Conflicto armado e implementación del extractivismo como modelo de desarrollo: un estudio de caso en la altillanura colombiana

311 CONFLICTO ARMADO E IMPLEMENTACIÓN DEL EXTRACTIVISMO COMO MODELO DE DESARROLLO: UN ESTUDIO DE CASO EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA. Jimena Ñáñez Ortiz Laura Calle Alzate Se pretende indagar sobre las posibles relaciones existentes entre los gobiernos, los actores económicos, las empresas nacionales e internacionales, y las dinámicas del conflicto armado en la implementación de un modelo de desarrollo extractivista. Para ello, nos centraremos en la Altillanura, subregión de la Orinoquía colombiana, la cual ha sido considerada como la última frontera agrícola en Colombia por sus grandes extensiones de tierra, por su ubicación estratégica y potencialidad económica. En particular, abordaremos el caso de El Brasil, las tierras de La Fazenda, Puerto Gaitán, Meta (Colombia) para ilustrar cómo el paramilitarismo en la Altillanura propició la implementación de un modelo de desarrollo extractivista de agricultura a gran escala. Expondremos por lo tanto, cómo en este caso en particular, predios que el Estado había adjudicado en un principio a campesinos fueron despojados por grupos armados para luego ser acumulados, comercializados y posteriormente legalizados para la explotación agroindustrial. 1. Introducción El conflicto armado interno en Colombia ha sido funcional para la implementación de un modelo de desarrollo basado en la industria extractiva de minerales y en la agroindustria. En particular, el fenómeno paramilitar en la altillanura Colombiana, ha incidido en la estructura de propiedad de la tierra y el uso de la misma a través del despojo y el acaparamiento utilizando métodos violentos y acciones ilegales. A su vez, el Estado colombiano ha implementado una legislación que ha permitido la legalización de las tierras para el desarrollo de proyectos de agroindustria o extracción de materias primas lo que ha reconfigurado el territorio y las relaciones sociales de las comunidades que tienen presencia en el mismo. Esta ponencia pretende indagar sobre las posibles relaciones existentes entre los gobiernos, los actores económicos, las empresas nacionales e internacionales, y las dinámicas del conflicto armado en la implementación de un modelo de desarrollo extractivista. Para ello, nos centraremos en la Altillanura 1 , subregión de la Orinoquía colombiana, la cual ha sido considerada como la última frontera agrícola en Colombia por sus grandes extensiones de tierra, por su ubicación estratégica y potencialidad económica. Por tanto, la región ha despertado el interés tanto del gobierno como de los inversores privados nacionales e internacionales para la implementación de un modelo de desarrollo agroindustrial. 1 La región abarca 13.557.956,35 hectáreas, se abre paso desde el municipio de Puerto López pasando por la margen derecha del río Meta hasta la desembocadura del río Orinoco. Esta región comprende los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, la Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía. 312 Aunque investigaciones como la de Alejandro Reyes Posada (2009) y la de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009) han sido claves para comprender los mecanismos de despojo que operaron en la usurpación de tierras rurales en el país, los actores que intervinieron y, de forma más reciente, la acumulación de predios baldíos 2 por parte de agroindustrias, aún persisten algunos vacíos como la explicación de estos mecanismos en una región como la Orinoquía. Sobre la región en particular, se cuenta con informes de organizaciones internacionales como OXFAM (2013) sobre el fenómeno de concentración de tierras en Colombia para la explotación agroindustrial. Igualmente, los trabajos de Yamile Salinas (2010) e Ivonne Rodríguez González (2013) contribuyen a esclarecer estos procesos en la región pues se enfocan en explicar cómo la tierra rural durante la última década ha sido concentrada por empresas nacionales y extranjeras, y describen los cambios legislativos impulsados desde los gobiernos que han favorecido el desarrollo de la agroindustria y la explotación de hidrocarburos. Con esta ponencia nos gustaría contribuir a llenar este vacío académico enmarcando este fenómeno local en las dinámicas de la acumulación del capital a nivel global, evidenciando las alianzas del gobierno con los empresarios y el latifundio. Abordaremos por una parte, la relación existente entre el actual modelo de acumulación de capital, la consolidación de un modelo de desarrollo extractivista de carácter agro-exportador y las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Asimismo daremos cuenta de la asociación entre las políticas neoliberales de desarrollo y la participación de múltiples agentes como los gobiernos, los latifundistas, el sector industrial, el capital financiero y los grupos armados, en la implementación de modelos de desarrollo rural acordes con sus intereses y con las dinámicas de acumulación que se dan en las diferentes etapas del capitalismo. En particular, abordaremos el caso de El Brasil, las tierras de La Fazenda, Puerto Gaitán, Meta (Colombia) para ilustrar cómo el paramilitarismo en la Altillanura propició la implementación de un modelo de desarrollo extractivista de agricultura a gran escala. Expondremos por lo tanto, cómo en este caso en particular, predios que el Estado había adjudicado en un principio a campesinos fueron despojados por grupos armados para luego ser acumulados, comercializados y posteriormente legalizados para la explotación agroindustrial. 2. Dinámica-económica global-local Las posibles relaciones existentes entre el conflicto armado en Colombia y la reconfiguración de los territorios a partir de la implementación de una serie de políticas económicas no se puede entender sin comprender las dinámicas de la acumulación del capital a nivel global. El actual carácter extractivo del proceso de globalización capitalista se sustenta en la competencia entre capitales internacionales y nacionales por el acaparamiento de tierras, suelo y subsuelo, utilizando diferentes modalidades de apropiación del territorio y de los recursos como pueden ser la expropiación, la extranjerización, la titularización, la financiarización y el derecho real de 2 En la legislación colombiana un territorio baldío es un bien público propiedad de la Nación, catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables y ubicados en zonas rurales que, como regla general, debe ser adjudicado a quienes reúnan las condiciones establecidas en la ley. 313 superficie 3 , para la producción de commodities que se negocian en las diferentes instituciones que componen el mercado mundial, pueden ser biocombustibles, agroalimentos, maderas o recursos naturales no renovables como los minerales y el petróleo (Garay, 2013 en Ñáñez y Salgado, 2014). En la actual división internacional del trabajo, las estructuras productivas de América Latina se concentran en la producción de materias primas y bienes de consumo indispensables para apuntalar ese sistema de acumulación. Esta especialización económica de los países de la región se traduce en la escala estatal en la adopción por parte de los gobiernos de una serie de medidas enfocadas hacia la apropiación de la naturaleza y la expansión de las fronteras agrícola, minera, petrolera, energética y forestal hacia territorios que, desde una lógica economicista, son considerados como improductivos y solo como contenedores espaciales de recursos (Ñáñez y Salgado, 2014). Por tanto, el modelo alimenta un sistema productivo con una baja diversificación y altamente dependiente de la inserción de estos países en el mercado mundial como abastecedores de materias primas (Gudynas, 2009). Houghton (2008) señala que la espacialidad del modelo neoliberal para América Latina en términos territoriales ha sido entendida por diferentes especialistas en tres dimensiones: “la nueva distribución de los recursos naturales, la configuración militar del continente asociada la necesidad de controlar las fuentes de esos recursos y el reordenamiento de los Estados-naciones” (pág. 16). Estos tres elementos cobran especial relevancia para las comunidades campesinas e indígenas en tanto las políticas implementadas para la puesta en marcha del modelo se contraponen a sus proyectos comunitarios y a su territorialidad. En este sentido, los territorios y los recursos presentes en los mismos se convierten en objeto de disputa por parte de diferentes actores legales e ilegales. Siguiendo a este autor, en el caso colombiano, el tema de la tierra determina la vida política y económica del país como también sus formas de representación ideológica y cultural, en donde los diferentes gobiernos han estructurado sus políticas en función de los intereses del latifundio primero en alianza con el sector industrial y, posteriormente, con el capital financiero para la implementación de modelos de desarrollo rural acordes con sus intereses y con las dinámicas de acumulación que se dan en las diferentes etapas del capitalismo. 2.1. El impulso al sector agroindustrial: alianzas gobierno, latifundio, industria y capital financiero. En el año 2001 se publicó el Informe Misión Paz, el cual planteaba una serie de lineamientos generales de reestructuración de la política pública rural y agropecuaria del país que implicaba una “transformación económica y social del campo colombiano” (Misión Paz, 2001, pág. 15). Este estudio representaba la visión del gremio agropecuario y señalaba de manera expresa el reconocimiento del campo y de la agricultura como sectores productivos estratégicos en el desarrollo económico del país. Es de señalar, que entre los patrocinadores de la investigación se encontraban las principales empresas del sector y grupos económicos como es el caso de Luis Carlos Sarmiento, la Organización Ardila 3 El derechos real de superficie se refiere a un derecho autónomo que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un predio y hace propio lo plantado, construido o ubicado en superficie ajena. 314 Lülle y el Sindicato Antioqueño, actores hegemónicos con gran capacidad de incidencia en el ámbito político y económico. La política pública para el agro colombiano propuesta por Misión Paz se estructuraba sobre la base de la explotación del potencial productivo a partir de tres elementos principalmente: el aprovechamiento de las tierras subutilizadas, la explotación de recursos naturales y la ampliación de la frontera agrícola. En el informe se señalaba que “buena parte del área en Colombia está subaprovechada, ya que las 18.294.637 hectáreas que podrían utilizarse en agricultura -16% del territorio nacionalmenos de cuatro millones se están cultivando, es decir, la quinta parte de las tierras potencialmente cultivables” (Misión Paz, 2001, pág. 19), haciendo hincapié en el hecho de que Colombia es uno de los países en desarrollo que mayor disponibilidad de tierra tiene para la agricultura. En cuanto a la explotación de los recursos naturales, el informe se centraba de manera particular, en la oferta hídrica del país destacando su superioridad en comparación con el promedio de otros países latinoamericanos y a nivel mundial, lo que le proporcionaría una ventaja para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Además, el aprovechamiento de la biodiversidad permitiría, a través de su explotación, grandes dividendos productivos. La explotación de recursos naturales se unía en el informe al potencial geoestratégico con el que cuenta el país en términos de acceso al Océano Atlántico y el Pacífico, lo que le favorecería el comercio con los principales mercados internacionales. Es decir, la sostenibilidad del modelo se plantea en términos extractivos y de vinculación a los circuitos internacionales. Por otra parte, la estrategia de desarrollo planteada en el informe se complementaba con la ampliación de la frontera agrícola como un elemento fundamental si se quería aprovechar al máximo el potencial productivo en un contexto internacional de alta demanda de materias primas y de alimentos por parte de las economías de centro del sistema-mundo y de regiones altamente pobladas 4 . Bajo esta lógica, las políticas y programas para el campo deberían estar enfocadas al desarrollo de actividades productivas agropecuarias que cubrieran las necesidades que se plantearan en la escala global de la economía bajo las nuevas dinámicas de acumulación del capital. En esta lógica, la propuesta de desarrollo rural se sustentaba en un enfoque político sobre el problema de la tierra basado en una serie de argumentos económicos “según los cuales la potencialidad de la actividad sectorial no está tanto en la tierra como en las actividades que generan valor agregado. En esta perspectiva, la atención debiera centrarse en el ciclo completo de la cadena productiva, la generación de empleo y de ingresos” (Salgado, 2004, pág. 4). Por tanto, la cuestión de la tierra y los conflictos asociados a la misma no se resuelven a través de políticas de redistribución o de una reforma rural integral 4 Para los investigadores del informe, la ampliación de la frontera agrícola se sustenta en el análisis de las dinámicas del mercado mundial de bienes agropecuarios en donde se estima que “Los precios de estos bienes tenderán a crecer moderadamente, o al menos atemperarán su tradicional tendencia bajista, y los países que cuentan con potencial de expansión de su frontera agrícola, en particular de Sudamérica —entre ellos Colombia— y, en menor medida, del África Subsahariana, podrán ser los grandes beneficiados y contarán con interesantes posibilidades de incrementar sus exportaciones sectoriales” (Misión Paz, 2001, pág. 61-62). Por su parte, Carlos Salgado (2004) señala que el informe “se inscribe en una apuesta por copar parte de la demanda mundial en palma, maíz tecnificado, yuca y soya para alimentar aves, plantaciones forestales, pesca y acuicultura, bases para generar divisas y empleo” (pág. 7). 315 sino a partir de la implementación de una serie de programas que permitieran la empresarización del sector agropecuario 5 . Salgado (2004), señala que este enfoque productivista se encuentra sustentado en “variables convencionales de crecimiento y haciendo abstracción de las relaciones a partir de las cuales se ha creado el conflicto político y social del país” (pág. 5). El informe de Misión Paz también dejaba abierta la posibilidad de saltarse el orden constitucional, en cuanto al derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas sobre los territorios colectivos, para la implementación de un modelo empresarial y productivista del uso de la tierra, señalaba: “si bien la legislación para minorías étnicas comporta un necesario elemento de protección y consideración de sus posibilidades y limitaciones específicas, no puede convertirse en talanquera para el desarrollo de proyectos de inversión empresarial, respetuosos tanto de los derechos de las mismas como del medio ambiente" (Misión Paz, 2001 en Salgado, 2004, pág. 5). Para el artículo que nos ocupa, es relevante señalar que en el informe se tomaba como estudio de caso para la aplicación de las políticas propuestas la zona de la Orinoquía, como una región fundamental en el modelo de desarrollo empresarial, debido entre otros factores a la disponibilidad de tierras aptas para el uso agropecuario, la baja densidad poblacional, la riqueza ecosistémica, la posición estratégica (posibilidad de conexiones terrestres y redes fluviales con el interior del país y hacia el Océano Atlántico y Pacífico) y la amplia diversidad en cuanto a recursos minerales, hidrocarburos e hídricos. Convirtiendo a la región en un territorio con las condiciones necesarias para la aplicación de políticas económicas de carácter extractivo – exportador. El modelo productivo propuesto para la región se basaba principalmente en la utilización de los suelos para el desarrollo de las siguientes cadenas agropecuarias: avícola, silvicultura, porcícola, ganadería, palma africana, caucho, marañón, agroforestería, cítricos y otros frutales. El cálculo de tierras disponibles para dichas actividades se basaba en la tecnología disponible en el momento, pero destacaban el potencial de la Orinoquía inundable, en relación con la dotación de tierras planas fáciles de mecanizar y una gran disponibilidad de recursos hídricos. Las líneas estratégicas planteadas en este informe coincidieron con las políticas de desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) de convertir la Altillanura en el nuevo polo de desarrollo del país, impulsando las alianzas entre el latifundio y los sectores industriales al que posteriormente se sumaría el capital financiero. Para ello impulsó la iniciativa “Renacimiento de la Orinoquía” cuyo proyecto bandera era el desarrollo de más de seis millones de hectáreas en cultivos agroindustriales, principalmente forestales, caucho y palma de aceite. Las políticas económicas implementadas durante el periodo presidencial de Uribe Vélez se consolidaron con el modelo de desarrollo del Presidente Juan Manuel Santos (2010-2014) sustentado en lo que se ha denominado las 5 Al respecto, en el informe se señala que para la supervivencia y el aprovechamiento pleno del potencial del pequeño y mediano campesino es necesario el desarrollo de su estructura empresarial a través de una profunda transformación que lo habilite para la competencia a escala nacional e internacional (Misión Paz, 2001). Esta propuesta se traduce en que la economía campesina debe dejar de lado las formas tradicionales de producción para vincularse, a través de formas asociativas, a las empresas agroindustriales y agropecuarias ligadas a los circuitos económicos internacionales dominantes. 316 “locomotoras de desarrollo”. En la estrategia de este gobierno, se fijó como prioridad el impulso no sólo de infraestructura, sino también de oferta de tierras en la región de la Altillanura (Presidencia de la República de Colombia, 2011; Domínguez, 2013). En el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” se definió a esta región como el lugar idóneo para impulsar la “locomotora agrícola” centrada en la agroindustria y en la expansión de la frontera agrícola (Rodríguez, 2014). Por lo anterior, se puso en marcha una nueva oleada de colonización hacia los Llanos Orientales, la cual produjo un cambio demográfico significativo en la región. Ahora bien, la aplicación de este modelo de desarrollo rural solo se podía lograr a través de la pacificación de la región y la adopción de políticas que permitieran la seguridad para la inversión nacional y extranjera, condiciones necesarias para llevar a cabo las mejoras de infraestructura y comunicaciones necesarias para extraer y transportar las materias primas hacia los circuitos internacionales de comercio. 3. Conflicto armado y modelo de desarrollo En Colombia, la transformación de la propiedad rural, los procesos de acaparamiento y despojo territorial han sido explicados en contextos recientes bajo la lente del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la adjudicación de licencias mineras y agroindustriales por parte del Estado central a empresas nacionales y extranjeras (Machado 2002 , Reyes Posada 2016 [2009]). Las explicaciones de este proceso subrayan de manera general la asociación entre las políticas neoliberales de desarrollo, la participación de empresarios nacionales y extranjeros y sus alianzas con grupos paramilitares. Por lo tanto, las nociones más comunes que se han trazado sobre el acaparamiento de tierras en Colombia se asocian con el lavado de capitales provenientes del narcotráfico, la acción de grupos paramilitares, las alianzas de empresarios, el desplazamiento forzado de poblaciones rurales, y el despojo ilegal de tierras (Reyes Posada, 2016 [2009]), Ballvé, 2011, Rodríguez González, 2014). En este sentido, el conflicto armado interno en Colombia parece ser funcional a la implementación de un modelo de desarrollo basado en la industria extractiva de minerales y en la agroindustria. Desde una perspectiva política, el proceso de despojo y de usurpación de tierras a través de métodos violentos ha sido parte de las estrategias utilizadas por los actores armados en el marco del conflicto. Estas prácticas han estado estrechamente relacionadas con los intereses de las élites regionales, con los cambios en los modelos de desarrollo, con el control de la tierra como elemento de prestigio social o de enriquecimiento económico (Calle Alzate, 2015). Como asevera Houghton, en Colombia, se ha mantenido e incrementado la figura del latifundismo armado; “[…] los que en un principio fueron grupos sicariales al servicio de terratenientes, dieron paso en los años ochenta a empresarios rurales y latifundistas que armaron los primeros ejércitos paramilitares; al mismo tiempo, el narcotráfico copó a latifundistas tradicionales, trayendo a los carteles y de paso a los paramilitares […]” (Houghton, 2008, pág. 24). 317 3.1. Paramilitarismo en la Altillanura En la Altillanura el origen de los paramilitares, se remonta a la primera mitad de la década del ochenta con la “guerra” 6 entre los esmeralderos de Boyacá, en especial Víctor Carranza 7 y el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el “Mexicano”. En el departamento del Meta, el paramilitarismo tenía un modo de operar similar al del sicariato. Los narcotraficantes disponían de sus ejércitos privados para disputarse el negocio del tráfico de cocaína y también el comercio de las esmeraldas, ejércitos que luego comenzaron a resguardar las tierras que los narcotraficantes empezaron a comprar en el Llano (Garzón, 2005; Medina Gallego, 2005). Después de la muerte de Rodríguez Gacha en 1989 8 , los grupos que se encontraban bajo la influencia de Víctor Carranza comenzaron a ampliar su presencia en el Meta, a partir de Puerto López y Puerto Gaitán, extendiéndose hacia los antiguos territorio de Rodríguez Gacha. De esta forma, a partir de los años noventa, en el departamento del Meta comenzaron a hacer presencia varios grupos de autodefensa que se disputaban entre ellos, y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, 9 el dominio de los corredores estratégicos del departamento y las zonas más aptas para el cultivo, procesamiento y transporte de la coca (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007). Desde finales de 1994, un grupo paramilitar denominado Serpiente Negra que estaba vinculado a Víctor Carranza, realizó una ofensiva en el departamento del Meta, concentrando sus acciones en la región del Alto Ariari por medio de amenazas, homicidios y desapariciones (Garzón, 2005). Fue así como en 1994 fueron fundadas las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) por finqueros de la región. Estas estaban al mando de José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres o el Colorado, que son la expresión de la expansión que durante los ochenta impulsaron los Carranceros 10 hacia el norte del país. Posteriormente, en la segunda mitad de los noventa, se desplazaron hacia algunas zonas cocaleras del Alto Ariari en el departamento del Meta, extendiéndose hasta el departamento del Vichada (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007) 11 . 6 La “guerra” de Rodríguez Gacha en contra de Víctor Carranza y Gilberto Molina que tuvo como escenario Boyacá, el Magdalena Medio y Cundinamarca. 7 Víctor Carranza fue un empresario, esmeraldero y propietario de grandes extensiones de tierra en la Orinoquía y otras regiones del país. Véase: Giraldo, J. y Cepeda, I., (2012). Victor Carranza alias "El Patrón". Bogotá, Debate. En el libro se documenta como Carranza fue promotor de las ACMV y de como puso a disposición sus haciendas para entrenar grupos de paramilitares, desaparecer victimas y esconder armas. 8 A finales de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha fue “dado de baja” por la Policía Nacional y, como consecuencia de su muerto, las estructuras armadas que controlaban sus tierras en el Meta se derrumbaron. 9 Las FARC tuvieron su origen en las autodefensas campesinas de orientación comunista de los años cincuenta. En 1965, estos grupos de autodefensa se reconocieron como guerrilla revolucionaria durante la Primera Conferencia Guerrillera de Marquetalia, adoptando el apelativo de Bloque Sur, pero fue hasta la celebración de la Segunda Conferencia en 1966, cuando se constituyeron formalmente bajo esa denominación. 10 En la zona a este grupo paramilitar le decían “Los Carranceros”, en alusión a Víctor Carranza. 11 Las ACMV no era el único grupo de influencia en la región, también operaban otros grupos como el Bloque Centauros que estaba directamente articulado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Bloque Central Bolívar (Garzón, 2005) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). 318 Además del control terrestre y fluvial las ACMV, cobraban tributos y prestaban servicios de seguridad a algunas corporaciones multinacionales pues consideraban que proporcionaban puestos de trabajo y desarrollaban la región (Richani, 2005) por lo que se puede inferir que estas empresas financiaron grupos paramilitares a cambio de seguridad y protección para sus infraestructuras 12 . Tanto las ACMV como las AUC, tenían un control importante sobre los territorios por los que pasaban los oleoductos. Así, el principal objetivo de las fuerzas paramilitares fue el de establecer y consolidar una “zona de seguridad” que podría disminuir la influencia de las guerrillas en estas zonas estratégicas. De esta forma, los grupos paramilitares desplazaron a grupos guerrilleros monopolizando la renta que estos obtenían de las compañías petroleras (Richani, 2005). Según las declaraciones realizadas por el líder de las ACMV, José Baldomero Linares, durante las audiencias de control de legalidad de Justicia y Paz 13 , las ACMV le cobraban “impuestos” a lancheros, camioneros, petroleros, pilotos de aviones de fumigación, narcotraficantes, palmeros y arroceros (Giraldo & Cepeda, 2012). Según un libro de contabilidad entregado por los desmovilizados a la Fiscalía, en Puerto López, 230 fincas arroceras, palmeras, de maíz y de sorgo pagaban este tipo de impuesto. Así, en 2003, lograron recaudar unos 450 millones de pesos. En Puerto Gaitán, 107 predios fueron afectados por las extorsiones. Los ganaderos por su parte pagaban 1000 pesos anuales por hectárea de sabana y 2000 por hectárea de pastos 14 (Calle Alzate, 2015). A partir del año 2000, el fenómeno paramilitar entra en una nueva etapa marcado por una mayor presencia de las fuerzas armadas del Estado en la zona, la emergencia de grupos armados y el auge de un nuevo ciclo económico basado en la extracción de materias primas y el desarrollo agroindustrial. En este contexto, el Presidente Álvaro Uribe formuló la Política de Defensa y Seguridad Democrática, cuya expresión militar, el Plan Patriota, tenía como propósito golpear de manera decisiva a las estructuras armadas ilegales 15 . La política de seguridad se tradujo en la militarización de la sociedad, la persecución y criminalización de organizaciones sociales, la ejecuciones extrajudiciales y la integración de los paramilitares en los espacios políticos, sociales y militares del país (Tenthoff, 2008). En el mes de diciembre de 2002, las AUC decretaron de forma unilateral un cese de hostilidades, para empezar una negociación sobre su posible desmovilización (Tenthoff, 2008). Esto se materializó con la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre las AUC y el gobierno central. En la Orinoquía, durante esta misma época, las disputas territoriales entre los principales grupos paramilitares que dominaban la región se intensificaron produciendo el 12 Este es el caso de empresas como la British Petroleum (BP), Total y Triton, asociadas con la construcción y mantenimiento de los oleoductos que van desde los campos petroleros de Cusiana y Cupiaqua en el departamento de Casanare a Coveñas, en la costa del Caribe. 13 El 25 de Julio de 2005 fue sancionada la Ley de Justicia y Paz columna vertebral del proceso de justicia transicional implementado en el proceso de negociación entre el gobierno y los grupos paramilitares. 14 La Fiscalía ha tenido dificultades para verificar el delito a causa de la ausencia de denuncias por extorsión. Según el fiscal, los ‘paras’ llegaron a Puerto López a pedido de algunos ganaderos, y es probable que por eso no quieran salir a la luz. 15 El plan patriota era la continuación del Plan Colombia firmado en 1999 entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante las administraciones Andrés Pastrana Arango y Bill Clinton. 319 debilitamiento militar de los implicados (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007; Garzón, 2005). Posteriormente, el Gobierno nacional entabló negociaciones con estos grupos de autodefensa, acordando su desmovilización colectiva a través de la Ley 975 de Justicia y Paz. Es importante señalar, que tanto la Política de Seguridad Democrática como el proceso de negociación y desmovilización con los grupos paramilitares parece responder a las intenciones del Gobierno de pacificar la región para crear las condiciones necesarias para la consolidación del modelo de desarrollo agroindustrial y, de esta manera, atraer la inversión de capitales nacionales y extranjeros. 3.2. Después de la “pacificación” viene la siembra. Como argumentamos anteriormente, el fenómeno del paramilitarismo en Colombia se encuentra estrechamente vinculado con el acceso y control de grandes extensiones de tierra. No hay cifras exactas sobre el total de tierra que se ha acumulado a través del ejercicio de la violencia (Tenthoff, 2008). Según datos de la Contraloría, en 2007 los grupos paramilitares controlaban un total de 4 millones de hectáreas y tenían presencia en 712 municipios (Fundación Seguridad y Democracia, 2007; Álvaro Rodríguez, 2009). La presencia de economías extractivas ha sido funcional para el mantenimiento de las estructuras de los diferentes actores armados que disputan el control territorial, en tanto, se convierten en fuentes de financiamiento (Villa, 2011). En este sentido, los territorios que poseen materias primas sustento del modelo agro-exportador se convierten en objeto de disputa en el que se cruzan diferentes territorialidades no solo referidas a los proyectos de los actores armados sino que intervienen también las derivadas de la legislación del Estado colombiano en materia de reconocimiento de derechos territoriales de pueblos indígenas afrocolombianos y campesinos. El año 2012, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que advertía que en el municipio de Puerto Gaitán, el territorio se estaba disputando entre varios grupos armados ilegales por ser considerada la última frontera agrícola y ganadera del país. Según el informe, […] En este contexto, los grupos armados ilegales de acuerdo con sus intereses, han identificado los territorios de la región como una zona estratégica por ser una nueva fuente de recursos económicos para el desarrollo de sus actividades, bien por la supuesta hipotética “prestación de servicios de seguridad”, bien por la realización de actividades extorsivas a empresarios y compañías que hacen presencia en el territorio […]” (Defensoría del Pueblo, 2012). Villa (2011) arguye que aunque el significado de la guerra se puede diferenciar según regiones y contextos históricos, es posible advertir que su única lógica es la imposición del modelo de desarrollo, que se asocia al control de las materias primas disponibles en los territorios, a la expansión de la frontera agrícola o a la política estatal minero-energética. Los actores armados no dejaron de ejercer control territorial con su presencia en aquellos territorios que los indígenas, campesinos y afrocolombianos esperaban serían reconocidos por el Estado (Houghton & Villa, 2004). En este sentido, concordamos con Tenthoff (2008), en que el impulso que se ha dado en los últimos años al sector agroindustrial, la industria petrolera, la minería