El otro Brasil, la violencia por la tierra: un recorrido histórico

MT 57 El otro Brasil, la violencia por la tierra: un recorrido histórico JOSÉ ANTONIO MÉRIDA DONOSO1 El artículo pretende ser una breve y didáctica reflexión sobre uno de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica, en general, y sin duda alguna el más importante de Brasil. Se trata de un análisis sobre la violencia estructural en un país polarizado, con una dicotomía económica que hace estragos y la respuesta desde el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y la ocupación de tierras, rompiendo las normas establecidas. De esta forma, el trabajo se adentra, por un lado, en los postulados teóricos del movimiento social de los trabajadores que defiende la reforma agraria y, por ende, los derechos humanos frente al derecho positivo, y, por otro, en las estrategias del poder y el uso de la violencia, legitimada por el Estado frente a las ocupaciones de tierra. En suma, nos enfrentamos al célebre planteamiento de Max Weber sobre el monopolio de la violencia, aplicado a las acciones a favor de una reforma agraria y un reparto de tierras más equitativo. En cuanto a su interés, es evidente por su eco social y las actuales movilizaciones en Brasil vinculadas al juicio político de Dilma Rousseff. This paper is intended to be a brief and didactic reflection on some of the most important Social Movements in Latin America in general, and undoubtedly the most important in Brazil. This is an analysis of structural violence in a polarized country, with an economic dichotomy that rages, the response from the MST and the occupation of land, breaking the established norms. Thus, the work delves into the theoretical postulates of workers social movement that defends the Agrarian Reform and, therefore, human rights versus the positive law. On the other hand, it looks into the strategies of the power and the use of violence, legitimized by the State against land occupations. In sum, we are confronted with Max Weber’s famous approach to the monopoly of violence, applied to actions in favour of an Agrarian Reform and a more equitable land distribution. It is of particular and obvious interest for its social echo and the current mobilizations in Brazil linked to the political judgment of Dilma Rousseff. 1 [email protected] / [email protected].es AFJC 30 • Huesca • 2018 • ISSN: 0213-1404, e-ISSN: 2445-0596 http://revistas.iea.es/index.php/AFJC Anales de la Fundación Joaquín Costa 58 PRÓLOGO El siguiente trabajo comenzó a diseñarse hace años, durante mi estancia en Brasil, en la cual pude conocer de primera mano la realidad de los pequeños campesinos y las luchas del MST. En consecuencia, supone mi reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos que conocí y que a día de hoy, a pesar de las presiones, siguen luchando por un mundo más justo. Resistencia, lucha, alternativas a este mundo capitalizado y neoliberal…, constantes referencias que se gestan a lo largo y ancho del globo y que a veces, ante su presencia, nos hacen obviar el contenido que encierran dichos conceptos y, por ende, preguntarnos por el quién. Es en ese momento, al partir de esta premisa, cuando se desglosa un entresijo de muchos quiénes, muchas luchas, apareciendo lo colectivo no como una abstracción compuesta por un aglomerado de sujetos que afirman su calidad de particulares, sino más bien como forma real de existencia que trasciende lo particular.2 Una condensación de la insubordinación que traspasa la forma aparencial de la objetividad social que imponen los Estados desde la lógica del mercado, plasmada a través de un mundo separado y autónomo que somete a los seres humanos a su razón. El crecimiento económico de Brasil ha evolucionado de manera ininterrumpida durante casi dos décadas. Sin embargo, esta realidad ha ayudado poco a resolver las dramáticas desigualdades que se presentan en el interior de sus fronteras. Este artículo pretende ilustrar el problema de la concentración de tierra que se vive en el país y más concretamente la eterna cuestión de la reforma agraria. Una realidad pasada, presente y probablemente futura, tal y como evidencian el continuo conflicto en el campo por mucho que se quiera obviar o encubrir. Así, el presente análisis se adentra en la contradicción estructural que supone el capitalismo, capaz de producir simultáneamente concentración e incremento de riqueza, por un lado, y expansión y proliferación de pobreza, por otro. Para ello nos acercaremos a la lucha del Movimiento de los Trabajadores Sin 2 Holloway (2002). Los estatutos del hombre Artículo 1. Queda decretado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de manos dadas trabajaremos todos por la vida verdadera. Artículo 2 […] Thiago de Mello (Santiago de Chile, 1964) José Antonio Mérida Donoso 58 59 Tierra (MST), que exige una reforma agraria que permita una mayor justicia social. Derecho positivo y derechos humanos frente a frente en un Estado que es la décima potencia económica del mundo, pero también una de las más desiguales. Una reflexión sobre “los excluidos”, conforme a la forma de inclusión propagada desde el poder, conscientes de que, en esencia, todo intento revolucionario pretende elaborar un lenguaje nuevo para renombrar el cambio y, por tanto, hace necesaria una intelectualización de la problemática que evidencie la posibilidad y la legitimidad de discursos alternativos. INTRODUCCIÓN La historia brasileña, incluso la cultivada por algunos sectores de izquierda, es una historia urbana, una historia de los que mandan y particularmente de los que participan en el poder político.3 A día de hoy a nadie se le escapa la importancia que el movimiento político-social brasileño de inspiración marxista, el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra / Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), ha jugado y sigue jugando en el panorama social e internacional, ante su capacidad de movilización y repercusión social. El eco y repercusión en los medios de comunicación del movimiento que naciera motivado por una reforma agraria, amplia y necesaria, probablemente llegó a su máximo apogeo durante sus relaciones con el que sería el futuro presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. Tras llegar al poder y a pesar de que, en su momento, especialmente durante la campaña electoral del 2002, hubiera prometido al MST asentar 400 000 familias campesinas en los siguientes cuatro años de gestión, lo cierto es que la praxis difirió mucho del discurso teórico apriorista que se había mantenido y las medidas reales tomadas por el Gobierno fueron mínimas, llegando tan solo a 21.000 familias.4 Así pues, aunque el movimiento social había tomado protagonismo en las campañas electorales de una manera innegable, su apoyo a Lula da Silva no se vería recompensado, comprobando el acotamiento de sus perspectivas ante el lento avance de las medidas del nuevo Gobierno.5 De esta modo, comenzaba una relación ambivalente con el presidente, que a pesar de haber llegado a la presidencia con el apoyo masivo del movimiento, una vez en el poder acabó condenando sus acciones ilegales y apoyando otro tipo de reforma agraria que entendía como 3 Souza Martins (1986: 75). En la cita se entiende que al hablar de historia, se trata de la gente que, ante determinado poder, opta por imponer una historia, su historia, frente a la historia de los demás. 4 Según datos estimados por el MST http://www.mst.org.br. 5 Cabe recordar a este respecto la popularidad de la que ha gozado en todo este tiempo Lula da Silva, avalado por diversas instituciones y medios de comunicación como la revista estadounidense Newsweek, que en 2008 lo consideraba una de las personas más influyentes en el escenario mundial (entonces según dicha revista en la posición n.º 18). De igual manera, los diarios Le Monde y El País, lo distinguieron como “personalidad del año 2009”, mientras que el Financial Times lo consideraba uno de los protagonistas de la década (en la posición n.º 11). Anales de la Fundación Joaquín Costa 60 más moderna. Un discurso ambiguo en esencia, ya que a pesar de esta praxis, se mantenían ciertos “guiños” al movimiento, para no perder sus votos.6 Hoy en día, mientras el movimiento social sigue cumpliendo años, algunos sectores críticos parecen apreciar cierto estancamiento del espíritu rebelde del que, por lo general y desgraciadamente, parece hacerse eco solo la juventud. En cualquier caso, el Movimiento Sin Tierra sigue haciéndose oír y ante los comicios presidenciales de octubre, sus últimas movilizaciones auguran su inclinación de nuevo por el Partido de los Trabajadores (PT), sin esconder por ello sus críticas hacia el Ejecutivo. Lejos de hacerle el juego a la derecha más neoliberal, este movimiento sigue eligiendo los momentos para protestar o apoyar al poder ejecutivo. Así respaldó a Lula en las elecciones de 2002 y 2006, pero no por eso dejó de realizar fuertes críticas. Lo mismo ocurrió con la otra candidata del PT, la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien también contó con apoyo del MST en las elecciones de 2010. Sin embargo, las exigencias al actual Gobierno son muchas: consideran insuficientes las 4700 familias que fueron asentadas en los campos en 2013 dado que esperan lo mismo 100 000. Mientras, la tierra sigue estando concentrada en manos de unos pocos especuladores y el número de cierres de escuelas en el campo sigue incrementándose. Tras los ocho años de mandato de Lula y los altibajos en la relación con el MST, el movimiento pasó a apostar abiertamente por la candidata del Gobierno, la exguerrillera Dilma Rousseff, al considerar que con ella tendrían las manos más libres para continuar de nuevo con las ocupaciones de tierras.7 En esta época de cambio, o mejor dicho –si se me permite el galimatías ante el uso denostado de renovación– de un “nuevo” intento de “nuevo cambio”, el MST, a pesar de sus actuaciones, parece haber dejado de estar en un primer plano, con una importante pérdida de credibilidad social. Una perspectiva agravada y auspiciada por ciertos medios de información que subrayan sus “acciones ilegales”, puesto que han pasado de invadir tierras que consideraban improductivas a ocupar fincas que, al parecer, se encontraban en pleno cultivo. Esta banalización de la legalidad, que recuerda en su base el Estudio sobre la banalidad del mal (Eichmann en Jerusalén) que presentara la filósofa Hannah Arendt, allá por 1961, explica que el MST haya sido objeto de diversas Comisiones de Investigación en el Congreso mientras se hace caso omiso a la creciente desigualdad social.8 6 Pese a que todo lo previsto no se cumplió, el Movimiento, tras hacer una evaluación crítica del periodo, decidió apoyar políticamente al Partido de los Trabajadores / Partido dos Trabalhadores (PT) a la hora de la reelección de Lula. Sin embargo, existieron miembros que apoyaron al Partido Socialismo y Libertad / Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), un partido político de izquierda que se fundó en 2004, por la expulsión del Partido de los Trabajadores de varios dirigentes entre los que destacaba Heloísa Helena. Así pues, el PT presentó nuevamente como candidato a Luiz Inácio Lula da Silva, continuando la trayectoria que había comenzado ya en 1989. Como se sabe, su candidatura fue registrada oficialmente el 5 de julio, aunque ya se había anunciado previamente el 24 de junio, tras ganar en la segunda vuelta, al no conseguir la mayoría en la primera, el 29 de octubre, superando a su rival Geraldo Alckmin, el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), por unos 20 millones de votos. 7 Hecho declarado abiertamente por el líder del movimiento, el economista marxista João Pedro Stédile, quien fuera condenado varias veces en distintas ocasiones por la justicia con motivo de las ocupaciones ilegales protagonizadas por él, que incluían no solo tierras, sino también edificios oficiales del Estado, así como destrucción de diversos objetos y utensilios en las fincas ocupadas por el Movimiento. 8 Como se sabe, en el famoso texto de Hannah Arendt, su subtítulo introdujo el concepto de banalidad del mal, que también sirve como últimas palabras del capítulo final. En parte, por lo menos, la frase se refiere al comportamiento de Eichmann en el juicio, no mostrando ni culpa ni odio, alegando que él no tenía ninguna responsabilidad porque estaba José Antonio Mérida Donoso 60 61 Por su parte, el 2011 comenzó con nuevas ocupaciones de tierra en el estado de São Paulo, por trescientos miembros del MST. La acción era la primera de un año en el que el movimiento social continuó su lucha, conscientes de que la cuestión agraria generalmente solo importa a los que la sufren. Esta realidad responde a la constante depreciación que la sociedad rural y su idiosincrasia han sufrido, y siguen sufriendo, frente a la sociedad urbana, existiendo más información relacionada con el interés de la gente, no solo en el seno de la sociedad, sino en la propia comunidad científica, ya sea desde perspectivas históricas, humanísticas o sociológicas, publicándose abundante bibliografía referida a ella.9 Del mismo modo ocurre en el ámbito de las denuncias contra los atentados a los derechos humanos (ya de por sí una temática que parece no encontrar su lugar en un sistema impuesto sobre una sociedad de vencedores y vencidos), precisamente por esta falta de interés existente hacia lo rural, frente a la sombra alargada que proyecta la ciudad. Frente a este desinterés que suscita un mundo rural abandonado y pese a los intereses vinculados a la praxis política, el tema de la reforma agraria no desaparece de Brasil, al contrario, por momentos resurge con mayor fuerza. Así, a pesar de que para una parte de la población sigue siendo una cuestión eminentemente política, comienza a gozar de mayor interés para la sociedad y la comunidad científica, ya sea para estudiar su posible rentabilidad, como para gestar una sociedad más equitativa de acuerdo con los principios de justicia social. Por su parte, el enfrentamiento entre el predominio del capital o la justicia social adquiere más relevancia en los países menos desarrollados económicamente, conforme a las estructuras mundiales generadas, gozando de una gran cantidad de bibliografía. Este resurgir se debe, sobre todo, a la acción de una serie de movimientos sociales que en los últimos años se han ido expandiendo allende las fronteras para, oponiéndose al sistema que impone un sistema agrario al margen de los intereses de los propios campesinos, reunir en torno a una misma “bandera”, una misma causa, a todos los trabajadores, no solo rurales, sino también urbanos. Se genera así un movimiento colectivo y cooperativo que, más allá de buscar un sistema agrario que reparta justicia social, se incluye en una serie de “luchas” que en su último objetivo pretenden la transformación de la propia sociedad. A día de hoy, con una profunda crisis política de descrédito, cuando todo está bajo sospecha ante cinco Gobiernos en que se alternaron, por vez primera, dos grandes partidos, el PSBD (la socialdemocracia cuya figura principal ha sido Fernando Henrique Cardoso) y el PT (liderasimplemente “haciendo su trabajo”: “Él cumplió con su deber…; no solo obedeció las órdenes, sino que también obedeció la ley”. 9 Quizá la antropología supondría la excepción, a pesar de que aun hoy en día tiene que luchar contra los estereotipos que el propio investigador padece y que muestra a la hora de estudiar una comunidad rural determinada, tendiendo a utilizar una metodología que conlleva a veces parámetros equívocos al entender que una comunidad rural es más simple que una comunidad urbana. Los principales medios de comunicación, anclados como empresas de la información mediatizadas en el sistema de obligaciones ante el capital, seleccionan, con el consecuente juicio de valor que eso implica, cuáles son las noticias más relevantes para comunicar a la sociedad. Del mismo modo se comporta la comunidad científica, que sigue actuando muchas veces desde una perspectiva occidental, ajena a la realidad de otros países, considerados menos relevantes por estar en “vías de desarrollo”, frente a lo que pueda ser la propia idiosincrasia occidental, y su predominante narcisismo. Anales de la Fundación Joaquín Costa 62 do por Lula da Silva), la incertidumbre se hace presente, emulando lo ocurrido en 1989, cuando llegó a la presidencia Fernando Collor de Melo, quien desde un pequeño partido logró aglutinar una fuerte mayoría para superar a Lula, por entonces mirado como un sindicalista radical. Brasil, hoy como ayer, es un país que tiende a mitificarse en todos sus extremos, acuciado por las miradas sesgadas que ofrecen los medios de comunicación internacionales, bajo el cariz de la falta de contextualización y el interés por la desinformación, o nacionales, con el chovinismo y el tendencioso interés por la información medida y condicionada, baluarte en última instancia de la desinformación. El movimiento sigue siendo un marco inconfundible para plasmar cómo perdura la resistencia a no dejarse pensar por el sistema y seguir pensando el mundo de manera crítica, pero al mismo tiempo intentar jugar en el difícil límite que supone pactar con el Estado y oponerse a ciertas normas que impone con su capacidad coactiva. Con este telón de fondo, cuando el investigador empieza a acercarse a la realidad agraria brasileña, enseguida se percata de la gran cantidad de denuncias realizadas sobre el panorama desesperanzador del actual sistema agrario, de origen fundiário, o lo que es lo mismo, la cantidad de voces que critican la falta de una reforma agraria que no llega. El hecho de que esta reforma agraria sea a día de hoy la mayor aspiración de los trabajadores rurales brasileños supone una concienciación por parte del propio agricultor brasileño, que responde a una trayectoria histórica determinada, en la que los distintos movimientos sociales de Brasil han ido gestando una opinión crítica, más consciente de la necesidad de esta reforma. Este problema actual genera violencia no tanto por la movilización en sí que busca conseguir una justa reforma agraria, sino por la no aceptación de una parte de la sociedad de las normas impuestas desde el poder institucionalizado. La evidente consolidación de una masa de excluidos sociales implica la aceptación –sino la sumisión– de una violencia estructural, que se basa en la aceptación de la pobreza. Con este lenguaje polarizado, a una clase social se le obliga a firmar un pacto de inmovilismo y aceptación de su situación. Sin embargo, esa misma masa a la que una “retórica consolidada desde el poder” tilda de “excluida socialmente”, sigue cumpliendo una función social fundamental desde su inmovilismo. Cuando esta se activa, la respuesta dada por las fuerzas del orden tiende a ser contundente. Bajo este marco conceptual, en este artículo será objeto de estudio la movilización del MST y sus consecuencias, así como la reacción del propio movimiento social ante los mercenarios contratados por los grandes propietarios, con la intención de buscar un acercamiento a una realidad donde la dicotomía económica de sus habitantes y la impunidad de numerosos crímenes cometidos por agentes de seguridad pública, muestran los avatares de un Brasil anclado en la injusticia social, con una justicia que no llega a ejercer el control de las garantías mínimas frente a un Estado que ejerce el uso de la fuerza contra sus ciudadanos. Un Estado que siendo la décima potencia industrial del mundo, se sitúa como segundo país con mayor índice de concentración de tierra, detrás de Paraguay, con el 48% de la tierra en manos apenas del 2% de propietarios. Esta dicotomía social muestra un panorama desolador en el que cualquier grito de resistencia parece silenciarse ante una sociedad que poco a poco ha sido letalmente narcotizada. Sin embargo, la persistencia del MST y la existencia de miembros especialmente combativos que José Antonio Mérida Donoso 62 63 entienden como único pacto cierta justicia social, advierten críticamente de las posibilidades que el movimiento brinda para acercarnos a una realidad y una resistencia en cuyo telón de fondo subyace la lucha entre ética y moral, derechos humanos y derecho positivo, y una reflexión capaz de superponerse a los discursos dados y a la lobotomía del pensamiento crítico y su consecuente suplantación por la ordenación desde la ley y el poder. Orden que para autojustificarse necesita denominar desorden a todo aquello que no acate las normas de la legalidad y la distribución de la tierra amparada en la ley, con el beneplácito del poder. Presentamos, pues, una serie de pinceladas que, humildemente, quizá pueden ayudar a fomentar la crítica para, sin menoscabo del rigor académico, analizar la lucha por y para un Brasil más equitativo, desde uno de los movimientos sociales más paradigmáticos de toda Latinoamérica como es el MST, en su intento de que la reforma agraria democratice la tenencia de la tierra como forma de garantizar los derechos de los pueblos y de las comunidades. Del mismo modo y de manera transversal, esperamos poder contribuir, aunque sea mínimamente, a mostrar la posibilidad de otra forma de organización del trabajo en el campo, basada en la solidaridad, la sostenibilidad y la cooperación. Cabe, finalmente, apostillar que el tema de la asimetría social de Brasil, desde un enfoque rural, no deja de vincularse a los conceptos de interdependencia y desequilibrio tan propios del sistema actual. En consecuencia, entronca con la problemática de la cada vez más acuciante bipolarización poblacional, gestada a la sombra del neoliberalismo económico. No podemos olvidar que la interdependencia es la dinámica de ser mutuamente responsable y de compartir un conjunto común de principios con otros. Se trata, pues, de un concepto que difiere radicalmente de la “dependencia”, pues la relación interdependiente implica que todos los participantes sean emocional, económica y/o moralmente “independientes”. Este –y no otro– tiene que ser el pilar fundamental que rompa la situación de desigualdad existente en el planeta, que acompañado de la globalización, obvia o reutiliza conceptos como justicia social y desarrollo sostenible, sin atender a proyectos que conjuguen el desarrollo económico con la satisfacción de las necesidades de la población mundial de manera simétrica. Se trata, en suma, de equilibrar los recursos para todos, sin poner en peligro el planeta y sus riquezas. EL PROCESO HISTÓRICO DE CONCENTRACIÓN DE TIERRA EN BRASIL La historia de los primeros siglos de colonización es, en gran parte, la historia del proceso de concentración de la tierra.10 La concentración de la tierra en Brasil supone la base material de un sistema económico, social y político que responde a la situación de pobreza del entorno rural. Brasil es uno de los países, si no el que más, con mayores índices de concentración de la tierra en el mundo. Según datos estimados por el Movimiento Sin Tierra, el 2% de la propiedad rural representa el 48% 10 Chonchol (1994: 69). Anales de la Fundación Joaquín Costa 64 de toda la tierra agrícola, y el 62% de todos estos grandes mares de tierra es improductivo. Esta insólita realidad se contrapone con la situación de cerca de cinco millones de campesinos que, literalmente, no tienen acceso al campo, o lo que es lo mismo, no tienen acceso a una porción de tierra para trabajarla, y poder vivir por y en ella. Entendiendo que este problema de la distribución de la tierra exige considerar factores históricos y contemporáneos que explican la realidad actual de la concentración de la propiedad existente en Brasil, mi intención en este apartado es mostrar un esbozo diacrónico de la situación del campo y los orígenes de este mal endémico de Brasil. A la hora de realizar este estudio histórico, he optado por contextualizar la trayectoria de Brasil conforme a la coyuntura latinoamericana, entendiendo que, a pesar de tomar como tema la realidad contemporánea del país, resulta prácticamente inviable comprender los sistemas agrarios actuales sin una referencia fundamental a su historia, y creo conveniente contextualizar los cambios efectuados en el campo brasileño con los cambios en todo el panorama latinoamericano, ya que existe un núcleo importante común en ellos, y, en suma, podemos hablar de una realidad que extrapola el plano geográfico de Brasil, extendiéndose al resto de Latinoamérica. Conquista y colonización de Brasil. Del siglo xvi a finales del siglo xviii Aparecen, por tanto, tres características fundamentales de nuestra estructura agraria (Brasil): la gran propiedad, la monocultura (culturas de exportación) y el trabajo esclavo. A estas se añade el carácter del colono europeo que se dirige a los trópicos, que no es el de simple trabajador poblador y sí el del explorador, negociante, que viene (va) para dirigir y realizar un buen negocio. Si él se dirige al campo, solo una gran propiedad rural le interesa.11 Actualmente, resulta una evidencia el hecho de que la conquista y la colonización de todo el conjunto de las tierras americanas supusieron un cambio fundamental y trágico en la vida de las antiguas sociedades indígenas, al quedar incorporadas desde comienzos del siglo xvi al sistema económico mundial dominado por Europa occidental, pudiendo percibirse en ella la semilla de un mal endémico que llega hasta nuestra época. En el caso de Brasil, cuando los portugueses llegaron a estas tierras y comenzaron el proceso colonizador, prácticamente de manera inmediata, la Corona portuguesa empezó a generar una política de distribución de tierra a nobles y “grandes hombres”, por lo que la tierra, al no tener un valor comercial, pasaba a ser donada. A su vez, desde este primer momento, se fue generando una economía colonizadora, de tal forma que la producción pasó a responder a las necesidades impuestas por el comercio internacional en el que Portugal se encontraba inmerso. Así la agricultura pasaba a caracterizarse por la gran “propiedad monocultural”, trabajada por 11 Monteiro de Carvalho (1978: 54). José Antonio Mérida Donoso 64 65 esclavos, lo que creaba un modelo de contraposición a las pequeñas propiedades trabajadas por el propietario y sus familiares.12 La caña de azúcar, con sus elementos asociados como la gran propiedad, el monocultivo y la esclavitud, se impondría como modelo de explotación, en zonas donde las condiciones eran más propicias.13 A pesar de que este sistema de “industria azucarera” requería un importante capital económico para la importación de esclavos y la instalación de los ingenios, tenía una rentabilidad alta y creciente por lo menos hasta que los holandeses, tras ser expulsados del país, trasplantaron al Caribe las técnicas dominantes en Brasil de la producción azucarera, en la segunda mitad del siglo xvii.14 La nueva economía traía consigo una agricultura extensiva, ávida por encontrar nuevos territorios fértiles, promoviendo el abandono de los territorios ya agotados y la quema de bosques para proceder al cultivo de los cañaverales.15 La expansión de las plantaciones azucareras respondió a su éxito, especialmente en sus comienzos, en la zona nordeste. A su vez, este éxito se debía en parte a la experiencia técnica con que los portugueses contaban en el cultivo de este producto, junto con los reducidos costes de transporte entre los puertos de embarque del azúcar y la riqueza de las tierras fértiles de la planicie litoral, en el actual estado de Pernambuco.16 Este predominio del azúcar se prolongó hasta el siglo xix, alcanzando en el siglo xviii la época de máximo auge. Hasta este momento, las plantaciones azucareras caracterizarán la sociedad y la economía, no solo de Brasil, sino de prácticamente toda Latinoamérica, haciendo que se comenzara a gestar un panorama en todo el continente, si no homogéneo, sí con algunas características comunes. Junto con estas economías azucareras, comenzaron a generarse algunas economías agrarias complementarias, entre las que destacó la ganadería, seguida del tabaco 12 Aunque sea como nota a pie de página, creo pertinente adelantarme al apartado “Análisis del proceso histórico de la concentración de la tierra” indicando una primera utilización económica del territorio en el intercambio a los indígenas del pau-brasil, una planta de la que se extraía un producto utilizado como tinte, para ya posteriormente pasar al modelo de plantación de azúcar como primera fuente económica del modelo de colonización. La sesmaria (institución portuguesa que consistía en la concesión de tierra a título precario, con la obligación por parte del concesionario de trabajarla), junto con el ingenio azucarero (un complejo que combinaba tierra, técnica, trabajo forzado, industria y capital que comprendía los campos de caña, las casas de los señores, los empleados, los esclavos y los animales y las instalaciones para moler la caña) se convirtieron en los elementos más característicos de este modelo de explotación impuesto por los portugueses. 13 En zonas “menos favorables se organizan haciendas ganaderas extensivas cuyas producciones animales constituyen el complemento indispensable de la economía de plantación”, en Chonchol (1994: 94). 14 Así, por ejemplo, contemporáneos como Adam Smith opinaban que: “Los beneficios de una plantación azucarera de nuestras colonias antillanas son generalmente muy superiores a los de cualquier otro cultivo de Europa o América”, en Williams (1969: 126). 15 Sin duda, este tipo de actuaciones debieron provocar cambios de tipo “natural”, destrozando ecosistemas, llegando a producir transformaciones de tipo climático, que agudizaron los problemas de sequía de la tierra. Como se verá más adelante, esta explotación sistemática de la tierra a expensas de los daños generados en la naturaleza, han llegado a causar un desgaste en “el paraíso edénico brasileño”, siendo especialmente preocupante la situación actual del Amazonas, “los pulmones del mundo”, imponiéndose una necesaria protección ecológica. 16 Se trata del massapé, una tierra arcillosa, de fácil productividad una vez desforestada. Como señala Freyre (1956: 35): “Generaciones de caña podían sucederse sobre el mismo dominio, afincarse y profundizar sus raíces en forma de casas de piedra: ninguna necesidad de ese nomadismo agrario que se ha practicado en otras tierras sobre suelos menos fértiles rápidamente agotados por el monocultivo”. Anales de la Fundación Joaquín Costa 72 productor de café, no solo a escala nacional, sino también mundial.29 En conclusión, podemos decir que en este periodo se empieza a gestar la evolución de un sector agrícola exportador hacia un sector industrial, creciendo la producción agropecuaria, con una burguesía agraria que no deja de participar en la articulación de las fracciones de la clase dominante. En este contexto de transformación, y especialmente después de la revolución de 1930, fue surgiendo y ganando cuerpo un sentimiento de rechazo y crítica por parte de la población rural más sufrida, que generó la aparición de la conciencia de la necesidad de una reformulación del sistema fundiário vigente. Junto con esta perspectiva crítica que empezaba a cuajar, destaca, adelantándonos ya a lo que se dirá en el apartado dedicado al “Análisis del proceso histórico de la concentración de la tierra”, un nuevo marco jurídico en el que se admitía el principio de que “el orden económico debía ser organizado conforme los principios de justicia social” (artículo 146) después de afirmarse en el artículo 141/16 un nuevo fundamento para la expropiación, a saber, el interés social, quebrándose el tabú hasta ese momento existente de la intangibilidad del derecho de propiedad. En cualquier caso, las medidas “del Estado Novo” de Vargas parecieron revolucionarias en un primer momento, tras el evidente periodo del laisser faire de la Republica Velha. Sin embargo, tal y como apuntaba W. Guilherme dos Santos, el concepto clave de aquella época no era otro que el de ciudadanía regulada. Concepto ubicado más que en un código de valores políticos en todo un “sistema de estratificaciones de ocupaciones fijadas por una norma legal. Dicho de otra manera, son ciudadanos todos los miembros de la comunidad que están localizables en una u otra de las ocupaciones reconocidas y definidas por la ley”.30 En realidad, se trataría de toda una reestructuración de políticas de exclusión (que no de inclusión) del mismo modo que a día de hoy se continúa reelaborando y plasmando esa realidad.31 29 Chonchol (1994: 245). 30 Guilherme dos Santos (1979). 31 Somos conscientes del carácter multifacético del término exclusión social y que esto hace que se trate de una realidad compleja de medir, siendo muy difícil delimitar los distintos indicadores que pueden cuantificar cada uno de sus elementos. En cualquier caso, a pesar de que luego nos adentraremos en este concepto, podemos adelantar que la acepción surgió en los años setenta en Francia y significaba una ruptura de los lazos sociales, algo que en aquel momento afectaba a la tradición francesa de integración nacional y solidaridad social. Como se sabe su creación se atribuye a René Lenoir, entonces secretario de Estado de Acción Social en el Gobierno de Chirac, que introdujo el concepto en su libro Les exclus: un Français sur dix, publicado en 1974, en el que se refería al 10% de la población francesa que vivía al margen de la red de seguridad social pública basada en el empleo (discapacitados, ancianos, niños que sufren abusos, toxicómanos, etcétera). Más allá de esta realidad, este marco teórico permite evidenciar que la exclusión social ha ido adquiriendo diferentes enfoques en función de las diversas tradiciones de pensamiento intelectual y político, incluso antes de la aparición del propio concepto, mostrando las visiones divergentes sobre su relación con la pobreza. Así, unos verían la exclusión social como causante de la pobreza, mientras que otros responsabilizarían a los pobres de, valga la redundancia, su propia pobreza, como si esta deviniera ajena a la realidad social. José Antonio Mérida Donoso 72 73 La modernización conservadora de la política agraria. Composición de las fuerzas dominantes: 1964-1985 La década de los sesenta comenzó con un panorama poco esperanzador para los intereses de las clases dominantes en Brasil como consecuencia de una profunda crisis económica que golpeó la economía nacional de manera especialmente violenta. Este cambio en la economía, como es lógico, vino acompañado de cambios a nivel social, económico, político y cultural, presentando un fuerte carácter conservador, mientras se producía una alianza de los sectores dominantes que beneficiaba al gran capital en el campo. El golpe de Estado de 1964 implantó en Brasil un régimen autoritario que imponía un modelo económico calcado del capitalismo dependiente y asociado. En un mar de prohibiciones propias de un régimen autoritario, como la exclusión de la vida política de parte de la población, o el control de los medios de comunicación mediante una censura rígida, impidiendo la libertad de prensa, la dicotomía social existente se iba incrementando. Al mismo tiempo, durante los Gobiernos militares que se sucedieron después de 1964 se imponían las condiciones necesarias para el desarrollo de una política agraria que favorecía los intereses de las grandes empresas mediante incentivos financieros importantes, dejando a los pequeños propietarios desprotegidos ante el creciente poder latifundista. Sin embargo, paralelamente a esta situación, la política agraria de la dictadura militar contó con un proyecto de reforma agraria que había sido definido por el Instituto de Investigación y Ciencias Sociales de Brasil (IPES) y el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD) poco antes del golpe de Estado. El origen de este proyecto, nacido al final de la crisis política, fue la gran presión ejercida por el pueblo en favor de una reforma agraria hasta el punto de que incluso la elite conservadora llegó a aceptar títulos públicos para la expropiación y utilización de tierras que estaban abandonadas. Así surgía la ley 4.504 de 30 de noviembre de 1964, denominada Estatuto de la Tierra, que se dividía en dos partes diferenciadas; una, que trataba de la reforma agraria y para cuya ejecución se creaba el Instituto Brasileño de Reforma Agraria (IBRA), y otra de desarrollo rural, para la cual se fundó el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).32 En 1970, el Gobierno militar, considerando la viabilidad de su política agraria, creó una nueva institución, el Instituto Brasileño de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), que sustituyó al IBRA y al INDA. Este cambio representó un reforzamiento de los grandes grupos económicos que controlaban los proyectos, incluidos en el Programa de Integración Nacional (PIN) gestado ese mismo año, siguiendo la línea impuesta desde un principio por la colonización. 32 Desde una perspectiva más coyuntural, tanto este Estatuto como el anterior Estatuto Rural del Trabajador de 1963, evidencian las diversas luchas que se están llevando a cabo por una masa campesina concienciada, que lucha por una serie de demandas, entre ellas el respeto a estos dos Estatutos que en gran parte son “letra muerta”, por mejores condiciones económicas para la pequeña agricultura que está siendo aplastada por las grandes producciones agropecuarias y, finalmente, por una reforma agraria. Esta realidad de lucha en el campo vinculada a los movimientos sociales rurales será analizada en el apartado “La necesidad de una reforma agraria”. Anales de la Fundación Joaquín Costa 74 Un año después, siguiendo la misma trayectoria, el Gobierno militar ponía en funcionamiento el Programa Proterra de distribución de tierras, con el que se estimulaba a la agroindustria del norte y nordeste del país, intensificando la concentración fundiária en Brasil. La oposición contra esta medida produjo una reacción brutal por parte de las autoridades, que reprimieron todo tipo de luchas promovidas contra el proceso de concentración de la tierra. De esta manera, paradójicamente, desde 1968 y hasta 1973, mientras en Brasil se comenzaba a destacar internacionalmente por las elevadas tasas de crecimiento económico, la desigualdad en la distribución de la renta continuaba incrementándose, pudiendo afirmarse que al iniciarse la década de los setenta, se situaba como uno de los países del mundo con mayor desigualdad social en la distribución de la renta nacional.33 Fue en estos mismos años cuando surgen los denominados Complejos Agroindustriales (CAI),34 que pasan a englobar actividades tanto rurales como urbanas, y en el caso de la agropecuaria, envolviendo intereses que van desde la producción y la comercialización de distintos productos agrícolas y pecuarios, hasta una mayor industrialización. Es en este marco cuando los intereses agrarios-industriales y urbanos se mezclan, y cuando el Estado, a través de las políticas públicas específicas para cada producto agrario, apoya este nuevo eje formado por las industrias de insumos, por la producción agrícola moderna y por las industrias de procesamiento de materias primas financiadas por el capital. En la década de los setenta, el fortalecimiento y la cimentación acelerada de organismos gubernamentales propios de cada producto será una constante que irá tomando cuerpo hasta llegar hasta nuestros días, y se insieren con sus intereses en el aparato estatal.35 Por otra parte, aunque a mediados de la década de los sesenta la tecnología agrícola utilizada en la mayor parte de Brasil era bastante rudimentaria, entre 1965 y 1979 se modifican la estructura y el perfil de la producción agropecuaria, y junto con el crecimiento económico del denominado “milagro económico”, o la ampliación del crédito rural subsidiado, se dan una serie de incentivos a la producción agrícola, una mejoría de los precios internacionales de los productos agrícolas y la internacionalización del paquete tecnológico de la “revolución Verde”. En esta implantación de una política de modernización tecnológica financiada por el Sistema Nacional de Crédito Rural, tomó protagonismo la industria productora de semillas, perdiendo importancia los propios recursos naturales. 33 Estas diferencias no se dan solamente en el campo, de hecho, según los datos censitarios utilizados por Holffman (1992), el porcentaje de renta apropiada por el 10% de la población urbana económicamente más rica, pasó entre 1960 y 1970 del 38% al 45%. 34 El de complejo agroindustrial es un concepto desarrollado por diversos economistas y sociólogos para definir las características del sistema dominante en las áreas más modernizadas de la agricultura latinoamericana, que sustituye el antiguo complejo latifundio-minifundio. Para una explicación más amplia véase a este respecto Gómez (1988). 35 Según la Agenda de Criadores y Agricultores de FAESP y SNA, en 1987, el número ascendía a 21 entidades representativas de las “clases dominantes” en multiproductos, tales como ABRACE (Associação Brasileira de Cerealistas), ANEC (Associação Nacional de Exportadores de Cereais), SOPRAL (Sociedade dos Produtores de Açúcar e de Álcool), o la ABC (Associação Brasileira de Criadores), junto con las 152 entidades por producto y 22 de insumos, máquinas y procesamiento, hacen un total de 207 entidades. Según se especifica en la fuente, en la lista pueden quedar excluidas algunas entidades como las ligadas a la producción de alcohol. José Antonio Mérida Donoso 74 75 Durante esta consolidación del proceso de industrialización en la agricultura brasileña, en esas dos décadas de dictadura en las que los Gobiernos militares estuvieron en el poder (1965-1985), se garantizó la apropiación de importantes áreas de tierra por parte de grupos empresariales, cimentándose una estructura fundiária, que generó nuevas trabas a la posibilidad de un reparto de tierras equitativo y agudizó el problema de la falta de alimentos básicos de subsistencia al privilegiar la agricultura de exportación, a expensas de una agricultura afianzada en el mercado interno de Brasil.36 En los primeros años de la última década de esta etapa, entre 1980 y 1985, coincidiendo con la grave crisis vivida en la economía interna del país entre 1980 y 1983, ante la reducción de los recursos del Estado destinados a la modernización, que llegaban ahora a un menor número de productores, y que la actividad especulativo-financiera con los pertinentes recursos de crédito disminuyó, en las zonas más atrasadas del país se fue reforzando el minifundio.37 A partir de estos años se sucederá una nueva fase de la modernización de la agricultura brasileña caracterizada por varias cosechas excepcionales, consecuencia de un nuevo estímulo a la producción, aunque continúe encaminándose especialmente al mercado externo, sustentada por una fuerte inyección de recursos públicos. Por último, en esa misma década la lucha por la reforma agraria parece que llegaba más lejos que nunca. Así, en 1984, aún bajo el Gobierno militar, un gran bloque de la oposición denominado Alianza Democrática se iba haciendo fuerte y en mayo de 1985 se planteaba la propuesta de un Primer Plan Nacional de Reforma Agraria basado en el Estatuto de la Tierra de 1964. Enseguida el ministro Nelson Ribeiro, nombrado ministro encargado de los asuntos agrarios por el anterior vicepresidente, Jose Sarney, quien llegó al poder por el fallecimiento antes de asumir el mandato del representante de la Alianza, Tancredo Neves, se tuvo que enfrentar a una fuerte oposición. El plan, haciéndose eco de esa demanda, propone que, por razones sociales, se dé paso a la expropiación de tierras improductivas y se pague con títulos de la deuda agraria.38 En su origen, estas expropiaciones comenzarían en zonas prioritarias localizadas en las regiones de antiguas ocupaciones del suelo, o bien en aquellos lugares donde los conflictos agrarios se dieran de manera más acentuada. De esta forma se establecía en el seno de la población un gran debate social, enfrentándose, por una parte, los grandes propietarios, los militares y los sectores más conservadores de la sociedad, frente a la Iglesia católica, los partidos políticos y sindicatos de centro e izquierda, las organizaciones de profesionales agrícolas y, cómo no, el campesinado, 36 Según Homem de Melo (1983), de 1970 a 1977, fueron publicados 96,8 trabajos de investigación por millón de hectáreas cultivadas con ocho productos de exportación. En relación con los productos dirigidos para la alimentación del brasileño, apenas se publicaron 22,6 trabajos correspondientes a cuatro alimentos básicos. 37 “En consecuencia, el sector agrícola parece haber jugado el papel de amortiguador social de la crisis en dichos años”, Chonchol (1994: 361). 38 La reforma agraria de la “Nova Republica” fue presentada por Sarney en el IV Congreso de Trabalhadores Rurais en mayo de 1985. Según el MIRAD / INCRA (sustituto del MEAF) el plazo de presentación establecido para la puesta en práctica de la reforma agraria sería de treinta días, por lo que a partir de julio el plan quedaría detallado a su vez en distintos planes regionales, para a partir de agosto entrar en funcionamiento. Anales de la Fundación Joaquín Costa 76 muchas veces agrupado en distintos movimientos.39 Ante la fuerza de esta oposición, la acción de la reforma agraria del programa comenzaría de una manera más tímida. Cuando en octubre de ese mismo año (1985) el presidente Sarney firma el Primer Plan Nacional de Reforma Agraria, el texto en cuestión resulta mucho menos drástico de lo que se suponía en su comienzo. A esta primera restricción se sumará un nuevo golpe de gracia con la Constitución de 1988, vigente en la actualidad, en la que tras la movilización de las clases dominantes bajo distintas formas, entre ellas la financiación de las campañas de los opositores parlamentarios, acabará por configurarse un corpus jurídico todavía bastante restrictivo. ANÁLISIS DEL PROCESO HISTÓRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE TIERRA Brasil continúa teniendo el peor índice de concentración por renta entre todos los países del mundo, con más de 10 millones de habitantes. A su vez, en el país existen fuertes disparidades regionales, principalmente entre los estados del sudeste y del nordeste. Algunos indicadores de ese escenario nos dan una visión de la angustiosa situación que vive el país:40 — En la década de los noventa la mitad más pobre de la población sufrió una reducción de sus rendimientos en 1/3, mientras que el 5% de los más ricos se enriqueció en un 20%. — En 1990, el 10% de los más rico tenía el 49,7% de la renta nacional; el 50% más pobre tenía el 11,2%. — En los estados del nordeste, en 1990, el 41,3% de los trabajadores recibía el salario mínimo, mientras que en el sudeste esa proporción era del 18,2%. — En el mismo año, entre los 154 países analizados por el Banco Mundial, Brasil ocupa el puesto 36 como consumidor diario de calorías, el 46 en esperanza de vida al nacer y el 36 en la tasa de alfabetización. En esta realidad marcada por las extremas desigualdades sociales, que evidenciaba el lugar que ocupaban los derechos humanos en el país, es donde se inscribe el problema de la marginalización de una gran parte de los trabajadores rurales. Desde una óptica económico-social, y ya centrados en la coyuntura rural, se puede decir que el anacronismo existente en Brasil, al mantener un sistema fundiário que hunde sus raíces en el colonialismo, dentro de una formación agrario-mercantil-esclavista,41 ha ido adoptando nuevos matices a lo largo de la historia, pero siempre manteniendo una base constante: su injusticia social. De hecho, la estratificación en clases sociales antagónicas constituye la principal característica de la sociedad brasileña, tanto en su 39 La historiografía tiende a señalar como, debido a la fuerza de los opositores al proyecto de reforma, a los actos de unidad y resistencia de milicias armadas, se creó la Unión Democrática Ruralista (UDR). De igual manera, estos grupos encontraron aliados entre los militares representados en el Consejo de Seguridad Social, por lo que el proyecto de reforma agraria se fue transformando, adoptando postulados mucho más conservadores. 40 Los datos han sido extraídos del Cuaderno CERU, n.º 6, serie 2 (1995). 41 Término utilizado por Ribeiro (1995: 273). En esa misma página el autor define Brasil como “fruto de ese proceso, desarrollado como subproducto de un emprendimiento exógeno que, reuniendo y fundiendo aquí las matrices más dispares del nacimiento de una configuración étnica del pueblo nuevo, y lo estructura como una dependencia colonialesclavista de la formación mercantil-salvacionista de los pueblos ibéricos”. José Antonio Mérida Donoso 76 77 marco rural como en el urbano. Una desigualdad social como resultado de un fenómeno histórico y cultural que evidencia que la población brasileña tiene un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. Centrándonos en la situación del campesino, se puede decir que, tras las transformaciones rurales acaecidas a lo largo de la historia y fundamentalmente después de 1964, se genera un panorama que, en mi opinión, se puede resumir en las siguientes características que sirven para definir la problemática rural actual en Brasil: — La ampliación tanto del área de los establecimientos agropecuarios como del número de propietarios. — Una intensificación del capitalismo en el campo. Este hecho se nota de manera fundamental a través de la expansión de la gran empresa agropecuaria capitalista, dejando como resultado una alteración en las relaciones de trabajo, la depresión consecuente de millares de pequeñas unidades de producción campesinas, incapaces de competir con estas producciones agropecuarias, una mayor concentración de tierra y, adelantándonos al apartado “Sobre el régimen jurídico de la tierra”, un incremento de las tensiones y de los conflictos entre los campesinos y los grandes propietarios de tierra. — Según el CEPAL, el contingente de pobres (menos de 56 $) y miserables (28 $) es en Brasil, la décima potencia industrial del mundo, superior a la media de los países latinoamericanos. — La intensificación de una agricultura con miras a la exportación, siguiendo un modelo de capitalismo asociado. — La internacionalización de los latifundios a través de la penetración de capital por parte de empresas tanto nacionales como extranjeras, ya sean industriales o financieras, siguiendo un modelo de desarrollo capitalista, dependiente y asociado. Como ya se ha subrayado, la estructura fundiária que caracteriza la generalidad de la situación agraria brasileña, como la de tantos otros países latinoamericanos, supone el reflejo de la naturaleza de la economía de los países. Este “artificio de naturaleza instaurada” es el resultado de un tipo de agricultura colonial generada desde los primeros tiempos de la colonización. De todas estas características, derivadas de las premisas impuestas a lo largo del proceso histórico de concentración de la tierra e imposición de un sistema agrario basado en la explotación, la última de las características señaladas, la internacionalización de los latifundios, es la que más de cerca explica la existencia del HAMBRE en Brasil, y, por tanto, la que más subraya la necesidad de una reforma agraria, o, lo que es lo mismo, aplicar una serie de medidas que promuevan una mejor distribución de la tierra, mediante modificaciones en el régimen de su posesión y uso, con el fin de atender a los principios de productividad y, fundamentalmente, de justicia social. Estas palabras se han olvidado en un país con una política agraria, aún presa del modelo colonialista y con una división internacional de la producción, en el que se prefiere exportar soja o zumo de naranja, en vez de volcarse en una agricultura de subsistencia que permita aportar cierto tipo de alimentos a los brasileños. Para un campesino una porción de tierra puede significar independencia o, por lo menos, una posibilidad de sobrevivir, produciendo los alimentos que la familia necesita. Sin embargo, los intereses del campesino, como los del ciudadano en general, dejan de tener sentido frente a los intereses del capital. Anales de la Fundación Joaquín Costa 78 Así al océano de pobreza que supone lo que podríamos denominar “la vieja pobreza”, de carácter estructural, que surge del proceso de acumulación llevado en todos los campos, se añade ahora “una nueva pobreza”, la engendrada por el neoliberalismo y la globalización. En este clímax (o anticlímax) es cuando más necesaria se hace una reforma agraria, no tanto como solución a una realidad cada vez más trágica, sino como una parte de la solución, dentro de una transformación más amplia que abarque al propio sistema, para dar cabida a una verdadera justicia social, conforme a los criterios de una democracia real, en la que el conjunto de la ciudadanía pueda decidir su futuro. SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TIERRA Hasta aquí se ha desarrollado la evolución histórica del problema de la tierra, que llega a la deprimente situación que en nuestros días asola al campo brasileño. En este apartado se pretende trazar el desarrollo, paralelo a esa coyuntura, del proceso histórico del régimen jurídico de la tierra, para después poder analizar más detalladamente la función social de la propiedad y el propio derecho a la vida dentro de una perspectiva de los derechos humanos. Para llevar a cabo este cometido, se ha optado por realizar el resumen de los cambios más significativos en la lenta modificación del derecho agrario en Brasil, que llega al análisis de la actual situación, tras la Constitución de 1988. Siglos xv-xviii: los comienzos de la colonización. El régimen de sesmaria Cuando Pedro Álvarez de Cabral llegó a Brasil, las tierras de este país fueron objeto de conquista y posesión “para el rey de Portugal”.42 Como se señaló ya anteriormente en el apartado “El proceso histórico de concentración de tierra en Brasil”, en los comienzos de esta primera fase de la colonización, desde 1500 a 1530, se trasladaron las instituciones feudales imperantes en aquel momento en la península ibérica, implantándose una nueva división de bienes en una sociedad que se guiaba por normas comunitarias que regían desde el trabajo hasta el consumo de los alimentos. En este contexto se puede decir que la tierra pasó de ser una fazenda del rey a ser transferida al Patrimonio Nacional, con la Independencia. Esta primera fase supuso, en general, el comienzo de una imposición de poder, un primer acercamiento de los colonos a la realidad indígena. Sin llegar a una distribución de tierras ni instalar núcleos de población, se tomó el anteriormente citado pau-brasil como principal objetivo en esa estructura cambista en la que el indio recibía objetos como espejos, pendientes, machetes o anzuelos por su trabajo. Más adelante se instituirá el régimen de libre comercio (condicionado al pago del quinto de los productos exportados), que ponía fin a los arrendamientos, dando paso a 42 Obviamente, los conquistadores también respondían a motivaciones personales que no cabe aquí estudiar. Lo único que se pretende es señalar quién iba a ser en un principio el dueño fundamental de las tierras. José Antonio Mérida Donoso 78 79 una mayor absorción colonial de lo que se creía que era un nuevo mundo, negándose el reconocimiento de su realidad anterior a la llegada del colono. En este marco se encuentra el nacimiento de la propiedad de la tierra bajo el signo de las capitanías hereditarias, enormes proporciones de tierra en que se dividió el país, entregándolas a los “capitanes” que deberían poblarlas. Posteriormente, “fracasadas casi en su totalidad” las capitanías, se dio paso a un gobierno general en el que se instituía el régimen de sesmarias, una manera tumultuaria por la cual se va transformando la decadente clase feudal y la naciente burguesía. En líneas generales podemos decir que el sistema de sesmarias era una medida agraria utilizada para delimitar los terrenos en el Brasil de la época, en el que la Corona portuguesa distribuía grandes lotes de tierras entre quienes se dispusieran a cultivarlas y proveerlas a cambio de un sexto de la producción obtenida. 1822-1849: un nuevo régimen de posesión La resolución de 17 de julio de 1822 extinguía el régimen de sesmaria existente en la etapa anterior, sustituyéndolo por otro régimen igualmente viciado, que continuaba con el espíritu latifundista. Proclamada la independencia, la Carta Imperial de 25 de marzo de 1824, en el artículo 179.XXII, garantiza el derecho de propiedad en toda su plenitud, con una pequeña reserva, apenas como hipótesis “de bien público”, “legalmente verificable”, como única posibilidad de pérdida implementada al pago de una indemnización. Dos años más tarde, la Ley 422 de 1826 definía estas situaciones de “bien público”. El legislador, en este caso, se había decantado por establecer una división entre utilidad y necesidad publica, modelo que más tarde se mantendrá en la Ley Fundamental de 1891 y en el Código Civil establecido a posteriori.43 1850-1891. La ley n.º 601 El 18 de septiembre de 1850, la Ley 601 denominada Lei das Terras Devolutas, irrumpía en el régimen jurídico de la tierra, representando el primer esfuerzo con pretensiones de disciplinar el derecho agrario en Brasil. Esta ley establecía que la formación de la propiedad solo se haría a título honorario y en subasta pública, lo que suponía un impedimento para que la población común se transformara en la legítima propietaria de la tierra, adoptándose la propiedad como un privilegio y no como un derecho. 43 De la Ley Fundamental de 1891, el artículo 72.17, segunda parte; en el Código Civil, el artículo 590. Anales de la Fundación Joaquín Costa 80 1891-1917. La propiedad en tiempos de la República El 24 de febrero de 1891, con la promulgación de la Constitución Federal republicana, la cual formalmente no se diferenciaba mucho de la Carta Imperial de 1824, las tierras devueltas pasaron al dominio de los estados de la Federación, dejando para la Unión tan solo una fracción del territorio indispensable para la defensa de fortificaciones, construcciones militares o zonas fronterizas. Más tarde, el Código Civil aprobado en 1917 establecía la vía judicial para, salvo en casos de medidas y demarcaciones amigables, elaborar la discriminación entre las tierras devueltas de dominio privado del Estado y las tierras de propiedad particular. En este nuevo código dejaba de permitirse la revalidación tanto del régimen de sesmaria como la legitimación de las posesiones. A partir de este momento, quien conforme a la Lei das Terras no las hubiese regularizado, solo podría hacerlo con el Código Civil, por la adquisición del dominio sobre las tierras poseídas, en virtud y en la forma de usurpación. En 1934, con la “Lex Maxima”, la historia constitucional de la tierra daba un paso más al incluir el interés social como condicionante del derecho de propiedad. Doce años más tarde, tras pasar por otra Constitución (1937) que no profundizo en la materia, la Constitución de 1946 establecía algunas limitaciones al derecho de propiedad. La Constitución Federal de 1946 y la Enmienda Constitucional n.º 10 del Estatuto de la Tierra En 1946, se aprobó en Brasil una nueva Constitución y con ella se establecía un nuevo marco jurídico para la cuestión agraria. Su artículo 147 determinaba que el uso de la propiedad estaría condicionado al bienestar social y que la ley podría promover una justa distribución de la propiedad. Sin embargo, aunque teóricamente y en favor de un supuesto bienestar social se aseguraba el derecho de la propiedad al estipularse que las expropiaciones llevadas por necesidad, utilidad pública o interés social quedarían retribuidas con una previa indemnización del justo valor del inmueble, en la práctica se hacía inviable el proceso de redistribución de la tierra. Esta medida continuó en el derecho brasileño hasta el 30 de octubre de 1964, fecha en la que por un corto periodo de tiempo, se entra en la fase de la Enmienda Constitucional n.º 10, por la que se incorpora al texto constitucional en vigor el pago en títulos de deuda pública por las tierras que fuesen expropiadas por interés social. Veintiún días después de la entrada en vigor de esta Enmienda, el 20 de noviembre de 1964, el presidente Castelo Branco instauraba un nuevo avance con la Ley 4.504 del Estatuto de la Tierra, en cuyo artículo 29 se encuentra el punto nodal, apareciendo como una especie de suma de la filosofía y de la pragmática del Gobierno en relación con la situación fundiária rural. En el futuro, el Estatuto de la Tierra (ET) sería seguido por sucesivos decretos-ley, que pretendían reformarlo o restringirlo, denotando la estructura de poder generada y la dificultad existente en quebrarla. José Antonio Mérida Donoso 80 81 Por último, cabe señalar la importancia de este Estatuto de la Tierra y el avance que suponía su fundamento en la función social de la propiedad,44 atribuyendo a la tierra rural una finalidad socioeconómica. Así, como derecho positivo que es, el Estatuto de la Tierra intentaba ofrecer respuestas a las necesidades de justicia social, especificando en su artículo 186 que: La función social es cumplida cuando la propiedad rural atiende, simultáneamente, siguiendo criterios y grados de exigencias establecidos en ley, a los siguientes requisitos: — Aprovechamiento racional y adecuado. — Utilización adecuada de los recursos naturales disponibles y preservación del medio ambiente. — Observación de las disposiciones que regulan las relaciones de trabajo. — Exploración que favorezca el bienestar de los propietarios y de los trabajadores.45 En la práctica podría decirse que sin Estatuto de la Tierra no habría Derecho Agrario, y sin este o algún tipo de equivalente resultaría inviable tratar las posibilidades de transformación o de cambios en el uso de los bienes inmuebles rurales a la luz del derecho, respetando los derechos individuales y colectivos. La reforma agraria y el Estatuto de la Tierra El Estatuto de la Tierra está estructurado conforme a dos realidades distintas, aunque intrínsecamente relacionadas: la modernización de la política agrícola del país, mediante políticas agrícolas que regulen y disciplinen las relaciones jurídicas, sociales y económicas concernientes a la propiedad rural y el proyecto de reforma agraria. En este segundo punto entramos en la cuestión de la reforma agraria, un tema que ha generado una gran cantidad de bibliografía, y que se encuentra en medio de las discusiones mantenidas no solo en el seno de los partidos políticos, de los sindicatos, o de los distintos movimientos sociales, sino también en la vida cotidiana del conjunto de la sociedad. En el Estatuto de la Tierra, la reforma agraria queda definida como “un conjunto de medidas para promover una mejor distribución de la tierra, mediante modificaciones en el régimen de su posesión y uso, a fin de atender a los principios de justicia social y al aumento de la productividad”.46 Por su parte, la política agraria se define como “un conjunto de providencias de amparo a la propiedad de la tierra, que se destinan a orientar, en el interés de la economía rural, las actividades agropecuarias, ya sea en el sentido de garantizarles el pleno empleo, ya sea en el de armonizarlas con el proceso de industrialización del país”.47 44 CF, artículo 5.XXIII. 45 Constitución brasileña actual desde 1988, que puede consultarse íntegramente en el enlace http://pdba.georgetown. edu/Constitutions/Brazil/esp88.html. 46 Artículo 1.1, Brasil, 1983. 47 Artículo 1.2, Brasil, 1983. Anales de la Fundación Joaquín Costa 88 Sobre los movimientos sociales rurales y la lucha por la tierra en Brasil. Las primeras movilizaciones Como idea conceptualizada, los movimientos sociales fueron recogidos con esta denominación dentro del vocabulario académico por Loren von Stein,57 cuya terminología es usada muchas veces de manera peyorativa por los medios ante la contraposición de los intereses de las empresas a las que pertenecen y la acción colectiva. Ello explica que muchas veces se amplíe el uso del concepto de movimiento social para hacer referencia a realidades o agrupaciones cuya finalidad no es eminentemente social. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social tienden a surgir paralelos a crisis sociales y, generalmente, son apoyados por organizaciones vinculadas a la izquierda, aunque no exista consenso en este tema, ya que esta perspectiva ideológica dependerá del régimen bajo el que esos movimientos eclosionan. Del mismo modo, ciertos movimientos se han constituido desde sus orígenes en agrupaciones no formales de individuos u organizaciones que, aunque puedan dedicarse a cuestiones sociopolíticas en su esencia, manifiestan no poseer una determinada “bandera política”, constituyéndose al margen de ideologías, partidos o sindicatos. En cualquier caso, los movimientos sociales son un agente colectivo reivindicativo cuyo objetivo es provocar, impedir o anular un cambio social. En este sentido, se caracterizan por buscar alternativas al sistema existente, a pesar de no tener quizá un proyecto definido. Así, por ejemplo, el caso cercano en España del movimiento 15-M, que padecería la crítica constante por una parte de la ciudadanía que le achacaba su incapacidad para presentar propuestas concretas de cambio, menoscabando su papel como oposición a la injusticia existente, su capacidad para exorcizar el desencanto social y, especialmente, su posicionamiento crítico frente a las mentiras vendidas como verdades axiomáticas que se desprendían de las instituciones, vinculadas con la crisis y el rescate bancario. Oponerse a la naturalización y a la normalización de la injusticia es una base concreta y perfectamente definida sobre la cual se pueden desarrollar distintos posicionamientos no monocromos, pues el movimiento en parte se constituyó como espacio de reflexión y de presencia crítica ciudadana, más que como un decálogo definido. Por su parte, grosso modo, los movimientos sociales rurales en Brasil tienen como base principios y valores vinculados a los derechos humanos, especialmente los relacionados con la segunda generación, y pretenden mostrar dónde se producen las contradicciones o conflictos sociales fundamentales del sistema, convirtiéndose en agentes movilizadores en pro de la superación de dichas contradicciones. En el caso de los movimientos sociales campesinos, para que estos surjan tiene que darse el requisito de identidad y de concienciación de estar constituidos como clase. En el caso de Brasil este proceso de toma de conciencia comenzaría en la segunda mitad del siglo xix, 57 En 1846, en su Historia de los movimientos sociales franceses desde 1789 hasta el presente, Stein entendía que un movimiento social suponía básicamente una aspiración de sectores sociales (clases) de lograr influencia sobre el Estado, debido a las desigualdades en la economía. Siguiendo este modelo, la aspiración del proletariado a lograr representación en los sistemas de gobierno se entendería como movimiento social. Cabe apostillar que, a día de hoy, el libro, aunque ha sido traducido al inglés, sigue sin contar con una traducción fidedigna en castellano. José Antonio Mérida Donoso 88 89 en el contexto precapitalista señalado en el apartado primero. Es en ese momento cuando empiezan a percibirse una serie de luchas en el medio rural, de cierto carácter político difuso, que acabarán teniendo una mayor concreción de los objetivos sociopolíticos en el siglo xx, fundamentalmente en la década de los cuarenta.58 Estas movilizaciones, como ocurrió con el campesinado europeo en las primeras fases de su marginalización por la reorganización mercantil capitalista, suponen una rebeldía de las masas brasileñas, revestidas en un primer momento de un patrimonio cultural más arraigado en las tradiciones, y teñidas casi siempre con un componente mesiánico. Este último elemento surgía como una expresión cultural de la reordenación social en curso, a través de las ocupaciones de tierra. Se puede decir que en el horizonte cultural de estas personas, una reforma de la sociedad fundada en la propiedad fundiária solo podría ser concedida como una reorganización del mundo, legitimada en términos sagrados. Ante una nueva coyuntura, las creencias religiosas del pueblo practicadas desde siempre en las distintas regiones pasan a inspirar a nuevos líderes para una “guerra santa” capaz de promover una reestructuración de la sociedad. La principal movilización de esta época se dio entre 1910 y 1914, en la zona fronteriza entre los estados de Paraná y de Santa Catarina, en virtud de una suspensión eventual de la legitimidad por las respectivas autoridades reguladoras de la apropiación de las tierras devueltas. Al establecerse esta disputa entre los dos estados, por el dominio de esta tierra, se optó por una abolición jurídica, lo que dio paso a la ocupación de las tierras de nadie por familias de campesinos que rápidamente poblaron la zona e intentaron abrir claros en la selva para poder practicar una economía independiente. La reacción de ambos estados ante esta ocupación fue de gran violencia, llegando a la intervención del ejército del Gobierno Federal, dejando a esa población fuera del marco de la legalidad, y, por tanto, creando condiciones para el desencadenamiento de una irrupción subversiva parecida a las que sucedieron en otras regiones del país.59 De la década de los cuarenta hasta los años setenta Desde la señalada década de los cuarenta, junto con el proceso de redemocratización, irrumpirán en el escenario diferentes movimientos sociales, como la Revuelta de Trombos e Formosos (1946-1964) o la Revolta de Porecatu (1955-1961), destacando de todos ellos las ligas campesinas y los sindicatos, que tienen en común con las movilizaciones que precedieron 58 Camara da Silva (1988). Algunas de ellas serían la Revuelta de los Canudos (1893-1897), la de Contestado, en Paraná (1912-1916) y el Movimiento de Canganco, desde principios del siglo xx hasta 1930. Tomando como modelo el trabajo citado de Camara, se puede observar que este último movimiento aún no tiene como objetivo alcanzar conquistas sociales, no obedece a ninguna perspectiva político-social, y las razones sociales muchas veces están vinculadas a cuestiones tales como la expulsión de la tierra, la venganza por la muerte de la familia o a un intento de salvar la honra. En cuanto a los dos primeros, el mismo autor señala una organización político-religiosa impulsada por la privatización de la tierra y el deterioro de la calidad de vida, constituyéndose como símbolos ideológicos que servirán de orientación para ambos movimientos, transformándose en elementos vivenciados de una religiosidad campesina. 59 Sobre el mesianismo y su influencia en las luchas del campo consúltese la obra ya clásica de Pereira de Queiroz (1958) y su ensayo de 1965. Igualmente imprescindible, aunque un poco antigua, es la obra de Vinhas de Queiroz (1966). Anales de la Fundación Joaquín Costa 90 a esta década la tierra, elemento identificador en sus reivindicaciones.60 Esta y no otra será la verdadera causa motivadora de una lucha contra la estructura social, una causa siempre presente en la mente de las personas que participaban en los distintos movimientos, a pesar de que, anteriormente a los años cuarenta, se tratara de revueltas más populares y menos ideológicas, entendiendo el eclecticismo místico-secular que empapaba estos movimientos como un elemento distanciado de lo ideológico-político.61 Son, pues, movimientos que han evolucionado, poseedores de cierta organización política y que tienen objetivos más consistentes en la lucha por la posesión de la tierra, alejados del mesianismo que solía caracterizar a los movimientos anteriores, con “banderas comunes” en sus objetivos. Tomando la primera de estas movilizaciones acaecida entre 1945 y 1948, cuando antiguos propietarios de la región de Teofilo Otoni, en Minas Gerais, comenzaron a ser expulsados de sus tierras por fazendeiros que llegaban a la región atraídos por la construcción de la autopista RíoBahía, se puede observar el carácter violento y mesiánico que relacionaba a este tipo de luchas. En el caso de esta movilización, los trabajadores, ante las continuas expulsiones de la tierra que poseían a las que fueron sometidos, se vieron obligados a trabajar la tierra de los fazendeiros o en su defecto emigrar para ganar algún dinero como arrendatarios plantando algodón y pastoreando. Así el antiguo propietario pasaba a trabajar para un nuevo señor de la tierra, lo cual, como es lógico, modificó y acentuó las necesidades del campesino, obligado ahora a entregar al fazendeiro una parte de su producción y de su trabajo en la nueva ocupación de tierra, derribando selva para roturar nuevas tierras, o bien trabajando en la formación del cafetal. Fue en esta coyuntura cuando se realizó una conversión de una parte de la población a una secta pentecostal, el adventismo de la Promesa, completándose el proceso de desorganización de la comunidad rural tradicional, que alteraba el posible equilibrio establecido entre trabajo y tierra, deshaciendo las familias campesinas ante la emigración como respuesta a los nuevos cambios. La conversión vino acompañada de una exacerbación mística que en poco tiempo 60 Cabe señalar que se está realizando una generalización, en la que se mencionan los movimientos más importantes, sin entrar en estudios por estados particulares y subrayando no tanto la historia de los distintos movimientos como su importancia y discurso ideológico. 61 Si tomamos el movimiento de los Canudos como referente, y siguiendo las directrices de Vinhas (1966), es fácil observar el carácter mesiánico del movimiento en cuestión, cuyo dirigente, Antonio Conselheiro, preveía en un discurso místico la llegada de un nuevo milenio y el retorno del rey S. Sebastião, se presentaba como un frente contrario a la República, y rechazaba la sumisión a sus leyes. Este “beato Conselheiro” agrupó en torno a sí una enorme cantidad de pequeños productores de tierra, ante los cuales se alzó, buscando un sitio sagrado para la instalación de su comunidad, asentándose finalmente en Canudos (Bahía). En esta localidad se organizó una sociedad si no utópica sí romántica, con una división en tareas de su estructura conforme a la provisión material, defensa militar y culto religioso que, durante el poco tiempo que existió, atrajo para sí a los trabajadores de las fazendas, a los pequeños campesinos, parcelarios, etcétera. Sin embargo, lo interesante de esta sociedad no es tanto este carácter mesiánico o la adopción en cierta medida del modelo de las sociedades utópicas del siglo xix, sino su desafío a las leyes de la República, lo que suponía una amenaza a las propias leyes capitalistas de producción y reproducción de las mercancías. De hecho, muchos de estos movimientos se definían como monárquicos, porque el orden republicano significaba un régimen latitudinario que les querían imponer con fuego y hierro. Del mismo modo merece la pena destacar el trabajo de Welter y Martins (2006), que presenta un estudio de los movimientos milenaristas y mesiánicos que configuran una parte muy destacada de la cultura campesina en la zona. De hecho, la perspectiva de una identidad mestiza propia (cabocla) responderá a la representación de las prácticas y creencias de la religiosidad popular díscola con las formas institucionalizadas por parte de la religión católica y su jerarquía sobre el concepto de santidad. José Antonio Mérida Donoso 90 91 provocó actos violentos de gran alcance, exterminándose no solo animales domésticos, sino también niños, en un auténtico baño de sangre, que culminó con una serie de profecías sobre el fin del mundo y la posibilidad de salvación en el más allá. Esta movilización, aunque de carácter excesivamente localizado, tiene una importancia sociológica considerable, ya que en la misma región, un poco más al sur, en Governador Valadares, emigrantes pobres originarios del nordeste, que habían ocupado nuevas tierras ante la sequía que azotaba a las suyas, fueron expulsados para la construcción de la misma carretera. En este clima, la violencia irrumpió de nuevo, esta vez por parte de los fazendeiros, que iban tomando las tierras.62 Este momento llegó a su máxima expresión cuando un campesino expulsado de las tierras se unió a sus compañeros para formar un sindicato y poder generar una oposición a la concentración del poder, a pesar de que entonces los sindicatos de trabajadores rurales no eran reconocidos legalmente.63 Atendiendo a las situaciones de violencia descritas, podemos apreciar dos “postulados distintos”, unidos por un denominador común, a saber: el injusto reparto de las tierras. La diferencia estriba en que, en un caso, la violencia fue provocada directamente por los fazendeiros, quienes valiéndose de la fuerza consiguieron expulsar a los campesinos que ocupaban las tierras; mientras que, por otro, se gestó un tipo de violencia distinto, provocado por los propios campesinos, como reacción discursiva, es decir, cuando los explotados utilizan el mismo canal empleado por los explotadores para supeditar al poder. Así, ante una coyuntura igualmente virulenta, son más susceptibles de adecuarse a promesas que les redima de su situación, esperando tiempos mejores en una vida futura. En cuanto a las diferencias existentes entre las movilizaciones sociales anteriores y posteriores a la década de los cuarenta, y a la definición de los objetivos en la lucha por la posesión de la tierra en esta época, en el caso de las ligas campesinas, las principales incentivadoras y organizadoras de los movimientos campesinos en el país, llegaron a transformarse en un verdadero sindicato libre de los trabajadores del nordeste, y se erige la reforma agraria como bandera de lucha prioritaria. Siguiendo a Antonio Camara, las primeras ligas surgirán en Pernambuco, en 1945, organizadas por el Partido Comunista (PC), y desarrollarán su existencia legal entre 1945 y 1947, actuando dentro del Código Civil que ya admitía la formación de distintas asociaciones; se extinguieron con la proscripción del PC en 1947.64 Según el mismo autor, la centralización política no favorecería el desarrollo de esas ligas entre los campesinos, por lo que sus intenciones de abanderar la lucha social resultarían ajenas al devenir cotidiano de los campesinos.65 62 Cabe recordar también la relatoría de la Comisión Parlamentaria de Investigación realizada conforme a la aprobación de la Cámara de los Diputados, destinada a verificar los orígenes y la profundidad de la agitación reinante en los medios rurales de “Governador Valadares”, y en cualquier otro punto del territorio nacional, según el proyecto de resolución n.º 103 adoptado en 1965. Olavo da Cunha Pereira (1980). 63 Olavo da Cunha Pereira (1980). 64 Camara (1988: 204). 65 Esta idea revela una realidad que tiende a hacerse cotidiana en el interior de muchos de los movimientos, tanto rurales como urbanos, que pretenden reivindicar o ayudar a diversos grupos de la sociedad, pero que a pesar de su intención teórica, en la práctica no consiguen identificarse con la comunidad. Anales de la Fundación Joaquín Costa 92 Además de estas ligas campesinas, aparecen también en el estado de Pernambuco, en 1954, la autodenominada Sociedad Agrícola de Plantadores y Pecuaristas de Pernambuco (SAPP). En un primer momento era de cuño asistencialista, pero fue transformándose en un movimiento que desarrolló diversas prácticas hostiles hacia los arrendatarios.66 Esta hostilidad cuajaría en un movimiento de resistencia que pasaría a ser denominado de Ligas Campesinas por los medios de comunicación “intentando identificarlas con las clásicas ligas campesinas, prestándoles un carácter revolucionario”.67 Dos años después de su formación, en 1956, estas ligas celebrarán un congreso campesino que agrupará a distintas organizaciones existentes ya en Pernambuco, eligiendo un presidente (Jose Praxedes) y realizando un paseo de tres mil trabajadores por la ciudad, algo inédito hasta ese momento. Cabe recordar que en la década de los sesenta, la política agraria de la dictadura militar contó con un proyecto de reforma agraria, denominado Estatuto de la Tierra, moldeado para ser un instrumento estratégico y contradictorio de control de las luchas sociales existentes, desarticulando los conflictos de la tierra al argumentarse que ya se disponía de un proyecto de reforma agraria para solucionar los conflictos existentes, lo cual, ante la falta de voluntad real para que funcionase el proyecto, provocó la intensificación de la lucha por la tierra. El papel de la Iglesia en el campo Continuando con el proceso histórico de los movimientos, cabe hacer una valoración de la importancia de la Iglesia en los mismos. En efecto, el papel de la Iglesia en el campo, no solo en Brasil, sino en todo el continente latinoamericano, responde a un posicionamiento más activo. De esta manera no parece ser una coincidencia que el crecimiento de las organizaciones de los trabajadores correspondiera a un periodo en el que la Iglesia se volvió más sensible a sus problemas sociales. Desde otra perspectiva, su acercamiento a esta población también podía responder al “peligro comunista” que suponía el avance de las fuerzas de izquierda. Ya desde los años cincuenta tanto en los documentos eclesiásticos como en encuentros episcopales se nota una creciente preocupación frente a las estructuras sociales injustas, y fue en los años sesenta cuando la Iglesia se volcó en un trabajo organizador y movilizador.68 En el interior de estos organismos se dio una orientación común acerca de la creación de un sindicalismo cristiano, alejado de las luchas de clases, más centrado en la defensa de los trabajadores y de una reforma agraria basada en la propiedad familiar. Según indica Carvalho, la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que tenía como objetivo central el combate del comunismo, defendía la extensión de esa sindicalización a todos los centros rura66 Es interesante señalar que este cambio en el seno del movimiento se produjo ante la negativa del “senhor del engenho” (el señor del ingenio, del mismo modo que en Cuba se decía ingenio de azúcar, cuando era colonia española), en el que se estaban gestando las ligas, al ser presidente de honor de dicha entidad. 67 Camara (1988: 204-205). 68 Cabe señalar que faltan estudios que, bien a través de la historia oral, del análisis de la correspondencia epistolar entre los religiosos, o incluso de las homilías, muestren el grado de compromiso y concienciación que adoptó la Iglesia. José Antonio Mérida Donoso 92 93 les, sobre todo en apoyo de reivindicaciones justas, pero con segundas intenciones.69 Lo cierto es que junto con el proselitismo propio del catolicismo, que adoptaría como herramienta el Movimiento de Educación de Base (MEB, creado en 1961 por decreto del Gobierno Federal), y con el sentimiento de justicia social que se pudiera tener, parece evidente la existencia de un interés por paliar el avance del comunismo, utilizando al campesinado.70 En esta misma época, la Iglesia contó con un elemento que promulgaba un importante activismo como fue la Acción Católica, especialmente a través de la JAC y la JUC, constituyéndose en núcleos de reflexión, por mediación de los cuales varios “líderes católicos” se adentrarían en los espacios sociales, destacando de entre todos el denominado Movimiento de Natal, que llegaría a actuar como agente idealizador, generador de otros movimientos por todo el estado y que, ya a nivel internacional, llegaría no solo a incluirse como tema de debate en distintos sectores de la Iglesia católica, sino que alcanzaría a autoridades y órganos de financiación extranjeros, principalmente en el área de Educación y Asistencia Social.71 Así, tras el golpe militar, la Iglesia todavía permaneció presente en la organización de los trabajadores, agrupando a sectores específicos, portadores de una concepción del hecho religioso, de la vida campesina y de la lucha por la tierra en favor de una justicia social que evidencia su postura “alejada”, al menos en su activismo, de la estructura de la Iglesia occidental. De entre las formaciones y encuentros realizados a finales de los años sesenta e inicio de los setenta que inspiraron una nueva concepción de la actuación a llevar a cabo en el contexto de marginación existente, sin duda alguna la que más importancia alcanzó fue la Comisión Pastoral de la Tierra. Fundada en 1975 en el encuentro de las Iglesias de la Amazonía legal, en su origen adoptó el compromiso de implicarse en el proceso global de reforma agraria, constituyéndose para asesorar y dinamizar tanto las actividades de los trabajadores rurales como las de los que apostaban por la acción en favor de los hombres sin tierra.72 De esta manera se adoptó una postura más abierta y más conforme con las necesidades del campesino, al mismo tiempo que se tomaron medidas más activas, frente a los efectos de la política de ocupación del Amazonas, emprendida por los Gobiernos militares. En suma, el papel de la Iglesia fue revelador en la historia de las movilizaciones campesinas y las luchas por la reforma agraria. Su influencia no se notó solo en la comunidad campesina (especialmente en el nordeste, con una población más religiosa), sino en la propia reestructuración del sindicalismo (a pesar de presentar diferencias regionales importantes) y 69 Carvalho (1985). 70 El tema no es irrelevante. Como se verá posteriormente, a la hora de realizar una crítica del MST, se abordará la utilización tanto del campesino en el movimiento, para evitar la exclusión social, como del movimiento, con unos fines que van más allá de la reforma agraria. 71 Camargo (1968). En este trabajo se analizan con detalle la estructura orgánica, los métodos, técnicas e ideología, mostrándose como un movimiento con muchos rasgos comunes al conjunto de las manifestaciones sociales que poblaron la idiosincrasia rural, en el que destaca su cuño católico. 72 Fundamentalmente, los encuentros de Medellín y Puebla, donde empieza a tomar cuerpo un posicionamiento más comprometido en la lucha por la tierra, y más acorde con la teología de la liberación. Sobre este particular consúltese Pereira Paiva (1985). Anales de la Fundación Joaquín Costa 94 en los propios movimientos sociales.73 Dentro de este marco general, y siguiendo la estela de la teología de la liberación, en Brasil no es por azar que en el nordeste, la zona más pobre del país, el carácter de la población sea, en general, religioso. Mediante la mediación y el apoyo de distintos agentes de la Iglesia católica partidarios de la teología de la liberación, se articuló un cuerpo de católicos alrededor de las Comunidades Eclesiales de Base y de la Pastoral de la Tierra, que haría que la lucha por la tierra fuera adquiriendo una dimensión sacra y experiencial. A partir de la concienciación crítica y la politización del imaginario popular, esta dimensión perdurará con connotaciones propiciadas a lo largo del proceso histórico, social y cultural de las luchas campesinas de Brasil y se adherirá a la lucha por la reforma agraria. Una explicación de la adopción y conversión a la religión por parte del campesinado, auspiciado por una cultura altamente ecléctica, que además supondría en parte el “opio” que se entendería como necesario por parte de algunos campesinos para hacer frente de manera indirecta, mediante las promesas de una vida justa en el más allá, a la injusticia vivida en “el más acá”.74 En cuanto a la diversidad de movimientos religiosos sociales, que proliferaron en el mundo rural, y aunque por razones obvias de espacio no puedan desgranarse aquí con detenimiento, con el fin de evidenciar la presencia de la Iglesia en la lucha por la tierra y mostrar su carácter ecléctico, merece la pena señarlar los movimientos de cuño cristiano que en la actualidad siguen siendo los más destacados: — El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) creado en 1972 con el objetivo de apoyar el proceso de autonomía de los indígenas como población étnica y culturalmente diferenciada, que colabora en el fortalecimiento de sus organizaciones y alianzas. En ocasiones, este apoyo lleva a la lucha por la recuperación de los territorios que les fueron usurpados. — Las Comunidades Eclesiales de Base (CEBS), también de reciente historia, tras el Concilio Vaticano II. Se encamina a fortalecer pequeñas comunidades conocidas como Comunidades Eclesiales de Base. Responden a la coyuntura social, manteniendo en sus cimientos una exigencia teológico-pastoral. Se constituyen en pequeños grupos que se extienden por las diversas regiones de Brasil. Las CEBS mantienen activamente contactos con personas o grupos que no pertenecen a la Iglesia, pero que persiguen los mismos objetivos de liberación social. — La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una organización católica que apoya a los campesinos y trabajadores rurales de Brasil, respaldada por la Conferencia Episcopal. Se encarga de asesorar a asociaciones de productores, movimientos sociales, sindicatos y otras iniciativas populares, y su presencia destaca activamente en las zonas de conflictos. Denuncia las agresiones que permanentemente ocurren en las zonas rurales y convive con el campesino, empeñada en favorecer la formación de los campesinos y el desarrollo de una agricultura sostenible. 73 Según el estudio realizado por Servolo de Medeiros (1989), su influencia se vería en sindicatos como Sorpe, FAG, Círculos Operarios, etcétera, que eran sindicatos de importancia regional. 74 Obviamente no pretendo ser reduccionista, introduciendo una visión monolítica sobre la realidad rural del campesinado. Sin embargo, me parece pertinente señalar la posible relación e influencia entre ambos tipos de violencia estructural, siempre y tanto en cuanto permitan una aceptación de la injusticia. José Antonio Mérida Donoso 94 95 Pluralidad de objetivos en los movimientos rurales Pronto junto con esta movilización por la tierra, se gestan otros movimientos sociales diferenciados. Esta diferencia se hace significativa en los años setenta, cuando como consecuencia de las luchas sociales que se están llevando a cabo en todo Brasil, la movilización campesina empieza a generalizarse haciéndose más fuerte, pudiendo distinguirse tres tipos de movilizaciones distintas según sus diferentes objetivos:75 — El de los asalariados agrícolas, permanentes y temporeros, cuyas reivindicaciones se dirigen a obtener el respeto de sus derechos como trabajadores, el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales. Generalmente, sus acciones se localizaban en regiones de grandes latifundios, especialmente en las zonas de cultivo de cacao (sur de Bahía), de naranja (São Paulo), de caña de azúcar (São Paulo, Río de Janeiro y la Mata Nordestina) y el café (São Paulo y Paraná). — El de los agrupados en torno al eje de los pequeños productores de los estados del sur de Brasil, cuyas movilizaciones comenzaron en 1977, y a las que posteriormente se añadirán las de São Paulo, Minas Gerais y Rondonia, que reivindicaban una mejora de las condiciones de venta de sus productos y una mayor facilidad para desarrollar esa producción. — Finalmente, estarían los movimientos de lucha por la tierra, que agrupan tanto a campesinos sin tierra —ya sean pequeños arrendatarios, aparceros, asalariados agrícolas e hijos de minifundistas— como a pequeños propietarios amenazados por algún tipo de expulsión, generalmente como consecuencia de la construcción de presas hidroeléctricas, o por intereses particulares de grandes empresas en esas tierras.76 Este último grupo constituiría el tipo de luchas más violentas y antiguas del país, y en él se inscribiría el MST, al principio muy fuerte en el sur de Brasil. Este movimiento junto a la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica comenzaría a ayudar a los sindicatos a realizar movilizaciones de base para defender las demandas de los campesinos, presionando mediante la organización de comisiones, asambleas, campamentos —algunos establecidos al borde de los caminos— y la ocupación de las tierras tanto públicas como privadas. 75 Siguiendo la división establecida por Chonchol (1994). 76 Personalmente, creo pertinente realizar una diferenciación fundamental entre las luchas por la tierra y las luchas por la reforma agraria, entendiendo que la primera acontece independientemente de la segunda, ya que un movimiento social puede pretender desenvolver una lucha por la tierra sin que esto incluya una reforma agraria. De esta forma, la lucha por una reforma agraria es una lucha de carácter más amplia en la que interviene de manera más directa toda la sociedad, como se puede observar al investigar la reforma agraria en otros países vecinos de Brasil, o incluso en otros países fuera de las fronteras del continente latinoamericano. En palabras de Mançano Fernades (1998: 22): “La lucha por la reforma agraria contiene la lucha por la tierra, mientras que la lucha por la tierra promueve la lucha por la reforma agraria”. Anales de la Fundación Joaquín Costa 96 EL MST EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES Como hemos ido viendo, el que la reforma agraria pasara a ser una cuestión eminentemente política se debe a la acción de distintos movimientos sociales que luchan por una mejora de las condiciones del campesino, o lo que es lo mismo, por una reforma agraria distinta a la que pretenden las grandes compañías y los antiguos propietarios latifundistas. Estos movimientos, ya con un importante pasado histórico, han conseguido concienciar a casi toda la sociedad, no solo en Brasil sino en todo el conjunto latinoamericano y más allá, respondiendo a las coyunturas particulares de cada país, a veces por medio de acciones fuera del marco de la legalidad, adoptando visiones mucho más éticas que la existente en el derecho positivo de los diferentes países. En el caso de Brasil, es más que significativo el papel crítico desempeñado por el MST, que dándose cuenta de la importancia de los medios de comunicación y de la imagen que pueden dar del movimiento, ha llegado a imponerse como movimiento que propone, crítica y protesta contra la violencia de la asimetría social, que supone la concentración de tierra en unas pocas manos. Por otra parte, que un movimiento tan numeroso como el MST haya intentado que este sea uno de los asuntos fundamentales a discutir, refleja el carácter de los problemas de desigualdad sobre la tierra en el desarrollo del fenómeno de la violencia en Brasil. Si entre los fines del Estado —y de su ordenamiento jurídico— se encuentra tanto la preservación de la seguridad e integridad de sus ciudadanos como la garantía de sus condiciones mínimas de subsistencia, cabe preguntarse por cuál es el verdadero papel del derecho en dicho proceso. Una vez dejada esa perspectiva abierta, conviene analizar el MST desde el contexto de los movimientos sociales que han abordado el problema de la reforma agraria en ese espacio geográfico y su capacidad como creador de una opinión pública crítica y consciente de la depresiva situación del pequeño campesino. De esta forma, entendiendo la reforma agraria como una necesidad histórica al tratarse, en la actualidad, de un estado anacrónico de las relaciones de producción imperantes en el medio rural, como herencia de un pasado que aun a día de hoy continúa eclipsando el sol de Brasil, estos movimientos sociales hacen suya la protesta por un sistema agrario impuesto al margen del bienestar social. Del mismo modo, los movimientos sociales que en el mundo se hacían eco de esta realidad comenzaron a captar mi interés, centrándome especialmente en el MST, por entender que se trataba de un movimiento que poseía una fuerza especial, frente a otros movimientos existentes en Latinoamérica, al haber irrumpido con una mayor fuerza en los medios de comunicación. Este hecho ha provocado que alcance un estatus importante entre la opinión pública y en el conjunto de los movimientos sociales. Este poder del movimiento como generador de opinión en la sociedad hace, como es obvio, que su poder de presión sobre las elites políticas sea mayor, al gozar del apoyo de una gran parte de la sociedad, pudiendo utilizarlo como arma de presión para generar unas respuestas más acordes con el bienestar de toda la sociedad y no solo de algunas elites “afortunadas”, procurando una reforma agraria que en la práctica sigue sin llegar, independientemente de que en el marco teórico quede entreabierta la posibilidad de su ejecución al estar reconocida dentro de la Constitución del país. Atendiendo a la breve exploración ofrecida de la forma en la cual las normas sobre reforma agraria han influido en la relación entre el régimen de tenencia y uso de la tierra y el José Antonio Mérida Donoso 96 97 fenómeno de la violencia, se puede afirmar que se trata de un papel protagónico, bipolar y dicotómico. Por una parte, el derecho positivo intenta mantener la autoridad del Estado a través del control social, garantizando la estabilidad en los derechos y el statu quo de un sector de la población; por otro, aparenta tratar de resolver los problemas de desigualdad en el campo, silenciándolos, sin llegar a paliar realmente la pobreza y, por ende, con unas medidas escasas que suponen la instauración de un proceso de transformación social en el régimen de acceso y tenencia de la tierra. Partiendo de estas premisas, se pretende complejizar el tema analizando el modo de actuación del MST, como uno de los movimientos sociales de Brasil más importantes y diferenciados, que pretende cuestionar el orden fundiario vigente con el uso de prácticas no institucionalizadas y redefinir, con el uso de la fuerza física, los espacios de poder que impregnan la práctica de la ciudadanía y la democracia directa. La propuesta es, pues, intentar colaborar, en la medida de lo posible, en el análisis crítico de dicho movimiento y contextualizarlo dentro de un discurso de los derechos humanos. Para ello, como es lógico, será preciso no solo analizar las propuestas del MST, sino también la coyuntura en que se dan sus propuestas, para entender el porqué y el cómo de las mismas, prestando especial atención a la dramática realidad de la violación de los derechos fundamentales y cómo ante esta situación virulenta se adoptan posturas que muchas veces quedan al margen de la legalidad. En suma, se está entrando en un debate existente en el seno de la población que a día de hoy sigue cuestionándose no solo la efectividad y las consecuencias de las acciones del Movimiento, como son las ocupaciones y los asentamientos como un tipo de resistencia al régimen fundiario. El MST se relaciona, pues, con una serie de movimientos rurales de Brasil, herederos del proceso histórico de gestación de movimientos que luchan por la tierra. Además, el MST estaría vinculado también con los nuevos movimientos sociales. El elemento identificador y diferenciador de esos nuevos movimientos sería, siguiendo a Evers, “exactamente la creación de pequeños espacios de práctica social en los cuales el poder no es fundamental”.77 El mismo autor defiende que estos nuevos movimientos en general no están relacionados con situaciones específicas creadas por las dictaduras militares, ni con las grandes derrotas sufridas por los partidos de izquierda, al no encontrar su origen en un contexto político específico, sino en los factores situados en las raíces del actual desarrollo social de las sociedades capitalistas. Esta perspectiva, aunque rica en elementos nuevos y “desafiantes”, precisa en mi opinión de ciertas matizaciones. Estos movimientos, más que situarse al margen de la conquista del poder, supondrían una forma distinta de conquista del poder político. En cuanto a la afirmación de que los nuevos movimientos sociales “tienen su origen en los factores situados en las raíces del actual desarrollo de las sociedades capitalistas”,78 si se adopta una perspectiva más amplia y se observan los acontecimientos recientes acaecidos en el este europeo, se puede afirmar que, a pesar de que las categorías totalizadoras, como el concepto de clase, puedan ser insuficientes para explicar las distintas articulaciones de los grupos que se constituyen, parece existir un nexo 77 Evers (1984: 14). 78 Ibidem. Anales de la Fundación Joaquín Costa 104 siderados inconstitucionales, ocupaciones de órganos públicos como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y de tierras improductivas. Sin embargo, esta última dimensión, la de la improductividad de la tierra, y la perspectiva que supone desde el juego de miradas del poder (una tierra productiva puede ser aquella que genera una riqueza material a un particular o una familia o bien aquella cuyo beneficio repercute en la sociedad que la trabaja), ha generado diversos enfrentamientos teóricos, ideológicos y de acción, en el propio MST. Al mismo tiempo, dado que para complementar estas actividades el grupo también busca recibir préstamos y ayudas para que los campesinos realmente puedan producir en las tierras que reciben, existen ciertas divergencias en cómo y a quién solicitarlas. Por último, dado que para el MST es muy importante que las familias puedan tener acceso a escuelas y servicios de salud próximos, de manera que los niños no precisen ir a la ciudad y así las familias no dejen el campo, se reivindica desde la propia reforma agraria toda una serie de obligaciones por parte del Estado para con esa parte de la población que pretende ser excluida. Más allá de la paradoja que en sí supone el concepto de exclusión social (¿a caso un campesino o un hombre sin tierra no son parte de la sociedad?) vinculado sin duda a esa retórica hueca tan propia del “neohigienismo neoliberal”, el Movimiento pretende que se reconozcan así sus derechos como ciudadanos, pudiendo permanecer en asentamientos rurales. Así, mientras el higienismo de la primera mitad del siglo xix se revierte a día de hoy y deja de ser una ciencia profiláctica para adentrarse en el advenimiento del estado de bienestar y seguir enderezando la inadaptación y las protestas, sin llegar a erradicar la pobreza, los intentos de avance del MST evidencian en cierta medida la ilusión de que no existen antagonismos sociales reales, y que estos son siempre consecuencia de algo más. Se acaba, en consecuencia, eludiendo la responsabilidad del papel del Estado como garante de un sistema asimétrico y, por ende, evidenciando la invención de lo social que propugnase Donzelot y ejerciendo tan solo una reordenación de cariz caritativo.100 De esta forma, el MST presentó en 1987, conjuntamente con las demás entidades del movimiento sindical —Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) y Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT)—, un proyecto de reforma agraria que mantenía estas reivindicaciones, firmado por un millón doscientos mil ciudadanos. El proyecto, como era de esperar, sería rechazado por el Congreso Nacional. Con el fin de concretar a nivel teórico los objetivos del Movimiento, podemos tomar como referencia el primer congreso a nivel nacional celebrado los días 29, 30 y 31 de enero de 1985 en Curitiba y, más concretamente, el conjunto de resoluciones elaboradas en el mismo:101 — Una reforma agraria sobre el control de los trabajadores. — La expropiación de todas las propiedades con una superficie superior a 500 hectáreas. — La distribución inmediata de todas las tierras en manos de los estados y de la Unión. — La extinción del Estatuto de la Tierra en favor de la aprobación de nuevas leyes “con la participación de los trabajadores a partir de la práctica y la lucha de los mismos”. — La expropiación de las tierras de las multinacionales. 100 Donzelot (2007). 101 «Documento final del I Congreso de los Trabajadores Sin Tierra», Curitiba, Río de Janeiro, enero de 1985. José Antonio Mérida Donoso 104 105 — Proceder a la ocupación de tierras ociosas o públicas, considerando este como un camino viable para llegar a la reforma agraria, bajo el lema, “La tierra no se gana, se conquista”.102 Atendiendo a lo dicho se puede decir que, en general, casi todas las propuestas se fundamentan en la importancia de la tierra, considerada por el MST como un bien supremo para las generaciones futuras.103 Ya un año antes de celebrarse este congreso, en enero de1984, en Cascavel, se celebró otro evento de gran importancia. En él se produjo “la fundación y la organización de un movimiento de campesinos sin tierra, a nivel nacional, que se iría a articular para luchar por la tierra y la reforma agraria”.104 En él, se reivindicaban dos facetas interesantes del movimiento: por un lado, la intención del movimiento de articularse con los trabajadores de las ciudades y de toda Latinoamérica, respondiendo a sus intenciones de sobrepasar las fronteras brasileñas y llegar a crear un movimiento de gran fuerza; por otro, la de constituirse en un movimiento de masa, autónomo dentro del movimiento sindical, pero estimulando la participación de los trabajadores rurales en el sindicato y en el partido político (se entiende el PT).105 A estos objetivos, que se destacan como diferenciadores de la histórica lucha de los trabajadores rurales, a saber, la proximidad al PT y su necesidad de ampliar “la lucha del trabajador rural”, se une la necesidad de intentar salir de la dependencia que tenía con respecto a la Iglesia, intentando dedicarse a la formación de “liderazgos” y constituir una dirección política de los trabajadores.106 Por último, en la elaboración de las reivindicaciones al Estado se subrayaban ocho puntos:107 1. La legalización de las tierras ocupadas por los trabajadores. 2. Establecimiento del área máxima para las propiedades rurales. 3. Expropiación de las tierras de las multinacionales. 4. Demarcación de las zonas indígenas. 5. Castigo de todos los crímenes cometidos contra los núcleos rurales. 6. Fin de los incentivos y subsidios concedidos por el Gobierno a Proalcool, Jica y otros proyectos que beneficiaban a los fazendeiros. 7. Cambio de la política del Gobierno, dando prioridad al pequeño productor. 8. Fin de la política de colonización.108 102 Servolo de Medeiros (1989: 167). 103 En Lutas e conquistas, Secretaria Nacional do MST, Río de Janeiro, 2010. “Nossos Compromisos do MST com a Terra e com a vida”, p. 36. Disponible en http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/MST%20 Lutas%20e%20Conquistas%20-%20MST,%202010.pdf. 104 Stédile y Gorgen (1997: 30-31). 105 Resáltese que el Partido de los Trabajadores (PT) había sido fundado en 1982. Este dato es interesante, pues parece que el movimiento, a pesar de la teórica falta de interés por institucionalizarse, crea unos lazos de gran fuerza con el partido político en cuestión. 106 Sexta premisa de los objetivos generales del MST en Stédile y Gorgen (1997) y en las actas del encuentro nacional de 1984 del MST. 107 Datos sacados de la tesis de Regina Sueli de Sousa, Ordem e contra-ordem: O processo político constitutivo do MST na especificidade do assentamento Rio Vermelho, agosto de 1997. 108 Sousa Santos (2002). El MST entiende, pues, que la política de colonización se sigue practicando al no conceder una reforma agraria y manteniendo en la realidad rural una estructura fundiária. Anales de la Fundación Joaquín Costa 106 Estos puntos siguen constituyendo el corpus de reivindicaciones contra el Estado y hacen que el MST se entienda como un movimiento rebelde que supone una resistencia social a las formas de poder en la sociedad.109 Una colectividad que, como en sus orígenes, pretende servir de herramienta para hacer frente a las crisis conceptual y operativa en que sigue sumida la concepción del desarrollo rural y sus procesos de desconcentración que critica la persistencia de la pobreza como consecuencia, en gran parte, del fracaso o la poca incidencia de las políticas sociales y de desarrollo rural que pudieran haberse implementado para reducirla.110 Será en su estrategia de mantener la presión sobre el Gobierno de turno para que aplique la legislación vigente en el país y permita una verdadera reforma agraria en la que se generará la conflictividad contra el orden establecido. Una presión que se efectuará especialmente mediante la ocupación de tierras, en aras de la expropiación de grandes propiedades improductivas y su reparto entre familias de trabajadores sin tierra. Crítica del MST Los trabajadores comenzaron a percibirse como excluidos y a darse cuenta de que sus derechos no estaban siendo respetados, tomando consciencia de la necesidad de luchar por esos derechos. Se hace preciso tener en cuenta que esa conciencia despertada en parte por una situación de exclusión ganó de hecho una consistencia y una amplitud política cuando esos sujetos comenzaron a discutir sus problemas en el interior de un espacio imperativo, mediatizado por un discurso crítico, que permitió situar esa percepción y esa consciencia crítica en un plano más amplio, en que las relaciones de poder y los intereses políticos y económicos de los diversos grupos y clases se volvieron transparentes.111 Conforme a lo visto, la propuesta del MST en cierta forma pretende «abrir» el territorio, anclado por las relaciones de poder materializadas en el latifundio, sin renunciar al conflicto, 109 Las distintas formas de poder que, según Sousa Santos, serían patriarcado, exploración, fetichismo de las mercancías, diferenciación identitaria desigual, dominación e intercambio no equitativo, encontrarían en este tipo de acciones rebeldes un modo de resistencia social. Esta, a su vez, estaría vinculada a una organización determinada, según articulaciones de tipo local-global, constituyendo una globalización contrahegemónica. Este discurso preexistente en numerosos activistas de los distintos movimientos da sentido a los distintos foros sociales mundiales celebrados, aunando esas luchas, primándose los puntos en común en contraposición con las diferencias. 110 La crítica a los conceptos de desconcentración y de descentralización forman otro “corpus” conceptual del cual se abastece el MST como otros movimientos en toda Latinoamérica que entienden la necesidad de llevar las agencias del Gobierno central hacia las entidades subnacionales, así como la devolución de las capacidades de decisión sobre políticas a los organismos locales o regionales. En esencia, el MST buscaría la autonomía, tanto de los Estados como de los partidos políticos, fundada sobre la creciente capacidad de los movimientos para asegurar la subsistencia de sus seguidores. Realidad que no menoscaba que en su pluralidad de objetivos el MST busque amplias alianzas tanto nacionales como internacionales, intentando mantener la solución a la “questão agraria” en la agenda política de los Gobiernos del país. 111 Tarelho (1989). José Antonio Mérida Donoso 106 107 entendiendo que solo mostrándolo podrá resolverse la dicotomía social imperante. Como señala Souza Martins: La grave anomalía de una masa de miserables viviendo en condiciones infrahumanas no compromete el desarrollo capitalista. La exclusión se torna parte integrante de la reproducción del capital, pero se tornó al mismo tiempo una anormalidad social. (Souza Martins, 2000: 100) Al mismo tiempo, el MST en su lucha contra el neoliberalismo se adhiere a los movimientos que se hicieron eco en las manifestaciones contra la guerra convocadas el 15 de febrero, y que en su mayoría adoptan el lema general del Foro Social, “Otro mundo es posible”.112 Lo cierto es que para algunos estudiosos del tema, el “éxito” de esta movilización, como en las tres ediciones del Foro en Porto Alegre, o las manifestaciones realizadas en Seattle, responde a un “nuevo” tipo de organización política: la articulación horizontal.113 Creado para servir a un objetivo común, se oponen a las estructuras verticales, funcionando como una plaza pública, sin líderes ni pirámides de poder en su organización. Cabe señalar que tras esa apariencia, existen unas redes de poder evidentes, al estar subvencionado por unas entidades concretas, entre otras por el propio Banco Mundial. Se gesta así una nueva contradicción criticada por algunas voces de la intelectualidad de izquierda, que advierten del peligro que supone el Foro Social Mundial (FSM) como un espacio que más allá de negar la legitimidad del uso de la violencia como forma de acción política, mantiene una oposición controlable, no revolucionaria, al estar constituido en su seno por una clase burguesa estudiantil. Obviamente, estas palabras tienen que ser tomadas en su exacto contexto. No se trata de criticar sino de construir para evitar que cualquier movimiento o acción que se geste no llegue a ser contrarrevolucionaria en cuanto se institucionalice. Nuevamente cabría aquí subrayar que más allá de las acepciones que tiene el concepto de revolucionario en los medios de comunicación y de la politización del término, menoscabando, si no ridiculizando, cualquier atisbo de revolución, entendemos que cualquier avance contra el sistema capitalista, tanto en sus aspectos económico-sociales o de infraestructura como en los culturales o de superestructura, que haga avanzar hacia un bienestar social será revolucionario. Volviendo al análisis planteado, a pesar de lo dicho, el FSM ha procurado establecer un diálogo no partidista entre los diversos agentes, en el que se valoran tanto las divergencias como las convergencias, teniéndose en cuenta las nuevas articulaciones y alianzas entre los diversos segmentos y movimientos que se encuentran, sin que estas articulaciones —insisto, esta realidad se da en el campo teórico, algo sin duda positivo, a pesar de la viabilidad real de este principio— sean impuestas para el conjunto total del Foro. Este tipo de organización supone un contraste con el MST, cuya estructura piramidal tiene en cada estado del país no solo un cuerpo de funcionarios del propio MST, sino que 112 Cabría ver el compromiso real de los participantes en las movilizaciones, y hasta qué punto estarían dispuestos a cambiar su estilo de vida por ese otro mundo posible. 113 El Foro es un espacio abierto, como especifica en su Carta de principios, aunque no es neutro, pues tiene un objetivo específico que es permitir al mayor número posible de personas, organizaciones y movimientos que se oponen al neoliberalismo que puedan encontrarse libremente para escucharse, aprender, discutir propuestas de acción y articularse en nuevas redes y organizaciones. Anales de la Fundación Joaquín Costa 108 responde a una organización con sus propios dirigentes, que a su vez responden a nivel nacional a una directiva superior. La cuestión no es subrayar esta característica del Movimiento, por otra parte posiblemente necesaria en un movimiento de tanta relevancia a nivel nacional, sino que esta realidad traspasa muchas veces a otros campos. De hecho, de acuerdo con Navarro, el MST poco habría contribuido a la democratización real de los espacios sociales en que ejerce su influencia, llegando a impedir el enraizamiento de vivencias democráticas en los sectores populares que podrían contribuir con nuevos parámetros de democracia en los espacios de las disputas políticas. Esto responde al objetivo real del MST: la lucha contra el capital. Según Bernardo Mançano “solamente un liberal demagogo podrá afirmar que el MST se debe integrar al capital, si la razón de la miseria está exactamente en el desarrollo desigual de la sociedad”.114 El MST y el Foro Social Mundial entienden, pues, que el capital es la causa directa de la dicotomía social existente, al responder no a los intereses de los derechos humanos y al principio de justicia social, sino a los intereses impuestos por el propio capital. Ambos movimientos, como el conjunto total de los nuevos movimiento sociales, se basan en la búsqueda de un mundo distinto, al entender que la opción del capitalismo como único sistema posible es un suicidio para los trabajadores, siendo preciso crear nuevas formas de superación. La lucha por la tierra supone una forma de resistencia a ese pensamiento hegemónico. Este hecho, sin dejar de ser un planteamiento articulado en torno al principio de justicia social, que lucha por una justicia social universal, supone también cierta utilización del campesinado, para llevar a cabo una lucha más general. Como es lógico, esta utilización también proviene del campesinado, quien ante el miedo a la exclusión social, se adhiere al movimiento para, junto con el resto de “compañeros”, suponer una resistencia real, y no simplemente una voz perdida en el desierto. El problema surge cuando se constituye todo un corpus ideológico-político, capaz de apoderarse de toda una idiosincrasia sincrética (propia del pueblo brasileño), utilizándola como una herramienta más, que ayuda a tener mayor repercusión en la sociedad. Al mismo tiempo, parece obvio que al instaurarse una ideología en distintas comunidades, esta se reformule conforme a las características de cada comunidad. Así, lo profano y lo sagrado, como se ha visto al estudiar los primeros movimientos en Brasil, son discursos cultivados por el propio MST, sobre todo en la zona más pobre y curiosamente más fuertemente religiosa del país, el nordeste brasileño. Allí, la fe y lo político se contagian, evidenciando, por otra parte, otra realidad del MST: su discurso populista, por el que se vale del campesinado para poder obtener más poder.115 Por otra parte, a pesar de que este sincretismo pueda suponer un movimiento abierto, con todo lo heterodoxo que se pueda ser sin que ello implique renunciar a unos principios determinados, lo cierto es que el MST dispone de un corpus fundamentalmente leninista, y, por tanto, 114 Entrevista realizada a Bernardo Mançano, doctor en Geografía Humana, que desde la Universidad de São Paulo estudia el MST. Publicada en la página web del propio movimiento, http://www.mst.org.br/biblioteca/textos/reformagr/ mançano.html. Página no encontrada. 115 En este sentido, cabe matizar que no se está cuestionando que los medios no sean justificados por el fin, sino subrayando cuestiones que no tienden a ser apreciadas, al margen de la realización de cualquier tipo de juicio de valor al respecto. En relación con este aspecto merece la pena citar a Geertz (1994: 185): “El reconocimiento de los simples hechos de que gobernantes y dioses tengan ciertas propiedades en común es bastante antiguo. El deseo de ser un rey es bastante espiritual”. José Antonio Mérida Donoso 108 109 ortodoxo.116 Esto no solo implica una actitud de censura hacia otras opiniones quizá más moderadas, sino que el propio MST hace proselitismo de su pensamiento ideológico, basándose en la propia educación en la enseñanza obligatoria. Es un pensamiento que puede parecer menos abierto que el del Foro Social Mundial por tener un corpus leninista, es decir, más determinado, a pesar de que en ambos espacios se lucha por el cambio social y en pos de la justicia social. Si bien en los distintos asentamientos, el MST intenta llevar una política de no aislamiento, o abandono, haciendo que lleguen los medios necesarios para sobrevivir, supliendo las carencias del Estado, ante la lentitud del proceso de reconocimiento de legalidad del mismo (cuando este reconocimiento llega y no es considerado simplemente ilegal). Así intenta incorporar a esa comunidad los mecanismo necesarios que permitan ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la sanidad, a la higiene, a recibir una educación y, en fin, todo ese conjunto de garantías sociales por las que teóricamente el Estado tiene que velar. En el caso de la educación obligatoria, los educadores voluntarios, o trabajadores del propio MST —que no funcionarios del Estado—, se trasladan a los distintos asentamientos para poder cubrir la educación de los miembros más jóvenes de las familias, cumpliendo así las funciones propias del Estado. Si el principal interés del Estado es construir una cultura cívica con la educación conforme a su manera de entender la ciudadanía, el MST reorienta el currículo de acuerdo con los intereses y las necesidades de los campesinos, o lo que es lo mismo, conforme a la realidad que les envuelve. En este sentido, se pretende una pedagogía más práctica, que atienda las necesidades de la sociedad campesina, al mismo tiempo que cuestiona la legitimidad del Estado en hacer caso omiso a la reforma agraria. Esta perspectiva ha generado la posibilidad de una crítica en su programa educativo, al entender que se impone una educación conforme a una ideología, algo que podría criticarse, ya que parece encubrir el mismo objetivo que busca el Estado. Sin embargo, pretender una educación desideologizada en un contexto de desigualdad social es una postura netamente ideológica. Parece evidente que para que los campesinos inicien o continúen con una reflexión crítica sobre su situación, tienen que cuestionarse las formas de poder y no conformarse con la sumisión a la que parece abocarles el sistema. La crisis de la educación y la necesidad en ciertos contextos de abrir la reflexión sobre la trama pedagógica moderna institucionalizada, quedaría pues recogida por el MST, el cual ve la imposibilidad de generar crítica desde le educación y, en particular, la paradoja del principio de la igualdad social proclamada según un sistema educativo universal y su relación con la desigualdad de las inteligencias ensalzada por la pedagogía institucionalizada. Como se sabe son diversos los enfoques críticos gestados en Latinoamérica que han apostado por una reflexión crítica sobre la pedagogía, asumiendo su necesaria base social como pieza fundamental para transformar la realidad.117 Esto explica su adhesión a movimientos sociales que proponen una comprensión de la práctica pedagógica desde la intervención e implementan una integración de pensamiento y acción que ahonda en una profundización 116 Como se deduce de la lectura realizada de los principales documentos del MST. Para más datos consúltese la bibliografía. Merece la pena subrayar que no se está profundizando aquí en la ideología que el discurso leninista implica, sino en el corpus ortodoxo que impone. 117 Osorio y Rubio (2007). Anales de la Fundación Joaquín Costa 110 y reconstrucción ética y política. Este tipo de educación se retroalimenta en movimientos sociales como el propio MST, ya que permite a los estudiantes adoptar armas organizativas, sin que ello tenga por qué menoscabar la necesidad de que esta práctica pedagógica se inscriba en un marco de tolerancia y libre pensamiento. Ciertamente, la educación muchas veces se enseña desde lo que uno entiende como bueno o mejor, pudiendo transmitir verdades axiomáticas sin un cuerpo crítico que las ajuste a la realidad. Pero esa misma educación esgrimida desde las instituciones es la que, en parte, se aprende en el aula para entender la desigualdad de los alumnos en la nota como justificante de las desigualdades sociales. Para oponerse a esta realidad habría que potenciar lo comunal, una educación entre iguales real, marco propicio en los movimientos sociales y desde ahí, quizá un poco utópicamente —sin que ello, al margen de ser un imposible, suponga que no haya que luchar por esa posibilidad—, más que enseñar, “aprender a ser libre” (acaso como tendría que ser la verdadera educación), para que después el estudiante pueda adoptar la postura que crea más adecuada. A esta perspectiva podría achacársele que del mismo modo que la CNBB había extendido, en parte, la sindicalización a todos los centros rurales para frenar el avance del comunismo en el campo, cierta pedagogía práctica es proyectada en y desde los movimientos sociales para fagocitar su propia existencia.118 Sin embargo, este planteamiento partiría de una premisa negativa al entender que la práctica en los movimientos sociales es negativa, lo cual, dada la función de concienciar que conservan, sería prácticamente igual que afirmar que la búsqueda de la igualdad es negativa en sí. Por contra, movimientos sociales como el MST suponen una base para la reflexión sociopedagógica a partir del rol que juegan en la definición de las finalidades de la educación y su relación con las tradiciones pedagógicas existentes. La apertura de la pedagogía a una acción comunitaria y dialógica potencia, además, la instrucción de uno mismo desde “la coparticipación”, algo que exige una actitud autocrítica constante ya que, tal y como nos recordaba Freire, solo un hombre puede emancipar a otro hombre y nunca una institución.119 Del mismo modo, la educación revela la capacidad del MST de llevar la lucha por la reforma agraria a las nuevas generaciones. La explicación de la integración parcial e integración plena del campesino por el capital conforme a las diferentes formas de subordinación adoptadas en los procesos de expansión del capitalismo se analiza así de manera comunitaria, fomentando ese sentimiento de pertenencia y unidad. Para ejemplificar la actuación del MST educativa, se puede decir que cuando llega a una comunidad, por mediación de distintos individuos intentará concienciarla sobre sus derechos, informándoles sobre su injusta situación, y las posibilidades y el apoyo que el movimiento les ofrece. Pese a quien le pese, esta práctica incentivará una conciencia crítica que en absoluto tiene por qué ser sesgada y que, básicamente, se traza en pos de la defensa de los derechos humanos cuya violación sufren los campesinos, y permite mantener la lucha por la porción de tierra denegada por las instituciones, para lograr una vida digna. En efecto, cuando el MST ayuda directamente en los asentamientos, no abandonándolos como suele hacer el Estado, está haciendo viable que se aplique una agricultura distinta soportada en el núcleo familiar, y sus118 Consúltese la nota 74. 119 Freire (1996). José Antonio Mérida Donoso 110 111 tentada por toda la comunidad. La única posible crítica que entendemos, pues, se le podría realizar sería en todo caso posterior al asentamiento, cuando estos se establecen y perduran en el tiempo. Es ahí cuando el MST, si permanece, puede imponer unas pautas a ser seguidas por la comunidad, puede hacer que la comunidad no evolucione conforme a sus propios criterios, sino conforme a los del movimiento, coartando su libertad. Esta crítica no tendría cabida si los procesos posteriores se hacen de manera comunitaria, asamblearia y participativa, pudiendo seguir las directrices de las proyecciones de las personas más especializadas y con mayor experiencia. Sin embargo, como movimiento social consolidado desde hace años y a pesar de que sus dirigentes enfatizan que no es un movimiento social institucionalizado, se entrevé cierta estructura de evocación más leninista en su configuración directiva, tal y como en ocasiones se ha criticado.120 Desde este enfoque se busca fomentar una base social sin que se modifique la estructura mandataria del movimiento. Sin embargo, si se fagocita una educación equitativa, perpetuar una estructura endogámica en la cúpula del movimiento parece más que improbable. Lo cierto es que a la hora de realizar un mínimo análisis sobre las múltiples investigaciones, libros, tesis y monografías existentes que abordan la actuación del MST a la hora de organizar los trabajos de base para la formación y realización de ocupaciones, se constata que, en la praxis, son las familias las que terminan autogestionándose, sin que ello suponga abandonar la ayuda comunal. Son ellas, las familias de agricultores, los verdaderos cimientos del MST y las que tras haber efectuado las ocupaciones y haberse establecido en diferentes municipios por todos los estados brasileños contribuyen con su quehacer cotidiano al desarrollo rural del país paralelo al de las grandes industrias. Grosso modo las críticas que se vierten al MST, más allá de las disquisiciones internas y los debates con otros movimientos sociales, no buscan ser constructivas, más bien lo contrario, vertidas por ciertos políticos y medios de comunicación de manera tendenciosa y apriorística. Críticas que en gran medida obvian la conflictividad que supone en sí la injusticia social. Es más, la concienciación y lucha por un sistema equitativo es inherente a la defensa de los derechos fundamentales. Por último, como movimiento social que pretende crear un mundo más justo, y tal y como se entrevé de la importancia que se da a la educación en los asentamientos, el MST entiende que más que acabar con una reforma agraria, empieza en ella. Esta ambición nos introduce en el problema fundamental que se da no solo con este movimiento, sino en general en muchos de los movimientos sociales que abanderan la lucha por la justicia social. Me refiero a la problemática que, ante las dificultades de cambio y la prolongación en el tiempo de la lucha, puede suscitarse, reduciendo la acción transformadora a un mero acto mecánico, a través del cual, el latifundio cede su lugar al asentamiento, como modelo acrítico del proceso de reforma agraria. Si los mecanismos, tecnicismos y economicismos perpetuados en el asentamiento acabaran respondiendo a una minimización de la realidad y, por tanto, de actuación del campesino en su capacidad de transformación, entonces sí podríamos decir que se estaría efectuando a todos los 120 Consúltese, por ejemplo, la entrevista publicada en 1997 a Gilmar Mauro, dirigente del MST, en Historia, ideias e revolução, São Paulo, Xama, 1998. Anales de la Fundación Joaquín Costa 112 efectos una institucionalización del movimiento.121 Esta utilización supondría, además, olvidar en cierta parte el carácter humano de los campesinos, o lo que es lo mismo, deshumanizarlos. Extrapolando esta perspectiva, lo cierto es que la ortodoxia en una ideología, al anular su capacidad autocrítica, siempre padece el riesgo de perder la perspectiva de la realidad, pudiendo radicalizarse en la lucha por un fin (por muy ético que este sea) a expensas de los medios, en este caso, las propias personas humanas. Así, en el MST como en cualquier movimiento social es necesario habilitar aparatos autocríticos dentro de todo el movimiento, que contribuyan a evitar su institucionalización, para desde la cooperación mantener un compromiso con sus objetivos reales. Los campesinos no pueden ser considerados unos meros instrumentos, a modo de vasos vacíos, esperando recibir el agua del conocimiento del “movimiento”. Los sin tierra ya tienen “su agua” de conocimiento, lo cual no quiere decir que esta agua tenga que quedar estancada. Es en su función de renovación y alimentación de esa agua personal, recordando su valor y sus derechos donde se encuentra el pleno significado del movimiento. Los agricultores precisan de una nueva reestructuración del campo que esté más de acuerdo con una distribución de tierra equitativa, en la que quepan todos. Y en esa realidad el MST se hace clave, como defensor de los derechos humanos al recordar al Estado que su función no es la de ser aval de los intereses del capital extranjero y las grandes compañías agropecuarias de carácter multinacional, sino de sistemas que no solo sean productivos, sino también distributivos conforme a los intereses de todos los ciudadanos brasileños. En cualquier caso, cabe advertir el carácter dialógico existente dentro del movimiento, en general, y en sus bases, en particular. Las formas que presenta el movimiento, como resultado de sus concepciones ideológicas, intentan evitar todo tipo de dogmatismo al entender que, aunque su base es marxista, esta no permanece inmóvil, sino que está en movimiento, desarrollo y creación permanente, por lo que no puede ser transformada en dogma. Así, al entender que las concepciones ideológicas evolucionan, aunque sea para mantenerse vivas, se huye del dogmatismo y de la posible confusión que pueda generarse entre unidad y uniformidad. De esta forma, no es de extrañar que, ante la gran cantidad de personas que moviliza el MST, se aprecien diferencias, tal y como se puede atestiguar a lo largo de los distintos asentamientos ocurridos en Brasil. En efecto, a pesar de tener un mismo nexo ideológico común, esta es importante, notándose núcleos mucho más heterodoxos y abiertos, frente a otros más ortodoxos y homogéneos.122 Esto se explica porque en la formación del MST se han creado metodologías distintivas de resistencia que aplican acciones diferentes en todo el país y conforman toda una espacialización de la lucha por las tierras.123 Los campamentos son de diferentes tipos, sin permanencia o determinados por grupos de familias de igual manera que cada uno de los espacios de socialización política tiene su propia temporalidad. Las formas de presión son distintas, de acuerdo tanto con las circunstancias políticas como con las negociaciones. Estas prácticas son 121 “Como cuando alguien sustituye mecánicamente una silla por otra, o la coloca de un lugar a otro”, Freire sobre ese particular en Santiago de Chile en 1968, en (2002: 35). 122 “La herejía es fruto de la ortodoxia, también en la política, y no solo en la religión”, Geertz (1994: 216). 123 Mançano Fernandes (2008: 335-357). José Antonio Mérida Donoso 112 113 el resultado del conocimiento de experiencias, de intercambios y de reflexiones sobre ellas, así como del paisaje político y de las situaciones, de las distintas fracciones de territorio que se localizan en diferentes regiones de Brasil. En consecuencia el movimiento advierte y denuncia las políticas manipuladoras que suponen una invasión unívoca —la del capital—, que impide una síntesis heterogénea cimentada en la convivencia.124 Una invasión en pos de unos objetivos, que encuentra en el MST una respuesta también invasiva, la del asentamiento, al entenderla perfectamente coherente conforme a la búsqueda de la justicia social, aunque pueda situarse al margen de la legalidad. Precisamente, atendiendo a la política que este movimiento plantea con el objetivo último de luchar contra la injusticia social, es fácil percibir el esfuerzo que efectúa para llegar al conjunto de la población mediante los medios de comunicación, tarea no siempre fácil de realizar. Evidentemente, esta atención de los medios de comunicación, tal y como hemos advertido recientemente, también responde al aluvión de críticas que recibe el movimiento, especialmente desde ciertas empresas de mass media como GLOBO, las cuales elevarán su crítica cuando “la resistencia” ejercida desde el MST suponga ir en contra de los propios intereses de sus empresas patrocinadoras. De ahí el uso y la búsqueda de canales comunicativos no institucionalizados que ejerce el Movimiento para lograr tener eco en las redes sociales y a través de medios alternativos. Como órgano propagandístico, el MST alcanzó su clímax en 1997, con la Marcha Nacional realizada en favor de la Reforma Agraria, Empleo y Justicia. La marcha congregó a cerca de 2000 trabajadores rurales sin tierra de todo el territorio nacional, que proponían una serie de reformas agraria, de empleo y de justicia, al Gobierno Federal, y que obtuvieron el apoyo de más de 30 000 personas de diversos sectores, organizados o no en la sociedad civil; pasó por 220 municipios de cinco estados, recorriendo 30 kilómetros diarios, hasta llegar a Brasilia el 27 de abril de 1997. Esta marcha supuso un gran éxito del MST, ya que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, que informaron a la sociedad de la situación agraria del país y de los índices de concentración fundiária, al mismo tiempo que presentaban una nueva fuerza movilizadora en la sociedad y un nuevo proyecto de desarrollo para Brasil. Sin embargo, frente a esta realidad, para algunos sectores críticos con el movimiento, esta movilización coincidió con una crisis interna del MST y un intento de poner solución a la misma mediante esta marcha con la que presentarse ante la sociedad como un movimiento uniforme, de un solo rostro, que porta la bandera de la lucha por la tierra. Lo cierto es que esta marcha rebeló la intención de llegar a los medios de comunicación para concienciar a la sociedad y servir como medio de presión al Gobierno. Sin duda alguna, el Movimiento es consciente de que la lucha por la concienciación es necesaria, especialmente en los últimos años cuando la violencia en el campo se ha incrementado, mientras las dificultades más allá del logro de expropiaciones y cesiones, siguen creciendo ante el nulo apoyo de las instituciones y la necesidad de pasar de la fase de subsistencia a una de competitividad, producción y entrada en el mercado. 124 Una realidad que podría relacionarse con las políticas manipuladoras que suponen “una invasión cultural” y no una “síntesis cultural” tal y como señalaba Freire (2003). Anales de la Fundación Joaquín Costa 120 no permanezca marcado por las diferencias de poder.140 Así se podría tomar el preámbulo de la Carta de 1988, y su proyección de un Estado democrático, “destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores de una sociedad fraterna, pluralista y sin preconceptos…”, y conforme al imperativo de justicia social que refleja, cabría esperar que el Estado fuera el que se encargara de velar por estos componentes teóricos.141 Sin embargo, cuando el Estado no vela por los derechos fundamentales que teóricamente defiende, es cuando estos movimientos actúan ocupando el espacio vacío dejado por el Estado. En este sentido, dado que el acceso a la tierra está, desde la perspectiva de la ciudadanía, relacionado con los derechos tanto individuales (derecho a la libertad, a la vida) y sociales (ligados a la noción de dignidad), como colectivos (respeto del medio ambiente), la inacción del Estado implica la actuación de la ciudadanía. Atendiendo a que el estado de conflictividad en el campo, tal y como se ha señalado en este artículo, es un proceso constantemente alimentado por las contradicciones y las desigualdades del capitalismo, este constituye el paradigma de la realidad agraria ante la obligatoriedad de la proletarización del campesinado. Conforme a la complejidad de variables e interconexiones en la estructura social y la cultura brasileña, esta realidad es imposible de ser superada mediante la prohibición de la tierra, fomentando una agitación agraria que continuará hasta que se cambie el paradigma de la imposición por el de la convivencia.142 Si la ley no regula de manera adecuada las relaciones entre la burguesía agroexportadora y el campesinado y la conflictividad existente solo es vertical y no horizontal, se hace inefable cualquier punto intermedio entre ambas aristas —la del agronegocio y la de los pequeños campesinos—. Achacar que la agitación agraria proviene del no reconocimiento del orden de explotación establecido, fruto de una forma de conciencia que pretende volver a cierto modo de vida y, sobre todo, conseguir el acceso a la tierra y su disfrute de manera romántica, es a todas luces un posicionamiento ideológico que dista de la realidad del país. La mirada de las organizaciones campesinas e indígenas acerca de la producción de alimentos dista de la realidad que se promulga desde las grandes empresas agropecuarias, relacionada como está con la que viven los campesinos en sus tierras o lugares donde trabajan. Son ellos los que amplían el debate sobre la cuestión agraria, aunándose para ello ante el bagaje de concienciación histórico vivido. De ahí que su lucha y resistencia contra los grandes productores, asociados al monocultivo, y las transnacionales de siembra vaya de la mano de organizaciones y de propuestas. En el caso de la tierra improductiva, la actual Constitución brasileña determina la posibilidad de su expropiación desde la perspectiva de una reforma agraria. El hecho de que esta posibilidad esté recogida en la Constitución, pero que no tenga sus efectos en el plano práctico, ha hecho que el Movimiento Sin Tierra, cansado de esperar un reparto que no llega, continúe 140 Parece que la democracia entendida por el MST en el seno de su movimiento, como en la gran mayoría de los denominados nuevos movimientos sociales, supondría un modelo basado en la igualdad potencial de influencia de todos los ciudadanos, concediendo a las “personas comunes” una mayor capacidad para decidir colectivamente su destino. 141 Preámbulo de la Constitución de 1988. 142 Sobre dicho paradigma puede consultarse el punto “Paradigmas de la cuestión agraria y del capitalismo agrario: conflictualidad en debate”, del trabajo de Bernardo Mançano Fernandes (2004: 7-17). José Antonio Mérida Donoso 120 121 ejerciendo una constante presión al Gobierno.143 Gracias a presiones como estas, el Gobierno ha reconocido una porción de tierra a cerca de 150 000 familias, existiendo 57 000 familias que ya han ocupado tierra que no era cultivada en cerca de 23 estados de Brasil. Frente a esta realidad, el resto de campesinos continúan ocupando unos 300 campos a la espera de que el Gobierno les dé el reconocimiento de esas tierras.144 Sin embargo, constiyen avances mínimos y no abarcan el conjunto de la sociedad rural. Ante esta situación el Gobierno de Lula pide paciencia, mientras los asentamientos y las movilizaciones se suceden.145 Ciertamente, aunque en teoría el presidente apoyaba la iniciativa de reforma agraria, el proyecto se veía obstaculizado porque el Estado se veía obligado a utilizar sus recursos para pagar una pesada deuda externa. El RFK Memorial Center para los Derechos Humanos preparó el terreno con las instituciones financieras internacionales y otros donantes importantes para que se mantuviese la reforma agraria en un enfoque “basado en los derechos” frente al enfoque ideológico imperante “basado en el mercado”.146 Sin embargo, nuevamente las medidas tomadas fueron mínimas y supusieron la constatación del fracaso y del enraizamiento de las oligarquías económicas en la política. VIOLENCIAS: LA VIOLENCIA POR Y PARA LA TIERRA Brasil y la violencia Llegamos finalmente al tema fundamental de la violencia estructural, es decir, la que se da sin un emisor o una persona concreta que haya practicado la violencia, que deviene en un carácter externo a la personalidad y legitima la propia estructura social a través del poder coactivo. Uno de los fenómenos más graves y complejos de la historia contemporánea es la violencia y 143 En el momento de la elaboración de este artículo, el MST continúa presionando al Gobierno de Lula, ante la demora de las promesas realizadas por el PT antes de llegar al poder. Ambos grupos mantienen un discurso ya clásico en la política, estando por una parte el del Gobierno y su reiterada petición de paciencia a la población ante la dificultad de llevar cualquier tipo de cambios opuestos a la estructura de poder ya creada, y el discurso del MST con una población ya cansada de esperar por una democratización de la tierra justa. 144 Según datos ofrecidos por el MST (página citada). A pesar de que la política de los asentamientos del MST pretende centrarse en objetivos de viabilidad, sostenibilidad económica y ambiental del nuevo sistema de producción que se pretende instalar, garantizando el trabajo rural fundamentado en la política familiar, y en la formación de una nueva comunidad de agricultores, autónomos, capaces de autogestionarse. Por último, en cuanto a este último aspecto, cabe señalar que la sostenibilidad económica de los proyectos de asentamiento no se resume en un punto de vista puramente contable en virtud del cálculo de lo que el asentado tiene que reportar al Estado en función de los gastos públicos generados. 145 “En los tres primeros meses de 2003, según datos oficiales, el movimiento ha realizado 41 ocupaciones, cuatro veces lo que tenía hecho en igual periodo el año pasado”, Reportagem, revista da oficina de informações, n.º 43, abril de 2003, p. 16. Cabe apreciar que la actividad del Movimiento Sin Tierra fue disminuyendo desde 1999. En el año siguiente, siempre según fuentes oficiales, se realizaron 236 ocupaciones, para pasar en el 2002 a apenas 103. Esta disminución se debió en parte a la medida provisora, n.º 2027 de 21 de diciembre del 2000, por la que se impidió la expropiación por dos años de las tierras ocupadas, según las fuentes oficiales y los medios de comunicación, mientras que el MST consideró que se debió al recrudecimiento de la violencia contra los campesinos. 146 En teoría, aunque el RFK Center apoyó el TDD ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Mundial y el Gobierno, lo cierto es que desde una mínima perspectiva sociológica, sus actividades son mínimas y más que intentar transformar las normas establecidas desde el poder, en esencia, no dejan de cimentarlo. Anales de la Fundación Joaquín Costa 122 el ambiente en el que se genera. Una violencia que ya sea desde las prácticas del Estado, o bien propia de segmentos organizados o no por la sociedad civil, tiene como consecuencia un estado de miedo y de inseguridad que sobrecoge al conjunto de la población. Sin entrar en la discusión acerca de la necesidad de la existencia de una violencia legítima, el monopolio de la violencia y su ejercicio en un determinado territorio, a través de un proceso de legitimación por parte del Estado, solo puede justificarse desde la búsqueda de la paz y el bien común y en situaciones extremas.147 Según Max Weber, para que haya Estado tiene que haber un grupo que mantenga el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de su poder. En este sentido, el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. Sus “fuerzas del orden” —la policía y los militares— son sus principales instrumentos, pero esto no significa que solo la fuerza pública puede ser usada: la fuerza privada (como en la seguridad privada) se puede utilizar también, siempre y cuando la autoridad, es decir, el Estado permita o delegue la aplicación concreta de la violencia. Desde esta perspectiva, en el caso de Brasil, la conexión entre el Estado y el uso de la violencia es especialmente significativa, ya que cuando los hacenderos hacen uso de ella, de alguna manera reivindican su legitimidad al estar siendo autorizados por el Estado. Así, se entendería que la ley permitiese a las personas utilizar la violencia en defensa de uno mismo o de sus bienes sin atender a la realidad del afectado por la violencia. En este caso, así como en el ejemplo de la seguridad privada, la capacidad de usar la fuerza sería otorgada por el Estado, y solo por el Estado.148 Es más, según el concepto de estado de Max Weber, este afirma su función mediante la reproducción de las formas de violencia que sustentan las relaciones existentes de poder social, y la supresión de las formas de violencia que amenazan con perturbarlas. Aun así, esta premisa implica que, ante la imposibilidad de un balance de las desigualdades sociales en beneficio de los menos favorecidos, dando a la justicia la categoría de equidad, como preocupación social para el desarrollo humano y de la sociedad, se genere una situación que puede fagocitar “la tentación” del uso de la violencia. En el caso de Brasil, el problema de la violencia se sitúa en una de las principales preocupaciones de la población, que, aunque de manera más acuciante se da en los sectores metropolitanos, se extiende como una plaga inundando toda la realidad del país. Por su parte, atendiendo al campesinado, podría decirse que la historia del panorama rural brasileño, así como la del país entero, generó una idiosincrasia de violencia, que podría explicar la situación que actualmente asola el país. Lo cierto es que tal y como atestigua la violencia por la tierra, tras veintiún años de vigencia del régimen autoritario los avances democráticos no lograron la efectiva instauración del Estado de derecho. En efecto, el poder emergente no consiguió conquistar el monopolio del uso legítimo de la violencia física dentro de los límites de la legalidad.149 Es más, la violencia policial, arbitraria y discriminada, capaz de situarse al margen del propio marco legal que defienden, desacredita al 147 Esta teoría fue expuesta por el sociólogo Max Weber en su conferencia “La política como vocación”, Weber (1980 [1919]), disponible en http://www.copmadrid.es/webcopm/recursos/pol1.pdf. 148 Es más, en su capacidad de coacción o de uso de la violencia Max Weber entendía que, por ejemplo, aquellos Estados con milicias irregulares llegaban a ser esencialmente Estados funcionales. 149 Weber (1980). José Antonio Mérida Donoso 122 123 propio sistema policial, incrementando el círculo de violencia endémica, que ya de por sí radica en las propias estructuras sociales del país, generado en los pilares de la desigualdad social. La justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades surgidas y propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos, para lo cual es imprescindible configurar un marco jurídico en el cual los derechos y las libertades de las personas y de los pueblos puedan coexistir. Esta premisa dista de ocurrir en Brasil donde las leyes han codificado una desigualdad jerárquica de la clase social más marginal, situada al margen de los pretendidos derechos del ciudadano, dejándola desprovista de trabajo. Del mismo modo, la proliferación de la violencia penal junto a cierta confusión de las categorías morales y legales promueve una perversión y una transgresión de las leyes por quienes en teoría deberían hacerlas respetar. Así, las graves violaciones de los derechos humanos se manifiestan no solo en los distintos grupos de la sociedad civil, como consecuencia de un sistema que hunde sus raíces en la injusticia social, sino en los propios agentes destinados teóricamente a preservar el orden público, que en parte suponen la perduración de las mismas fuerzas represivas que se encontraban comprometidas con el régimen autoritario anterior, ahora adaptadas a un nuevo contexto de transición política. Desde esta óptica, la violencia adquiere estatus de cuestión pública, multiplicándose las denuncias de todo tipo de abusos, que generan una espiral de violencia que extiende sus tentáculos por toda la sociedad brasileña, haciendo que se tambaleen los pilares del Estado. Las causas de esta espiral hay que buscarlas en la citada ausencia del efectivo control del aparato represivo por parte del poder civil, la impunidad de los agresores, sin una efectiva voluntad política que intente depurar la responsabilidad penal de estos, y la permanencia de focos que mantienen un radio de violencia amplio. Focos que, como mucho, sufrirán modificaciones especiales de poca importancia, pues la violencia, al menos en la ciudad, tiende a concentrarse más en las zonas pobres, especialmente en las favelas, donde el narcotráfico impone unas estructuras jerárquicas que tienden a permanecer inamovibles en su cúspide, y con una gran movilidad en su base.150 Estas redes de violencia envuelven a toda la sociedad, creando lazos de interrelación entre los consumidores de clase media alta, que acuden a las favelas para comprar la droga, y la propia policía que en muchas ocasiones resulta una fiel aliada, mientras el resto de la sociedad asiste a este espectáculo grotesco, consiguiendo que la violencia se convierta en una realidad cotidiana.151 Paralelamente, en el mundo rural, las acciones violentas se suceden fundamentalmente en algunas zonas del interior, especialmente en Pernambuco, entre los propios campesinos, como mecanismos legitimadores con los que la sociedad rural más que estar acostumbrada a vivir, se identifica.152 150 La violencia también entiende de clases sociales. Así, el crimen organizado se moviliza en su base, donde la clase social más baja, arrastrada por una coyuntura marginal, tiende a incorporarse, pudiendo modificarse conforme a la actuación policial, tendiendo a permanecer más constante conforme se avanza en las posiciones más alta de la estructura jerárquica piramidal. 151 Conviene subrayar que el problema de la violencia se extiende por toda la sociedad, por lo que parece que las soluciones que se puedan dar a este problema no pueden ser simples, sino que tienen que ser medidas amplias que puedan hacer frente a todo ese sistema generado, que cada vez alcanza más fuerza. 152 A este respecto consúltese la tesis de Duarte Rocha Marques (2001). Anales de la Fundación Joaquín Costa 124 Esta violencia, situada en toda la sociedad, viene auspiciada por los medios de comunicación, como se observa en el desgraciado acontecimiento ocurrido el 12 de junio de 2000 en el autobús de la línea 174. Tras el secuestro del autobús, se produjo, por la acción criminal más que desastrosa de la policía, la muerte de una “joven chica inocente” y del secuestrador.153 Como apuntaría el secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, si el soldado hubiera matado al “bandido” y la chica no hubiera muerto, “la acción habría sido correcta”.154 Cinco días después en el periódico Isto É, el comandante del BOPE y de la operación en cuestión afirmaba: “si él [el soldado] hubiese acertado en la cabeza del maldito, sería un héroe nacional y el BOPE continuaría siendo la mejor tropa del mundo. Desgraciadamente no acertó”.155 Es en este contexto en el que la ausencia de críticas a la interrupción del proceso de negociación ya empezado, pone de manifiesto el poco valor que la vida parece tener para el secuestrador, acaso considerado ya como muerto socialmente, tanto por la policía como por una parte muy significativa de la sociedad. Cabría preguntarse si ese contexto de miedo, generado por el poder coactivo de la violencia, es particular de Brasil o un reflejo existente en toda sociedad con una dicotomía social alta. Esa diferencia económica, legítima desde perspectivas capitalistas y no de los derechos humanos, no es en sí un acto violento, sino que se asienta a veces en toda una violencia cultural. De este modo, a través de diversos aspectos de la cultura se da legitimidad a esa diferenciación. La utilización del arte, la religión, la ciencia, el derecho, la ideología, los medios de comunicación, la educación, etcétera, sirven cono instrumentos que modelan cualquier posible rebeldía, incluso en los casos en los que se acepta una cierta crítica “controlada” para no suponer una amenaza a esa realidad social. ¿No existe una mayor violencia social en países como Rumanía, Moldavia o Bulgaria, tras 1989? En ellos la liberación de la dictadura comunista supuso la llegada de una nueva dictadura que usa distintas armas. Si una atenazaba la libertad, la otra atenaza la justicia social. Evidentemente, la violencia directa se caracteriza por su notoriedad y visibilidad. Es más, su objetivo es hacerse notar, por lo que resulta relativamente sencillo detectarla y, en algunos casos, cuando es puntual, se permite combatirla. En cambio, cuando se 153 Folha de São Paulo, 14 de junio del 2000, p. C6. Este hecho permaneció en la opinión pública durante bastante tiempo, al presentarse en los principales telediarios las imágenes de la desgracia ocurrida en riguroso directo. Recientemente, este tema volvió a estar de actualidad debido a la repercusión de una película estrenada sobre el suceso en cuestión, Onibus 174 (2002) de José Padilha, en la que se analizaba el incidente y la vida en las favelas de Río de Janeiro, así como el trato que la justicia brasileña dispensa a las clases más desfavorecidas. Posteriormente, se estrenó Última parada 174 (2008) de Bruno Barreto, escrita por Bráulio Mantovani, y producida por Moonshot Pictures, escogida por el Ministerio de Cultura para representar a Brasil en la gala de los Óscar a la mejor película extranjera de 2009. Para el lector no conocedor del suceso, tras realizarse el secuestro y quedar cercado por la policía, el secuestrador salió con un rehén con la intención de negociar. Uno de los policías abrió fuego, provocando la muerte del asaltante y del rehén. Sandro do Nascimento, el secuestrador, era un antiguo sobreviviente de la Candelaria, donde una serie de “ciudadanos marginales excluidos de la sociedad”, que vivían cerca de la iglesia del mismo nombre, sufrieron en 1993 una auténtica matanza policial. Posteriormente, se supo que el secuestrador fue estrangulado por la policía, mientras se lo llevaban detenido, así como que la rehén muerta —una maestra de 20 años, embarazada— no solo había recibió balas disparadas por el secuestrador, sino que tres de los tiros que la mataron salieron de distintas armas de la policía. 154 Idem. 155 Isto É, n.º 1603, 19 de junio de 2000. José Antonio Mérida Donoso 124 125 trata de una violencia estructural, esta se hace menos visible, pues en ella intervienen distintos factores que determinan que el detectar su origen, prevención y remedio sea más difícil y que, en esencia, enraízan en la propia cultura que ha percibido todo ciudadano que pretende ser crítico con la sociedad. Así pues, sería un error señalar la violencia existente en Brasil como una isla particular en un mundo no violento. La violencia de Brasil tiene una idiosincrasia y un devenir particular, de acuerdo con su realidad histórica. Las relaciones asimétricas, para ejercer el control, implican hablar de un abuso de autoridad por parte de “alguien” (ya sea un individuo o una estructura) que cree tener poder sobre otro. Me centro, pues, en el caso de Brasil no como excepción, sino como país con una dicotomía económica evidente, en el que no ha habido una reforma que permita una mayor justicia social, generando un problema que arrastra desde tiempos del colonialismo hasta hoy. El doble discurso del terrorismo: terrorismo de Estado y terrorismo policial Una de las definiciones posibles de la democracia es la que pone en particular evidencia la sustitución de las técnicas de la fuerza por las técnicas de la persuasión, como medio de resolver conflictos… Pero se sabe cómo la escuela de la nueva retórica contribuyó para ilustrar la relación entre argumentación, en el discurso, y método democrático en la práctica.156 El terrorismo se presenta como el modo de coaccionar, amenazar o influenciar a otras personas, o de imponerles la voluntad por el uso sistemático del terror. A su vez, dentro del discurso político, por terrorismo se entiende un atentado contra el poder establecido, utilizando la violencia. Ambas acepciones ponen de manifiesto la ambigüedad de los significados que una misma palabra puede tener, en función de las intenciones del emisor del mensaje. Una ambigüedad puesta de manifiesto especialmente tras los atentados del 11 de septiembre, siendo una de las palabras más utilizadas por los medios de comunicación. De esta manera se produce el fortalecimiento del Estado policial-militar que parece ser la única consecuencia sacada por Bush de aquel trágico martes en Nueva York, extendiéndose no solo por Brasil, sino prácticamente por toda Latinoamérica. Cuando el Estado democrático se rinde a este tipo de Estado policial, el despotismo impone el terrorismo de Estado. Modificando en mayor o menor medida las bases institucionales, políticas y jurídicas en las que se cimienta la autoridad del Estado para terminar con las situaciones de tensión o conflicto y erradicar las manifestaciones de violencia existentes, siempre han de venir de la mano el compromiso del advenimiento de un régimen democrático pluralista que se funda en el principio de legalidad y en el respeto de los derechos humanos. Cuando el Estado comete abusos en contra de esta legalidad, ya sea en tiempo de 156 Bobbio (1992). Anales de la Fundación Joaquín Costa 126 paz o de conflicto armado, el ordenamiento jurídico internacional nos recuerda la exigencia de evitar la impunidad de los autores y garantizar el derecho de las víctimas de tales actos. Si esta realidad no se da y se supedita a la normalización de una criminalidad ordinaria, se genera en la práctica un terrorismo estatal, amparado en una burocracia estatal, que contempla las decisiones arbitrarias como legítimas. Más allá de la noción de terrorismo y de los agentes que la formulan y señalan a los terroristas, lo cierto es que desde un punto meramente formal, la noción del monopolio legítimo de la violencia ejercida por un Estado moderno se incluye dentro de la especialización de funciones propias del mismo, al mismo tiempo que se presenta como condicionamiento para la construcción de una sociedad más pacífica, con el fin de impedir la libre circulación de la violencia e inhibiendo su existencia de forma difusa o privatizada por el conjunto de la sociedad.157 Con estas mismas premisas podremos decir que cuando estas funciones no se cumplen, la violencia que ejerce el Estado será ilegítima. Del mismo modo, cuando la utilización de la fuerza se normaliza en cualquier operación o proceder perpetuado por cualquier miembro del Estado, estando estos, como funcionarios públicos que son, respaldos por las instituciones gubernamentales o por cualquier grupo hegemónico avalado por las mismas en contra de un individuo o grupo minoritario, es cuando se genera terrorismo de Estado. Frente a este precepto teórico, lo cierto es que en la última década se ha producido un incremento de la violencia policial, al mismo tiempo que se ha ido ampliando la complicidad policial (tanto civil como militar) con la delincuencia, ante el atractivo financiero que supone pasar al otro lado, donde imperan el tráfico de drogas, los secuestros y cualquier otro tipo de modalidad ilícita.158 Junto con esto, las muertes extrajudiciales ocasionadas por la policía militar bajo la rúbrica de “estricto cumplimiento del deber”, continúan sucediéndose. Como es lógico, todo ello genera un clima de desconfianza por parte de la sociedad civil, en los cuerpos de seguridad del Estado, imponiéndose el miedo y haciendo que se tambalee uno de los principales pilares del mismo, al no poder garantizar la seguridad del ciudadano (calificación que conforme a lo visto, parece corresponder exclusivamente a una parte de la población). De hecho, de lo poco que se conoce en Brasil sobre las cifras de los crímenes reales y de los crímenes registrados, resultado de la investigación realizada por el Instituto de Estudios de Religión (ISER) y por la Fundación Getulio Vargas, en 1996, en la región metropolitana de Río de Janeiro, se confirmaba que frente a la notificación de los crímenes violentos, existía una alta “subnotificación” de tal forma que en los casos de robo el 80% de las víctimas no comunicaron el acto delictivo a la polícia. El miedo o el hecho de no creer en la policía fueron los motivos alegados por la mayoría de las personas para explicar la falta de registro (denuncia) de los crímenes sufridos. Si bien la policía no puede ser considerada la única culpable de un sistema en el que impera la violencia, lo cierto es que cuando ella efectúa un uso ilegítimo, genera uno de los elementos más desestabilizadores en la sociedad evidenciando que, al margen de los presupuestos teóricos que quiera esgrimir el Estado, se impone la ley del más fuerte. Ciertamente, la policía 157 Weber (1980). 158 Especialmente en los últimos años, las noticias de casos de corrupción policial tienden a inundar los principales medios de comunicación. José Antonio Mérida Donoso 126 127 también sufre esta violencia, principalmente en los centros urbanos donde la lucha contra el narcotráfico tiende a generar cada vez más conflicto, al existir todo un engranaje que se hunde en lo más profundo de la sociedad.159 Pero como fuerza de seguridad que es, su función de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza queda deslegitimada cuando —sin menoscabo de la responsabilidad de los ciudadanos)— no solo no lucha contra el tráfico ilegal, sino que, en ocasiones, se alía con él instigando su crecimiento. Es aquí cuando su legitimidad y cualquier justificación teórica que se quiera de la misma, queda anulada. Es más, en tanto en cuanto el Estado no hace nada para evitar esta corrupción, este también quedará deslegitimado, ya que en esencia la corruptela no deja de ser uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de su obligación de promover y proteger los derechos humanos. Del mismo modo, el hecho de que una gran parte de la ciudadanía entienda que denunciar a la policía no supone comenzar a solventar un problema sino incrementarlo, evidencia una mala praxis policial, vinculada al uso indebido de sus atribuciones, recursos o información con el objeto de obtener provecho económico o de otro tipo. Este despotismo policial, al igual que ocurre con la “tiranía del tráfico” —de todo tipo— que tiende a asolar la mayoría de las grandes urbes, evidencia una función represiva mediante la violencia como instrumento de la clase dominante que tiene que ser combatido con medidas reformistas, reconstruyéndola con un nuevo sentido. De lo contrario, el discurso foucaultiano se hace evidente, pasando a ser una institución de poder que más que pretender eliminar el crimen, se limita a controlarlo dentro de ciertas pautas y hacer uso de él según sus propios intereses. Al mismo tiempo, esta realidad debe vincularse también a la caza policial por parte de grupos criminales, que se ha instaurado especialmente en Río, donde cada dos días muere un policía y, contando los heridos entre 1994 y 2016, la estadística pasa a ser de dos víctimas diarias, o lo que es lo mismo un total de17 686 bajas en la policía militar de la ciudad.160 Por su parte, los últimos datos del ISP indican que el número de muertes asociadas a las intervenciones policiales ha aumentado un 60%, de tal forma que cada ocho horas una persona es asesinada por la policía militar o civil en Río de Janeiro.161 Obviamente, ante esta realidad, la violencia —la de la policía y la que se ejerce sobre ella— tiene que ser enfrentada como un desafío urgente y dramático, en beneficio de las instituciones pero, sobre todo, de la sociedad en general, especialmente de las clases más marginadas y susceptibles de sufrir esta violencia (la clase más pobre y la población negra) contra quienes la brutalidad institucionalizada suele abatirse con más fiereza e intensidad, y de la propia policía que sufre con ahínco la perspectiva de guerra con la que se aborda la presencia del narcotráfico en el territorio. A día de hoy, el problema parece estar profundamente enraizado, constituyendo toda una “crisis de violencia” la “guerra” contra 159 En marzo de 2003, en los principales medios de comunicación de Río de Janeiro, como los periódicos Globo, Extra, se publicó el índice de asesinatos cometidos por los policías de la ciudad que alcanzaba el escalofriante número de 13 víctimas policiales al mes. 160 Valeria Saccone, “Policía que mata, policía que muere en Río (i): más bajas que los soldados de EE. UU.”, El Confidencial, 1/8/2017. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-08-01/policia-rio-janeiro-muertesagentes_1423482/. 161 Ibidem. Anales de la Fundación Joaquín Costa 128 las bandas de narcotraficantes que azota la región y la crisis económica, enmarcadas en un contexto de corrupción política, tal y como muestran los casos destapados recientemente en la Administración pública de Río de Janeiro y que han llevado a prisión a Anthony Garotinho y Sergio Cabral, dos de los gobernadores que ha tenido la región en los últimos quince años. La violencia en el campo La violencia policial no se circunscribe a la ciudad, sino que alcanza también el mundo rural, en el que sirve como elemento de defensa de los grandes propietarios de tierra, frente a los movimientos sociales que, cansados de esperar una reforma agraria, y en parte siguiendo el componente teórico de la Constitución de 1988 en su artículo 184, han realizado una serie de acciones reivindicativas y ocupaciones antepuestas a la negligencia u omisión del Estado. En este sentido, la violencia policial mantiene una doble faceta en apariencia contradictoria pero coherente en su praxis, al deslegitimar las ocupaciones. Por su parte, la policía se presenta como ilegítima desde el posicionamiento de los campesinos y los principales movimientos sociales rurales, como el MST, por entender que obedece a un Estado donde impera la injusticia social, imbuido en la dinámica de no hacer nada por frenar la creciente dicotomía existente en la sociedad, y legítima (como tienden a hacer saber los principales medios de comunicación) por quienes creen que esta actitud supone una contestación ilícita al orden establecido.162 Con el fin de quebrar estos asentamientos, el Gobierno intenta resolver la cuestión agraria auspiciada por el capital, pretendiendo destruir las formas de lucha asalariadas de los sin tierra. Se perpetúa así una exclusión política que, sin embargo, ha conseguido debilitar la organización de trabajadores rurales por momentos, pero solo, a tenor de la historia, para posteriormente terminar por generar una mayor intensificación de la lucha. Así, la fuerza del Estado se materializa en la policía militar encargada de “hacer valer la ley”, que en muchos casos parece estar dictada por el propietario. Si estas amenazas no surten efecto, entonces se pasa a practicar una violencia directa, generalmente comenzando por la destrucción de los rozados, para posteriormente, en caso de perdurar ese estigma en contra de los intereses del gran propietario, pasar a la amenaza de muerte, transmitida por terceros, ya sean pistoleros, el capataz o empleados de confianza. Con ello se genera un clima de miedo en la población envuelta en el conflicto.163 La violencia en el campo se manifiesta de múltiples maneras, especialmente a través de las amenazas y los asesinatos, el trabajo forzado (tras superar la época de esclavitud, manteniendo unas condiciones de trabajo ancladas en la esclavitud, una nueva palabra que parece no dañar tanto la conciencia social), y la expulsión de las tierras, entrelazándose con, en el sentido más amplio de la expresión, la exclusión social de una gran parte de la población rural. Los principales “actores de este melodrama de tintes trágicos” son, por un lado, los grandes propietarios de la tierra y los pistoleros contratados por ellos y, por otro, los trabajadores rurales, 162 De nuevo se entra en el doble lenguaje, anteriormente señalado a la hora de referirse al terrorismo. 163 Obviamente, a pesar de ser un proceso gradual, no tiene por qué seguirse este orden. José Antonio Mérida Donoso 128 129 líderes sindicales o de distintos movimientos que defienden los derechos humanos de los campesinos, agentes de la Iglesia, indígenas y, en suma, todo aquello que se opone a los intereses de “los otros protagonistas”. A este primer frente, formado por el poder privado de los propietarios de la tierra, se uniría en la mayor parte de las veces “la práctica del poder público de los policías locales”.164 En consecuencia, ante la ocupación de los espacios políticos por los campesinos, la violencia se impone como contrapartida de los propietarios, sobreponiéndose a la legitimidad que reproducía el poder.165 En un principio, este poder no solo se mantendría por la fuerza, sino con la aceptación y legitimidad que poseía el propietario en el seno de los dominados. Posteriormente, conforme aumentaba la oposición, ante la proliferación de movimientos sociales en el campo, la violencia se fue incrementando, hasta llegar a la actualidad, en que se tiende a considerar como algo inherente al propio proceso de expropiación en Brasil. Esta norma impuesta por la fuerza de la costumbre de la explotación asimétrica, bajo el peso de una montaña de campesinos muertos, desde una perspectiva ética, evidentemente no es que no tenga ninguna razón de ser, sino que es instrumentalizada por el poder, el único legitimado para ejercerla y el único capaz de institucionalizarla. La violencia —o mejor dicho el poder que la ejerce— intenta así imponer la política del silencio, basándose más que en el miedo, en su cotidianidad. En esta retórica desoladora, el asesinato deviene no tanto en un crimen particularmente horrible, que atenta contra el principio fundamental de los derechos humanos (el derecho a la vida), como una muerte más entre tantas otras, un asesinato sin rostro ni verdugo. Obviamente, cuando los campesinos intentan constituir una oposición más global a los grandes propietarios, ya sea de manera espontánea en el seno de la comunidad, o por mediación de elementos ajenos a la misma, como los sindicatos o los movimientos sociales que se hacen eco de los problemas de esta población, las respuestas violentas tienden a incrementarse. Esta violencia, en general, ha ido aumentando de manera drástica en los últimos tiempos, como informa la revista CPT ya desde la década de los setenta: El cuadro de los conflictos por la tierra, acompañados por actos de violencia, incluyéndose asesinatos, también venía creciendo: el Documento Propuesta para el Primer Plan Nacional de la Reforma Agraria, tomando por base las estadísticas del CONTAG, CPT y el ABRA, en 1976 registraba 126 conflictos y 31 asesinatos, en 1981 registraba 896 conflictos y 91 asesinatos, en 1984, registraba 950 conflictos y 180 asesinatos.166 Por otro lado, entre 1985 y 1990 los datos no son más esperanzadores, contabilizándose 3374 conflictos, con 563 asesinatos, que afectan a un total de 4 128 838 personas en situaciones violentas por la disputa de la tierra.167 164 Barreira (1992: 188). 165 Ibidem, p. 181. 166 Carneiro da Cunha (1989: 8). 167 CPTO, “Espinhoso Caminho”, Río de Janeiro, marzo de 1991. Anales de la Fundación Joaquín Costa 136 de entender que, en numerosos casos, los productos generados por los nuevos campesinos no pueden competir en el mercado, ese marco de impiedad e impasible, que se niega a doblegarse ante cualquier criterio, por humano y digno que sea, que no sea el meramente económico. Por su parte, con el Gobierno de Michel Temer, que ha favorecido los intereses del agronegocio y provocado el retroceso de la reforma agraria, vinculado con la corrupción y el blanqueo de capitales, con tierras que podrían ser aprovechadas para efectuar dicha reforma, el panorama ha empeorado. En este contexto, parece inviable que se logre un cambio agrario si no es a través de un cambio institucional que permita el fomento de grandes cooperativas, para que la sociedad agrícola pueda trabajar con maquinarias modernas usando las últimas tecnologías de producción y competir así contra las grandes multinacionales. Cabe por último señalar las consecuencias de toda esta violencia, vinculada con la injusticia social, en el pensamiento de la población, en esa lógica crisis de los valores morales, marcada por la ausencia de los deberes de los ciudadanos, ante la negligencia del Estado, incapaz de hacer prevalecer las leyes, lo que genera un clima de constante temor e inseguridad, que a su vez se acentúa por los principales medios de comunicación, formándose una espiral que va haciéndose más y más grande. Estas dificultades de naturaleza ética con las que se tiene que enfrentar la población brasileña se presentan de maneras diversas a lo largo de la vida, haciendo que se tienda a acentuar la desesperanza, la ausencia de confianza en las instituciones, y en suma, el miedo más absoluto. Así, se construye una sociedad en la que los ricos se cierran en círculos concéntricos de grandes muros, mientras los pobres se vuelven más pobres, proliferando por todo Brasil (tanto en los espacios rurales como, tras las constantes migraciones provocadas por la esperanza de una vida mejor, en las ciudades), extendiéndose por las periferias de la exclusión y la deshumanización. A todo esto cabría añadir un último fenómeno sintomático de la violencia instaurada en la sociedad, como son los linchamientos y las palizas colectivas que acaparan los medios de comunicación. Una realidad que implica no solo la incredulidad de la actuación policial, sino la falta de confianza en las instituciones en general, que conlleva la impunidad de la ley del talión, esgrimida en aras de una pretendida “justicia popular” que tiende a ensañarse con las clases más marginadas. Todo ello conlleva la necesidad de recuperar y reconstruir “una ética humanista que recupere las conquistas de luchas anteriores y consolide nuevas conquistas en un periodo de crisis de valores”.176 Sin embargo, esta premisa parece una impertinencia casi ridícula cuando el derecho positivo parece ser incapaz de aceptar la realidad del país, permitiendo que los políticos se centren en vender la mentira que entienden necesaria para que la sociedad perviva.177 El sentimiento de inseguridad generalizada y el descrédito de las instituciones estatales que vive el país implican la necesidad de un cambio de paradigma que rompa la sensación de injusticia que, como no puede ser de otra manera y pese al esfuerzo de las instituciones, se da en la sociedad. Al mismo tiempo la persistencia de la injusticia y la impunidad evidencian una sociedad controlada por 176 Dornelles (1998). 177 Adoptando el postulado de Nietzsche sobre la religión. Curiosamente para él será el superhombre quien sepa aceptar la verdad, adoptando un humanismo radical, acaso lo que cabe hacer con los derechos humanos. José Antonio Mérida Donoso 136 137 una minoría, la clase dominante, que al margen de la sociedad, solo piensa en acumular riqueza, acumular poder y, por tanto, se presenta extremadamente servil ante el capital internacional. Así las cosas, el cambio ético que tiene que efectuarse no puede ni debe suponer una mera abstracción esbozada desde el discurso político, más centrado en vender una posverdad difícilmente defendible que en erradicar la violencia estructural existente. Todo lo contrario, es en este contexto más que nunca, cuando la ética supone una praxis, entendida como expresión de intencionalidad de las personas que constituyen una comunidad, accesible a los cambios y consciente de, por muy desesperanzadora que pueda parecer la situación, la viabilidad de alternativas. En consecuencia, se impone la construcción de una sociedad inclusiva, en la que todos expresen la voluntad de coexistir, más aún donde ocurre el conflicto, para que este no domine totalmente al seno de la sociedad, subrayando la necesidad incesante de un proceso de construcción de acciones compartidas, que sepa denunciar las negligencias del Estado para a través de su voz, siempre modelando su actuación a la propia ética de los derechos fundamentales del hombre, pueda encontrar nuevos mecanismos —¿acaso en parte no lo son los nuevos movimientos sociales que se esparcen por la comunidad rural brasileña?— que sirvan para contribuir, a pesar de todos los pesares, a una mayor justicia, económica, política, social y cultural.178 Como se ha visto, en la repartición o mejora de la distribución de los bienes productivos, la tierra es esencial, en especial en los países latinoamericanos y más concretamente en Brasil. La concentración de esta conlleva una concentración de la propiedad de los medios de producción, del poder económico en general y, por tanto, de la renta y del poder político con evidentes y graves consecuencias: campesinos sin tierra, impacto medioambiental, hambre, trabajo esclavo y explotación infantil. En suma, dos hechos sociales concentrados: desigualdad y concentración de tierras, que atentan contra los derechos humanos más elementales y que requieren una solución. Más allá de propuestas como las vertidas desde el Foro Social Mundial (FSM),179 la necesidad de la realidad brasileña ante la violencia estructural, parece implicar alternativas al neoli178 No comparto la diferenciación de Putnam (1996: 119), entre comunidades más cívicas y menos cívicas (definiendo civismo como sinónimo de evolucionismo en las comunidades), conforme a la existencia de más o menos asociaciones culturales en la sociedad. Tampoco se pretende señalar que el hecho de que ser ciudadano —sin entrar en el exclusivismo— implique derechos y deberes iguales para todos, implique la deducción de que “el principal factor que explique el buen funcionamiento del Gobierno es ciertamente, hasta qué punto la vida social y política de una región se aproxima al ideal de comunidad cívica” (1996: 132). De hecho, aun a sabiendas del prestigio del que el autor goza, más que partir de la construcción de una serie de premisas para llegar a una conclusión, el autor parte de la propia conclusión, es decir, elabora una serie de premisas basadas en distintas comunidades italianas, para llegar a la conclusión pretendida. Por último, creo pertinente indicar que, si bien la visión con que se ha acabado este apartado, no tan esperanzadora como combativa, es propia de un “burgués” con una formación en derechos humanos, no deja de ser la opinión burguesa de un individuo que se circunscribe a una realidad determinada, como estudioso de las injusticias que acontecen en el mundo. Sin embargo, a pesar de esta realidad, creo necesario “significar” nuevamente la dignidad de las personas, para poder reivindicar una ética laica universal, propia de los derechos humanos, independientemente de su fundamentación, como herramienta útil para luchar por un mundo en el que la ética suponga la pieza clave en la formación del hombre unilateral, el hombre que se piensa y se siente, y percibe las injusticias de un sistema que precisa ser combatido: “el hombre crítico”. 179 Como ha recogido Díaz-Salazar (2002: 56), la posible propuesta en el contexto de la reforma agraria sería la agricultura ecológica: “La reforma agraria nacional especialmente el acceso a la tierra y el justo reparto de los recursos agrarios sigue siendo la propuesta básica de la mayor parte de los movimientos… La agricultura ecológica es la alternativa que proponen frente al modelo de agricultura intensiva basada en abonos químicos y uso antiecológico de agua”. Anales de la Fundación Joaquín Costa 138 beralismo, en pro de un nuevo orden, un cambio en las relaciones sociales (menos clientelismo y más democracia real), que permita cuestionar las formas tradicionales en el campo y generar una o varias maneras distintas de relacionarse. En este sentido, la reforma agraria, dadas las características geográficas del país, no deja de ser una de tantas reformas que anhela toda una sociedad, como pieza fundamental para llevar a cabo la erradicación de la pobreza y la desigualdad, dando un valor primordial a la función social de la tierra. Garantizar los derechos de los trabajadores del campo implica defender su dignidad y contribuye a un sistema social justo, en el que convivan la lucha contra la distribución desigual y la preocupación por el bien común, la idea de que la justicia equivale a la paz y la concienciación de esta realidad en los individuos. CONCLUSIÓN: HACIA UNA NATURALIZACIÓN DE LA POBREZA El Programa Nacional de los Derechos Humanos de 1998 reconoce lo siguiente: Los derechos inscritos en esa declaración constituyen un conjunto indisociable e interdependiente de los derechos individuales y colectivos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, sin los cuales la dignidad de la persona humana no se realiza por completo.180 Conforme a este principio se podría decir que la dignidad humana no goza de un estado de privilegio en Brasil. Un Estado, pese a quien le pese, marcado por la injusticia en todos los ámbitos del país y en los problemas estructurales asociados a la concentración de tierra, el desempleo, el hambre, las dificultades para el acceso a la tierra por falta de una reforma agraria que no responda a los intereses de los grandes propietarios, la educación y la salud. Todo ello bañado con el tinte de la violencia, evidencia la necesidad de fuertes políticas públicas en las que parezca algo más cercano el postulado teórico de que los derechos humanos son derechos de todos, es decir, universales. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), y los resultados del Censo Agropecuario relativos al año 2006, la propiedad de la tierra en Brasil continúa concentrándose cada vez más. Los datos, como retrato estadístico de la realidad agraria brasileña, analizada a través de la visita de los encuestadores a todas las propiedades rurales del país, muestran que ha disminuido el número de propiedades con menos de 10 hectáreas, por lo que, al tratarse de espacios de los campesinos pobres (cerca de 2,5 millones de familias) se puede entender que ha habido un mínimo avance. Sin embargo, la explicación es que la superficie ocupada por estas propiedades se redujo de 9,9 millones de hectáreas a apenas 7,7 millones, representando tan solo el 2,7% de la superficie total de las tierras del censo, mientras que 31 899 terratenientes poseen 48 millones de hectáreas en propiedades superiores a 1000 hectáreas y otros 15 012 terratenientes con propiedades superiores a 2500 hectáreas, que totalizan 98 millones de hectáreas. Estos datos, comentados en la prensa del momento y debatidos por especialistas, conscientes de la problemática real del país y del eco social, mostraban que los terratenientes del agronegocio, 180 Ministerio da Justiça (1998: 64-65). José Antonio Mérida Donoso 138 139 con menos del 1% de las propiedades rurales, controlaban el 46% de la superficie total de las tierras del censo. Por otra parte, estos datos evidenciaban que Brasil superaba a Paraguay en el proceso de concentración, pasando a obtener el “desgraciado título” de ser el país con mayor concentración de la propiedad rural. Cabe apostillar que, además, en este último proceso la producción también se ha concentrado y diferenciado. En efecto, la gran propiedad del agronegocio se ha especializado en productos para la exportación, como el maíz, la caña de azúcar y la soja. Así, estos tres productos agrícolas utilizaban 32 millones de hectáreas, mientras que los principales alimentos de la dieta brasileña ocupaban apenas 7 millones de hectáreas para plantar arroz, frijoles, mandioca y trigo. A su vez, conforme pasa el tiempo, la agricultura capitalista del agronegocio depende cada vez más del capital financiero y de las empresas transnacionales, mientras que se posiciona frente a una agricultura familiar que produce comida, y para el mercado interno. El agronegocio se vincula y gesta a través del mercado externo, lo cual explica la lucha por el control de las grandes empresas transnacionales. Ellas son en la actualidad las que controlan el mercado y los precios, de tal modo que las 20 mayores empresas agrícolas representaban un PIB de 112 000 millones de dólares en el año 2007. Es decir, prácticamente toda la producción del agronegocio está controlada por tan solo 20 grandes empresas. Finalmente, este mismo censo proporcionaba también un retrato de la realidad social del medio rural, poniendo en evidencia que cerca del 35% de todos los hombres adultos y el 45% de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural no saben leer ni escribir, mientras que apenas un 7% de la población rural ha finalizado la enseñanza obligatoria. Desde esta perspectiva, la reforma agraria no puede ser entendida como “una panacea”, pues parece ser insuficiente para resolver los problemas del país. Sin embargo, la necesidad histórica de la reforma tiene que incluirse desde una óptica no de combate contra la pobreza, sino como superación de la misma. La injusticia social parece ser una constante incapaz ya de ser vencida, inherente a un sistema impuesto cada vez más fuerte. En este sentido, la educación juega un papel fundamental, ya que en esencia tiene como fin el desarrollo integral de la persona; por eso, en teoría se proporcionan, además de conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas situaciones. Sin embargo, es desde aquí desde donde, de una manera más o menos tendenciosa, se puede controlar el espíritu crítico moderado del ciudadano, del mismo modo que tiende a pasar con los medios de comunicación aparentemente críticos, que se conforman con denunciar los casos puntuales, sin realizar un estudio más amplio de la problemática coyuntural. Esa reflexión, vinculada a la educación y a los movimientos sociales críticos con la realidad, cuestiona que muchas de las políticas que intentan una mayor reestructuración social tienden a presentarse como “medidas paliativas” que no medidas estructurales que abordan de pleno la problemática de concentración de la tierra, algo quizá inviable en ese universo de intereses encontrados por las distintas capas sociales. Precisamente por esa creencia se hace necesario desarrollar una concepción, una formulación y un mayor esfuerzo crítico sobre las posibilidades de un futuro distinto que reflexionen sobre los caminos que nos han conducido a la realidad presente. Los datos del censo de 2007 revelaban las graves consecuencias que el modelo del capital financiero y de las transnacionales han impuesto a la agricultura brasileña Anales de la Fundación Joaquín Costa 140 en los últimos años, incrementándose la dicotomía entre grande y pequeña producción, si bien ahora matizada con nuevas pero no distintas realidades: el modelo del agronegocio y la agricultura familiar. Ante esta situación se han intentado adoptar distintas “medidas paliativas” como las políticas públicas del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), con Bolsa Familia o Luz para Todos. Sin embargo, estas has sido claramente insuficientes y en absoluto han corregido las graves distorsiones económicas y sociales, resultantes de la concentración de la tierra y de la producción. Centrándonos en nuestra investigación, a pesar de que la historia brasileña atestigua que la pobreza y la desigualdad social nunca se configuraron como una cuestión social, actualmente se vive un proceso de naturalización de la pobreza que hoy se certifica incluso cuando se refiere a la desigualdad social y viene acompañado del desplazamiento de su lugar en lo social, perdiendo su condición de fenómeno social y, por tanto, de cuestión social, abstrayéndose su dimensión política. Por otro lado, la pérdida de esa dimensión social, como relación entre personas pobres y no pobres y, por tanto, de su percepción como un fenómeno más complejo que envuelve toda una red social, es generada ante el error de entender que el problema actual de la pobreza está únicamente relacionado con el acceso a la renta. En la bibliografía consultada para este trabajo se ha notado precisamente la inclinación de los autores a particularizar el problema de la pobreza con el acceso a la renta, advirtiendo la ausencia de una necesaria contextualización que, más allá de la renta y de las condiciones mínimas de supervivencia (a pesar de tener una relación directa), vincule la pobreza con el propio mercado. Así se impone una lógica desesperanzadora, al entender la desigualdad como algo consustancial con el propio mercado, por lo que la pobreza pasa a ser un fenómeno natural, y, por tanto, justifica un posicionamiento caritativo por parte del Estado. Como la pobreza es un hecho natural, tan solo son posibles intervenciones puntuales que permitan, en la medida de lo posible, aliviar la situación actual de las personas pobres, absteniéndose siquiera de cuestionarse el verdadero trasfondo que subyace en el sistema. Así, en vez de intentar cambiar ese sistema que permite la desigualdad social y abordar realmente el problema de la propia magnitud de la pobreza, esta continúa incrementándose, al margen del contenido teórico de una ética de los derechos humanos que, no pudiendo interponerse en el sistema ya generado, sirve muchas veces, como mero componente retórico que utiliza la clase dirigente.181 Esto provoca, por una parte, que las personas pobres sean transformadas 181 Obviamente, esta afirmación tiene que ser entendida en su contexto. No se está cuestionando el valor del reconocimiento de los derechos humanos, sino el no cumplimiento de los mismos. Del mismo modo no se critica la labor de instituciones y ONG tan importantes y necesarias como Amnistía Internacional, verdadero enclave que ejemplifica las posibilidades que se tienen de trabajar con este marco teórico, desde que allá en 1961 el abogado británico Peter Benenson la fundara. Este problema conlleva, por otra parte, la desvalorización de los derechos humanos, al ser utilizados como arma política, circunscribiéndose su realidad al plano teórico y no al práctico. Por ello la actualidad y la urgencia de una verdadera política de reforma agraria ha gestado el nacimiento de movimientos que se inscriben en la defensa de estos derechos. Desde ellos se pretende abordar reformas que no consistan una vez más en apenas distribuir tierras tal como hizo el capitalismo industrial clásico, sino un proceso de reestructuración y democratización amplio, de acceso a la tierra y de reorganización de la producción para el abastecimiento del mercado interno con alimentos saludables, respetando el medio ambiente. Sin embargo, en este entuerto, derecho positivo y derechos humanos, en teoría grandes aliados, se presentan de manera paralela, sin toparse muchas veces un punto de encuentro práctico. A pesar de que José Antonio Mérida Donoso 140 141 no en ciudadanos, sino en personas auxiliadas, o si se prefiere en un lenguaje más pérfido, “dependientes”, sin ningún tipo de garantía que les asegure una permanencia en los límites de supervivencia en los que se mantienen. Por otra, se da paso a la confusión del propio mercado con la sociedad, refortaleciendo la esfera pública mientras se acentúa la responsabilidad de la sociedad, ya no de manera abstracta, sino concretada en ese “tercer sector” nunca definido.182 Puede decirse, pues, que, a pesar del papel que juega la sociedad sobre este particular o del presupuesto teórico que implican las reivindicaciones, puestas tan en boga por los nuevos movimientos sociales aparecidos en el siglo xx, las barreras a superar parecen ciertamente escarpadas y elevadas. Las ideologías que pregonan la posibilidad de otro mundo implican (al margen del grado de coherencia o compromiso real que puedan tener algunos de sus componentes) una transformación que empieza por lo personal, dentro del entorno que envuelve a cada individuo. Los movimientos ciudadanos y rurales que nacen bajo la aureola de la premisa de que “el Estado no puede (ni debe) hacerlo todo”, de alguna manera subrayan la crítica al discurso conservador que desplaza a la sociedad al abismo de la culpabilidad, y replantean cuestiones estructurales acerca de esa violencia que se impone como un lenguaje cuyas “normas gramaticales”, cabe decirlo, comienzan siendo impuestas desde arriba. Así al Estado, que considera natural la pobreza y la injusticia social, no se le acusa de negligente para con los teóricos deberes que debería garantizar. En modelos que aunaran ciertamente, de manera real, la lucha por una ética universal laica, propia de los derechos humanos, la inercia de no hacer nada (y, por tanto, permitir y consolidar esa permisibilidad) se rompería, entendiendo que a día de hoy, bajo el imperio expoliador del mercado, no hacer nada es una decisión altamente politizada y marcada de significado, que se ampara en la imposición cada vez más gestada, de la idea de una globalización inevitable, articulada sobre la naturalización de la desigualdad social. Dicho de otra forma, con la eclosión de la globalización parece haberse vendido la idea de que toda globalización implica una mayor desigualdad social y, por ende, más que una cercanía entre iguales, lo que se gesta es una mayor divergencia. Desde esta perspectiva, es al Estado a quien compete paliar la tensión permanente entre “el principio de igualdad, inherente al concepto de ciudadanía y la desigualdad propia de una sociedad de clases”, pero como parece anulado en su pretendido objetivo primigenio, será el ciudadano quien deberá concienciarse y posicionarse en el conflicto existente.183 En efecto, si el Estado no solo no actúa, sino que se sustenta sobre esta premisa, es la acción del ciudadano (acción, cabe decirlo, siempre necesariamente presente precisamente para combatir la violencia estructural) la única alternativa posible. En el caso que nos atañe, esta cuestión adquiere aspectos críticos en el medio rural, reflejándose en la propia amplitud de las diversas luchas en el el Gobierno y las diversas instituciones que actúan en el poder puedan ser conscientes del dramatismo de los datos, que entre otras cosas pueden indicar una contrarreforma agraria, un proceso de mayor concentración de la propiedad y de la producción en las manos de apenas un 1% de los terratenientes capitalistas subordinados a los bancos y a las empresas transnacionales, las estructuras ya formadas generan apariencia de inmovilidad, enraizándose en la propia estructura del Estado. 182 Interesantes a este respecto son las ideas vertidas por Mendoça y Souto de Oliveira (2001). 183 Weffort (1981). Anales de la Fundación Joaquín Costa 142 campo acaecidas a lo largo de la historia, así como en el “carácter explosivo” que algunas veces asumen.184 El cambio producido en las últimas décadas en la economía y la sociedad brasileñas a través de la industrialización, la creciente urbanización y la transformación o modernización en los procesos productivos tanto en el campo como en la ciudad, provocó un incremento de la marginalización, que conllevó expulsiones del campo, migraciones, éxodo rural, incremento de la urbanización no paralela a la creación de puestos de trabajo y, en suma, toda una serie de situaciones miserables. Junto con ellos, gran parte de la población que consiguió integrarse permanecía bajo unas condiciones mínimas, tanto laborales como salariales. En este contexto de injusticia social, las manifestaciones de violencia en el campo pueden ser entendidas en una doble objetivación: — Una manifestación trágica de exclusión, que adopta nuevas estrategias. En este sentido, ante la certeza de la impunidad existente, se usa la violencia, incluso en ocasiones en lugares con gran afluencia de personas, sin preocuparse por dejar testimonios. Esta realidad responde a que, pese al elevado número de muertos provocados por la lucha por la tierra, los incidentes tienen escasa cobertura informativa, entre otras razones porque se registran en lugares remotos de difícil acceso. Precisamente, por ese mismo motivo, es habitual que los detalles nunca se aclaren por completo. — Una manera de amedrentar el ánimo de las voces disconformes con el sistema impuesto.185 Este punto a su vez se relaciona con el primero ya que, ante la impunidad, pueden ejercitar todo tipo de presión —incluso el asesinato— sin miedo a consecuencias penales. En nuestros días, Brasil convive con un crecimiento económico y los grandes eventos deportivos que acogerá en poco tiempo, en espera de que en esta década esta idiosincrasia contribuya a duplicar sus resultados turísticos. El Gobierno esperaba que entre 2011 y 2014 la economía brasileña creciera a un ritmo del 5,8% anual. “El Mundial 2014 y las Olimpiadas 2016 van a dar a Brasil una proyección mundial y el turismo va a aprovechar todo eso para que el país sea más conocido en el exterior y, por tanto, más visitado”, señalaba Jeanine Pires, directora de “Brasil 2016”, la entidad creada para organizar los Juegos Olímpicos de Río 2016.186 Por su parte, el Gobierno brasileño lanzó en 2009 el Plan Aquarela 2020, que tiene como objetivo sacar el máximo provecho turístico del Mundial y de los Juegos Olímpicos para duplicar en una década el número de visitantes extranjeros y aumentar en más de un 300% la entrada de divisas por este medio. De esta forma Brasil esperaba recibir hasta finales de 2010 alrededor de 5,2 millones de visitantes extranjeros y aumentaba esta cifra hasta los 11,1 millones en 2020. Durante el Mundial de Fútbol, Brasil recibió conforme a lo que esperaba, aproximadamente 500 000 turistas extranjeros. Según el plan de Embratur (la organización del Gobierno brasileño responsable de la promoción y el marketing turístico de Brasil en el mercado internacional), se esperaba que el 25% de ellos aprovechara para viajar y conocer el país. La derrota y la eliminación de Brasil 184 A este respecto, consúltese el trabajo realizado para el DEA, Una perspectiva sobre el MST como nuevo movimiento social desde el campo de los derechos humanos. 185 Almeida (1988). 186 El Economista, 13/9/2010, “Brasil espera recibir 5,2 millones de turistas en 2010 y llegar a los 11,1 en 2020”. José Antonio Mérida Donoso 142 143 ante Alemania provocó tal estado de frustración que se preveía una influencia decisiva de este hecho en las elecciones de octubre. Este estado de frustración entronca con las protestas por las inversiones económicas realizadas al margen de la equidad social, beneficiando económicamente a una minoría, tal y como han manifestado numerosos movimientos sociales, entre ellos el MST. La escalada de violencia y de desórdenes públicos en muchas de las principales ciudades tras la derrota de Brasil, por banal que parezca, no deja de asentarse en un clima de malestar general ante el engaño edulcorado de los acontecimientos internacionales, que han denunciado distintos movimientos sociales. Sin embargo, las manifestaciones y protestas que sacudieron al país en la Copa Confederaciones fueron en gran parte desactivadas, ya fuese por las promesas que entonces hicieron los gobernantes sobre una mayor transparencia y mejoras de la gestión pública, al margen de que fueran incumplidas, ya por una política de persuasión y de propaganda sobre la violencia en las protestas.187 En cualquier caso, las protestas exigían mejores servicios públicos ante la gran cantidad de recursos invertidos en la Copa Mundial, en menoscabo del funcionamien to de los servicios básicos y el incremento de los precios. A día de hoy, mientras el incremento del desempleo en Brasil (hasta un 8%) sigue al alza junto con la inflación que estrangula a la clase media, Dilma Rousseff se ahoga en su impeachment y fin de mandato. Mientras las reformas económicas del Gobierno del conservador Michel Temer continúan en la actualidad, un año después de la polémica destitución de Dilma Rousseff, Temer solo cuenta con la aprobación del 5% de los ciudadanos, según una encuesta reciente de Vox Populi. Su empeño en remontar la economía topa cada día con nuevas acusaciones de corrupción que evidencian constantemente su ya de antemano escasa credibilidad, sin contar que para mucha parte de la población, Temer es un golpista sin ningún tipo de legitimidad. Mientras, por un lado, el Tribunal de Cuentas brasileño analiza si la mandataria cometió fraude fiscal en su balance de 2014, lo cual de demostrarse podría —o al menos debería— costarle el cargo y, por otro, el Tribunal Supremo Electoral evalúa a petición de opositores del PSDB si Rousseff recibió dinero ilegal procedente de Petrobrás en su última campaña electoral. Como se sabe, en octubre de 2017 habrá elecciones presidenciales en medio de un clima en el que la ciudadanía no parece tener ningún punto de apoyo en un contexto en el que la justicia difícilmente habrá condenado a los responsables y cerrado la causa de quienes hoy son acusados genéricamente, sin evidencias palpables. Esta situación permite que haya perspectivas que rechacen lo existente, si bien no para apoyar una justicia social sino todo lo contrario, desde el punto de vista populista que enmascaran un sórdido interés por lucrarse. Así este caldo de cultivo ha dado cabida a diversos agentes de ideología extremista, que se vinculan a un descarnado capitalismo. Esto explicaría que el domingo 30 de abril de 2017 una encuesta del Instituto DataFolha mostrara que Jair Bolsonaro, el diputado federal del PSC, partido “dueño” de la Funai, disputara el segundo lugar en las elecciones presidenciales en la preferencia de los electores, quienes ansiosos por cambiar Brasil caen en las redes del extremismo. Merece la pena recordar que Bolsonaro es un personaje amigo del autoritarismo, que exalta la dictadura militar (1964-1985) y que 187 Antes del Mundial las encuestas mostraban que así como el apoyo de los brasileños al Mundial caía, también lo hizo el respaldo a las protestas, que pasó del 81% en junio al 52% en febrero, según la firma DataFolha, tal y como recogía Gerardo Lissardy en la BBC en su artículo “¿Por qué se desinflan las protestas en Brasil?” (17/6/ 2014). Anales de la Fundación Joaquín Costa 144 habiendo sido acusado de incitación al crimen y de violación, hace bandera de su homofobia. Blanco de la Fiscalía por discriminación racial, se burla, además, de los indígenas —sin saber, probablemente, que en Brasil, quien más quien menos, tiene un pasado indígena—, y no ha dudado en manifestar que la tortura puede ser una práctica legítima.188 Con estos antecedentes, no es de extrañar que durante su voto a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro homenajease al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, un agente torturador de la dictadura militar de Brasil, evidenciando su vinculación con la extrema derecha.189 Por su parte, si el impeachment fue una ruptura del marco legislativo en la medida en que sacó a Dilma Rousseff y al PT del poder alcanzado en las elecciones, el Gobierno Temer representa la aceleración del desmantelamiento de los derechos aprobados. En la actualidad, con un Gobierno con ocho ministros investigados por el caso Lava Jato y un presidente acusado por el ejecutivo de una empresa de construcción de negociar un soborno de 40 millones de dólares, la corrupción política supone el pilar sobre el que fundamentar el menoscabo de los derechos, que van menguando día a día. Ante este escenario, el viernes 28 de abril de 2017 gran parte de Brasil paró en una huelga general contra las reformas económicas que se intentan imponer en el país a favor del capital y el poder empresarial y, en especial, la reforma laboral y la propuesta de reforma del sistema de pensiones que se tramita en el Congreso Nacional. Más allá de las reivindicaciones que ponen de manifiesto el activismo de los movimientos sociales, han vuelto a proliferar alianzas con partidos políticos, realidad que en sí tiene múltiples respuestas. Primeramente, parece evidente que los movimientos sociales necesitan de una estructura formal con la cual expresen sus necesidades y esto lo aporta el partido. Dicho de otra manera, la representación ante el Congreso de las demandas e ideas de un movimiento solo se logra por medio de una alianza con un partido. De ahí que el MST busque su alianza con el PT. Así las cosas, recientemente los líderes del PT, PSOL y PC junto con representantes del Movimiento Sin Tierra y los sindicatos crearon en São Paulo el Grupo Brasil, un nuevo frente que tiene como objetivo fortalecer a los partidos de izquierda en el país. El MST volvía así a unirse a partidos políticos con el fin de defender las conquistas sociales y dar fuerza y unidad popular al Movimiento. No en balde, los medios de comunicación ponen el énfasis en cómo la iniciativa ha surgido de los movimientos sociales y los sindicatos, en su afán por revelar cómo, al margen de las diferencias, la preocupación de las fuerzas sociales y los partidos tienen más puntos en común que divergentes, uniéndose en torno a la idea de la defensa de los logros sociales.190 Sin embargo, estos logros son evidentemente insuficientes y la reforma agraria sigue esperando. Cabría preguntarse si el MST hace bien en posicionarse políticamente, más cuando actualmente, junto con la frecuente presencia de más de una esfera gubernamental en el desarrollo de una misma política, se evidencia la participación de actores no gubernamentales. Así, 188 James Brooke, “Conversations/Jair Bolsonaro; A Soldier Turned Politician Wants To Give Brazil Back to Army Rule”, The New York Times, 25/7/1993. 189 Jonathan Watts, “Dilma Rousseff: Brazilian congress votes to impeach president”, The Guardian, 18/4/2016. 190 “Izquierda brasileña se une contra el conservadurismo”, Tesis 11, 30/6/2015. Disponible en http://www.tesis11.org.ar/ izquierdabrasilena/#more-7810. José Antonio Mérida Donoso 144 145 movimientos como el MST buscan involucrarse en la gestión de las políticas públicas, es decir, procuran participar directamente en su formulación, demandando soluciones al Estado en la resolución de los problemas sociales. Obstáculos agravados u originados por en gran parte por las llamadas “reformas de mercado” producidas durante los años noventa, pero muchas veces amparadas por el mismo Estado. Puesto que las contradicciones y las paradojas que la desigualdad genera desde el capitalismo no producen solo riqueza y pobreza sino también conflicto, los movimientos sociales como el MST intentan mantener su autonomía priorizando como estrategia la acción colectiva que surge de la movilización masiva. Si bien en algunos momentos, tal y como se ha indicado, el MST, sin menoscabo de esta premisa, se ha acercado a algunos actores políticos para intentar participar dentro del sistema político por la vía institucional / electoral y así implementar medidas que promuevan la consolidación de la democracia y favorezcan el desarrollo y la equidad social. En este sentido, no es de extrañar que el MST atestigüe cambios en el abordaje de la problemática agraria en los últimos años. La búsqueda del desarrollo rural en el siglo xxi se ha vuelto más compleja, excediendo ampliamente los límites de lo agrícola, para encauzarse como una lucha entre dos modelos agrícolas antagónicos. Me refiero a la agroecología, una propuesta de equidad social, de reducción de la pobreza y de sostenibilidad (económica, social y ambiental) que busca la efectiva capacidad de los habitantes del campo de ejercer su ciudadanía frente al agronegocio. Este tipo de abordaje, al ser más integral, implica según ciertos agentes o actores sociales la obligación de hacer confluir esfuerzos desde lo público y lo privado. Como hemos visto a lo largo de este artículo, hemos podido apreciar la necesidad de una política pública que incluya mecanismos de coordinación e incentivos financieros para facilitar la interacción entre diversos actores como el MST. El análisis realizado de la lucha por la reforma agraria desde una perspectiva diacrónica y sincrónica pone de manifiesto la violencia que supone la propiedad de la tierra, la renta y la reproducción capitalista propias de la estructura fundiaria. Los procesos de expropiación de los campesinos y asalariados por diversos medios no dejan otra opción que la sumisión o la lucha por la reforma agraria. Una perspectiva que no solo se circunscribe en la cuestión de la tierra, sino que apela a las propias formas de producción y organización del trabajo, los modelos de desarrollo de la industria agropecuaria y sus patrones tecnológicos, y la necesidad de anteponer la seguridad alimentaria, principios de equidad y justicia social y el respeto al medio ambiente, a la ganancia y la especulación por parte de las grandes empresas. En este sentido, el desarrollo político y económico no impide el desarrollo de conflictos, ya que implica el enfrentamiento no solo de ideologías, sino de realidades sociales y modelos de desarrollo distintos. El MST cumple así una función de manifestación de la lucha popular que no puede ser “reprimido” sino resuelto, ya que la dicotomía conflictual no desaparece por mucha presión que se ejerza sobre ella al mantenerse en la estructura de la sociedad, resurgiendo constantemente. Es más, el pacto y la tregua tan solo silenciarán la realidad momentáneamente o postergará lo inevitable, ya que la disputa por la tierra no desaparecerá. Con este telón de fondo dicotómico, se pone de manifiesto otra dualidad, la del país legal y la del país real, la interpretación entre lo público y lo privado y, en suma, la capacidad de las clases dominantes y del Estado para simular unos conflictos. El gran desafío permanece: garantizar una ciudadanía que no entienda de adjetivos, una ciudadanía en la que se incluyan todas las personas, donde la democracia pueda ser vista desde una óptica nueva, no Anales de la Fundación Joaquín Costa 152 ricana, 19, pp. 325-341, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/19/pr/pr20.pdf [consulta: 1/10/2007]. Haaland Matlary, Janne (2008), Derechos humanos depredados, Madrid, Ediciones Cristiandad. Habermas, Jürgen (1996), Droit et démocratie: entre faits et normes, París, Gallimard. Lafer, Celso (1988), A reconstrução dos direitos humanos um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, São Paulo, Companhia das Letras. — (1994), “A mentira: um capítulo das relações entre ética e política”, en Desafios: ética e política, São Paulo, Editora Siciliano. — (1995), Desafios: ética e política, São Paulo, Editora Siciliano. 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Disponible en https://www.theguardian.com/world/2016/apr/18/dilma-rousseff-congressimpeach-brazilian-president. ANEXO Carta del MST (ante las inmediatas elecciones) Ante las próximas elecciones, se cree interesante dejar plasmado como documento que recoge las intenciones del MST, la carta enviada desde la coordinadora nacional del movimiento a los candidatos y candidatas a la Presidencia de Brasil y a gobiernos de los estados. “Queremos contribuir permanentemente en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraternal”. Los periodos electorales deben ser momentos de debate sobre los grandes temas estructurales de la sociedad brasileña, apuntando a la naturaleza de nuestros problemas y las soluciones necesarias. Durante treinta años, el MST ha contribuido a la democratización de la tierra, a través de la lucha por la reforma agraria. En febrero de 2014, celebramos nuestro VI Congreso, con la aprobación de nuestro Programa Agrícola en la defensa de la Reforma Agraria Popular. Luchamos por los cambios en la relación con los bienes de la naturaleza, en la producción de alimentos y las relaciones sociales en el campo. Queremos contribuir permanentemente en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraternal. La tierra tiene que democratizarse y cumplir con su función social. El campo debe ser un espacio bueno para vivir, donde las personas tengan el respeto de sus derechos, como garantía de unas condiciones dignas de vida. Luchamos y exigimos una política efectiva, estructurante y masiva de Reforma Agraria Popular, indispensable para la permanencia de las familias en el campo, con producción y distribución de la riqueza. Exigimos la actualización inmediata de los índices de productividad prevista en la legislación brasileña, que permita el acceso a la tierra a miles de familias. Necesitamos la implementación de un Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA), con metas de familias a ser asentadas y el establecimiento de prioridades por regiones. Recuperación de tierras a través de la expropiación de los latifundios, recuperación de las tierras ocupadas ilegalmente —de la Unión y de las tierras baldías invadidas por el capital bancario especulativo, principalmente el agronegocio y las transnacionales—, así como las haciendas con deudas en los bancos públicos, agencias gubernamentales y áreas identificadas con trabajo esclavo y que no cumplen con la función social. José Antonio Mérida Donoso 156 157 Reclamamos el asentamiento inmediato de más de 120 000 familias que están viviendo en condiciones precarias en centenares de campamentos dispersos por todo el país. Asignación de tierras en proyectos de riego y en torno a los canales de transposición para la reforma agraria. El fortalecimiento y la reorganización del INCRA, como órgano encargado de la reforma agraria en el país, con condiciones de ejecución. Nos sumamos a las luchas y demandas de las otras fuerzas en el campo para la demarcación y legalización inmediata de todas las áreas indígenas y quilombolas y de la posesión de los pueblos ribereños, pescadores y comunidades tradicionales como establece la Constitución Federal. La no realización de la reforma agraria exacerba los conflictos en el campo: demandamos justicia y castigo a los autores intelectuales y a los asesinos de trabajadores y trabajadoras en el campo. La agricultura brasileña debe dar prioridad a la producción de alimentos sanos, como un derecho humano y como principio de la soberanía alimentaria. La comida no puede ser mercancía, fuente de explotación, de lucro y de especulación. Para eso, exigimos políticas públicas que garanticen condiciones para la producción agroecológica, sin agrotóxicos, con calidad, diversidad y baratos para toda la población brasileña. El fomento y la garantía de producción, la selección y el almacenamiento de las semillas por los propios campesinos, combatiendo así la producción y comercialización de semillas transgénicas. Estamos en contra de las leyes de patentes y la privatización de nuestras semillas. Reanudar y garantizar los instrumentos de compra de todos los alimentos producidos por la agricultura campesina, para atender escuelas, sistema de salud, de seguridad y universidades, al instar el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). La educación es un derecho fundamental de todas las personas y debe ser atendido en el propio lugar donde ellas viven, respetando el conjunto de sus necesidades humanas y sociales. Necesitamos que todas las áreas de asentamientos y campamentos tengan su propia escuela, con las condiciones necesarias para su funcionamiento. No aceptamos el cierre de ninguna escuela del campo y exigimos la implementación de un programa masivo para erradicar el analfabetismo. Luchamos por la defensa, universalización, ampliación de recursos y el acceso efectivo al Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA), asegurando que los jóvenes y adultos que viven en el campo puedan avanzar en la escolarización. El asentamiento es nuestro territorio de lucha, producción, reproducción y garantía de nuestra vida, lugar de defensa y construcción de un modelo de agricultura, con la producción de alimentos y acceso a los bienes sociales y culturales. Para ello, es necesario garantizar condiciones dignas de vida a las poblaciones campesinas y urbanas, para producir una nueva sociabilidad. Exigimos políticas de protección de los bienes de la naturaleza, de aguas y fuentes, asegurando que todas las familias campesinas tengan acceso al agua potable y de calidad con un saneamiento básico. Rechazamos el proceso de privatización del agua. La implementación de un programa de vivienda popular en el campo, que garantice el acceso rápido y sin burocracia, para eliminar el déficit actual de más de un millón de viviendas en el campo. La ampliación e implementación del acceso a la agroindustrialización, con la consolidación de un programa nacional, a partir de las cooperativas de los trabajadores y trabajadoras, en forma desburocratizada. Asegurar el desarrollo de tecnologías apropiadas a la realidad de las comunidades campesinas con el desarrollo de programas de maquinaria y equipamientos agrícolas. Es urgente la reorganización del sistema público de Asistencia Técnica y Extensión Rural, para orientarlo y subordinarlo a las necesidades y objetivos de los campesinos y campesinas, sumando a un programa Anales de la Fundación Joaquín Costa 158 de crédito rural que contribuya a la estructuración del conjunto de toda la unidad productiva y sus diferentes sistemas de producción, estimulando y fortaleciendo el cooperativismo, la comercialización y la industrialización de la producción. Reclamamos la garantía de los derechos laborales y la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras del campo y asalariados. Es necesario el compromiso de todos y todas para la realización de amplias reformas, principalmente en la política, que democraticen las instituciones y devuelvan al pueblo el derecho de elegir a sus representantes. Y para ello exigimos la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana y exclusiva, en el año 2015. Estos son algunos de los cambios urgentes y necesarios, para mejorar las condiciones de vida y de ingresos en el campo, que todos los gobernantes electos deben implementar. Reafirmamos nuestra voluntad de luchar de manera permanente por la defensa y construcción de la Reforma Agraria Popular y de la Transformación Social. São Paulo, 8, 2014. Coordinación Nacional del MST.