Los Estudios electorales en España : un balance bibliográfico (1977-1991)

Los estudios electorales en España: un balance bibliográfico José Ramón MONTERO Universidad Autónoma de Madrid Francesc PALLARÈS Universitat Autònoma de Barcelona Working Paper n.49 Barcelona 1992 El desarrollo de los estudios electorales depende obviamente de la existencia de elecciones; y exige, a fortiori, elecciones libres, competitivas y periódicas, es decir, democráticas. En la vida política española estos requisitos se han cumplido sólo excepcionalmente desde la mitad del siglo XIX: durante largos períodos de tiempo no se han convocado elecciones o, cuando las ha habido, tenían tantas y tan grandes anomalías que significaban un falseamiento sistemático de la voluntad popular. De ahí que en España, uno de los primeros países occidentales en adoptar el sufragio universal (masculino), los estudios electorales están todavía en sus comienzos. Ciento veinte años después de la celebración de las primeras elecciones con voto universal, directo y secreto, los análisis electorales no han alcanzado aún un nivel comparable al de otros países, ni siquiera al de otras ramas de las ciencias sociales en España. La reciente transición democrática ha impulsado la publicación de un número relativamente elevado de trabajos sobre el comportamiento electoral. Pero todavía son evidentes las consecuencias de las discontinuidades políticas de la historia española. La mayor parte de los estudios electorales actuales se hace con enfoques tradicionales, con medios escasos o/y con datos inapropiados. Y aunque tienen un prometedor futuro, se resienten además de una falta de tradición académica y de una débil institucionalización científica. Discontinuidades políticas y electorales Tras su implantación en 1868, el sufragio universal estuvo interrumpido en varias ocasiones, que sumaron más de 60 años (1876-1890, 1923-1930, 1936-1977). Los procesos electorales de la monarquía liberal de finales del XIX y principios del XX se efectuaron en condiciones extraordinariamente anómalas. Entre 1868 y 1923 se celebraron 23 elecciones legislativas, cuyos resultados carecieron de representatividad alguna a causa del caciquismo y del monopolio parlamentario de los partidos dinásticos. Los fraudes, las manipulaciones y las irregularidades acuñaron los términos dar pucherazo, que se referían al conjunto de actividades por el que los procesos o los resultados de una elección se falseaban para ajustarlos a los propósitos del partido correspondiente. Después del paréntesis de la dictadura de M. Primo de Rivera (19231930), en la segunda República (1931-1936) se llegaron a celebrar tres elecciones legislativas, a las que cabe calificar de democráticas. Pero la polarización electoral, la inestabilidad política y la quiebra del propio sistema republicano dieron paso a la guerra civil (1936-1939) y a la dictadura del general F. Franco (1939-1975), el más duradero de los regímenes autoritarios nacidos en la Europa de entreguerras. En consecuencia, el falseamiento electoral y la discontinuidad democrática han marcado históricamente tanto el origen como el desarrollo posterior de los estudios electorales. Los pioneros del siglo XIX carecieron de discípulos que continuaran sus trabajos, mientras que la relativa abundancia actual sufre las limitaciones propias de un crecimiento demasiado rápido (Vallès, 1978). Los primeros libros que manifiestan pretensiones estadísticas en la sistematización de resultados electorales se remontan a la época del sufragio censitario (Borrego, 1874; Pastor, 1863). Pero, a diferencia de lo ocurrido en otros países, sus esfuerzos no encontraron continuación entre quienes podrían haber vinculado las cuestiones electorales a una sociología todavía en germen, o haber desarrollado técnicas entonces modernas como la cartografía. A medida que el falseamiento electoral se generalizaba e incluso se institucionalizaba, la atención por las cuestiones electorales se trasladó definitivamente del tratamiento cuantitativo de unos resultados en los que nadie creía a las denuncias, las protestas y las críticas. La literatura que rechazaba las prácticas electorales fraudulentas y exigía la pureza del sufragio llegó a dominar el panorama de las publicaciones políticas (Costa, 1902). Las preocupaciones generales del regeneracionismo anularon las posibilidades de desarrollo de trabajos electorales de naturaleza precientífica. Estos trabajos fueron realmente escasos, y sus contenidos incluían las inevitables denuncias, contra las técnicas caciquiles de manipulación del voto, junto con las recopilaciones estadísticas de los resultados electorales en distintos niveles (Zancada, 1914). Fueron más abundantes, en cambio, las publicaciones referentes a la legislación electoral (Bravo, 1890), al sistema parlamentario (Azcárate, 1885), al sistema electoral proporcional, como alternativa que podría evitar algunas de las irregularidades del voto (Giménez Fernández, 1925) y a las propuestas de reformas jurídicas o políticas (Vivanco, 1907). Y algo similar, aunque por diferentes motivos, ocurrió durante la segunda República: pese a tratarse en este caso de elecciones democráticas, los cortos cinco años del régimen republicano y su elevada polarización ideológica impidieron la aparición de cualquier tipo de trabajo sobre ellas. Los primeros estudios electorales El hecho es que a finales de los años treinta de este siglo la denominada sociología electoral carecía en España de precedentes significativos, de líneas de investigación más o menos rudimentarias y de especialistas; sencillamente, carecía de existencia, ni siquiera de la germinal que ya se daba en otros países. La guerra civil y la dictadura reforzaron aún más, si cabe, esta situación negativa. La lógica del régimen autoritario implicaba no sólo la ausencia de elecciones, sino también la transmisión de actitudes radicalmente contrarias a los mecanismos electivos. Y, de otra parte, las penosas condiciones culturales y universitarias se reflejaron cumplidamente en la extremada debilidad de las ciencias sociales. Ambas circunstancias impidieron la aparición de cualquier tipo de estudios electorales durante los años cuarenta, cincuenta y parte de los sesenta, precisamente cuando en los Estados Unidos y Europa comenzaba el extraordinario crecimiento del behavioralismo y, más específicamente, de las investigaciones sobre el comportamiento político. A partir de la mitad de la década de los sesenta, sin embargo, el panorama comenzó a cambiar. Motivados por distintas razones políticas, académicas y científicas, jóvenes investigadores comenzaron a realizar sus tesis doctorales sobre la historia reciente de España. Se trataba de historiadores y de científicos de la política (en mucha mayor medida que de sociólogos) que pretendían profundizar en el pasado inmediato mediante el conocimiento científico. La historia electoral ocupó un lugar destacado, favorecida quizás por el dato de que algunos de los estudios precursores de esta fase, debidos a hispanistas de diversos países, se habían centrado en cuestiones electorales (Bécarud, 1967). Pese a ello, los trabajos dedicados a las elecciones de la monarquía liberal siguen siendo insuficientes. El más ambicioso es el de Martínez Cuadrado (1969), que recoge información sobre las campanas y los partidos intervinientes en cada una de las elecciones celebradas entre 1868 y 1931, cuyas tendencias principales de resultados representa cartográficamente. Aunque existen algunos estudios sobre el período, resultan demasiado descriptivos o generales, siendo sólo unos pocos los que prestan atención a cuestiones estrictamente electorales (Tusell, 1970a y 1979; Varela Ortega, 1977). Y existen también trabajos monográficos sobre la vida electoral en determinadas regiones y provincias, pero realizados con los inconvenientes de una notable variedad geográfica, temporal y metodológica, lo que dificulta las generalizaciones sobre el comportamiento electoral de los españoles durante la Restauración (por ejemplo, Fagoaga, 1985; Mir, 1985; Molins, 1985b; Aguiló Lucía, 1976; Tusell 1969). La mayor parte de los trabajos publicados sobre la vertiente histórica de la sociología electoral se localiza en el período de la segunda República. Los motivos de esta concentración son fácilmente comprensibles. De un lado, las elecciones desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento, la falta de consolidación y la crisis final del sistema político republicano. Competitivas y democráticas, cada una de las tres consultas electorales produjo desplazamientos espectaculares de la fuerza parlamentaria de los partidos, y dió lugar a un sistema pluripartidista con mayores dosis de fragmentación y polarización que los de la Alemania de Weimar. De otro lado, los niveles territoriales de estudios han solido ser los locales o regionales (cuyos datos electorales agregados parecían accesibles) y las técnicas de análisis han sido las convencionales de relacionar prima facie los resultados con su distribución geográfica y con los acontecimientos políticos. Tras los precedentes de los dedicados a Madrid (Tusell, 1970b) y Barcelona (González Casanova, 1969), surgieron así numerosos trabajos que estudiaban los partidos y las elecciones (las tres republicanas o, más frecuentemente, alguna de ellas) en una ciudad, una provincia o una región. (Los estudios publicados son demasiados para relacionarlos aquí; una selección indicativa, y ya posiblemente desfasada, está en Tusell, 1982.) Pero sólo unos pocos han considerado datos extraelectorales de naturaleza social o económica o/y han introducido técnicas analíticas de mayor complejidad para intentar una explicación más ambiciosa del comportamiento electoral (Canals, 1977; Sánchez Sánchez y Mateos Rodríguez, 1977; Virós, 1977; Vilanova, 1974). Siguen siendo todavía insuficientes los estudios dedicados en el nivel nacional a las elecciones de 1931 (Tusell, 1982), 1933 (Irwin, 1975) y 1936 (Tusell, 1971; Linz y De Miguel, 1977). Y son igualmente escasos los estudios que tratan monográficamente de aspectos particulares del proceso electoral o de los resultados electorales. Con la excepción de los que analizan el sistema de partidos en el nivel nacional, sobre los que existen algunas investigaciones destacables (Artola, 1974; Linz, 1967; Ramírez, 1975, 1981 y 1987; Varela, 1978; Montero, 1988a), cuestiones cruciales como el voto femenino (Capel, 1975), la legislación electoral (Carreras, 1983) o la influencia del sistema electoral en la crisis de consolidación de la República (Linz, 1978a), por ejemplo, han recibido una atención solo esporádica. Otros temas no menos importantes han carecido incluso de esa mínima atención, permaneciendo todavía a la espera de análisis monográficos. Todo ello hace que el balance de los análisis electorales históricos contengan más sombras que luces. Además de estas lagunas, una parte considerable de los estudios regionales o locales ha pretendido alcanzar objetivos dispares o se ha llevado a cabo con diferentes tratamientos, lo que ha provocado una frecuente yuxtaposición, que no acumulación, de resultados científicos. Y tampoco existen por el momento series estadísticas estandarizadas de datos electorales depurados en niveles municipales sobre los que intentar más adelante una explicación contextual del comportamiento político por su combinación con otro tipo de datos; las excepciones más notables son las referentes a las elecciones en Cataluña durante la segunda fase de la Restauración (Balcells, Culla y Mir, 1982) y durante la República (Vilanova, 1986). Pero estos problemas tienen difícil solución a corto plazo, habida cuenta de que, como veremos, los especialistas en estudios electorales concedieron prioridad, desde mediados de los años setenta, a la transición democrática y a la serie de nuevas elecciones que comenzó entonces. Los estudios electorales de la democracia: limitaciones y problemas En sentido estricto, los estudios electorales han comenzado en España hace sólo quince años. Se trata, por lo tanto, de una rama de las ciencias sociales recientísima, más que moderna, por lo que sus problemas de crecimiento se complican al producirse simultáneamente con un creciente número de consultas electorales. (Debe recordarse que desde 1977 no ha habido prácticamente un año en el que no se convocara algún proceso electoral: se han celebrado así ocho referenda -cinco de ellos de ámbito regional-, cinco elecciones legislativas para el Congreso de los Diputados y el Senado, cuatro municipales, dos europeas, cuatro regionales para los Parlamentos de las Comunidades Autónomas “especiales” y tres regionales para los de las restantes trece Comunidades.) A estas dificultades generales se unen otras cuatro de índole particular, que también afectan al desarrollo de los estudios electorales en España. (i) Los estudios electorales han sido abordados por un reducido número de investigadores desde la Ciencia Política y la Sociología, como lógica consecuencia de representar uno de los territorios “fronterizos” entre ambas disciplinas. En realidad, los científicos de la política han sido quienes mayor atención relativa les han prestado. De forma similar a la tendencia mayoritaria en otros países, los estudios electorales parecen estar inscribiéndose así en las líneas de investigación de la Ciencia Política; pero su desarrollo resulta afectado por el tardío reconocimiento disciplinar de la Ciencia Política y por el todavía reducido tamaño de su comunidad (Cotarelo y Baras, 1991). Las aportaciones procedentes de los juristas, los geógrafos, los psicólogos sociales o políticos, los científicos de la comunicación e incluso los antropólogos, ausentes ya en los años setenta, siguen siendo, por el momento, bastante escasas. (ii) El fortalecimiento de los estudios electorales depende de la propia institucionalización de la Ciencia Política y de la existencia de una comunidad científica de especialistas. Aunque ya se ha recorrido algún camino al respecto, la situación actual dista de ser satisfactoria. No existen centros de investigación dedicados en mayor o menor medida a cuestiones relativas al comportamiento político, si exceptuamos al recientemente creado Institut de Ciències Polítiques i Socials, adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. Por ello su marco institucional sigue siendo el tradicional de los Departamentos o Facultades universitarias. Hay en la actualidad seis Facultades de Ciencia Política y Sociología, con diferente grado de consolidación, en las Universidades Complutense de Madrid (la más antigua), Autónoma de Barcelona (creada en 1986), Universidad a Distancia, Granada, País Vasco y Navarra. No existe una revista especializada como la de los Electoral Studies o los Quaderni dell'Osservatorio Elettorale. En el ámbito editorial, la única publicación especializada ha sido la de los Estudis Electorals, coordinados por el Equip de Sociologia Electoral (ESE), de la Universidad Autónoma de Barcelona, y patrocinada por la Fundación Jaume Bofill. Todavía no han aparecido organizaciones similares a las norteamericanas especializadas en elecciones o, en nuestro entorno, a la Società Italiana di Studi Elettorale, con capacidad de impulsar i análisis electorales que compensen las deficiencias institucionales de la investigación política. Las asociaciones profesionales han proporcionado al menos un foro de discusión en sus esporádicas reuniones, como, por ejemplo, las de la Asociación Española de Ciencia Política y Derecho Constitucional, el Colegio de Doctores y Licenciados en Sociología y Ciencia Política, la Federación Española de Sociología y la Asociación Española de Estudios de Mercado y opinión; pero no han podido señalar prioridades ni coordinar la gestión de unos recursos humanos y de investigación escasos. Tampoco existe una red de equipos de investigadores formados sobre una base permanente y unos criterios pluridisciplinares; la única excepción es la del ya citado Equip de Sociologia Electoral, cuyas actividades tienen una extraordinaria importancia para la sistematización y profundización del comportamiento electoral. Con estos antecedentes no es extraño que las dificultades se reproduzcan también en los niveles individuales. La falta de tradición ha retardado la especialización de quienes se dedican a los estudios electorales, lo que a su vez redunda en un notable déficit de trabajos monográficos. La difusión de los instrumentos estadísticos e informáticos es todavía limitada. Son pocos quienes están familiarizados con los datos de encuesta, y menos aún quienes utilizan técnicas complejas de tratamiento de los datos. En cambio, abundan las visiones generales, realizadas en base a una descripción inmediata de los resultados y fundamentados en hipótesis que carecen de suficiente contrastación empírica. (iii) Los estudios electorales encuentran la dificultad adicional de la deficiente calidad de los datos oficiales. Se trata de un problema ya crónico de las ciencias sociales españolas: los historiadores, los sociólogos y científicos de la política que han trabajado sobre temas históricos recientes, han tenido que vencer en primer lugar las dificultades de unas fuentes dispersas, perdidas u ocultas (Vallès, 1978). Pero es un problema que alcanza ahora un relieve especial, tanto por la obvia importancia que tienen los datos oficiales para la investigación electoral, como por la dimensión de servicio público que adquiere para los órganos de la Administración encargados de las elecciones. La situación actual, sin embargo, puede ser ciertamente mejorada, y parece que existen ya algunos indicios de ello por parte de algunos de esos órganos administrativos. La experiencia de comparar unos mismos datos electorales, en términos absolutos o relativos, utilizados en diversas fuentes, resulta ilustrativa: las diferencias que se observan alcanzan a veces niveles llamativos (Linz, 1980a). Las deficiencias de los censos electorales son objeto habitual de discusión. En contraste con la de otros países, la Administración electoral española no está obligada a publicar los datos oficiales definitivos desagregados desde los niveles municipales. De las primeras elecciones legislativas, celebradas en 1977, no se han facilitado aún ni siquiera los datos provisionales. De las restantes, los datos definitivos publicados por la Junta Electoral Central difieren, por distintas razones que no hacen al caso, de los publicados por otros órganos de la Administración, como el Instituto Nacional de Estadística en las elecciones de 1979 o el Ministerio del Interior en las siguientes (López Nieto y Ruiz de Azúa, 1984). Afortunadamente, el propio Ministerio del Interior ha solventado estas discrepancias al comenzar recientemente la publicación de una “Colección de Documentos Electorales”, cuyo primer volumen ha recogido los datos de las elecciones legislativas de 1989 (Ministerio del Interior, 1991). De otra parte, los análisis electorales de tipo ecológico se resienten también de la deficiente calidad de los datos socioeconómicos oficiales, que además resultan difíciles de obtener en niveles de agregación inferiores a los provinciales o se quedan en ocasiones anticuados. Los análisis basados en datos de encuestas, finalmente, encuentran dificultades de otra naturaleza. Algunos grupos de investigadores han podido obtener la financiación suficiente para realizar sus propias encuestas, por lo general postelectorales. Pero su esfuerzo ha carecido, como cabía temer, de continuidad. No existe en España ninguna organización al menos similar a los National Electoral Studies, de la Universidad de Michigan, que ofrece a los investigadores la oportunidad de analizar resultados de encuestas periódicas con ocasión de elecciones presidenciales y legislativas en los Estados Unidos. Aunque durante las campañas electorales españolas se hacen decenas de encuestas, financiadas por los partidos y los medios de comunicación, los investigadores no suelen tener acceso a ellas; y, cuando lo tienen, resultan de utilidad limitada por su interés prioritario en las predicciones electorales. Estos problemas, sin embargo, han podido disminuirse en cierto modo gracias a la existencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El CIS es un organismo de la. Administración dedicado primordialmente a la realización de encuestas sobre muy diferentes temas, entre los que destacan los políticos y los electorales. Fundado en 1965 y con una actividad ininterrumpida desde 1977 de encuestas preelectorales y postelectorales, el CIS cuenta con un Banco de Datos de extraordinaria riqueza tanto por la variedad de cuestiones incluidas como por la extensión temporal de sus series longitudinales. Pese a su incardinación en la Administración central, que imprime a sus actuaciones una lógica distinta de la de la comunidad científica, el CIS ha participado activamente en algunas investigaciones de relieve en el ámbito político-electoral, ha fomentado muchas otras y lleva a cabo una notable labor de publicaciones en el ámbito de las ciencias sociales. (iv) La última dificultad que encuentran los estudios electorales hace referencia a la relativa “modernidad” del comportamiento electoral de los españoles (Linz, 1986a). Quiere decirse que las circunstancias históricas que han enmarcado la transición democrática y el nacimiento del nuevo sistema de partidos propician unas características peculiares del comportamiento electoral. Algunas de ellas se deben a factores claramente distintivos de los votantes españoles, mientras que otras parecen estar mostrando la confirmación de algunas de las tendencias que ya se apuntan en los sistemas democráticos occidentales. Esta paradójica “modernidad” dificulta la utilización de las categorías analíticas habituales en dichos sistemas, dado que resultan escasamente válidas para explicar unos fenómenos electorales que no se ajustan a los patrones forjados desde la segunda postguerra. Los partidos políticos españoles han nacido en un contexto histórico y social completamente distinto del de la mayor parte de los partidos europeos, que hubieron de asumir la herencia del pasado. Dada su aparición en una sociedad de características postindustriales, las relaciones entre los partidos españoles y sus votantes no han estado condicionadas por una estructura rígida de clases sociales, ni mediadas por una subcultura ideológica transmitida intergeneracionalmente. La organización de los propios partidos resultaba afectada, ya que no sólo no necesitaban las redes capilares de militantes para desarrollar sus actividades, sino que además debían de adoptar forzosamente estrategias del tipo catch-all. El nacimiento del sistema de partidos en una época de financiación política y de utilización masiva de medios de comunicación, fundamentalmente de la televisión, ha contribuido además a personalizar al máximo el liderazgo y a debilitar el arraigo social de las organizaciones partidistas (Montero, 1981a; Gunther,1991). Las elecciones españolas aparecen así cualificadas por las notas de la baja identificación partidista, la combinación de procesos de desalineamiento o realineamiento y una cierta volatividad electoral; unas notas hacia las que, en distinta medida, parecen dirigirse los países occidentales (Schmitt, 1989). La reciente llegada de la democracia en España, con unas estructuras sociales prácticamente transformadas en los años precedentes, dificultaba también los análisis sobre la pérdida de capacidad explicativa del factor de la clase social, o sobre las relaciones entre el comportamiento político y las transformaciones sociales. Y algo similar ocurre con la evolución de las respuestas electorales a los múltiples niveles en los que se expresa el proceso de la “crisis” del Estado de bienestar, un punto de referencia inexcusable en los estudios electorales comparados que, sin embargo, ha sido inexistente como realidad política en España. Enfoques y datos electorales Pese a estas dificultades, el repertorio de estudios sobre el comportamiento electoral es ya relativamente amplio. Las recopilaciones bibliográficas incluyen un número creciente de publicaciones españolas al respecto (Martínez Cuadrado y Vanaclocha, 1980; Del Castillo, 1982; Gómez Yáñez, 1989;). Es probable que esa amplitud haya venido propiciada por algunas de las características de la vida electoral española. Entre ellas merecen citarse las de los procesos consecutivos de transición y consolidación democráticas, la articulación definitiva del nuevo Estado de las Autonomías, la sucesión de elecciones de diferente naturaleza y ámbito territorial, la inestabilidad de las organizaciones partidistas, los cambios drásticos habidos en el sistema de partidos, las complejidades derivadas de los sistemas partidos en las Comunidades Autónomas cuya competencia electoral es pluridimensional, la presencia de diversas Españas electorales, las propias condiciones de crecimiento del nuevo sistema político. Todo ello ha favorecido una cierta dispersión de los objetos de estudio, difícilmente reconducible por unos investigadores cuyas prioridades se alteraban a medida que ocurrían nuevos acontecimientos políticos. La falta de tradición y el corto número de especialistas en cuestiones electorales dificultaban además la selección de líneas de continuidad que funcionaran como programas de investigación a medio plazo. Por si lo anterior fuera poco, la notoriedad, o si se quiere popularidad, alcanzada por los procesos políticos incentivó el crecimiento de los trabajos publicados; pero retrasó la diferenciación de los pertenecientes a los géneros periodísticos, divulgativos u ocasionales (escritos no pocas veces por académicos) de los profesionales o especializados. De ahí que en los campos investigados y en las líneas de análisis seleccionadas predominen todavía los estudios electorales demasiado descriptivos, efectuados con tratamientos en exceso tradicionales y desde perspectivas escasamente comparativas. Los procesos electorales han sido abordados desde una pluralidad de enfoques. Un enfoque, que ha posibilitado un numeroso grupo de trabajos, se ha centrado en la función de representación de los procesos electorales. Las relaciones entre el sistema electoral y la representatividad democrática fueron comenzadas con anterioridad incluso a la aprobación de la normativa electoral (CITEP, 1977). Tras las primeras elecciones legislativas de 1977, los efectos del sistema electoral español fueron analizados desde perspectivas críticas por las distorsiones que ocasionaba a la hora de traducir los escaños en votos (Santamaría, 1977; Nohlen y Schultze, 1985; Pallarès, 1981). Como ha ocurrido en otros sistemas políticos, las críticas al sistema electoral fueron continuadas por las voces que solicitaban la reforma tanto de su fórmula como de otros aspectos sustantivos (composición del Congreso, número de escaños por distrito, características del mandato electoral) o secundarios (tipos de votos y de listas) (Vallès, 1982; V. Ramírez, 1990). El subsiguiente debate se ha realizado en España de forma notablemente desordenada: a las inevitables dosis de politización que conlleva se sumaron las recomendaciones de unos analistas que mezclaban los criterios técnicos (a veces matizados, sin embargo, por una débil expresada operativamente en las escalas izquierda-derecha (Alvira et al., 1978; Díez Nicolás, 1981a; Linz et al., 1981b; Monzón, 1982; Sani y Montero, 1986; Condomines y Barroso, 1984), y la religiosidad (Linz et al., 1981a; Linz, 1986b; Gunther et al., 1986; CIS, 1984c; Pérez Díaz, 1987; Montero, 1986d). Por último, algunos de los temas mas recientes de la literatura electoral, como el economic voting, son virtualmente desconocidos (Lancaster y Lewis-Beck, 1986), mientras que otros más tradicionales, como la participación y el abstencionismo electorales (López Guerra, 1978; Pallarès, 1987; Díez Nicolás, 1981; Font y Fontcuberta, 1990; Montero 1984a, 1984c, 1986b, 1986c y 1991; Justel, 1990), o los perfiles de la cultura política de los españoles (Maravall, 1984; López Pintor, 1982, 1983 y 1991; Botella, 1992; Cazorla, 1990; Linz et al., 1981b; Orizo, 1983 y 1991; Benedicto, 1989; Gunther, 1988; Montero y Torcal, 1990a), tampoco cuentan con un cuerpo de publicaciones proporcionado a su importancia. Líneas y temas de los estudios electorales: (II) ámbitos autonómicos y locales. El desarrollo del proceso autonómico español ha venido acompañado por un número creciente de estudios sobre el comportamiento electoral en las Comunidades Autónomas. Su número, sin embargo, es todavía menor que el de los dedicados al ámbito global español: suman alrededor de 200 artículos o capítulos de libros. Y, dado el distinto peso de las respectivas elecciones autonómicas y la desigual distribución de recursos académicos, no resulta extraño comprobar que estos estudios tengan entre sí una variedad aún mayor que la que existía en los dedicados globalmente a España en punto a sus niveles de calidad, enfoques, y objetivos. El nivel territorial autonómico se ha utilizado en los estudios de comportamiento electoral en formas diversas. Lógicamente, en los trabajos sobre los primeros procesos electorales, el ámbito autonómico es fundamentalmente un nivel de agregación para el análisis de las elecciones legislativas generales. Pero ya entonces se destacan los factores que están detrás de las diferencias de voto en Cataluña, el País Vasco o Galicia: por ejemplo, los partidos nacionalistas, la identificación nacional subjetiva, la influencia del contexto cultural de origen y una socialización diferenciada (Linz et al., 1981b; Maravall, 1984; Gunther et al., 1986 Shabad, 1986). Sin embargo, la perspectiva de la descentralización enmarca también la aparición de diversos estudios que, realizados con un enfoque predominantemente sociológico, tratan de la conciencia regional y de las actitudes políticas regionales (Jiménez Blanco et al., 1977; García Ferrando, 1982; López Aranguren, 1983), de los fenómenos nacionalistas y regionalistas (Linz, 1980c, 1980d y 1985b) y de la caracterización social, económica y política de las diferentes Comunidades Autónomas (Hernández y Mercadé, 1986). Tras la institucionalización del mapa autonómico y la celebración de las sucesivas elecciones autonómicas, la situación ha cristalizado en la existencia de niveles políticoelectorales diferenciados. En este marco aparecen los primeros estudios que tratan de ofrecer un planteamiento global sobre las dimensiones más relevantes del comportamiento electoral en las distintas Comunidades. Esos estudios han solido adoptar también una perspectiva comparada entre las distintas Comunidades, y establecer pautas de interrelación entre los niveles estatal y autonómico en relación a aspectos destacables del comportamiento electoral, del sistema de partidos, de las actitudes políticas y de la opinión pública (Vallès, 1984c y 1987b; Botella, 1989b; Montero y Torcal, 1990b; Pallarès, 1991). De todas maneras, la mayor parte de los estudios electorales autonómicos suele tomar a una Comunidad determinada como objeto de análisis del comportamiento electoral y del sistema, o subsistema, de partidos. Casi la mitad de los estudios publicados se refieren a Cataluña y al País Vasco. De ambas, es Cataluña la Comunidad que, principalmente en base al trabajo del Equip de Sociologia Electoral, (ESE), realiza un seguimiento continuado de los procesos electorales y cuenta con una importante serie de estudios electorales. El ESE está compuesto fundamentalmente por profesores de las diversas universidades de Barcelona (Canals, Elías, Font, Molins, Pallarès, Salvador, Vallès y Virós), y sus actividades han sido financiadas por la Fundación Jaume Bofill. El ESE es el único grupo organizado en España que trabaja sistemáticamente sobre cuestiones electorales. Aunque sus trabajos están básicamente centrados en el ámbito catalán, ha realizado y fomentado estudios en el nivel global español. Ha utilizado ampliamente el análisis geográfico y ecológico de base comarcal y municipal, y ha incorporado recientemente los enfoques individuales basados en datos de encuesta. Sus aportaciones van desde la depuración y publicación de resultados hasta la delimitación de los factores estructuradores del comportamiento, la continuidad o cambio en la implantación de las fuerzas políticas y el análisis del contexto de cada elección. El ESE desarrolla además una relevante tarea de publicaciones a través de la colección Estudis Electorals, de los que han aparecido hasta el momento diez números. En ellos se incluyen, de un lado, los atlas electorales de Cataluña desde 1901 a 1923 (Balcells, Culla y Mir, 1982), durante la segunda República (Vilanova, 1986), durante la transición democrática (ESE, 1981b) y desde 1982 hasta 1988 (ESE, 1990). De otro, análisis específicos de la normativa electoral (Vallès, 1982) y de las elecciones legislativas de 1977 en Cataluña (ESE, 1981a) y España (ESE, 1978), así como dos volúmenes con colaboraciones diversas sobre el comportamiento electoral español y catalán desde 1977 (ESE, 1984a y 1986b). El más reciente de sus volúmenes está dedicado al análisis, sobre datos de encuestas, de los rasgos más sobresalientes de las actitudes y comportamientos de los catalanes en las elecciones autonómicas de 1988 (ESE, 1991). Complementariamente a ellos, el ámbito catalán conoce numerosos estudios específicos sobre temas diversos. Merecen seleccionarse los relativos a los partidos, fundamentalmente, CDC (Marcet, 1987), CiU (Rodríguez Aguilera, 1989b), UDC (Culla, 1990), PSC (Colomé, 1989) y PSUC (Molins, 1985a) y al sistema de partidos (Botella, 1984; Botella et al. 1979; Pitarch et al. 1980). La identificación nacional catalana, uno de los rasgos básicos de la competencia electoral, ha sido también abordado desde diversas perspectivas (Hernández, 1981 y 1983; Moreno, 1988; Mercadé, 1989), así como los diferentes aspectos que se condensan en el origen autóctono e inmigrado de los electores, y que constituyen uno de sus correlatos fundamentales (Botella y Marcet, 1981; Solé, 1981, 1984). El voto dual (es decir, el comportamiento diferenciado y sistemático que lleva a cabo un sector de los votantes catalanes en función del tipo de elección) ha sido apuntado en muchos de estos estudios, y considerado específicamente en lo que hace a las transferencias de voto entre las elecciones legislativas y las autonómicas (Pallarès, 1989 y 1991; Montero y Font, 1991). Por lo que se refiere al País Vasco, es sabido que el comportamiento electoral de la Comunidad ha llamado la atención de un amplio número de estudiosos especialmente interesados por sus repercusiones en el fenómeno nacionalista, la existencia de comunidades culturales muy diferenciadas y la persistencia crónica de situaciones de conflicto y terrorismo. El trabajo más completo al respecto es el de Linz y otros (1986), que estudian los principales problemas del País Vasco (la identidad, las opiniones sobre la cuestión nacionalista, la legitimidad, la lengua y la violencia), los sistemas de partido y las bases sociales de los partidos y las contextuales del voto; para ello utilizan tanto los enfoques individualistas como el ecológico. Linz y otros (1981a) son también los autores de un extraordinario atlas electoral del País Vasco, que llega hasta las elecciones autonómicas de 1980. Esa tarea ha sido continuada en parte por el Gabinete de Prospección Sociológica (1983 y 1984), dependiente del Gobierno vasco, cuya realización combina las técnicas de geografía y ecología electorales. De otro lado, Llera ha analizado sistemáticamente, con datos muestrales y los electorales agregados en diferentes niveles, el comportamiento electoral en el País Vasco, incorporando también Navarra en algunas ocasiones. Estudia tanto los partidos y sus relaciones de competencia a lo largo de los dos ejes fundamentales (el ideológico y el nacionalista) (1988a, 1981, 1984a, 1985a y 1985b), como la distribución espacial del voto, la cultura política, los perfiles de los distintos electorados y los grandes rasgos de la evolución electoral del País Vasco (1983, 1984b, 1987, 1988b y 1989a y 1989b. Otros estudios destacabales abordan las elecciones y el sistema vasco de partidos (Cibrián, 1980; Pérez Calvo, 1977 y 1980; Pallarès, 1991) o algunos de los problemas derivados del nacionalismo (Shabad y Gunther, 1982; Linz, 1980c; Pérez Agote, 1984 y (et al.) 1987; Garmendía et al. 1982). En un segundo plano de atención, los estudios sobre Andalucía y Galicia suman (y con un reparto equilibrado) alrededor de una cuarta parte de los dedicados a las cuestiones electorales autonómicas. Ambas Comunidades cuentan con sus respectivos atlas electorales (Brabo y Ortiz, 1986 y 1985a; Junta de Andalucía, 1990), y ambas cuentan también con sendos análisis de geografía o ecología electorales (Porras, 1985; González Encinar, 1982a), bien que sus logros sean diferentes. En el caso de Andalucía, los principales estudios han girado alrededor de los distintos procesos electorales (Checa, 1978; Cazorla et al. 1984; DATA. 1983; Montero y Porras, 1987; Soria Medina, 1983 y 1986; Montabes, 1988; Pallarès, 1991), el fenómeno regionalista (Jerez, 1985), la escisión de voto producida en 1986 (Montero, 1988e) y la competencia electoral (Montero, 1988f). Los estudios sobre el comportamiento electoral en Galicia se han centrado principalmente en el abstencionismo, los problemas del nacionalismo, el dominio de las fuerzas conservadoras y la estructura “caciquil”, que se enmarcan siempre en características peculiares de la cultura política y de la estructura socioeconómica. Pese a la menor atención académica prestada a estos enfoques durante los últimos años, algunos trabajos intentan sistematizar las implicaciones de unas o de varias elecciones sucesivas (Blanco et al., 1982; Portero et al., 1983; Pallarès, 1990a), mientras que otros se centran en algunos aspectos de los mencionados anteriormente (Pérez Vilariño, 1987; Sequeiros y Sequeiros, 1982; Máiz, 1986; Blanco, 1988).Debe añadirse que el único seguimiento sistemático de cada uno de los procesos electorales en Galicia, con una perspectiva más informativa que analítica, se encuentra en la colección de la “Biblioteca Gallega”, publicada por la Editorial de La Voz de Galicia (Varios autores, 1979, 1981, 1982, 1985 y 1990; Fernández Ferreiro et al., 1978; Rodríguez y Gaciño, 1983; López García y Vilela, 1983; Garcés y Varela, 1987; Vara y Vilela, 1990). Entre las demás Comunidades Autónomas, sólo Canarias y, en menor medida, la Comunidad Valenciana han merecido un cierto nivel de atención por parte de los estudiosos de los procesos electorales. Los trabajos de Hernández Bravo sobre Canarias (1981, 1986, 1987 y (con García Rojas) 1989) constituyen el único punto de referencia para el análisis del comportamiento electoral, que gira alrededor de los rasgos distintivos del fuerte impacto de los particularismos insulares, la tensión entre Tenerife y Las Palmas, y la situación geográfica y económica. Por su parte, la Comunidad Valenciana cuenta asimismo con un conjunto de trabajos que abordan, aunque sin un seguimiento sistemático, los principales aspectos del comportamiento electoral y del subsistema de partidos (Aguiló, 1978, 1987a y 1987b; Martínez Sospedra, 1987; Sevilla y Visiedo, 1987). Con respecto a las restantes Comunidades Autónomas, el panorama de los estudios electorales es pobre. En el mejor de los supuestos es posible encontrar una o dos descripciones genéricas (a veces, además, con datos deficientes o/y atrasados), mientras que para la mayoría no existe ni siquiera un estudio de referencia. Así, cabe citar al menos algún trabajo para las Comunidades de Castilla-León (Hernández et al. 1982), Extremadura (Cillán y Cillán, 1985; Paramio Durán, 1983), Baleares (Trías Vejarano, 1978; Oliver Araujo, 1983-1984) y Madrid (Leguina, 1986; Brabo y Ortiz, 1985a; López Nieto y Ruiz de Azúa, 1985b). Por último, el panorama de los estudios referidos a los ámbitos inferiores a los autonómicos, es decir, los municipales, comarcales o provinciales, resulta no ya sólo pobre, sino desolador. Después de una especie de curiosidad inicial en 1977, estos ámbitos han sido prácticamente abandonados. La excepción parcial está constituida por los trabajos de ámbito local desarrollados en la línea de investigación del Equip de Sociologia Electoral. Pero tampoco son demasiados. En comparación con los relativamente numerosos de ámbito regional, sólo cabe citar, entre otros, los locales relativos a Barcelona (Benedicto, 1982; Salvador, 1981; Canals y Virós, 1990), Lérida (Pallarès, 1984), y Sabadell (Marcet, 1978); las comarcas del Alto Urgel (Ingla y Pallarès, 1981), del Bajo Llobregat (Botella, 1978), Ripollès (Capo, 1978) y las de Gerona (Terradas, 1978); así como la circunscripción de Tarragona (Canals y Molins, 1978). Para el resto de España, los estudios de ámbito provincial son escasos: entre ellos los que analizan las provincias de Cuenca (García Marchante y Solera, 1977), Valencia (Martínez Sospedra et al., 1989); Sevilla (García Prieto, 1978), Almería (Márquez Cruz, 1981), Albacete (Izquierdo Collado, 1984), así como algunos de ámbito local como el de Alcalá de Henares (Segovia Verdún, 1980). Entre todos ellos existe una gran diversidad de enfoques y, sobre todo, de alcance, de profundidad y del número de elecciones analizadas. A modo de conclusión Suele achacarse a la sociología electoral la desproporción existente entre la inversión financiera e intelectual y la escasez del resultados teóricos o conceptuales. El reproche debería matizarse para el caso de los estudios electorales españoles: la desproporción se produce ahora entre el esfuerzo de los investigadores y el volumen de sus publicaciones. E incluso así matizada, ésta u otras recriminaciones parecidas deberían tener en cuenta la situación desde la que se partía y el poco tiempo de que ha podido disponerse. Por razones históricas y políticas, los estudios electorales han carecido en España de tradición, han sufrido múltiples discontinuidades cuando pudieron haber germinado gracias al desarrollo de las ciencias sociales en los países occidentales y no han podido ni siquiera contar con lo que constituye su objeto específico -es decir, elecciones democráticas sino hasta hace quince años. La primera experiencia electoral democrática, celebrada en junio de 1977, permitió la aparición de numerosos trabajos, que se fueron multiplicando a medida que se sucedía la nutrida serie de elecciones de la transición y consolidación democráticas. Caracterizadas al principio por su entusiasmo descriptivo antes que por su rigor, los estudios electorales han ido conociendo con el paso del tiempo una lista acumulativa de problemas y dificultades: desde las deficiencias de los datos electorales oficiales hasta la inexistencia de una infraestructura mínima de investigación, pasando por el enfrentamiento a unos fenómenos electorales que estaban todavía insuficientemente analizados en las mucho más desarrolladas comunidades científicas de los países occidentales. El propio grupo de investigadores se ha reducido. De la lógica curiosidad inicial se ha pasado a la necesidad de un seguimiento continuado y casi profesional. Pero la sucesión de acontecimientos políticos y electorales de la máxima importancia (como, por ejemplo, el intento de golpe de Estado, o el cambio radical del sistema de partidos en 1982) dificultaba la especialización de una por lo demás reducida nómina de científicos de la política. Y la existencia de al menos tres niveles territoriales de competencia electoral (el estatal, el autonómico y el local), en los que además se desarrollaban procesos propios de consolidación institucional, facilitaba la dispersión simultánea de esfuerzos y objetos de investigación. Por todo ello, los estudios electorales conocen las descompensaciones y lagunas propias de unos años de crecimiento prematuro y desordenado. Los enfoques habituales de la investigación electoral están todavía poco desarrollados, los propios temas de investigación sufren las consecuencias de aproximaciones excesivamente genéricas o demasiado especializadas, y en ambos casos suelen quedar sin continuidad. Los enfoques geográficos y ecológicos sólo se han aplicado en los ámbitos regionales, pero también de forma aislada y esporádica. Los enfoques individuales con datos de encuestas han sido más frecuentes en el ámbito global español, gracias al aprovechamiento de unas fuentes de financiación con recursos escasos, a organismos de la Administración como el CIS o/y a las, conexiones personales de los investigadores con otros colegas o equipos extranjeros, principalmente norteamericanos. Los trabajos monográficos siguen siendo todavía excepcionales, lo que repercute negativamente en los de síntesis sobre los factores y las pautas del comportamiento electoral de los españoles que ya comienzan a publicarse. Las recopilaciones documentales, las sistematizaciones estadísticas y los atlas electorales son igualmente raros; como suelen deberse a la iniciativa personal de un investigador, su continuidad se ve en peligro a causa de la improbable repetición de los esfuerzos que ha invertido. En un excelente trabajo que cabe considerar como precedente del nuestro, Vallès (1978) señalaba tres problemas alrededor de los cuales habrían de desarrollarse los ejes de crecimiento de los estudios electorales en España. Radicaban en la superación de las deficiencias de los datos estadísticos, políticos e históricos; en la urgencia de disponer de los recursos investigadores -personales, financieros y materialesadecuados a sus objetivos; y en una profundización metodológica y,pluridisciplinar que sitúe los resultados de la investigación en el contexto más amplio de la Ciencia Política. Es evidente que, casi quince años después de su diagnóstico, una parte sustancial de esos problemas está lejos de resolverse. Por eso resultaría impertinente, finalmente, traer a colación aquí una ristra de consejos prácticos para asentar con solidez los estudios electorales: son también relativamente evidentes. Además, algunos están ya entre nosotros, como el esfuerzo sistemático e interdisciplinar del Equip de Sociologia Electoral, cuyos logros podrían impulsar su adaptación en ámbitos regionales distintos. Otros son comunes en contextos similares al nuestro o están a nuestro alcance, como la creación de una mínima infraestructura descentralizada de investigación, la especialización de investigadores jóvenes en centros apropiados y la planificación de los propios trabajos de investigación a desarrollar a corto y medio plazo. Y otros aún pueden obtenerse mediante los recursos humanos, económicos e instrumentales ya existentes; algunos de ellos pueden ser fácilmente reorientados para cubrir las necesidades más importantes de los estudios electorales, como la utilización de institutos de estudios sociales o de bancos de datos de encuestas españolas, así como la conexión a centros y equipos de investigación europeos o norteamericanos. Se trata, en definitiva, de plantearse una serie de objetivos que a largo término puedan lograr la superación de aquellos problemas y cristalicen en la institucionalización de una comunidad científica suficiente para hacer de los estudios electorales una rama del conocimiento social rigurosa en sus planteamientos y ambiciosa en sus pretensiones teóricas. Dentro de la Ciencia Política, los estudios electorales forman una parte imprescindible de cualquier intento de explicación que aborde la integración de los diferentes elementos, factores y niveles de la vida política. Como ha escrito Vallès (1978:33), “poner en relación los estudios electorales con las instituciones jurídicas -el cuadro constitucional o la normativa electoral-, con los agentes políticos -los partidos, su composición y estructuración, los sistemas de partidos-, o con los mecanismos de legitimación ideológica del sistema político -valoración del hecho electoral en las comunicaciones, la propaganda, los programas-, no es únicamente conveniente, sino que se convierte en indispensable para la misma comprensión del hecho electoral, primero, y de la realidad política global, después”. Aunque ya se han dado los primeros pasos en esa dirección, queda todavía obviamente mucho por recorrer. Y bueno será no olvidar que ha de hacerse intentando evitar por igual tanto la autosatisfacción barata de quienes creen suficiente lo que existe, como los reproches críticos de quienes descalifican a radice a los estudios electorales por un empirismo rampante y miope: convendría evitar así incurrir en nuevos ejemplos de la conocida tendencia de querer estar de vuelta antes de haber llegado a sitio alguno, y, desde luego, antes de haber emprendido siquiera viaje alguno. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGUIAR DE LUQUE, Luis, y BLANCO CANALES, Ricardo: 1988, Constitución española, 1978-1988. Vol. III, Tramitación parlamentaria. Cronología. Resultados electorales. Órganos constitucionales. Bibliografía general. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. AGUILO, Lluís: 1976, Sociología electoral valenciana (1903-1923) Las elecciones en Valencia durante el reinado de Alfonso XIII Valencia, Pascual Ibáñez. --- 1978, “El vot nacionalista al País Valencià”, en ESE. Estudis electorals/1. 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