La población inmigrante en Castilla y León

1 IIP 2/02 Informe a Iniciativa Propia sobre Población Inmigrante en Castilla y León Sesión de aprobación Pleno ordinario 1 de marzo de 2002 2 DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO REGIONAL Y DE LA MIGRACIÓN EXTERIOR Castilla y León posee en estos momentos una densidad de población tres veces inferior al promedio nacional, apenas 26 habitantes por kilómetro cuadrado, con amplias zonas por debajo del umbral de despoblación (menos de 5 hab./km2) que afectan a la casi totalidad de la provincia de Soria, Norte de Burgos y Palencia y franja occidental de Salamanca y Zamora. El número de sus habitantes ha descendido de forma continua desde 1950, consecuencia primero de la emigración hacia regiones de mayor dinamismo económico y posteriormente, desde los años setenta, de una caída drástica de la natalidad, hasta situarse en un crecimiento natural de signo negativo que afecta a todas sus provincias. La tasa de natalidad en 1999 era del 6,95 por mil (9,40 en España) y la de mortalidad ascendía al 10 por mil, un punto superior a la media. Las consecuencias de tal dinámica recesiva son el extremo envejecimiento de su población y la despoblación del mundo rural, frente a la concentración en los núcleos urbanos y centros comarcales de servicios. El porcentaje de mayores de 65 años es superior al 20% del total de habitantes (22,7% en el año 2001), cinco puntos por encima del promedio nacional, mientras los jóvenes menores de 16 años representan sólo el 13% de la población. Con estos datos, el índice de envejecimiento o número de ancianos por cada joven es de los mayores de España (1,7 en el 2001). Las pirámides de edad más envejecidas corresponden a las provincias de Soria, Zamora y Ávila, afectadas con mayor intensidad por la emigración entre los años cincuenta y setenta. Los contrastes entre el mundo urbano y rural son cada día mayores, con porcentajes de ancianos que duplican en el campo a los existentes en las ciudades. En el conjunto de municipios de menos de 2.000 habitantes dominan hoy día los grupos de edad de 65 a 80 años, con extensas generaciones huecas entre los 40 y los 59 años, a la par que los escalones inferiores a 30 años pierden efectivos de forma constante. Por el contrario, en las ciudades las generaciones más cuantiosas tienen ahora entre 20 y 50 años de edad, aunque desde 1986 se está reduciendo el número de menores de 16 años. Solamente los núcleos rurales más próximos a las ciudades, beneficiados por la dinámica periurbana, han ganado población y experimentado un rejuvenecimiento. Los desequilibrios campo-ciudad se extienden también a la composición por sexos, mostrando una acentuada masculinización de los núcleos rurales de menor entidad, al haber emigrado las mujeres a las capitales y centros de servicios en busca de trabajo. Esta descompensación es todavía mayor si analizamos los grupos en edad fértil (15 a 49 años), que en el medio rural muestran la presencia de 124 hombres por cada 100 mujeres, cuando en el conjunto regional la proporción es 105 a 100. Aparte del consabido problema del pago de pensiones y jubilaciones que conlleva el fenómeno del envejecimiento, es preciso insistir en el incremento de las necesidades asistenciales, difíciles de evaluar pero cubiertas de forma muy fragmentaria. Un 37% de los ancianos presentan discapacidades de algún tipo y, en el mejor de los supuestos, solamente una quinta parte de ellos se benefician de asistencia externa o se encuentran en residencias. Nos encontramos con una tercera Edad cada día más numerosa, frente a una ayuda familiar en retroceso, pues las mujeres, que 3 tradicionalmente atendían a los ancianos, no pueden compatibilizar esos cuidados con su incorporación al mercado laboral. La asistencia a los mayores pasa por la necesidad de medidas políticas que conlleven una significativa creación de empleo, proporcionado por mano de obra inmigrante, como ya está comenzando a suceder desde hace unos años. Bien mediante la contratación directa, bien por medio de empresas de atención a domicilio, los trabajadores extranjeros están llamados a cubrir parte de este hueco en nuestro mercado laboral. El segundo mayor problema demográfico afecta a la distribución espacial de su población, consecuencia de los reajustes económicos y sus consecuencias en la generación de empleo. Castilla y León profundiza actualmente en su carácter de región periférica en lo económico, con grandes diferencias en su interior. Las transformaciones agrarias expulsaron un numeroso contingente de población originando un éxodo rural universal y generalizado, mientras las ciudades y especialmente, las más industrializadas, concentraban parte de esos efectivos. Sin embargo, el sistema de poblamiento apenas se ha modificado, manteniendo su fragmentación y abundando los núcleos de pequeño tamaño, de entre 500 y 100 habitantes. En el lado opuesto, hay 23 núcleos urbanos que concentran el 54% de la población, pero la trama urbana es frágil y escasa, con una malla laxa de la que solamente destacan las capitales, Ponferrada, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Aunque los flujos migratorios extra regionales han perdido importancia, la evolución de la dinámica natural tomó el relevo, extremando los contrastes entre el mundo urbano y rural. De los 2.248 municipios existentes a principios de los años noventa, 1.997 han perdido población a lo largo de la última década y sólo 238 experimentaron cierto crecimiento. El 75% de las pérdidas se concentran en los municipios rurales y ciudades como Valladolid y Salamanca, mientras quienes más ganan son sus núcleos periurbanos (Laguna de Duero y Santa Marta de Tormes). La esperanza de recuperación demográfica estriba en gran medida en el signo de los saldos migratorios. Los municipios rurales mantienen su pérdidas por emigración, ya muy limitadas por mero agotamiento, pero también los urbanos debido a la crisis de diferentes sectores económicos y a la aparición de un nuevo modelo residencial que desplaza a las familias hacia las áreas periféricas de Valladolid, León, Salamanca, Burgos y Segovia. Junto a la inmigración de retorno, protagonizada por antiguos emigrantes a Madrid, Asturias y Bilbao, estas son las causas que explican el crecimiento de algunos municipios rurales o semiurbanos. Mientras los flujos migratorios internos incrementan la concentración demográfica y modifican el modelo residencial urbano a favor de las periferias, la migración externa ha sufrido una transformación radical desde 1975. Los flujos de salida prácticamente han desaparecido o son insignificantes, aumentando los residentes extranjeros durante el último cuarto del siglo XX, especialmente desde la segunda mitad de los años noventa. A finales de los setenta había 4.000 extranjeros en Castilla y León y hoy día superan los 34.000, tras los procesos extraordinarios de regularización de los años 2000 y 2001. Junto al retorno de españoles jubilados, las cuencas mineras leonesas son las primeras en acoger inmigrantes portugueses y caboverdianos, a quienes se suman durante los últimos años y en toda la Comunidad los marroquíes, búlgaros, colombianos, dominicanos 4 y ecuatorianos, superando cada una de estas nacionalidades el millar de personas. Gracias a ellos el balance migratoria ha cambiado de signo, tornándose positivo desde 1996. Aunque la región sigue siendo un área de baja inmigración, la tendencia señala un claro incremento, siguiendo un ritmo incluso superior al promedio nacional. El aporte foráneo no es todavía suficiente, sin embargo, para compensar las pérdidas demográficas de la región, estimadas en unos 12.000 habitantes anuales de media durante los próximos veinte años. En ausencia de inmigración, Castilla y León verá mermada su población en unos doscientos mil habitantes hasta el año 2025, acentuándose su envejecimiento hasta contar con un 28% de ancianos (tres por cada joven). Los nacimientos también disminuirán, al reducirse el número de mujeres fértiles, sobre todo a partir del 2015. La mano de obra experimentará serios trastornos en su composición por edad y aunque su número apenas variará, cada vez serán más los mayores de 45 años, frente a un mercado laboral que precisará de jóvenes capaces de adaptarse a unos sistemas de producción en continua mutación. En el año 2001 hay 557.000 castellanos y leoneses de 45 a 64 años de edad, pero en el 2025 alcanzarán los 716.000. En cambio los 748.000 que hoy tienen de 25 a 44 años, serán en el futuro solamente 463.000. La propia dinámica interna de la población es incapaz de remediar este posible futuro, pues las mujeres solamente tienen como media un hijo cada una, y aunque el índice sintético de fecundidad aumentase a 1,6 hijos por mujer en edad fértil en los próximos veinticinco años, el número total de nacimientos apenas aumentaría en un par de millares al año. Por el contrario, la mayor esperanza de vida supondrá un incremento en las cifras de ancianos, aumentando con ellos las necesidades asistenciales y de financiación de pensiones y jubilaciones. Se trata de problemas demográficos muy serios, con claras repercusiones sociales, laborales y económicas, que solamente podrían evitarse parcialmente mediante un mayor impulso de la inmigración. LA CRECIENTE INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN Desde mediados de los años ochenta España ha pasado a ser un país receptor de inmigrantes, con el retorno de quienes marcharon a otros países europeos en las décadas anteriores y la llegada de nuevos flujos procedentes de áreas menos desarrolladas o afectadas por serias crisis económicas. Aún así, nuestro país solamente tienen un 2,7% de residentes extranjeros y Castilla y León agrupa únicamente el 3% de ese total. Habiendo perdido más de 800.000 habitantes entre 1960 y 1980 por causa de la emigración, hasta 1986 no tiene lugar una entrada significativa de extranjeros (8.500), que se verá reforzada en los años siguientes, aumentando constantemente el ritmo de llegadas. Con todo, sigue siendo una de las regiones españolas menos favorecidas por este fenómeno y en el proceso de regularización del año 2000 apenas le correspondieron un 1,2% de las solicitudes resueltas en toda España. La evolución del proceso inmigratorio ha sido, no obstante, paralela a la nacional, aunque partiendo de cifras relativas muy inferiores. El aumento del número de residentes extranjeros fue 5 constante pero extremadamente lento entre 1975 y 1986, acelerándose el ritmo hasta 1996 e intensificándose a partir de dicho año. A comienzos de los años ochenta la crisis mundial se deja sentir en nuestro país y desciende el saldo migratorio, aunque manteniéndose en valores positivos. En 1986 el incremento fue notable, un 32,5% en términos relativos (dos mil residentes más), ante las expectativas despertadas por la entrada de España en la Comunidad Europea. En los años siguientes se reducen las llegadas, que vuelven a ascender en 1992 y 1993, gracias a la proyección de la imagen de España en el exterior. Tras una nueva caída en 1994, la región vuelve a tener saldos positivos en su censo de residentes extranjeros, experimentando un salto cuantitativo y cualitativo (10.000 residentes en 1990, 20.000 en 1998, 30.000 a comienzos de 2000, y 35.000 a finales de 2001). León es la única provincia con un censo considerable de extranjeros desde 1975 y sigue concentrando hoy día el mayor número de ellos, pero su evolución es más irregular y está perdiendo peso relativo debido al cierre de explotaciones mineras. En Ávila, Segovia y Soria, las cifras han sido mínimas hasta la segunda mitad de los años noventa, momento a partir del cual el crecimiento es explosivo, en especial en as dos primeras, favorecidas por la cercanía de Madrid, Palencia y Zamora, han tenido una evolución más lenta en este sentido, mientras Salamanca y Valladolid han duplicado el número de residentes extranjeros en apenas cinco años, superando actualmente los cuatro mil, al igual que Burgos, si bien con un crecimiento algo más lento. En cuanto a la nacionalidad de los inmigrantes, la mayor parte de los residentes en la Comunidad, corresponde a países europeos, debido a la aportación portuguesa. Pero los cambios están siendo también muy rápidos en este aspecto. Los europeos eran el 70% del total en 1981 y en 2000 un 58%, frente al incremento de los africanos (4% y 16% en ambos años, respectivamente) y una cierta estabilidad entre americanos (21%) y asiáticos (4-5%). Este último grupo está integrado principalmente por chinos, en todas las ciudades de la región, y pakistaníes concentrados en Bembibre. De entre los hispanoamericanos han pasado a ser dominantes los colombianos, dominicanos, y ecuatorianos, en perjuicio de argentinos y venezolanos, mientras los caboverdianos son sustituidos por marroquíes como nacionalidad africana con mayor presencia en la región. También entre los residentes europeos se ha dado un giro radical, perdiendo importancia franceses, alemanes e ingleses, y ganándola a pasos agigantados, búlgaros, polacos y rumanos. La distribución espacial de estos inmigrantes muestran una exacerbada tendencia a la concentración, como demuestran que en 1999 solamente 22 municipios (el 1% del total) contaban con más de cien extranjeros residentes, sumando entre todos cerca de 11.000 personas (el 67%). Las ciudades de León, Valladolid, Salamanca y Burgos, ocupaban entonces y lo siguen haciendo ahora las primeras posiciones, demostrando asimismo capacidad de atracción algunos municipios urbanos no capitales de provincia, como Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Benavente. Junto a todos ellos, los núcleos mineros de Villablino, Bembibre y, en menos proporción Fabero, Igüeña, Torre del Bierzo y Villagatón, pertenecen asimismo a este grupo. Por último, Fuentes de Oñoro en Salamanca y Briviesca en Burgos, el primero por su cercanía a 6 Portugal, y el segundo por encontrarse en la ruta de los inmigrantes, como Miranda, completan el grupo. El modelo de localización espacial de los inmigrantes, aún conservando las características descritas, ha variado ligeramente en los últimos años como consecuencia de la atracción que poseen algunos centros comarcales e incluso núcleos de menos de dos mil habitantes como centros receptores de mano de obra empleada en labores agrícolas. Así está sucediendo a lo largo de la Ribera del Duero o en Tierra de Pinares, por ejemplo. Los europeos continúan concentrándose, como antes, en las ciudades de mayor entidad, con la excepción de los portugueses, en las cuencas mineras y a lo largo de la franja fronteriza salmantina. Los africanos muestran una mayor dispersión, afincados en ciudades y centros comarcales, salvo los caboverdianos que se concentran en León. Encontramos importantes comunidades de hispanoamericanos en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, así como en Ponferrada, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Benavente, pero menos en Palencia y Soria. Bembibre concentra a los pakistaníes, mientras los chinos se distribuyen entre todas las capitales provinciales. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS INMIGRANTES Y CONDICIONES DE VIDA Las pirámides de población de los residentes extranjeros nos muestran la importancia de los grupos de adultos jóvenes, apenas presencia de mayores de 50 años, y una proporción de menores de veinte en aumento, aunque los niños de menos de cinco años con todavía escasos. En cuanto a su distribución por sexos, dominan las mujeres entre los 25 y 45 años, con un mayor equilibrio en el resto delas edades. Contrata por tanto con las estructuras de la población local, correspondientes a una pirámide en forma de bulbo característica de una población envejecida. Donde la inmigración es un fenómeno más reciente, como sucede en Soria, la proporción de menores de edad es ínfima, aumentando allí donde el asentamiento de familias extranjeras ha sido anterior, caso de León. Las diferencias son sin embargo muy importantes dependiendo de la nacionalidad de los inmigrantes. Los europeos procedentes de países de la Unión muestran pirámides más compactas, con una distribución por sexos equilibrada y mayor presencia de jóvenes. El predominio de los portugueses, con numerosa presencia familiar, marca de forma determinante esta estructura. Pero los residentes originarios de otros países comunitarios (franceses, alemanes, etc.) se concentran en las edades de 25 a 40 años, y al igual que los nuevos aportes llegados de África e Hispanoamérica, se caracterizan por responder al concepto de inmigración de trabajadores, siendo todavía escasa la reagrupación familiar y predominando las personas jóvenes y solteras. Desde Europa del este la inmigración familiar es más importante, con mayor abundancia de parejas formadas por adultos jóvenes con hijos, y una elevada proporción de casados, aunque llegan más hombres que mujeres. Su creciente número (en 2001 ya eran un 30% del total de europeos residentes en la región) está suponiendo un rápido rejuvenecimiento de esta comunidad de nacionalidades. 7 El conjunto hispanoamericano presenta por el contrario una estructura más desequilibrada, predominando las mujeres jóvenes y solteras, si bien son también frecuentes las casadas que llegan con algún hijo pequeño y las madres solteras. Dentro de este colectivo empiezan a ser significativos los matrimonios mixtos con españoles, sobre todo en los casos de colombianas y cubanas. En el futuro es de prever un incremento de esta tendencia, pues aunque en principio la idea que traen es la de retornar a su país, salvo en el caso de las casadas, las demás acaban por permanecer en España. Los africanos representan dos grupos perfectamente diferenciados, integrados por caboverdianos, con una pirámide de población propia de una inmigración familiar en la cual dominan las generaciones de los padres (30 a 50 años de edad) y sus descendientes (5 a 20 años) y el resto, la mayoría morroquíes, varones solteros en edad laboral con apenas presencia de parejas con hijos. Aunque sean pocas, estas familias poseen las mayor fecundidad de entre todos los grupos extranjeros (3 hijos por mujer), por lo que la base de la pirámide es más amplia. Finalmente, los asiáticos constituyen una inmigración de carácter familiar, con presencia equilibrada de todos los grupos de edad en ambos sexos. En cuanto a su nivel de formación, los inmigrantes extranjeros difieren sensiblemente según su lugar de procedencia. En conjunto, un 47% posee estudios primarios, el 32% formación profesional, 6% bachillerato y 13% estudios superiores, no contando con estudios de ningún tipo el 2% restante. Los africanos son los menos cualificados, los latinoamericanos nos suelen tener estudios primarios y en menor medida, secundarios, siendo los europeos orientales los más cualificados, sobre todo en materia de formación profesional. La tendencia más reciente es hacia el incremento en los niveles de formación, siendo mayoría entre los llegados desde el 2000 quienes poseen estudios medios (30%) y formación profesional (11%). El porcentaje de titulados universitarios alcanza un 15%, gracias a los llegados de Ecuador, principalmente, y a los estudiantes universitarios en general, mientras aquellos sin estudios aumentan hasta el 8% debido al mayor número de marroquíes. La formación del inmigrante se completa gracias a programas de alfabetización, de conocimiento del castellano y de formación profesional llevados a cabo por diversas instituciones y ONGs, en los cuales el número de inscritos aumenta rápidamente, siendo preciso impulsar la contratación de nuevos profesores. Europeos del Este, portugueses y brasileños, no encuentran grades dificultades para aprender el español, pero sí las tienen los africanos y asiáticos. La confluencia de alumnos de distintas nacionalidades en las mismas aulas incrementa además los problemas de la enseñanza, tanto para adultos como para menores. Junto al idioma, el conocimiento de la cultura y costumbres locales resulta imprescindible para su inserción en la sociedad, así como los cursillos par ayudar a la búsqueda de empleo y enseñar las nociones básicas de algunas profesiones. El problema de la educación atañe también a la escolarización infantil, al aumentar rápidamente el número de hijos de inmigrantes matriculados, que en 1998 no llegaban al millar en toda la región, y en 2000 ya eran 2.559. En la provincia de León, aunque concentra la mayor cantidad de niños y jóvenes, hay actualmente una cierta estabilidad en esta demanda, pero en Segovia, Soria y Valladolid, el incremento está siendo muy rápido. A las dificultades de asimilación de idioma y 8 costumbres se une la derivada de los inmigrantes en situación administrativa irregular, que no escolarizan a sus hijos por miedo a la expulsión. El problema es intenso entre latinoamericanos y africanos, mientras la incorporación a las aulas se produce antes entre los hijos de europeos del Este. La adaptación del los hijos de inmigrantes presenta en colegios e institutos los problemas obvios emanados de grupos multiculturales, pero por regla general, son aceptados con rapidez por sus compañeros y la presencia de profesores de educación compensatoria ayuda en el proceso de integración. Los problemas más graves surgen entre quienes llevan menos tiempo en la región, familias ubicadas en barrios caracterizados por una mayor marginación, que conviven con grupos sociales problemáticos en su propia calle y en el centro de enseñanza. Pero antes que la propia formación, el alojamiento constituye el primer problema a afrontar por parte de los inmigrantes. Las opciones disponibles pasan por recurrir a albergues colectivos, pisos proporcionados por ONGs, alquileres compartidos entre varios compatriotas y por último, en el mejor de los casos, la disponibilidad de una vivienda familiar. El alquiler de pisos se ve dificultado por el rechazo de los propietarios, especialmente en el caso de población no europea. La carestía de la vivienda obliga a compartir gastos entre, a veces, diez y hasta quince personas, originando situaciones de hacinamiento. Cuando el número de inquilinos es muy elevado, algunos propietarios cobran una cuota por persona en lugar de un alquiler conjunto, obteniendo así mayores beneficios. Por lo general, se trata de pisos de 60-65 m2, con alquileres que rondan las 40-50.000 pesetas, localizados en barrios periféricos en inmuebles surgidos entre los años 50 y 70, o en áreas degradadas del casco histórico. El contacto entre propietario e inquilinos suele ser directo, sin pasar por agencias inmobiliarias y se basa con frecuencia en un simple acuerdo verbal, lo cual permite la utilización de viviendas con ínfimas condiciones de habitabilidad. En el medio rural la situación es peor, sobre todo para los trabajadores de temporada, alojados en casas en estado de semi ruina o en naves, ante la negativa de los propietarios a alquilar las numerosas casas deshabitadas. Quienes más sufren esta situación son los africanos, sobre todo subsaharianos, y en general los trabajadores sin papeles, habiéndose dado casos de abusos. Los albergues colectivos donde pueden acogerse temporalmente estas personas son los mismos a los que acuden colectivos marginados (indigentes) y la convivencia entre grupos tan dispares es sin duda perjudicial, al poner en contacto a los recién llegados con los problemas de drogadicción, alcoholismo y delincuencia. Por el contrario, quienes habitan pisos particulares tienen más fácil su integración y la convivencia con el vecindario no ha dado lugar a problemas graves. Los centros de reunión preferidos por los inmigrantes (locutorios telefónicos, estaciones de autobuses y ferrocarril) sirven para fomentar la solidaridad entre compatriotas, pero también conforman grupos demasiado cerrados frente a los españoles y otros extranjeros, que dificultan su integración. Para fomentar la integración social y solucionar los problemas de formación, trabajo y alojamiento, en Castilla y León, junto a las Administraciones Públicas, trabajan un importante conjunto de ONGs, sindicatos y alguna organización empresarial. La Junta de Castilla y León colabora con la asociación DESOD (Desarrollo y Solidaridad) en el Programa de Atención Integral a Inmigrantes, pero 9 también Cáritas, Cruz Roja, PROCOMAR-Red Acoge, y otros colectivos, están inmersos en tareas de ayuda al inmigrante. Asesoramiento en trámites administrativos, en la búsqueda de vivienda y empleo, y cursillos de formación son las actividades más comunes, pero también se incluyen en algunos casos la comida, la disponibilidad de dormitorios o pisos y el tratamiento médico. Por su parte, los sindicatos se centran en la problemática laboral, apoyando al trabajador extranjero y denunciando las contrataciones ilegales y situaciones abusivas. Incluso las asociaciones de vecinos, en aquellos barrios obreros donde es mayor la presencia de inmigrantes, están desarrollando programas a ayuda (enseñanza del idioma, alfabetización, formación...). En cuanto a las Administraciones Locales, la predisposición es buena en los centros comarcales del medio rural, aunque los recursos son claramente insuficientes, pese a contar en ocasiones con el apoyo de las Diputaciones Provinciales. En las ciudades la situación es muy diversa y allí donde existen albergues municipales, los resultados son contradictorios, al atraer como ya dijimos una clientela muy variada. La apertura a los inmigrantes del de Valladolid, supuso, por ejemplo, la desviación de los flujos de llegada desde Burgos hasta esta otra ciudad, distribuyéndose posteriormente a otras áreas de la región, aunque muchos de los recién llegados quedasen en la capital del Pisuerga. La procedencia del inmigrante repercute asimismo en su mayor o menor facilidad de integración, despertando más recelos por parte de la población local los africanos de color y, sobre todo, los árabes, musulmanes y gitanos rumanos. Además la población apoya más la migración temporal, al admitir la falta de mano de obra en el medio rural y en empleos estaciones, pero tiende a limitar la permanente. Esta falta de sensibilización por parte de nuestra sociedad, junto a una importante desinformación sobre las necesidades reales de trabajadores extranjeros, dificulta la integración, que no sólo ha de ser “legal” o “laboral”, sino también social, en todos sus aspectos. La existencia de programas específicos de formación, especialmente dirigidos a la integración escolar en las cuencas mineras de León y en Miranda de Ebro, con profesores bilingües, han dado buenos resultados entre portugueses y caboverdianos, por lo que convendría promoverlos en los casos de otras nacionalidades, ya que fomentan la futura participación de los menores en la sociedad castellana y leonesa, mostrando la generación de los hijos una mayor integración que la de sus progenitores. Junto a ello, la puesta en marcha en el 2002 del Plan de Atención a la Diversidad, por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, se dirige a la defensa de la diversidad cultural, otro aspecto a considerar. En el medio rural del grado de integración depende del tipo de inmigración. Los trabajadores temporales viven totalmente al margen de la población local, sin apenas contactos, ya que su propio carácter itinerante lo impide. En cambio, los permanentes muestran un grado de aceptación muy elevado, al igual que sucedía en las cuencas mineras. No es raro encontrar extranjeros con altos niveles de cualificación, perfectamente integrados en la sociedad rural. El número de municipios rurales que reclamen una inmigración cualificada va en aumento, comprometiéndose a la integración social y laboral de los recién llegados. Las ofertas se dirigen en especial a los europeos del Este y latinoamericanos, como sucede en Mayorga y Gordoncillo en el Valle del Cea, pro ejemplo. La excepción la constituyen los pakistaníes de León, autoexcluidos de su comunidad local, aunque los 16 éstas, las ONGs, y otras organizaciones, ya que en la actualidad se duplican actuaciones que pueden suponer una merma de los resultados. Aunque se viene dando una tendencia al alza en los últimos años en los permisos de trabajo, su número continúan muy por debajo de las cifras reales, existiendo empleos de creciente oferta sin cubrir por la población autóctona (asistencia a personas mayores, conductores para el sector del transporte, etc.). Por otro lado, la población inmigrante está copando sectores como la limpieza, la hostelería, y agricultura, que resultan menos atractivos para los trabajadores nacionales. Es en este tipo de contratos donde están apareciendo nuevos sistemas de contratación a través de empresas que aportan mano de obra extranjera, cobrando sus servicios y operando mediante subcontratas. Aunque esta contratación presenta todas las características de legalidad formal, es conveniente llevar a cabo desde la Administración un seguimiento de este nuevo sistema empleador y de las condiciones en las que desempeñan el trabajo sus empleados. Se comprueba en el estudio que el periodo que transcurre desde el permiso de residencia hasta contar con contrato de trabajo, se sitúa en torno a los cinco meses (excesivamente largo), y este desfase empuja al inmigrante a subsistir dificultosamente fuera del marco de la legalidad, pues no puede permanecer sin ingresos tanto tiempo. RECOMENDACIONES Dentro de la política de la Unión Europea, la regulación establecida en las Leyes 4/2000 y 8/2000, en el RD 864/2001, así como en el programa global de regulación y coordinación de la extranjería y de la inmigración en España (GRECO), constituye el marco normativo en el que desarrollar las acciones en esta materia. Teniendo en cuenta este marco normativo, el CES recomienda: 1.- Es necesario e imprescindible contar con un Plan Regional, de carácter integral que atienda al fenómeno de la inmigración en todas sus necesidades: de formación laboral e idioma, de asesoramiento, de necesidades de alojamiento, de medidas de integración social en el campo de la vivienda, educación, sanidad y cultura, de atención jurídica y sensibilización, tanto de las Administraciones como de la sociedad en general. Todo ello teniendo como fin último el de su inserción social y que sirva para reforzar las actuaciones de inserción sociolaboral. 2.- El hecho de que las Administraciones se apoyen en ONGs y en Agentes Sociales y Económicos en las tareas que les son propias, no debe obviar que es a aquélla a quién corresponde atender a la situación de los inmigrantes desde sus propios servicios, y no debe confiar a organizaciones del tipo que sea una tarea propia; otra cosa es que además de sus propios esfuerzos sume otros. En este sentido debe crearse una red pública de acogida de inmigrantes. 17 3.- Es necesaria la formación específica del personal de las distintas Administraciones que pueda tener un contacto directo con la población inmigrante, como pueda ser policía local, personal sanitario, etc., para un tratamiento correcto de las situaciones que se presenten. 4.- Se recomienda a la Junta de Castilla y León la elaboración de un estudio en profundidad sobre la inmigración, para conocer su verdadera dimensión, características y problemas, y una posterior tarea de seguimiento de este fenómeno que aunque no es nuevo, sí es ahora cuando está teniendo una presencia más significativa y en creciente aumento en Castilla y León. Es el momento adecuado para incluir este hecho en las políticas sociales y de desarrollo de la Junta de Castilla y León. En este sentido es conveniente que desde el observatorio sociolaboral de Castilla y León se estudie la dimensión real de la inmigración, las peculiaridades de ésta, su evolución, y realice también una labor de seguimiento y actualización. 5.- Desde los Ayuntamientos con necesidad de trabajadores extranjeros para actividades de campaña o temporada, ha de cumplirse con la obligación recogida en la Ley de Extranjería de garantizar un alojamiento digno para este colectivo. 6.- La atención a domicilio de personas mayores es una buena cantera laboral para inmigrantes en una Comunidad como Castilla y León con un amplio porcentaje de población envejecida, y el CES recomienda que desde la Gerencia de Servicios Sociales se estudien sus potencialidades. 7.- Castilla y León necesita, a la vista de sus datos poblacionales, más que ninguna otra Comunidad “migraciones de reemplazo”, ayudarán a equilibrar su balance demográfico, procurando su asentamiento estable y favoreciendo, si es posible y siempre contando con su voluntad, que fijen su domicilio en el medio rural. 8.- En relación con las “migraciones de reemplazo”, la Comunidad de Castilla y León ha de tener en cuenta las situaciones que atraviesan diferentes países iberoamericanos; a la vista de los acontecimientos que vive Argentina, y de las situaciones económicas y sociales que, sin revestir esa gravedad, resultan también preocupantes en otros países Iberoamericanos, el CES cree que van a derivarse consecuencias a corto plazo en materia de inmigración para España y, por ello, para Castilla y León. En este orden de cosas es necesario que por los Ejecutivos Nacional y Regional, referida nuestra recomendación a este último, se prevean estrategias de acogimiento, así como infraestructuras y apoyos, que el Consejo entiende que deben orientarse desde la necesaria solidaridad con estos países, histórica y actualmente, tan próximos. 9.- Deben separarse en los albergues colectivos, dos realidades que nada tienen que ver: las de los inmigrantes y la de los indigentes, ya que en la actualidad se utilizan los mismos, y no es bueno, pues se acercan los inmigrantes a problemas de drogas, alcohol y delincuencia. 10.- Es conveniente simplificar y agilizar los trámites de la Administración en la obtención de los permisos de trabajo, para evitar que proliferen empresas intermediando en este mercado. Para ello, 18 podría utilizarse un sistema de ventanilla única, y mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración. 11.- Debe establecerse un sistema organizativo que logre la efectiva coordinación de actuaciones en materia de inmigración, de las diferentes Administraciones, Administración del Estado, Junta de Castilla y León, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, evitando el solapamiento de actuaciones entre ellas, aprovechando las posibilidades que brinda el programa GRECO. 12.- Crear, a través de las organizaciones agrarias, canales de contratación de temporeros para tareas en el campo cuidando de garantizar sus derechos económicos, de vivienda, condiciones de trabajo, etc., poniendo a estos trabajadores en contacto con las empresas agrícolas interesadas con el fin de evitar casos de contratación irregular (ya existe una iniciativa de COAG en este sentido). 13.- En relación con la demanda laboral de conductores, debería crearse un procedimiento de homologación de los permisos de conducir o bien firmar convenios con todos aquellos países de los que proceden el grueso de los inmigrantes. 14.- El CES desea transmitir una especial preocupación ante la situación laboral de las/os empleadas/os de hogar, dada la falta de control que existe sobre las condiciones de contratación de estas personas. Así mismo preocupa la situación desfavorable que se deriva del procedimiento de determinación anual de los contingentes para este sector de actividad. 15.- El incremento de la población inmigrante en Castilla y León, plantea a la población autóctona una situación nueva y es el momento de orientar correctamente las relaciones de convivencia e integración mediante programas preventivos educativos y formativos. El CES recomienda realizar una labor anticipada desde la Administración, para que, ahora que todavía no existen serias dificultades de convivencia de la población inmigrante y la autóctona, se adopten medidas de prevención de la xenofobia y se fomente la interculturalidad. 16.- Es necesario prestar atención a la escolarización y a la sanidad de los menores, y en este sentido es especialmente necesaria la atención educativa para los niños de 0 a 3 años de edad (adoptando alguna decisión positiva sobre la situación de los hijos de los inmigrantes sin papeles, pues es una situación de hecho que no puede ignorarse. 17.- Es necesario que desde el Ejecutivo Regional, se elabore un estudio de las necesidades reales de mano de obra en la Comunidad, puestos de trabajo no cubiertos por nacionales, nivel de formación requerido, etc., porque ello permitiría realizar una oferta de empleo dirigido específicamente a la población inmigrante y planificar las necesidades de formación de ésta, de forma más realista. Los cupos que vienen concediéndose en los últimos años a Castilla y León, se estiman insuficientes para cubrir la oferta de trabajo destinada a este colectivo. 18.- A través de campañas de información debe mostrarse la realidad social de la inmigración como un fenómeno positivo, destacando al trabajador inmigrante como un cotizante más a la 19 Seguridad Social, un contribuyente a la Hacienda Pública, y un mantenedor de servicios que difícilmente podrían sostenerse sin ellos (colegios públicos, centros sanitarios, etc.). 19.- Es necesario terminar con la precariedad en el trabajo de los inmigrantes, que llega a superar el 50% de sus relaciones laborales, y provoca situaciones de movilidad casi constantes, dificultando su asentamiento, su reagrupamiento familiar, y el acceso a una vivienda. 20.- Conocido el grave problema de la vivienda para este colectivo, la Administración debe garantizar las mismas condiciones de acceso para todos, constituyéndose en cauce de intermediación entre propietarios e inquilinos, y de garantía de éstos. LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN CASTILLA Y LEÓN DOCUMENTO TÉCNICO AUTORES UNIVERSIDAD DE LEÓN Lorenzo López Trigal (Director) Catedrático de Geografía Humana José Cortizo Alvarez Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional José Somoza Medina Ayudante de Geografía Humana Pablo Díez Alonso Becario, Licenciado en Geografía UNIVERSIDAD DE VALLADOLID José María Delgado Urrecho (Codirector) Profesor Titular de Geografía Humana Pedro Caballero Fernández-Rufete Profesor Titular de Geografía Humana Eugenio Baraja Rodríguez Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional Elisa María Macías Cordero Becaria, Licenciada en Geografía UNIVERSIDAD DE ALICANTE Vicente Gozálvez Pérez (Asesor externo) Catedrático de Geografía Humana *Las opiniones expresadas en el documento técnico corresponden a sus autores y su publicación no significa que el Consejo Económico y Social se identifique necesariamente con las mismas LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN CASTILLA Y LEÓN Prólogo 1. Síntesis del diagnóstico demográfico regional y de la migración exterior 1.1. Declive del crecimiento natural de la población 1.2. El envejecimiento demográfico en Castilla y León 1.3. Despoblación rural y concentración urbana 1.4. La migración exterior 1.5. Las proyecciones de población. Una imagen de futuro de la población en Castilla y León 2. La creciente inmigración extranjera en España y Castilla y León 2.1. El fenómeno inmigratorio en Castilla y León en el contexto español 2.2. Evolución en la entrada de inmigrantes extranjeros residentes desde 1975 2.3. Cuantificación por comunidades de origen de los inmigrantes 2.4. La distribución espacial y cambios recientes 3. Características sociodemográficas de los inmigrantes y condiciones de vida 3.1. Estructura de edad, sexo y estado civil 3.2. Nivel de estudios, formación y problemática educativa 3.3.Condiciones de vida y vivienda 3.4. Problemática ligada a la integración del inmigrante en la sociedad 3.5. Servicios de apoyo a la inserción social y laboral de los inmigrantes extranjeros 3.6.La integración social en la escuela y en el medio rural, minero y urbano 4. La inserción de los inmigrantes en el empleo y estructura ocupacional 4.1. Situación jurídica y condiciones laborales de los inmigrantes trabajadores 4.2. Sectores de mayor actividad entre los inmigrantes 4.3. La inserción en la actividad minera e industrial 4.4. La especificidad en las actividades de servicios 4.5. El empleo en el campo: La demanda insatisfecha de mano de obra y su problemática actual 4.5.1. El empleo estacional de jornaleros 4.5.2. La dificultad para captar trabajadores inmigrantes 4.5.3. El recurso al trabajador extranjero en situación irregular 4.5.4. Iniciativas pioneras en la organización del trabajo estacional 4.5.5. Dificultades para conseguir trabajadores fijos por cuenta ajena 5. Perspectivas y carencias de la población inmigrante. 5.1. Migraciones de reemplazo y problemática demográfica 5.2. Necesidades derivadas del asentamiento de inmigrantes PRÓLOGO El Informe sobre «La población inmigrante en Castilla y León» pretende ser un documento valioso, con planteamientos y diagnósticos que alcancen niveles superiores a los estudios calificados como “Informe”. El estudio de la población extranjera en la región ha sido abordado, sin perder nunca de vista el carácter aplicado y de futuro para la región que este Informe persigue. Así, el primer capítulo del Informe pone de relieve los graves problemas que actualmente se gestan en la geodemografía de Castilla y León, con una población que acentúa sus carencias en crecimiento natural, en envejecimiento, en migraciones, en mano de obra y en poblamiento. A partir de la dinámica demográfica regional, en el pasado reciente y en la actualidad, el Informe hace previsiones para el futuro reciente y a medio plazo, tanto sobre comportamientos demográficos como sobre situaciones de las distintas variables geodemográficas. En las conclusiones se responde con una de las alternativas que actualmente resulta “impuesta”, la inmigración extranjera, pero que es preciso asumir y encauzar para que resulte beneficiosa tanto para los propios inmigrantes como para la región y sus habitantes. Bajo esta óptica se aborda el grueso del Informe, dedicado a la población extranjera. Primero se sitúa esta inmigración en el contexto nacional, y después se analizan a escala regional sus características demográficas, su inserción en el empleo regional, las carencias que presenta esta población inmigrada y las medidas para su integración. Confiamos que los destinatarios de este Informe sepan valorarlo, y en consecuencia actúen según sus recomendaciones, y también que pongan los medios para publicarlo, para que así otros muchos ciudadanos también puedan utilizarlo y tomar nota de él. Vicente Gozálvez Pérez. Catedrático de Geografía Humana. Universidad de Alicante. CAPÍTULO I Síntesis del diagnóstico demográfico regional y de la migración exterior 1.1. Declive del crecimiento natural de la población La Comunidad Autónoma castellano-leonesa es conocida en el ámbito europeo y español por su amplia extensión, equivalente a la de países como Portugal, y por estar dominada por vacíos y despoblados rurales, similares a los de buena parte de las regiones interiores ibéricas. En efecto, desde una visión territorial a la vez que demográfica, la región de Castilla y León se caracteriza por dos hechos diferenciados e interrelacionados: Uno, la baja densidad de población de 26,5 habitantes / kilómetro cuadrado, tres veces menos que la densidad de población española, aunque desigualmente distribuida a escala de los territorios provinciales, yendo desde una máxima densidad en la provincia de Valladolid, la más urbanizada, 60,9, a una mínima en Soria, 8,8. Dos, la vecindad de la región urbana de Madrid sobre la que han gravitado buena parte de las salidas de la población castellana y leonesa y centro succionador especialmente de las provincias de Soria, Ávila y Segovia, por lo que el potencial de población de éstas es alto por la proximidad de Madrid. Pero al margen de esta visión más territorial, los verdaderos problemas demográficos planteados en la sociedad castellano-leonesa son, como hemos precisado en el anterior Informe La población en el desarrollo de Castilla y León, a la vista de la reciente dinámica de la población regional, de un lado, la evolución general a la baja de la tasa de fecundidad, el avanzado proceso de envejecimiento de la población, el saldo migratorio negativo, lo que provoca una situación demográfica de declive general y la presencia de generaciones huecas en la base de la estructura etaria de las poblaciones rurales; de otro lado, cambios significativos en el proceso de urbanización ahora más bien caracterizado por el trasvase de población desde las ciudades a sus áreas periurbanas inmediatas, las únicas poblaciones que crecen en la última década en la región, así como el incremento rápido de la hasta ahora escasa inmigración de retornados y extranjeros procedente del exterior. Los indicadores y estadísticas de la evolución poblacional en la región han sido altamente negativos, perdiendo año tras año efectivos de población. Sin embargo, frente a esta situación que apenas tiene discusión de matices, se nos presenta en los últimos años una cierta recuperación demográfica motivada más que por el llamado “renacimiento del mundo rural” por la llegada de inmigrantes retornados y sobre todo recientemente de extranjeros en especial a las ciudades. Nos enfrentamos así en la década presente ante el viejo problema demográfico de pérdida continua de recursos demográficos que tiene como causa la mínima natalidad añadida al saldo migratorio negativo y como efectos la despoblación rural y el envejecimiento, a la vez que se inicia un nuevo ciclo de inmigración particularmente extranjera y se consolida el proceso de periferización o alfozización en las áreas urbanas retrocediendo el propio crecimiento poblacional urbano. Pues bien, a partir de esta síntesis de la caracterización de la población castellano-leonesa, la principal constatación es la dinámica regresiva y continuada desde 1950, que precisamente alcanzaba por entonces su máximo de población, lo que ha conducido a la pérdida de unos cuatrocientos mil habitantes medio siglo después, volviendo en el año 2000 a la cifra de población regional de 1930. Las causas que explican este declive se deben a la reducción y estancamiento del crecimiento natural y sobre todo a la intensa salida migratoria hacia el exterior de la región, con fuerte incidencia a su vez en la caída de las tasas de natalidad. Tal dinámica puede seguirse a través del modelo de la transición demográfica que tiene aquí el periodo central de elevado saldo natural entre los años 1930 y 1960, con tasas de natalidad que van desde 30 a 20 por mil y de mortalidad que bajan de 20 a 10 por mil. Con este diferencial estaba asegurado el crecimiento de no haber sido por el fuerte ritmo de emigración desde los años cincuenta a los setenta. Por ello, al llegar a la etapa finitransicional se ha perdido buena parte de ese saldo natural positivo, y se completará a mediados de los años 80 con un saldo natural igual a cero, que en 1991 se transforma ya en negativo: natalidad (8,00/00) y mortalidad (9,50/00) = -1,50/00. Fenómeno que persevera y afianza aún más durante los años siguientes, así en 1997 la natalidad baja a 7,3 0/00 mientras que la mortalidad asciende a 10,0 0/00, con saldo, por tanto, de –2,7 0/00. Si bien, al final, el declive no será tan alarmante al registrarse cada año que pasa unos saldos migratorios menos negativos, situándose en 1997 en un – 1,20/00. En este sentido, los indicadores al uso sitúan a nuestra comunidad autónoma no ya entre las que menos crecen, sino en la que presenta un decrecimiento más acusado a lo largo del siglo, llegando a sus postrimerías con una variación de la población absoluta (entre 1990 y 1998) de -2,4%, la más negativa, frente a un incremento del 2,5% en el conjunto de España. Asimismo, las bajas densidades son dominantes, con medias de 26 hab/km2 frente a los 79 del conjunto del país, pero con amplios espacios (más del 50% de su territorio) por debajo de los 10, e incluso de los 5 hab/km2. Cuenta, de igual manera, con niveles de envejecimiento sustancialmente por encima de la media nacional (el 20% es población anciana), el crecimiento vegetativo arroja un balance negativo (-6.754 habitantes anuales frente a un crecimiento medio nacional de 21.201) y el saldo migratorio, aunque ha descendido mucho, sigue siendo de los mayores del país, con medias de -3.000 anuales. Todo ello dibuja un cuadro sociodemográfico no sólo adverso, sino alarmante en muchos casos. Esta situación, por supuesto, se diversifica y cambia si la presentamos a escala de provincias y atendiendo a la clasificación de espacios rurales y urbanos. Así las provincias más ruralizadas tienen en 1997 un saldo natural aún más negativo, caso de Ávila (-4,20/00), Soria (-4,70/00) o Zamora (-5,40/00) provincia donde la tasa de mortalidad (11,90/00) casi duplica a la de natalidad (6,50/00). Además, en todas las provincias el saldo es negativo, incluida la de Valladolid (-0,50/00), y la reproducción biológica es asimismo negativa. De este panorama se salvan solamente con un dinamismo reproductor las áreas urbanas, o más concretamente buena parte de los núcleos periurbanos de las ciudades medias, y algunos de los núcleos urbanos, esto es, una mínima proporción del mapa municipal de la región, donde cada vez más domina la mancha del declive y estancamiento demográfico. En general, en Castilla y León y en mayor o menor medida en el resto de España, la caída de las tasas de natalidad y de fecundidad, ha estado determinada por una serie de factores que han acelerado el proceso: A) La fuerte incidencia de los movimientos migratorios que han incidido en el vaciamiento de las generaciones procreadoras y que ha ocasionado un incremento del índice de masculinidad, la reducción de la capacidad procreadora y la disminución en suma de alumbramientos. B) La brusca caída de la tasa de fecundidad desde los años 80 ha conducido a que en la actualidad la tasa neta de reproducción o número medio de hijas por cada mujer en edad fértil se encuentre por debajo de la unidad (0,5) incidiendo de forma negativa en la capacidad de reemplazo generacional, situado a la mitad del establecido en torno a 2,1 hijos por mujer. C) Los cambios en las tasas de fecundidad específicas por edad fruto de un comportamiento reproductor moderno que se centra sobre todo en mujeres de 20 a 34 años, entre otras razones por el uso generalizado y extendido de los métodos de control de la natalidad. D) La reducción de la tasa de nupcialidad se sitúa ahora en un 4 por mil, un punto menos que en España, especialmente motivado por la salida de mujeres del medio rural, a la vez que el retraso en la edad media de contraer matrimonio. De este análisis que ya adelantamos en el Informe La población en el desarrollo de Castilla y León, se concluye que la acción conjunta y combinada de todos estos factores ha incidido notablemente en la transformación de la capacidad y del modelo reproductor de Castilla y León. El declive demográfico ha sido rápido, pues ha ocurrido en un corto periodo de tiempo e incluso se puede acentuar en los próximos años debido a la magnitud adquirida. Una crisis demográfica, en suma, capaz de modificar el comportamiento tradicional e imponer el de corte moderno que se ha extendido por toda la región. En efecto, la natalidad ha seguido un rumbo semejante al del conjunto del país, es decir, tendencia decreciente, pero más acusada. Sólo en la década de los noventa, las tasas de natalidad han pasado del 8,04 por mil (1990) al 6,95 por mil (1999) (en España del 10,170/00 al 9,400/00). De este modo, la tendencia a la disminución de la natalidad es muy drástica en Castilla y León a partir de mediados de los setenta, constituyendo una de las manifestaciones más destacadas de los cambios que se están operando en el trasfondo social de la región. En cifras absolutas, nuestra región ve descender el volumen de nacimientos desde cifras superiores a los 40.000 individuos a mediados de los 70 a cifras que rondan los 17.000 en 1999. Por su lado, el comportamiento de las tasas de mortalidad en Castilla y León ha sido peculiar, pues de haber sido en torno a 10 por mil a mediados de la década de 1950 se reduce años más tarde, con un umbral mínimo en alguna provincia como Valladolid hasta 6,3, pasa a incrementarse sucesivamente en la tasa media regional con una nueva fase de crecimiento de las defunciones: en 1981 a 8,40/00, en 1991 a 9,50/00 y en la actualidad de nuevo remonta a 100/00, un punto por encima de la de España, fruto del progresivo envejecimiento en especial de las áreas rurales y de las provincias menos urbanizadas y la correspondiente tendencia alcista en las defunciones. De todo ello se deriva el declive o crecimiento negativo de la población regional a partir de los años ochenta, que es ya generalizado en los noventa en todas las provincias, incluso en las que más han resistido como Segovia y Valladolid, debido al ligero descenso de la natalidad y repunte alcista de la mortalidad con la consiguiente En definitiva, la actual situación demográfica puede y debe tener repercusiones importantes en el mercado de trabajo y, consecuentemente en el diseño de mecanismos o cauces de integración de la población inmigrante, máxime si tenemos en cuenta que el panorama previsible para un futuro próximo no hace sino acentuar los rasgos estructurales ya destacados. TABLA 2. PRINCIPALES INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA AÑO 1996 (Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes) Tasa de Vejez Índice de Envejecimiento Edad Media Edad Mediana Provincia Rural Urbana Provincia Rural Urbana Provincia Rural Urbana Provincia Rural Urbana Provincia Ávila 31,70 15,30 23,46 3,07 0,86 1,65 48,24 38,05 43,04 50,53 35,91 41,20 Burgos 30,13 15,30 19,49 3,52 0,98 1,42 48,11 38,78 41,36 48,73 36,86 39,23 León 29,15 16,48 20,46 2,92 1,11 1,51 47,39 39,47 41,91 48,75 37,09 39,67 Palencia 27,93 16,84 20,83 2,61 1,09 1,48 46,27 39,35 41,65 45,63 37,38 39,27 Salamanca 27,44 17,93 20,64 2,37 1,25 1,48 45,86 40,28 41,72 45,55 37,92 39,16 Segovia 28,24 16,90 21,75 2,45 1,04 1,54 46,02 39,05 42,03 45,29 36,47 39,25 Soria 34,32 17,93 25,34 4,19 1,07 1,96 50,41 39,70 44,46 53,56 37,27 42,71 Valladolid 23,50 13,52 15,40 1,93 0,96 1,10 43,72 38,39 39,23 41,49 36,34 36,97 Zamora 31,12 16,41 24,84 3,05 1,01 1,94 48,23 39,08 44,32 50,79 36,86 43,29 C. y León 28,98 15,74 20,20 2,77 1,05 1,47 46,98 39,09 41,64 47,56 36,91 39,35 1.3.- Despoblación rural y concentración urbana. Amplitud y diversidad, constituyen los atributos que han dado tradicionalmente carácter a nuestra región. El primero, porque la convierten en la mayor de las CC.AA. de España y en uno de los mayores ámbitos administrativos subnacionales de la UE; el segundo, porque su particular configuración fisiográfica -que justifica ambientes ecológicos diferenciadosha generado, tradicionalmente, unos modelos espaciales de ocupación y de organización claramente contrastados. Esos modelos organizativos diferenciados y la falta de cohesión y articulación socioespacial de la que tradicionalmente ha adolecido la región castellano leonesa, justificaba el hecho de que en el análisis geográfico de la misma se recurriera a la búsqueda de los múltiples factores que explicaban una realidad tan distinta. Sin embargo, desde hace ya algunos lustros desde las distintas ramas sociales se hace referencia a que el estudio de la población y, sobre todo, al alcance de la despoblación, no es ya una variable dependiente, sino un factor estructural que determina y explica buena parte de la realidad en su conjunto, particularmente en una región donde la ruralidad constituye otra de las señas de identidad más conspicuas. Es en este contexto en el que hay que entender expresiones como la que en su momento hizo famosa García Fernández: la desertización como hipérbole de la despoblación, que ejemplifica la entidad de un fenómeno que se extiende por buena parte del territorio y que lo ha llevado progresivamente de la atonía a la involución. Es por ello que, a los atributos inicialmente expuestos, hay que agregar, sin ningún género de dudas, el del vaciamiento o la despoblación. Castilla y León, ya no es sólo una región amplia y diversa, sino también cada vez más vacía: otro componente que deja claras huellas en el paisaje, pues las secuelas del abandono abundan por doquier. En este sentido, los indicadores al uso sitúan a la nuestra comunidad autónoma no ya entre las que menos crecen, sino en la que presenta un decrecimiento más acusado a lo largo del siglo, llegando a sus postrimerías con una variación de la población absoluta (entre 1990 y 1998) de B2,4%, la más negativa, frente a un incremento del 2,5% en el conjunto de España. Asimismo, las bajas densidades son dominantes, con medias de 26 hab/km2 frente a los 79 del conjunto del país, pero con amplios espacios (más del 50% de su territorio) por debajo de los 10, e incluso de los 5 hab/km2. Cuenta, de igual manera, con niveles de envejecimiento sustancialmente por encima de la media nacional (el 20% es población anciana), el crecimiento vegetativo arroja un balance negativo (-6.754 habitantes anuales frente a un crecimiento medio nacional de 21.201) y el saldo migratorio, aunque ha descendido mucho, sigue siendo de los mayores del país, con medias de B3.000 anuales. Todo ello dibuja un cuadro sociodemográfico no sólo adverso, sino alarmante en muchos casos. Ante la pregunta del porqué de esta situación, la respuesta es clara: la emigración. Castilla y León ha sido tradicionalmente una región de emigrantes. La continuidad en el tiempo de esta sangría y la proporción que llega a adquirir en determinados momentos, justifica los rasgos estructurales que actualmente vive buena parte de su territorio. Hubo momentos en los que los saldos negativos eran compensados con los aportes de una dinámica natural notablemente expansiva. Todo ello acontecía desde finales del siglo XIX hasta sobrepasada la mitad del siglo XX. Eran saldos importantes (durante toda la primera mitad del siglo XX se fueron acumulando hasta alcanzar unos valores de 688 mil personas) pero no impidieron que, fruto de una vitalidad superior a la media, la población siguiera creciendo a un ritmo aceptable y que incluso en esas fechas alcanzase el máximo de población: 2,8 millones de habitantes, cuando a comienzos de siglo apenas superaba los 2,3. Podríamos decir que se consumían los intereses, pero no el capital humano. Sin embargo, en las décadas siguientes (desde mediados de los 50 y hasta bien entrados los 70), en el contexto de las profundas trasformaciones socioeconómicas que vivió el país, la emigración adquiere proporciones tales que fueron imposibles de compensar con una dinámica natural cada vez más restrictiva. Téngase en cuenta que entre 1950 y 1975 el balance migratorio es negativo en casi un millón de personas (966.000), con valores máximos durante la década de los sesenta (-457.000). Los reajustes económicos producidos a escala nacional llevaron asociados una redistribución del mercado laboral que explica el que se produjese tal desbandada. En esos momentos, Castilla y León profundiza en su condición de región periférica en lo económico, pero dentro del espacio regional también había diferencias. Así, las transformaciones agrarias orientadas en su dimensión productivista expulsaban mano de obra de los municipios rurales; en ellos la emigración fue universal y generalizada. Por el contrario, los núcleos urbanos y fundamentalmente los más industrializados retuvieron población e incluso experimentaron un fuerte crecimiento. Pérdida de peso en los municipios rurales y ganancias, más o menos importantes, en los principales núcleos urbanos, resumen las características de un modelo básico que funcionará hasta la década de los ochenta. Sin embargo, no debemos perder de vista que la debilidad de los escasos centros de atracción existentes provocaron que la mayor parte de los que se marchaban lo hicieran hacia otras regiones o hacia otros países. Globalmente hablando, se estaban consumiendo ya no sólo los intereses, sino el propio capital humano. La consecuencia de todo ello es obvia. La población total comienza a descender ( 2,5 millones de habitantes en 1981; 2,48 millones en 1999) y se mengua su peso relativo en el conjunto del país (si en 1900 suponía el 12,38% del total, en 1998 sólo representa el 6%). La mayor parte de las provincias pierden igualmente posiciones en el rango nacional, y las bajas densidades se generalizan. Pero, como ha señalado José Ortega Valcárcel, "el hecho significativo no es tanto la existencia de estas bajas densidades rurales en áreas de economía agraria dominante, sino la rareza y excepcionalidad de las densidades altas, en relación con la análoga excepcionalidad de las grandes aglomeraciones humanas (...) Los 2,5 millones de habitantes, que equivalen a la población de una metrópoli urbana media, se encuentran en el territorio castellano y leonés diseminados por un disperso sistema de asentamientos de muy escasa población, con muy contados puntos de fuerte concentración humana, y éstos en condiciones que tampoco representan áreas de intensa agrupación". Lo cual enlaza con otro aspecto clave y muy vinculado al vaciamiento: la disfuncionalidad del modelo de poblamiento de Castilla y León. En efecto, la emigración ha canalizado las salidas mayoritariamente hacia destinos extrarregionales desde amplios conjuntos de componente rural. La magnitud del abandono ha determinado que se hable con propiedad de éxodo rural, y es en este ámbito donde las consecuencias son más fácilmente perceptibles. En este sentido, se ha de comentar que la emigración ha actuado sobre un sistema de poblamiento que apenas se ha modificado y que destaca por su fragmentación, dominando abrumadoramente la presencia de pequeños núcleos. Estadísticamente hablando, el INE contabiliza 6.149 entidades singulares de población (Censo de 1991), agrupadas administrativamente Bdespués de notables reajustesen 2.247 municipios. De ellos destaca la presencia de los de menores dimensiones, pues el 87% está por debajo de los 1.000 habitantes, dominando los comprendidos entre 500 y 100. Siguiendo las categorías administrativas al uso, podríamos decir que el 94% (2.120) de todos ellos están por debajo de los 2.000 habitantes (rurales); el 4,6% (105) serían semiurbanos y poco más del 1% (23) tendrían más de 10.000 (urbanos). Por esta razón, lo que llama la atención es precisamente la acusada ruralidad de Castilla y León en relación con el conjunto del país. Comparativamente hablando, en esta región se concentran el 46% de los municipios de menos de 100 habitantes, que aglutinan una proporción similar de población. Si hacemos referencia al estrato comprendido entre los 100 y 500 obtendremos valores semejantes: el 42% de los núcleos y el 41% de la población. Y todo ello pese a que la tendencia de "lo rural" declina, pues es esta categoría en la que sistemáticamente se vienen constatando las mayores pérdidas: primero por la entidad del éxodo, segundo por las graves secuelas que han dejado (los núcleos rurales, que a comienzos de siglo acogían a los 2/3 de los castellanos y leoneses, han experimentado tal vaciamiento que según los últimos datos sólo representaban 1/3 del total). Mientras, en los segmentos urbanos la relación es inversa. La categoría urbana se encuentra presente en sólo 23 núcleos, que concentran el 54% de la población. La urbanización de la región es por tanto algo tan incontestable como su condición reciente y escaso alcance. En efecto, la urbanización, no llega a los niveles medios del país, pero además, como ha señalado Ortega Valcárcel, se trata de una trama urbana frágil, con muy pocas entidades urbanas, con una población escasa en volumen y en proporción del total, y que forman una malla muy laxa sobre el territorio de la comunidad, pues con la excepción de las capitales de provincia, sólo destacan núcleos con cierta entidad en el caso de Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Asimismo no hay grandes aglomeraciones (Valladolid, con poco más de 300.000 habitantes es la de mayor tamaño), como tampoco existe una trama urbana representativa de ciudades pequeñas (entre 10 y 50 mil habitantes), lo que Ortega denomina "semilleros de urbanización". Entre medias, en el ámbito semiurbano, tenemos 105 municipio, el 4,6% del total, que agrupan el 16% de la población. Estos núcleos, aunque más tardíamente, también han experimentado el mismo proceso de pérdida de entidad, lo que representa una acentuación de los contrastes y un serio problema en la articulación de un territorio tan extenso. Pero la emigración no sólo ha tenido un papel clave en la configuración de un modelo territorial claramente desequilibrado, sino que ha dejado secuelas que pasan factura a comienzos del siglo actual. Entre las más importantes destaca la desarticulación provocada en la estructura por edades de la población, destacando en este sentido el fuerte envejecimiento ya comentado. Sin embargo, no pocos habían puesto sus esperanzas en la existencia de un contingente aún importante de población joven, entre 25 y 45 años que en función de su comportamiento reproductor podrían haber impulsado al alza el crecimiento vegetativo. La realidad, globalmente, parece caminar por otros derroteros y aún admitiendo un comportamiento inicialmente más prolífico, lo cierto es que la dinámica y adopción de pautas natalistas no difieren sustancialmente de los propios de una sociedad caracterizada por la baja natalidad, si bien con el agravante de que las cohortes fértiles están cada vez más mermadas. En efecto, la natalidad ha seguido un rumbo semejante al del conjunto del país, es decir, tendencia decreciente, pero más acusada. Sólo en la década de los noventa, las tasas de natalidad han pasado del 8,04 por mil (1990) al 6,95 por mil (1999) (en España del 10,17 al 9,40). De este modo, la tendencia a la disminución de la natalidad es muy drástica en Castilla y León a partir de mediados de los setenta, constituyendo una de las manifestaciones más destacadas de los cambios que se están operando en el trasfondo social de la región. En cifras absolutas, nuestra región ve descender el volumen de nacimientos desde cifras superiores a los 40.000 individuos a mediados de los 70 a cifras que rondan los 17.000 en 1999. Bien es cierto que hoy los movimientos migratorios no alcanzan la proporción de hace décadas (los emigrantes, en la última década del siglo oscilan entre los 15.000 y 25.000 anuales; valores ligeramente superiores a los que entran, por lo que los saldos negativos siguen siendo una constante, pero con valores medios negativos de entre 3.000 y 4.000 al año), pero la mayor parte del territorio presenta clara evidencia de involución, y la vitalidad, parece residir en unos escasos centros: los urbanos. Sin embargo, el modelo de crecimiento urbano y despoblación rural, vigente desde mediados del siglo pasado, parece claramente agotado, no tanto por la despoblación rural sino por la clara desaceleración del crecimiento urbano. El balance de la población de derecho durante los años noventa es claramente negativo: arroja unas pérdidas globales de B122.400 habitantes. De los 2.248 municipios existentes a principios de los 90, 1.997 presentan pérdidas de población; 13 no han variado y sólo 238 han experimentado cierto crecimiento. Estos han aportado un total de 64.874 habitantes, incapaces de contrarrestar los -187.274 de los que acumulaban pérdidas. Confirmando la tendencia previsible, el grueso de las pérdidas las aportan los municipios de menos de 2.000 habitantes, es decir, los rurales: el 75% del balance negativo. Por el contrario, las ganancias están en el lado de los municipios urbanos: 43,8%. Pero lo cierto es que existen 10, de los 23, núcleos urbanos que pierden población: es bien significativo que en este grupo los dos municipios que más pierden son dos de las ciudades más importantes: Valladolid y Salamanca, y que, por el contrario, los que más ganan, sean dos núcleos de su periurbano: Laguna de Duero y Santa Marta de Tormes (por detrás de San Andrés de Rabanedo). Una tendencia que se corrobora en los considerados semiurbanos: donde 37 ganan población y 68 la pierden. Los primeros vinculados a la dinámica de las aglomeraciones y a su pujanza económica, lo contrario a lo acontecido en los segundos, donde el caso de las cuencas mineras es espectacular. Algo que también se percibe en las categorías rurales, si bien diluido en un contexto de pérdidas generalizadas. Todo ello resume las tendencias de un pobre balance, donde se conjuga, por un lado, un crecimiento vegetativo muy concentrado y exiguo y, por otro, los reajustes asociados a los movimientos migratorios. Durante la última década se ha producido un balance vegetativo negativo que alcanza un valor de B61.889. Los saldos negativos son generalizados, pues un total de 2.096 municipios tienen un balance de este signo, arrojando pérdidas de B76.376 habitantes. La mayor concentración de éstas está en los municipios más pequeños, en el ámbito rural, particularmente en los estratos de menos de 1.000 habitantes, pues en él más del 90% de los municipios son negativos. En conjunto, en los rurales se concentran el 80% de las pérdidas, confirmando una tendencia regresiva caracterizada por la baja natalidad y la alta mortalidad. Por el contrario, los saldos positivos están muy concentrados, pues sólo afectan a 131 municipios, que aportan un balance que no llega a las 15.000 personas. Concentración todavía más evidente si consideramos que la mayor parte de esta cantidad está concentrada en 9 núcleos urbanos. Con todo, algunos núcleos, como León, Salamanca, Palencia, Zamora, ya evidencian regresión natural. La dinámica positiva de los semiurbanos está contrastada, y son más los que pierden que los que ganan, mientras en el ámbito rural, los balances positivos están en función de una vitalidad inducida por nuevos residentes. Ante la exigüidad del balance natural, la única posibilidad de recuperación de la población estriba en la naturaleza positiva de los saldos migratorios. Esto no está ocurriendo en términos generales, y durante toda la década han predominado las salidas, arrojando un balance negativo que ronda las 40.000 personas. De todas formas, es significativo constatar la entidad de los desplazamientos intrarregionales (que en la década de los noventa oscilan entre los 25.000 y 40.000 anuales) y, sobre todo, el hecho de que desde 1981 las 2/3 de esos desplazamientos sean intraprovinciales y estén claramente emparentados con los reajustes experimentados en las grandes capitales. Son, como es lógico, muy numerosos los núcleos que pierden población por emigración: 1.655 del total arrojan un balance negativo. En este sentido llama la atención la clara equiparación entre el mundo rural y el urbano. Los rurales tienen un saldo negativo de 45.472, pero los urbanos (y son 15) arrojan valores negativos de 35.236. La primera cuestión está asociada al lento goteo que sigue derivándose del mundo rural, y la segunda tiene que ver con la crisis de ciertos sectores (Villarino, en relación con la minería es bien expresivo) y, sobre todo, con el nuevo patrón residencial asociado a la dinámica urbana (Valladolid, León, Salamanca, Burgos y Segovia son los principales centros de emigración). De hecho, esta es la clave para entender el grueso de estos movimientos que canalizan a residentes urbanos hacia las periferias rurales, privilegiando sin duda a algunos núcleos (que son los que más crecen), pero afectando a un número todavía mayor. Si a esto le agregamos la vuelta al campo de antiguos emigrantes urbanos; la valoración de la vida rural por parte nuevos residentes (sobre todo en determinadas áreas bajo la influencia de las grandes aglomeraciones de Asturias, Bilbao y sobre todo Madrid), y la atracción laboral en algunas áreas, entenderemos que el balance positivo se extienda por más de 552 municipios, buena parte sin duda rurales, pero todo hay que decirlo, con saldos exiguos. Tampoco está de más, en este sentido, valorar otra cuestión de significación: la población flotante, de fin de semana o estacional, y, por último, la inmigración extranjera, que si bien tiene escasa entidad, constituye un fenómeno en progresión. 1. 4. La migración exterior En la demografía regional, la emigración ha sido un factor dominante en cuanto que ha tenido una fuerte incidencia en la última etapa de la transición demográfica de Castilla y León a través de la caída de las tasas de natalidad y en la misma estructura demográfica, pues se puede advertir que una migración neta negativa (con saldos anuales en pasadas décadas de más del 2 por ciento que vaciaron buena parte de la región de posibles madres) ha conducido años después a la baja natalidad y al envejecimiento. En efecto, los tres primeros cuartos del siglo XX estuvieron caracterizados por movimientos migratorios que afectaron a importantes contingentes de población, calculados en una cifra considerable de 457.000 salidas de personas con destino a América (Argentina en especial) hasta 1960 y desde 1960 a 1975 a Europa (Suiza, Alemania y Francia) y cuyos efectos contribuyen a explicar en buena medida la actual situación sociodemográfica de la región y su estructura poblacional en particular. Sin embargo, hacia 1975 asistimos a un notable cambio en la dinámica migratoria, condicionada ahora por la paulatina disminución del potencial migratorio (ya quedan pocos efectivos en las áreas rurales para emigrar, si bien el saldo de las migraciones interiores continua siendo negativo), hasta llegar a desaparecer prácticamente la emigración exterior, que había sido oficialmente unos 136.000 entre 1961 y 1975 con destino a Europa y en su mayoría procedente de las tres provincias occidentales (Salamanca, León y Zamora, en este orden) que en este sentido han estado más cercanas a los rasgos de una fuerte emigración tradicional de las regiones vecinas gallega y asturiana. Se impone por entonces la realidad de la coyuntura europea, por un lado –periodo de recesión del empleo que atraviesan los países de destinoy de los complejos cambios socioeconómicos habidos en España, por otro –convivencia de una importante bolsa de trabajadores desempleados y de una actitud poco favorable a los desplazamientos al exterior. El aumento del número de residentes extranjeros siguió a lo largo del último cuarto del siglo XX unas tendencias semejantes a las del conjunto nacional, pero partiendo de niveles relativos claramente inferiores. Hasta la primera mitad de los años ochenta las cifras absolutas muestran cambios mínimos, siendo a partir de 1986 cuando el crecimiento se acelera, intensificándose en la segunda mitad de los noventa. Sin embargo, es solamente durante la última década analizada, de 1991 a 2000, cuando los incrementos porcentuales en España y la región se igualan, llegando incluso la segunda a superar el promedio. Entre 1991 y 1995 el aumento del número de extranjeros residentes fue del 39% en ambos espacios, llegando en el período 1996-2000 al 74% a escala nacional y al 84% en Castilla y León, como consecuencia del proceso de regulación del 2000. Pero no hay que confundir estos datos relativos con la realidad mostrada por las cifras absolutas, las cuales reflejan la mínima cuantía del fenómeno inmigratorio. A finales de los años setenta residían en Castilla y León unos cuatro mil extranjeros y ya comenzada la década de los noventa, apenas se sobrepasaban los diez mil, es decir, un 0,4% de la población total, cuando en España eran el 1%. Este porcentaje solamente se logró alcanzar en la región en el año 2000 y para entonces en conjunto de la población nacional el peso relativo de los residentes extranjeros era ya superior al 2%. El crecimiento experimentado en el año 2000 es consecuencia además de un proceso extraordinario de regularización de extranjeros, que concluyó con 137.454 solicitudes admitidas de las 246.089 presentadas en toda España. A ellas deben sumarse las derivadas del nuevo proceso anunciado en Junio de 2001, tras las protestas y encierros de inmigrantes posteriores a la entrada en vigor de la modificada Ley de Extranjería el 23 de Enero de 2001. Pueden acogerse a él los extranjeros que, acreditando haberse asentado en el país antes de esa fecha, tengan una situación de “arraigo”, bien por estar incorporados al mercado laboral o poseer una oferta de trabajo, bien por tener vínculos familiares, o bien por haber residido regularmente con anterioridad. La normativa se aplicó primero a los ecuatorianos, mediante el curioso sistema del retorno “voluntario” a su país para regresar con la documentación en regla, pero se extendió posteriormente a colombianos y a otros grupos, mediante acuerdos de regularización con las delegaciones del Gobierno en Cataluña, Murcia y Valencia. Entre unos y otros, sumados a la revisión de expedientes rechazados con anterioridad, unas ochenta mil personas más consiguieron el permiso de residencia entre finales del 2000 y junio de 2001. La distribución espacial de los inmigrantes no ha sufrido sin embargo grandes modificaciones por los últimos aportes, concentrándose en Madrid y Barcelona (36% del total), el litoral mediterráneo y las islas (un 14%). En Andalucía reside otro 14%, la mayoría en las zonas costeras de Almería y Málaga, mientras que en el Levante se encuentran sobre todo en Alicante, Gerona, Valencia, Tarragona y Murcia. Pero no sólo no ha habido modificaciones en las preferencias de destino, sino que se han incrementado las diferencias espaciales entre los centros de mayor acogida y el resto. De las solicitudes concedidas en el proceso extraordinario de regularización del año 2000, el 30% corresponden a la capital del Estado, un 10% a Barcelona y un 7% a Murcia y Almería, mientras las nueve provincias de Castilla y León agrupan tan sólo el 1,5% (2.123). Que Castilla y León no supone un destino deseado por los inmigrantes queda bastante claro si nos fijamos no en las solicitudes concedidas, sino en el total de las presentadas. De las 229.570 resueltas, ya sea por concesión, denegación o archivadas, apenas el 1,2% corresponden a esta comunidad autónoma. León es la provincia donde se acumula el mayor número, un 27% del total, mientras en Zamora, Soria y Palencia las cifras son ínfimas, colocándose en las últimas posiciones de toda la nación y precedidas por Teruel, Ávila y Valladolid. Las provincias preferidas siguen siendo Madrid y Barcelona, sumando entre ambas algo más de cien mil solicitudes. La novedad es, pues, que la emigración tradicional pasará a ser sustituida en los últimos veinticinco años por un cierto movimiento de retorno de anteriores emigrantes ya jubilados –con un stock de más de cien mil residentes en América y sobre todo en Europa que pueden regresar en parte según su proyecto de viday paulatinamente también de inmigrantes extranjeros, en el caso de Castilla y León primeramente hacia las cuencas mineras y más recientemente hacia las ciudades, produciéndose en este periodo un notable incremento de residentes extranjeros según la fuente de la Dirección General de Policía: en 1975 eran 4.803 y en 1999 son ya 22.908. Pero tras el último proceso de regularización y el incremento de las llegadas, la estadística a 30 de septiembre de 2001, según la Delegación del Gobierno en Castilla y León, refleja un número de 34.547 extranjeros, con siete nacionalidades que superan la cifra de mil residentes (portugueses, marroquíes, búlgaros, colombianos, dominicanos, ecuatorianos y franceses) e instalados predominantemente en la provincia de León (el 25,11 %), lo que hace un total de 8.677 extranjeros, con tres localizaciones principales en El Bierzo, Tales cambios afectarán seriamente a la estructura por edad de la población laboral, tanto en cifras absolutas como relativas. La relación de dependencia o cociente entre inactivos (menores de 16 años y mayores de 65) y activos (población de 16 a 65 años) apenas variará hasta el 2016 (un 0,56), aunque a partir de entonces el aumento será rápido (0,62 en 2024). Su peso relativo sobre el total de habitantes llegará incluso a ascender ligeramente a mediados de la década del 2001, con un 65%, medio punto más que ahora. Pero en cifras absolutas la reducción del número de personas en edad activa es ya un hecho confirmado, contando la región con 1,6 millones en 2001, 1,5 en 2014 y 1,3 en 2025. El mayor problema reside sin embargo en el envejecimiento de esa población activa, muy pronunciado en los próximos años. Para analizarlo se han establecido tres conjuntos, integrados por los más jóvenes, de 16 a 24 años de edad, cuya participación en el mercado laboral es muy limitada, al producirse la entrada al mismo en edades superiores, el de 25 a 44 años y por último, el de 45 a 64, grupo con mayores dificultades para adaptarse a los constantes cambios inherentes a las nuevas formas de producción. Los trabajadores con edades intermedias dominan en estos momentos el panorama laboral, constituyendo el grupo de activos potenciales más numeroso, unos 750.000 en el 2001. Quienes han de reemplazarlos, los más jóvenes, apenas llegan a 290.000, siendo casi el doble la cifra de aquéllos con edades superiores a los 45 años (560.000). En torno al año 2012 el grupo de mayor edad igualará en cuantía al de 25 a 44 años, pasando a ser el dominante en los años posteriores. En un plazo de tiempo relativamente reducido, quince años, la escasez de mano de obra joven será por tanto un problema importante. Si en la actualidad por cada diez personas en edad intermedia hay cuatro jóvenes trabajando o en fase de formación y siete mayores de 45 años, estas proporciones serán en el 2024 de tres y quince, respectivamente. Más de la mitad de los activos potenciales superarán los 45 años en el 2021, con toda la problemática que ello entraña en materia de reconversión laboral, formación continua, productividad, etc. Nos encontramos por tanto con unos problemas demográficos muy serios que afectan al conjunto de la población castellana y leonesa, a sus estructuras por edad, su capacidad reproductiva, la composición de su fuerza laboral y en definitiva, su futuro económico a medio y largo plazo. Ante tal panorama, es preciso tomar en consideración un amplio elenco de medidas tendentes a paliar en lo posible los problemas derivados del escenario descrito en estas proyecciones. Y de entre todas ellas, el tema concreto de la inmigración de extranjeros es una de las que se han de considerar con detenimiento. ¿Puede la inmigración solucionar, al menos parcialmente, alguno de los problemas descritos?. La pregunta ha sido contestada afirmativamente por las Naciones Unidas en sus estudios referidos al conjunto de la Unión Europea, aunque en el caso de España existen dudas al respecto. El análisis detallado de las características de los flujos inmigratorios en Castilla y León nos permitirá entrever cómo la llegada de nuevos inmigrantes podría paliar las tendencias negativas descritas hasta ahora. CASTILLA Y LEÓN, 2021 100.000 50.000 050.000 100.000 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 y + Hombres Mujeres CAPÍTULO II La creciente inmigración extranjera en España y Castilla y León 2.1. El fenómeno inmigratorio en Castilla y León en el contexto español El último periodo de grandes movimientos migratorios que ha conocido España tuvo lugar en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX, en el que salen de nuestro país con destino a algunos países europeos (Francia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Países Bajos) aproximadamente dos millones de emigrantes. Desde mediados de los años setenta el flujo emigratorio se ralentiza hasta el punto de que entre 1975 y 1990 se registra el retorno de unos 500.000 emigrantes, en lo que puede interpretarse como un cambio en la tendencia emigratoria que había venido predominando. Sin embargo, si tenemos en cuenta que se calcula que en 1999 había 1.571.941 españoles residentes fuera de nuestro país y 801.329 residentes extranjeros, por el balance se puede considerar que España continúa siendo un país de emigración. De cualquier modo, desde mediados de los años ochenta, España pasó a configurarse más como país receptor de inmigrantes que emisor de emigrantes. Entre las razones que explican el cambio están aquellas que provocan la caída en las salidas de emigrantes y las que justifican la entrada de inmigrantes. Entre las primeras, podemos señalar el fin del ciclo expansivo que a escala europea había seguido a la segunda guerra mundial y posterior reconstrucción; Europa había entrado en crisis a comienzos de los años setenta y ello hizo descender la capacidad de demanda de mano de obra inmigrante, en buena parte española, que comienza el retorno. Las razones del segundo tipo están en relación con la recuperación económica de nuestro país en la segunda mitad de los años ochenta, así como la entrada en la Unión Europea y la posterior adhesión a los acuerdos de Schengen, relativos a la libre circulación de personas; todo esto, además, en el contexto de un modelo en el que la movilidad de los factores productivos, incluido el trabajo, es cada vez mayor y uno de los elementos básicos del nuevo orden internacional, en lo que ha dado en llamarse globalización: la movilidad, los flujos, (concretamente los migratorios) afectan prácticamente a todos los países. La consecuencia de lo anterior es, como señalamos, el retorno de medio millón de emigrantes y la entrada en nuestro país de un número creciente de inmigrantes de muy diversas procedencias y de todos los continentes, aunque el predominio corresponde a los procedentes de la Unión Europea. Por lo demás, en el ámbito de Europa Occidental, la inmigración es un fenómeno que afecta con distinta intensidad a los países: nos encontramos con unos 19 millones de extranjeros, de los que más de siete residen en Alemania, aunque el mayor peso relativo corresponde a Luxemburgo, donde los inmigrantes son el 33% de la población total. En este sentido, España se encuentra entre los países europeos con menor proporción de inmigrantes, que se sitúa en el 2,7% de la población total. En este contexto, la inmigración extranjera asentada en Castilla y León supone un promedio del 2,80% de los extranjeros en España para el periodo que va de 1975 a 31 de marzo de 2001, siendo en esta última fecha el 2,95%; el valor máximo se alcanzó en 1992, en el que la proporción llegó al 3,22%. Castilla y León ha tenido una larga trayectoria de dinámica emigratoria, que se traduce en un saldo negativo de alrededor de 1,8 millones de personas (calculado mediante el método de balance poblacional) entre 1900 y la actualidad. Tras el paréntesis de los años treinta y cuarenta, el mayor volumen de salidas por emigración llega en las décadas de 1960 y 1970, con más de 800.000 personas, lo que supone una pérdida aproximada del 30% de la población regional en esos veinte años y un valor estimado de la tasa de migración de –12,40/00 para 1961-1970. Nuestra comunidad no es ajena a la evolución general del contexto europeo y español que hemos reseñado, de manera que la tasa migratoria negativa cae en la década de 1970 (- 7,20/00). Desde mediados los años setenta se dejan sentir en la región los efectos de la drástica disminución de emigración exterior hacia Europa, así como la ralentización del éxodo rural; igualmente, un cierto retorno de emigrantes y la llegada de inmigración extranjera hace que el balance, aunque negativo, sea más favorable que en los periodos anteriores. La reducción de la emigración en Castilla y León se manifiesta, sobre todo, desde comienzos de los años ochenta, sin que ello suponga que desaparezca la tendencia, puesto que entre 1981 y 1990 la región llegó a tener un saldo negativo cercano a 37.000 personas, según la estadística de migraciones del INE. La última década del siglo XX nos ofrece también un balance negativo que, por ejemplo, para la migración interior entre 1990 y 1999 alcanza a 42.000 personas. Es un balance negativo no compensado con la creciente entrada de población inmigrante extranjera (incluyendo los retornos). El primer cambio significativo en la entrada de inmigrantes extranjeros en Castilla y León tiene lugar en 1986, año en el que se registran casi 8.500 extranjeros, con un aumento de más de 2.000 con respecto al año anterior, lo que supone un aumento de casi un tercio en el número de inmigrantes. Los años 1992 y 1993 marcan otro punto de inflexión, puesto que en estos años entran casi 5.000 extranjeros, que elevan la proporción de los mismos en el conjunto de la población regional 0,60%; es un valor bajo pero que duplica la que tenía en 1986. Por lo demás, el peso de la población extranjera residente con respecto al conjunto español, alcanza en estas fechas los valores más altos: 3,22% en 1992 y 3,17% en 1993. Finalmente, entre 1997 y 2001 (a 30 de septiembre) se duplica el número de extranjeros residentes en nuestra Comunidad, con la entrada en la misma de algo más de 20.000 personas; ello eleva la proporción de inmigrantes extranjeros al 1,4% de la población total regional. Es el valor más alto alcanzado y en ello influyen el ritmo creciente de entrada de inmigrantes y el descenso de la población castellana y leonesa. 2.2. Evolución en la entrada de inmigrantes extranjeros residentes desde 1975 Como hemos visto en el apartado anterior, la inmigración en la comunidad de Castilla y León podría calificarse como débil, tanto en su relación con las magnitudes del total nacional, como, sobre todo hasta 1995, en comparación con los datos que ofrecen otros Estados europeos de nuestro entorno. Sin embargo, las cifras globales aumentan progresivamente en los últimos cinco años de forma llamativa, pero la proporción de extranjeros residentes no superaba en el año 2000 el 1,1% de la población total, una proporción relativa que debe además matizarse por la continua pérdida de efectivos de la región. Por otro lado, cuando se contabiliza el número de habitantes de nacionalidad extranjera en los censos de población, se aúnan los datos de aquellos que proceden de un tipo de emigración económica o sociopolítica, con los trabajadores y descendientes de estos trabajadores locales que emigraron en su día a países europeos como Suiza, Alemania o Francia y tras su permanencia y adopción en estos lugares regresan a España. Así por ejemplo, el 28,4% de los extranjeros de origen suizo que registraba la revisión del Padrón a 31 de diciembre de 2000 en Castilla y León tenían menos de 20 años y el 13,2% de los franceses más de 65. Para matizar si cabe un poco más las características del hecho que nos disponemos a analizar, se debe tener en cuenta que los procesos de regularización llevados a cabo por el gobierno español en los últimos años han producido un aumento apreciable del registro de extranjeros residentes en nuestro país, si bien para el caso de Castilla y León este aumento no ha sido tan significativo. En la regularización efectuada en el año 2000, las 2.758 solicitudes resueltas en la comunidad suponían únicamente el 1,2% del total nacional y más concretamente cinco provincias; Zamora, Soria, Palencia, Ávila y Valladolid se situaban entre las seis con menos expedientes tramitados de España, con Teruel intercalada en el cuarto puesto empezando desde el final, y León, la provincia con un mayor número de solicitudes, ocupando el puesto 36. La estadística que hace referencia al número de extranjeros residentes en España contabiliza el número de éstos que a una determinada fecha residen legalmente en nuestro país, al estar en posesión de un permiso de residencia en vigor. La clasificación de los extranjeros residentes en España se elabora a partir de los datos proporcionados por el Registro de Extranjeros Residentes de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior. Se trata de datos tipo stock referidos al último día del mes o año correspondiente. En ellos se incluyen además de los extranjeros sometidos al régimen general las personas que han obtenido el asilo político, los refugiados políticos y los apátridas. No están comprendidos en cambio los estudiantes, el personal diplomático, los representantes de organizaciones internacionales y el personal militar de la OTAN (A. Izquierdo Escribano, 1992; p.29). En 1975, el número de residentes extranjeros en Castilla y León se situaba según el Anuario de Migraciones en 4.803 personas, veinticinco años después este grupo alcanzaba los 27.613 efectivos, una evolución que significaba prácticamente multiplicar por seis el contingente inicial. En el conjunto del Estado, los extranjeros residentes en la primera fecha eran 165.289 y 938.783 en la segunda, también seis veces más, siguiendo por tanto una evolución similar. Esta semejanza se aprecia con claridad en el gráfico comparativo, que refleja no sólo la misma dinámica general sino incluso una evolución interanual prácticamente en paralelo. A grandes rasgos el número de residentes extranjeros se mantiene estable en el período 19751980 en el caso español mientras en Castilla y León muestra una ligera curva descendente, para incrementarse en los dos ámbitos levemente en el quinquenio posterior. La primera regularización de inmigrantes llevada a cabo en 1986 supone un punto de inflexión al alza que mantiene su ritmo de crecimiento hasta 1990, de forma más pronunciada en el total nacional. Entre 1991 y 1995, con cuatro procesos de regularización intermedios, la dinámica es irregular en ambos casos, para acelerar el ritmo de incremento claramente en los últimos años, pues de hecho el número de residentes extranjeros registra un mayor crecimiento en el período 1996-2000 que el acumulado en los veinte años anteriores, tanto en Castilla y León como en el total de España. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (1) Residentes en España 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Residentes en Castilla y León España Castilla y León (1) Los datos de 2001 corresponde al 31 de Marzo. Residentes extranjeros en España y Castilla y León. (Fuente: Anuario de Migraciones y Delegación del Gobierno en Castilla y León) La evolución en la entrada de inmigrantes extranjeros en Castilla y León queda patente en la figura siguiente, donde a primera vista se aprecia la dinámica irregular seguida por la inmigración hasta 1997. Entre 1976 y 1978 el saldo respecto al número de residentes es negativo, concretamente en 1977 el contingente extranjero con permiso de residencia desciende en 621 efectivos, casi el 13% de los registrados el año anterior. De 1979 a 1981 el balance cambia de signo, alcanzando el último año citado un incremento de 884 inmigrantes respecto al registrado en 1980, lo que supone un valor relativo del 17%. A comienzos de los años 1980 la crisis mundial se deja sentir en nuestro país y este hecho coyuntural repercute en un claro descenso de la tendencia, que se mantiene en valores positivos pero muy reducidos, en torno al 1% de incremento medio anual. El año de 1986 es atípico por su fuerte incremento en el volumen de población registrada, dentro de la evolución mantenida entre 1975 y 1991. En este hecho influye la regularización realizada por el gobierno, como ya se ha expuesto, pero igualmente se debe relacionar con la nueva imagen que España proyecta al exterior tras su incorporación a la Comunidad Europea. Un hecho que sin duda actuó como factor relevante en la motivación de numerosos inmigrantes para explicar este crecimiento general, que en la región se cifró en un aumento del censo de extranjeros residentes de 2.080 personas, 32,5% en términos relativos. En 1987 las expectativas se reducen drásticamente y el número de permisos cae, con un saldo negativo de 318. De 1988 a 1991 la dinámica vuelve a ser levemente positiva, superando el balance en 1990 los 1.000 efectivos. En 1992 y 1993 la situación coyuntural vuelve a ser favorable y especialmente en lo que se refiere a la imagen proyectada por el país con los acontecimientos internacionales que se suceden, de tal forma que el incremento supera en número durante los dos años al registrado en 1986, prácticamente duplicando el contingente de extranjeros. La resaca llega nuevamente en 1994, con una inflexión negativa de 1.482 personas. El bienio siguiente reanuda la tendencia más repetida hasta ese momento, con un leve crecimiento del saldo que no llega a los 1.000 nuevos inmigrantes. Por último, la evolución general se modifica en el último período analizado, cuando el crecimiento de los años 1997, 1998 y 1999 no sólo se mantiene en 2000 sino que parece experimentar un salto cuantitativo al alza que persiste en el tiempo según parecen confirmar los primeros datos del año 2001. -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Residentes extranjeros Polinómica (Residentes extranjeros) Evolución interanual del número de residentes extranjeros en Castilla y León 1975-2000 (Fuente: Anuario de Migraciones 2000) A manera de comentario general podemos relacionar la evolución de las entradas de inmigrantes extranjeros en Castilla y León, y por extensión en el territorio nacional, con la dinámica fluctuante de su desarrollo económico y más concretamente con la imagen proyectada al exterior en determinados momentos. Una imagen que se refuerza poderosamente en los últimos años del siglo XX. Si analizamos la misma evolución por provincias encontraremos algunas particularidades que merecen ser destacadas. En Ávila, la población extranjera con permiso de residencia en 1975 se circunscribía a 46 personas, mientras a 31 de marzo de 2001 alcanzaba las 1.441 personas. En esta provincia la dinámica se caracteriza por un claro estancamiento hasta 1984, un ligero crecimiento en el período 1985-1998 y un fuerte incremento relativo en 1999 y 2000. La capacidad de atraer población de esta provincia se mantiene prácticamente en suspenso hasta 1999, cuando el número de extranjeros residentes se sitúa en el 0,8%. Burgos parte de una situación similar de estancamiento hasta 1979 y de un leve incremento posterior hasta 1990. Desde esa fecha el ritmo positivo se incrementa hasta los datos de 2001. La provincia de León es la única de la comunidad que cuenta con un contingente de población extranjera residente considerable, pues ya en 1975 el número de permisos de residencia se cifraba en 2.647. Aquí la evolución es singularmente negativa entre 1975 y 1978. A partir de esa fecha se suceden dos inflexiones en dientes de sierra cuyos momentos de mayor índice se sitúan en 1981 y 1987. Desde 1989 el crecimiento es continuo y a un ritmo semejante hasta el año 2001. Palencia muestra una dinámica similar a la registrada en Ávila, sólo que en este caso los cambios de tendencia se realizan en 1987 y 1998. Salamanca experimenta un crecimiento débil desde 1975 hasta 1987 cuando se produce un descenso significativo en el número de permisos de residencia, que se mantiene en los dos años siguientes. Desde 1990 crece la población extranjera residente a un ritmo lento sólo modificado en el año 2000. Segovia era la provincia española que en 1975 contabilizaba el menor número de residentes extranjeros, 34, situándose en valores semejantes hasta 1991. El incremento más expresivo se produce a partir de 1997, llegando a 31 de marzo de 2001 a contabilizar 3.451 personas, la cuarta provincia de Castilla y León en el número de extranjeros residentes en esa fecha, tras multiplicar por 100 sus efectivos en el período 1975-2001. Soria comparte las cifras irrisorias de Segovia hasta 1997, momento en el que experimenta un leve crecimiento. Valladolid comienza el período acotado en este análisis con unas estadísticas desfavorables, no recuperando hasta 1983 el número de extranjeros residentes de 1975. De 1987 a 1990 se produce un crecimiento importante que transforma su signo entre 1991 y 1996. Finalmente el número de extranjeros residentes se duplica en los últimos años. Por último Zamora se mantiene durante todo el periodo analizado con un crecimiento leve, sin destacarse excesivamente ni al alza ni a la baja. Del análisis de estos resultados provinciales podemos destacar la importancia reciente de la población extranjera en las provincias más próximas a Madrid y en especial en la de Segovia, la evolución irregular de León, el paulatino desarrollo de la inmigración en Soria y el mantenimiento de las tendencias positivas en Burgos. En resumen, en el análisis de la entrada de inmigrantes extranjeros desde 1975 destaca la similitud de la evolución global entre Castilla y León y España, teniendo en cuenta la escala inferior que le confiere el porcentaje de la población extranjera residente sobre el total poblacional. Destaca asimismo la irregularidad en la dinámica interanual, marcando unos ciclos que parecen asociarse a la imagen que el país proyecta al exterior en el resto del mundo. Por provincias sobresale la evolución de León, tras el cierre de numerosas explotaciones mineras a finales de los años 1970, y el desarrollo positivo de la inmigración en Segovia, frente al estancamiento de otros lugares, como Zamora o Palencia. 2.3.Cuantificación por comunidades de origen de los inmigrantes En el año 2000 la mayor proporción de residentes extranjeros por continentes en Castilla y León continuaba, al igual que veinte años atrás, liderada por los de origen europeo, gracias al aporte de la inmigración portuguesa. Pese a esta continuidad en la preponderancia del Viejo Continente, la composición por comunidades de origen ha variado ostensiblemente en los últimos años, incrementándose el número de inmigrantes procedentes de África, especialmente marroquíes. De hecho, el contingente luso agrupaba a 31 de diciembre de 2000 a casi el 24% del total de residentes extranjeros y el de origen marroquí al 10,5%. En 1981 el Censo registraba a una población extranjera de origen portugués de 3.034 efectivos, lo que suponía el 48% del total. En esa fecha el segundo grupo en proporción era el francés con el 12% y el tercer grupo lo constituían los inmigrantes argentinos con el 4,9%. 1981 2000 Europa 69,60% 57,91% América 21,79% 21,16% África 4,03% 15,63% Asia 4,27% 5,16% Oceanía 0,28% 0,11% Tabla 4. Procedencia de los extranjeros residentes en Castilla y León por continentes. (Fuente: Censo de 1981 y Delegación del Gobierno en Castilla y León) En la tabla se aprecia más claramente la importancia del grupo de origen europeo y el incremento porcentual de los inmigrantes de origen africano. Los grupos procedentes de Oceanía apenas han variado en su composición y peso relativo. En los extranjeros de origen asiático se acusa un aumento del contingente de inmigrantes de origen chino que se unen a los procedentes de Pakistán, quienes conforman una singular colonia en la provincia de León asociados de forma tradicional a la actividad minera. Los inmigrantes de origen americano también varían en su composición a lo largo de estos años, incrementándose el número de colombianos, dominicanos y ecuatorianos a costa de argentinos y venezolanos. Por lo que respecta a aquellos de origen africano aumenta considerablemente el contingente procedente de Marruecos, de 79 a 3.190, que se une a la colonia caboverdiana, tradicional en las cuencas mineras leonesas al igual que la pakistaní. Por último, en los extranjeros de origen europeo se reduce la comunidad francesa, alemana e inglesa, aumentando en contraposición los inmigrantes de origen búlgaro y polaco. Se puede decir que la evolución de las comunidades de origen descrita muestra un cambio evidente en la tendencia migratoria, pues se reduce el número de extranjeros procedentes de migraciones de retorno, con nacionalidades francesa, alemana, suiza, argentina o venezolana, y se incrementa el de aquellos inmigrantes con origen en países pobres de todos los continentes; marroquíes, colombianos, dominicanos, ecuatorianos, búlgaros, polacos o senegaleses. 6.709 3.190 1.722 1.629 1.305 1.069 1.057 908 811 750 744 709 672 618 574 566 550 542 451 444 442 315 299 235 01.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 JAPÓN SENEGAL VENEZUELA ALEMANIA PAKISTÁN RUMANÍA ARGENTINA GRAN BRETAÑA PERÚ ITALIA POLONIA MÉXICO BRASIL CABO VERDE ESTADOS UNIDOS CUBA CHINA FRANCIA ECUADOR REP. DOMINICANA COLOMBIA BULGARIA MARRUECOS PORTUGAL Principales países de procedencia de los extranjeros residentes en marzo de 2001. (Fuente: Delegación del Gobierno en Castilla y León) Por continentes, los extranjeros residentes procedentes de la Unión Europea en 1996 representaban el 91% del total de los procedentes del Viejo Continente, mientras que sólo cinco años después, según la estadística a 31 de marzo de 2001, ese porcentaje se había reducido al 71,6%. En el efecto contrario se encontraban los inmigrantes procedentes de la Europa Oriental, el 4,8% en la primera fecha y el 27,8% en la segunda. Por nacionalidades, las personas con permiso de residencia procedentes de los países de la Unión Europea mostraban en estos cinco años una ligera tendencia al incremento de sus efectivos, sobresaliendo en términos relativos el crecimiento porcentual de los británicos e italianos, y en valores absolutos el número de portugueses que pasan de ser 5.340 en 1996 a 6.709 en 2000, el 68,3% del total de los vecinos comunitarios asentados en nuestra región. Dentro de los Estados que conforman la Europa Oriental destaca el crecimiento de los búlgaros, tanto en porcentajes como en valores reales, pues de los 61 extranjeros registrados con esta nacionalidad se pasa a 1.722. El incremento relativo de los rumanos es similar, de 42 a 451, si bien la segunda nacionalidad de este espacio por número de efectivos es la polaca, con 272 personas en 1996 y 618 en marzo de 2001. El continente africano alberga a la segunda nacionalidad en número de efectivos entre el total de extranjeros residentes. Los naturales de Marruecos formaban en la primera fecha una colonia de 839 personas, que se ha incrementado durante esos años hasta los 3.190. Por el contrario, la segunda comunidad africana instalada desde hace décadas en nuestro territorio ve descender en estos años su contingente. Los caboverdianos eran 1.165 en 1998 y en apenas dos años su comunidad se ha reducido en un 36%, hasta los 744. Esta reducción está Tabla 6. Destinos de los inmigrantes por provincias. Evolución reciente 1995 1997 1999 2001 Ávila 506 632 822 1441 Burgos 1776 2169 3263 3604 León 5499 6355 7495 7921 Palencia 598 700 1043 1372 Salamanca 2324 2221 2820 4709 Segovia 896 1242 2008 3451 Soria 418 730 1244 1822 Valladolid 1806 2302 2981 4139 Zamora 805 1071 1232 1568 Castilla y León 14628 17422 22908 30027 Fuente: Delegación del Gobierno en Castilla y León. Según estos datos de la Delegación del Gobierno, el atractivo de León como generador de empleo para los inmigrantes parece que ha desaparecido, como consecuencia de la crisis en las cuencas mineras, potenciándose el de las ciudades y su entorno inmediato (construcción y servicios) y el de algunos centros comarcales, vinculado a actividades agrícolas y ganaderas, explotación forestal, así como a trabajos eventuales de muy variado espectro. En cualquier caso y, pese a la ausencia de datos municipales salvo los obtenidos a través de entrevistas con responsables de los ayuntamientos, puede decirse que la distribución espacial presenta un modelo mucho menos concentrado que el anterior, con mayor participación de todas las provincias en la acogida de extranjeros y con un papel más destacado del medio rural. La proporción de inmigrantes con respecto a la población total ha aumentado considerablemente en relación a 1996, pues a los nuevos aportes se une el hecho del estancamiento o merma de los autóctonos. En aquel año León era la única provincia en superar el 1%, Palencia y Segovia no alcanzaban un 0,75% y las demás estaban por debajo del 0,5%, A finales del 2000 todas las provincias se hallaban por encima de ese límite, con Segovia a la cabeza (más del 2%) y León, Salamanca y Soria superando el 1%. Palencia, Valladolid y Zamora eran las provincias donde estos grupos tenían un menor peso relativo. Por último, a finales del primer trimestre del 2001 puede apreciarse, una vez tramitadas las solicitudes de residencia presentadas sobre todo por latinoamericanos (ecuatorianos y bolivianos), el incremento de los índices correspondientes a Burgos, Valladolid y Zamora (entre un 0,75 y 1% de población extranjera) y Soria (más del 2%). Tanto en esta provincia como en la de Segovia ha tenido lugar el asentamiento de grupos marroquíes, búlgaros y, en menor cuantía, ecuatorianos, principales responsables de los cambios mencionados. CAPÍTULO III Características sociodemográficas de los inmigrantes y condiciones de vida. 3.1. Las estructuras por sexo, edad y estado civil. La pirámide de población de los extranjeros residentes en Castilla y León difiere considerablemente de la local, por motivos fáciles de comprender. Estamos hablando, en su mayor parte, de personas que vienen a la búsqueda de un trabajo, jóvenes o adultos en edad activa, solteros o casados que han dejado a su familia en el país de origen. A medio y largo plazo se tiende hacia la reagrupación familiar o a la formación de nuevas parejas, pero el fenómeno inmigratorio, salvo en el caso de algunas nacionalidades muy concretas, es muy reciente en la región, por lo que todavía no ha podido dar origen a procesos de consolidación familiar generalizados. Por motivos similares, el número de jóvenes menores de edad y el de ancianos es aún reducido, aunque en todos los aspectos citados es preciso hacer matizaciones de acuerdo con el lugar de procedencia. En 2001 la población castellana y leonesa muestra una pirámide con claro perfil de bulbo, resultado un prolongado proceso de envejecimiento tanto por su base (déficit de nacimientos) como por la cúspide (aumento del número de ancianos). El sector medio está dominado aún por población adulta joven, de 20 a 39 años de edad, pero las generaciones más jóvenes disminuyen progresivamente su tamaño, a la par que comienzan a ensancharse los grupos de mayores de 40 años. Por el contrario, el conjunto de inmigrantes extranjeros posee una estructura por edad extremadamente joven, con apenas un 5,3% de mayores de 65 años frente al 22,9% de la población nacional. El peso relativo de los jóvenes menores de 16 años es mayor entre los inmigrantes, un 17,2% y 12,9% respectivamente, pese a ser reducido el número de parejas casadas con hijos. El aspecto más interesante reside sin embargo en el 77,5% de inmigrantes con edades comprendidas entre los 16 y 64 años, muy superior en CASTILLA Y LEÓN, 2001 PIRÁMIDES COMPARATIVAS DE NACIONALES Y EXTRANJEROS 6543210123456789 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 y más % HOMBRES MUJERES Nacionales Extranjeros FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del I.N.E y de la delegación del Gobierno en Castilla y León. términos relativos al correspondiente a la población autóctona (64,2%). Esta distribución por grupos de edad queda patente en los índices más significativos, ya se trate de cuantificar el envejecimiento demográfico, que es de 1,8 ancianos por cada joven en la región frente a sólo 0,3 entre los inmigrantes, o la tasa de dependencia, relación entre población joven más población anciana y población en edad activa, de 55,9% y 29,0%, respectivamente. Pero continúa siendo la pirámide de edades el método que mejor representa las diferencias entre ambas poblaciones. La composición por sexo y edad de los inmigrantes apenas ha variado de 1996 a 2001, aunque se haya duplicado el número, concentrando sus efectivos entre los 20 y 45 años y contando con una proporción de jóvenes superior a la regional salvo en los primeros tramos, los menores de cinco años, apenas un par de centenares en 1999 y según nuestra estimación menos de 350 en el 2001. Estas cifras tan reducidas se deben a que los hijos de inmigrantes que conservan la nacionalidad de sus padres son escasos entre quienes llevan más años en España, limitándose a los nacidos de parejas con poco tiempo de residencia y en gran medida, a madres solteras o divorciadas llegadas a nuestro país con hijos pequeños o que los han tenido aquí. En general, dentro de su propio colectivo, los menores de veinte años presentan porcentajes bajos en toda la región, especialmente allí donde la inmigración es un fenómeno más reciente, como sucede en la provincia de Soria. León constituye la única excepción, con mayor proporción de jóvenes de 10 a 20 años de edad, hijos de inmigrantes portugueses y caboverdianos. El número de extranjeros disminuye rápidamente por encima de los 45 años y a partir de los 50 su importancia, tanto relativa como absoluta, es mínima. Nuevamente encontramos en el carácter reciente de la inmigración la explicación más lógica, junto a la limitación temporal de muchos desplazamientos. Existen serias dudas, sin embargo, de que este último comportamiento se generalice y los inmigrantes retornen a su país de origen transcurridos varios años y conseguidos unos ahorros o llegada la edad de la jubilación. El único ejemplo de una comunidad extranjera asentada desde hace años en Castilla y León es el ya mencionado de los caboverdianos en las cuencas mineras y entre ellos, las migraciones de retorno son casi inexistentes. Los jubilados, con edades en torno a los cincuenta años, poseen hoy día vivienda propia en Ponferrada, así como hijos que van o irán en los próximos años a la universidad, por lo que la idea de volver a Cabo Verde acaba por olvidarse. Sí se están produciendo no obstante cambios de residencia hacia la provincia de Madrid, donde existe otra destacada comunidad de esta misma nacionalidad en Villalba, así como hacia Alicante, en Torrevieja, atraídos por el clima y la oferta de trabajo en el sector turístico. Tales desplazamientos afectan sobre todo a familias que habitaban viviendas de alquiler en el Bierzo, donde la mayor concentración corresponde a Bembibre y en el valle de Laciana, en Villablino (R.Moldes Farelo, 2000). Un último elemento característico de la pirámide de población extranjera residente en la Comunidad es el importante desequilibrio en su estructura por sexos. El índice de masculinidad o cociente entre hombres y mujeres es entre los inmigrantes de 0,82, cuando en los castellanos y leoneses alcanza el 0,97. Un análisis por grupos de edad nos permite vislumbrar que es en el conjunto de adultos jóvenes, de 20 a 39 años, donde la distribución por sexos favorece más a las mujeres, mientras en edades superiores hay un equilibrio entre ambos o es ligeramente superior el número de varones. La situación es inversa a la existente en el conjunto de España, donde el índice de masculinidad de los residentes extranjeros es del 1,02, con una igualdad numérica en todos los grupos de edad salvo los anteriormente indicados, donde domina el componente masculino. La comparación entre las pirámides de nacionales y extranjeros en España y en la región permite apreciar perfectamente las diferencias descritas. A escala nacional las estructuras por edad de los inmigrantes presentan un mayor equilibrio entre jóvenes y ancianos, asemejándose al conjunto nacional, mientras en Castilla y León es notable la escasez de mayores de 50 años. Y aunque existe una coincidencia en la abundancia de inmigrantes en edad activa entre 20 y 44 años, superando con amplitud en términos relativos la importancia de estos grupos de edad en la población autóctona, la disimilitud en su estructura por sexos es notable. Entre los extranjeros residentes en España hay 1,1 hombres por mujer en esos umbrales de edad, cuando en Castilla y León la relación se invierte, con 1,3 mujeres por cada hombre (índice de masculinidad de 0,79). La diferencia entre los perfiles por edad de las pirámides de residentes extranjeros en la Comunidad Autónoma y el conjunto español se explican tanto por el carácter más reciente de la inmigración como por la escasa presencia de parejas de jubilados procedentes de países de la Unión Europea. En España los residentes provenientes de ese ámbito, excluido Portugal, suponen el 39% de los inmigrantes, cuando en Castilla y León son apenas un 15%. La inmigración portuguesa, en cambio, es abundante, con una distribución por sexos más pareja (1,1 hombre por mujer), si bien entre los 25 y 34 años dominan las mujeres. Se trata del colectivo con mayor antigüedad en la región, caracterizado por una presencia numerosa de familias, mientras que los nuevos aportes llegados de países de Europa del Este e Hispanoamérica responden mayoritariamente al concepto de migración de trabajadores, es decir, personas jóvenes y solteras. Es necesario por tanto analizar con detenimiento no sólo el origen de estos nuevos flujos, sino también las características demográficas de cada uno de ellos, con el fin de entender las peculiaridades del actual proceso inmigratorio, que en poco se asemeja al de mediados de los años setenta. Los residentes con nacionalidad europea poseen la pirámide de población más equilibrada en su estructura por sexos, si bien la proporción de hombres aumenta a partir de los 45 años, alcanzando índices de masculinidad de 1,2 a 1,4. Hay un escaso número de ancianos, así como de jóvenes, cuya presencia se reduce rápidamente por debajo de los 15 años de edad. En 1996 nueve de cada diez provenían de un país miembro de la Unión Europea y dentro de ella, los portugueses significaban un 70%, aunque la situación tiende a variar con el incremento de los flujos originados en Europa del Este. Entre los portugueses dominan dos grandes grupos de edad, correspondientes a los llegados desde mediados de los años setenta y a los hijos de quienes ahora tienen entre 35 y 50 años. Si entre los de mayor edad se aprecia el predominio de los hombres, por debajo de los cuarenta años la distribución por sexos es equilibrada, debido a la mayor intensidad de la inmigración femenina desde los años ochenta. Las parejas asentadas entonces tienen ahora hijos de 10 a 19 años, siendo pocos los menores de esa edad. Las causas se encuentran tanto en la caída de la fecundidad como en el hecho de que el número de posibles progenitores, con edades de 25 a 35 años, es inferior. Las estructuras demográficas de los residentes portugueses constituyen no obstante una excepción entre los europeos, aún siendo todavía quienes predominan. Tanto franceses como alemanes, así como los pertenecientes a otras nacionalidades con menor presencia (italianos, británicos holandeses y belgas, sobre todo), concentran sus efectivos en los grupos de 25 a 39 años de edad y, en menor medida, en los colindantes, con una distribución por sexos que varía dentro de unos umbrales no muy amplios. Se trata de una inmigración causada por motivos meramente laborales y con períodos de estancia predefinidos, sin capacidad para fijar la población a largo plazo, como demuestra el reducido número de jubilados y de menores de edad. En consecuencia, su cuantía no ha experimentado grandes variaciones en los últimos años. Frente al modelo de Europa Occidental, los procedentes de países del Este muestran en su conjunto un componente familiar más desarrollado, con relativa abundancia de parejas de adultos jóvenes (25 a 39 años) y en términos proporcionales, un mayor número de menores de edad que entre los comunitarios. Los casados son mayoría abrumadora (el 61%), aunque llegan más hombres que mujeres, sobre todo por encima de los treinta años. A las familias con uno o dos hijos se une otro contingente similar en cuantía de solteros (el 31%), siendo por tanto numerosos los casados que viven sin su pareja. La razón estriba en que los hombres suelen llegar primero en busca de trabajo y una vez conseguido éste y disponiendo de una vivienda, traen al resto de la familia, fenómeno que ya se detecta en Castilla y León. En los países de origen la situación económica y en ocasiones, política, es mucho más conflictiva, sufriendo graves problemas en los lugares de trabajo, sobre todo si se trata de fábricas donde tienen una jornada laboral muy larga y cobran un salario mínimo, situación que se empeora aún más a consecuencia del cierre de muchas empresas. Es así como el hombre decide emigrar a otro país buscando mayores ingresos que enviará periódicamente a la mujer y a los hijos que han permanecido en el país de origen. Los polacos eran la minoría mayoritaria en 1999, pero actualmente su número es triplicado por el de búlgaros, contando también con una presencia creciente de rumanos. Los flujos procedentes de estos tres países han experimentado un crecimiento considerable en apenas cinco años, sobre todo los búlgaros, que han pasado de tan sólo 61 residentes en 1996 a 2.717 a finales del tercer trimestre del 2001. A ellos se han unido nuevos grupos, sobre todo armenios, pero también yugoslavos, bosnios, rusos y ucranianos, hasta alcanzar una cifra superior a las cuatro mil personas. El resultado es un importante cambio en la estructura por nacionalidades de los inmigrantes europeos, descendiendo la proporción de los comunitarios del 90% señalado para el año 1996 a aproximadamente un 70% en el 2001, mientras los europeos orientales incrementan su presencia hasta cerca del 30%. Junto a su creciente número, el segundo rasgo destacable de estos grupos reside en el carácter definitivo del desplazamiento en la mayoría de los casos. Ya se trate de familias o de individuos aislados, la idea predominante es conseguir permisos de residencia y trabajo permanentes, por lo que su contribución al crecimiento demográfico real es cada día más importante. Tras los europeos, los hispanoamericanos son el segundo conjunto de inmigrantes con mayor presencia en Castilla y León. Sus estructuras demográficas poseen además unos rasgos bien diferenciados, destacando entre todos ellos el bajo índice de masculinidad, con un promedio de 2,5 mujeres por cada varón. En las edades correspondientes a la población activa el índice asciende a 4, llegando incluso a 5 mujeres por cada hombre en el grupo de 25 a 29 años de edad. El desequilibrio a favor de las mujeres es un rasgo común con independencia de la nacionalidad, alcanzando su máxima expresión entre las comunidades caribeñas y centroamericanas. El ejemplo más extremo corresponde a los dominicanos, con 4,2, pero la situación es similar en los grupos de activos jóvenes cubanos, colombianos, ecuatorianos, brasileños, etc. Es preciso considerar además que estos índices medios se encuentran matizados en parte por una distribución por sexos más igualada en los más jóvenes, nacidos ya en España, así como por la de los más ancianos, entre quienes se incluyen parejas de españoles jubilados que habiendo adoptado la nacionalidad del país de acogida, retornan ahora a su lugar de origen. En la población adulta joven, los inmigrantes llegados en busca de trabajo, la gran mayoría son mujeres de 25 a 40 años de edad. En el país de origen los hombres trabajan en la agricultura o en la ganadería, proporcionando al hogar muy pocos ingresos. La mujer en cambio tiene más facilidad para emigrar a España, donde busca un trabajo en la economía sumergida (realizando tareas de empleadas de hogar o viéndose obligadas a ejercer la prostitución) para poder mandar dinero a su país y ayudar a la familia. El estado civil de los inmigrantes hispanoamericanos contempla múltiples situaciones, siendo minoritarias las familias. Por el contrario, resultan abundantes las mujeres casadas de 30 a 44 años que se han desplazado solas, dejando en el país de origen al marido y los hijos. Su estancia en Castilla y León es temporal, o al menos esa es su intención, regresando al cabo de tres o cuatro años. Una importancia similar poseen las jóvenes de 20 a 29 años, siendo relativamente frecuentes las madres solteras cuyo hijo ha nacido aquí. Contemplaban su desplazamiento como algo temporal, pero a medida que transcurre el tiempo y sobre todo, una vez que han logrado regularizar su situación legal, los plazos autoimpuestos para retornar se van prolongando indefinidamente. Por último, también tienden a generalizarse los matrimonios mixtos de hispanoamericanas con españoles, sobre todo entre colombianas y cubanas, pero son muy escasos los opuestos, entre inmigrante y española. Los casados con compatriotas o con españoles son pese a todo una minoría numerosa, el 36%, encontrándose la mayoría solteros (57%). A estas tendencias generales escapan solamente los residentes argentinos, quienes aún concentrando sus efectivos en los grupos de activos, muestran una pirámide de población diferente a la de los anteriormente citados. Nos encontramos en este caso particular con una inmigración de carácter familiar, predominando las parejas con un único hijo y con edades medias superiores a las registradas en otros colectivos. Entre los hombres dominan los grupos de 30 a 45 años de edad, mientras que en el conjunto femenino las edades son algo inferiores, destacando ya por su importancia los grupos de 25 años en adelante. También tienen una presencia significativa los mayores de 65 años, españoles que emigraron a Argentina con anterioridad a los años sesenta y adoptaron esa nacionalidad. Una vez jubilados, cuando sus hijos son mayores de edad y tienen su propia familia, optan por volver a su lugar de origen. Esta particular migración de retorno es una constante en Castilla y León desde los años ochenta, aunque los flujos son muy débiles y abarcan no solamente a emigrados residentes en Argentina, sino HISPANOAMÉRICA (1999) 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 y más % sobre total Hombres Mujeres FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes 1999 (I.N.E.) también a cubanos y, en mucha menor cuantía, chilenos, venezolanos y mexicanos. La relativa antigüedad del fenómeno, junto a la mayor esperanza de vida femenina y la elevada edad media de los retornados, dan lugar a que el número de viudas sea considerablemente alto. Pero se trata de una porción ínfima de la inmigración hispanoamericana y por tanto apenas modifica la pirámide general de ese conjunto, dominada por la presencia de los grupos mayoritarios de colombianos (2.646 a fecha 30 de septiembre de 2001) y ecuatorianos (2.245). La inmigración africana presenta dos facetas totalmente diferentes, al ser el resultado del asentamiento de caboverdianos en las cuencas mineras leonesas, ya comentado, así como de los modernos flujos protagonizados sobre todo por magrebíes, que afectan a toda la región. Hasta 1999 se concentraban en las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, pero en los dos últimos años ha aumentado rápidamente su número en Segovia, que agrupa casi a un millar de ellos, así como en Soria, con otros cuatrocientos. Mientras en el caso de los caboverdianos la inmigración de hombres jóvenes se ha transformado, mediante la reagrupación familiar, en una pirámide dominada por las generaciones de los padres, parejas con edades que oscilan entre los 30 y 50 años y de sus hijos, de 5 a 20 años, la nueva oleada se caracteriza por la presencia mayoritaria de varones solteros en edad activa y un reducido número de parejas con hijos. Aún habiendo representantes de una amplia gama de países, los marroquíes, 3.674 censados a finales de septiembre del 2001, constituyen el principal colectivo, seguidos a gran distancia por los senegaleses, apenas trescientos. Llegados a Castilla y León tras haber recorrido varias comunidades autónomas (Andalucía, Valencia, Murcia, Madrid y, en menor número de ocasiones, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha), muestran una extremada movilidad espacial, ligada sin duda al hecho de encontrar mayores dificultades para lograr su integración. Su primer objetivo es el envío de dinero a su familia en Marruecos, planteándose su estancia aquí como temporal para volver a su país al cabo de unos años o utilizar España como cabeza de puente hacia otros destinos en la Unión Europea. Pero, al igual que en otros casos, cuando logran un trabajo medianamente estable cambian de parecer e intentan el reagrupamiento familiar. Las familias marroquíes residentes en Castilla y León son, del conjunto de inmigrantes, las poseedoras de una fecundidad más elevada y aunque la edad media de las parejas no es alta (unos treinta años), cuentan con un promedio de tres hijos por mujer. Resultado de ello es la pirámide de población de residentes extranjeros con una base más amplia, pese a que el perfil general quede desfigurado por la concentración de efectivos en los adultos de sexo masculino. Sin embargo el número de casados es aun reducido, apenas una quinta parte, correspondiendo el 80% a los solteros. Dentro de estas nacionalidades no aparecen divorciados ni viudos, mientras entre los europeos del Este e hispanoamericanos su número comienza a incrementarse, aún manteniéndose en índices mínimos (6 y 5% respectivamente). La ausencia de divorciados en el caso de la población musulmana se debe también a que tal situación es mal vista en el caso de los hombres, por lo que declaran encontrarse solteros, aunque no sea así. Finaliza este comentario con la obligada referencia a la inmigración procedente del continente asiático, de menor importancia cuantitativa, integrada por unas dos mil personas de las cuales más de la mitad provienen de China y Taiwán. Se localizan en todas las ciudades de la región, si bien la mayor concentración corresponde a Valladolid, con un tercio del total y su ritmo de crecimiento es lento en comparación con las otras nacionalidades estudiadas. A diferencia de ellas, se trata de una inmigración marcada por un carácter claramente familiar, con presencia equilibrada de todos los grupos de edad en ambos sexos desde los más jóvenes hasta los cincuenta años, momento a partir del cual los efectivos se reducen a un mínimo. La pirámide muestra una merma en la cuantía de las generaciones más jóvenes, menores de cinco años, pero al ser un dato puntual no puede considerarse resultado del descenso real de la fecundidad, hasta la fecha estabilizada en los dos hijos por mujer. A esta inmigración china, la única destacable en Castilla y León procedente de Asia, se suma el grupo de los pakistaníes. A diferencia de los anteriores, estos se concentran en la localidad de Bembibre (León), donde residen más de cuatrocientos del medio millar llegados a la región, formando familias con un elevado número de hijos menores de edad y sin ancianos. Su intención es permanecer en el país y, al igual que los caboverdianos, muchos de ellos han tramitado ya su nacionalidad española. 3.2. Nivel de estudios, formación y problemática educativa. La población inmigrante que llega a Castilla y León presenta diferentes grados de formación según su procedencia. Los datos referidos al conjunto de inmigrantes extranjeros extracomunitarios muestran que el 47% posee estudios primarios, el 32% ha cursado alguna de las ramas de la Formación Profesional de su país de origen, el 6% tiene el título de bachillerato, el 13% estudios superiores y el 2% no cuenta con ningún tipo de estudios. No obstante, las diferencias dependiendo del país de origen son muy marcadas. La población procedente de África es la que menos cualificación posee. En cambio, los latinoamericanos suelen tener estudios primarios, aunque no faltan casos en los que han cursado secundaria e incluso estudios superiores. En cambio, es la población procedente de Europa del Este la que más cualificada está para desarrollar un oficio. El sistema educativo de estos países permite adquirir una formación profesional muy específica a lo largo de cinco años de estudio, lo que hace que sea precisamente este colectivo el que demande los mejores puestos de trabajo en los sectores de la industria y la construcción. Mientras que la carencia de los ciudadanos procedentes de Europa del Este pasa sólo por el Idioma, a los alumnos sudamericanos y marroquíes se les detectan importantes vacíos de alfabetización básica. El nivel de instrucción que tienen los inmigrantes llegados a Castilla y León más recientemente presenta algunas diferencias con respecto a los datos ya enunciados, consecuencia de las modificaciones detectadas en cuanto a su procedencia. Durante el año 2000 y con independencia de su lugar de origen, fueron mayoría quienes habían cursado enseñanzas medias y formación profesional, mientras el porcentaje de titulados universitarios apenas varió con respecto a los ya presentes en la región (7,4% de licenciados y 7,6% de diplomados). La cuarta parte posee un nivel de formación asimilable al BUP o COU (25,8%), a los que se añade otro 4,2% que ha completado la enseñanza secundaria obligatoria. Uno de cada diez inmigrantes ha cursado algún tipo de formación profesional, sobre todo FP2 (7,6%) y en menor cuantía, FP1 (2,8%). En cambio sí se produjo un aumento entre aquéllos sin ningún tipo de estudios, que alcanzaron el 8,1% de los nuevos residentes. En contrapartida, los inmigrantes con estudios básicos (EGB) son una minoría entre los integrantes estos nuevos flujos, tres veces y media menos en entre los ya residentes con anterioridad en la región. El resto, hasta alcanzar el 100%, corresponde a extranjeros que aún teniendo estudios no han declarado el nivel de los mismos (un 14,5%) o no han querido contestar a la pregunta (8,0%). En el primer caso la causa puede ser un desconocimiento del nivel que corresponde a los estudios cursado en el país de origen con su correspondiente en España, mientras que en el segundo encontramos tanto a personas sin estudios, que no desean manifestar su condición, como a otros con estudios superiores que piensan puede resultar contraproducente para sus intereses declararlo, ya que entrarían en competencia con los españoles en la búsqueda a medio plazo de un trabajo en mejores condiciones. Son pocos por tanto los miembros del colectivo inmigrante carentes de estudios, de los cuales una gran mayoría tienen origen africano. Esta población es la que menor nivel de instrucción posee, careciendo prácticamente de individuos que hayan cursado licenciaturas o diplomaturas, salvo los solicitados por las ONGs, centros de acogida y de enseñanza para atender a sus compatriotas (profesores, médicos y enfermeros, principalmente). El incremento del nivel de formación y especialmente, del número de profesionales y técnicos medios, deriva de la nueva oleada procedente del Este de Europa, mientras entre los hispanoamericanos destaca la importancia que está adquiriendo la llegada de estudiantes universitarios, sobre todo de origen sudamericano, que solicitan ayudas para alojamiento y para solucionar los trámites administrativos con el fin de mantener sus becas. De Sudamérica se intensifica asimismo el flujo de titulados universitarios, con carreras muy diversas (profesores, periodistas, ingenieros, informáticos, economistas), aún siendo una minoría. En definitiva, se está produciendo una adaptación a las necesidades de mano de obra cualificada existentes en el mercado laboral de Castilla y León y más concretamente, a las surgidas en el medio urbano. La población africana sigue ocupando los puestos de trabajo menos especializados demandados por el sector agrario y la construcción, mientras que los hispanoamericanos ocupan una franja laboral cada día más extensa, gracias a la mayor diversificación de los niveles de formación entre los nuevos inmigrantes, en especial en el caso de la población masculina. Entre las mujeres predominan por el contrario las que poseen niveles de instrucción bajos en todos los casos, con la excepción de las europeas. El mayor grado de formación de los recién llegados no impide, sin embargo, que se enfrenten a los lógicos problemas de asimilación de una cultura y, en muchos casos, idioma diferente, por lo que para lograr tanto su integración en la sociedad como el mejor aprovechamiento de estos recursos humanos, es precisa su inclusión en programas específicos de aprendizaje. Los programas de alfabetización desarrollados por la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, así como los puestos en marcha por diversas ONGs, asociaciones de vecinos y otras instituciones se centran en favorecer el desarrollo de los conocimientos de todas las personas que lo soliciten. La existencia de estos cursos también está favoreciendo a la población de inmigrantes, sobre todo a las mujeres que son las que más acuden a estos programas de formación. Los expertos en educación de adultos han detectado en los últimos años un incremento de los inmigrantes que recurren a cursos para aprender el idioma y para iniciarse y perfeccionar en la escritura o la lectura. En el año 2000 y solamente en la provincia de Valladolid 359 personas extranjeras fueron atendidas en estos programas. Las enseñanzas iniciales impartidas se dividen en dos niveles, el de alfabetización básica, donde los alumnos no tienen plazo temporal para su aprendizaje y el nivel II, donde se perfeccionan las destrezas de lectura, escritura y matemáticas, adquiriendo asimismo conocimientos de cultura general. Independientemente del nivel de estudios que posean los miembros del colectivo inmigrante, muchos se encuentran ante un mismo obstáculo, el aprendizaje del castellano. La facilidad para aprender nuestro idioma no siempre es la misma, como resulta obvio en el caso de la población procedente de América Latina (salvo los brasileños), que no tienen problemas en este sentido, pese a las diferencias en giros y expresiones, siendo su principal preocupación la búsqueda de alojamiento y trabajo. El resto de los inmigrantes tiene que memorizar unas frases básicas para poder afrontar la búsqueda de un empleo, no siendo infrecuentes los que consiguen uno sin hablar una sola palabra de castellano. La población procedente de Europa del Este muestra una cierta facilidad para aprender español, aunque el dominio del lenguaje coloquial tarde en torno al año o año y medio. Portugueses y brasileños tampoco encuentran grandes problemas por la similitud de ambas lenguas y su aprendizaje es más rápido. En cambio, la población procedente de África y Asia se enfrenta a mayores dificultades, pues tienen que partir aprendiendo una grafía diferente a la suya. Tan grande llega a ser el obstáculo que aunque generalmente acaban por conseguir hablar nuestro idioma, no llegan a poder Pero si las condiciones de la vivienda en las ciudades son deplorables, en el medio rural llegan a límites extremos. La existencia de casas abandonadas no implica disponibilidad de alojamientos, al negarse los propietarios a alquilarlas a inmigrantes, especialmente a los procedentes del Norte de África, Ecuador o Rumanía. En el caso de familias con trabajadores fijos el problema es menor, bien porque su permanencia en el pueblo les ha hecho conocidos para los demás habitantes, bien por ser el empleador quién proporciona la vivienda. En cambio, los trabajadores temporales están expuestos a un rechazo generalizado. Tanto su cuantía como sus costumbres, totalmente ajenas a las de la población autóctona, generan ese rechazo, siendo palpables los síntomas de racismo contra todo aquél con un color de piel más oscuro, independientemente de su nacionalidad. Los mismos empresarios se niegan en ocasiones a contratar inmigrantes africanos y sobre todo, procedentes de la zona subsahariana. El alojamiento de los temporeros se soluciona habilitando malamente antiguos barracones, naves de maquinaria, almacenes, o casas abandonadas en estado de semirruina. No disponen de mobiliario, la comida se prepara en viejas cocinas de butano, duermen en colchones sobre el suelo y la ausencia de agua corriente y sanitarios es norma común. En estos casos la indefensión del inmigrante es total, pues se trata de indocumentados a quienes no queda otra opción laboral. Pero también encontramos situaciones parecidas que afectan a extranjeros con permisos de residencia y trabajo, contratados en origen por empresas privadas dedicadas al papel de intermediarios entre el empresario agrícola y los inmigrantes. Una vez llevados al lugar de trabajo, la empresa se desentiende por completo de las condiciones de vida de su teórico cliente (puesto que el inmigrante ha pagado por los desplazamientos, trámites y búsqueda de empleo), quedando todo en manos de la buena o mala voluntad del empleador. 3.4. Problemática ligada a la integración del inmigrante en la sociedad. Las condiciones de vida del inmigrante no dependen exclusivamente, por supuesto, de la obtención de los correspondientes permisos, un puesto de trabajo, una vivienda digna y un nivel formativo adecuado. La integración en las sociedades de acogida se lleva a cabo a través de un enorme esfuerzo en todos los ámbitos y niveles de responsabilidad social, cuya finalidad es contribuir a la convivencia de todas las personas en igualdad de oportunidades y derechos. Se persigue ante todo garantizar el respeto de los derechos humanos y que las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales den posibilidades a todos de satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar su proyecto de vida y sus potencialidades. En todas las ciudades de Castilla y León hay una serie de organizaciones dependientes de la Administración Pública y no gubernamentales que centran sus esfuerzos en la ayuda a este colectivo, al que se le niega en ocasiones el acceso y disfrute de derechos fundamentales, siendo preciso realizar ante la sociedad una doble labor de sensibilización. Por un lado, en contra de las situaciones y estructuras de empobrecimiento y exclusión social. Y por otro, a favor de la implantación de valores de justicia, solidaridad y respeto de la dignidad de todas las personas. No obstante, a pesar de los esfuerzos que realizan todas estas entidades, la integración social de los inmigrantes es una tarea muy difícil, mucho más si tenemos en cuenta los prejuicios existentes al respecto. Uno de los principales problemas con que nos encontramos al hablar de integración radica en que los inmigrantes buscan ayuda en los mismos sitios a los cuales se dirigen indigentes y personas excluidas de la sociedad. Estos grupos sociales se encuentran en una situación mucho más desfavorecida que el colectivo de inmigrantes, por lo que el hecho de que compartan las mismas instalaciones y busquen el uso de los mismos servicios empieza a ser conflictivo, pues estamos hablando de personas con características y problemas bien diferenciados. Los indigentes, por lo general, son individuos desanimadas, sin metas en la vida, con problemas de drogadicción o alcoholismo y que practican la mendicidad. En cambio, los inmigrantes forman un colectivo de escasos recursos económicos, aunque suelen traer algo de dinero para subsistir en el país de destino durante unos días; con estudios, desde básicos hasta universitarios; con objetivos en la vida y, en muchas ocasiones, con una familia a la que mandar dinero para que pueda subsistir en el país de origen durante un tiempo, antes de poder traérsela a España. La unión de estos dos grupos sociales bajo un mismo techo y disfrutando de los mismos servicios ha acabado por desarrollar casos de drogadicción, alcoholismo y delincuencia entre inmigrantes que habían venido a trabajar. Esta situación es imposible de evitar, pues aunque se limite la entrada de un colectivo o se cierren determinados centros, siempre habrá otros lugares en los que se produzca el contacto entre ambos. Se trata además de uno de los factores más dañino para la imagen de los inmigrantes, lo cual repercute en mayores dificultades de integración. En cambio, cuando la situación de los inmigrantes se estabiliza y consiguen un hogar en el que vivir, la situación es diferente. Como norma general, no suele haber conflictos entre el propietario que alquila en piso y los inquilinos e incluso se produce un proceso paulatino de aceptación, que no de integración, de la población inmigrante por parte de los vecinos del mismo inmueble. Con el paso del tiempo, llega un momento en que la forma de relacionarse con la población española se le ha vuelto familiar al inmigrante, sabiendo cómo manejarse en las situaciones diarias. Si al mismo tiempo ha ido avanzando externamente en su inserción laboral y vecinal e internamente en la aceptación de lo que ha ido consiguiendo y de la identidad social adquirida mediante ello, su integración estará prácticamente conseguida. Pero habrá casos en los que todavía volverá a presentársele su condición de extranjero, cuando sea objeto de discriminaciones injustificadas; la probabilidad de que esto ocurra dependerá de la apariencia externa de sus rasgos raciales. Los inmigrantes procedentes de Europa del este y un sector de la población latinoamericana lo tiene más fácil en este campo porque sus rasgos físicos no les delatan. De estas ideas se deduce que la integración social de los inmigrantes no debe ser llevada a cabo tan sólo por los miembros pertenecientes a dicho colectivo, sino que la sociedad receptora debe de aceptarlos para que se pueda llevar a cabo una integración favorable. Indudablemente, los inmigrantes se encuentran en un entorno diferente al de su país de origen, lo cual les obliga a introducir cambios en su conducta, a aprender normas fundamentales de comportamiento y los valores predominantes en la sociedad de destino. Ellos son quienes deben hacer mayores esfuerzos. La sociedad receptora, en principio, no se ve obligada a cambiar, tan sólo a aceptar la existencia de estas personas. Para ello debe de desaparecer uno de los mayores problemas de hoy en día en este campo, la xenofobia. La xenofobia se pretende paliar a través de jornadas que fomenten la integración de personas de raza diferente y para ello se pretende dar a conocer entre los miembros de la sociedad receptora algunas de las costumbres de la población inmigrante mayoritaria y desarrollar un respeto hacia esas costumbres. En Castilla y León el rechazo a los extranjeros no constituye todavía un problema destacable, pero el rápido aumento de su número en un corto espacio de tiempo puede hacer que surja a corto o medio plazo. La población española afirma, por regla general, no verse afectada personalmente por la inmigración, aunque cuando se presentan situaciones extraordinarias, como sucedió con la regularización de finales del 2000 y el problema de los ecuatorianos, a comienzos del 2001, la preocupación por sus efectos en el país se dispara, según datos del C.I.S. No es improbable, por tanto, que una BARÓMETRO SOBRE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA (SEPTIEMBRE 2000 - JULIO 2001) 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 sep-00 oct-00 nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 Porcentajes Porcentajes Afecta a España Afecta personalmente FUENTE: Centro de Investigaciones Sociológicas. Elaboración propia. respuesta semejante tenga lugar entre los castellanos y leoneses, lo cual justifica la importancia de las actividades destinadas a evitar el rechazo. No obstante y por mucho que se avance en el camino hacia la integración, la población inmigrante siempre se sentirá originaria de otro país y tendrá la necesidad y el deseo de compartir sus experiencias con otras personas que han pasado por una situación similar. Es así como han empezado a surgir puntos en los que se reúnen estos colectivos según su nacionalidad, en bares, discotecas, plazas, parques o estaciones donde intercambiar sus experiencias. En estos lugares se produce una segregación instantánea con respecto a otros grupos, con el objetivo de intercambiar información e incluso de reconstituir, ampliar o desarrollar las redes migratorias. Uno de los puntos de reunión preferidos en nuestras ciudades son los locutorios telefónicos. Los inmigrantes acuden a ellos en las primeras ocasiones únicamente para realizar las llamadas a larga distancia, mucho más baratas que desde cabinas, pero actualmente se está generando una red de comunicación en torno a los locutorios, convirtiéndose también en centros de búsqueda de piso en alquiler e incluso de trabajo. Los propios inmigrantes acuden con ofertas de trabajo o anuncios en los que buscan compañeros para compartir piso. Tal es la situación a la cual se ha llegado que los propietarios de los locutorios empiezan a pensar en crear una revista o incluso en promover una ONG o asociaciones específicas, como la Asociación Eurolatina surgida en Valladolid en torno a un locutorio del barrio de la Rondilla. Su finalidad reside en proporcionar información básica, pues muchos de los inmigrantes recién llegados a la ciudad se encuentran perdidos y no saben muy bien que pasos deben de seguir. Los inmigrantes utilizan asimismo otros servicios ofertados por algunos locutorios, como el envío de fax, giros bancarios o pequeños paquetes a los familiares. Los objetos que más frecuentemente se mandan son, a parte de dinero, fotografías, papeles que necesitan para solicitar algún permiso, medicamentos (sobre todo los cubanos) y algún que otro regalo personal en fechas señaladas. Locutorios y estaciones de ferrocarriles y autocares son los centros de reunión preferidos en las ciudades de la región, pero si bien potencian la solidaridad entre grupos nacionales y facilitan la resolución de problemas básicos, también favorecen el mantenimiento de círculos de relaciones cerrados. A pesar de existir una voluntad social que persigue la integración, son muchas las trabas para conseguir tal fin. Los propios inmigrantes cierran sus puertas a la nueva sociedad y se limitan a relacionarse con personas de su misma nacionalidad, denegando la ayuda que le puedan prestar personas incluso de su mismo continente, pues cada país tiene sus propios trámites a seguir (un colombiano no tiene que presentar los mismos papeles que un ecuatoriano, por ejemplo). 3.5 Servicios de apoyo a la inserción social y laboral de los inmigrantes extranjeros. Desde el lado de la sociedad castellana y leonesa son muchas las entidades que contribuyen a facilitar la integración y solventar los problemas de la población inmigrante. Sus fines sociales son muy diferentes, al confluir sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, organizaciones empresariales, diputaciones provinciales y la propia Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Sanidad y Bienestar Social y más concretamente, de la Gerencia de Servicios Sociales. En todas ellas se proporciona información según su propio ámbito de competencias o especialización, en el caso de las ONGs, pero también aportan un conjunto muy diverso de servicios. La Asociación Desarrollo y Solidaridad - DESOD -, una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla el programa "Atención Integral a Inmigrantes" (Programa HORIZON), financiado por el Fondo Social Europeo en el marco de la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos y por la Junta de Castilla y León, que lo puso en funcionamiento desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Su ámbito de actuación va dirigido a personas inmigrantes residentes temporal o permanentemente en la comunidad autónoma de Castilla y León, abarcando varios campos de actuación. Ofrecen asesoría jurídica, que incluye información y orientación al inmigrante sobre sus derechos y obligaciones legales, la resolución de consultas específicas en materia de extranjería y derecho internacional privado, asistencia legal para la reagrupación familiar, nacionalidad, asilo, tutela de menores, contingentes o autorizaciones extraordinarias de empleo, entre otras cuestiones. Realizan actividades formativas, dirigidas al aprendizaje del idioma, formación básica, compensatoria y profesional, cursos, seminarios y talleres, etc. Las labores de acogida a los inmigrantes comprenden el proporcionar información, orientación y gestión de recursos y prestaciones sociales, formando además un voluntariado social especializado. Para optimizar recursos realizan estudios de las necesidades de los extranjeros y fomentan su participación en todas las actividades. Colaboran asimismo con organizaciones religiosas para ofrecer alojamiento, desayuno y cena a los inmigrantes más necesitados, bien en centros de acogida (Hogar Pax, por ejemplo) o en pisos particulares. Por último, apoyan la inserción laboral, mediante la redacción de currículos, preparación de entrevistas de trabajo o redacción de ofertas de empleo. También participan en la búsqueda activa de empleo y fomento del autoempleo para que el inmigrante pueda crear su propia empresa. En Cáritas se persiguen una serie de objetivos que llegan asimismo mucho más allá de paliar las necesidades básicas de los inmigrantes. Al igual que DESOD proporcionan información general y asesoramiento en el ámbito legal, laboral y sobre recursos y prestaciones, interesándose especialmente en paliar la indefensión jurídica que sufren los inmigrantes a la hora de enfrentarse a los trámites de legalización, abusos laborales, problemas administrativos, dificultades con el idioma, etc. Se persigue evitar la precariedad y la ilegalidad, que finalmente convergen en marginación, para lo cual orientan en la búsqueda activa de empleo y facilitan el contacto con empresas de trabajo temporal o cualquier otra que demande mano de obra extranjera, asesorando sobre la contratación, seguridad social y otras prestaciones a las cuales tienen derecho, dentro de su programa Sendero Integra Empleo. Además, ejercen una labor de intermediación en la realización de gestiones con el Servicio de Extranjeros del Gobierno Civil, la Delegación de Trabajo, la policía o la Agencia Española de Cooperación Internacional. En materia social ayudan tanto al inmigrante individual como a las redes de apoyo e integración, además de desarrollar actividades de sensibilización ante los problemas de discriminación o xenofobia. Sus trabajadores sociales proporcionan servicios de alimentación, atención sanitaria y medicinas, ropa, lavandería, etc., a través de sus Centros de Día, e incluso ayuda económica para el pago de alquileres y recibos. El Centro de Día tiene como finalidad dar unos servicios de atención mínima a personas sin recursos económicos o desfavorecidas socialmente, aunque cada vez es mayor la presencia de inmigrantes. Tan elevado es el número de este colectivo que se ha restringido su entrada a un límite determinado. Además, el hecho de que los "sin techo" y los inmigrantes compartan las mismas instalaciones y busquen el uso de los mismos servicios empieza a ser conflictivo, como ya se indicó anteriormente. Otra asociación que ofrece ayuda a este colectivo es PROCOMAR (Promoción de Colectivos Marginados)-Red Acoge, una federación de ámbito nacional con diversas áreas de actuación. Proporciona, como las anteriores, unos servicios de información, orientación y asesoramiento legal, laboral y social, desarrollando además tareas de apoyo en materia de alojamiento y educación para adultos y menores, destinadas sobre todo en el conocimiento del idioma español. Participan en la divulgación de la problemática de los inmigrantes y en la sensibilización de la sociedad, para fomentar la defensa de sus derechos, mediante actividades realizadas por voluntarios que incluyen el estudio del fenómeno de la inmigración y el mantenimiento de una bolsa de empleo. Cruz Roja también tiene un servicio de atención especial para inmigrantes, donde ayuda en todo lo posible a la integración de este colectivo. Las medidas que lleva a cabo no se diferencian mucho de las ya descritas, aunque tienen su propio Programa Operativo de Inmigrantes que ofrece ayuda para la obtención de ofertas de empleo a quienes ya poseen los permisos de trabajo y residencia, a la par que proporcionan alojamiento temporal a personas necesitadas, si bien este servicio no es exclusivo para la población inmigrante. Dentro del plan de acogida la Cruz Roja también alquila pisos destinados a ser ocupados por los inmigrantes, pero actualmente están teniendo problemas para encontrar particulares dispuestos a proporcionarlos. Las personas que ocupan tales viviendas varían en función de las situaciones y en ocasiones nos encontramos con madres solteras, con hombres viviendo en grupo e incluso con familias enteras a las que se ofrece un hogar. En estos inmuebles los inmigrantes no tienen que pagar el alquiler y en ocasiones se les facilita la comida y los bienes de primera necesidad, a la vez que se mantiene un seguimiento a través de educadores sociales sobre su proceso de inserción en la sociedad. Las asociaciones de vecinos y los colectivos de educación de adultos, centrados en la problemática particular de cada barrio, han integrado también entre sus objetivos la ayuda al inmigrante, especialmente en aquellas ciudades y barrios donde su concentración es mayor. Allí donde la ubicación de extranjeros es más antigua han llegado a desarrollar servicios similares a los ofrecidos por las ONGs ya mencionadas (asesoramiento, búsqueda de alojamiento y trabajo, clases de español, formación laboral, etc.), preocupándose por la integración no sólo de los adultos, sino asimismo de los menores de edad, al facilitar su integración en colegios públicos y completar su educación mediante clases complementarias, según sus necesidades y problemática particular. Las ofertas de servicios a los inmigrantes proporcionadas por los ayuntamientos difieren considerablemente de un municipio a otro, aunque como es lógico, en las ciudades es donde se puede encontrar un elenco más variado de opciones. En general, los inmigrantes tienen acceso a la mayoría de las prestaciones dirigidas a los colectivos marginados en general, como son los comedores y albergues públicos o las denominadas Aayudas de emergencia a familias necesitadas. No obstante, comienza a ser frecuente el establecimiento de cupos de admisión por nacionalidades, debido a la saturación provocada por la afluencia masiva de inmigrantes en algunas ciudades donde el proceso ha sido más reciente. Además, la apertura de estos establecimientos públicos a los extranjeros implica la polarización de los nuevos flujos migratorios hacia las ciudades donde están ubicados, aumentando las necesidades de prestación servicios. El albergue existente en Burgos funcionaba hasta hace unos años como uno de los principales centros de acogida en la ruta Norte de la inmigración a España, llegando a él gran parte de la población procedente de los países del Este de Europa. Cuando comenzó a funcionar en Valladolid otro de estos centros la ciudad pasó a formar parte de la misma ruta, concentrando la llegada de inmigrantes de Este, cuyo número se ha multiplicado en muy poco tiempo. Los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras también llevan a cabo diversas actuaciones destinadas a la inserción laboral de los inmigrantes. La UGT de Castilla y León, a través de las distintas áreas de Acción, atiende las consultas de los trabajadores extranjeros que llegan a la comunidad y proporciona asesoría laboral. Desde mediados de los años noventa mantiene un Servicio de Inmigración destinado a orientar e informar al inmigrante, facilitando las gestiones ante la Delegación de Gobierno o Área de Trabajo. Mediante el seguimiento y control de diversas empresas se ha conseguido que accedan a las mismas condiciones laborales disfrutadas por la población española, detectando y denunciando a empresarios sin escrúpulos que abusan y explotan a miembros de este colectivo, con el fin de acabar con el trabajo clandestino. El área de inmigración de UGT apoya al inmigrante en múltiples materias, pero especialmente en temas legales y laborales. Asesoramiento sobre asilo y refugio, reagrupación familiar, obtención de la nacionalidad, tramitación de los permisos de residencia y trabajo, renovación de documentos, visados y expulsiones son algunas de las consultas más frecuentes. En el aspecto laboral se centran en dar a conocer sus derechos a los trabajadores, informar sobre los convenios colectivos y condiciones de los despidos, reclamación de salarios y finiquitos, así como en mejorar la formación tanto de trabajadores en activo como de desempleados. En Comisiones Obreras se han creado centros exclusivos de atención a inmigrantes denominados Centros de Información al Trabajador Extranjero (CITE). La apuesta realizada por CC.OO. consiste en extender la red de CITE de forma progresiva por todo el territorio español. Actualmente, en Castilla y León existen centros en León, Salamanca y Valladolid, aunque desde cada uno de ellos se atienden también consultas del resto de las provincias. En un futuro se pretenden abrir nuevos CITE en Palencia y Soria. Sus objetivos coinciden con los del Servicio de Inmigración de la UGT (asesoría legal y laboral, combatir la discriminación, defender sus derechos y denunciar los abusos, etc.), además de potenciar los estudios sobre la situación y perspectivas de la inmigración en Castilla y León, intercambiando experiencias con otras regiones. Lo que más preocupa a los inmigrantes que pasan por estos centros es la obtención del permiso de trabajo, tema al que se refiere un 42% de las consultas. En el 2001fue también masiva la cantidad de personas que se acercaron a los CITE para solicitar información sobre la regularización extraordinaria llevada a cabo en ese año. Por último, son asimismo frecuentes las preguntas que aluden a los derechos que tienen en sanidad, a la validez de su permiso de conducir o a problemas laborales de toda índole. Todos los organismos mencionados, junto a otros muchos no citados porque la gran variedad de sus objetivos lo impide, colaboran en la integración de los inmigrantes en Castilla y León, ayudando a conocer las características sociodemográficas y la verdadera situación de esta población. La importancia de la labor realizada es cada día mayor ante el rápido incremento del número de inmigrantes. Como muestra, DESOD, la organización que concentra un mayor número de solicitudes de ayuda, ha atendido entre enero y septiembre de 2001, solamente en Valladolid, al triple de personas que en todo el año 1998 . El aumento registrado en esta capital se justifica según DESOD por el hecho de haberse convertido en centro de recepción de extranjeros, parte de los cuales emigran con posterioridad a otras provincias. 3. 6. La integración social en la escuela y en el medio rural, minero y urbano La llegada de personas de nacionalidad extranjera a una determinada sociedad plantea un fenómeno cada vez de mayor trascendencia, a medida que esta población es relativamente más numerosa, como es la cuestión de las actitudes de integración o de exclusión social. En este caso se trata de qué piensan al respecto, de un lado y de otro, los castellanos y leoneses y los propios extranjeros con residencia en la región sobre su integración o no en el medio social, que vamos a diferenciar a su vez en el Informe entre medio rural, medio minero y medio urbano en la medida que se corresponde con distintas tipologías de actividad, de asentamientos y de hábitat. Asimismo, tendremos en cuenta primeramente, tras una introducción al concepto axiológico de integración, la integración en el ámbito escolar. Algunos estudios realizados en España a través de análisis de encuestas a lo largo de los años 90 (tal como se recoge en el reciente de Juan Díez Nicolás, Los españoles y la inmigración, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999) han valorado las actitudes respectos de diferentes grupos sociales y según áreas de alta o baja inmigración, siendo en el caso de estas segundas en las que se incluye Castilla y León. Se parte de una observación general de que los españoles encuestados en estos años en relación a la xenofobia, racismo y exclusión social dan respuestas más bien positivas pues “las actitudes y comportamientos discriminatorios no han encontrado el más mínimo apoyo social” (página 185). Esta conclusión ya no se sostiene desde la aparición de los brotes de xenofobia habidos en las áreas mediterráneas españolas en el año 2000, que obligan a revisar este tipo de análisis más optimista. El mismo Díez Nicolás recoge posiciones diferentes, que referentes a las áreas de baja inmigración podemos agrupar del siguiente modo sobre la actitud de la población: más “favorable” (superior a un índice 6) respecto a las personas procedentes de la Europa comunitaria, los sudamericanos, los europeos del Este y los asiáticos; es “menos favorable” (entre 5,5 y 6) hacia los grupos de africanos negros, norteamericanos, rusos, judíos; y es “desfavorable” (menos de 5,5) hacia los árabes y musulmanes y los gitanos (en su mayoría, como es sabido, españoles, pero también portugueses o europeos del Este). Nos encontramos, de un lado, ante viejos prejuicios y actitudes de exclusión que se cruzan en la actualidad, de otro lado, con una actitud de mayor o menor rechazo o aceptación de personas según sus nacionalidades más o menos afines a la nuestra. Por otro lado, Díez Nicolás en página 172, señala que “parece haber actitudes algo más negativas hacia la inmigración precisamente en las Comunidades Autónomas que reciben menos inmigración” lo que puede sorprender un tanto, y asimismo en página 183 concluye que a la vista de las investigaciones “sí hay gran cantidad de datos que permiten afirmar que las actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes con cada vez más favorables (o menos desfavorables)”. Por otro lado, según es conocido, en España y entendemos que también en Castilla y León, se cuenta con una amplia base social que prefiere hasta ahora entre los tipos de inmigración que sea temporal y regularizada y apoya la limitación o cuota de los trabajadores extranjeros permanentes. En cualquier caso, hasta que se refleja en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en 1990, el asentamiento de extranjeros no se encontraba entre los “principales problemas de la sociedad”. Posteriormente se va reconociendo por todos la importancia y efectos del fenómeno inmigratorio, máxime observando la posición del Estado español como gendarme del Suroeste de la Unión Europea y como territorio de entrada ante los vecinos países magrebíes y en cierta medida ante los llegados desde Latinoamérica en lo que cada vez más es un puente aéreo. Por ello, una vez que el flujo migratorio internacional adquiere un papel cada vez más relevante y que afecta a todo el país en mayor o menor medida, se ha producido un cambio significativo en cuanto a la percepción de la inmigración como “problema” (mirada de la exclusión) o como “fenómeno” derivado de la división internacional ante el desarrollo (mirada de la integración). En suma, la integración de los inmigrantes tiene una naturaleza multidimensional, en cuanto representa a la vez una integración “legal” o disfrute de una situación jurídica estable, “laboral” o posibilidad de acceso al trabajo y a la formación profesional, “familiar” o derecho a la reagrupación, “residencial” o derecho a vivienda digna, “educativa” incorporación en distintas edades al sistema educativo, “sanitaria” o acceso normalizado al sistema de salud, “cívica” o participación en instituciones y asociaciones autóctonas”… Debe ser por ello un objetivo a perseguir, un reto educativo, laboral, político, que dependerá en cada caso de rasgos como la nacionalidad, la etnia, los años de residencia en país y localidad de destino, de la situación económica y profesional, accesibilidad a la vivienda, la mayor o menor concentración de ciudadanos extranjeros, el idioma hablado y el nivel cultural. Todo está a su vez en dependencia de lo que se establece en la sociedad de acogida como “inmigrante” y tal rango sociológico está dependiendo de la mayor o menor capacidad de integración de los mismos inmigrados. La integración escolar del alumnado extranjero es elemento primordial en este proceso al posibilitar la incorporación a la sociedad de destino a los hijos de los inmigrantes. La escuela se configura así como un medio favorable para la integración de los más jóvenes y posibilita la integración con el medio social de modo normalizado. En este sentido, es un ejemplo clarificador cómo se puso en marcha, por primera vez en el curso 1987-1988 en algunos colegios públicos de las cuencas mineras de León y más tarde en localidades como Miranda de Ebro y también en Enseñanza Secundaria, el “Programa Hispano-Luso de Acción Educativa y Cultural”, el cual tiene la virtud de apoyar con docencia bilingüe impartida por profesores portugueses a escolares de esta nacionalidad, caboverdianos e incluso españoles (en muchos casos hijos de portugués) dentro de una educación intercultural. Entre sus objetivos destaca el de favorecer la integración de este alumnado en el sistema educativo español, promover el respeto y el aprecio por las diferencias culturales, educando para la formación de ciudadanos libres, responsables y participativos en una sociedad multicultural, colaborar en la mejora de la integración de los inmigrantes dentro de sus comunidades locales. Pues bien, de las encuestas que hemos realizado (Lorenzo López Trigal, director, Evaluación del Programa…, 1992) constatamos que los niños portugueses y caboverdianos atendidos por este Programa salen reforzados en su formación y muestran a nivel general una integración superior a la que presentan sus familiares adultos. Ellos se convierten en los mejores embajadores e intermediarios entre su familia y la comunidad local. Sin embargo, no se puede decir de lo mismo entre los trabajadores inmigrantes temporeros en el campo, donde la escolarización de los niños de familias trashumantes es reducida y a pesar de los esfuerzos por apoyar su escolarización e integración los resultados son aún no satisfactorios. momento por la externalización de las actividades menos productivas llevada a cabo por grandes empresas de la región, pero a los que actualmente acuden también pequeños y medianos empresarios. La construcción, los servicios de limpieza, la hostelería y la agricultura, junto a industrias sujetas a grandes oscilaciones en su producción, como algunas del sector agroalimentario, se abastecen mediante este sistema de una parte de la mano de obra temporal que precisan. Es imposible hacer una generalización sobre el comportamiento de las empresas especializadas en gestionar las ofertas de trabajo para inmigrantes, pero la indefensión de éste ante el posible abuso del empresario ha quedado más que demostrada con la apertura de procesos judiciales en varias comunidades autónomas, no habiendo sido ajena Castilla y León a semejante hecho. Tratándose de trabajos temporales, la empresa cobra directamente por las tareas realizadas, sin que exista un vínculo directo entre el empleador y los trabajadores, cuya relación contractual es con la empresa. El permiso de trabajo de los inmigrantes se concede porque previamente se ha presentado una oferta de trabajo y si ésta no se materializa, acaban por encontrarse en situación irregular. Valga de ejemplo la detención en Aranda de Duero a finales de Junio de 2000 de dos colombianos y un español que captaban trabajadores en Colombia, con la promesa de salarios elevados y papeles en regla. Se les cobraba por el viaje 2.284 euros (380.000 pesetas) y una vez aquí, debían realizar labores agrícolas y se les descontaba del sueldo el alojamiento, la manutención, la ropa y los desplazamientos, con lo cual les quedaba menos de 6 euros por hora de trabajo (mil pesetas). Aún siendo un caso concreto, sirve para explicar el funcionamiento de las mafias surgidas, también en nuestra región, al amparo de las necesidades no cubiertas de mano de obra y de los reducidos cupos de trabajadores extranjeros autorizados hasta estos momentos. La regulación de trabajadores extranjeros ya asentados en la región, como se indicó, es por supuesto otra de las posibles vías para normalizar su acceso al mercado laboral. El primer paso consiste en aportar la documentación precisa que demuestre una estancia prolongada, una oferta de trabajo o vínculos familiares. El inmigrante puede acudir a un abogado para efectuar estos tramites o el empleador dirigirse a empresas y profesionales especializados en tales actividades, los cuales llevan a cabo la tramitación de la solicitud e incluso ofrecen directamente al empresario la mano de obra que necesita, como en el caso anterior. Sin duda éste ha sido y probablemente seguirá siendo en el futuro el método al que debe acogerse la mayor parte de los trabajadores inmigrantes, salvo que se logre un incremento en la cuota de permisos de trabajo correspondiente a Castilla y León. El inmigrante en situación irregular pasa a engrosar el amplio espectro de la economía sumergida, a la espera de un nuevo proceso extraordinario de regularización, de una modificación de la Ley de Extranjería o de conseguir los requisitos necesarios para obtener sus permisos de residencia y trabajo. Es lo sucedido en el año 2000, cuando el 77% de los casi tres mil inmigrantes que presentaron su solicitud en la región consiguieron que ésta les fuera concedida. Por supuesto, siempre se advierte del carácter único y último de todo proceso extraordinario, pero la realidad tiende a contradecir estas promesas políticas y el inmigrante acaba por confiar en conseguir su objetivo antes o después. La evolución seguida en la concesión de permisos de trabajo señala una tendencia al alza en los últimos años, pero las cifras se mantienen muy por debajo de las necesidades reales. A lo largo de la década de los noventa solamente se sobrepasaron los dos mil permisos en 1991 y 1999, aunque en el primer año fue consecuencia del proceso extraordinario de regularización llevado a cabo en 1990 y 1991. En el 2000 se llegaron a contabilizar 2.079 solamente entre enero y julio, sin contabilizar el proceso de regulación de finales de años, consolidándose además los cambios que venían advirtiéndose en su distribución provincial. Segovia, Soria y Valladolid incrementan el número de permisos, colocándose incluso la primera de ellas por delante de León, que hasta esa fecha había sido la que contaba todos los años con el mayor número (un 38% del total en 1991). Actualmente ese porcentaje es del 19%, parecido al de Segovia (21%) y Valladolid (17%). Burgos, Salamanca y Soria concentran un 8, 10 y 12% respectivamente, mientras en Ávila, Palencia y Zamora no se llega al 5%. La tendencia durante el último quinquenio (1996-2000) es hacia una estabilización en estas tres provincias, con cifras anuales inferiores al centenar. A finales del tercer trimestre del año 2001 ya se habían concedido 1.816 permisos de trabajo y residencia. La provincia con mayor número de solicitudes es Valladolid, seguida de León y Burgos, mientras Ávila es la que presenta una menor demanda. Pero a pesar de ser unas cifras muy prometedoras para los que viven fuera de nuestras fronteras, el problema continúa localizándose en la población inmigrante que ya se encuentra en la región y no puede acceder a estos contingentes. Dado que el INEM justifica el aumento del número de permisos concedidos por la elevada cantidad de ofertas de trabajo que se quedan sin ocupar ante la falta de personal dispuesto a desempeñarlos, una política tendente a facilitar la regularización de los ya residentes es esencial, tanto para resolver la situación de explotación laboral a la que se encuentran sometidos, como en respuesta a la demanda empresarial. Junto a la redistribución interna de las concesiones, Castilla y León ha aumentado significativamente su participación en el conjunto nacional. Hasta 1997 la región obtenía entre un 1,2 y 1,4% de los permisos de trabajo concedidos a inmigrantes en todo el país, salvo en los años 1990 y 1991, cuando se llegó a un 2%, pero en condiciones extraordinarias. Desde esa fecha hasta ahora la proporción ha ascendido al 2,9%, a la par que aumentaba la importancia de la contratación por cuenta ajena, DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LOS PERMISOS DE TRABAJO 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia. * De Enero a Julio siempre superior en esta comunidad autónoma al promedio nacional. Estos contratos tienden a concentrar cada vez más la actividad de los inmigrantes, pues si en 1990 suponían un 72% en toda España y un 85% en Castilla y León, en el 2000 representaban cerca del 95% en ambos casos. La pérdida de importancia de la contratación por cuenta propia, del autoempleo en definitiva, no es sólo relativa, afectando también a las cifras absolutas. Si durante la primera mitad de los años noventa eran más de 250 los nuevos permisos concedidos anualmente a inmigrantes extranjeros para ejercer como autónomos en la región, en la segunda no llegaron a 200. La creación de pequeños negocios familiares parece concentrarse en grupos muy concretos, de crecimiento limitado (inmigración china, por ejemplo), mientras los trabajadores integrantes de los flujos hoy día más intensos, como marroquíes, colombianos y ecuatorianos, son asalariados, pendientes siempre de conseguir la renovación de sus contratos. La regulación extraordinaria del 2000 sirvió no obstante para sacar de la economía sumergida a parte de los inmigrantes que trabajan por cuenta propia en diversos servicios de reparación y mantenimiento, de forma que la proporción de extranjeros afiliados a la Seguridad en el régimen especial de autónomos es aún del 14% del total. Pero si el trabajo resulta inseguro incluso para inmigrantes llegados con los permisos en regla y oferta de empleo, la situación de quien se halla a la espera de obtenerlos es mucho peor. El trabajador extranjero sin permiso comete una infracción grave, que puede ser penalizada con multa de 300 a 6.010 euros (50.001 a 1.000.000 de pesetas) o con la expulsión del país, que anula cualquier otra autorización y prohíbe el regreso por un período mínimo de tres años y máximo de diez. El empresario que los contrata se expone a multas de 6.010 a 60.101 euros (1.000.001 a 10.000.000 de pesetas), al ser catalogada su infracción como muy grave. Aunque la cuantía final dependerá de la capacidad económica del infractor, también hay que tener en cuenta que Ase incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados@ (artículo 54 de la Ley de Extranjería), lo cual parece estar siguiendo un elemento disuasorio de suma importancia. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS EN CASTILLA Y LEÓN (% SOBRE EL TOTAL NACIONAL) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * % sobre total nacional FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia. (*) De Enero a Julio No hay estadísticas fehacientes que nos permitan conocer con exactitud la situación real y las condiciones de trabajo de los inmigrantes, siendo necesaria la realización de un análisis mucho más profundo que el presente para poder abordar semejante tema. No obstante, son muchas las organizaciones no gubernamentales que participan en tareas de ayuda al inmigrante, a las que se suma el esfuerzo realizado por algunos sindicatos y organizaciones empresariales, bien por sus propios medios o bien participando en programas para fomento del empleo subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La experiencia diaria de estas organizaciones en el trabajo con inmigrantes en Castilla y León resulta coincidente en términos generales en cuanto al tipo de problemas más frecuentes, que marcan la diferencia de su situación laboral con respecto a los nacionales. La falta de información adecuada es uno de ellos, especialmente la referida a sus derechos laborales. A pesar de que los trabajadores inmigrantes contribuyen a la seguridad social, ni ellos ni sus familias llegan a alcanzar de los mismos beneficios y servicios sociales que la población española. Y es precisamente esa desinformación la que hace que los trabajadores inmigrantes se sientan desprotegidos y en condiciones diferentes a las de los trabajadores españoles. Tal circunstancia, junto con la explotación laboral que en ocasiones padecen por ello, hace pensar en la necesidad de una mayor implicación de las administraciones locales y autonómica en esta materia, papel llevado a cabo en estos momentos por ONGs y sindicatos. El trabajador extranjero viene a España con escasos recursos económicos, con visado de turista y en busca de una oferta de trabajo que le permita regresar a su país legalmente, con una propuesta de empleo y por último -y quizás esto sea lo más difícilintenta reunir el dinero suficiente para que el retorno sea un camino de ida y vuelta. En esta última fase es cuando surgen de forma más frecuente los abusos empresariales, bien por la vía del contrato ficticio (caso de Fachadas Pisuerga), o bien a través de la explotación empresarial (como sucedió en 2001 en el municipio de Quintanamanvirgo, en Burgos), entrando ya de lleno en el ámbito de la denominada economía sumergida. Cuando un empresario requiere la mano de obra de población inmigrante de forma ilegal, nunca lo va a reconocer a través de intermediarios (sindicatos, asociaciones, ONG...) sino que busca el contacto directo con el trabajador. El caso llega al punto de que si una asociación acude a ver a un empresario que solicita inmigrantes, éste pone como condición que sean legales, mientras que si es el inmigrante el que establece contacto directo con el empresario, en ningún momento le pide los papeles ni comenta que se le va a contratar. Si bien no todos los casos son iguales, la situación varía en función del tipo de trabajo de que hablemos. Los tipos de trabajo que demandan y que suelen encontrar los miembros de este colectivo son muy variados. Las mujeres realizan tareas en el servicio doméstico o en empresas de limpieza e incluso empiezan a tener relevancia en el sector de la hostelería. En cambio, los hombres acaparan una mayor variedad de trabajos, ya sea en el sector de la construcción (escayolistas, carretilleros, azulejistas, palistas, peones de albañilería, carpinteros, pizarristas e incluso aparejadores), en industrias y talleres (fresadores, mecánicos electricistas, oficiales de primera, chapistas, soldadores, cerrajeros, etc.), en la ganadería (vaqueros, pastores), agricultura (todo tipo de labores) o servicios (camareros, conductores repartidores, agentes de seguridad), junto a un sin fin de empleos diversos caracterizados por su nula especialización (mozos de almacén, de carga y descarga, etc.). Aquéllos que poseen una cualificación media constituyen un grupo que, dentro de este colectivo, podríamos calificar de afortunado, al existir una importante demanda en sus servicios. Por el contrario, la mano de obra menos cualificada está sometida a trabajos eventuales y en multitud de ocasiones, en situación irregular. No obstante, no todos los inmigrantes solicitan trabajos de esta índole, pues hay personas muy cualificadas y preparadas para realizar trabajos de profesor, contable, puericultor, médico, masajista-fisioterapeuta, ingeniero minero, abogado, dentista, policía, administrativo, corredor de seguros, periodista, delineante, economista, fotógrafo, ingeniero agrónomo... unas cualificaciones acordes con los estudios que han realizado en su país de origen, en especial los procedentes de Europa del Este. La situación laboral de las mujeres es bien diferente a la de los hombres. Generalmente suelen realizar tareas difíciles de controlar por la Inspección de Trabajo, y en consecuencia, están en condiciones laborales irregulares, con salarios muy inferiores al mínimo interprofesional. La franja del mercado de trabajo que acaparan estas personas demanda una gran flexibilidad temporal y las trabajadoras extranjeras se adaptan mejor -o deben adaptarsea este requisito. Además, la población femenina de Castilla y León, en su mayor parte, no está dispuesta a realizar este tipo de tareas, por lo que nos encontramos ante un déficit de mano de obra en el servicio doméstico y más aún en las condiciones laborales y salariales que aceptan las trabajadoras extranjeras. Pero las situaciones y su problemática son muy diferentes según el trabajo realizado, por lo que resulta indispensable analizar por separado cada uno de los tipos de actividad donde mayor número de trabajadores inmigrantes podemos encontrar. 4.2. Sectores de mayor actividad entre los inmigrantes. La información cuantitativa sobre distribución sectorial de los trabajadores extranjeros en Castilla y León proviene de los permisos de trabajo y residencia concedidos por los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Interior, respectivamente, por lo que se trata tan sólo de una aproximación a la realidad, al no ser posible incluir a aquéllos sin permiso de trabajo o en situación totalmente irregular. Baste decir que en 1999 no llegaban a 4.000 los permisos vigentes, frente a una población extranjera con permiso de residencia cercana a las 23.000 personas, de las cuales 18.000 se encontraban en edad laboral. Por sexo, de los aproximadamente 6.000 hombres de 16 a 64 años de edad, tenían permiso de trabajo menos de 2.500 y entre las mujeres, 1.400 de un total posible de 12.000. Como resulta obvio, aún eliminando de las cifras precedentes a quienes se dedican exclusivamente a tareas del hogar, estudiantes, parados y ciudadanos de países de la Unión Europea, que no precisan tales permisos, el conjunto de los trabajadores extranjeros en situación irregular es sumamente amplio, pudiendo llegar a igualar al de aquéllos con permiso de trabajo. Sin duda esta proporción ha descendido como consecuencia de la regularización extraordinaria del año 2000 y la que favoreció a algunos grupos muy concretos a comienzos del 2001 (ecuatorianos), pero el incremento de los flujos hace prever un retorno a cotas similares. A fecha 31 de marzo de 2000 el número de permisos de trabajo vigentes se había duplicado, llegando a 7.440, una cifra sin duda mucho más cercana a la realidad que la admitida tan sólo unos meses antes. El 84% de las solicitudes presentadas por inmigrantes en Castilla y León en la primera mitad de ese año demandaban conjuntamente el permiso de residencia y de trabajo (1.698 solicitudes de un total de 2.024) y un 62% llevaban menos de seis meses buscando empleo, datos que indican la importancia creciente de la mano de obra inmigrante. Las limitaciones de las cifras oficiales no sólo afectan al número de trabajadores inmigrantes, sino también a su distribución por sectores de actividad. Los trabajos de carácter temporal en agricultura, construcción y servicios se nutren de esa mano de obra no regularizada, con importantes diferencias según el país de origen y el sexo. La problemática de los indocumentados, sometidos a una mayor explotación, ha de ser tratada por tanto de forma independiente y la base para su estudio no puede ser otra que las informaciones proporcionadas por organizaciones no gubernamentales. Aún conociendo las limitaciones de tales fuentes de información, a las cuales no es ajena su excesiva fragmentación, constituyen el único camino para vislumbrar la importancia de una economía sumergida que, en algunas actividades económicas concretas, como el trabajo doméstico, superan en número al de los trabajadores dados de alta en la seguridad social. Un problema añadido en Castilla y León en el análisis del trabajo de los inmigrantes reside en su gran movilidad espacial y laboral. Con independencia del trabajo temporal ligado a las labores agrícolas, que será analizado con profundidad más adelante, la contratación por cortos períodos de tiempo es común a gran número de las tareas realizadas por los extranjeros. En 1999 el 65 % de los afiliados a la Seguridad Social cambió de empleo al menos en una ocasión durante período de tan sólo seis meses y una tercera parte de ellos tuvieron que desplazarse a otra provincia para realizar la nueva actividad. Agricultura, construcción y hostelería son los tres sectores donde el cambio de lugar de trabajo resulta más frecuente, mientras que en el servicio doméstico aunque éste se produce en varias ocasiones durante los primeros meses, a medio plazo acaba por dar lugar a una mayor estabilidad en el empleo. Los cambios intersectoriales resultan asimismo usuales, sobre todo aquéllos que implican el desplazamiento de un medio rural -trabajos en agricultura y ganaderíaa otro urbano -construcción y servicios-. Un caso particular es el referido a la actividad minera, caracterizada por una marcada estabilidad en el empleo de las primeras generaciones de inmigrantes. Las modificaciones en el tipo de actividad económica tienen un carácter intergeneracional, trabajando mayoritariamente los hijos en el sector servicios, como resultado de la pérdida de empleos en la minería y de la búsqueda de mejores condiciones de vida, que suelen venir acompañadas de un cambio de residencia tanto intraprovincial (desde las cuencas mineras hacia las ciudades de León y Ponferrada) como extrarregional (hacia Madrid). El desplazamiento espacial y laboral es todavía mayor en el grupo de los inmigrantes no regularizados, afectando especialmente a marroquíes y rumanos, cuyos primeros trabajos se localizan en el campo. En el supuesto de regularizarse su situación, el destino final es, al igual que en otros grupos, las ciudades. La distribución espacial de los trabajadores, así como el tipo de actividad realizada, han sufrido importantes transformaciones en los últimos años. Frente a un modelo tradicional en el que los márgenes de localización se encontraban muy limitados para cada una de las nacionalidades, se ha pasado a otro mucho más disperso. La minería de León concentraba a portugueses, caboverdianos y pakistaníes, mientras en la franja fronteriza de Zamora y Salamanca se empleaban en actividades agrarias los portugueses, ocupándose del servicio doméstico en las ciudades las inmigrantes hispanoamericanas y repartiéndose los marroquíes entre trabajos eventuales en el campo y la construcción en el medio urbano. Hoy día la agricultura tiende a proporcionar un mayor número de empleos temporales y a los tradicionales inmigrantes portugueses se han unido no sólo los marroquíes, sino también subsaharianos, hispanoamericanos y algunos grupos procedentes de países del este de Europa (búlgaros y sobre todo, gitanos rumanos). El cierre de explotaciones mineras se ha traducido en una menor concentración de efectivos laborales en el Bierzo, aumentando en cambio la correspondiente a las ciudades y su área de influencia, aunque según informaciones de la Seguridad Social, en el 2000 se mantenían todavía en esa provincia 427 de los 431 empleos en minería ocupados por extranjeros en toda la región. Los procesos de expansión urbana, potenciados por los desplazamientos de población de carácter centrífugo hacia nuevas áreas residenciales de la periferia, han supuesto el incremento de la demanda de mano de obra en el sector de la construcción. Así sucede en León (San Andrés del Rabanedo), Salamanca (Santa Marta de Tormes) y Valladolid (Arroyo, Laguna de Duero). El fenómeno se ha extendido recientemente a capitales de menor tamaño, afectando a municipios colindantes con Segovia (La Lastrilla) y Zamora (Morales del Vino) y a ciudades como Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Benavente, entre otras. En el resto de las capitales el empleo en construcción se ha concentrado más en el propio término municipal, englobando incluso las nuevas áreas de residencias unifamiliares, siendo Burgos el máximo exponente de esta situación. La mayor parte de los inmigrantes firman contratos temporales de cinco días de duración (lunes a viernes), por obra y servicio o trabajan a destajo. Junto a los grupos ya mencionados, hay que mencionar en fechas más recientes a los obreros especializados procedentes de países del Este de Europa. Su residencia, salvo en núcleos de cierta entidad, se localiza en la capital, desde donde se trasladan a las diferentes obras de la periferia. El empleo urbano de la población inmigrante se extiende también al sector de la industria, aunque las cifras son muy inferiores a las de la construcción (375 frente a 818, según estimaciones obtenidas a partir de los datos de la Seguridad Social en el año 2000) . Mientras en las grandes empresas el empleo de estos trabajadores tiene un carácter eventual y suele producirse a través de subcontratas, en las PYMEs la estabilidad es mayor, incluso en el caso de industrias agroalimentarias que recurren a ellos en época de cosecha, mediante contratos temporales renovados de un año a otro. El mayor número de contrataciones se produce en estas pequeñas industrias y talleres, ubicadas en capitales y centros comarcales de servicios, destacando en cifras absolutas León y a gran distancia aunque creciendo rápidamente, Burgos, Soria y Segovia. En la última el empleo se concentra más en la capital, mientras en las dos primeras provincias también podemos encontrar grupos relativamente numerosos de marroquíes y europeos del Este en Aranda de Duero, Miranda de Ebro (Burgos) , Almazán y Ólvega (Soria). La contratación en el sector industrial se encuentra muy repartida espacialmente en el resto de las provincias, con cifras reducidas pero con presencia creciente en todos los núcleos de tamaño medio. El sector de los servicios acoge al mayor número de trabajadores inmigrantes en Castilla y León, un 60,2% en 1999, lo cual supone unos 4.500 empleados en el 2000. De ellos, 626 mujeres aparecen afiliadas al régimen especial de empleadas del hogar, aunque se estima que el número real es considerablemente más alto, al sumar las que aparecen dadas de alta bajo otros epígrafes. Su número puede sobrepasar fácilmente las 1.100, casi la mitad de las inmigrantes con trabajo regular en la región. La hostelería es otra de las actividades aglutinadoras del trabajo en el sector terciario, pero con un porcentaje algo inferior (11%), mientras en el comercio minorista las cifras no llegan al 6%. En cualquier caso estos datos resultan meramente aproximativos, debido a la importancia del empleo eventual en todos los subsectores citados. Las cifras varían constantemente de un año a otro, incluso en pocos meses, con incrementos del empleo en la hostelería frente a descensos en el trabajo doméstico durante la época estival, por ejemplo. La única tendencia permanente es la que señala a los servicios como principal fuente de empleo femenino entre las inmigrantes y dentro de ellos, la gran importancia del servicio doméstico. Por último, la agricultura genera asimismo un importante número de empleos ocupados por población inmigrante, si bien tanto el carácter estacional de los mismos como la abundancia de mano de obra no regularizada impiden establecer unas cifras exactas. El Anuario de Migraciones de 2000 indicaba para 1999 la presencia de 610 trabajadores extranjeros agrarios, pero los datos de la Seguridad Social a fecha 31 de marzo de 2000 reducía esta cantidad a 588. Es lógicamente a partir del mes de septiembre cuando las altas experimentan un mayor incremento, pero siempre sometidas a grandes oscilaciones, pues las contrataciones se realizan por espacios de tiempo muy reducidos y un mismo inmigrante puede trabajar sucesivamente para varios empresarios. Como ejemplo, en la provincia de Segovia las cifras del mes de marzo se multiplican por siete en Octubre, gracias al trabajo temporal. Todos estos datos revelan que cada vez es más necesaria la mano de obra que proporcionan los inmigrantes, como demuestra el informe elaborado por el Instituto Nacional de Empleo, constatando el contingente de trabajadores extranjeros para el año 2002. El documento fue realizado a partir de datos proporcionados por técnicos del Instituto, sindicatos y organizaciones empresariales de Castilla y León en cada provincia y en él se reclamaba un total de 4.845 trabajadores, de los cuales 395 serían temporales y el resto fijos, aunque la cifra final se elevó a 5.445 en la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno celebrada en Soria a finales de octubre. La distribución de las solicitudes de trabajadores por tipo de actividad confirma los datos analizados hasta el momento, añadiendo como novedad el aumento de la demanda de esta mano de obra en el sector de la construcción. Las 1.660 solicitudes presentadas por los empresarios suponen casi un tercio del total a escala regional. Salvo en la provincia de Salamanca, donde apenas llegan al 8%, en el resto de las provincias esta actividad aglutina al menos una quinta parte de la demanda de inmigrantes y alcanza sus máximos en León y Valladolid, tanto en cifras absolutas como relativas. Peones, albañiles y mamposteros son los trabajadores más buscados, pero también son necesarios otros más cualificados, como encargados y jefes de equipos, operarios de grúas, montacargas y maquinaria en general y un amplio conjunto de obreros especializados (encofradores, alicatadores, escayolistas, pintores, etc.). La demanda de trabajo por parte de los inmigrantes se adapta parcialmente al esquema descrito, ya que un 60% de los que buscan empleo en la construcción lo hacen en la categoría de peón. Por contra, faltan oficiales de primera y personal de cualificación media y aquéllos que se presentan como tales, una vez sometidos a prueba, suelen poseen una preparación inferior a la requerida por la empresa. Los servicios, que ya son el sector con mayor cantidad de trabajadores inmigrantes, continúan colocándose a la cabeza en la demanda de esta mano de obra. Para el año 2002 se precisan otros 1.668 extranjeros dispuestos a cubrir las necesidades DEMANDA DE TRABAJADORES EXTRANJEROS PARA EL AÑO 2002 POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN 26% 0% 31% 5% 7% 14% 6% 3% 8% Sector Agrario Minería Construcción Industria Hostelería Servicio doméstico Transporte Otros servicios Sin clasificar FUENTE: Informe contingente trabajadores extranjeros. CC.OO. y Delegación del Gobierno. Elaboración propia. surgidas principalmente en el servicio doméstico y la hostelería, a los que se suma como tercer demandante en cuantía el sector del transporte. En total, suponen el 31% de las solicitudes, que alcanzan el 39% (2.102 empleos) si añadimos los puestos de trabajo que no aparecen adscritos a una actividad determina, la mayoría de los cuales se enmarcaría en este sector según se deduce de reuniones anteriores de la Comisión de Asistencia. Una tercera parte de la demanda se localiza en Valladolid, provincia donde se ofertan más de seiscientos empleos. León, con unos cuatrocientos y Burgos, Palencia y Segovia, cada una de ellas con algo más de 200, la siguen en importancia. El servicio doméstico es el que concentra mayor demanda y sin duda, también el que genera mayor rechazo entre la población local. Se necesita casi un millar de trabajadores para cubrir las plazas vacantes (CC.OO. señala la cifra de 949, aunque el último dato disponible la rebaja a 773), sobre todo en las capitales vallisoletana (350) y leonesa (250). La demanda de este tipo de trabajos es muy amplia entre las mujeres, pero se trata en su mayoría de personas en situación irregular, carentes de permisos de residencia y trabajo. El hecho de que un 90% de las mujeres que se presentan a organizaciones como Cáritas o Acoge en busca de empleo lo deseen en actividades de servicio doméstico, cuidado de niños y ancianos, limpieza de casas, internas, etc., se debe precisamente a la imposibilidad de encontrar trabajo fuera de la economía sumergida. Con 381 solicitudes (478 según CC.OO.) la hostelería sigue apareciendo como otra de las actividades a las que se acogen los inmigrantes, caracterizada también por salarios reducidos, largas jornadas laborales y horarios en permanente conflicto con el mantenimiento de cualquier tipo vida familiar normal. A diferencias de las anteriores, en este caso la distribución provincial es más equitativa y si bien Salamanca agrupa un mayor número de peticiones (125), en el resto de las provincias las cifras oscilan entre 60 y 80, aproximadamente. Hay que considerar además que tanto en Ávila como León, Segovia o Valladolid la penetración de la mano de obra inmigrantes en la hostelería es anterior, contando con cifras destacadas. Dominan las camareras, aunque se solicitan asimismo camareros y cocineros, plazas que son cubiertas por trabajadores con experiencia en su país de origen. La temporalidad afecta a un tercio de estos nuevos puestos de trabajo, requeridos tanto por hombres como por mujeres. Tan elevada es la necesidad de mano de obra que los empresarios de hostelería de Castilla y León han intentado paliar las carencias incorporando como trabajadores fijos a unos 2.000 inmigrantes, 400 de ellos en Zamora, donde la demanda turística ha aumentado este año por la celebración de Las Edades del Hombre. A esta situación se llegó a través del acuerdo realizado entre Cruz Roja y la Federación Regional de Empresarios de Hostelería. La ONG se encarga de proporcionar el currículo de los inmigrantes y de darles cursos de formación. Deben de ser personas cuya situación en España sea legal y con una preparación adecuada para desarrollar correctamente su trabajo. El convenio se enmarca dentro del Plan de Empleo de Cruz Roja de España, que cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de pesetas, de los cuales 250 se destinaron a Castilla y León. Finalmente, el sector del transporte aparece en el 2002 como otro de los principales generadores de empleo para inmigrantes, gracias a la importante demanda de conductores de transporte por carretera surgida en Valladolid, donde se concentra el 60% de los 353 puestos de trabajo ofertados en el último documento presentado por la Comisión de Asistencia, a los que se añaden en otras provincias los correspondientes Agrupando al conjunto de trabajadoras más cuantioso, el servicio doméstico presenta una gama de situaciones laborales excepcionalmente amplia, tanto dentro como fuera de la legalidad. Las empleadas del hogar que no poseen contrato porque sus empleadores no han querido firmárselo se encuentran en una situación de ilegalidad, lo cual conlleva la imposibilidad de renovar sus permisos de residencia y de trabajo y por lo tanto, cuando estos caducan deberían abandonar el país, aunque en realidad pasan a una situación de irregularidad de la que resulta difícil salir. La tramitación de un nuevo contrato obligaría a retornar a su país de origen para obtener un visado, salvo en el caso de poder demostrar una residencia en España de al menos dos años. En caso de no cumplir los requisitos o no contar con los ahorros necesarios para el viaje, el camino seguido por la inmensa mayoría conduce indefectiblemente hacia la economía sumergida. La mayor parte de las familias que buscan empleadas del hogar extranjeras suelen ser de clase media-alta, en las que los dos cónyuges trabajan fuera de casa y donde la esposa posee estudios universitarios o un nivel de cualificación que le motiva para mantener su empleo, por lo que busca a otra mujer para realizar las tareas domésticas. Podemos establecer dos modalidades de servicio doméstico, la primera correspondiente a las extranjeras que se emplean "por horas", es decir, que trabajan unas determinadas horas al día en una casa concreta. Suelen cobrar entre 3,5 y 5 euros a la hora (600 y 800 pesetas), cuando el salario normal se encuentra entre los 7 y 8,5 euros (de 1.200 a 1.400 pesetas la hora). El servicio doméstico externo es más difícil de conseguir, supone tener un puesto de trabajo más inestable y presenta muchos riesgos de desempleo. La segunda modalidad es la de extranjeras que se emplean como internas, comiendo y durmiendo en la misma casa en la que realizan su trabajo, por lo cual perciben un salario que oscila entre los 210 y 390 euros (35.000 a 65.000 pesetas). A finales de 1999 en Castilla y León aparecían afiliadas a la Seguridad Social como fijas medio centenar de extranjeras, mientras que como discontinuas solamente había 25, una cifra que nada tiene que ver con la realidad, demostrando la importancia del trabajo negro en este grupo de actividad. El alojamiento de las trabajadoras internas en la misma casa en la que trabajan se traduce en el incremento real de la jornada laboral, sin ajustarse a un horario convencional o preestablecido. Durante su estancia son requeridas para realizar cualquier tipo de actividad, por lo que el cómputo final de horas trabajadas al día puede llegar a alcanzar hasta las 16. Tampoco el hecho de ser interna en un hogar y de convivir con la familia para la que trabajan conlleva una aceptación total de la inmigrante, pues los empleadores siempre suelen marcar las distancias, estableciendo una segregación por motivos étnicos, sociales y económicos. Por ello un porcentaje elevado prefieren trabajar por horas, evitando el contacto directo con la familia y teniendo así más tiempo libre. En cambio, ser interna también es beneficioso en algunos casos pues supone el ahorro del alquiler de vivienda y la manutención. Las ONGs colaboran, en la medida de lo posible, en proporcionar trabajo como empleadas de hogar internas o externas a mujeres inmigrantes. Procuran buscar una propuesta de empleo que permita la obtención del permiso de trabajo y lograr del empleador un contrato, si bien, en el caso de no conseguir esto último, intentan que el sueldo sea algo más elevado para que la trabajadora se pague la Seguridad Social como autónoma. El trabajo de empleada de hogar suele estar acaparado por mujeres latinoamericanas en su mayor parte, pues son las que poseen una cultura más similar a la nuestra y con quienes desde el primer día se puede establecer comunicación. Colombianas, portorriqueñas, ecuatorianas y costarricenses constituyen, en este orden, los grupos dominantes. Las mujeres procedentes de África no son muy demandadas para estos puestos, al existir serios problemas derivados de costumbres como la referida a la vestimenta. Las pocas trabajadoras marroquíes incorporadas al servicio doméstico o al cuidado de ancianos, otra parcela donde la mano de obra inmigrante se encuentra en plena expansión, deben abandonar su ropa tradicional y vestir como europeas, lo cual no es aceptado por sus propias familias. Las trabajadoras de Europa del Este sí lo fueron en principio, pero las diferencias culturales que existen entre esta población y la española han hecho que cada vez se requieran menos sus servicios. La forma de realizar la limpieza, ordenar las habitaciones, preparar las coladas de ropa u otras situaciones se resuelven de manera extraña a las costumbres locales, lo cual provocar en ocasiones el desagrado de los dueños de la vivienda quienes, en vez de enseñar, solucionan el problema buscándose otra empleada de hogar. Una vez que la inmigrante ha conseguido reunir los ahorros suficientes, hace todo lo posible por acercar a su familia a la localidad donde reside y alquila una vivienda en la que poder vivir todos juntos. Tras la reagrupación familiar, suele ser la mujer la que aporta más dinero y más seguridad a la hora de contar con unos ingresos mínimos cada mes, ya que su pareja generalmente trabaja en la construcción o realizando tareas agrarias, con empleos eventuales o de carácter estacional. Es ella quien garantiza el pago del alquiler y aunque esta situación no modifique la estructura de la unidad familiar, sí favorece un aumento de la autonomía y la libertad de la mujer. Según el sindicato UGT el colectivo de las empleadas de hogar se encuentra discriminado respecto al resto de los trabajadores, debiendo aceptar unas condiciones laborales realmente nefastas. Si a esto le sumamos que dos de cada tres trabajadoras del sector son inmigrantes, la situación empeora aún más. Las empleadas del hogar se ven maltratadas doblemente: como inmigrantes, por la dificultad que tienen en el acceso a multitud de servicios y recursos, así como a la atención sanitaria y como trabajadoras, ya que el servicio doméstico remunerado, pero sin contrato, no es reconocido como trabajo propiamente dicho. Más de la mitad de las empleadas de hogar en Castilla y León (el 58%) trabajan sin cotizar a la seguridad social. Si hacen menos de 18 horas semanales no pueden darse de alta y si realizan entre 18 y 20 horas o trabajan en varias casas, son ellas mismas las que deben sufragar los gastos mensuales de cotización. Además, no tienen derecho a cobrar el subsidio por desempleo, no cobran por enfermedad durante los primeros 28 días y su pensión apenas supera las 54.000 pesetas, frente a las 93.000 del Régimen General. Ante esta situación UGT reivindica para este sector una serie de controles, que beneficiarían a todo el colectivo pero especialmente, a las inmigrantes, la parte más desprotegida. Es necesario en primer lugar establecer los contratos por escrito, además de controlar las altas de las trabajadoras en la Seguridad Social, así como las bajas por enfermedad o maternidad. Junto a la puntualidad en el pago del salario, habría que eliminar la práctica actual de detraer el 45% del salario a las empleadas del hogar internas por el alojamiento y la manutención. Por último, se propone garantizar las pagas extraordinarias completas y no de 15 días, así como equiparar las indemnizaciones por despido. Con estas reivindicaciones se pretende no sólo mejorar la situación de las empleadas de hogar inmigrantes, sino que también se quiere ayudar a la población española que se encuentra en esta situación. UGT destaca el hecho de que el número de horas diarias que trabajan las internas es de 10 a 11, mientras que las externas, aún habiéndose establecido previamente 4 horas de trabajo diario, llegan a cumplir entre 6 y 7. Estos casos se presentan en las trabajadoras que no están dadas de alta en la seguridad social, si bien ellas mismas no manifiestan su deseo de denunciar su situación pues esto supondría la pérdida inmediata del puesto de trabajo y en el caso de las internas, la pérdida del hogar en el que viven. La situación es lógicamente mucho más grave para las trabajadoras extranjeras no regularizadas, pero también para quienes cuentan con permiso de trabajo, al tener que pasar a la ilegalidad o regresar a su país una vez finalizado el contrato. El trabajo en el sector de la hostelería constituye otro refugio tradicional para los inmigrantes extranjeros y aunque en estos momentos su importancia en cuanto al número de trabajadores sea aún en nuestra región ligeramente inferior al promedio nacional, la tendencia es hacia el aumento, tanto por la potenciación del sector turístico en las capitales de Castilla y León, donde se concentra dicho empleo inmigrante, como por el progresivo abandono de por parte de la población autóctona de estos puestos de trabajo, debido a sus condiciones extremas en materia de horarios. En el 2001 el 11% de los trabajadores inmigrantes pertenecían al sector y para el 2002 una décima parte de las solicitudes de mano de obra presentadas por los empresarios corresponden asimismo a la hostelería. El mayor control que ejerce la Inspección de Trabajo sobre este sector económico impide, al contrario de lo que es regla general en el servicio doméstico, que el trabajo sin contratación adquiera una implantación destacada. Con todo, es preciso diferenciar entre los trabajadores fijos, que realizan sus actividades durante toda la semana y aquéllos contratados como apoyo para las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo. En este segundo caso resulta relativamente frecuente encontrar trabajadores sin alta en la Seguridad Social, tanto nacionales como extranjeros, siendo significativo que el mayor porcentaje de infracciones detectadas - algo más de una tercera partese concentren precisamente en tales puestos de trabajo, superando incluso a la construcción -una quinta partey duplicando las cometidas en el sector agrario. Al igual que en el caso anterior, dominan ampliamente los hispanoamericanos y sobre todo, mujeres colombianas y cubanas, aunque también encontramos hombres ejerciendo de camareros y cocineros. En el resto de las actividades de servicios la presencia de trabajadores extranjeros es muy inferior, destacando solamente los sectores de comercio minorista y limpieza. El primero de ellos no llega a agrupar un 5% del conjunto de inmigrantes, mientras que en el segundo resultaría arriesgado adelantar cifra alguna, debido a los frecuentes cambios de personal entre las empresas del sector y a la importancia de las subcontrataciones y de la economía sumergida. Al trabajar con vistas al público, el comercio emplea sobre todo a mujeres hispanoamericanas, mientras en actividades de limpieza podemos encontrar inmigrantes de cualquier nacionalidad, tanto hombres como mujeres, aunque sean más abundantes éstas. El trabajo masculino en el sector de los servicios ocupa una gama muy amplia, siendo abundantes también para ellos los realizados sin contratación previa. Almacenistas, mozos de carga, repartidores de butano, conductores, etc., son otros tantos trabajos ya citados anteriormente, pero de los que se carece de información suficiente, al existir una gran movilidad laboral. Para finalizar y por la importancia que ha adquirido el tema tanto en España como en Castilla y León, hemos de hablar del problema de la prostitución, último refugio de un elevado número de inmigrantes que, habiendo perdido su trabajo anterior o sin ni siquiera haber conseguido un primer empleo, no les queda más remedio que entrar de la peor forma posible en la economía sumergida. Ajena a cualquier intento de cuantificación, la cifra más aproximada que podemos dar sobre las extranjeras que ejercen tal oficio en la región es el de unas ochocientas, la inmensa mayoría en clubs de alterne, dado el mayor peligro en entraña en su caso el trabajar en pisos alquilados, salvo que estos se encuentren a nombre de otra persona. Los anuncios de teléfonos de contactos que ofrecen visitas a hotel o domicilio corresponden en muchas ocasiones a clubs, que recurren a este sistema para ampliar su clientela y competir con las españolas que operan por su cuenta. El grupo más numeroso es el de las colombianas y en general, hispanoamericanas, a quienes se han unido en los últimos años mujeres procedentes de Europa del Este, sobre todo rusas y ucranianas. Las situaciones que podemos encontrar son muy diversas, desde la completa ilegalidad hasta mujeres que continúan en el oficio pese a tener su permiso de residencia en regla, tras haber permanecido en España más de dos años. Las mafias operan en esta actividad de igual forma que en otras regiones españo las, si bien su implantación en Castilla y León es menor pero, aunque el control teórico que ejercen los dueños de los establecimientos no es tan completo, en realidad las trabajadoras dependen igualmente de ellos, no sólo económicamente sino también para lograr alojamiento, bien en el propio local, tratándose de clubs de carretera, o bien en pisos de su propiedad en las ciudades. La diferencia entre quienes han obtenido su permiso de residencia y las que no lo tienen es abismal en cuanto a su modo de vida y condiciones laborales. Las segundas están sometidas a una intensa movilidad espacial, debiendo cambiar su lugar de trabajo y frecuentemente, la provincia de residencia, en el momento en que han sido detenidas por primera vez por la policía, pues aunque quedan en libertad tras el pago de una sanción económica, la segunda detención supondría su expulsión del país. El intercambio de mujeres extranjeras entre diversos clubs de alterne de las provincias de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora es práctica habitual, mientras en León son más frecuentes las relaciones con establecimientos de Asturias y Galicia y en Burgos se incluye en la ruta de los desplazamientos a Cantabria y La Rioja, sobre todo. Resulta asimismo normal la llegada de prostitutas procedentes de Madrid con destino a todas las provincias de la región. Cuando la mujer ha obtenido su permiso de residencia logra también una mayor independencia con respecto a su empleador, planteándose, como en cualquier otro trabajo, traer a parte de su familia a vivir con ella y establecer definitivamente su residencia en la ciudad o municipio donde trabaja. En el caso de las hispanoamericanas el abandono de la prostitución por contraer matrimonio con un español es práctica generalizada, formando una familia reconstituida en la que se incluye, también frecuentemente, el hijo que ella ha tenido como madre soltera. De las entrevistas a dueños de establecimientos de este tipo se deduce que más de la mitad de las colombianas dejan de ejercer la prostitución por esta vía en un período de tres años. No es éste el caso de las europeas del Este, cuya finalidad última es conseguir unos ahorros suficientes para regresar a su país y crear su propio negocio. Se trata de mujeres con nivel de estudios medio o superior, cuya idea es no permanecer más de uno o dos años en nuestro país. Su llegada a Castilla y León ha sido bastante reciente, lo que impide confirmar la verosimilitud de esas afirmaciones, aunque el porcentaje de retorno entre las que llevan más de un año en España y acaban en esta región es elevado. 4.5El empleo en el campo: La demanda insatisfecha de mano de obra y su problemática actual. Aunque aparentemente pueda resultar paradójico, existe un déficit muy importante de mano de obra en el sector agrario de Castilla y León, que afecta tanto a los empleos de carácter fijo como estacional. Durante los últimos quince años Castilla y León ha vivido una intensa merma de activos agrarios, al pasar de los doscientos mil registrados en 1986 a los poco más de ochenta y siete mil cifrados en el año 2000. Esta caída guarda coherencia con los reajustes estructurales que se han venido realizando en el seno de las explotaciones agrarias, consolidándose un segmento sólido de empresarios agropecuarios y ampliándose el número de explotaciones a tiempo parcial o gestionadas directamente por jubilados. En el seno de las explotaciones dinámicas y emprendedoras, o sencillamente las tradicionalmente intensivas, se siguen demandando asalariados. El problema radica en que la mano de obra nacional rechaza este tipo de actividades y los empresarios se ven en graves dificultades para conseguir los trabajadores necesarios en el momento apropiado, pues los enviados por el INEM no se adaptan a las condiciones del trabajo o lo abandonan en cuanto pueden. En cuanto a los trabajadores extranjeros llegados hasta el momento a la región, ya sean fijos o eventuales, su número es claramente insuficiente para solventar la demanda, pese al rápido incremento experimentado en los últimos años. Por otra parte, los problemas existentes a la hora de contratarlos son múltiples e incluyen desde las trabas administrativas, pasando por la falta de infraestructuras, hasta los derivados de la propia insatisfacción del inmigrante con el tipo de labor que se le asigna. El empresario se enfrenta además a una situación permanente de incertidumbre, al no conocer de antemano si va a poder disponer del número de trabajadores precisos. Como consecuencia de ello, son muchos quienes renuncian a un aumento de su producción, ya se trate de incrementar la superficie cultivada, de cambios en el tipo de cultivo o del mantenimiento de una actividad ganadera, al no saber si va a contar con la ayuda suficiente para la realización de las labores correspondientes. La importancia de la mano de obra inmigrante en trabajos estacionales es por tanto cada día mayor en el sector agrario, como demuestran los datos relativos a la concesión de permisos de temporada. De los más de tres mil trabajadores extranjeros que se acogieron a este tipo de permisos en España durante los siete primeros meses de 2001, el 59% firmaron contratos para la realización de tareas agrícolas y otro 11% estaban vinculados a actividades ganaderas. 4.5.1. El empleo estacional de jornaleros. Si en el sector ganadero de nuestra región los ritmos de uso y manejo son menos proclives a la temporalidad, el trabajo de carácter estacional está muy vinculado a las prácticas agrícolas, presentando dificultades añadidas relacionadas, en primer lugar, con la duración de los contratos. Así, mientras en el Levante español es posible una contratación por períodos relativamente prolongados, de cuatro a seis meses de duración, en Castilla y León son muchas las labores que requieren tan sólo un par de semanas o, a lo sumo, de meses. El desplazamiento directamente desde el extranjero no resulta por tanto rentable ni para los inmigrantes, ni para los empresarios, en el caso de hacerse cargo estos últimos de la totalidad o de parte de los gastos del viaje, salvo quizás si la mano de obra procede de Marruecos. Los inmigrantes de países del Este de Europa y, sobre todo, de Latinoamérica, cuyo número ha aumentado muy rápidamente, precisan una estancia más prolongada. El sistema para lograrlo consiste en encadenar unas labores con otras, bien dentro de la región o bien, y este es el recurso más utilizado, entre diferentes regiones. La vendimia y la campaña de la patata generalmente se solapan, aunque comience primero la patata. Parte de los que han estado en ellas se dirigen después a los viveros de plantas de fresa, incrementando su número con otros inmigrantes procedentes de Cataluña, donde han estado trabajando en los frutales. Así se van enlazando unos contratos con otros, prolongando la estancia en el país hasta rentabilizar el desplazamiento. Naturalmente, surgen otros problemas más difíciles de abordar, como son los relacionados con la duración de cada campaña de recogida y de las lluvias. Si se prolonga excesivamente la recogida de frutas en Cataluña, los agricultores castellanos y leoneses se encuentran sin mano de obra en el momento más necesario. Y si las lluvias retrasan las cosechas en la región, los inmigrantes han de quedarse mientras de brazos cruzados. En todos los casos la contratación de extranjeros, siendo imprescindible, no asegura la realización de las labores en el momento más adecuado. Las actividades agrarias que requieren mano de obra inmigrante son muy diversas, aunque sin duda las mayores necesidades surgen en época de cosecha. Tradicionalmente han sido la recogida de la patata y la vendimia las que concentran esta demanda, añadiéndose a las mismas, aunque en ámbitos espaciales más reducidos, otras actividades como las relacionadas con la planta de la fresa, el ajo o el puerro. La vendimia más temprana suele comenzar en la zona de Rueda a mediados de Septiembre, teniendo lugar en la Ribera del Duero a finales de ese mes o comienzos de Octubre, con una duración aproximada de veinte a veinticinco días. En el caso de la patata, la existencia de diferentes variedades y épocas de siembra alarga el período de recogida desde Julio hasta Noviembre, aunque no existe una fecha límite concreta, ya que la temporada se extiende en realidad hasta acabar la cosecha, dependiendo de las condiciones meteorológicas e incluso de los precios del producto. La patata extra temprana y concretamente la variedad Jaerla comienza en Valladolid en Julio (Laguna de Duero, por ejemplo) o a mediados de ese mes, como sucede en el sector oriental de Salamanca, lindando con Ávila. A partir de Agosto, entre los días 5 y 15, le corresponde el turno a las variedades de patata temprana, la Hermes y sobre todo, la Agatha (Tordesillas y Segovia), mientras la tardía, como la variedad Mona Lisa, coincide prácticamente con la vendimia, recogiéndose desde mediados de Septiembre. En cualquier caso, como ya se indicó, estas fechas son siempre aproximadas. Un incremento en el precio de compra a los agricultores puede originar un arranque más temprano, lo contrario de lo que sucede cuando éste es bajo. La mano de obra requerida en temporada de patata depende no sólo del nivel de mecanización existente en cada comarca, sino también de la variedad y destino del producto. Cuando se trata de cultivos adquiridos por empresas agroalimentarias para la fabricación de patatas fritas, congelados o platos precocinados, por ejemplo, la recogida se realiza con cosechadora, lo que disminuye el gasto en salarios. En cambio, si la patata es para lavado (Agatha o Mona Lisa), los condicionantes de la venta directa al consumidor obligan a realizar la cosecha a mano, con el fin de evitar los golpes que puedan afear el producto. Son éstas las tareas que precisan un número de jornaleros más elevado, contratándose para ello a cuadrillas que van recorriendo las diferentes comarcas productoras. Dichas cuadrillas estaban formadas tradicionalmente por gitanos o trabajadores temporales portugueses, pero hoy día se sustituyen por inmigrantes de otros países, especialmente del Magreb y africanos en general, así como hispanoamericanos y en menor medida, de los países del Este de Europa. En Salamanca es corriente encontrar todavía trabajadores gitanos y en municipios donde aún existe una población importante, como Tordesillas, se recurre a jornaleros del lugar. La pérdida de población en numerosos municipios de la región obliga sin embargo a que la llegada de inmigrantes para la realización de estas tareas sea cada año más necesaria. Otro cultivo que precisa una mano de obra abundante es el de la planta de la fresa, destinada principalmente a su exportación a la provincia de Huelva. En el año 2000 había más de quinientas hectáreas dedicadas al mismo en Segovia y cerca de trescientas en Ávila, con presencia aún poco significativa en Soria (30 hectáreas) y Burgos (20). La temporada comienza a mediados de Septiembre, extendiéndose hasta finales de Octubre. Todas las labores han de realizarse a mano, por lo que el número de jornaleros requerido es muy alto. Como referencia basta decir que solamente en el Carracillo, en Tierra de Pinares segoviana, la cifra estimada por los empresarios agrícolas ronda las tres mil personas. Para el cultivo del ajo también se ha de recurrir a mano de obra abundante, tanto durante la cosecha como en la realización de las labores de preparación y embalado subsiguientes. La recogida comienza a finales de Junio y se alarga hasta el mes de Agosto. La mayor concentración de este producto se localiza en el sudeste de Valladolid, provincia que cuenta con novecientas hectáreas dedicadas al mismo, destacando el municipio de Portillo. En Segovia hay otras seiscientas hectáreas y en León se superan las trescientas. También lo podemos encontrar en Zamora, pero en pequeñas explotaciones familiares donde no es necesario un aporte externo para su recolección. El conjunto de cultivos señalados concentra la mayoría de la mano de obra inmigrante necesaria en el campo de Castilla y León, aunque por supuesto, no son los únicos. Otros con menor implantación, como el del puerro en el Carracillo o la coliflor en Segovia, Valladolid y Zamora, se nutren asimismo de ella. Los invernaderos y cultivos bajo plástico la precisan también, en especial durante el verano, cuando se produce la cosecha. Los cultivos de huerta en general y los ecológicos en particular, dedicados a la lenteja, alubia, etc., contratan a inmigrantes todos los años. Además, la cosecha no es la única tarea en la cual se da empleo a trabajadores temporales, aunque sí la que mueve cifras más elevadas. El viñedo, por ejemplo, precisa de una poda en verde entre los meses de Abril y Mayo si bien, al tratarse de una labor más especializada, ofrece sueldos relativamente altos y todavía la realizan trabajadores del lugar. Junto a las tareas más estrictamente agrícolas, la manipulación del producto para su venta es otra actividad generadora de empleo. A lo largo del año hay que llevar a cabo otras tareas muy diversas con las cuales los inmigrantes que residen permanentemente en el medio rural complementan sus ingresos, como la limpieza de tierras (el quitar las piedras), montar y desmontar las coberturas de riego, el trabajo en los viveros forestales, etc. Y aunque en mucha menor cuantía, la ganadería se ve afectada igualmente por la falta de trabajadores locales, debiendo recurrir a los extranjeros en los casos de las granjas avícolas, las de vacuno y ovino lácteos y para el pastoreo. 4.5.2. La dificultad para captar trabajadores inmigrantes. La despoblación y el envejecimiento del campo castellano y leonés hacen cada día más difícil encontrar mano de obra suficiente para cubrir la demanda en las actividades descritas y el continuo deambular de cuadrillas que se instalan en los núcleos rurales con el fin de conseguir un trabajo temporal resulta un hecho generalizado. A los grupos ya conocidos de inmigrantes portugueses, de gitanos o de parados llegados de fuera de la región, se unen desde hace ya años los de norteafricanos, europeos orientales e hispanoamericanos, procedentes de otras autonomías. Algunos acuden a la llamada de compatriotas avisándoles de la existencia de trabajo, pero son más quienes lo buscan de forma indiscriminada y acaban por establecerse en pequeños núcleos sin infraestructuras adecuadas ni capacidad para acoger a una población relativamente numerosa. La realidad no se corresponde entonces con las expectativas y surgen problemas de todo tipo, desde la falta de alojamientos y manutención hasta los de carácter social. Desde el punto de vista del empresario agrario tampoco es ésta la solución adecuada, pues los recién llegados no están habituados en muchos casos al trabajo agrícola, la estacionalidad de las labores no se somete a fechas rígidas, se trabaja con productos perecederos y las explotaciones se encuentran dispersas, por lo que se requiere una organización bastante desarrollada para poder canalizar adecuadamente la mano de obra disponible. En definitiva, la llegada desorganizada de los inmigrantes, como viene sucediendo hasta ahora, no proporciona al campo los medios humanos necesarios en tiempo y forma. Las trabas administrativas en materia de contratación añaden dificultades a la situación descrita. Por una parte está el problema de los permisos de trabajo, limitados a un espacio provincial, siendo la movilidad geográfica del inmigrante requisito necesario para este tipo de actividades. Un mismo empresario puede tener tierras en municipios pertenecientes a varias provincias y, en todo caso, el encadenamiento de unas campañas con otras, o su yuxtaposición, obligan al continuo desplazamiento del personal. Hay que considerar también los retrasos de la Administración en la tramitación de estos permisos, que entorpecen en gran medida el proceso. Al tratarse de contratos de corta duración, caracterizados por un intenso transvase de trabajadores entre empresarios, los trámites burocráticos se multiplican. El cambio de provincia implica asimismo el del convenio agrario vigente y con éste, el de los salarios, con diferencias apreciables para el mismo tipo de labor, lo que induce a la insatisfacción del inmigrante. El papel de la Junta de Castilla y León en todos estos aspectos ha de ser destacable, ya que la propia Ley de Extranjería adjudica a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de informar sobre las necesidades de trabajadores extranjeros en Aactividades de temporada o campaña@, con el fin de regular los permisos de trabajo de forma acorde con las mismas (artículo 42). Es preceptivo además el garantizar un alojamiento digno y condiciones de higiene adecuadas, para todo lo cual las administraciones públicas deben promover Ala asistencia de unos servicios sociales adecuados@. Las necesidades de mano de obra son muy elevadas y, aún no cubriéndose salvo en una mínima parte, generan ya importantes problemas de alojamiento. La disponibilidad de albergues colectivos es limitada, siendo generalizado el recurso al alquiler de viviendas o a que sea el mismo empresario quien la proporcione. En todos los casos es preciso un análisis de habitabilidad, asegurando el cumplimento de unos requisitos mínimos. El coste de tales infraestructuras, tanto las relacionadas con el alojamiento como con la alimentación, limpieza e higiene, transporte, etc., supone una inversión por parte del empresario o del Ayuntamiento, cuya rentabilidad sólo puede conseguirse a medio y largo plazo. La ayuda de la Administración regional en este sentido es también necesaria, si bien el mantenimiento de las instalaciones puede correr a cargo del empresario -viviendaso de la administración local -albergues-. Cierto es que existe un elevado número de casas desocupadas en los núcleos rurales de menor entidad, pero actualmente no sirven para solucionar las necesidades. Sus propietarios no desean ponerlas en alquiler, bien por reservarlas para las vacaciones estivales, bien por no fiarse de los posibles inquilinos. En otras ocasiones, es la falta de condiciones de habitabilidad lo que impide su utilización. De ahí que algunos contratantes de mano de obra comiencen a recurrir, al igual que se viene haciendo en otras regiones, al alquiler de módulos de viviendas prefabricadas. No solamente el trabajo estacional se ve afectado por esta problemática. Tampoco resulta fácil en el medio rural la contratación fija de extranjeros, pues estos, tras un tiempo trabajando en el campo (unos meses, en el mejor de los casos) y habiendo conseguido poner en regla sus papeles, prefieren dejar su labor para buscar un empleo en la ciudad. El problema se intensifica por las dificultades a las que se enfrentan los empresarios o las empresas intermediarias para seleccionar a los inmigrantes. La situación ideal consistiría en realizar dicha selección desde el punto de partida, buscando trabajadores del medio rural con deseos de asentarse definitivamente ellos y sus familias allí donde se precisa su trabajo. La realidad es sin embargo muy diferente. Los inmigrantes procedentes de un medio urbano en su propio país, una vez conseguido el permiso de residencia, abandonan en poco tiempo su trabajo en el campo y la mayor parte de los que han salido del ámbito rural acaban también por aspirar a instalarse en una ciudad. La alternativa radica en recurrir para contrataciones fijas a inmigrantes que ya han estado realizando trabajos temporales, una vez que el empresario conoce sus capacidades. Pero esta solución no es aplicable al elevado número de trabajadores extranjeros necesarios para mantener las actividades agrarias en Castilla y León. Y para realizar la selección en el país de emigración hacen falta unas inversiones cuyo coste no puede recaer únicamente en el empresario, necesitándose un apoyo institucional a través de embajadas y consulados. La mera oferta generalizada de trabajo, como sucedió en el caso de los inmigrantes ecuatorianos, no elimina el problema. 4.5.3. El recurso al trabajador extranjero en situación irregular. Ante la falta de mano de obra, el recurso a la proporcionada por inmigrantes en situación ilegal es algo corriente en trabajos de corta duración y de carácter muy diverso. Resulta imposible conocer cifras exactas sobre estos colectivos, pero su presencia es manifiesta en una veintena de municipios. Se trata de grupos cuyos miembros pertenecen por regla general a la misma nacionalidad y que, en varios casos, llevan años asentados de forma permanente en la localidad. Abundan los llegados de países del Este de Europa, búlgaros y rumanos. Lógicamente, no se pueden citar ejemplos concretos, dada la situación administrativa de los implicados, pero sirva de referencia el saber que estos grupos pueden superar las doscientas personas, lo cual representa a veces entre un 10 y un 15% de la población autóctona, al establecerse en pequeñas localidades de hasta dos mil habitantes. La composición homogénea desde el punto de vista de la nacionalidad es el resultado de su proceso de formación, partiendo siempre de un número muy reducido de inmigrantes que, conseguido el primer trabajo, avisan a los demás. Estas personas se desplazan hasta aquí porque saben de antemano que van a encontrar trabajo, al haber sido reclamadas por sus propios compatriotas, con la esperanza de lograr a medio plazo la regularización de su situación administrativa. Allí donde se yuxtapone la presencia de inmigrantes en situación irregular con la llegada de otros con permiso de trabajo, los primeros resultan desplazados o buscan regularizar su situación. La falta de trabajadores obliga a los empresarios a acudir a una mano de obra cuyos salarios, impuestos por la necesidad que los mismos empleadores tienen de llevar a cabo las labores agrícolas o ganaderas, pueden superar en ocasiones los mínimos fijados por el convenio agrario. Por el contrario, los trabajadores inmigrantes cuya documentación se encuentra en regla, con independencia de las vías seguidas hasta conseguir el contrato, sí se encuentran sometidos a los citados convenios. Perciben por ello un sueldo quizás a veces más reducido, pero con seguridad social y las ventajas obvias de la legalidad, tanto para ellos como para el empresario. Su llegada supone inevitablemente la pérdida del empleo para los anteriores, al no resultar ya imprescindibles. Si el coste económico de los salarios resulta motivo más que suficiente para la contratación de mano de obra extranjera con documentación en regla, las sanciones impuestas por los subdelegados del Gobierno establecidas por la Ley de Extranjería son otro aspecto a considerar, que ha impulsado a lo largo del presente año la sustitución de jornaleros irregulares en las comarcas donde han llegado aquéllos con permisos de trabajo. Así ha sucedido en las campañas de la vendimia, en las cuales se han incrementado las visitas de inspectores de trabajo, o en de la fresa, en Segovia. Cuando un agricultor o ganadero precisa de mano de obra, ya sea estacional o fija, ha de buscar ayuda externa para poder realizar la contratación, pues en la mayoría de los casos no conoce cómo contactar con esos inmigrantes, ni posee la capacidad y tiempo necesarios para realizar los trámites administrativos precisos. En estos momentos existen varias vías para encauzar esa demanda, si bien protagonizadas por organizaciones con fines y métodos diferentes. La situación de los extranjeros traídos con la documentación en regla no es sin embargo la misma en todos los casos, dependiendo de quién se haya encargado de organizar los trámites. Algunos de estos sistemas ya han sido analizados en el epígrafe correspondiente a la inserción de los inmigrantes en el mercado laboral, pero existen otras iniciativas que, por su importancia de cara al futuro del sector agrario y por provenir precisamente de empresarios pertenecientes al mismo, es necesario explicar detalladamente. 4.5.4. Iniciativas pioneras en la organización del trabajo estacional. En Castilla y León la iniciativa más importante desarrollada hasta el momento en este sentido corresponde a la organización agraria COAG y, si bien el proyecto se encuentra aún en fase de prueba, ya ha demostrado su eficacia en otras comunidades autónomas, especialmente en Cataluña. Todos los tramites corren a cargo de la COAG, así como la elección de los empresarios a quiénes se les proporciona la mano de obra, una vez comprobado el cumplimiento de unos requisitos determinados. Los inmigrantes llegan con un permiso de trabajo cuya duración máxima es de nueve meses, apto para presencia de mayores de cincuenta años y una base reducida. En los procedentes de Europa Oriental la estructura por sexo se encuentra equilibrada, con un ligero predominio de los varones, siendo estos mayoritarias en el caso de los marroquíes, al contrario de lo que sucede entre los latinoamericanos. Si esta tendencia se mantiene en el futuro, unida a la llegada de contingentes más numerosos, el resultado será un rejuvenecimiento del conjunto de la población activa, aumentando más rápidamente los grupos de 25 a 44 años que los de edades superiores. La población activa joven podría mantenerse entonces cercana al 45% del total en edad laboral, mientras en el caso de no cumplirse la intensificación de los aportes foráneos, descendería por debajo de dicho umbral a partir del 2011. En definitiva, si la inmigración no es la única solución a las pérdidas totales de habitantes, sí puede serlo en gran medida a los problemas del mercado de trabajo, actuando como auténticas migraciones de reemplazo. Además, la contribución de estos nuevos trabajadores resultará decisiva en aspectos tan esenciales como la financiación de la Seguridad Social, como demuestra el hecho de que las cotizaciones aportadas por los inmigrantes fueran la causa del superávit obtenido en el año 2000. No hemos de olvidar tampoco que es en los grupos de 25 a 35 años donde se concentran las tasas de fecundidad más altas, por lo que la natalidad ha de verse asimismo favorecida. En Castilla y León las experiencias que se tienen con respecto al comportamiento de la fecundidad en los colectivos de inmigrantes es sin embargo muy limitada, destacando el caso de los caboverdianos en la provincia de León, por su importancia cuantitativa y la antigüedad de su asentamiento, desde mediados de los años setenta. Las parejas que actualmente mantienen su allí su residencia han tenido una media de dos hijos por mujer, medio punto superior a la de las castellanas y leonesas en idéntico período, mediados de los ochenta. Diferencia que puede mantenerse e incluso superarse entre las parejas de marroquíes, pero no así en el caso de los europeos. En cuanto a los latinoamericanos, su llegada es demasiado reciente como para contar con datos fiables al respecto. El enorme desequilibrio de su estructura por sexo a favor de las mujeres dará lugar a una reactivación del mercado matrimonial local, pero su cuantificación no puede calcularse aún sin entrar en la mera especulación. Lo que sí puede afirmarse es que la inmigración potenciará la natalidad, con un mayor número de nacimientos, independientemente de la evolución del índice sintético de fecundidad entre las extranjeras, pues todo hace prever que éste último se adapte con relativa rapidez al promedio nacional. La conjunción de los fenómenos descritos podría frenar el proceso de envejecimiento de la población, siempre y cuando la cuantía de los flujos inmigratorios aumente al menos en las proporciones indicadas. En cualquier caso, la inmigración se ha convertido ya en un fenómeno indispensable para satisfacer las necesidades de mano de obra de las empresas afincadas en Castilla y León, indicando todas las variables su tendencia al alza. Su repercusión en las estructuras por sexo y edad de la población, en el posible incremento de la nupcialidad y, a medio y largo plazo, en la recuperación de la natalidad, depende de las facilidades dadas por la Administración para que los desplazamientos temporales por motivaciones laborales se conviertan en definitivos y adopten un carácter familiar. 5. 2. Necesidades derivadas del asentamiento de inmigrantes. El Informe emitido llega a su final, tras haber planteado y analizado el diagnóstico de la población regional y en particular de la creciente inmigración extranjera, es hora de plantear las carencias y necesidades derivadas del asentamiento estable o estacional de inmigrantes en la Comunidad Autónoma en todas sus manifestaciones, tanto en materia de residencia como de equipamientos de todo tipo y especialmente en todo lo referente a su integración social y su inserción laboral. Antes de seguir, hemos de señalar dos aspectos relevantes del fenómeno migratorio en cuestión. Primero, que la movilidad migratoria internacional es un fenómeno sobre todo de tipo económico que se mantiene a lo largo del tiempo y es previsible que siga en un futuro procediendo de las áreas menos desarrolladas hacia los países más desarrollados, tendiendo a ser así en el caso de la que se dirige hacia España a largo plazo. Segundo, que la distribución espacial de los inmigrantes y sus condiciones de vida y problemática difieren en Castilla y León según se trate de inmigración en las ciudades, en las cuencas mineras o en las áreas rurales. A este respecto, nos encontramos recientemente con una nueva situación en cuanto a las llegadas de inmigrantes. Son cada vez más numerosos los inmigrantes en las ciudades, mientras que retroceden los grupos de inmigrantes en las cuencas mineras. Asimismo hacia las áreas rurales accede ahora cierta población estable y ya no sólo de tipo estacional. Estas características proyectan de entrada carencias de todo tipo y nuevas necesidades a las que hacer frente, en especial en las áreas urbanas, donde se dan los efectos positivos de la inmigración a la vez que los problemas y carencias más notables y donde este fenómeno parece constituir algo estructural y permanente, ya no coyuntural como podría ser considerado hasta hace poco. Las tendencias existentes son de momento favorables a multiplicar esta llegada de inmigrantes a nuestras ciudades e incluso en alguna medida a algunos de nuestros núcleos rurales, como parte de un proceso generalizado de asentamiento de flujos multidireccionales, lo cual debe entenderse como positivo ante el declive demográfico de la región y las proyecciones que afianzan esta tendencia. En este sentido pasan a ser decisivas las políticas de integración de inmigrantes en las sociedades de acogida como la nuestra. El atender a los inmigrantes económicos que llegan de este modo a un ritmo relativamente más rápido que hasta ahora a nuestra región dependerá así de las políticas públicas de las diferentes Administraciones como del deseo de cada grupo de inmigrantes de integrarse en la sociedad castellana y leonesa. Cuestión ésta que hemos observado muy diferenciada según se trate de culturas y lenguas más o menos afines. Así los portugueses e incluso caboverdianos y en general los latinoamericanos tienden a integrarse más fácilmente, mientras que africanos y asiáticos o incluso europeos orientales encuentran más dificultades. Pero al defender posturas de integración se deben superar otras de asimilación (en la que el inmigrante abandona sus sistemas de conducta y de origen para adoptar los de destino), de aislamiento o enquistamiento (el inmigrante se mantiene fiel a sus tradiciones y apenas las modifica, caso de pakistaníes o de chinos), y de marginación (en especial en el caso de la segunda o posteriores generaciones de inmigrantes). La integración vista así desde la base de la diversidad cultural y desde la igualdad de oportunidades y derechos y deberes con los ciudadanos autóctonos, en un sentido pluridimensional: integración legal, laboral, familiar, residencial, educativa, sanitaria, relacional y cívica. Por otro lado, su situación a la hora de entrar en nuestro país y tratar de residir en Castilla y León difiere para aquellos que llegan en situación de irregularidad y durante meses o más tiempo entran en la economía sumergida, alojándose en viviendas patrocinadas por ONGs o en pisos alquilados compartidos por muchos, llegando a los límites del hacinamiento. Es por tanto preciso asegurar que los inmigrantes se encuentren pronto dentro del marco legal del país de acogida y acepten los principios constitucionales, evitando en lo posible que los trabajadores estén en situación de precariedad laboral y sin la cobertura de la seguridad social, a la par que se debe mantener su derecho a la reagrupación familiar, cubrir sus necesidades de vivienda digna y de educación en todos sus niveles, desde las guarderías hasta la educación de adultos, facilitarles un acceso normalizado al sistema de salud, etc. Pues bien, cabe preguntarnos ahora sobre la cuantificación de las necesidades de viviendas, de guarderías, de aulas docentes y de otros indicadores para hacer frente a las situaciones manifestadas en el Informe. En este caso, es imprescindible dar entrada a las Organizaciones de ayuda de la Inmigración y a las Administraciones municipales para una definición de las demandas respectivas y políticas de provisión de residencias y equipamientos, tanto para cubrir las necesidades preexistentes como para prever las demandas a corto y medio plazo. En este sentido, hemos observado que algunos Ayuntamientos urbanos han iniciado este tipo de seguimiento de necesidades de la inmigración, consiguiéndose una progreso sensible en el de la ciudad de Burgos con una “Oficina de Acogida, Información, Orientación y Asesoramiento”, con atención creciente que de 475 personas atendidas en 1999 ha pasado a 1302 en año 2000 y siendo las consultas sobre todo de tipo laboral y legal, llevando a cabo programas de servicio de empleo, de formación de adultos, de alojamiento temporal, de promoción intercultural, de promoción y formación de voluntariado… Sin embargo, no está apenas desarrollado este tipo de servicios y programas en otras ciudades de la región, y en ningún caso por ahora se perfilan políticas acordes con las necesidades de vivienda social, por ejemplo. Mientras tanto, por parte de algún Ayuntamiento rural se proyecta la acogida de un número de inmigrantes de cierta entidad, facilitando a todos los niveles la integración laboral y social además de viviendas. Así, el núcleo leonés de Gordoncillo de unos 650 habitantes promueve puestos de trabajo y residencias para unas veinte a cuarenta familias que llegarían desde una localidad de Colombia a lo largo del año 2002. A escala de la Comunidad Autónoma, cabe proponer la ampliación a la población inmigrante extranjera de las “Estrategias Poblacionales para Castilla y León”, estudio elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda a principios del año 2000. El estudio aborda diversos subprogramas de políticas de empleo, de relevo generacional y desarrollo en el medio rural, de políticas de vivienda, de educación infantil, de servicios sociales, de salud pública, de apoyo a la mujer y a las familias numerosas, de equipamientos urbanos y de cooperación con las ONG. Para completar este objetivo, se propone la creación de un “Observatorio Poblacional de Castilla y León”, que elabore anualmente un informe y análisis demográficos y fortalezca la sensibilidad y el consenso social entre los castellanos y leoneses en estos problemas esenciales para nuestra sociedad. A este respecto, en el seno de la Administración estatal y regional, están surgiendo en nuestro país diferentes organismos que insisten a nivel particular de la población extranjera en ese mismo objetivo, como el “Foro de la Inmigración” y el “Observatorio Permanente de la Inmigración” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) o la “Oficina Regional de la Inmigración” (OFRIM, Comunidad Autónoma de Madrid), entre otros, que promueven estudios, encuentros y publicaciones sobre tal fenómeno inmigratorio. Cabe anotar aquí la conveniencia de proyectar también en Castilla y León alguna de estas actuaciones con ánimo de informar, apoyar y coordinar políticas de ámbito autonómico y local, bien sea sobre la población en general o sobre la inmigración extranjera en particular. La falta de información sobre la situación real de los inmigrantes extranjeros en la región constituye el primer freno a una intervención eficaz en esta materia, al igual que sucede con cualquier otra. Información, coordinación e intervención son, por este orden, los tres pilares en los cuales ha de basarse la actuación de la Administración regional. La primera propuesta en firme emanada de este informe ha ser por tanto el incitar a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un estudio en profundidad sobre el tema, dejando quizás de lado, al menos parcialmente, las simples estadísticas disponibles por parte de los organismos oficiales. Es imprescindible contar con datos recogidos sobre el terreno que nos aclaren la importancia del fenómeno inmigratorio en las ciudades y núcleos rurales, aludiendo a los problemas generados en cada uno de ellos y la forma de abordar su solución. Mientras en otras Comunidades Autónomas este tipo de análisis ya ha sido realizado, la tardanza con que las nuevas oleadas de inmigrantes han arribado a Castilla y León no ha impulsado hasta el momento a emprender tal labor. Sin embargo, los datos recogidos en este informe no dan lugar a dudas. Nos encontramos al comienzo del proceso y puesto que éste no ha hecho sino comenzar, es ahora el momento adecuado para hacerlo. La coordinación de esfuerzos ante el reto impuesto por la inmigración constituye el segundo factor clave en las políticas a desarrollar por la Junta. Hemos analizado algunas de las iniciativas llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales, organizaciones de empresarios agrarios, sindicatos, asociaciones de vecinos y administraciones locales. Sus objetivos son loables, evidentemente, pero sus esfuerzos no son suficientes por separado para satisfacer las necesidades emanadas de los recién llegados. Las vías de comunicación entre la Administración y estas organizaciones han de ser más fluidas, apoyando la primera de manera firme el trabajo realizado por quien más cerca se encuentra del problema. Los modelos de intervención han de intentar corregir los problemas surgidos de experiencias conocidas y en este aspecto, la coordinación y el conocimiento de lo que está haciendo cada cual es fundamental. Sin duda el primer problema con que se encuentra el inmigrante al llegar a nuestra región es el del alojamiento, que debe abordarse de diferente forma según se trate de residentes estacionales o a más largo plazo. Los primeros se encuentran vinculados en su mayoría al trabajo en el campo, siendo necesario contar con un censo de alojamientos disponibles para tal fin. Habrá que conocer las necesidades reales de mano de obra temporal por parte del empresariado agrario y las posibilidades de alojamiento en los municipios donde mayor sea la concentración de inmigrantes, considerando tanto los establecimientos comunales que puedan ofrecer los ayuntamientos, como las ofertas procedentes de propietarios particulares de viviendas y de los mismos agricultores. En cuanto a las ciudades, las iniciativas existentes hasta el momento no han solventada la problemática reinante. Los albergues municipales se ven saturados por la demanda y la convivencia de inmigrantes de distintas nacionalidades y costumbres con población nacional marginada es contraproducente, a la vez que inciden en un incremento de los flujos hacia los escasos núcleos que cuentan con tales establecimientos, no siempre respaldado por necesidades reales de mano de obra. Por el contrario, allí donde ésta es más precisa, el problema de la vivienda sigue sin abordarse. La búsqueda de alojamiento a bajo precio conduce hacia los barrios más marginados, faltos de equipamientos sociales que solucionen las necesidades del recién llegado y en otros casos, el hacinamiento es el efecto lógico de unos alquileres demasiados elevados. Las solicitudes presentadas por empresarios y sindicatos a las Delegaciones del Gobierno en materia de mano de obra extranjera pueden ser un referente –aunque no el únicopara conocer la demanda potencial en cada ciudad, dotando a los ayuntamientos de los recursos necesarios para acoger en un primer momento a los nuevos residentes, abriendo albergues donde sean más precisos o colaborando con ONGs y organizaciones religiosas que ofrecen ya estos servicios. El control en materia de alojamiento habría de extenderse al alquiler de viviendas particulares, uno de los actuales focos de explotación del inmigrante, sancionando si es preciso al propietario por la práctica del cobro abusivo y la falta de condiciones mínimas de habitabilidad. La negativa de algunos propietarios a alquilar su vivienda a extranjeros ha de combatirse con campañas de sensibilización pública, sin descartar el apoyo económico mediante algún tipo de desgravación o subvención por el alojamiento de inmigrantes. La finalidad última, no lo olvidemos, es la integración de una población necesaria en Castilla y León, por lo cual no está de más considerar ayudas similares a las concedidas a otros grupos sociales igualmente marginados en épocas anteriores. El conocimiento del idioma castellano, la escolarización de los menores de edad y la formación profesional de los adultos constituyen otros tantos problemas que deben abordarse desde la Administración. Los hijos de inmigrantes sin documentos en regla no se escolarizan por miedo a la expulsión, situación que puede prolongarse por varios años. Debería quedar claro para el inmigrante el derecho a la educación de sus hijos, con independencia de su situación administrativa, pues es bien sabido que a la postre y en la mayoría de los casos, ésta acaba por normalizarse. Es cierto que tanto ONGs como asociaciones de vecinos, a través de centros de educación de adultos, tratan de resolver algunos de los problemas citados y ya hemos dado ejemplos de colaboración eficaz entre ellos y la Administración (facilidades dadas por la Dirección General de Tráfico para la obtención del permiso de conducir). Pero deben extenderse a otros aspectos, como la disponibilidad de aulas en horarios acordes a las posibilidades de los trabajadores extranjeros o la contratación de profesores nativos en el caso de quienes aún no dominan el español. La Administración tiene mucho que decir asimismo en el tema laboral y no ha de limitarse al aspecto sancionador, por muy importante que éste sea. Un sistema de “ventanilla única” para resolver los problemas administrativos del inmigrante que desea regularizar su situación laboral es cada día más necesario. Actualmente quien, por los motivos que sean, dispone de propuesta de trabajo pero carece del permiso correspondiente, ha de vivir una auténtica odisea para lograr salir de la economía sumergida. Su futuro empleador debe acudir primero al INEM para solicitar un empleado y rechazar por causas justificadas a las personas enviadas por éste. Al cabo de un período de treinta días hábiles, si ninguno de los trabajadores propuestos se ajusta a las necesidades del empresario (lo cual no deja de ser paradójico, ya que éste conocía a la persona idónea desde el principio), el INEM expide un certificado enunciando la situación. Con él, el empleador se dirige a la Delegación de Trabajo, donde se tramita la propuesta y la respuesta puede tardar otros tres meses. En el supuesto de ser afirmativa, el inmigrante deberá volver a su país para obtener el visado, aunque lo podrá tramitar desde aquí cuando el plazo de estancia en España supere los dos años. En definitiva, se tardarán unos cinco meses para conseguir normalizar la situación de ese trabajador, sin contar la pérdida de tiempo para el empresario y la necesidad para el extranjero de seguir trabajando mientras tanto como irregular. Un servicio de atención al inmigrante, como el puesto en marcha por la Diputación Provincial de Valladolid en la localidad de Íscar para ayudar en la tramitación de permisos de residencia y ofertas de trabajo, colaborando con la ONG DESOD, es quizás el ejemplo a seguir a escala regional. Por el momento ésta y otras iniciativas poseen desgraciadamente un carácter puntual, no se encuentran coordinadas y se desconoce su viabilidad a medio plazo. En contraposición, las necesidades de mano de obra inmigrante son mayores cada año, sobre todo en el caso de técnicos de nivel medio y personal poco cualificado. El sector de la construcción precisa no sólo albañiles, sino un amplio conjunto de profesionales que escasean en nuestra Comunidad. El servicio doméstico se nutre principalmente de esta mano de obra, al ofertar unas condiciones rechazadas por las trabajadoras locales, al igual que comienza a suceder en la hostelería. Y por supuesto, la agricultura precisa de trabajadores temporales extranjeros para sustituir a la población rural que antes realizaba esas labores, hoy día emigrada a las ciudades o demasiado envejecida para constituir un aporte válido. Pero la integración no es sólo el ofrecer vivienda, comida y trabajo al inmigrante. En Castilla y León no se han manifestado hasta ahora problemas de racismo aunque la xenofobia, el miedo –y con él, el odioal extranjero puede llegar con el aumento de su número, cada día mayor. Como en todo, mejor será prevenir que curar. Las campañas de concienciación a la población, de aceptación de las costumbres ajenas, de respeto a lo diferente y en general, de hacer ver que los inmigrantes son tan personas como ellos, imprescindibles además si queremos evitar el colapso demográfico de la región y el mantenimiento de una mano de obra joven, aún están por ponerse en marcha. El tema de la inmigración aparece en nuestros informativos cuando suscita un problema, pero no cuando resuelve una necesidad. Junto a las campañas desarrolladas por ONGs y sindicatos, junto a los cursos impartidos en las universidades públicas, la voz de la Junta de Castilla y León ha de llegar también al ciudadano explicando la situación. La Junta no es una ONG, por supuesto. Sus funciones son otras bien distintas pero entre ellas, el abordar con decisión el futuro de la región es determinante. Y en ese futuro han de estar presentes los inmigrantes, como ya lo están en la actualidad. 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