El balance público-privado en el sistema de enseñanza español : evolución y efectos sobre las desigualdades educativas

Resumen El artículo presenta un balance del proceso de dualización entre enseñanza pública y privada en el sistema educativo español. En un primer apartado se presentan algunos aspectos del contexto social y político que explican la existencia de dos sectores de enseñanza diferenciados: la evolución de la legislación y la estructura de grupos de interés son factores que permiten interpretar la polarización histórica del sistema educativo. Los apartados 2 y 3 recogen datos relativos a la evolución de la escolarización en ambos sectores y el comportamiento del gasto público en enseñanza privada. Estos apartados ponen de relieve la presencia de pautas diferenciadas de política educativa en enseñanza privada entre las distintas CCAA del Estado. Finalmente, el artículo muestra los mecanismos de selección social en la enseñanza privada a partir del tratamiento de dos cuestiones: los sistemas de selección del alumnado y la participación de los grupos sociales en el sector privado. Palabras clave: política educativa, escuela pública, financiación de la escuela privada, desigualdad de oportunidades. Resum L’article presenta un balanç de la dualització entre ensenyament públic i privat en el sistema educatiu espanyol. En un primer apartat es presenten aspectes del context social i polític que expliquen l’existència de dos sectors d’ensenyament diferenciats: l’evolució de la legislació i l’estructura de grups d’interès són factors que permeten entendre la polarització històrica del sistema educatiu. Els apartats 2 i 3 recullen xifres relatives a l’evolució de l’escolarització en ambdós sectors i el comportament de la despesa pública en ensenyament privat. Aquests apartats posen de relleu pautes diferenciades de política educativa en ensenyament privat entre les diferents CCAA de l’Estat. Finalment, l’article mostra els mecanismes a través dels quals es produeixen processos de selecció social en l’ensenyament privat a partir del tractament de dues qüestions: els sistemes de selecció de l’alumnat en els centres educatius i la participació desigual dels grups socials en el sector privat. Paraules clau: política educativa, escola pública, finançament de l’escola privada, desigualtat d’oportunitats. Educar 29, 2002 11-29 El balance público-privado en el sistema de enseñanza español: evolución y efectos sobre las desigualdades educativas Xavier Bonal Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Introducción La inhibición del Estado en el terreno educativo ha sido sin duda una de las principales características de la evolución histórica del sistema de enseñanza español. Salvo contadas excepciones, los poderes públicos delegaron la tarea educativa en otras instituciones, principalmente en la Iglesia católica, y destinaron escasos esfuerzos presupuestarios y reguladores a administrar el sistema de enseñanza. Este desentendimiento del Estado en el terreno educativo fue, sin duda, una de las causas principales de las persistentes desigualdades educativas y sociales en España1y de la consolidación de un sistema educativo dual, con una enseñanza privada de calidad variable que escolarizaba a las familias acomodadas y con una escuela pública de ínfima calidad y cantidad2. Por otra parte, cabe destacar que la poca presencia del sector público en la provisión de educación facilitó también la emergencia de numerosas iniciativas de tipo social y mercantil. En efecto, motivaciones económicas, ideológicas, políticas, sociales o culturales impulsaron proyectos educativos diversos destinados en ocasiones a dar respuesta a las necesidades de formación labo12 Educar 29, 2002 Xavier Bonal 1. El análisis sociológico de Lerena sobre la relación entre educación y la estructura social en España subraya los cambios históricos de la función social de la educación como mecanismo de reproducción social y cultural (Lerena, 1986). 2. Con la llegada de la democracia a mediados de los años setenta, el déficit de plazas de enseñanza obligatoria se situaba en torno a un millón de puestos escolares (Bonal, 1998). Abstract This paper reviews the evolution of the Spanish educational system with special reference to the dualisation process between state and private education. The first section provides some aspects of the social and political context of education in order to understand the characteristics of the two educational sectors. The regulation of the educational system and the structure of interest groups are factors to interpret the historical polarization between state and private schools. Sections 2 and 3 include both data on the evolution of schooling in public and private schools and data on the patterns of public expenditure on private education, showing significant educational policy differences among territories. Finally, the article deals with two aspects of educational inequalities in private schools: the student admission policies and the participation of different social classes in private schools. Key words: educational policy, public school, unequal opportunity. Sumario Introducción 1. Los intereses opuestos en el sistema de enseñanza español 2. El balance público-privado en el sistema de enseñanza español 3. El gasto público en enseñanza privada 4. Enseñanza privada y selección social 5. Comentarios finales: desigualdades educativas y división público-privada Referencias bibliográficas El balance público-privado en el sistema de enseñanza español Educar 29, 2002 13 ral de ciertos grupos sociales, a oponerse ideológica y políticamente a la educación oficial3o a formar las futuras elites intelectuales y políticas. De estas circunstancias históricas, de la pluralidad de modelos educativos impulsados por sectores sociales diversos, de las diferentes tradiciones históricas en los distintos territorios del Estado, etc., se deriva en buena parte la actual complejidad y diversidad del sistema de enseñanza. En efecto, la oferta educativa en España es hoy plural y diversa en cuanto a intereses político-ideológicos, formas de organización y estrategias de actuación. Tal diversidad ha sido y es la causa de un complejo entramado de relaciones entre los actores educativos y entre éstos y las administraciones educativas, relaciones que se han caracterizado por su escasa coherencia y continuidad. El objetivo de este artículo es dar cuenta de la especificidad histórica de la política educativa y del sistema de enseñanza español en relación con la reproducción de las desigualdades educativas y sociales. Lógicamente, se trata de un objetivo que trasciende la capacidad de este artículo y que obliga necesariamente a seleccionar el tipo de enfoque y los datos e indicadores a incluir. En este caso, nos centraremos en un aspecto que, según mi opinión, es especialmente significativo para comprender la estructura y evolución de las desigualdades de la educación en España: el balance entre enseñanza pública y privada (incluyendo la distribución de cada sector en el territorio, el tipo de políticas impulsadas por las diferentes administraciones educativas y el tipo de alumnado escolarizado en cada sector). El hecho de centrarse en la división público-privado es sin duda una decisión arbitraria e incompleta. Sin embargo, permite reflejar la dinámica de la fuente más importante de reproducción de las desigualdades educativas. Por otra parte, numerosos trabajos desde la sociología y la economía de la educación han abordado el análisis de diferentes aspectos relacionados con la equidad educativa en España. Su lectura puede complementar la parcialidad del enfoque aquí presentado y ofrecer al lector mayor información estadística sobre las desigualdades educativas en España (CIDE, 2000; Calero y Bonal, 1999; Bonal, 1998; Carabaña, 1997 y 2000, Villarroya, 2000; San Segundo 1999; Peruga y Torres Mora, 1997, entre otros). El artículo se estructura del modo siguiente: en un primer apartado se presentan, de forma sintética, algunos aspectos de la política educativa española desde la llegada de la democracia, necesarios para situar los términos de los conflictos educativos y la evolución del marco legislativo básico. En el apartado 2 se presenta un balance demográfico de los sectores público y privado, a nivel agregado y regional, para pasar en los apartados 3 y 4 a tratar dos aspectos clave del sector privado de la enseñanza: su financiación y costes, por un lado, y su carácter selectivo, por otro. El último apartado desarrolla una reflexión sobre la relación entre las tendencias actuales de las desigualdades educativas en España y la persistente dualización educativa entre los sectores público y privado. 3. Este es el caso, por ejemplo, del Colectivo de Escuelas para una Escuela Pública Catalana (CEPEPC) en Cataluña, de iniciativa privada con el fin de oponerse a la enseñanza oficial pero con vocación de escuela pública (Calzada, 1990). 14 Educar 29, 2002 Xavier Bonal 1. Los intereses opuestos en el sistema de enseñanza español La herencia del franquismo en educación consistió en un sistema de enseñanza desigualitario, obsoleto en cuanto a contenidos de la enseñanza y a formación del profesorado, autoritario por lo que se refiere a la toma de decisiones dentro de las instituciones y a la concepción de la interacción pedagógica, y burocrático y centralista en la gestión y asignación de recursos. La Ley General de Educación (14/1970, LGE) de 1970 fue el intento de los últimos gobiernos franquistas de adecuar formalmente el sistema de enseñanza español a los principios meritocráticos de los sistemas educativos de las sociedades capitalistas avanzadas y a construir una educación funcional para el desarrollo y el crecimiento económico. La extensión de la educación obligatoria y gratuita hasta los 14 años, la creación de la Enseñanza General Básica (EGB), la unificación del Bachillerato, la coeducación, la creación de la Formación Profesional y la universalización del acceso a la universidad constituyen las medidas más significativas de una ley que fue calificada de «ambiciosa y utópica» (Subirats, 1975: 2) y que jamás pudo llevarse a la práctica, tanto por falta de financiación como por falta de voluntad política (Bozal y Paramio, 1975). El intento formal de creación de una red pública de escolaridad que implicaba la aprobación de la LGE, por otra parte, provocó la oposición del sector privado religioso a la ley, ante el temor a perder el acceso privilegiado a las subvenciones públicas y su función de control ideológico. A ello hay que sumar el aislamiento del régimen respecto a las clases sociales emergentes, el conflicto entre el nacionalismo españolista y los movimientos nacionalistas periféricos o el autoritarismo de una ley que proponía, paradójicamente, entre otras cuestiones, la democratización de la enseñanza o la autonomía pedagógica de las escuelas. La oposición a la LGE tanto de sectores conservadores como progresistas acabó por agudizar la crisis política del régimen y facilitó la instrumentalización de la ley por parte del sector privado religioso (Gómez Llorente, 1983; Boix y García, 1985). En efecto, la denominada Contrarreforma, a partir de 1971, se tradujo en el establecimiento de medidas completamente contrarias al propio espíritu de la LGE (política de numerus clausus, paralización de las inversiones públicas en equipamientos, subvenciones indiscriminadas a los centros privados, etc.) y facilitó la persistencia de la hegemonía del sector privado religioso en el sistema de enseñanza español. La tabla 1 recoge la evolución de las subvenciones a la enseñanza privada entre 1973 y 1982. Puede apreciarse cómo las transferencias a la enseñanza privada aumentaron primero y se estabilizaron a partir de 1978, en un contexto, sin embargo, de reducción del presupuesto público en educación en términos reales (Maravall, 1985). En este contexto, la política educativa de mediados de la década de 1970 tuvo que hacer frente a un conjunto de retos de extraordinaria magnitud, en un entorno de elevado conflicto social. Los primeros gobiernos de la Unión del Centro Democrático (UCD, partido conservador moderado), en pleno proceso de reforma política enfrentada a la resistencia de las instituciones franquistas y ante la legalización de la izquierda política, tuvieron que asumir la El balance público-privado en el sistema de enseñanza español Educar 29, 2002 15 necesidad de conseguir un cierto consenso entre los diferentes intereses educativos. Tal consenso no fue fácil. La rápida masificación educativa de los años setenta desencadenó una conflictividad educativa sin precedentes, donde cabe destacar especialmente las huelgas y movilizaciones del profesorado, sector especialmente maltratado por la política educativa del régimen anterior. A ello hay que añadir la articulación de movimientos de escuela alternativa, especialmente en Cataluña y el País Vasco, las luchas estudiantiles y la propia resistencia del sector privado a perder su hegemonía. No será hasta la aprobación de la Constitución Española (CE) en 1978 cuando se conseguirá establecer el marco básico del futuro sistema educativo y los límites y posibilidades de las regulaciones posteriores. El artículo 27 de la CE recoge los aspectos básicos del denominado «pacto escolar». El consenso no fue difícil de alcanzar en aspectos fundamentales: derecho a la educación, gratuidad y obligatoriedad de la educación básica, responsabilidad por parte de los poderes públicos de la inspección y homologación del sistema educativo y autonomía de las universidades. Sin embargo, otros puntos del mencionado artículo fueron objeto de duras negociaciones y conflictos entre los partidos políticos. El derecho de las familias a que sus hijos pudieran recibir formación religiosa y moral, la libertad de creación de centros docentes o la consolidación de un sistema educativo dual, público y privado, garantizado por los poderes públicos, fueron aspectos del artículo 27 aceptados por la izquierda política. La derecha, por su lado, aceptó la posibilidad de introducir otras lenguas del Estado en la enseñanza, como también aceptó la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración pública, la no obligatoriedad de la formación religiosa y la libertad de conciencia y de cátedra del profesorado. Como puede apreciarse, el centro del conflicto se situó en el necesario equilibrio entre libertad e igualdad. La derecha política, representando al sector Tabla 1. Subvenciones a la enseñanza privada, 1973-1982 (en ptas. de 1973). Cantidad global Año (en millones) Cantidad por aula 1973 750 184.000 1974 4.595 203.745 1975 6.806 224.538 1976 8.988 257.480 1977 13.186 323.511 1978 14.149 351.581 1979 13.728 345.373 1980 15.472 354.375 1981 14.965 351.900 1982 16.800 357.075 Fuente: elaborado a partir de Gómez Llorente (1983). 16 Educar 29, 2002 Xavier Bonal privado religioso, se erigió en defensora de la libertad de enseñanza (aspecto paradójico puesto que, a lo largo de la historia, la Iglesia católica ejerció un estrecho control ideológico y económico sobre la educación en España), mientras que socialistas y comunistas asumieron las reivindicaciones de las clases medias y de la clase trabajadora para conseguir una escuela pública de calidad y en condiciones de igualdad. Sin embargo, el marco constitucional introdujo la suficiente ambigüedad para que el despliegue legislativo posterior quedase sujeto a la orientación política e ideológica de cada gobierno. De este modo, primero la aprobación de la Ley de Estatuto de Centros Escolares (LOECE, de 19 de junio de 1980), bajo el gobierno de UCD, y, posteriormente, el proceso de discusión, elaboración y aprobación de la Ley de Derecho a la Educación (LODE, 8/1985, de 3 de julio) durante el primer gobierno socialista, fueron el desencadenante de la división política de los intereses educativos en España. El grado de autonomía y de control del Estado sobre los centros de enseñanza, la regulación de la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de la escuela y, sobre todo, el paso de un sistema de subvenciones a uno de conciertos en el sector de la enseñanza privada, visibilizaron la existencia de dos formas de entender la responsabilidad pública en el ámbito educativo. El debate en torno a estas dos leyes sintetiza los conflictos educativos más importantes en la evolución de la política educativa española. En efecto, la interpretación del derecho a la educación tiene efectos sobre el establecimiento de los límites y posibilidades de la intervención del Estado, del mercado y de la sociedad civil en la provisión de educación. La LODE reguló dos aspectos fundamentales, objeto de fuertes disputas políticas. Por un lado, el sistema de conciertos entre la Administración pública y los centros privados que deseasen optar a financiación pública. Regular las transferencias al sector privado suponía pasar de un sistema de subvenciones indiscriminadas a un sistema de transferencias sujetas a los criterios establecidos por la Administración pública. Suponía, además, que los centros privados debieran ofrecer la educación obligatoria en condiciones de gratuidad. Por otro lado, la LODE reguló la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de la enseñanza, cuestión que resolvió mediante la creación del Consejo Escolar de Centro, órgano con la máxima capacidad ejecutiva en el centro escolar y en el que participa el profesorado, las familias, los propios estudiantes y representantes municipales. Se aseguraba de este modo que aquellos centros financiados públicamente fueran controlados por la comunidad escolar, tanto en el terreno ideológico como en el pedagógico y económico. Finalmente, otro de los campos de confrontación política en el sistema educativo español es el de la descentralización. La intención manifiesta de la CE de no profundizar en el tema competencial (Casals, 1989: 15) dejaba la puerta abierta a procesos de negociación (y de conflicto) entre el Estado y las comunidades autónomas (CCAA) para el establecimiento de competencias concretas de cada Administración pública. De dicho proceso dependían cuestiones tan importantes como la regulación lingüística (enseñanza de o en la lengua de la comunidad autónoma), la fijación del currículum escolar, la regulación de los cuerpos de profesorado de los distintos territorios del Estado o la posibilidad de creación de centros docentes. El modelo de distribución de competencias educativas, cuyas bases se fijaron ya a principios de los años ochenta, no ha estado exento de problemas, como lo demuestran las numerosas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta materia (Martí, 1993). Con todo, el proceso de distribución de competencias ha posibilitado que aquellas CCAA con plenas competencias hayan desarrollado estrategias de política educativa sustancialmente diferentes a las de ámbito estatal, tanto en el terreno del gasto público educativo como en el regulativo. 2. El balance público-privado en el sistema de enseñanza español La LODE supuso el primer intento de construir un verdadero sistema de enseñanza garantizado por los poderes públicos y basado en la igualdad de oportunidades. El texto legislativo estableció la distinción fundamental entre tres tipos de centros: los de titularidad pública, los centros privados que funcionan en régimen de mercado, mediante precios, y los centros privados sostenidos con fondos públicos o concertados. El sistema de conciertos con los centros privados sustituía así al sistema de subvenciones indiscriminadas a los centros privados vigente desde el régimen anterior. El concierto supone un acuerdo entre el titular de un establecimiento de un centro privado y la Administración educativa. En este acuerdo se establecen los derechos y obligaciones recíprocos relativos al régimen económico y a la duración del concierto. La Administración se compromete a participar en la financiación del centro privado aplicando el módulo fijado para cada unidad escolar en los Presupuestos Generales del Estado, el cual se fija atendiendo al nivel de gastos de personal y de funcionamiento del centro con la finalidad de que su cuantía asegure que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad (Villarroya y Calero, 1998: 344). Para conseguir financiación pública los centros de enseñanza privados deben seguir las normas fijadas por la Administración pública (criterios de admisión de alumnado, ratio máxima de alumnos por aula, enseñanza obligatoria gratuita, impartición del currículum escolar oficial, sometimiento de las actividades complementarias y de los servicios a un régimen optativo —no discriminatorio y sin carácter lucrativo— y estructura organizativa interna idéntica a la de los centros públicos —participación de la comunidad escolar en el control de la gestión del centro). Se intenta, de este modo, homogeneizar las condiciones de escolarización entre centros públicos y concertados, evitando la sobrefinanciación de los segundos. A pesar de la oposición a la ley por parte de los grupos de interés vinculados a la enseñanza privada4, la aprobación de la LODE significó un El balance público-privado en el sistema de enseñanza español Educar 29, 2002 17 4. El intento de equiparar las condiciones de escolarización entre centros públicos y centros privados concertados provocó una importante resistencia de organizaciones como la Federación 18 Educar 29, 2002 Xavier Bonal punto de inflexión en el equilibrio entre enseñanza pública y privada en el sistema de enseñanza español. Desde la segunda mitad de la década de 1980 tanto el número de centros como el número de alumnos matriculados en la enseñanza pública ha crecido de forma constante, si bien el sector privado concertado sigue manteniendo una importante cuota de participación. La tabla 2 pone de relieve cómo en un contexto de acusada reducción de la demanda debido al descenso de la natalidad, los centros públicos han atraído a una proporción creciente de alumnos; aunque cabe destacar que esta atracción no ha sido a expensas de los centros privados no concertados, centros de elite que han conseguido mantener su cuota de mercado (Calero y Bonal, 1999: 131). Sin embargo, la implantación de la enseñanza privada en el territorio es muy desigual. En algunas CCAA, como en Cataluña, el País Vasco y Navarra, la enseñanza privada ha tenido históricamente una presencia importante. Como puede apreciarse en la tabla 3, en estos territorios el sector privado mantiene una presencia significativa, aspecto que, como veremos, se ha visto favorecido por el tipo de políticas de financiación desarrolladas por los respectivos gobiernos autonómicos. 3. El gasto público en enseñanza privada Las tendencias señaladas en el apartado anterior han tenido, lógicamente, efectos sobre el gasto público canalizado a través de los centros privados. La política de concertación ha supuesto un aumento del volumen de fondos públicos destinados a la enseñanza privada concertada. Según datos de Villarroya y Calero (1998), los recursos públicos dirigidos a este sector de enseñanza presentan, entre Tabla 2. Alumnos matriculados según el tipo de centro. Niveles infantil, primaria y secundaria. Miles de alumnos y porcentajes. 1985-1986 1990-1991 1994-1995 Alumnos Centros públicos 5.612,5 5.516,4 5.403,2 Centros privados concertados 2.823,7 2.402,0 2.073,5 Centros privados no concertados 350,4 422,0 327,0 Alumnos (%) Centros públicos 63,88 66,14 69,24 Centros privados concertados 32,14 28,80 26,57 Centros privados no concertados 3,99 5,06 4,19 Fuente: Calero y Bonal (1999: 132). Elaborado a partir del MEC (varios años). Estadística de la Enseñanza en España y del INE (varios años). Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada. Madrid: INE. de Religiosos de Enseñanza (FERE) o la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), que rechazaban cualquier interferencia de la Administración pública en las formas de organización, funcionamiento e ideología de los centros privados. Un análisis de los conflictos en torno a la LODE puede verse en Boix y García (1985) y en Bonal y González (1999). El balance público-privado en el sistema de enseñanza español Educar 29, 2002 19 1981 y 1995, una tasa de crecimiento anual acumulativa del 2,13%. La tabla 4 destaca, además, cómo el proceso de descentralización administrativa y financiera posterior a la CE de 1978 ha supuesto una disminución del gasto de la Administración central y un aumento significativo del gasto autonómico en enseñanza privada, cuya tasa de crecimiento anual acumulativa se sitúa próxima al 30%. El incremento, en términos absolutos, del gasto en enseñanza privada ha sido simultáneo con el aumento de la red pública de escolaridad (tabla 2) y con su consecuente aumento del gasto público educativo. Esto explica que, en los últimos años, la proporción del gasto público en enseñanza privada se haya estabilizado en torno al 0,47% del PIB (0,52% en 1981) y en torno al 10% del gasto público educativo (aprox. el 14% en 1981) (Villarroya y Calero 1998: 349). Tabla 3. Alumnos por nivel educativo en enseñanza privada, por CCAA. En porcentajes. Curso 1997-1998. Educación Educación Educación secundaria FP y módulos infantil primaria general profesionales Total Andalucía 21,1 24,2 20,1 26,0 22,3 Aragón 33,2 38,9 32,6 41,2 35,7 Asturias 26,3 32,1 22,6 21,9 26,0 Baleares 40,1 42,5 30,1 25,5 36,4 Canarias 20,6 22,7 14,3 6,7 17,5 Cantabria 34,0 39,6 25,1 38,5 32,5 Castilla-La Mancha 19,1 19,7 15,0 17,8 17,7 Castilla y León 28,3 33,3 26,2 35,3 29,7 Cataluña 45,3 43,9 37,4 41,9 41,6 C. Valenciana 33,3 33,7 26,0 26,8 30,0 Extremadura 17,9 20,4 16,6 10,8 18,0 Galicia 28,5 29,2 19,7 16,2 23,5 Madrid 39,3 45,7 37,3 30,6 40,0 Murcia 24,0 25,6 17,0 21,7 21,7 Navarra 40,0 41,5 39,1 30,7 39,2 La Rioja 34,3 36,3 29,3 27,7 32,3 País Vasco 46,1 55,0 47,3 55,6 50,5 Ceuta 22,6 28,3 51,7 3,9 38,0 Melilla 19,9 21,7 11,0 0,0 16,3 Total % 32,3 33,5 27,3 29,4 30,5 Total abs. (en miles) 361,6 875,2 787,2 193,6 2.217,7 Fuente: Bonal y González (1999: 99). Elaborado por Fundación Encuentro. CECS a partir del MEC (1998). Estadísticas de la Enseñanza en España. Datos avance curso 1997-98 y series e indicadores 1998. 26 Educar 29, 2002 Xavier Bonal tatar una relación interesante: cuanto mayor es la presencia de enseñanza privada en el territorio, mayores son las diferencias intergrupales de participación en la enseñanza privada. Esto se cumple de forma taxativa en la Comunidad de Navarra, donde destacan los elevados porcentajes de participación de las clases altas. También las diferencias intergrupales son elevadas en el País Vasco y Cataluña, mientras que la Comunidad de Andalucía constituye la única excepción a la regla señalada. La combinación de los datos de la tabla 9 con el análisis de las diferencias territoriales de gasto público en enseñanza privada desarrollado en el apartado anterior, permite tener en cuenta la relevancia de las distintas orientaciones de las políticas educativas de las administraciones del Estado. Aquellas CCAA con mayor porcentaje de alumnos y de gasto público en enseñanza privada son también los territorios con mayor división social entre enseñanza pública y privada. La propia política educativa, por lo tanto, genera y reproduce la presencia de dos redes de escolaridad claramente diferenciadas. 5. Comentarios finales: desigualdades educativas y división público-privada Los apartados anteriores constituyen sólo una aproximación parcial al análisis de las desigualdades de la educación en España. Otros trabajos han abordado ampliamente diferentes aspectos de este amplio objeto de estudio. El balance que nos presentan tales trabajos señala invariablemente el siguiente fenómeno: la expansión de la enseñanza desde los años ochenta ha facilitado el aumento de la escolarización de los grupos sociales más desfavorecidos (clases trabajadoras, mujeres). Sin embargo, tal expansión no ha conseguido eliminar las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados educativos. Las desigualdades persisten, si bien han tendido a reducirse. Esta reducción ha Tabla 9. Porcentaje de participación en la enseñanza privada por clases sociales y administraciones educativas (1990-1991). Capitalistas CMP CMFa CMFb Obreros Total Territorio MEC 31,0 26,8 42,1 39,0 23,9 30,2 Andalucía 23,3 21,7 43,7 31,9 13,7 22,2 Canarias 17,3 13,9 31,4 29,3 8,6 16,8 Cataluña 48,7 33,9 55,0 35,4 32,5 39,4 Galicia 34,3 15,6 34,4 32,4 19,3 23,5 Navarra 90,0 46,5 82,6 27,7 37,6 46,0 País Vasco 57,9 65,8 65,2 55,9 39,1 50,1 Com. Valenciana 26,3 28,4 41,2 33,0 24,4 28,5 Fuente: Calero y Bonal (1999). Elaborado a partir del INE: Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-91, ficheros 1 y 3. El balance público-privado en el sistema de enseñanza español Educar 29, 2002 27 sido desigual en función de los grupos sociales que se considere (por ejemplo, la expansión de la escolarización ha beneficiado especialmente el acceso y el nivel educativo de la población femenina) y según el tipo de sector del sistema de enseñanza (en la división entre enseñanza académica y formación profesional en enseñanza secundaria, por ejemplo, persisten las mayores desigualdades sociales y sexuales). Por otra parte, tales estudios también coinciden en señalar mayores desigualdades en la estructura de los resultados educativos que en el acceso a los niveles de enseñanza, o la persistencia de la regresividad del gasto público educativo en los niveles postobligatorios, si bien con tendencia a reducirse. No hay duda de que el tipo de política educativa en España, a lo largo de los últimos veinte años, ha facilitado un acelerado proceso de transformación del sistema educativo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Determinados indicadores, como el aumento de la demanda educativa en el sector público, la mejora relativa de las condiciones laborales del profesorado, el aumento del gasto público educativo, el incremento de las becas y ayudas al estudio o la cantidad de recursos materiales y humanos destinados a la reforma de la enseñanza secundaria, dan cuenta del impacto positivo de las políticas de igualdad y de calidad del sistema de enseñanza (Bonal, 1998). Otra cuestión, sin embargo, es que tales políticas hayan tenido el efecto deseado o que se hayan aplicado rigurosamente. El capítulo ha puesto de relieve cómo la enseñanza privada mantiene una cuota de mercado significativa así como una participación considerable en el gasto público educativo. El proceso de descentralización, además, ha favorecido la dispersión del gasto en el territorio al tiempo que ha generado condiciones de escolarización desiguales, tanto en la enseñanza pública como en la privada. Así mismo, la oposición que los sectores conservadores presentaron al proceso de aprobación de la LODE se ha desvanecido con el tiempo. De hecho, el sistema de conciertos ha seguido garantizando una proporción importante de recursos a la enseñanza privada; simultáneamente, la normativa referida a la política de admisión de alumnos y a la garantía de la gratuidad de la enseñanza no se ha aplicado con rigor, de tal modo que la enseñanza privada concertada no ofrece las mismas condiciones de escolarización que los centros públicos: persisten prácticas de selección de alumnos y se cobran cuotas en los niveles obligatorios del sistema educativo. Las tendencias actuales nos presentan un escenario complejo en el que las divisiones sociales en el acceso, los resultados y el valor de cambio de la educación se están acentuando. Por un lado, la agenda neoliberal de organismos supranacionales influye directa o indirectamente en las políticas de contención del gasto en enseñanza y en impulsar medidas que favorezcan la presencia del sector privado en educación. Por otro lado, en el caso español, aspectos como la incertidumbre producida por la aplicación de la LOGSE, el establecimiento de un tramo obligatorio comprensivo en enseñanza secundaria (12-16) o políticas de favoritismo al sector privado de la educación, dibujan un escenario en el que se desvanecen progresivamente ciertos logros de la enseñanza pública 28 Educar 29, 2002 Xavier Bonal conseguidos en los años ochenta y en que los principios de «libertad de elección» y «calidad» educativa legitiman las tendencias a la mercantilización educativa y a la segregación social en el sistema de enseñanza. Con toda probabilidad, la división social público-privada en el sistema de enseñanza no sólo se mantendrá en un futuro próximo sino que aumentará el efecto de la escolarización en uno u otro sector sobre el logro educativo y las trayectorias de inserción en el mercado de trabajo. Referencias bibliográficas BOIX, M.; GARCÍA SUÁREZ, J.A. (1985). La LODE. 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