Características de la oferta de servicios a personas dependientes con discapacidad, menores de 65 años

CAPÍTULO 5. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE SERVICIOS A PERSONAS DEPENDIENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE 65 AÑOS Luis Palma Martos, Antonio García Sánchez y M. Carmen González Camacho Queremos comenzar este capítulo con una reflexión sobre el término discapacidad, en contraposición con los términos invalidez y minusvalía, de uso habitual hasta fechas muy recientes y que incluso, a día de hoy, prevalecen en algunas definiciones normativas en materia de prestación social y ayudas económicas a estos colectivos. El término “discapacidad” fue aceptado por la Real Academia Española de la Lengua e incluido en su diccionario hace ya más de una década: “cualidad de discapacitado; dicho de una persona: que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas”. Esta digresión no es sino un reconocimiento del gran poder del lenguaje para influir y crear impresiones. Así, otros términos quizás más comunes (como, por ejemplo, “incapacidad”, “minusválido”, e “inválido”) pueden dar a entender que las personas con discapacidades son personas “sin habilidad”, de “menor valor”, o “sin valor”. En comparación, discapacidad quiere decir una falta de habilidad en algún ramo específico. El uso del término reconoce que todas las personas con discapacidad pueden contribuir, de algún modo, a nuestra sociedad y al mismo tiempo está de acuerdo con cambios similares en las leyes, que van mucho más allá de la evolución del lenguaje1. Junto a esta digresión, debemos reflexionar sobre la asociación existente entre las situaciones de discapacidad 1 Podemos encontrar descripciones más detalladas de todos estos términos en el Libro Blanco de la Dependencia, Capítulo I, pp. 4-10 y Capítulo IV, pp. 7-8. 2 De hecho, en el Libro Blanco sobre la Dependencia, Capítulo IV, página 23, al abordar los recursos existentes para ayudar a las personas con discapacidad menores de 65 años se dice textualmente: “Actualmente los sistemas de servicios sociales, de salud y de seguridad social disponen de recursos técnicos que dan respuesta social y/o sanitaria al colectivo de personas con discapacidad menores de 65 años en situación de dependencia; además en el ámbito de los servicios sociales y de la seguridad social existen también recursos económicos destinados a cubrir determinadas necesidades y contingencias como veremos más adelante”. Es decir, se hace especial hincapié en las situaciones de dependencia y, secundariamente, en otras cuestiones. 171 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social 5.1. INTRODUCCIÓN. y dependencia (al menos parcial), que suelen encontrarse con carácter general. De hecho, y aunque con diferente terminología en el lenguaje, las primeras preocupaciones por las personas con discapacidad tenían que ver con las consecuencias de su dependencia2. La condición de discapacidad en cualquier sociedad ha sido vista históricamente, como algo trágico. En la medida en que las personas con discapacidades eran, con frecuencia, incapaces de sostenerse a ellas mismas o a sus familias, se las consideraba como dependientes sociales, objetos de piedad o receptoras de caridad. La sociedad asumió así una actitud paternalista con respecto a este colectivo, internándolos con frecuencia en asilos especiales u hospitales; se los consideraba pacientes o clientes que necesitaban cura. En esas instituciones, los profesionales médicos y los trabajadores sociales eran las personas que tomaban primordialmente las decisiones, en lugar de los propios protagonistas3. Como resultado, los/as discapacitados/as estaban excluidos de la sociedad en general. Aunque la presunción era que las personas con discapacidades necesitaban rehabilitarse de sus “problemas”, muchas de ellas sufrían condiciones para las cuales no había curas conocidas en esa época. De esta forma, la sociedad no daba lugar a la integración, perpetuando por lo tanto los mitos de desigualdad. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, se vivieron dos guerras mundiales y este hecho, especialmente la participación de Estados Unidos en ellas, tuvo un efecto profundo en la manera en que la sociedad en general consideraba y trataba a la personas con discapacidad. Al regresar al hogar miles de soldados con discapacidades, las sociedades tuvieron que tomar medidas para que pudieran reincorporarse a la actividad laboral, o bien tuviesen garantizada una “merecida” ayuda económica por su participación en las mencionadas guerras. Las primeras leyes de “rehabilitación vocacional” fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en la década de 1920, para proveer servicios a los veteranos de la Primera Guerra Mundial que quedaron discapacitados, y las medidas se intensificaron a raíz de la II Guerra Mundial. Los mayores cambios, sin embargo, vinieron en medio de los movimientos por los derechos civiles de la década de 1960. A medida que los negros, las mujeres y otras minorías sociales adquirían conciencia política, también lo hicieron los minusválidos. Así, progresivamente, tanto los/as discapacitados/as como la sociedad fueron tomando conciencia de los derechos que les asisten como ciudadanos. Más allá de las cuestiones médico-asistenciales, este colectivo comenzó a demandar el ejercicio efectivo del conjunto de sus “derechos civiles”, en condiciones de igualdad de oportunidades con el resto de ciudadanos: educación, formación, cultura, ocio, vivir de forma independiente… Las cuestiones referentes a la educación fueron las que obtuvieron más pronta respuesta, al menos en aspectos puntuales4. No es hasta la década pasada cuando se 3 Aún a día de hoy, no deja de ser importante la actuación de las Fundaciones Tutelares, para asumir la tutela de los discapacitados en caso de devenir legalmente incapacitados. Estas fundaciones están reguladas en Andalucía por el Decreto 279/2003 de 7 de octubre; previamente la tutela sólo podía ser ejercitada por personas físicas. Para más información nos remitimos a la página Web de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 4 Un momento clave en la historia del movimiento de los minusválidos podría haber sido la admisión de Ed Roberts en la Universidad de California en Berkeley en 1962. Paralizado desde el cuello hacia abajo debido a que había sufrido polio cuando era niño, Roberts superó la oposición a ser admitido, y lo alojaron en el hospital de la universidad. El título de un periódico local proclamó: “Lisiado desvalido asiste a clases en la UC”. Puede verse una descripción más detallada en www.discapacidad.org. 172 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social generaliza la toma de conciencia social y política de la problemática de los/as discapacitados/as y de la necesidad de llevar a cabo acciones que faciliten tanto su integración social como el ejercicio de todos sus derechos en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía, incluido el acceso al mercado de trabajo5. 5.1.1 LA DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO ANDALUZ Y ESPAÑOL. Para el estudio de la discapacidad en España, la principal referencia sigue siendo la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 (EDDES 99), que cifra en aproximadamente el 9% de la población española el número total de personas con alguna discapacidad o con limitaciones que han causado o pueden llegar a causar discapacidades. Los resultados muestran una clara correlación entre la prevalencia de las situaciones de discapacidad y la edad. Más del 32 por ciento de las personas mayores de 65 años tiene alguna discapacidad, mientras que entre las menores de 65 años la proporción de personas con discapacidad no llega al 5 por ciento. No obstante, el aumento de la prevalencia es continuo conforme avanza la edad, pues a partir de los 50 años ese incremento se acelera de forma notable. 5 De 1990 es la Ley de Norteamericanos Minusválidos (ADA) contra la discriminación, modelada siguiendo la Ley de los Derechos Civiles de 1964, que asegura al minusválido igual acceso a las oportunidades de empleo y a las instalaciones públicas. De este año es también la Ley de Educación para Minusválidos (IDEA), que estipula la educación pública gratuita y apropiada para cada niño minusválido, y promueve el concepto de la inclusión, al requerir que los estudiantes discapacitados sean educados en ambientes educativos generales, junto con estudiantes sin discapacidades, en la mayor medida “apropiada”. Las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad fueron aprobadas por Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas. El artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997, habilita al Consejo para adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación, entre otros motivos, por razón de discapacidad. En su desarrollo, se aprueba la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual, que ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), establece en el artículo 1.2 que a los efectos de dicha ley, (establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución) tendrán la consideración de discapacitados quienes tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33%. En especial, el Artículo 14 de la Constitución establece que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El Consejo de la Unión Europea reunido en Laeken el 3 de diciembre de 2001, aprobó una Decisión por la que declaró el año 2003 como “Año Europeo de las Personas con Discapacidad”. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, establece en el artículo II-81, “la prohibición de toda discriminación, y en particular por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, relación o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. Es decir, en la normativa más reciente se está asimilando la discriminación por motivos de discapacidad a las demás formas de discriminación. Por ello, cuando se habla de discapacidad, cada vez más se usa el término de derechos humanos aplicando la legislación de no discriminación y no sólo utilizando medidas de “acción positiva”. 173 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social 174 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social La encuesta estima, en conjunto, un número mayor de mujeres que de varones con discapacidad (el 58,3 por cien de la población con discapacidad son mujeres). Sin embargo, este predominio cuantitativo de las mujeres no se da en todos los grupos de edad. La encuesta ha identificado un mayor número de varones que de mujeres en las edades jóvenes, mientras que en edades más elevadas se invierte esta tendencia. El punto de inflexión se sitúa alrededor de los 45 años. En cuanto a la distribución territorial de la discapacidad en España, a la vista del CUADRO 1, cabe señalar la concentración en unas cuantas Comunidades Autónomas: 22,7% en Andalucía, 16% en Cataluña, 10,7% en Madrid y 8,9% en la Comunidad Valenciana. Por lo que respecta a la provincia de Sevilla, concentra el 4,7%, cifra ligeramente superior al 4,1 de Castilla-La Mancha y al 4,5% del País Vasco y claramente superior a los valores de Murcia, Canarias, Baleares y Extremadura, entre otras Comunidades Autónomas. Si bien es cierto que se trata de las comunidades que igualmente concentran la mayor parte de la población española, la concentración de discapacitados/as presenta un mapa ligeramente diferente al del conjunto de la población. Este hecho lo podemos comprobar si nos fijamos en las tasas de personas con algún tipo de discapacidad entre 6 y 64 años por cada 1.000 habitantes en dicho intervalo de edad. Si calculamos el índice de cada región, asignando el valor 100 a la media del conjunto nacional, podemos ver con más claridad la mencionada concentración (CUADRO 2). Andalucía es la Comunidad Autónoma que presenta un índice mayor, 123, (a excepción de la Ciudad de Melilla), seguida de Murcia (122), Galicia (110) y Cataluña (104). En el extremo opuesto se sitúan Navarra, con un índice de sólo 76, Aragón (80), Madrid (82) y la Comunidad Valenciana (89), a pesar de concentrar un porcentaje importante de la población en cifras absolutas. Aunque, en líneas generales, la concentración se sucede para todos los tramos de edad, debemos destacar que las diferencias se incrementan en el caso de los mayores de 45 años. Especialmente, en el caso de la provincia de Sevilla, comprobamos cómo la mayor concentración se debe exclusivamente a los mayores de 45 años (126), mientras que para el intervalo entre 6 y 44 años (98) se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional. Sus datos son superiores, en general, a los de cualquier Comunidad Autónoma, a excepción de la propia Andalucía, Murcia y Galicia. FUENTE: Elaboración propia a partir de EDDES99 (Instituto Nacional de Estadística). 175 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Ambos sexos Total De 6 a 44 años De 45 a 64 años España 100% 100% 100% Andalucía 22,8% 23,0% 22,6% Sevilla 4,7% 4,5% 4,9% Aragón 2,2% 2,3% 2,2% Principado de Austurias 2,6% 2,7% 2,6% Baleares 1,9% 1,9% 2,0% Canarias 3,9% 4,4% 3,5% Cantabria 3,9% 1,2% 1,4% Castilla y León 6,0% 5,5% 6,3% Castilla-La Mancha 4,1% 4,0% 4,1% Cataluña 16,0% 15,9% 16,1% Comunidad Valenciana 8,9% 9,0% 8,8% Extremadura 2,5% 2,4% 2,6% Galicia 7,4% 6,6% 7,9% Comunidad de Madrid 10,7% 11,3% 10,2% Región de Murcia 3,5% 3,6% 3,3% Comunidad Foral de Navarra 1,0% 1,1% 1,0% País Vasco 4,5% 4,1% 4,8% La Rioja 0,4% 0,4% 0,3% Ceuta 0,2% 0,3% 0,2% Melilla 0,2% 0,3% 0,2% FUENTE: Elaboración propia a partir de EDDES99 (Instituto Nacional de Estadística). 176 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social CUADRO 2. ÍNDICE DE TASAS DE DISCAPACIDAD POR 1.000 HABITANTES. Ambos sexos Total De 6 a 44 años De 45 a 64 años España 100 100 100 Andalucía 123 118 138 Sevilla 107 98 126 Aragón 80 87 70 Principado de Austurias 102 108 90 Baleares 100 98 102 Canarias 89 97 91 Cantabria 99 91 103 Castilla y León 101 94 102 Castilla-La Mancha 98 95 105 Cataluña 104 106 97 Comunidad Valenciana 88 89 87 Extremadura 94 88 105 Galicia 110 102 109 Comunidad de Madrid 82 88 75 Región de Murcia 122 122 132 Comunidad Foral de Navarra 76 83 69 País Vasco 85 80 83 La Rioja 58 67 49 Ceuta 108 136 97 Melilla 151 145 186 El tipo de hábitat donde residen estas personas es una cuestión importante para la política social y la planificación de servicios. Cabe plantear la hipótesis, a priori, de la existencia de cierta relación de intercambio de determinadas ventajas asociadas a diferentes tamaños de núcleos poblacionales. En núcleos más pequeños Ala vista del GRÁFICO 2, podemos comprobar cómo en el conjunto del Estado, algo más de la mitad de las personas con discapacidad viven en municipios de menos de 50.000 habitantes (un 27% en lo que podemos llamar “pueblos” —menos de 10.000 habitantes— y otro 24% en ciudades pequeñas, de menos de 50.000 habitantes), una tercera parte vive en ciudades de tamaño medio (hasta 500.000 habitantes) y tan sólo un 15% vive en grandes ciudades, de más de 500.000 habitantes. Desde la perspectiva de las diferentes Comunidades Autónomas y provincias, observamos una lógica hetero177 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social pueden encontrarse ciertas ventajas en términos de acceso a la vivienda (en especial en cuanto se refiere a su adaptación a las necesidades específicas de cualquier discapacitado), de obtención de servicios personales no especializados (servicio doméstico en particular) y de un trato personal más directo que pudiera permitir soslayar las barreras arquitectónicas existentes. En el otro extremo, la ciudad oferta una gama mucho más amplia de servicios y actividades, especialmente aquellos cuya prestación requiere una determinada masa crítica, que sólo se logra allí donde la concentración de personas con discapacidad permite obtener mayor eficiencia en el gasto social o explotar las economías de escala en el caso de la iniciativa privada. GRÁFICO 1. TAMAÑO DEL HOGAR EN QUE CONVIVEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD España Andalucía Sevilla 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4% 18% 23% 25% 17% 14% 7% 18% 35% 23% 10% 6% 4% 19% 34% 27% 9% 7% 123456 ó más % % % % % % % % % % % FUENTE: Elaboración propia a partir de EDDES99 (Instituto Nacional de Estadística). 184 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social En cuanto al resto de Comunidades Autónomas, la heterogeneidad es la nota dominante. Quizá quepa destacar el caso de La Rioja, donde el 70% no ha necesitado ningún servicio y sólo un 2% no lo ha recibido habiéndolo necesitado. En el extremo opuesto, Murcia (38%) y Asturias (39%) presentan las tasas mas bajas de personas con discapacidad que no requieren ningún servicio, al tiempo que tienen tasas de no satisfacción del servicio necesitado del 5% y 4%, respectivamente, por debajo de los niveles medios del conjunto del Estado. Por último, Baleares (8%), Valencia (8%) y Extremadura (9%) presentan los índices más elevados de no satisfacción de un servicio necesitado. Si llamamos “índice de cobertura” al porcentaje de discapacidades10 que han necesitado ayuda y la han recibido e “índice de deficiencia” al porcentaje que no ha recibido los servicios necesitados, el GRÁFICO 4 resume las diferencias encontradas por Comunidades Autónomas, respecto a la media del conjunto de España (índice 100). 10 Un/a discapacitado/a puede tener más de una discapacidad y necesitar ayuda para todas ellas. GRÁFICO 4. ÍNDICES DE COBERTURA Y DE DEFICIENCIA DE SERVICIOS. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Índice de Cobertura Índice de Deficiencia FUENTE: Elaboración propia a partir de EDDES99 (INE). 185 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social Estas personas que han recibido ayuda pueden haberlo hecho por una o varias discapacidades y la ayuda puede haber sido técnica, de asistencia personal o de ambos tipos. Del total de las discapacidades que han recibido asistencia de algún tipo, las ayudas han consistido mayoritariamente en asistencia personal (más de un 86%), mientras que la asistencia técnica se sitúa en niveles mucho más reducidos (23%), lo que supone un 10% que recibe ambos tipos de ayuda. Como puede comprobarse en el GRÁFICO 5, la realidad que acabamos de describir para el conjunto de España se repite, con ligeras variaciones para todas las comunidades autónomas. GRÁFICO 5. TIPO DE AYUDAS RECIBIDAS. FUENTE: Elaboración propia a partir de EDDES99 (INE). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sólo ayudas técnicas Sólo asistencia personal Ayudas técnicas y asistencias personal % % % % % % % % % % Las ayudas técnicas han procedido, en primer lugar, de empresas privadas lucrativas (47%), seguidas del sector público (37%) y de otros sistemas privados (11%), como queda reflejado en el GRÁFICO 6. En dicho gráfico puede comprobarse igualmente que existen ligeras diferencias respecto a la población con discapacidad mayor de 65 años. En el caso de las personas mayores hay un menor recurso al sector público (29%), que se deriva fundamentalmente hacia empresas privadas lucrativas (54%) y en menor medida a otros sistemas privados (13%), que en Por su parte, las ayudas personales proceden fundamentalmente de familiares directos (cónyuge, padre o madre, hermano o hermana, hijo o hija), como refleja el GRÁFICO 7. Queremos destacar que en la provincia de Sevilla el recurso a familiares directos (77%) es superior al de Andalucía (75%), que también supera la media nacional (73%), a todas luces elevada. Esta tendencia se repite también en el recurso a otros parientes, que en Sevilla (7%) supera tanto a la media andaluza (6%) como a la española (5%). En conjunto, en la provincia de Sevilla se recurre en un 84% a familiares, frente al 81% de Andalucía o el 78% del conjunto de España. Consecuencia lógica del mayor recurso a la familia es el menor recurso a las restantes fuentes de prestación de servicios de asistencia personal. La procedente de empleados/as, vecinos/as y amigos/as en Sevilla y Andalucía se sitúa en el 3%, frente al 4% en España. Pero 186 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social este caso es ligeramente superior al de los menores de 64 años. Ello supone que algo más del 21% de las personas con discapacidad recibe asistencia técnica, el 40% recibe ayuda personal y el 9% recibe ambos tipos de ayudas, en el conjunto de España. GRÁFICO 6. SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS TÉCNICAS. FUENTE: Elaboración propia a partir de EDDES99 (INE). 6 a 64 años 65 ó más Total 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5% 11% 47% 37% 4% 13% 54% 29% 4% 12% 53% 31% No consta Otro sistema privado Privado con fines de lucro Público % % % % % % % % % % % En este punto cabe plantearnos la cuestión, obviamente de difícil respuesta, acerca de hasta qué punto el mayor recurso a la familia sea una consecuencia de dos elementos relacionados con los menores niveles de renta de la Comunidad Andaluza. Por un lado, las limitaciones de renta inducen a un mayor recurso a la solidaridad familiar frente al mercado de servicios. Por otro, las disponibilidades presupuestarias más reducidas de las distintas administraciones públicas limitan las posibilidades de oferta de los servicios sociales y por tanto la cobertura de las necesidades. En conjunto, con menores niveles de renta y de oferta de servicios sociales, las personas con discapaci187 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social quizá merezca ser destacado el menor recurso a los Servicios Sociales, que en Sevilla y Andalucía representan tan sólo el 1% frente el 3% del conjunto del Estado; es decir, niveles que se sitúan en la tercera parte de la media nacional, que sin lugar a dudas es extremadamente reducida, por no decir residual. GRÁFICO 7. PROCEDENCIA DE LA ASISTENCIA PERSONAL. Familiares Otro pariente Empleado, Servicios Otra relación No consta 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 73 75 77 56 7 43331100 1 15 15 11 España Andalucía Sevilla % % % % % % % % % % %%% %%% %%%%%%%%% %%% directos amigo o vecino sociales FUENTE: Elaboración propia a partir de EDDES99 (INE). dad andaluzas se ven obligadas a recurrir a la solidaridad familiar todavía en mayor medida de lo que se hace en el resto de España. 5.1.2.2. Prestaciones económicas directas. Las prestaciones económicas consisten en pensiones, asignaciones, subsidios y otros tipos de ayudas11 a organizaciones de apoyo a personas con discapacidad, a lo que habría que añadir los beneficios fiscales que se recogen en la Ley del IRPF: Pensión de Incapacidad Permanente, en el grado de Gran Invalidez: se reconoce el grado de Gran Invalidez al trabajador/a con incapacidad permanente que necesita la ayuda de otra persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria. Es requisito tener cotizado un período mínimo y depende de la edad del trabajador y de si la contingencia proviene de enfermedad común o profesional o accidente. La cuantía de la prestación es el 100% de la base de cotización incrementada en un 50% para la persona que atiende al beneficiario. Este incremento puede sustituirse, a petición del beneficiario, por su internamiento en una institución asistencial pública de la Seguridad Social. La cuantía mínima de esta pensión, en 2004, era de 617,34 euros/mes (727,34 euros/mes con cónyuge a cargo) y la máxima de 2.089,10 euros/mes, en catorce pagas al año. Son rentas exentas de imposición en el IRPF. Complemento por Ayuda de Tercera Persona de la Pensión no Contributiva de Invalidez: está destinada a personas que no han cotizado suficientemente para tener derecho a una pensión contributiva que tengan un grado de minusvalía/discapacidad igual o superior al 75% y necesite la ayuda de otra persona para realizar actividades esenciales de la vida, por lo que recibirá un complemento del 50% sobre el importe general establecido para la Pensión no Contributiva de Invalidez. Los requisitos mínimos son: tener entre 18 y 65 años y un mínimo de cinco años de residencia en territorio español. En 2004, la cuantía genérica de esta pensión, incluyendo el complemento por ayuda de tercera persona alcanzaba la cifra de 414,45 euros/mes, en catorce pagas al año. Son rentas exentas de imposición en el IRPF. Asignación por hijo/a a cargo Minusválido/a mayor de 18 años que precisa la ayuda de tercera persona: el beneficiario es el hijo minusválido y los requisitos son la convivencia, la inexistencia de otros ingresos, que sea mayor de 18 años y la acreditación de un grado de minusvalia/discapacidad igual o superior al 75%. Su cuantía en 2004 asciende a 402,14 euros/mes, en doce pagas al año. Son rentas exentas de imposición en el IRPF. Subsidio por Ayuda de Tercera Persona: este subsidio ha sido suprimido desde 1994. Ayudas a ONGs: se componen de Subvenciones del Régimen General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las Comunidades Autónomas. Cofinanciación de Planes y Programas con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales: se firman anualmente entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Consejerías de las Comunidades Autónomas. También están exentas de imposición las pensiones de inutilidad o de retiro de los funcionarios cuando están imposibilitados par la realización de toda profesión u oficio, las prestaciones públicas por actos de terrorismo, las pensiones de orfandad por incapacidad absoluta, los subsidios acogidos a la Ley de Integración Social de los Minusválidos y las pensiones asistenciales. 188 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social 11 Incluidas entre las prestaciones de la Seguridad Social. Para la realización del estudio se han considerado 92 entidades que proporcionan servicios a personas con discapacidad, en sus diversas modalidades. Aunque se ha contactado con 68 entidades, se ha conseguido entrevis189 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social La Ley del IRPF recoge el derecho a reducciones del rendimiento del trabajo según el grado de discapacidad del preceptor, incrementos del mínimo personal y familiar en función del grado de minusvalía12 del declarante o de sus ascendientes o descendientes, deducciones en la cuota íntegra de los gastos destinados a la adecuación de la vivienda habitual, incremento del límite de las aportaciones a planes y fondos de pensiones o a Mutualidades de Previsión Social (acreditando un grado de minusvalía igual o superior al 65%) y mejoras en la tributación de las aportaciones efectuadas a favor del patrimonio de una persona con discapacidad13. 5.2. LOS SERVICIOS DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA. 5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO. 12 Desde el 33% al 65% de grado de minusvalía. 13 Recogidas en la Ley41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. 14,13 2,17 1,09 31,52 3,263,26 18,48 26,09 Entidades contactadas sin encuestar Entidades cuya encuesta ha sido devuelta sin llegar a su destino Entidades que han dejado de funcionar Encuestas realizadas Entidades que han negado abiertamente su colaboración al proyecto Entidades que no existen actualmente Entidades cuya actividad no se ajusta al estudio Entidades no contactadas % % % % % % %% FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. GRÁFICO 8. ENTIDADES CONSIDERADAS PARA EL ESTUDIO. FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. 190 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social tar a 30 (el 31,52% de las consideradas), mientras que otras 13 entidades (14%) no han podido ser encuestadas por diversos motivos a pesar de haber sido contactadas; hemos encontrado 17 entidades cuya actividad no se ajustaba al objeto del estudio (18,5%) y tan sólo 3 entidades (3,3%) se han negado abiertamente a colaborar con el proyecto. Todos estos aspectos quedan representados en el GRÁFICO 8. 5.2.2. DATOS IDENTIFICATIVOS. Comenzamos nuestro estudio atendiendo a la forma jurídica de las entidades, representada en el GRÁFICO 9. Las entidades entrevistadas presentan mayoritariamente la forma jurídica de Instituciones Privadas sin Fines Lucrativos (IPSFL) (86,7%), siendo residuales las demás formas organizativas (3,3%), a excepción de las sociedades de responsabilidad limitada, de las que no hemos encontrado ningún caso. De las entidades que actualmente son empresas (4) tan sólo una de ellas (25%) inició sus actividades como IPSFL, lo que supone un escaso 3,3% del total de entidades. GRÁFICO 9. TIPO DE ENTIDAD. 3,33% 3,33% 3,33% 86,68% 3,33% Empresario/a Individual Sociedad Cooperativa, Sociedad de Trabajo Asociado o similar Sociedad Anónima IPSFL Otro En cuanto al año de inicio de sus actividades, la mayoría de las entidades iniciaron su actividad después de 1991 (46,67%), aunque la tercera parte empezó a funcionar antes de 1980, de las que un 3,37% lo hizo entre 1956 y 1960 y otro 3,3% entre 1971 y 1975. Todo ello queda recogido en el GRÁFICO 10. El GRÁFICO 11 recoge el ámbito territorial de actividad de estas entidades. Comprobamos que es mayoritariamente toda la provincia de Sevilla (50%), seguida de aquellas que se dedican al área metropolitana de la ciudad (16,67%) y en exclusiva a la ciudad de Sevilla (16,67%), mientras que otro 10% atiende a toda la comunidad andaluza. Se trata de empresas de reducido tamaño. El 77% tiene menos de 50 trabajadores, el 70% menos de 30 y el 50% menos de 10, mientras que tan sólo un 3,3% tiene más de 100. (GRÁFICO 12). En cuanto al grado de feminización del empleo, una característica dominante en los servicios de atención personal, alcanza poco más del 55%, frente a niveles del 80% en los servicios de atención personal a mayores y a niños/as de hasta 3 años. 191 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social GRÁFICO 10. AÑO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES. 1955-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 0 5 10 15 20 25 30 6,67 26,67 6,67 13,33 23,33 23,33 % % % % % % % % % % % %% FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. 50 16,67 3,33 6,67 0 6,67 13,33 3,33 0-9 trabajadores 10-19 trabajadores 20-29 trabajadores 30-39 trabajadores 40-49 trabajadores 50-59 trabajadores 60-100 trabajadores Más de 100 trabajadores % % ,00 % % % ,00 % % % 192 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social GRÁFICO 11. ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTIVIDAD 16,67 16,67 50 10 6,67 Sólo la ciudad de Sevilla Sevilla y su área metropolitana Toda la provincia de Sevilla Toda la C.A. de Andalucía Otro % ,00 % % % ,00 % FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. GRÁFICO 12. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. 5.2.3. FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. El estudio del funcionamiento de la entidad se dividirá en cuatro apartados: la organización interna, la comercialización del servicio, el número de usuarios/as y la cifra bruta de negocios en el último año. 5.2.3.1. Producción del servicio. Para conocer la organización interna de la entidad, estudiaremos las características del personal que trabaja o colabora con la entidad, distinguiendo entre aquellas personas que desempeñan una labor de trato directo con los usuarios/as de aquellas que se dedican a otras tareas: administración, limpieza, mantenimiento… Nos centraremos en la existencia de una relación laboral frente e otro tipo de vinculaciones (contrato mercantil, voluntariado, estudiantes en prácticas,…), el tipo, la duración del contrato laboral y el nivel de formación. 5.2.3.1.1. Recursos humanos. CUADRO 5. RELACIÓN DEL PERSONAL CON LA ENTIDAD. % Total Respecto del total de colaboradores/as Contratación laboral 855 75,07% Contratos Indefinidos 660 57,95% Contratos Temporales 195 17,12% Contratación mercantil 40,35% Otros** 280 24,58% Total de colaboradores/as 1.139 100% FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. El CUADRO 5 nos da una visión general del tipo de relación existente entre la entidad y los diferentes colectivos de personas que trabajan o colaboran con ella. El 75% tiene una vinculación laboral, mientras que el 25% restante son personas voluntarias y estudiantes en prácticas, a excepción de un residual 0,35% (4 personas de 1.139) que mantienen una relación contractual de tipo mercantil. Los contratos laborales son indefinidos en algo más del 77% (58% del total de colaboradores) y en algo menos del 23% temporales (17% del total de colaboradores). En los contratos laborales hemos distinguido según se trate de vinculación indefinida o temporal y a tiempo completo o a tiempo parcial; para todas las formas de vinculación hemos estudiado las diferencias por sexos. Los resultados se presentan en el CUADRO 6. En lo que se refiere a la temporalidad, casi el 58% de los colaboradores tiene un contrato indefinido, el 55% a tiempo completo y el 3% restante a tiempo parcial; es decir, casi el 95% de los contratos indefinidos lo son a tiempo completo. Los contratos temporales representan el 17% del total, el 10% a tiempo completo y el 7% a tiempo parcial; en este caso, el 60% de los contratos temporales son de jornada completa. Si nos fijamos en el nivel de dedicación, comprobamos que casi el 77% de los contratos lo son a tiempo completo, mientras que el 13% lo son a tiempo parcial. Para estudiar con un poco más de detalle la feminización del empleo, señalamos que el 69% de los contratos indefinidos a tiempo completo son con mujeres (38% del total de vinculaciones), alcanza el 60% en el conjunto de contratos a tiempo completo y más del 73% en los que son a tiempo parcial. Se trata de cifras claramente superiores al nivel de feminización medio (56%) del conjunto de colaboradores, mientras que no llega al 36% en el caso del voluntariado y estudiantes en prácticas. Ello puede interpretarse como un recurso mayoritario al empleo femenino de carácter estable o al menos con cierto nivel de permanencia), mientras que las actividades ocasionales son llevadas a cabo en mayor medida por hombres, bajo la forma de voluntariado. 193 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social Fuentes Privadas Fuentes Públicas Estatales Junta de Andalucía Diputación Provincial de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla 020406080100 20 3,33 66,67 6,67 50 ,00% ,00% % % % 200 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social GRÁFICO 19. FUENTES DE FINANCIACIÓN. Pagos de clientes Cuotas de asociados Donaciones Créditos bancarios Subvención pública Subvención privada 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 16,67 63,33 13,33 6,67 86,67 50 100,00% 80,00% 70,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00% 30,00% 50,00% 60,00% 90,00% * La suma de porcentajes según fuentes de financiación es superior a 100, puesto que es habitual el recurso de las entidades a más de una fuente de financiación. FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. Para estudiar con algo más de detalle la que se ha revelado como forma principal de financiación, podemos mirar el GRÁFICO 20. Las subvenciones públicas proceden mayoritariamente de la Junta de Andalucía (66,67%) seguida del Ayuntamiento de Sevilla (20%) y de forma muy minoritaria de otras fuentes públicas de ámbito estatal (6,67%) y la Diputación Provincial de Sevilla (3,3%). GRÁFICO 20. FUENTES DE LAS QUE PROCEDEN LAS SUBVENCIONES. * La suma de porcentajes según fuentes de financiación es superior a 100, puesto que es habitual el recurso de las entidades a más de una fuente de financiación. FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. Internet Televisión Radio Buzoneo Páginas Amarillas Prensa Utiliza más de un medio Realiza Publicidad 020406080100 43 20 38 15 15 38 38 46 % % % % % % % % %%%%%% 201 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social 5.2.3.2. Comercialización del Servicio. Abordamos a continuación tres aspectos centrales de la forma en que las entidades ponen el servicio a disposición de sus clientes: el carácter esporádico o permanente de la vinculación con éstos, los mecanismos publicitarios utilizados (incluido el esfuerzo en publicidad) y el precio del servicio. El GRÁFICO 21 nos muestra que la forma predominante es la vinculación de carácter permanente frente a la esporádica. Un 83% de las entidades mantiene la vinculación de forma permanente (para el 54% es la forma exclusiva de vinculación), mientras que sólo 48% contempla la posibilidad de mantener vinculaciones esporádicas, reduciéndose al 17% las que sólo mantienen vinculaciones con carácter esporádico. Ello supone que un 29% las entidades contemplan la posibilidad de ambos tipos de vinculación. GRÁFICO 21. FORMADE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. 17 54 29 Esporádica Permanente Ambas % % % GRÁFICO 22. ENTIDADES QUE REALIZAN PUBLICIDAD Y MEDIOS QUE UTILIZAN. FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. Los mecanismos que las entidades utilizan para darse a conocer vienen reflejados en el GRÁFICO 22. Comprobamos que tan sólo el 43% de las entidades realiza algún tipo de publicidad, de las que algo más de la mitad utiliza un solo medio para ello. El mecanismo que se presenta más importante es Internet (utilizado por el 46% de las entidades que hacen publicidad), seguido muy de cerca por los medios de comunicación “tradicionales”, cada uno empleado por un 38% de las entidades que utilizan algún mecanismo para darse a conocer; de hecho, la mitad de las empresas que utiliza Internet lo combina con al menos un medio de comunicación “tradicional”, mientras que la otra mitad utiliza exclusivamente Internet. Los anuncios en Páginas Amarillas o similares y el buzoneo se mantienen como actividades residuales. El que estas entidades se financien casi en su totalidad a través de subvenciones, cuotas de asociado y donativos, relega el mecanismo de pago de un precio por el servicio y lo convierte en una práctica residual, por lo general simbólico y que las entidades no han acertado a respondernos de forma significativa. 5.2.3.3. Entorno y perspectivas. La última parte del cuestionario pretendía recabar la percepción que las entidades tienen del entorno y el sector donde se desenvuelven, haciendo hincapié en cuestiones como el grado de competencia y de cooperación entre las entidades, el nivel e regulación por parte del sector público, el grado de cobertura de las necesidades del colectivo al que dirigen sus actividades y la evolución futura. 5.2.3.3.1. Competencia, cooperación y regulación. Como muestra el GRÁFICO 23, se percibe poca competencia en el sector. La mayoría de las entidades considera que la competencia es baja (48%) o muy baja (10%), a lo sumo media (21%), mientras que sólo un 21% la considera alta y ninguna la considera muy alta. La cooperación, por el contrario, se percibe alta, como refleja el GRÁFICO 24. Casi la mitad de las empresas piensa que la cooperación es alta (33%), muy alta (13%) o al menos media (23%), mientras que poco más de la cuarta parte piensa que sea baja (20%) o muy baja (7%). De forma residual, una entidad considera que el grado de cooperación es nulo. GRÁFICO 23. PERCEPCIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN EL SECTOR. FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. 202 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social 20,69 20,69 48,28 10,34 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo % % % % Empeora el servicio Mejora el servicio Empeora las condiciones laborales Mejora las condiciones laborales Diminuye la cualificación Aumenta la cualificación 020406080100 67 10 33 100 10 100 3 Valoración Tasa de Respuesta % % % % % % % 0% 0% 203 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social GRÁFICO 24. PERCEPCIÓN DEL GRADO DE COOPERACIÓN EN EL SECTOR FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. La regulación pública existente en el sector se percibe equilibrada: más de la mitad de las entidades la considera adecuada, la tercera parte insuficiente y sólo un 13% excesiva. Respecto a la forma en que la regulación está afectando al mercado laboral, como muestra el Gráfico 25, son muy escasas las entidades que han respondido a esta cuestión, por lo que los datos no son concluyentes en modo alguno. No obstante, parece apuntarse que los resultados se perciben positivos, en la medida en que ninguna entidad ha contestado que empeoren el servicio ni las condiciones laborales y, respecto a la cualificación, consideran mayoritariamente que aumenta. 13,33 33,33 23,33 20 6,67 3,33 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Nulo % ,00 % % % % % GRÁFICO 25. EFECTOS DE LA REGULACIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. Incorporación de la mujer Cambio de mentalidad Envejecimiento demográfico Cambios en el nivel de renta Despreocupación familiar Asociacionismo Escasez de recursos Falta de oferta institucional 0102030 5,88% 11,76% 17,65% 23,53% 5,88% 23,53% 11,76% al mercado laboral %%%% 204 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social 5.2.3.3.2. Evolución futura y perspectivas. En cuanto al grado de cobertura de las necesidades, el 80% de las entidades considera que no están suficientemente cubiertas. De otra parte, un 75% opina que en los próximos años la evolución del mercado será creciente y el 25% restante que será estable; ninguna entidad considera por tanto que el mercado vaya a tener una evolución desfavorable. Más allá de la razón relativamente obvia que justificaría la evolución creciente del mercado por los avances en la cobertura de las necesidades de este colectivo, el GRÁFICO 26 apunta las razones esgrimidas por las entidades para justificar la evolución que previamente habían indicado. Destacan la despreocupación familiar, el cambio de mentalidad y el asociacionismo, hechos que podemos vincular a la redefinición de la familia, en forma y funciones y también a una progresiva aceptación social de la discapacidad. La incorporación de la mujer al mercado laboral ocupa un puesto discreto, pues tan sólo el 12% de las entidades la señala como causa de la evolución prevista. No deja de ser un hecho sorprendente, especialmente en la medida en que los cuidados y servicios de asistencia personal han venido corriendo en gran medida a cargo de la mujer y su incorporación activa al mercado de trabajo le restaría tiempo y posibilidades de seguir asumiendo dichos cuidados. GRÁFICO 26. PRINCIPALES CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN PREVISTA. FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta. 5.3. CONCLUSIONES. Finalizamos el capítulo con una serie de breves reflexiones que pueden extraerse del mismo, unas de carácter general, referidas al conjunto de Andalucía y España, y otras más específicas a la situación de la ciudad de Sevilla, a la luz de los datos de la encuesta. La discapacidad no se distribuye homogéneamente. Hay más mujeres que hombres con discapacidad, especialmente a partir de los 45 años, la prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad al igual que la dependencia derivada de la discapacidad. Los/as discapacitados/as menores de 65 años parecen disfrutar de un alto grado de independencia (un 45% no necesitó ayuda) y los mecanismos y sistemas de ayuda han funcionado aparentemente de forma satisfactoria, en la medida que sólo un 6% de quienes han necesitado ayuda no la han recibido. No obstante, es necesario matizar estos datos. Quienes han recibido ayudas técnicas (un 23%) han acudido principalmente (50%) a empresas privadas lucrativas y en menor medida (37%) al sector público, normalmente el Sistema Nacional de Salud. De otra parte, la principal modalidad de ayuda ha sido de tipo personal y, en este caso, ha sido la familia quien en un 81% ha asumido dicha ayuda (el 75% familiares de primer grado), siendo residual (3% en España, 1% en Andalucía y Sevilla) quienes la han obtenido de los servicios sociales. Este hecho nos lleva a realizar una importante reflexión acerca de la atención por parte del sector público a las personas con discapacidad menores de 65 años. Dicha atención, en lo que a servicios de atención personal se refiere, se centra en las situaciones de dependencia derivadas de la discapacidad14, que como ya hemos dicho prevalece mayoritariamente en la población de edad más avanzada. Por este motivo, la atención se ha venido centrando en el colectivo de mayores (y niños con problemas específicos y especialmente graves) y no en el de la población menor de 65 años. Este grupo, al que podemos llamar “discapacitados/as adultos/as”, recibe fundamentalmente ayuda técnica y sanitaria a través del sistema nacional de salud (rehabilitación) y gozan de cierta protección legal e institucional en materia de igualdad y no discriminación, pero no reciben servicios públicos de asistencia personal. El que las discapacidades en este intervalo de edad provengan en gran medida de accidentes (de tráfico, laborales,…) y la potencial cobertura por un sistema de seguros (indemnizaciones,…) y el sistema nacional de salud, podría explicar (aunque no justificar) el que los servicios sociales de atención personal no lleguen a este colectivo. La provisión de estos servicios queda por tanto en manos de la Sociedad Civil, a la que el propio Libro Blanco de la Dependencia le atribuye un papel primordial15. No obstante, debe reconocerse que el sector publico ni siquiera lleva a cabo una labor de censado, control y valoración de las actuaciones de la sociedad civil. De hecho, sólo disponen de meros listados de entidades y servicios que son incompletos, heterogéneos en terminología y marco conceptual, que no permiten las comparaciones geográficas ni la planificación y que hacen imposible contabilizar los costes y por tanto evaluar los servicios prestados. El estableci14 Véase la argumentación al respecto en el Libro Blanco de la Dependencia, Capítulo IV, p. 23. Así mismo, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía mantiene tres líneas de actuación para personas con discapacidad: Centros de valoración y orientación, Centros residenciales y centros de día, y Programas de estancia diurna y respiro familiar. Todas ellas claramente orientadas hacia solventar las situaciones de dependencia. 205 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social 15 Capítulo IV, p. 96. 16 Libro Blanco de la Discapacidad, Capítulo IV, pp. 41–42. 17 El marco del proyecto REDES en el que se encuadra este trabajo es un ejemplo. 206 REDES Recursos para el Desarrollo Económico y Social miento de un Grupo de Trabajo para crear un Observatorio de la Discapacidad y para homogeneizar el marco conceptual y terminológico son muy recientes16. En cuanto a la situación de la oferta de servicios al colectivo de personas adultas discapacitadas en la ciudad de Sevilla, podemos extraer algunas conclusiones destacadas, por lo general en línea con lo que acabamos de señalar. En primer lugar destacamos que dicha oferta está en manos de la sociedad civil (un 87% son IPSFL), financiadas casi totalmente por subvenciones públicas (el 87%) o privadas (el 50%), cuotas de asociados (el 63%) y donaciones (el 13%). Aunque existen determinados proyectos para censar dichas entidades17, se echa de menos una base de datos informatizada y accesible desde Internet y telefónicamente, al objeto de canalizar adecuadamente las demandas y necesidades de los/as discapacitados/as con la oferta de servicios y actividades de las entidades. Igualmente, parece razonable ir más allá del apoyo económico a estas entidades mediante subvenciones (el 20% recibe ayudas del Ayuntamiento de Sevilla) y adoptar medidas que fomenten y acerquen los servicios públicos sociales a las personas discapacitadas menores de 65 años, especialmente en la medida en que, a medio y largo plazo, la evolución del mercado de trabajo y del modelo de familia tenderán a reducir las posibilidades de acudir a la solidaridad familiar para la obtención de los servicios de asistencia personal. En términos generales, estas asociaciones prestan un servicio de calidad razonable. Se realizan reuniones frecuentes (al menos una vez al mes, e incluso semanales o diarias) para abordar diversas cuestiones relativas tanto a la prestación del servicio como a sus perceptores. El nivel formativo de quienes colaboran y trabajan en dichas entidades (tanto si realizan tareas de trato directo con los/as discapacitados/as como si no) es elevado: tan sólo el 1,4% no tiene ni formación ni experiencia laboral, mientras que el 66% tiene formación universitaria. Además, en el caso de que presten servicios educativos (más del 80% lo hace) o sanitarios, éstos son prestados por personal con la cualificación acorde a las características y requerimientos del servicio. BIBLIOGRAFÍA ABELLÁN, A. y PUGA, Mª.D. (2002): Dependencia y necesidades asistenciales de los mayores en España. Previsión al año 2010. Madrid: Fundación Pfizer. ALEGRE, M.J. (2003): “España es el penúltimo país de la UE en inversión en prestaciones sociales”, Diario de Sevilla, 17 de agosto de 2003. ALONSO, L.E. (1999): Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial. Madrid, TrottaFundación 1º de mayo. ALONSO, L.E. y RODRÍGUEZ CABRERO, G. 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