo en 2004, con objeto de que estos países puedan prever su participación en estas elecciones. La Comisión mantiene el punto de vista, expresado en su documento de síntesis de 1999, de que debe ser posible concluir las negociaciones con los países candidatos más avanzados en 2002. Las tres condiciones para realizar las primeras adhesiones son el marco financiero, la reforma instititucional y la conclusión satisfactoria de las negociaciones con aquellos países candidatos que cumplan todos los criterios de adhesión. Por lo que respecta a las condiciones financieras, el planteamiento previsto por la Comisión deberá permitir a la Unión permanecer dentro del marco decidido por el Consejo Europeo de Berlín. En cuanto a la reforma institucional, la Comisión exhorta al Consejo Europeo a tomar las decisiones necesarias en su próximo reunión en Niza. Por lo que se refiere a las negociaciones y las preparaciones para la adhesión, la Comisión considera que si la estrategia expuesta en este documento se realiza de manera efectiva, se crearán las condiciones necesarias para concluir negociaciones en el transcurso de 2002 con los países candidatos que cumplan todos los criterios de adhesión, lo que permitirá a la Unión recibir a nuevos Estados miembros a partir del final de 2002. S. 3/2000 37 V. Conclusiones oficiales A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión recomienda al Consejo Europeo que acuerde lo siguiente: datos más avanzados abrir negociaciones en todos los ámbitos del acervo lo antes posible en 2001. D Las negociaciones para la adhesión debe rán avanzar siguiendo los planes indicativos de prioridad para 2001 y 2002 que figuran en el «itinerario» propuesto, con arreglo a los cuales todas las solicitudes de medidas transi torias y demás cuestiones pendientes serán examinadas por la Unión con los países más avanzados, a más tardar en junio de 2002. D El «itinerario» permitirá examinar las solicitudes de medidas transitorias que sean aceptables o negociables y podrá incluir soli citudes de medidas transitorias en interés de la Unión. D Con objeto de permitir nuevos avances en las negociaciones para la adhesión cuando un número limitado de problemas no puedan ser resueltos rápidamente, éstos se «dejarán al margen» para ser examinados posteriormente, permitiendo así determinar claramente las cuestiones pendientes y cerrar provisional mente los capítulos correspondientes. D Este planteamiento, sin dejar de mantener el principio de diferenciación, deberá permitir concluir negociaciones en el transcurso de 2002 con los países candidatos que cumplan todos los criterios para la adhesión, permi tiendo así a la Unión recibir a los nuevos Estados miembros a partir del final de 2002. □ Bulgaria, Eslováquia, Letónia, Lituania, Malta y Rumania deberán preparar sus posi ciones de negociación sobre los capítulos que consideren están preparados para la negocia ción, teniendo en cuenta su estado de prepara ción y el «itinerario» propuesto. Sobre esta base, la Comisión decidirá si cabe recomen dar la apertura de estos capítulos de cara a la negociación. Ello deberá permitir a los candi G Las condiciones clave para que avancen las negociaciones siguen siendo la incorpora ción del acervo a la legislación de los países candidatos y la adaptación de su capacidad para ejecutarlo y aplicarlo de manera efectiva. De este modo, la Comisión seguirá supervi sando los compromisos de los países negocia dores. D Las asociaciones para la adhesión siguen siendo los instrumentos centrales de la estra tegia de preadhesión. Las prioridades a corto plazo de las asociaciones de 1999 no logradas plenamente deberán ser realizadas rápida mente mientras que son aplicables las priori dades a plazo medio. Constituirán la base para programar la asistencia de preadhesión en 2001; deberán iniciarse en el marco de los Acuerdos europeos negociaciones para nue vas concesiones comerciales recíprocas adi cionales en el campo de los productos agríco las, con vistas a mejorar las relaciones comerciales y prepararse para la adhesión en este importante ámbito. □ Con objeto de facilitar la participación de todos los países candidatos en los programas comunitarios, deberán ser adoptadas decisio nes marco para los países de Europa Central y Oriental, y celebrarse acuerdos bilaterales con Chipre, Malta y Turquía. D Si bien Turquía no cumple todavía las condiciones para la apertura de negociacio nes, son necesarias las acciones siguientes para aplicar la estrategia de preadhesión: O continuar el diálogo político, de acuer do con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki; S. 3/2000 39 guir y hay que mejorar la gestión de las sociedades. Las autoridades tienen que concentrarse en desarrollar un entorno favorable a la actividad empresarial, especialmente en el área de las pequeñas y medianas empresas. La mejora del marco jurídico, la aplicación de las reglamentaciones cautelares para el sector financiero y el continuado desarrollo de este sector son esenciales. La reestructuración y privatización de las empresas de propiedad estatal y la reestructuración de otras empresas deben avanzar en paralelo a la consolidación de la gestión de sociedades. Desde el informe periódico anterior se ha producido una aceleración significativa de la aproximación legislativa al acervo comunitario, aunque sigue siendo necesario hacer un esfuerzo en algunas áreas clave. También se han hecho progresos en cuanto a consolidación de la capacidad administrativa, pero los retrasos de la reforma administrativa y judicial han sido un obstáculo. Ha habido progresos sensibles en la aproximación legislativa en áreas clave del acervo sobre mercado interior. En el campo de la libre circulación de mercancías, se ha adoptado legislación en una amplia gama de sectores, desde el de juguetes hasta el de productos farmacéuticos. En cuanto a la libre circulación de capitales, se ha reforzado la legislación sobre blanqueo de dinero, aunque se necesita un calendario claro para la cancelación de cuentas bancarias anónimas existentes. En el área de la libre prestación de servicios, hay que reforzar más el control del mercado de capitales. En el campo de la propiedad intelectual se han hecho progresos importantes en cuanto a aproximación al acervo, pero hay que mejorar la eficacia de los organismos reglamentarios. Por lo que se refiere al derecho de competencia, sigue habiendo lagunas en la legislación antitrust, mientras que ha avanzado la aproximación en el campo de las ayudas estatales. Por lo que se refiere al ámbito de la innovación, se han hecho progresos considerables en cuanto a incorporación del acervo respecto de la liberalización del mercado de telecomunicaciones a través del refuerzo de la entidad reglamentaria y la abolición de los derechos exclusivos del operador actual. En política audiovisual hay que hacer nuevos esfuerzos para adaptarla al acervo y, en particular, es necesario reforzar la autoridad de control. También se ha avanzado en políticas sectoriales. Por lo que se refiere a la industria, el Gobierno ha promovido la reestructuración empresarial y ha acelerado la privatización, en especial a través del trabajo de la agencia de reactivación, con excepción del sector siderúrgico. En el transporte, la aproximación ha avanzado en todos los sectores: trenes de alta velocidad, transporte por canetera, transporte aéreo, navegación interior y transporte marítimo. En el área de la cohesión económica y social se han registrado progresos. En el campo de política social y empleo, la estrategia de empleo se ajusta a los principios de la CE y la política y el diálogo social se han reforzado. En política regional, la ordenación territorial se ajusta a la clasificación de la CE, una nueva ley regula el desarrollo regional y se ha aclarado el marco institucional. En cuanto a la agricultura, se han hecho progresos para preparar las medidas necesarias para la aplicación de la política agrícola común, en particular a través de nuevas legislación sobre la creación del fondo nacional de intervención agraria. También ha avanzado la aproximación al acervo en el campo de la legislación veterinaria y fitosanitaria. Por lo que se refiere al medio ambiente, el país debe hacer un esfuerzo para incorporar el acervo en las áreas de contaminación del aire, gestión de residuos y calidad del agua y evaluación del impacto ambiental. También hay que desarrollar estrategias de financiación a medio plazo más coherentes. 46 S. 3/2000 En justicia y asuntos de interior la eficacia de la policía de fronteras sigue siendo deficiente y es necesario mejorar la coordinación entre la policía normal y la policía de fronteras, así como con las autoridades aduaneras. No ha habido progresos sustanciales en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En cuanto a la capacidad administrativa, las entidades responsables de normas y certificación de mercancías funcionan bien, en general. Sin embargo, en el campo de los servicios, se debería reforzar la comisión de valores. Por lo que se refiere a la competencia, la autoridad de control de ayudas estatales debe ser reforzada, mientras que la oficina para la protección de la competencia está bien implantada. Respecto de la agricultura, se han hecho progresos en la introducción de una estructura administrativa para las organizaciones comunes de mercado, en especial mediante la aprobación de la Ley sobre el fondo nacional de intervención agraria. En política regional, la preparación a los Fondos Estructurales ha proseguido con el establecimiento de unidades territoriales acordes con la clasificación del acervo. En medio ambiente se ha aprobado el aumento de la plantilla del Ministerio de Medio Ambiente y de la inspección de medio ambiente de la República Checa, aunque hay que mejorar la formación y se deben aumentar los recursos financieros. En justicia y asuntos de interior, los problemas de visados están siendo vigilados por el recientemente creado departamento de inmigración y control de fronteras y se ha dado un primer paso en la reforma de las estructuras organizativas para mejorar los controles en las fronteras. No obstante, en general, son insuficientes los progresos realizados en esta área que sufre de falta de personal y escasez de equipos, así como de carencias de organización. Se ha abordado la mayoría de las prioridades de la asociación para la adhesión, aunque se deberán aprovechar los esfuerzos realizados hasta ahora para responder mejor al conjunto de los objetivos. Se han producido avances especialmente satisfactorios en los ámbitos de libre circulación de mercancías, empleo y asuntos sociales y telecomunicaciones. Sin embargo, en algunas áreas no se han perseguido con suficiente asiduidad las prioridades a corto plazo. Este es el caso en el sector del derecho de sociedades por lo que se refiere a los accionistas minoritarios y en el área de la libre prestación de servicios, donde el control del mercado de capitales no se ha reforzado adecuadamente. En cuanto al sector audiovisual, se ha avanzado poco en materia de aproximación al acervo. Los progresos en medio ambiente y justicia y asuntos de interior han sido limitados. La República Checa ha empezado ya a abordar algunas de las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión. Estonia Estonia sigue cumpliendo con los criterios políticos de Copenhague. Ha abordado la mayoría de las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión de 1999 en este campo, incluida la modificación de la legislación lingüística, la adopción del programa nacional de integración de ciudadanos no estonios, el refuerzo de la formación de jueces y la reducción del número de vacantes de jueces. Además, se han dado pasos para mejorar la capacidad del consejo de ciudadanía y emigración para tramitar las solicitudes de residencia y nacionalización. Los progresos en el campo de la modernización de la administración pública han sido limitados. Se deben hacer esfuerzos para implantar una estrategia global en esta área destinada a resolver las actuales deficiencias. Las medidas adoptadas hasta ahora para mejorar el funcionamiento del sistema judicial deben proseguir, en particular para reforzar la formación de los jueces. También hay que reforzar la coordinación entre los diferentes organismos del poder judicial y es necesario acelerar la reforma de la legislación penal y civil. S. 3/2000 47 Por lo que se refiere a la integración de las minorías, Estonia tiene que garantizar que la aplicación de la Ley de régimen lingüístico se realice de acuerdo con normas internacionales y con el Acuerdo europeo. Hay que reforzar las capacidades del defensor del pueblo, en particular respecto de la protección de las minorías. Estonia debe proseguir el esfuerzo en materia de integración de extranjeros, reforzando la capacidad de la administración pública y mejorando el sistema judicial, con objeto de cumplir con las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión de 1999 en estos campos. Estonia es una economía de mercado viable y debería poder hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión en un futuro próximo, siempre que mantenga el ritmo actual de reforma. El país ha hecho progresos considerables en cuanto a consolidación de la estabilidad macroeconómica, reestructuración de los sectores empresarial y financiero y aplicación de reformas estructurales en los sectores de servicios y energía. El marco jurídico, institucional y reglamentario existe y la puesta en vigor es ampliamente adecuada. Las empresas se han adaptado a las circunstancias económicas y han mantenido su competitividad externa. No obstante, el actual déficit de cuenta corriente sigue siendo alto y no se han hecho suficientes progresos para contener el gasto público, especialmente en el campo de la reforma de las pensiones y la asistencia sanitaria, en el control de la política de gasto y de deuda de la administración local. Se deben completar las restantes reformas estructurales, en particular las reformas de los sectores de esquistos bituminosos y propiedad de la tierra. Estonia debe proseguir el reajuste presupuestario, una mayor consolidación y una mejor gestión del gasto, incluido el control de la política de gastos y de deuda de la administración local. Se deben tomar medidas para reforzar el marco reglamentario del sector financiero, completar la privatización de tierras y mejorar el acceso a créditos comerciales para la agricultura y las pequeñas y medianas empresas. El país tiene que desarrollar iniciativas para mejorar la respuesta del mercado de trabajo al crecimiento económico, centradas en la mejora del sistema educativo y la formación. En líneas generales, Estonia ha seguido adaptando su legislación a buen ritmo en la mayoría de las áreas del acervo. Aunque se han adoptado algunas medidas para crear estructuras administrativas para la mayor parte de los capítulos, Estonia aún tiene que hacer esfuerzos considerables en este área. Respecto del mercado interior, el país ha hecho progresos considerables por lo que se refiere a la adopción de legislación marco y al establecimiento de estructuras administrativas en el campo de la normalización y la evaluación de la conformidad. Deben proseguir los esfuerzos para introducir un sistema de vigilancia del mercado. También se han hecho avances importantes en materia de aproximación legislativa en los sectores de telecomunicaciones y audiovisual. La legislación de Estonia está, en líneas generales, adaptada al acervo en los campos de libre circulación de capitales, libre prestación de servicios financieros y derecho de sociedades. No obstante, deben proseguir los esfuerzos para reforzar la capacidad administrativa en esos campos. Se deberá prestar una atención especial a la adecuada puesta en vigor de los derechos de propiedad industrial e intelectual, especialmente la lucha contra las mercancías piratas y falsificadas. Aunque ha proseguido la aproximación de la legislación, es necesario un mayor esfuerzo en materia de control de ayudas estatales y reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales. Por lo que se refiere a la fiscalidad, se han hecho progresos en adaptación de la legisla48 S. 3/2000 ción sobre IVA e impuestos especiales. Sigue siendo necesario un esfuerzo considerable para reforzar la administración fiscal. En este contexto, la supresión del calendario previsto para la adaptación gradual de los impuestos especiales sobre el combustible constituye un retroceso en la consecución de este objetivo. En el área de aduanas, las medidas para completar el marco jurídico y administrativo han sido limitadas. Estonia tiene que adoptar urgentemente un calendario para la aplicación progresiva y efectiva de aranceles y medidas conexas. Siguen siendo necesarios esfuerzos sustanciales para potenciar la capacidad administrativa y operativa para aplicar el acervo. En los transportes el país ha seguido completando el marco legislativo. Los avances de este año en la consolidación de la aplicación de las normas de seguridad marítima deben proseguir. En el campo de la energía, los progresos en la aproximación de la legislación han sido limitados. En cuanto a la agricultura, se han hecho progresos sustanciales por lo que se refiere a la introducción de un marco jurídico y la creación de estructuras administrativas para la futura aplicación de la política agraria común. Sin embargo, deben proseguir los esfuerzos para introducir normas de calidad y comercialización para los diferentes productos y sistemas de intervención de mercados acordes con el acervo. Ha seguido adelante la aproximación en los sectores veterinario y fitosanitario. Los esfuerzos en estos campos deben acelerarse. En el sector de la pesca, Estonia ha hecho algunos progresos en la aproximación de su legislación de pesca mediante la introducción del marco jurídico para desarrollar una política comercial y aplicar medidas relacionadas con la gestión de recursos, la inspección, el control y la ayuda estructural. Sigue siendo necesario un esfuerzo considerable, en particular para reforzar las estructuras administrativas y adoptar y aplicar la legislación existente. Aunque los progresos han sido desiguales, Estonia ha adoptado medidas en la mayoría de los ámbitos de política social. Deben proseguir los esfuerzos, centrados en la aplicación y puesta en vigor de la legislación marco vigente, así como en el refuerzo de las entidades responsables de asegurar su aplicación. En el área de la política regional, los progresos han sido limitados. Aunque se han adoptado medidas para crear los instrumentos necesarios en este sector, sigue habiendo una serie de dificultades y deben proseguir los esfuerzos por completar el marco jurídico y administrativo para aplicar la política regional y de cohesión de la CE. Además, Estonia ha hecho progresos considerables en cuanto a introducción de legislación y creación de estructuras administrativas necesarias en el ámbito del control financiero. Sin embargo, el control financiero interno sigue siendo débil y se debe seguir haciendo un esfuerzo. Estonia ha acelerado la aplicación de la legislación marco existente en la mayoría de las áreas de medio ambiente. Debe seguir progresando en la creación de la capacidad necesaria para aplicar y poner en vigor esta legislación, en particular a escala local. Estonia tiene que desarrollar más los planes para financiar inversiones en materia de medio ambiente. Desde el informe periódico del año pasado, el país ha hecho progresos en la aproximación de la legislación en el campo de justicia y asuntos de interior. Debe seguir trabajando en este campo, en particular por lo que se refiere al derecho de asilo, la lucha contra el crimen organizado, incluido el tráfico de drogas, la lucha contra la corrupción de la policía y la administración de aduanas, la modernización de la policía y la mejora de los equipos e infraestructuras de control en las fronteras. En cuanto a la capacidad administrativa, Estonia ha adoptado medidas para crear las estructuras necesarias en la mayoría de las áreas del acervo. No obstante, se debe hacer aún un esfuerzo sustancial en este área para S. 3/2000 49 garantizar que las estructuras existentes son plenamente capaces de poner en vigor y aplicar el acervo correctamente. En este contexto, las prioridades principales serán garantizar que las instituciones pertinentes tienen facultades suficientes para desempeñar su función y que la coordinación entre los organismos competentes es eficaz y reforzar la formación del personal. Estonia ha seguido abordando, aunque con algunas diferencias, aspectos de todos los sectores considerados como prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión de 1999. En particular, ha cumplido con las prioridades relativas a telecomunicaciones, sector audiovisual, normalización y evaluación de la conformidad, sectores veterinario y fitosanitario, transportes, salud y seguridad en el trabajo, empleo y servicios de empleo. Las prioridades relacionadas con la contratación pública, el derecho laboral, el derecho penal, las aduanas y el control del mercado no se han cumplido. Estonia ha empezado ya a abordar algunas de las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión. Hungría Hungría sigue cumpliendo con los criterios políticos de Copenhague. El progreso en la modernización de la administración pública es evidente desde que empezó la aplicación continuada del programa de desarrollo de 1999. Aunque el sistema judicial funciona satisfactoriamente y la formación de los jueces en Derecho comunitario ha avanzado, la acumulación de casos pendientes ante el Tribunal Supremo dificulta la armonización de la práctica de los tribunales y el desarrollo de una jurisprudencia coherente. Hay que hacer un esfuerzo para remediar esta situación. Los programas de formación permanente de funcionarios y jueces deberán proseguir, de acuerdo con la prioridad a medio plazo de la asociación para la adhesión. A pesar de las muchas medidas adoptadas para luchar contra la corrupción, esta cuestión sigue siendo un problema y deberían desplegarse nuevos esfuerzos para abordarla. Hungría sigue respetando los derechos humanos y libertades fundamentales, pero la saturación de los centros penitenciarios es un problema cada vez mayor que habrá que resolver. De acuerdo con la prioridad a corto plazo de la asociación para la adhesión, Hungría ha empezado a aplicar el programa de acción a medio plazo para el pueblo gitano, con medios financieros a escala nacional y local. Este programa facilita la integración de los gitanos y la lucha contra su discriminación en los ámbitos de educación, cultura, empleo, vivienda, salud y servicios sociales. No obstante, Hungría debe seguir aplicando este programa para obtener resultados concretos a medio plazo. Hungría es una economía de mercado viable y debería poder hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión en un futuro próximo, siempre que mantenga el actual ritmo de reformas. Se han hecho progresos considerables hacia la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la mejora de la viabilidad de las cuentas corrientes y el refuerzo de la base institucional de la economía de mercado. Hungría ha seguido desarrollando su infraestructura y la reestructuración empresarial. El ritmo de creación de nuevas empresas, en especial aquéllas que cuentan con inversión directa extranjera, es alto. Sin embargo, el lento avance de la estabilidad de precios es inquietante y el mantenimiento de la competitividad externa requerirá una combinación de medidas políticas adecuada, incluido un saneamiento presupuestario conio S. 3/2000 tinuado, en particular en los campos de asistencia sanitaria, transporte y administración local. El desempleo ha bajado, pero hay diferencias regionales significativas y carencia de mano de obra cualificada en sectores de gran crecimiento. Por su papel de intermediario, el sector financiero debe mejorar la prestación de servicios a pequeñas y medianas empresas nacionales. Las autoridades húngaras deberán equilibrar el conjunto de medidas estratégicas y proseguir una política monetaria prudente y flexible. Se debe seguir mejorando el control del sector financiero, en particular en el campo de los fondos de pensiones. Hay que adoptar medidas para reducir las diferencias regionales y aumentar la flexibilidad y movilidad de la mano de obra. La aplicación de las reformas estructurales mencionadas debe realizarse con objeto de abordar el saneamiento presupuestario. Hungría ha seguido avanzando en la aproximación al acervo y su aplicación en la mayoría de los sectores, habiendo llegado así a un buen nivel de preparación para la adhesión. El proceso ha ido acompañado en general de medidas satisfactorias de consolidación de las instituciones. Durante el período de referencia, cabe señalar progresos notables en cuanto a legislación sobre mercado interior, en particular por lo que se refiere a legislación de productos armonizada «de nuevo enfoque», legislación de seguros y legislación contable y la transparencia y aproximación de algunos planes de ayudas estatales. Sigue siendo necesario hacer un esfuerzo especialmente para desarrollar una adecuada vigilancia del mercado y adaptar las ayudas estatales concedidas en forma de incentivos fiscales. Mientras que las estructuras básicas del acervo relativas al IVA y los impuestos especiales ya se han establecido, hay que hacer un esfuerzo en el área de la fiscalidad por lo que se refiere a tipos de interés reducidos, exenciones y fiscalidad directa. Habrá que reforzar también la agencia central de enlace y la cooperación y asistencia mutua con las administraciones fiscales de los Estados miembros. El país ha hecho progresos considerables en el área de aduanas y la nueva ley de aduanas refleja en gran medida el código aduanero comunitario. En el campo de las telecomunicaciones, en el que el mercado, en principio, está abierto a la competencia, Hungría debe armonizar en mayor medida su normativa a los términos y condiciones de servicio universal. En la agricultura se han establecido ya las estructuras básicas, pero aún hay que implantar las estructuras administrativas necesarias para la aplicación de la PAC. Habrá que acelerar la aproximación, especialmente en los sectores veterinario y fitosanitario. En el área de medio ambiente los progresos en materia de aproximación realizados el año pasado fueron escasos; se debe mejorar la capacidad administrativa del Ministerio de Medio Ambiente, que adolece de falta de personal cualificado y de una amplia dispersión de responsabilidades en los temas medioambientales. Es necesario acelerar la aproximación en el ámbito del transporte, especialmente en los sectores del transporte por carretera y el transporte aéreo, y se deberán crear nuevas instituciones para aplicar el acervo correctamente. En el sector de la energía se aprobaron los principios fundamentales del mercado interior de la energía, pero deberán ponerse en práctica y habrá que reforzar la agencia húngara de la energía para que pueda desempeñar sus funciones en el futuro mercado interior de la energía. Hungría está haciendo progresos significativos en el desarrollo de las estructuras necesarias para la aplicación de la política regional después de la adhesión, aunque las estructuras de las regiones siguen pareciendo bastante débiles para garantizar un sistema eficaz de programación y toma de decisiones. En el área de control financiero, los organismos de S. 3/2000 51 control interno y externo, que se habían creado ya hace algún tiempo, tendrán que ser reforzados para que puedan ser la base de una gestión y un control financiero sólidos de los fondos de la CE a escala de aplicación regional. En cuanto a las disposiciones financieras y presupuestarias, es necesario un mayor esfuerzo para cumplir con los requisitos de la Comunidad por lo que se refiere a cofinanciación y programación plurianual. Por otra parte, se ha progresado en el área de política social y empleo en términos de incorporación de legislación, aunque queda mucho por hacer respecto de la aplicación del acervo en materia de salud y seguridad, donde la aplicación va a ser gradual. También es necesario explotar mejor las nuevas estructuras de diálogo social. En el campo de la unión económica y monetaria la principal cuestión pendiente es la consolidación de la independencia del banco nacional. En cuanto a la política industrial, la situación de la reestructuración de la industria siderúrgica húngara sigue sin ser satisfactoria, por lo que el plan de reestructuración adoptado por Hungría tendrá que ser revisado. En el área de justicia y asuntos de interior, se registraron progresos fundamentalmente en los temas de política de visados, administración de fronteras, migración y derecho de asilo. Hungría ha continuado avanzando considerablemente en la construcción de la capacidad administrativa necesaria para aplicar el acervo en la mayoría de los capítulos. Se hicieron nuevos progresos para la reforma de la administración pública y se mantuvo el énfasis en la formación en temas de la UE de la administración y la justicia. La mayor parte de las instituciones clave para la participación en el mercado interior están en marcha. A pesar de ello, sigue siendo necesario reforzar la capacidad administrativa y judicial en áreas específicas, como las de control de las ayudas estatales, vigilancia del mercado, transporte, medio ambiente, sanidad animal y sector fitosanitario. Hungría ha abordado satisfactoriamente la mayoría de sus prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión, con excepción de agricultura, medio ambiente, algunos elementos relacionados con el mercado interior, política industrial y unión económica y monetaria. Ha empezado ya a aplicar algunas de la prioridades a medio plazo. Letónia Letónia sigue cumpliendo con los criterios políticos de Copenhague. El año pasado se registraron progresos en la realización del proceso de reforma de la administración pública, incluida la adopción de una nueva Ley de la función pública, en la mejora del funcionamiento del sistema judicial y en la definición del marco para la lucha contra la corrupción. Se dieron pasos importantes en apoyo de la integración de los ciudadanos extranjeros en la sociedad letona, entre los que cabe citar la adopción de una Ley de régimen lingüístico y la aplicación de reglamentaciones que se ajustan básicamente a las obligaciones internacionales del país y al Acuerdo europeo, así como un programa en pro de la integración de la sociedad letona. Letónia ha avanzado en el cumplimiento de las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión de 1999. Habrá que proseguir y acelerar el proceso de reforma de la administración pública, en particular con la adopción de legislación clave, para reforzar el sistema judicial, y continuar la lucha contra la corrupción a escala general. Basándose en la Ley de la función pública, Letónia necesita desarrollar una función pública profesional y estable y mejorar la capacidad de la administración pública para aplicar y gestionar el acervo, como se sugiere en las correspondientes prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión de 1999. Para facilitar y promover la integración de los ciudadanos extranjeros, es necesario mante52 S. 3/2000 ner la efectividad del proceso de naturalización y la enseñanza de la lengua letona debe proseguir y ampliarse de acuerdo con la correspondiente prioridad a medio plazo de la asociación para la adhesión de 1999. También será importante garantizar que se asignen suficientes recursos para promover la integración de los extranjeros. La Ley de régimen lingüístico y los reglamentos de aplicación de la misma sólo tienen que aplicarse y ponerse en vigor en la medida en que se requiera por un interés público legítimo, habida cuenta del principio de proporcionalidad y de conformidad con las obligaciones internacionales de Letónia y el Acuerdo europeo. Letónia puede considerarse como una economía de mercado viable y debería poder hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre que complete y mantenga el ritmo de las reformas estructurales. El país ha mantenido su estabilidad macroeconómica. También ha progresado en la reforma estructural. El marco legislativo de una economía de mercado se ha establecido en gran medida y los mecanismos de entrada y salida del mercado funcionan de manera cada vez más satisfactoria. El sector financiero es actualmente reducido, pero funciona bien. No obstante, se debe controlar el déficit por cuenta corriente. No se ha completado aún la privatización de empresas. Se requieren esfuerzos considerables para fomentar la inversión pública y privada y mejorar la capacidad técnica comercial de la mano de obra. Las autoridades deben mantener una política de disciplina presupuestaria y proseguir la consolidación presupuestaria. Se deberá completar sin más demoras la privatización de las últimas grandes empresas que aún no han sido privatizadas. Letónia deberá impulsar la creación de empresas nacionales haciendo más sencillos y transparentes los procedimientos de entrada, mejorando el entorno para los inversores extranjeros y las infraestructuras y el acceso a la financiación. Es necesario desarrollar la intermediación financiera, así como la flexibilidad del mercado laboral. Durante el pasado año Letónia siguió haciendo considerables progresos en la aproximación al acervo en la mayoría de los capítulos. Aunque los progresos globales en términos de refuerzo de la capacidad administrativa fueron más limitados, el país hizo esfuerzos por reestructurar y reforzar sus instituciones en varios sectores y decidió la creación de varios organismos nuevos, de acuerdo con las disposiciones del acervo. Una vez más cabe señalar progresos satisfactorios por lo que se refiere al mercado interior, en particular en materia de adopción de legislación sobre evaluación de la conformidad, vigilancia del mercado y contratación pública, así como leyes sobre protección de datos personales y derechos de autor, el código de comercio y la liberalización de muchas restricciones sobre los movimientos de capital. Sobre esta base y de acuerdo con los requisitos del acervo, será importante ahora desarrollar las estructuras institucionales necesarias, incluida una reforma de las autoridades de vigilancia del mercado, el establecimiento de una agencia de control de la contratación pública y una inspección independiente de protección de datos. Durante el año pasado se constataron pocos progresos por lo que se refiere a la puesta en vigor de derechos de propiedad intelectual, que sigue siendo motivo de inquietud. En las áreas de aduanas y fiscalidad, se han adoptado medidas alentadoras para reforzar las estructuras administrativas, esfuerzo que debe continuar. Aunque durante el pasado año se adoptaron algunas medidas para la adaptación y la consolidación de la administración en el área de la agricultura, sólo se hicieron progresos limitados; los preparativos para la integración del sector agrario de Letónia en la CE siguen estando en sus primeras fases. Por lo que se refiere al transporte, el año pasado se siguió progresando en términos de adaptación y tamS. 3/2000 53 bien, en especial, de consolidación de la administración, particularmente mediante la creación de una autoridad independiente de investigación de accidentes de la aviación civil y la reestructuración de las autoridades responsables de la seguridad marítima, campo en el que deben proseguir los esfuerzos para alcanzar resultados concretos. En cuanto al medio ambiente, se han hecho progresos en relación con la adopción de legislación, en particular por lo que se refiere a información medioambiental, protección de la naturaleza, gestión de residuos y OMG, y también se ha hecho un esfuerzo para reforzar la administración. No obstante, queda mucho por hacer. Ha habido progresos satisfactorios en materia de aproximación en el campo de la protección de los consumidores y la salud. En justicia y asuntos de interior se hicieron progresos en materia de visados y mejora de organismos de aplicación de la legislación. Letónia ha hecho también esfuerzos considerables durante el año pasado en cuanto a control de fronteras, esfuerzos que deben proseguir. Se debe continuar trabajando en la aproximación de la normativa sobre emigración y derecho de asilo y el país tiene aún que firmar varios convenios internacionales. También será necesario adoptar medidas significativas para garantizar la plena puesta en vigor de todas las disposiciones. En el campo del control financiero el país hizo un esfuerzo especial durante el año pasado, en particular por lo que se refiere a control financiero interno, para lo que se han reforzado también las estructuras administrativas. Se deberá seguir trabajando en este capítulo, y más concretamente en el campo de los mecanismos de control para los fondos de preadhesión. En algunas áreas, los progresos de aproximación no han sido tan inmediatos. Se incluyen aquí los sectores de libre circulación de personas y telecomunicaciones y tecnologías de la información, donde sigue estando pendiente la incorporación de la mayor parte de los requisitos del acervo. En política social y empleo se hicieron algunos esfuerzos, pero sigue sin aprobarse legislación clave. Por lo que se refiere a la política regional los preparativos de Letónia para la adhesión a la UE siguen teniendo que ser reforzados. Letónia ha tenido ya un éxito relativo en la consolidación de su administración en unas pocas áreas del acervo. Se puede incluir aquí el mercado interior, por ejemplo, donde las instituciones responsables del sector bancario o de la política de competencia y ayudas estatales han adquirido ya una valiosa experiencia inicial. No obstante, en la mayoría de los sectores siguen pendientes importantes retos. En áreas como agricultura, medio ambiente, política social, justicia y asuntos de interior y política regional las autoridades letonas responsables no están todavía en condiciones de gestionar el acervo de forma satisfactoria. En general, el refuerzo de la administración letona debe proseguir en todas las áreas, de forma paralela y complementaria al proceso de reforma general de la administración pública. Durante el año pasado, Letónia empezó a abordar casi todas las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión y ha tenido, con un cierto éxito en la mayoría de los casos. Esto incluye, en particular, la adopción de varios elementos legislativos clave en el campo del mercado interior y de legislación marco en el sector del medio ambiente, el trabajo de modernización de las administraciones fiscal y aduanera, los esfuerzos desplegados en relación con la seguridad marítima y la modernización de los puestos fronterizos. Ahora debe seguir trabajando en todas las prioridades a corto plazo para satisfacerlas tan pronto como sea posible. Se debería centrar sobre todo en las prioridades a corto plazo respecto de las que no se hayan constatado hasta ahora progresos visibles. Al margen de unos pocos aspectos específicos del mercado interior, esto incluye, por ejemplo, prioridades relacionadas con el empleo y los asuntos sociales, así como con el ámbito de la justicia y asuntos de interior. 54 S. 3/2000 Letónia ha empezado ya a trabajar para satisfacer algunas de las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión de 1999, incluidas las áreas de política audiovisual, protección de los consumidores, energía y transportes. Lituania Lituania sigue cumpliendo con los criterios políticos de Copenhague. En el campo de la reforma de la administración pública, de acuerdo con la correspondiente prioridad a medio plazo de la asociación para la adhesión, Lituania ha hecho progresos en la aplicación de la legislación sobre administración y función pública. Para proseguir esta reforma, deberá abordar otros capítulos, como el nivel de las remuneraciones, la formación adicional y una mejor coordinación interministerial. La reforma del sistema judicial ha avanzado considerablemente con la adopción del código civil y el código penal. Esta reforma tiene que completarse con la adopción y aplicación de nuevos códigos de procedimiento civil y penal, que contribuirán, entre otras cosas, a acelerar los procesos judiciales. Se debe hacer un esfuerzo mayor en el campo de la reforma judicial, en particular respecto de la formación de jueces y fiscales, la cobertura de todos los puestos vacantes y la mejora del funcionamiento de los tribunales, en especial los tribunales administrativos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, las importantes medidas que ya se han adoptado se deben completar con la adopción de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. La puesta en vigor se debe reforzar de forma significativa mediante la consolidación de las correspondientes agencias y garantizando de manera efectiva su coordinación. Lituania puede considerarse una economía de mercado viable y debería poder hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre que siga adelante con la aplicación del actual programa de reforma estructural y emprenda las reformas necesarias. Lituania ha mantenido la estabilidad macroeconómica y ha logrado reducir los desequilibrios presupuestario y exterior y la interferencia del estado. Las medidas proteccionistas introducidas tras la crisis rusa se han suprimido en gran parte. Se han hecho progresos significativos en la privatización del sector bancario, así como en la adopción de leyes importantes para reestructurar y liberalizar el mercado de la energía. En breve se completará la restitución de tierras. No obstante, es necesario mantener la disciplina presupuestaria y controlar el actual déficit por cuenta corriente. La viabilidad a medio plazo de las finanzas públicas no está garantizada aún. Los procedimientos de quiebra siguen sin funcionar correctamente. Hay que seguir desarrollando el capital material y humano y el sector financiero sigue siendo débil. Hay margen para una mayor integración comercial con la UE. Las autoridades deben aprobar las Leyes de quiebra y reestructuración y, posteriormente, garantizar su aplicación efectiva. Hay que mantener la disciplina presupuestaria y se debe garantizar la viabilidad de la hacienda pública a medio plazo. La reforma prevista de las pensiones debe pasar ahora a la fase de ejecución. Las reformas para mejorar el sector financiero deben completarse para impulsar la modernización de la capacidad de producción. Hay que flexibilizar el mercado del trabajo. Lituania ha hechos progresos globales significativos en términos de incorporación y, en menor medida, aplicación del acervo. Debe hacer un esfuerzo adicional, en particular en áreas como fiscalidad, agricultura, política regional y control financiero. La consolidación de la capacidad administrativa, que se ha S. 3/2000 55 Polonia ha empezado ya a abordar algunas de las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión. Rumania Rumania sigue cumpliendo con los criterios políticos de Copenhague. El gobierno ha manifestado su compromiso político de abordar el problema de los niños acogidos en instituciones y se han hecho algunos progresos. La responsabilidad de las instituciones se ha transferido a las autoridades locales, se ha adoptado una estrategia nacional para la reforma estructural y se han hecho las transferencias presupuestarias oportunas. Por lo tanto, se puede considerar que Rumania ha cumplido las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión de 1999. No obstante, la Comisión va a seguir vigilando de cerca la situación para garantizar que esta evolución política positiva conduzca a una reforma general y a una mejora de las condiciones de vida actuales en las instituciones afectadas. En el caso del pueblo gitano, persiste un grado de discriminación alarmantemente elevado. No se han cumplido aún las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión (elaboración de una estrategia nacional para el pueblo gitano y provisión del apoyo financiero adecuado para programas dirigidos a las minorías) y los progresos de los programas destinados a mejorar el acceso a la enseñanza han sido limitados. Cabe señalar una evolución permanente en el funcionamiento de los tribunales, aunque el proceso de reforma debe proseguir y consolidarse de acuerdo con las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión. Se deben hacer progresos adicionales por lo que se refiere a la desmilitarización de la policía y otros organismos dependientes del Ministerio del Interior (una prioridad a medio plazo de la asociación para la adhesión). Las instituciones democráticas rumanas están bien implantadas, pero el proceso de toma de decisiones sigue siendo débil. A pesar de las iniciativas adoptadas el año pasado, el gobierno sigue legislando mediante ordenanzas; se debería mejorar de forma sustancial el procedimiento de consulta en los proyectos legislativos. En términos de capacidad administrativa, Rumania ha cumplido las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión adoptando una ley de la función pública y creando una agencia de la función pública. Esta evolución debería servir de base para el desarrollo de un programa general de reforma de la administración pública. Se debe tener un cuidado especial para garantizar que la descentralización de responsabilidades cuente con suficientes recursos financieros y humanos a escala local. Se han hecho pocos progresos para reducir los niveles de corrupción y es necesaria una mayor coordinación entre las diferentes iniciativas de lucha contra la corrupción que se han puesto en marcha. No se puede considerar que Rumania sea una economía de mercado viable ni que sea capaz de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo. Sus perspectivas económicas no han mejorado sustancialmente. El país ha hecho algún progreso en estabilización macroeconómica; se ha reanudado el crecimiento y han aumentado las exportaciones. Romania ha adoptado estrategias y programas económicos, de acuerdo con las instituciones financieras internacionales y la UE. El amplio consenso económico sobre la estrategia económica a medio plazo muestra que el país es plenamente consciente de la necesidad de una reforma de la economía. Sin embargo, existen graves dificultades para aplicar estos acuerdos y adoptar decisiones sobre reformas clave a medio plazo. El frágil entorno macroeconómico, el incierto marco 62 S. 3/2000 jurídico e institucional y el desigual compromiso en materia de reformas siguen obstaculizando el desarrollo económico. Muchas de las instituciones necesarias para garantizar el funcionamiento de una economía de mercado o no existen o son demasiado débiles para ser eficaces. La insuficiencia de las reformas y una economía negra cada vez mayor han socavado los progresos alcanzados en la estabilización macroeconómica. La falta de un sistema financiero sólido y en buen funcionamiento obstaculiza la actividad económica. Una gran parte del sector empresarial no ha empezado aún la reestructuración o está todavía en ese proceso. La inversión ha seguido cayendo, demorando la necesaria modernización de la oferta. Hay una necesidad urgente de lograr una aplicación total y a tiempo de los programas acordados con las instituciones internacionales y de las medidas para alcanzar los objetivos de la estrategia económica a medio plazo. Se deben considerar prioritarias la mejora de la disciplina financiera y la creación de un entorno más trasparente y fácilmente accesible para las empresas. Se necesita urgentemente acelerar la privatización y la reestructuración de las grandes empresas, así como aplicar las reformas en materia de seguridad social y asistencia sanitaria para garantizar la estabilidad del erario público. Rumania ha seguido avanzando en la adopción del acervo, aunque los logros del año pasado han sido desiguales. En algunos sectores, tanto la transposición de textos legales como la creación de las estructuras administrativas necesarias han avanzado, pero, al mismo tiempo, en algunas áreas clave hay una alarmante falta de progresos. Entre las áreas en las que cabe señalar una evolución positiva se incluyen las de derecho de sociedades y competencia, en las que Rumania ha alcanzado un alto grado de compatibilidad con el acervo. Durante el año pasado también ha habido progresos significativas en la incorporación y aplicación del acervo de transportes (aunque todavía hay que abordar las cuestiones de armonización fiscal en el transporte por carretera y la seguridad marítima). Se ha avanzado en la incorporación del acervo sobre estadísticas, pero todavía hay que mejorar sustancialmente la cobertura estadística en algunas áreas. En cuanto a la legislación sobre el mercado interior, se han hecho progresos en el campo de la contratación pública y también se ha producido una evolución positiva respecto de la simplificación de la expedición de permisos de trabajo para ciudadanos de la UE y la adopción de una nueva Ley de seguridad social. Rumania ha facilitado también los requisitos de autorización sobre las importaciones de capital y ha hecho progresos en la lucha contra el blanqueo de dinero. La normativa sobre IVA e impuestos especiales se ajusta en líneas generales a los principios de la UE. A pesar de los logros que se acaban de señalar, el país tiene que progresar en otras muchas áreas. Respecto del mercado interior, Rumania tiene que desarrollar una legislación marco sobre los principios del nuevo planteamiento global. Una serie de crisis del sector bancario demuestra que se tiene que reforzar considerablemente la supervisión eficaz de los servicios financieros. Se debe seguir trabajando para facilitar las autorizaciones de exportación de capital e incorporar al ordenamiento jurídico interno el acervo sobre transferencias de créditos transfronterizas. La legislación rumana sobre la protección de datos personales sigue siendo inadecuada y se necesita una armonización sustancial en el área de los impuestos directos. En la agricultura es necesaria una importante reforma estructural del sector. No se dan todavía las condiciones que permitirían la aplicación de gran parte del acervo agrícola de la CE. La falta de capacidad administrativa es grave y el Ministerio de Agricultura no puede ni desarrollar las reformas necesarias ni aplicar de forma efectiva los elementos de la S. 3/2000 63 legislación que ya se han adoptado. En el sector de la política social se hicieron pocos progresos durante el período de referencia y es necesario adoptar medidas respecto de la adopción de un nuevo código laboral, mejorar la protección de los derechos de los trabajadores y ampliar la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo. Hay estructuras para el diálogo social, pero se les debe dar más importancia. En el sector del medio ambiente, a diferencia de lo observado en años precedentes, Rumania ha progresado con la preparación de estrategias para la incorporación del acervo, pero el grado de aproximación aún es muy bajo. Es necesario desarrollar evaluaciones de costes específicas y los correspondientes planes financieros para la aplicación del acervo medioambiental. El planteamiento de Rumania respecto de la política industrial no es aún suficientemente mercantil o previsible; el país tiene que desarrollar una política industrial oficial, tanto a escala nacional como sectorial. En telecomunicaciones no ha habido progresos sustanciales en incorporación del acervo y deben hacerse esfuerzos adicionales para desarrollar el marco reglamentario. En el ámbito de justicia y asuntos de interior se han adoptado medidas positivas en los campos de política de visados, gestión de fronteras y derecho de asilo. Dicho esto, Rumania sigue teniendo que adoptar o modificar su legislación en varias áreas importantes (situación de los extranjeros, fronteras estatales, organización de la policía y estatuto de los funcionarios de policía). sustancialmente la programación de gastos a medio plazo. En relación con lo anterior, otro motivo de inquietud es la capacidad de las instituciones rumanas para administrar eficazmente el nivel cada vez mayor de fondos comunitarios. Es necesario desarrollar un sistema de definición presupuestaria por programas y reforzar el proceso general de ejecución del presupuesto. Rumania también debe tomar medidas para reforzar las funciones de control financiero público mediante la asignación del personal, la formación y los equipos adecuados. La calidad de la administración rumana es muy variada. Algunos ministerios están bien dirigidos y cuentan con personal cualificado. Pero, en términos generales, la capacidad de la administración pública para aplicar y administrar el acervo es muy limitada y supone una limitación importante para preparar la adhesión. A pesar del reconocimiento generalizado por parte de Rumania de que éste es un problema fundamental, se han hecho pocos progresos para desarrollar la capacidad administrativa desde el informe periódico anterior. Siguen siendo válidas las principales conclusiones del informe de 1999: necesidad de crear algunas instituciones clave, carencia del necesario nivel de competencias de la administración en muchos sectores clave, en especial agricultura y medio ambiente, y necesidad de garantizar la independencia de los organismos reglamentarios y de supervisión. Las autoridades rumanas no han elaborado aún un marco estratégico general para el control financiero interno. Sigue siendo necesario desarrollar unas directrices políticas para las funciones de control financiero preventivo y auditoría interna (esto es especialmente importante a nivel local, donde la capacidad para administrar y controlar los fondos públicos sigue siendo escasa). Siguen siendo necesarios esfuerzos sustanciales para desarrollar mecanismos de control de los fondos de preadhesión. Los procedimientos presupuestarios nacionales son débiles y se debe mejorar En cuanto al cumplimiento de las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión, Rumania ha hecho algún progreso en las áreas de fiscalidad, aduanas, transporte y justicia y asuntos de interior, aunque no haya cumplido aún totalmente con ninguna de las prioridades identificadas para estos sectores. Se han hecho algunos progresos limitados en las prioridades relativas a mercado interior y refuerzo de la capacidad administrativa y judicial. En los ámbitos de agricultura, empleo y asuntos sociales y medio ambiente no se han constatado progresos sustanciales. 64 S. 3/2000 Rumania ha empezado ya a abordar algunas de las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión. Eslováquia Eslováquia sigue cumpliendo con los criterios políticos para la adhesión como reconocía por primera vez el último informe periódico. El país ha seguido avanzando en la consolidación de su sistema democrático y en el funcionamiento normal de sus instituciones. Sin embargo, el proceso de reforma ha perdido velocidad, en parte a causa de las disensiones internas de la coalición gobernante. Se adoptaron algunas medidas jurídicas para reforzar la independencia de los tribunales. No obstante, no se han adoptado aún elementos clave de la reforma, en particular la modificación constitucional sobre el sistema de nombramientos y de prueba que se había calificado como una prioridad a corto plazo. En consecuencia, es necesario un esfuerzo continuado para garantizar la independencia del poder judicial. También se hicieron progresos en la lucha contra el crimen y la corrupción, principalmente mediante la formulación de una política gubernamental y la incorporación al ordenamiento jurídico de requisitos internacionales. Las buenas intenciones y conceptos bienpensantes deben traducirse sin más demora en medidas específicas para que Eslováquia pueda mejorar sus hasta ahora insuficientes logros en este contexto. Cabe señalar progresos en el desarrollo de planteamientos para hacer frente a los problemas de las minorías, pero sigue habiendo un vacío entre la formulación política y la aplicación sobre el terreno. No se ha alcanzado en general una mejora tangible de la situación de la minoría gitana mediante la aplicación de medidas específicas, y esta era una prioridad a corto plazo de la asociación para la adhesión de 1999. En este sentido, Eslováquia debe hacer un esfuerzo mayor para aplicar la legislación en varios sectores y reforzar las estrategias y medios presupuestarios, de acuerdo con las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión de 1999. La adopción de la Ley de la función pública y el inicio de la aplicación de la estrategia de reforma de la administración pública, dos de las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión de 1999, se han retrasado. Se debe hacer un esfuerzo continuado para mantener el impulso en estas importantes áreas del proceso de reforma. Se puede considerar que Eslováquia es una economía de mercado viable que debería poder hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre que la agenda de reformas estructurales se ejecute en su totalidad y se amplíe para incluir las otras reformas. La estabilidad macroeconómica se ha restablecido ahora a través de medidas dirigidas a la reducción de los déficit presupuestario y externo. Se ha implantado el marco legislativo para la actividad empresarial. Se están eliminando las distorsiones de precios y ha empezado la privatización de los servicios públicos. Las autoridades están haciendo avances satisfactorios en el campo de la reestructuración y privatización de los bancos de propiedad estatal. Sin embargo, los progresos en estabilización macroeconómica tendrán que consolidarse mediante una continuada combinación de medidas políticas prudentes. Las actuales propuestas presupuestarias para 2001, en particular, podrían poner en peligro los logros en materia de estabilización, mientras que todavía no está garantizada la viabilidad a medio plazo de las finanzas públicas. Las reformas estructurales en curso deben completarse y la nueva legislación se deberá aplicar de manera efectiva. Hay que reforzar más la supervisión del sector bancario. S. 3/2000 65 Las autoridades tienen que poner en práctica las reformas restantes y ejecutar la privatización en los sectores de finanzas y energía de acuerdo con lo planeado. Se deberá dar prioridad a la aplicación efectiva del marco jurídico y a la capacidad administrativa. Las finanzas públicas se deben mantener bajo control a corto plazo y, a medio plazo, deben consolidarse, en especial en las áreas de salud, pensiones y seguridad social. Esto permitiría disponer de un margen para la financiación de inversión pública y para medidas destinadas a reducir las disparidades de los mercados regionales de mano de obra y potenciar la movilidad de los trabajadores. Eslováquia ha seguido haciendo progresos significativos en la aproximación de su legislación al acervo, aumentando así su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión. Sin embargo, los progresos no han sido uniformes en todos los capítulos. Como ya se indicaba en el informe periódico del año pasado, algunas áreas, como las de derecho de sociedades, agricultura, transporte, política regional y coordinación de los instrumentos estructurales, medio ambiente y control financiero, se han retrasado. Además, en general se constatan más progresos en el campo de la formulación legislativa que en el de la consolidación de las instituciones responsables de la aplicación y puesta en vigor. Hay que resolver estas carencias y se deben asignar a esta labor los recursos adecuados. Por lo que se refiere a la legislación sobre mercado interior, se han hecho progresos notables en contratación pública, servicios financieros y movimientos de capital y en la preparación del terreno para la plena aproximación en el área del nuevo planteamiento, incluida la normalización. Se ha progresado poco por lo que se refiere a la libre circulación de personas, ya que no se ha establecido un marco general para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los extranjeros. Además de seguir con la aproximación legislativa, se plantea ahora un reto especial para ofrecer la capacidad adecuada para la aplicación y puesta en vigor del acervo. En derecho de sociedades no ha habido progresos sustanciales en materia de aproximación, con la excepción parcial de la legislación contable. Se necesita un esfuerzo sostenido, en particular respecto de la normativa sobre marcas y patentes y de lucha contra la piratería y las falsificaciones. En política de competencia los progresos legislativos han supuesto que las normas antitrust se han adaptado en gran parte y ahora la atención se debe centrar en su aplicación. A pesar de los progresos realizados en el área de las ayudas estatales, se deben adoptar aún medidas legislativas y hay que reforzar la recientemente creada autoridad de control de las ayudas estatales. También se han hecho progresos tangibles en el área de estadísticas; este esfuerzo debe proseguir, en particular por lo que se refiere a estadísticas macroeconómicas y armonización de estadísticas regionales. Se han hecho progresos sustanciales en el sector de política industrial a través de la privatización y la reestructuración. Se debe prestar una atención especial al respeto de las normas comunitarias sobre ayudas estatales. También se ha progresado considerablemente, en especial en términos de legislación, en los sectores de telecomunicaciones y medios audiovisuales. Ahora se debe hacer hincapié en particular en reforzar la capacidad administrativa. Aunque Eslováquia ha hecho progresos satisfactorios en el campo de la protección de los consumidores y de la salud, tanto por lo que se refiere a medidas relacionadas con la seguridad como a la protección de los consumidores, se requiere aún un trabajo de aproximación y se deben garantizar una coordinación y consolidación adecuadas de los organismos implicados en actividades de vigilancia del mercado. En cuanto a la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, se han hecho progresos significativos en la aproximación de la legislación sobre política de visados y derecho de asilo. Es necesario, sin embargo, hacer progresos considerables en todas las 66 S. 3/2000 áreas pertinentes del acervo, con especial atención a los aspectos de migración, control de fronteras y lucha contra la criminalidad. En el sector de la agricultura, donde el esfuerzo se ha centrado en los preparativos para el programa Sapard, los progresos han sido limitados. A pesar de los progresos de los últimos años, es necesario acelerar la aproximación y la aplicación, con especial hincapié en el establecimiento de un sistema integrado de administración y control, en la adopción de reglamentaciones de mercado específicas y en la aplicación continuada de la legislación veterinaria y fitosanitaria. En el campo del transporte, la aproximación ha sido limitada en los sectores del transporte por carretera y navegación interior. No obstante, en la mayoría de las áreas, en particular en las de transporte ferroviario y por carretera, sigue siendo necesario un esfuerzo sustancial de aproximación, así como el refuerzo de las estructuras administrativas correspondientes. Se han hecho algunos progresos en el sector de la energía y en el campo de política regional y coordinación de instrumentos estructurales, pero Eslováquia debe aún intensificar su esfuerzo en materia de adecuación y reforzar su capacidad administrativa en estos sectores. Los progresos han sido limitados en el campo del medio ambiente, en el que se debe hacer aún un esfuerzo sustancial por lo que se refiere a aproximación legislativa, inversiones y capacidad de aplicación y puesta en vigor. En cuanto a las aduanas, el país ha alcanzado ya un grado considerable de aproximación de su legislación, aunque no ha hecho progresos significativos durante el período de referencia. Sigue siendo necesario hacer un esfuerzo para completar el marco legislativo y garantizar una correcta aplicación del acervo de aduanas. No se señalan muchos progresos en el área de control financiero, donde Eslováquia debe hacer progresos sustanciales, en particular desarrollando las funciones públicas necesarias de control financiero interno. En cuanto a la capacidad administrativa en general, Eslováquia, salvo algunas excepciones, ha hecho escasos progresos en la consolidación de las instituciones pertinentes. Por otra parte, las demoras en la adopción de la reforma de la administración pública y la Ley de la función pública contribuyen también a esta debilidad general. El cumplimiento de las prioridades a corto plazo varía mucho entre los diferentes sectores. Por lo que se refiere al mercado interior, el país ha cumplido en gran medida con las prioridades correspondientes. Mientras que en las áreas de política social y empleo, energía y cooperación en el ámbito de justicia y asuntos de interior las prioridades a corto plazo se han cumplido parcialmente, en el caso de la agricultura sólo se han cumplido de forma limitada. En cuanto a medio ambiente y refuerzo de la capacidad administrativa y judicial, las prioridades a corto plazo siguen básicamente sin cumplirse. Eslováquia ha dado los pasos iniciales para empezar a abordar algunas de las prioridades a medio plazo. Eslovénia Eslovénia sigue cumpliendo con los criterios políticos de Copenhague. Se han hecho progresos en la reforma judicial, que es una prioridad a medio plazo de la asociación para la adhesión, pero todavía es demasiado pronto para evaluar la eficacia de las nuevas medidas destinadas a reducir la acumulación de asuntos pendientes ante los tribunales. La reforma de la administración pública es otra de las áreas que requieren atención. Desde el último informe periódico se han hecho pocos progresos en este sentido, puesto que aún no se han adoptado los elementos legislativos importantes que van a ser la base de la reforma. Se trata de una prioridad S. 3/2000 67 a corto plazo de la asociación para la adhesión. El proceso de desnacionalización sigue siendo lento y hay que hacer un esfuerzo para acelerarlo. Se puede considerar que Eslovénia es una economía de mercado viable y capaz de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión en un futuro próximo, siempre que complete las reformas pendientes que reforzarán la competitividad de la economía. La continuada estabilidad macroeconómica, con una balanza presupuestaria y externa bajo control, han sido la base de un crecimiento firme. Se han adoptado algunas medidas para garantizar la viabilidad a medio plazo de la reforma de las pensiones. El marco jurídico y reglamentario de una economía de mercado se ha implantado en gran medida. Sin embargo, la aplicación de dicho marco se puede mejorar. Por otra parte, el Estado sigue teniendo una influencia considerable en algunas áreas de la economía. En particular, el predominio continuado del sector financiero por bancos de propiedad estatal se opone al desarrollo y la competencia. El lento avance de la privatización y los rígidos requisitos empresariales hacen que los flujos de inversión directa extranjera se mantengan a un nivel bajo. El avance de la mejora del entorno económico, combinado con una realización total y dentro de plazo de la privatización, las reformas estructurales y la liberalización del mercado, atraerá a más inversores extranjeros y ofrecerá mejores condiciones para un crecimiento sostenido en el futuro. A corto plazo, es necesario revitalizar la reforma del sector financiero, en el que hay que impulsar la competencia, y acelerar la reestructuración empresarial. También se debe incrementar la flexibilidad del mercado del trabajo. Estas medidas promoverán el desarrollo de empresas y mejorarán la eficiencia del mercado. Desde el último informe periódico, Eslovénia ha hecho un avance global satisfactorio en la incorporación al ordenamiento jurídico del acervo comunitario. En algunas áreas clave, como medio ambiente, agricultura, libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios y energía, ha hecho progresos significativos. En estas áreas, los preparativos para la adhesión han avanzado mucho. En cambio, en otras áreas, en particular en lo que se refiere al acervo sobre libre circulación de personas, telecomunicaciones y sector audiovisual, sólo se han hecho progresos limitados. Eslovénia ha reforzado su capacidad administrativa, pero en algunas áreas sigue siendo necesario trabajar en esta cuestión. Desde el último informe periódico, Eslovénia ha hecho progresos satisfactorios para la adopción de legislación en las áreas clave del acervo de mercado interior. Se han hecho progresos sustanciales en el establecimiento del marco legislativo para la libre circulación de mercancías, incluida la contratación pública y el país se debe concentrar ahora en la puesta en vigor completa y dentro de plazo de la legislación restante y en el refuerzo de la creación institucional. Ha habido también progresos significativos en el área de la libre prestación de senicios. Con la adopción de la legislación sobre seguros, se ha completado ya gran parte del trabajo legislativo en esta área. El marco legislativo para la libertad de movimientos de capital ya se ha implantado, pero Eslovénia debe seguir eliminando las restantes restricciones administrativas de los movimientos de capital. Desde el último informe, se ha avanzado poco en el campo de la libre circulación de personas, área en la que se requiere un esfuerzo legislativo. El marco legislativo también está bastante avanzado en el área del derecho de sociedades, pero se deben introducir aún algunas mejoras, por ejemplo en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual. Eslovénia ha completado el marco legislativo e institucional de política de competencia con la adopción de la Ley de control de ayudas estatales y de derecho derivado, así como la 68 S. 3/2000 creación de la comisión de control de las ayudas estatales; el esfuerzo se debe centrar ahora en definir un procedimiento adecuado de aplicación en esta área. Se han hecho progresos firmes en el área de la fiscalidad, excepto en el incumplimiento del compromiso del país sobre la clausura de las tiendas libres de impuestos. En el sector del transporte, los progresos han sido desiguales y la situación general varía: mientras que se han hecho progresos satisfactorios en el sector del transporte terrestre, la adopción de legislación clave por el Parlamento en las áreas de transporte marítimo y aéreo se ha retrasado. Durante el pasado año, se ha avanzado en el sector de la energía con la creación de la agencia de la energía y la adopción de legislación clave. En los sectores de telecomunicaciones y medios audiovisuales se ha progresado muy poco. La Ley de medios de comunicación pública, base de la aproximación al acervo en el sector audiovisual, no se ha adoptado aún. La Ley de telecomunicaciones tampoco se ha adoptado aún y tampoco se ha creado todavía la autoridad de vigilancia del sector de las telecomunicaciones. Eslovénia también ha hecho progresos en el sector de la agricultura, en particular con la adopción de la Ley agraria y la creación de la agencia de mercados agrarios y desarrollo rural. Deberá proseguir la aproximación de la legislación en los sectores fitosanitario y veterinario. Eslovénia ha avanzado satisfactoriamente con la adopción de legislación en el ámbito del medio ambiente. La atención se debe centrar ahora en la aplicación y puesta en práctica. Como en el período anterior, ha proseguido el avance satisfactorio en el área de justicia y asuntos de interior, donde se ha seguido desarrollando el marco legislativo. No obstante, el país debe seguir trabajando en el área de los controles en las fronteras, que sigue siendo una prioridad que debe abordar. En líneas generales, la capacidad administrativa de Eslovénia para la aplicación del acervo ha mejorado. Desde el último informe periódico, se han hecho progresos significativos con el establecimiento de las instituciones de supervisión y aplicación en las áreas de ayudas estatales, energía y agricultura y la separación de las instituciones responsables de la normalización, la acreditación y la certificación. Se deben crear aún organismos reglamentarios independientes para telecomunicaciones y protección de datos. La atención se debe dirigir ahora al refuerzo de la capacidad administrativa en algunas áreas específicas como, a nivel local, el sector de medio ambiente, control de fronteras, contratación pública y supervisión de seguros. Eslovénia ha cumplido una cantidad significativa de las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión, especialmente en las áreas de los criterios económicos, transporte, medio ambiente y empleo y asuntos sociales. En otras áreas, las prioridades sólo se han cumplido parcialmente. Eslovénia ha empezado a abordar también algunas de las prioridades a medio plazo. Turquía Un hecho positivo desde el último informe periódico ha sido el inicio en la sociedad turca de un amplio debate sobre las reformas políticas necesarias para la adhesión a la UE. En este contexto, se han tomado dos iniciativas importantes: la firma de varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos y el reciente respaldo por el Gobierno de los trabajos del consejo supremo de coordinación en el ámbito de los derechos humanos. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la situación sobre el terreno casi no ha mejorado y Turquía sigue sin cumplir con los criterios políticos de Copenhague. En Turquía siguen dándose las características básicas de un sistema democrático, pero la aplicación de las reformas institucionales S. 3/2000 69 necesarias para garantizar la democracia y el Estado de derecho es lenta. Se han producido cambios en el ejecutivo respecto de las relaciones UE-Turquía, pero algunos aspectos institucionales básicos, como el control civil de las fuerzas armadas, siguen sin abordarse. Por lo que se refiere al poder judicial, el nuevo procedimiento que facilita el enjuiciamiento de funcionarios es una evolución alentadora. Siguen pendientes de aprobación los importantes proyectos de ley relativos al funcionamiento de los tribunales a los que se hacía referencia en el informe periódico del año pasado. No ha habido mejoras adicionales respecto de los tribunales de seguridad del Estado desde su última reforma en junio de 1999. La corrupción sigue siendo alarmante. Las penas de muerte, incluido el caso de Abdullah Öcalan, no se están ejecutando, pero muchos aspectos de la situación general de los derechos humanos siguen siendo alarmantes. La tortura y los malos tratos distan mucho de haberse erradicado, aunque las autoridades y el Parlamento consideran la cuestión con gravedad y se están poniendo en práctica programas de formación sobre derechos humanos. Las condiciones de vida en las prisiones no han mejorado, aunque el país ha emprendido una reforma sustancial de su sistema penitenciario. La libertad de expresión, de asociación y de reunión siguen sufriendo restricciones regularmente. Parece que se ha adoptado un planteamiento positivo respecto de las comunidades no musulmanas por lo que se refiere a la libertad religiosa, pero esto debería extenderse a todas las comunidades religiosas, incluidos los musulmanes no sunníes. En comparación con el año pasado, la situación respecto de los derechos económicos, sociales y culturales no ha mejorado, en particular por lo que se refiere al beneficio de derechos culturales por todos los turcos, con independencia de su origen étnico. La situación en el sudeste del país, donde la población es mayoritariamente kurda, no ha cambiado de forma sustancial. Turquía ha hecho progresos considerables para hacer frente a los desequilibrios más apremiantes de su economía, pero el proceso de construcción de una economía de mercado viable no se ha completado. Muchos sectores de la economía del país ya son capaces de responder a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de una unión aduanera con la CE. Se han hecho progresos sustanciales en estabilización macroeconómica. La privatización de empresas estatales ha sido un éxito y se han adoptado medidas importantes para la reforma del sector agrario, el sistema de seguridad social y el sector financiero. No obstante, todavía no se ha alcanzado la estabilidad macroeconómica y hay que implantar aún una base sólida para unas finanzas públicas viables a medio plazo. Sigue habiendo demasiados sectores, tanto en la fabricación como en las finanzas, en los que el predominio del estado implica distorsiones comerciales. Turquía debe mejorar la calidad del sistema educativo, la asistencia sanitaria y las infraestructuras para reforzar la competitividad de su capital humano y material y hacer posible la reducción de las actuales disparidades sociales y regionales. Las autoridades deberán seguir centrándose en la reducción de las presiones inflacionistas y el déficit público y mantener su compromiso en materia de reformas estructurales y liberalización del mercado. Deben redefinir sus prioridades, en una perspectiva a medio plazo, con objeto de asignar financiación suficiente para educación, asistencia sanitaria y servicios sociales. Sigue siendo necesaria una reestructuración significativa en varios sectores, como la banca, la agricultura y las empresas estatales, para garantizar a medio plazo la competitividad del conjunto de la economía. En general, la aproximación de Turquía al acervo comunitario en las áreas incluidas en la unión aduanera es la que más ha avanzado. No obstante, desde el último informe periódi70 S. 3/2000 co, la incorporación al ordenamiento interno de legislación de esos sectores ha sido limitada. Turquía, como país candidato, tiene que empezar a hacer progresos sustanciales en materia de aproximación al acervo en todos los otros ámbitos. Se necesitan estrategias y programas precisos (con prioridades) para la incorporación, aplicación y puesta en práctica de las correspondientes áreas del acervo. Los resultados de la preparación del examen analítico del acervo y el programa nacional para la adopción del acervo que debe establecer Turquía serán una herramienta importante para este trabajo. Son necesarias reformas administrativas sustanciales para aplicar y poner en práctica correctamente las distintas políticas comunitarias. La adaptación de la base estadística turca a la de Eurostat es una prioridad muy importante. Por lo que se refiere a la legislación sobre mercado interior, hay que hacer esfuerzos en las áreas de libre circulación de mercancías, en particular respecto de la adaptación de normas y eliminación de otros obstáculos técnicos al comercio. Como consecuencia de las obligaciones contraidas en virtud de la unión aduanera este proceso debe completarse para finales de 2000. El comercio de productos agrícolas sigue siendo un problema. Para el mercado interior Turquía tiene que adoptar una legislación marco basada en los principios del nuevo planteamiento global. Se han realizado reformas sustanciales en el sector bancario. No se han registrado progresos en la incorporación de legislación sobre movimientos de capital. Persisten los graves problemas de blanqueo de dinero. La adaptación en las áreas de servicios no financieros y libre circulación de personas está en una fase muy temprana. Falta mucho por hacer en todos los otros aspectos del mercado interior, así como respecto de la consolidación institucional, por ejemplo en el sector de ayudas estatales. Es necesario reajustar los monopolios turcos. El derecho de sociedades turco está sujeto a una evaluación por la Comisión de su cumplimiento de la legislación comunitaria. Se requiere una armonización sustancial en el área de fiscalidad. En el área de aduanas la adaptación es casi total. Se han hecho importantes progresos en telecomunicaciones para introducir la competencia, pero es necesaria una mayor aproximación al acervo comunitario. La piratería de material audiovisual sigue siendo un problema grave. La prioridad en agricultura y pesca es empezar a introducir los mecanismos y estructuras básicos (estadísticas, catastro de tierras, un mejor registro de la flota pesquera, lucha contra las enfermedades, sistemas de identificación de plantas y animales, mejora de los equipamientos) para poder gestionar estas políticas. El registro de seguridad marítima de la flota turca sigue siendo motivo de preocupación. El transporte marítimo y por carretera tiene que adaptarse a las normas de la CE. En el campo de la política social, la legislación de Turquía sigue siendo muy diferente de la de la Comunidad, en particular en términos de normas, métodos y requisitos de control. Falta mucho por hacer en las distintas áreas. Lo mismo puede decirse respecto de la legislación clave en el sector de la energía para la reforma de los sectores de electricidad y gas, que sigue pendiente. En cuanto al medio ambiente, se recomiendan como primer paso estrategias para la incorporación del acervo. En comparación con 1999, no se han hecho progresos importantes en el campo de justicia y asuntos de interior. Por lo que se refiere a la emigración, se debe acelerar el esfuerzo para reducir el número de emigrantes ilegales que intentan llegar a los países de Europa Occidental. Se recomienda que los diferentes departamentos de Turquía se coordinen mejor para que los controles, en particular de salida del país, sean más eficaces. S. 3/2000 71 7^ > O O ό o ω m ω Ô Precio en Luxemburgo (IVA excluido): 8 EUR * * * OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES ** Of> ** DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS * —■— * * * * L2985 Luxembourg ISBN ΊΕ-ηΊ4-0417-5 789289 404 74 >