Política, policía y violencia: La regulación del Narcotráfico en el Cono Sur

Revista de Estudios en Seguridad Internacional Vol. 4, No. 1 (2018) Editada por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) Lugar de edición: Granada, España Dirección web: http://www.seguridadinternacional.es/revista/ ISSN: 2444-6157 DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1 Para citar este artículo/To cite this article: Hernán Flom, “Política, policía y violencia: La regulación del Narcotráfico en el Cono Sur”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 1, (2018), pp. 17-53. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.3 Si desea publicar en RESI, puede consultar en este enlace las Normas para los autores: http://www.seguridadinternacional.es/revista/?q=content/normaspara-los-autores Revista de Estudios en Seguridad Internacional is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 1 (2018), pp. 17-53. http://www.seguridadinternacional.es/revista/ ISSN: 2444-6157. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.3 Política, policía y violencia: La regulación del Narcotráfico en el Cono Sur Politics, Police and Violence: The Regulation of Drug Trafficking in the Southern Cone HERNÁN FLOM Universidad de California, Berkeley R ESUMEN : Más allá de ser un delito organizado transnacional, el narcotráfico tiene efectos locales en términos de violencia e inseguridad. Este trabajo demuestra cómo los Estados subnacionales, que deben hacerse cargo de estos problemas, regulan el narcotráfico mediante una combinación de tolerancia, represión y extracción de rentas, según sus restricciones jurídicas y materiales. También se argumenta que una mayor coordinación interna de las fuerzas policiales resulta en menos violencia producto del narcotráfico a nivel minorista. Ilustro este argumento con una comparación subnacional de cuatro casos en Argentina y Brasil durante las últimas dos décadas. P ALABRAS CLAVE : Policía, Narcotráfico, Regulación, Violencia A BSTRACT : Despite being a transnational organized crime, drug trafficking has a local impact in terms of security and violence, which is typically managed by non-national state actors. This paper proposes that, given their juridical and material constraints, subnational state agencies, primarily police forces, regulate drug trafficking through a combination of toleration, repression and rent extraction. I also argue that greater coordination within law enforcement agencies at the subnational level leads to lower drug-related violence at the retail dealing level. I illustrate this argument with a subnational comparison of four cases in Argentina and Brazil during the last two decades. K EYWORDS : Police, Drug Trafficking, Regulation, Violence Aceptado: 15 de Mayo de 2018 Recibido: 23 de Mayo de 2018 Revista de Estudios en Seguridad Internacional 38 I NTRODUCCIÓN El narcotráfico es el delito transnacional organizado más rentable del mundo. Desde la producción de materias primas hasta la venta minorista y el lavado de activos, diferentes sustancias ilícitas atraviesan y afectan a múltiples países. Dentro de este esquema de comercio globalizado, América Latina se destaca por ser el principal productor de cocaína, en la región andina – Colombia, Perú y Bolivia – y el punto de tránsito de drogas ilegales hacia los principales mercados de consumo, sea Estados Unidos como Europa. Sin embargo, en las últimas décadas ha crecido sustantivamente el consumo de drogas en la región como así también la violencia asociada a la distribución de estupefacientes (CICAD-OAS, 2015). Con respecto al Cono Sur, Brasil es el segundo consumidor de cocaína luego de Estados Unidos y Chile el principal de marihuana, mientras que Argentina también ostenta altos niveles de consumo de ambas drogas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2016). América Latina es la región más violenta del mundo: teniendo solo el 8 por ciento de la población mundial, registra un tercio de los homicidios (Erickson, 2018). Prácticamente todos los países de la región padecen el narcotráfico y la violencia asociada al mismo, aunque se manifiesta una clara variación interregional e inter-temporal en esta problemática. Mientras que los estudios académicos y periodísticos sobre violencia suelen concentrarse en México, Colombia, Centroamérica y Venezuela, Brasil concentra 13 por ciento de los homicidios globales (Muggah and Aguirre Tobón, 2018). Aunque los otros países del Cono Sur presentan menores niveles de violencia, ésta ha crecido sustantivamente en los últimos años. De igual manera, la forma en que los Estados lidian con este fenómeno varía considerablemente entre y dentro de los países de esta subregión. En términos de respuesta al narcotráfico, por un lado, los Estados nacionales abordan este fenómeno mediante la suscripción a diferentes convenciones de las Naciones Unidas, estableciendo agendas de cooperación entre sus respectivos gobiernos y realizando operaciones conjuntas entre distintas fuerzas de seguridad o agencias judiciales. Dada la preeminencia de respuestas punitivas, se suele considerar que los actores más relevantes para afrontar el narcotráfico son las fuerzas policiales nacionales o federales, según el sistema de gobierno que se trate. 1 Sin embargo, una parte significativa de la respuesta estatal al narcotráfico depende de actores estatales subnacionales, puntualmente, gobiernos y fuerzas policiales provinciales o municipales. Estos gobiernos generalmente carecen de la atribución legal para conjurar el narcotráfico a nivel transnacional mientras que deben lidiar cotidianamente con la violencia local asociada a este delito, especialmente su distribución minorista. América Latina se caracteriza por instituciones formales débiles, bajo cumplimiento de la ley y violaciones sistemáticas del Estado de derecho, incluso por parte del propio Estado (Levitsky and Murillo, 2013). En un contexto donde no abundan los incentivos para cumplir la ley, entender las respuestas de los gobiernos con respecto al narcotráfico no puede limitarse a un análisis del marco jurídico vigente o las operaciones conforme a derecho de los agentes estatales. Por el contrario, las fuerzas policiales regulan el narcotráfico, especialmente su componente de distribución minorista, 1 En ocasiones, por supuesto, los gobiernos han echado mano de las fuerzas armadas para enfrentar el narcotráfico. De igual manera, esto no quita que haya políticas públicas para abordar el narcotráfico por fuera de la seguridad. 39 Política, policía y violencia de manera informal o ilegal, mediante una combinación de represión, tolerancia, y extracción de rentas. Este artículo define y explica las distintas modalidades de regulación informal del narcotráfico por parte de gobiernos subnacionales en dos países del Cono Sur: Argentina y Brasil. Me concentro en los casos de las áreas metropolitanas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe en Argentina y en los Estados federativos de Rio de Janeiro y São Paulo en Brasil desde principios del siglo XXI. La próxima sección define el concepto de regulación y sus distintas variantes. La tercera sección describe la metodología empleada para este trabajo. La cuarta sección ilustra las diferencias entre estos distintos regímenes regulatorios a partir del análisis de los casos enunciados. La quinta y última sección establece algunos lineamientos para el análisis de las respuestas estatales al narcotráfico en otros países del Cono Sur y América Latina. R EGULACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA : EL TRÁFICO MINORISTA DE DROGAS El concepto de regulación se refiere al diseño e implementación de normas formales e informales con respecto a una actividad económica por parte de una agencia, o agencias, específicas (Baldwin, Cave, y Lodge, 2012). En este caso, la actividad económica sería el narcotráfico y la agencia reguladora la policía, en general (aunque no siempre) cumpliendo las órdenes del poder político. Los agentes del Estado “diseñan y aplican” un conjunto de normas informales, no escritas ni públicamente pronunciables por cuanto lindan con la ilegalidad—aunque no son sinónimo de ella (Helmke y Levitsky, 2004). En el caso puntual del narcotráfico, las acciones regulatorias de la policía pueden incluir el diseño de diferentes tipos de arreglos, acuerdos o pactos de convivencia con los narcotraficantes y su aplicación mediante diferentes combinaciones de tolerancia, represión (legal e ilegal), extracción de rentas o participación directa. Un ejemplo es el pacto entre cárteles del narcotráfico y actores estatales en México durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre otras cosas, el Estado autorizaba la venta de droga en ciertas zonas—por ejemplo, lejos de colegios—y a cambio los narcotraficantes aseguraban bajos niveles de violencia y pagaban su tasa de protección (Hernández 2013). En este sentido, este artículo busca realizar una contribución empírica a una amplia literatura que se ha concentrado primordialmente en los casos de México y Colombia (Ver, entre otros, Snyder y Duran-Martinez ,2009; Lessing, 2018; Durán-Martínez, 2018). Asimismo, en términos analíticos, se busca complejizar el tratamiento de la relación entre el Estado—o más bien diferentes agencias del mismo—con el crimen organizado, explorando la variable de coordinación para explicar niveles de violencia y contemplando distintos tipos de acciones dentro del concepto más amplio de regulación (Cf. Rios, 2015). Es sabido que el narcotráfico es una actividad ilícita que comprende muchas etapas. A modo general, se pueden señalar la producción primaria, elaboración, distribución mayorista, transporte internacional, distribución minorista—incluyendo la dilución o adulteración—y consumo final (Reuter, 2014). 2 En este trabajo, me restringiré al tráfico minorista de drogas ilícitas, por dos motivos. Primero, porque es la faceta más visible del delito y la más anclada al territorio donde se realiza. Segundo, porque es la que en el Cono Sur está más fuertemente asociada a la violencia, 3 2 Podría mencionarse también el lavado del dinero procedente de esta actividad. 3 A diferencia de Centroamérica y México, donde está más fuertemente asociada al control de rutas para el tránsito internacional. Revista de Estudios en Seguridad Internacional 40 sea por disputas entre bandas por control de ese territorio, lo que Peter Reuter denomina “violencia sistémica”, o como resultado de adictos que actúan bajo influencia de distintas drogas o cometen actos violentos –asociados al robo—para satisfacer su adicción (Goldstein, 1985; Reuter, 2009). De esta manera podemos examinar más nítidamente el papel del control territorial de las fuerzas policiales subnacionales. ¿Por qué la policía regula informalmente el narcotráfico, tratándose de una abdicación de sus deberes de funcionario público? Podríamos señalar dos conjuntos de razones. Por un lado, hay razones ligadas a la naturaleza del fenómeno. Está claro que la magnitud del consumo de sustancias ilícitas genera una sobreabundancia del delito. Los marcos jurídicos de prohibición generan un mayor registro y procesamiento de casos que los que la policía está generalmente dispuesta o es capaz de administrar. A su vez, cuando el consumo se manifiesta en zonas socialmente postergadas, disminuye el incentivo policial (y estatal) de intervenir para aliviar el problema. Por otro lado, existen razones ligadas a la organización policial en sí. En el Cono Sur, como en el resto de América Latina, las policías, sobre todo la base de la pirámide organizacional, en general tienen bajos salarios, malas condiciones de trabajo y equipamiento o infraestructura insuficiente o inadecuada. 4 Esto genera un aliciente para suplir este magro ingreso con fondos de diferentes actividades delictivas, ya se trate de un soborno por ignorar las leyes de tránsito o por proteger a un grupo de narcotraficantes. En el segundo caso, por supuesto, el ingreso es mayor, al igual que el riesgo. Asimismo, el policía puede razonar que es preferible ignorar el delito o negociar con los delincuentes que confrontar con bandas armadas dedicadas a la venta de drogas. Adicionalmente, en niveles más altos de la organización policial, dada la falta de carrera profesional basada en criterios meritocráticos, el pago de suplementos monetarios puede ser condición necesaria para ascender, obtener el traslado a un destino codiciado o algún otro beneficio laboral. Si a esto le sumamos los altos niveles de impunidad, merced de la complicidad del resto de la organización, el poder judicial y el gobierno político, está claro que son altos los incentivos para aprovechar esta oportunidad si se presenta. Por consiguiente, es frecuentemente que el funcionario estatal, en este caso el policía, busque regular este delito con medios no estrictamente legales. Cabe aclarar que la regulación que ejerce el Estado, en este caso la policía, puede ser de manera coordinada o descoordinada, lo cual tendrá diferentes implicaciones para los niveles de violencia criminal que enfrente la sociedad. Variantes de regulación del narcotráfico La regulación estatal de la delincuencia organizada, en este caso del narcotráfico, puede ser más o menos coordinada, sobre todo en cuanto al accionar de las fuerzas policiales. El grado de coordinación tiene implicaciones posteriores sobre los niveles de violencia asociada al narcotráfico. La regulación coordinada tiende a disminuir los niveles de violencia. Una mayor coordinación implica que los agentes policiales que cobran una tasa de protección a distribuidores de droga se auto-restrinjan en el monto del impuesto y de la violencia utilizada para cobrarlo. Con menos coordinación, por el contrario, cada agente o unidad policial tiene el incentivo a buscar una mayor tajada para sí, en desmedro del equilibrio general de control del conflicto. 4 Ortega (2018) muestra que los salarios de la policía en América Latina son, en promedio, 16% más bajos que el resto de la administración pública. 41 Política, policía y violencia Las formas en que una mayor coordinación disminuye la violencia son varias. Primero, le otorga previsibilidad a los vendedores, que saben cuánto deben pagarle y con qué frecuencia a sus protectores para mantenerse en actividad. Por consiguiente, tienen menos incentivos para invadir los mercados de sus competidores o cometer otros delitos para acumular los fondos necesarios para el pago del canon de protección. Segundo, se estabiliza el número de actores en el mercado. De esta manera, cada uno puede estar controlando su parcela territorial o número de clientes sin necesidad de captar otros mercados. Como la policía restringe a los actores delictivos a su confín territorial, no adquieren el poder necesario para confrontar a la policía o a sus competidores. Tercero, es más probable que se mantenga estable el precio de la droga comerciada, lo cual genera menos necesidades a los consumidores de cometer delitos, algunos de índole violenta, para sostener su adicción. Una regulación no coordinada, por el contrario, contribuye al aumento de la violencia ligada al narcotráfico, por los motivos inversos. En primer lugar, por supuesto, aumenta la probabilidad de que los traficantes respondan violentamente a la violencia policial, lo cual casi siempre genera daños colaterales. 5 En segundo lugar, le resta previsibilidad y credibilidad al accionar policial, tanto como protector de la delincuencia organizada como de agencia de aplicación de la ley. Por ende, los traficantes están más predispuestos a incurrir en comportamientos predatorios contra sus competidores o contra la población civil que los rodea. Por un lado, requieren de más recursos para cubrir la tasa de protección policial. Por otro lado, pueden actuar violentamente contra la población acusándolos de denunciarlos ante la policía—o preventivamente para disuadirlos de tales acciones. Finalmente, la represión violenta por parte del estado contra un grupo puede motivar a otros actores delictivos a emplear la violencia para eliminar a sus competidores y adueñarse de ese mercado (Vargas, 2016). La consecuencia agregada es un aumento de los niveles de violencia. Las próximas secciones presentan la metodología empleada en este trabajo e ilustran este argumento a partir de los casos subnacionales de Argentina y Brasil. D ISEÑO METODOLÓGICO Los hallazgos de este trabajo se basan fundamentalmente en evidencia de índole cualitativa. Entre 2013 y 2015, realicé más de 180 entrevistas a políticos provinciales y locales de distintos partidos, policías de distinto grado y jerarquía, jueces y fiscales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y expertos académicos sobre narcotráfico. 6 También obtuve información confirmatoria de periódicos nacionales y locales, informes de gobierno y organizaciones no gubernamentales y bibliografía secundaria. Estos datos cualitativos permitieron evaluar los distintos patrones de respuestas estatales y su grado de coordinación, así como los mecanismos que conectan la coordinación policial con la violencia criminal (Brady y Collier, 2010; Bennett y Checkel, 2015). A su vez, complementé esta información cualitativa con datos estadísticos, particularmente indicadores de violencia criminal y policial, como la tasa de homicidios a nivel subnacional durante los últimos treinta años. 5 La ineficacia de la respuesta punitiva extrema quedó evidenciada con el fracaso de la estrategia de descabezamiento empleado por el gobierno mexicano contra los cárteles (Calderon et al. 2015). Asimismo, un trabajo reciente de Anneke Osse e Ignacio Cano encontró una correlación directa entre la violencia policial y las tasas de homicidios totales de los países en América Latina (Osse and Cano 2017). 6 Los nombres de los entrevistados se omiten para garantizar su anonimidad. Revista de Estudios en Seguridad Internacional 42 Este trabajo emplea un estudio subnacional comparando cuatro casos de alta similitud. Estos Estados subnacionales exhiben múltiples semejanzas con respecto a sus fuerzas policiales y mercados ilegales. Por un lado, sus respectivas policías exhiben altos niveles de deficiencia, corrupción y violencia institucional (Brinks, 2008), mientras que se caracterizan por ser puntos de tránsito internacional y consumo doméstico. Aplicar un diseño comparativo subnacional permite controlar por variables de nivel nacional, como la legislación sobre narcotráfico y el rol de la policía y la justicia federal con respecto a este mercado ilegal (Snyder, 2001). Aunque mi enfoque es sobre la policía y el gobierno a nivel estadual, los efectos del narcotráfico se sienten primordialmente en territorios locales, especialmente los barrios vulnerables de las ciudades metropolitanas, donde hay mayor distribución minorista y disputas territoriales entre bandas dedicadas al negocio. Por ende, seleccioné dentro de cada estado una ciudad para ilustrar a nivel micro los mecanismos de mi argumento. En Santa Fe, la evidencia se centra en la ciudad más importante, Rosario, mientras que en Buenos Aires me focalizo en el municipio de General San Martín, un punto primario de tránsito de droga a la Ciudad de Buenos Aires. En los casos brasileños, me concentré en las ciudades capitales de los Estados federativos de Rio de Janeiro y São Paulo, que son las más pobladas e importantes, además de los centros políticos y administrativos del Estado, donde está concentrado el esfuerzo estatal de seguridad pública. R EGULACIÓN SUBNACIONAL EN A RGENTINA Y B RASIL : ANÁLISIS DE CASOS Regímenes coordinados: São Paulo y Buenos Aires En mayo de 2006, la principal facción criminal de São Paulo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) llevó a cabo un ataque coordinado desde varios presidios estaduales contra la policía y la población civil. Luego de que la ciudad entera quedara paralizada, la respuesta de la policía fue aún más brutal. En total, fueron asesinadas más de 500 personas, la mayoría de esas muertes quedaron inmunes (Adorno y Salla, 2007). A modo de frenar la violencia y a partir de entonces, el gobierno de São Paulo estableció un acuerdo informal con el PCC que rige desde entonces. El mismo preservó la hegemonía de la facción en las prisiones y en las calles (Dias, 2013). Por ende, el Comando se encargó de evitar las confrontaciones con la policía y mantener relativamente bajos los niveles de violencia en la periferia de la ciudad. Como contrapartida, se redujo la violencia policial contra los miembros del grupo y los residentes de los barrios pobres que ellos habitan. En las prisiones, el gobierno tomó recaudos para evitar que el Comando se sintiera provocado y ordenara otro ataque. Entre algunas de las medidas tomadas, se descartó la alternativa de transferir a los líderes del grupo a cárceles federales, donde estarían más estrictamente vigilados. El gobierno tampoco optó por mandar a los líderes del PCC al régimen disciplinario diferenciado dentro de las cárceles estaduales, lo cual también hubiera limitado su capacidad de control dentro de las prisiones (Dias, 2011). Por consiguiente, el Comando todavía tiene la capacidad de controlar sus operaciones en la calle, mediante celulares ingresados por sus familiares y abogados, con consentimiento de los guardias penitenciarios, a cambio de un beneficio material (Davis, 2012). El gobierno estadual tampoco bloqueó las señales de telefonía alrededor de las cárceles para evitar que los miembros de la facción pudieran comunicarse con el mundo exterior. Un teniente de la Policía Militar de São Paulo me lo explicó de esta manera: 43 Política, policía y violencia La PM nunca más incursionó en una prisión o entró en una celda para buscar armas, drogas o teléfonos celulares. Los presos tienen más libertad para tener estas cosas, para hablar por celular o para usar Internet dentro de las prisiones. Es parte del acuerdo con el gobierno. El estado se tiró y la Policía perdió como resultado. 7 Estas concesiones carcelarias les permitieron a los miembros encarcelados del Comando mediar en disputas en la calle y juzgar a aquellos que habían violado sus normas. En la calle, la policía dejó que el Comando mantuviera su control sobre la venta minorista de drogas, a cambio de su garantía de reducir los niveles de violencia. Con la anuencia de la policía y la sociedad civil, el Comando construyó un modelo propio de gobernanza local en los territorios que controla (Feltran, 2011; Denyer Willis, 2015). El entonces jefe de la división de delito complejo de la Policía Civil ilustró cómo funcionaba este sistema: En otro caso, la Policía mató cuatro individuos, incluyendo el hijo de uno de los líderes en prisión. Los amigos del muerto dijeron que iban a vengarse, pero desde la prisión dijeron que les importaba el dinero, no la venganza. Tenían que administrar el negocio [de la venta de droga], no meterse con la policía. 8 El resultado fue que se pudo mantener la baja tasa de homicidio que el Estado y la ciudad de São Paulo habían logrado desde principios del siglo (Gráfico 1). La misma permaneció durante años por debajo de los 10 homicidios por 100 mil habitantes, siendo una de las más bajas de todo Brasil. Más aún, se mantuvo relativamente estable el número de homicidios producto de la intervención policial (gráfico 2) y disminuyó la ratio entre civiles muertos y heridos, lo cual suele ser tomado como indicador de abuso de la fuerza letal. Gráfico 1. Tasas de homicidio en São Paulo por región (2001-2015) Fuente: elaboración del autor con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo 7 Entrevista del autor con teniente de la Policía Militar del Estado de São Paulo. 8 Entrevista del autor con ex jefe de división de investigación de delito complejo de la Policía Civil de São Paulo. 0 10 20 30 40 50 60 Tasas de homicidio por 100,000 habitantes Año Tasas de homicidio São Paulo (2001-2015) State Capital Greater SP Revista de Estudios en Seguridad Internacional 44 Gráfico 2. Evolución de muertes producto de intervención policial en São Paulo (1981-2014) Fuente: Elaboración del autor basado en datos del Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo (NEV-USP), la Secretaría de Seguridad de São Paulo, Caldeira (2000) y Pinheiro et al. (1991) Como comprobación de la importancia de este acuerdo, cuando el Estado de São Paulo decidió suspender temporariamente el acuerdo en mayo de 2012 hubo un aumento significativo de civiles y policías muertos hasta noviembre, a partir de que el entonces Secretario de Seguridad decidiera usar a la ROTA, la tropa de elite de la policía militar, para enfrentar al PCC. Este escuadrón mató a 45 personas en la primera mitad de 2012, el doble que en el mismo período de 2010. A su vez, fueron asesinados 106 policías, casi el doble que en 2011 (56), la mayoría de ellos fuera de servicio, víctimas de atentados del Comando (Willis, 2012). Esta confrontación renovada duró hasta noviembre, cuando fue reemplazado el Secretario de Seguridad y se reestableció el acuerdo. Este resultado se debió en gran parte a la coordinación de la policía estadual de SP. En particular, la policía debió restringir su propensión a la violencia y a la corrupción extrema para no desestabilizar el acuerdo. Desde al menos 1997, el gobierno estadual promovió cambios tendientes a la profesionalización de la policía, de modo tal de reducir sus niveles de abuso de la fuerza y violaciones de derechos humanos que fueron mantenidas por diferentes administraciones. Por ejemplo, el gobierno de Mario Covas (1995-2001) implementó programas de reducción de la violencia y aprehensión de armas de fuego, un sistema de monitoreo de las acciones de la policía en tiempo real y divisiones especializadas en la investigación de homicidios y delito complejo. También se creó una oficina de control externo de la violencia institucional y se ejerció un control más férreo de las acciones policiales para evitar víctimas fatales. Tal como me dijo un ex Secretario de Seguridad Estadual, los gestos del poder político a la policía son fundamentales: Con la Policía es así: si hace un discurso que piensa que es solo para la multitud, pero la policía lo escucha. Entonces, si dice: “¡La Policía va a ser dura! ¡Va a combatir el delito!, el policía en la calle piensa que lo están liberando y va adelante con todo. 9 9 Entrevista del autor al ex Secretario de Seguridad de São Paulo. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Número de muertos Año Muertes por intervención policial (1981-2014) 51 Política, policía y violencia El otro corolario es que las políticas públicas que se formulen para combatir el narcotráfico deben tener en cuenta la debilidad institucional del contexto en que se sitúan. Esto no es meramente una cuestión de capacidad estatal, más allá de los bajos salarios de la policía, ya que se trata de las principales áreas metropolitanas del país, donde hay presencia estatal y, sobre todo, policial. Más bien, como vimos, es frecuentemente una decisión estratégica de la política y la policía cómo aborda este problema. El dilema es que actores con altos niveles de corrupción, como la policía de Buenos Aires, pueden tener una regulación efectiva en términos de contener los niveles de violencia, al menos en el corto plazo, el cual es más redituable para los actores políticos. A su vez, una reforma completa de la organización policial puede detonar una reacción de la fuerza que aumente los niveles de delito y violencia. Por consiguiente, los gobernantes políticos deben tener el compromiso y las condiciones de encarar cambios profundos a mediano plazo si quieren evitar que sus fuerzas de seguridad terminen estableciendo vínculos asociativos con la delincuencia organizada. N OTA SOBRE EL AUTOR : Hernán Flom. Doctor en Ciencia Política (Universidad de California, Berkeley). Posteriormente obtuvo una beca postdoctoral en el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame. Investigador en temas de política de seguridad y su vinculación con el crimen organizado en América Latina. 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