Los servicios sociosanitarios en la sociedad de bienestar

· 11 · LOS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS EN LA SOCIEDAD DE BIENESTAR Silverio Barriga (Universidad Hispalense de Sevilla) Inmaculada Trujillo (Universidad Pablo de Olavide) RESUMEN Se analizan los distintos planteamientos teóricos sobre el Estado de Bienestar desde su origen hasta hoy. Luego se elabora una propuesta para la provisión y gestión del espacio sociosanitario, como integración de dos campos hasta ahora generalmente desconectados (el sanitario y el social) para finalmente proponer un modelo que privilegia la participación de los agentes de la Economía Social. ABSTRACT The different theoretical approaches to Welfare State are analysed from its beginning up to date. A proposal for the provision and management of social and sanitary services is put forward, which involves the integration of fields that usually were disconnected. Finally, a model is proposed which primes the participation of Social Economy agents. 1 La atención sociosanitaria1 Una de las mayores urgencias del futuro radica en la previsión de las necesidades sociosanitarias que van a caracterizar a la sociedad occidental: 1Desarrollamos aquí algunas de las ideas iniciadas en Barriga, S. Trujillo, I. Medina, S. Y León, J.M.: “Globalización y calidad de vida en la sociedad de bienestar: los servicios sociosanitarios”, Actas del VIII Congreso de Psicología Social, Málaga 2002. Anduli · Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 4 – 2004 · 12 · - el envejecimiento progresivo de la población2; - el surgimiento de enfermedades propias de este envejecimiento (sobre todo las enfermedades crónicas, los deterioros mentales) junto a las modernas enfermedades contagiosas como el SIDA etc.); - el vertiginoso descenso demográfico, fruto entre otras causas de una concepción más egocéntrica y calculada de la vida, así como de un deterioro de las condiciones de seguridad (laboral, afectiva, etc.); - la ruptura de las estructuras familiares tradicionales junto a la diseminación familiar; - las viviendas pequeñas y desajustadas a las necesidades de los mayores; - el acceso de la mujer al trabajo por cuenta ajena. Características que coinciden, al menos en España, con la cobertura universal de los servicios sanitarios etc. Como consecuencia de todo ello se están planteando situaciones sociales que se caracterizan por: - la creciente demanda de servicios sociosanitarios hasta ahora latente o mal servida por entidades voluntariosas o empresarios privados; - la crispación y ruptura de la solidaridad familiar por la dificultad para asumir las responsabilidades frente a los mayores, máxime cuando estos mayores confiaban totalmente en la atención de sus hijos para su vejez ; - la disminución de los cuidadores informales ( sobre todo, mujeres en casa) lo que genera nuevos manantiales de empleo formal; - la urgencia de armonizar los servicios sanitarios y los tradicionales servicios sociales; - la aparición de un mercado nuevo centrado en estas necesidades para garantizar la autonomía personal hasta ahora atendidas, a su manera, por familiares cercanos; - un nuevo replanteamiento de cuál es el momento más adecuado para formalmente facilitar la herencia a los hijos, pues los mayores van a querer preservar sus bienes para una hipotética urgencia social o para completar los servicios que la solidaridad colectiva les garantiza. De ahí que esta situación puede desembocar en una situación asfixiante por el 2Ya en 1999 el 15,98% de la población española tenía más de 65 años según el IMSERSO, estando en dependencia socioafectiva el 4% de la población; en Andalucía un 13,55% tenía más de 65 años y un 3,39 % no disfrutaba de suficiente grado de autonomía personal (Preferimos hablar de garantía de la autonomía personal en vez de incidier negativamente en la dependencia de nuestros mayores o de los enfermos crónicos. Insistir en la dependencia corre el riesgo de insistir en una visión de beneficencia para el desarrollo de los derechos de ciudadanía en las personas mayores). Según el censo de 2001 el 17% de la población española tiene más de 65 años y el 6,6% más de 76 (cfr. ) . · 13 · Artículos · Silverio Barriga / Inmaculada Trujillo crecimiento exponencial de las demandas sin el correspondiente crecimiento de los recursos necesarios para satisfacerlas. Ante este panorama los neoconservadores han dado el grito de alarma y han apelado prioritariamente a la capacidad ahorrativa de los ciudadanos para que suscriban planes de pensiones que garanticen sus últimos días. En cambio, desde una perspectiva más progresista, se intentan alumbrar soluciones colectivas y solidarias. Entre ellas cabe, sobre todo, redistribuir los dispositivos sociosanitarios actuales para que su gestión sea más eficiente, para que exista gobernabilidad3 en los servicios. E igualmente, cabe introducir la cobertura de la garantía para la autonomía personal4 mediante la garantía del Estado. Se han de prever los recursos necesarios para que, llegado el momento, todos tengamos derecho a disfrutar de esa cobertura de autonomía. La imaginación de los políticos tiene que elaborar fórmulas que salvaguarden tanto la solidaridad como la responsabilidad en la previsión de esos recursos. Al Estado le corresponde una función equilibradora, capacitadora e impulsora para, más allá de lo que ahora se hace en Europa o Estados Unidos de América: - restaurar la equidad social para todos los ciudadanos, particularmente los menos favorecidos dedicando recursos a reducir las desigualdades socioeconómicas y estableciendo los controles para que nos se desarrollen monopolios generadores de mayores desequilibrios en el reparto de los bienes; - establecer la conexión entre derechos y obligaciones para que nadie se desvincule de su responsabilidad social por el hecho de ser ciudadano; - mantener o generar instancias que, como la familia o grupos institucionalizados de apoyo social, generen y mantengan mecanismos de solidaridad intergeneracional; - considerar que en la gestión de los derechos sociales cabe la participación empresarial del capital privado, sin que los legítimos beneficios contradigan el servicio que se presta; - corresponsabilizar a todos los agentes sociales (agencias estatales y agencias privadas, agencias públicas y agencias mercantiles) en la gestión de los recursos dedicados a garantizar los derechos sociosanitarios de todos los ciudadanos - sensibilizar a todos los ciudadanos de que los derechos sociales son garantía de mejor calidad de vida para todos; - incrementar los niveles de participación social para así enriquecer el ejercicio de 3Dentro de la orientación de la Calidad Total (Beckard, 1988; Férnandez Ríos y Sánchez, 1997; Instituto Nacional de Administraciones Públicas, 1992) en los servicios públicos conviene introducir elementos de implicación personal en el desarrollo de las estrategias a favor de la calidad; no basta con la mera gestión con orientación productiva. Hay que comprometer y motivar a todos los participantes en la organización para que se preste el servicio con la máxima calidad posible, actualizando los procedimientos y teniendo en cuenta las nuevas posibilidades tecnológicas. 4Preferimos hablar de garantía de la autonomía personal en vez de incidier negativamente en la dependencia de nuestros mayores o de los enfermos crónicos. Insistir en la dependencia corre el riesgo de insistir en una visión de beneficencia para el desarrollo de los derechos de ciudadanía en las personas mayores Anduli · Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 4 – 2004 · 14 · la democracia política; - para finalmente, lograr que la justicia social se desarrolle entre todos mientras se garantizan las condiciones estructurales que faciliten alcanzar tanto el Bienestar individual como el Bienestar Social. Este planteamiento conlleva un auténtico rearme moral de la sociedad, menos centrada en los meros desarrollos económicos y más en los sociales. La economía debe ponerse al servicio del Bienestar individual y social de todos los ciudadanos. La globalización económica ha de completarse con una globalización social, en donde primen los valores humanistas y se garanticen los derechos humanos y sociales como derechos de ciudadanía. Si el desarrollo económico es la base en que se funda tanto la libertad política como psicológica, justo será apostar por una economía saneada, que acoja a sujetos emprendedores, trabajadores, responsables. El dinero, en una sociedad bajo las leyes del mercado, es imprescindible para establecer una adecuada red de atención a las necesidades sociosanitarias de la población. 2 El Estado de Bienestar (E.B.): desmantelamiento, reducción o universalización Para algunos, la crisis del E.B se debe más que a las limitaciones del modelo a los problemas inherentes a su propio desarrollo (Hirchman, 1980) Y, sobre todo, a la voluntad política de querer mantenerlo, pese a los grupos de presión que quieran ir en su contra. Pues, no son los beneficios los que van a faltar, sino la voluntad en su equitativa distribución. Y cuando se ha pretendido realizar un balance de dicho EB., desde una metodología de coste–beneficio algunos como Haveman (1985) han resaltado ganancias y pérdidas, sin por ello abjurar del modelo. Estas serían las posibles ganancias y pérdidas: Ganancias: reducción de la incertidumbre (gracias a la seguridad social y a la ayuda en el desempleo); incremento en el capital humano (educación, vivienda, salud); reducción de las diferencias de renta (progresividad fiscal y provisión de bienes públicos);incremento de la estabilidad macroeconómica ( papel estabilizador de los gastos sociales); promoción de los cambios tecnológicos ; e incremento de la cohesión social. Pérdidas: reducción del esfuerzo en el trabajo; disminución del ahorro privado; reducción del crecimiento de la productividad (por las regulaciones laborales); aumento de los costes administrativos; limitación de la capacidad de autonomía de los consumidores ( por la regulación directa y la provisión de bienes públicos); y aumento de la economía sumergida Cuando hablamos del Estado de Bienestar, dentro del concepto de Bienestar entendemos tanto lo referente a elementos objetivos propios del Estado Benefactor o Asistencial (Welfare State) , como a los componentes subjetivos (Wellbeing). Cuando hablamos de Bienestar Individual nos referimos al equilibrio cognitivo– emocional que vivencia el sujeto como miembro de una comunidad que le permite percibirse así mismo con calidad de vida. Se identifica con el estar bien o estar · 15 · feliz. Y lo distinguimos del Bienestar Social que es el resultado de los bienestares individuales como consecuencia del equilibrio en el reparto de los recursos dentro de una comunidad, al tener todos los ciudadanos las mismas oportunidades en el acceso a los recursos para satisfacer sus necesidades, independientemente de su diferente capacidad de origen. El Bienestar Social se funda en los principios de justicia, equidad y libertad. El Bienestar individual no necesariamente coincide con el Bienestar Social. Hay sociedades con individuos que gozan de gran bienestar pese a que las estructuras sociales son generadoras de la dualización social, bien porque aceptan principios ideológicos basados en el desigual acceso a los recursos, bien porque ignoran, en la práctica, la existencia de tales desequilibrios. Dependiendo de los planteamientos ideológicos a los que adherimos podremos convivir con unas u otras situaciones sociales sin que necesariamente incidan en nuestra vivencia personal. Los principios de la coherencia cognitivo–emocional se revisten de resistencias capaces de vencer los planteamientos teóricos de los científicos de las Ciencias Sociales. La inconfortabilidad de la incoherencia cognitivo–emotiva puede hallar su compensación en el placer inmediato y en la negación de la solidaridad. La complejidad de los humanos ampara las más variopintas situaciones sociales. Y es difícil empatizar en estos temas cuando proyectamos sobre las vivencias de los otros los presupuestos ideológicos de nuestro propio andamiaje teórico o los planteamientos de nuestras adhesiones éticas. El Estado de Bienestar implantado básicamente en Europa5 ha supuesto la corresponsabilización del Bienestar Social, legislando para reducir los desequilibrios económicos, ampliar la cobertura de los derechos sociales de ciudadanía, proveer los servicios sociales desde agencias estatales, y aumentar los estándares de calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. En los últimos años, dado el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de los servicios sociales demandados por la población, se han levantado voces exigiendo un planteamiento que racionalice las prestaciones sociales del futuro para garantizar su mantenimiento. Ello ha llevado a distintos planteamientos y a construir una tipología de sistemas de bienestar ( Becker, 2000 p. 219): paternalista– elitista (la igualdad es algo natural), el liberal (predomina la visión optimista y positiva del mercado, el socialdemócrata (predominio de la ciudadanía social e igualdad de condiciones); el comunitario ( el grupo complementa al mercado) , el clientelista 5En España, el Sistema de Protección Social se desarrolla a partir de tres niveles: público y no contributivo (garantizado por el presupuesto del Estado), público y contributivo (básicamente garatizado por trabajadores y empresarios), así como privado y complementario (asimido por trabajadores y empresarios). Hasta principios del siglo XX la previsión social era sólo la beneficencia privada y el mutualismo. En 1908 se crea el Instituo Nacional de Previsión. A partir de 1919 se pone en marcha el seguro social obligatorio con al entrada en vigor del régimen obligarorio de jubilación obrera (1921), el seguro obligatorio de maternidad (1929), el seguro agrícola de accidentes (1931), el seguro familiar (1938) el seguro de vejez e invalidez (1939), el de enfermedad (1942). Y en 1963 se crea el sistema unificado de seguridad social que con la ley de 1974 llega hasta nuestros días homogeneizando la acción de protección social y universalizando sus prestaciones a todos los ciudadanos. El Pacto de Toledo de 1994 consolida el sistema de protección social público de cara al futuro y desarrolla el sistema de previsión social complementario de gestión privada (cfr. Castillo, S. 2001). Artículos · Silverio Barriga / Inmaculada Trujillo Anduli · Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 4 – 2004 · 16 · (prestaciones sociales como intercambio político de favores personales), y el rudimentario (fundado en el apoyo familiar y el voluntariado). 2.1 El desmantelamiento de los Servicios Sociales Desde la ideología conservadora y neoliberal (Hayek 1960; Friedman, 1962) en donde predominan los planteamientos economicistas, el Estado de Bienestar debe ser desmantelado pues no hace sino cohibir la iniciativa privada de los individuos creativos y facilitar la actitud subsidiaria de quienes se aprovechan de los Servicios Sociales. En la organización social urge premiar el uso responsable de la libertad individual por encima, incluso, del establecimiento de la justicia social. Los grandes valores son la libertad, el individualismo y la responsabilidad. Las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, son las que deben espolear la actividad productiva de la gente. El Estado no ha de inmiscuirse ni en las relaciones económicas ni en las relaciones sociales. Simplemente ha de marcar unas reglas de juego y dejar que los sujetos libres actúen en consonancia. Dentro de ese marco, la gente puede realizar lo que quiera. El Estado debe ser el salvaguarda del individuo ante la prepotencia de los monopolios que impiden el libre juego de la competencia. El éxito individual se garantiza siempre que se den tenacidad y esfuerzo personal. Se infravaloran los condicionantes socioestructurales y se hace mérito propio lo que muchas veces no es sino el resultado de las circunstancias favorecedoras del triunfo social. El desmantelamiento de los Servicios Sociales supone reducir drásticamente el batallón de profesionales6 que son financiados por los presupuestos del Estado, limitando igualmente el endeudamiento público y la carga impositiva. Evidentemente desde este planteamiento ideológico no se insiste en la situación de desamparo en que se coloca a millones de ciudadanos que, al carecer de las infraestructuras básicas, nunca podrán llegar a conseguir los estándares de bienestar de los demás. Se les excluye y se les condena a esa exclusión de por vida. El individualismo triunfa a favor de los privilegiados del sistema social. Todo se supedita a las leyes del mercado. Leyes que no son ciegas sino orientadas a perpetuar las diferencias sociales, en aplicación de la máxima neotestamentaria “a quien tiene, se le dará y a quien no tiene incluso aquello que tiene se le quitará”. El mercado no tiene corazón y su única divisa es el aumento de la productividad y la rentabilidad de las inversiones. El beneficio económico justifica cualquier desequilibrio. Pocos neoliberales, hoy en día, hacen suyo este planteamiento extremista. Pero la lógica de su opción lleva a ello. 2.2 Un Estado de Bienestar de mínimos Partidarios de que exista el Estado de Bienestar para garantizar los servicios míni6Nos referimos a las llamadas por Illich (1981), en otro contexto, “profesiones inhabilitantes” (abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores etc.) que pueden capturar la autonomía personal de los usuarios para hacer frente a sus problemas, impidiendoles gestionar su propia libertad. · 17 · mos a toda la población, insisten en la libertad, el individualismo y la competitividad. Pero consideran que el Estado de Bienestar es una conquista social que conlleva un lastre considerable. Por ello hacen todo lo posible por aligerarlo. El Estado ha de tener una función meramente compensatoria de los desequilibrios que genere la sociedad capitalista. Su intervención ha de centrarse únicamente en la atención de aquellos desequilibrios individuales que puedan perturbar el desarrollo socioeconómico de la totalidad. Se ayuda subsidiariamente, con interesada mira. No se respetan derechos de ciudadanía, sino que se atiende con criterios de rentabilidad social y desde una óptica caritativa, de beneficencia. Pese a que el objetivo sea reducir la pobreza y las diferencias sociales, el Estado sólo ha de intervenir cuando el mercado se muestre incompetente e ineficaz; y en todo caso, para garantizar la subordinación del poder económico al poder político. En la resolución de los problemas sociales han de actuar en sinergia jerarquizada el Estado, el mercado y la sociedad civil De manera más o menos explícita, con frecuencia, en Europa y, particularmente en España7, se están vehiculando ideas que faciliten la opción del Estado de mínimos. Se dice que el desequilibrado desarrollo demográfico, y las exigencias de crecimiento económico en una economía competitiva y globalizada debe llevar a limitar los gastos sociales a fin de reducir los impuestos y movilizar los recursos hacia el consumo y la productividad. Entre los economicistas partidarios del Estado de mínimos cabe resaltar desde Keynes (1931) y Beveridge (1942), hasta Marshall (1981) y Galbraith (1973) Algunos ven en estos planteamientos la afirmación absoluta del mercado pero coadyuvado por el Estado cuando se trata de hacer desaparecer bolsas de pobreza o de ignorancia que el mercado se siente incapaz de erradicar. Y hemos de reconocer que el mercado, si no se le ponen cortapisas y controles por parte del Estado, es generador de desequilibrio. Tal y como hemos constatado en países (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc.) en los que ha predominado el Estado mínimo en la provisión de los Servicios Sociales, con un Estado de Bienestar “cuasiresidual”. “ Los niveles de pobreza y desigualdad en estos países son mayores que los existentes en los países industrializados de Europa Occidental” ( Mishra, 2000 p. 132) Estados Unidos, por ejemplo, pese a su enorme riqueza, mantiene un elevado nivel de desequilibrio social como consecuencia de las políticas sociales y fiscales neoconservadoras junto a los resultados de la globalización y la caída de la sindicalización. En 1995 el 1% era propietario del 47% de los activos financieros netos del país, y el 10% controlaba el 83% Y la tasa de pobreza individual era en 1997 del 13,3% (Bluestone, 2000). Y alrededor de 40 millones de norteamericanos (USA) carecen de seguro médico (Mishra, 2000) 2.3 El Estado de Bienestar Universal Desde la óptica de la socialdemocracia y desde las orientaciones marxistas se 7España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en Protección Social. Así en las prestaciones dedicadas a la vejez, frente a un media europea de 12,4%, España sólo dedica el 9,6% del PIB (Fuente Eurostat 1997, citado por El País 9 octubre 2000 p. 77). Artículos · Silverio Barriga / Inmaculada Trujillo Anduli · Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 4 – 2004 · 18 · considera que el Estado ha de permanecer como provisor y garante de los Servicios Sociales considerados derechos de ciudadanía. En este planteamiento caben dos grandes orientaciones: estatalista o marxista y socioliberal o sociodemocrática. Veámoslas: a) Desde el marxismo (Miliband, 1977) se insiste en el determinismo económico de la historia. La superestructura económica lo condiciona todo: desde las estructuras políticas y jurídicas, hasta las relaciones interpersonales. Sólo la revolución puede modificar las estructuras económicas y sociales. Y no puede llegarse a la igualdad política si antes no se da la igualdad económica. En nuestras sociedades capitalistas la libertad psicológica se cimienta en la libertad económica. Se considera que, de hecho, el mismo Estado tal y como está constituido, muchas veces se halla al servicio del capital y de la clase dominante traicionando así su vocación de servicio social. Y de alguna manera la misma organización del Estado de Bienestar sirve para que el capitalismo sea posible. El capitalismo necesita del Estado de Bienestar, pero en su dinámica se muestra radicalmente en contra de sus principios. De hecho, el Estado de Bienestar actúa como colchón amortiguador de los conflictos de clase, facilita la productividad de los trabajadores y ayuda a reproducir las relaciones sociales propias del capitalismo. El Estado es un buen servidor, incluso para el capitalismo. En todo caso, desde el marxismo se aboga por unos Servicios Sociales universales, financiados y gestionados desde las instancias estatales y nunca desde ámbitos privados, sean del tipo que fueren. b) Para la socialdemocracia (George, V. y Wilding, 1985) es el Estado quien debe garantizar la provisión de los servicios necesarios para el Estado de Bienestar. Pero no excluye la participación del mercado y de la sociedad civil (mediante el Tercer Sector) en la gestión de los recursos. Lo importante es conseguir los objetivos de justicia, equidad en el acceso a los recursos para satisfacer las necesidades individuales y sociales. Los principios básicos son la igualdad, la solidaridad y la libertad. Sólo desde la igualdad se puede mantener la cohesión social en una sociedad compleja con individuos que arrastran enormes diferencias de origen. El Estado ha de organizar un Sistema Público de Servicios Sociales con cuatro grandes pilares: educación, salud, pensiones y derechos sociales. El mercado sólo atiende a la demanda de los individuos, pero no satisface sus necesidades. Es labor del Estado satisfacerlas. Una de las divergencias entre socialdemócratas (radicales o liberales) radica en determinar el grado de igualdad que hay que garantizar por parte del Estado. Y otra saber cuál ha de ser en la provisión de los servicios la parte que le corresponde en exclusiva al Estado y cuál la parte que puede delegar en la sociedad civil (tanto lucrativa como no lucrativa) De todos modos, se considera que el Estado de Bienestar conlleva el desarrollo económico y el crecimiento de la inversión en capital humano. Y el sistema de Servicios Sociales ha de considerarse como un recurso más, básico y universal, eliminando de su consideración el estigma de la connotación negativa. Los Servicios Sociales son un derecho universal que tienen todos y cada uno de los ciudadanos. · 19 · 3 Estado de Bienestar y Sociedad de Bienestar Los debates sobre Política Social se polarizan entre quienes son acérrimos defensores de la consolidación y ampliación de competencias para el Estado ( marxistas y algunos socialdemócratas radicales) y quienes consideran que, incluso en el tema de los Servicios Sociales, el protagonismo ha liderarlo la Sociedad Civil. Entre las ventajas de los partidarios de agrandar el Estado de Bienestar cabe mencionar que - se garantiza el que se compensen los desequilibrios sociales que genera el capitalismo, - se ayuda eficientemente a los incapaces de acceder a los recursos, - se realiza una mejor distribución y redistribución de los recursos intergeneracionales, - se satisfacen las necesidades sociales como derechos sociales, - se promociona la solidaridad entre todos los ciudadanos, - se facilita la integración social, - y se mantiene siempre el control del Estado tanto en la provisión como en la gestión de los recursos. Si bien, por otra parte, entre los inconvenientes se resaltan: - el peligro de burocratización en la gestión de los recursos, - la infantilización de las conductas por incentivar comportamientos asistidos o subsidiarios, - la irresponsabilidad ciudadana respecto a los compromisos de igualdad y justicia social, - el desarrollo de conductas prioritariamente individualistas que privilegian la libertad individual por encima de todo, incluso de la misma justicia. Quienes, en cambio, son partidarios de incentivar la responsabilidad de la Sociedad Civil en la provisión y gestión de los recursos consideran que: - la sociedad se hace responsable para limar las diferencias sociales, - se facilita el sentido creativo y emprendedor de los ciudadanos,, - se obliga a la previsión de cara al futuro, - se acepta que el crecimiento de los recursos públicos no haya de ser logarítmico, - si no que únicamente prevea las situaciones límites apelando a valores de compensación social - y, finalmente, se pueden reducir los impuestos facilitando los niveles de inversión y consumo como agentes del desarrollo económico Si bien a esta opción, apoyada también desde planteamientos liberales, se le Artículos · Silverio Barriga / Inmaculada Trujillo Anduli · Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 4 – 2004 · 26 · Y la gestión de los recursos podrá ser realizada por las fuerzas públicas del Tercer Sector o privadas (mercantiles).12 Los ciudadanos se organizan para gestionar o invertir en los Servicios Sociales; pero siempre dentro de las coordenadas que fija el Estado que es quien marca los objetivos mínimos de la Sociedad de Bienestar. De manera piramidal el control del Estado es un control de segundo nivel. Los que controlan los dispositivos de Servicios Sociales son agencias que han sido acreditadas por el Estado para esa función controladora. 8 El modelo sociosanitario integrador y de participación social: líneas de futuro Desde la perspectiva que aquí defendemos, los servicios sociosanitarios se integran dentro de los Servicios Sociales que “... constituyen uno de los sistemas públicos de bienestar dentro de un Estado Social que, a través de la Administración y de la sociedad, tienen la finalidad de integrar y compensar a los ciudadanos y grupos desfavorecidos y de promocionar y universalizar el bienestar social” (Garcés Ferrer, 1996 pp. 55–56). Creemos que cada vez más se irá desarrollando este modelo integrador y de participación social de los ciudadanos generando así una auténtica Sociedad de Bienestar. Desde este modelo se expresa la preocupación por la eficiencia, la desburocratización, el impulso de la creatividad y la iniciativa pública ( de la economía social) y privada. De los partidarios del Estado de Bienestar se resalta el sentido de solidaridad, la concepción de los Servicios Sociales como pilar básico de ciudadanía, la garantía de los recursos por parte del Estado, la imposibilidad de convertir en negocio el esfuerzo por satisfacer necesidades básicas de la convivencia social, el de no depender de la lógica salvaje del mercado etc. Y para ello se opta por una alternativa que casa contrarios. Ni hemos de renunciar a la función del Estado, ni a la necesaria implicación de la Sociedad Civil. Ambos son igualmente necesarios. El Estado garantiza la justicia en el acceso y reparto de los recursos, establece mecanismos de control para que en la gestión de los mismos no se den favoritismos de unos pocos u olvidos de los menos favorecidos. Y, a su vez, la Sociedad participa en la gestión de los recursos, en el impulso de la eficiencia etc. El Estado provee y controla. La Sociedad participa activamente y se responsabiliza de la gestión de los recursos. El Estado con un mínimo de dispositivos se siente capaz de controlar el gasto para que los recursos lleguen efectivamente a los ciudadanos y se satisfagan las necesidades previstas. Se concibe, pues, una Sociedad de Bienestar en donde participan tanto el Estado– que provee y controla– como la Sociedad Civil – que gestiona y provee– tanto con intención lucrativa (mercado) como no lucrativa (Tercer Sector) Y si bien dentro de 12 Sin caer en la trampa de convertir la participación social en una forma de privatización mercantil, tergiversando así la verdadera participación pública en la garantía de los Servicios Sociales. · 27 · la lógica de los Sistemas Sociales merecen particular simpatía las empresas del Tercer Sector, justo es reconocer la valentía de quienes arriesgan su capital y su tiempo de cara a la atención de necesidades sociales. En este sentido los planteamientos del socialismo liberal, lejos de conllevar contradicción alguna, suponen un salto dialéctico para coger el toro por los cuernos y hallar coherencia en un mundo complejo en donde los matices de los colores son determinantes para la convivencia. Venimos de un Estado de Bienestar pero cada vez más, sin renunciar al mismo, hemos de orientarnos a impulsar el surgimiento de una Sociedad de Bienestar. No es lo uno u la otra, sino el uno con la otra. No cabe ni una Sociedad de Bienestar sin un Estado fuerte que garantice y controle la adjudicación de los recursos, ni un Estado de Bienestar que se olvide de la necesaria participación de todos los ciudadanos teniendo en cuenta las diferencias estructurales de origen que tamizan el acceso a los recursos sociales. Queremos una Estado de Bienestar dentro de una Sociedad de Bienestar, o si se prefiere apostamos por una Sociedad de Bienestar dentro de un Estado de Bienestar. No vaciamos de contenido al Estado de Bienestar, ni pretendemos que desaparezca el “servicio público”, sino que pretendemos facilitar la consecución de los objetivos del Estado de Bienestar con la responsable participación de todos los ciudadanos en todos los Servicios de Bienestar. Y cuando propiciamos un Estado de Bienestar universal no arruinamos el competitivo crecimiento de la economía de mercado. Pues “ la historia de las transformaciones sufridas por la política social en algunos países durante las últimas décadas parece avalar la idea de que no hay ninguna combinación de mercado–Estado de Bienestar que sea imprescindible para el normal desenvolvimiento de la economía. Los modelos más liberales, al igual que los más socialdemócratas, han demostrado en el pasado su viabilidad con lo que la opción a favor de una u otra forma de diseño de la sociedad sería en todo momento una cuestión de opción política y no de inevitabilidad económica” (Muñoz de Bustillo, 2000 p.100–101). Así pues, el modelo de servicios sociosanitarios que propugnamos es un modelo integrador y de participación social que se caracteriza por : - armonizar los recursos sanitarios y sociales, facilitando la permeabilidad entre ambos sectores a fin de que se puedan gestionar los recursos teniendo en cuenta el mejor servicio a los ciudadanos, - facilitar la participación de la sociedad civil sobre todo en la gestión, - atribuir al Estado el rol de garante en la provisión de los mismos para todos, con carácter universal y de manera integral; y de manera particular, para quienes sufren los desequilibrios económicos de nuestra sociedad, - llevar a una gestión eficiente de los recursos disponibles, - organizar, planificar, financiar y proveer los cuidados que necesitan las personas en situación de dependencia, más allá de su edad o situación social, - la cercanía de los servicios prestados, a fin de garantizar la corresponsabilidad de los familiares y amigo, facilitando los dispositivos como las ayudas a domicilio, las viviendas tuteladas, las unidades de estancia diurna, los centros de día, la teleasistencia, las pequeñas residencias ubicadas en el entorno cercano etc. Artículos · Silverio Barriga / Inmaculada Trujillo Anduli · Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 4 – 2004 · 28 · - y por ser unos servicios integrales que atienden los aspectos físicos, psíquicos y sociales característicos del Bienestar Social. Sin duda, la implantación de estos Servicios Sociosanitarios en España exigirá, sobre todo, el estudio de las necesidades existentes en este momento, a fin de poder gestionar lo existente y planificar nuevos recursos con sentido de la eficiencia. Los Servicios Sociosanitarios necesitan una adecuada financiación, tanto de estructuras, como del personal adecuadamente formado para estos nuevos cometidos. Toda una arquitectura social que necesita coraje en el planteamiento político y capacidad de previsión para reajustar los recursos existentes o para buscarlos cuando no existan. Estamos ante los retos de la política social del futuro. Urge una auténtica revolución en la ciudadanía para implantar este modelo integrador y de participación social en la Sociedad de Bienestar. Bibliografía Barriga, S., León–Rubio, J.M y otros (Coord.) (2000), La política social desde Andalucía: del Estado de Bienestar a la Sociedad de Bienestar, Sevilla: Ediciones UNyCO. Beveridge, W. 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