Las Comunidades autónomas españolas bajo el impacto de la integración en la Unión Europea

1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ESPAÑOLAS BAJO EL IMPACTO DE LA INTEGRACION EN LA UNION EUROPEA1 Jordi Maluquer de Motes Bernet 1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto DGES PB98-0869 y se terminó en enero del 2001. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 2 El objetivo del presente capítulo consiste en presentar un breve análisis de la diversidad de comportamientos de las regiones, en el curso del proceso de integración europea, desde que se consolidó la democracia y el Estado de las autonomías y se produjo la efectiva incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, el 1 de enero de 1986. Con la perspectiva del tiempo transcurrido, es posible componer ya un balance de urgencia de la distinta fortuna de las regiones en el nuevo marco institucional. El trabajo se centra en la trayectoria de cada una de las comunidades autónomas y en los factores de crecimiento que poseen, por lo que orilla la problemática específica, ya muy cultivada, de las disparidades regionales (Villaverde Castro, 1992) y de la convergencia (Esteban y Vives, 1994; Raymond y García Greciano, 1996; Cuadrado Roura, 1998; Martín Rodríguez, 1999). Desde los nuevos enfoques de Barro y Sala-i-Martin (1991), una literatura abundante contrasta con la escasez de resultados claros. Sorprende, asimismo, la convivencia de la sofisticación econométrica con el olvido de elementos característicos del análisis del tiempo largo, como la periodización, o cierta confusión en algunas referencias históricas al pasado de las regiones. El estudio parte de un planteamiento simple y de un enfoque descriptivo, en la confianza de que las agrupaciones sucesivas de información habrán de proporcionar mayor claridad. Está organizado en cuatro secciones. Una primera parte recuerda las relaciones con la Unión Europea y presenta los hitos esenciales del proceso de regionalización. La segunda sección se ocupa de la evolución de las comunidades autónomas, desde la incorporación a la CEE, en tres apartados relativos a población, ocupación y empleo y producto. La tercera analiza los principales factores de crecimiento: inversión directa extranjera, inversión pública, acción comunitaria, comercio internacional, investigación y desarrollo y densidad del tejido productivo. El texto se cierra con un apartado de recapitulación y conclusiones. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 3 I. Un gran salto adelante en la modernización de España España ha realizado, en el último cuarto del siglo XX, un cambio fundamental respecto de las líneas dominantes de su historia. Frente al tradicional centralismo interior y al secular aislamiento exterior, exacerbados ambos durante las casi cuatro décadas del franquismo, desde 1975 se ha caminado decididamente hacia una estructura política abierta y plural, con vocación de participación en las instituciones y en los proyectos de la construcción europea. Ambos procesos – democratización y descentralización, por una parte, y europeización, por otraaparecen estrechamente relacionados y se refuerzan entre sí. La reforma política y la descentralización La muerte de Franco, a finales de 1975, dio paso a la transición política a la democracia en plena crisis económica internacional, cuyo punto de arranque se sitúa en la guerra del Yom Kippur (1973). A lo largo de 1976 y primera mitad de 1977, el país dio prioridad a la construcción de un régimen democrático sobre las necesidades de ajuste a las nuevas condiciones de la economía internacional. Tras las elecciones de junio de 1977, los partidos políticos con representación parlamentaria suscribieron los Pactos de la Moncloa con el fin de proceder al saneamiento global y a las reformas económicas necesarias para recobrar la estabilidad y el crecimiento. Estos acuerdos permitieron la elaboración de la nueva Constitución, aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978, y el comienzo del proceso de descentralización. El Título VIII del propio documento constitucional establecía los fundamentos de la nueva organización administrativa y territorial del Estado. Entre 1979 y 1983 se produjo el despliegue de los estatutos de las diecisiete comunidades autónomas y, simultáneamente, comenzó la transferencia de competencias de la Administración central a las regiones. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 4 Sólo a mediados de la década de los ochenta, coincidiendo con la integración en la CEE, las nuevas administraciones territoriales adquirieron auténtica relevancia. Los niveles competenciales que han ido asumiendo resultan muy importantes, pero su base tributaria es “todavía demasiado estrecha (...) e inestable” (OCDE, 2000). De todos modos, hay que distinguir dos regímenes diferentes: el sistema de concierto –propio del País Vasco y de Navarra-, que concede mucha mayor capacidad de financiación, y el régimen común, regulado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y aplicado a las quince regiones restantes. La larga marcha hacia Europa A pesar de las particularidades del régimen político instaurado al término de la Guerra Civil, el proceso de integración de algunos países democráticos europeos, iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, suscitó en España atención y voluntad de participación de los sectores empresariales y progresistas desde un primer momento. La firma del Tratado de Roma, que instauraba la Comunidad Económica Europea, el 25 de marzo de 1957, casi coincidió en el tiempo con el primer gobierno no monolíticamente fascista bajo la dictadura de Franco. Quizá no fuera una absoluta casualidad el acceso a la gobernación del país, justo en aquella hora, de personajes como Ullastres, Navarro Rubio y López Rodó. En todo caso, la apertura económica de 1957-1961, cuyo punto culminante coincidió con el Plan de Estabilización de 1959, inauguró una etapa de fuerte crecimiento, en gran parte motivado por la progresiva vinculación de España a los países de la CEE, a través de mecanismos como el turismo europeo o la emigración de centenares de miles de trabajadores, pasando por una continua elevación de la inversión directa extranjera. Ya en 1962 el gobierno español dirigió al Presidente del Consejo de Ministros de la CEE una solicitud de negociaciones para alcanzar un acuerdo, que, a falta de toda respuesta, reiteró 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 5 en 1964. En este último año se iniciaron conversaciones exploratorias, que sólo en 1967 dieron paso a una negociación formal y ésta al Acuerdo Comercial Preferencial de 1970. La liberalización de las relaciones con la CEE contribuyó a una adecuación paulatina de las estructuras productivas y comerciales de España con las de los países miembros, si bien la ampliación de 1973, con la incorporación de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, alteraba notablemente las condiciones. Tras la muerte del dictador en 1975, el comienzo de la transición democrática y las primeras elecciones libres (1977), el gobierno presidido por Adolfo Suárez solicitó formalmente la adhesión. Las nuevas negociaciones comenzaron en febrero de 1979 y registraron dos importantes momentos de aceleración, al aceptar el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, en 1982, la aplicación del IVA desde la adhesión y al desarrollar el gobierno de Felipe González una ofensiva diplomática masiva en 1984 y primeros meses de 1985. El Acta de Adhesión fue firmada el 12 de junio de 1985 y la integración definitiva de España y Portugal quedaba decidida para el 1 de enero de 1986 (Solbes, 1990). En 1989 España ingresó en el Sistema Monetario Europeo. Un nuevo paso correspondió a la firma, en 1992, del Tratado de Maastricht, que había de permitir alcanzar una Unión Económica y Monetaria. Al final del proceso, la Comunidad Europea quedaría dotada de una moneda única y de una política monetaria también única bajo la responsabilidad del nuevo Banco Central Europeo. La cumbre de Madrid (1995) bautizó con el nombre de euro la nueva moneda, que terminaría asumiendo los tipos de cambio de su predecesora, el ecu. Desde el 1 de enero de 1999, España accedió al euro junto con los otros diez Estados miembros que lo decidieron y que cumplían los requisitos establecidos. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 6 II. La trayectoria de las comunidades autónomas Casi en perfecta coincidencia con el momento de la incorporación a la CEE, la economía española puso fin a la larga etapa de crisis iniciada a fines de 1973, que debilitó gravemente sus estructuras productivas y elevó el desempleo a niveles desconocidos. Desde 1986, por el contrario, comenzó un nuevo período de expansión, estimulada precisamente por la adhesión a la CEE, que se prolongó hasta fin de siglo. En los quince años transcurridos, no han faltado desajustes y dificultades. La crisis de 1992-1993 presentó en España una enorme intensidad, en parte a causa de las características de la expansión anterior, pero fue un episodio breve seguido de una recuperación consistente. En cualquier caso, la trayectoria de las comunidades autónomas ha sido diversa y la posición de cada una frente al futuro resulta también bastante dispar. Los apartados siguientes tratan de precisar las divergencias en el desarrollo reciente de las regiones. La evolución de la población Después de un período de crecimiento demográfico muy intenso, entre 1960 y 1975, durante la etapa de crisis de 1975-1985 se produjo un descenso continuo de la fecundidad y de la natalidad que disminuyó de forma progresiva el ritmo de aumento de la población española y la condujo hacia el estancamiento. La etapa siguiente, a partir de 1986, agudizó la caída y motivó una nueva reducción del crecimiento demográfico. Sí el período 1960-1975 fue más expansivo que 1975-1986, éste último también resultaría, a su vez, más dinámico que la etapa siguiente, desde 1986 hasta 1999. Al final del siglo XX, la población se halla instalada prácticamente en una situación estacionaria, como la totalidad de la Unión Europea. El Cuadro 1 presenta las cifras correspondientes a la población de las comunidades 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 7 autónomas en 1986 y en 1999 y las respectivas tasas de crecimiento acumulativo anual en el intervalo que separa ambas fechas y en el precedente. El último cuarto del siglo XX se distingue muy claramente de los veinticinco años anteriores, en lo que atañe a la evolución demográfica de las regiones, por una relativa homogeneidad frente a la mayor disparidad de 1950-1975. Pero en la etapa 1986-1999 la homogeneidad es todavía mucho mayor que en 1975-1986. El comportamiento, tan paralelo, que muestran las comunidades autónomas no impide, de todos modos, algunas diferencias significativas. Seis regiones presentan en 1986-1999 pautas ligeramente regresivas, puesto que las tasas de crecimiento acumulativo anual señalan pequeñas pérdidas de efectivos: Castilla y León (-0,34 %), Asturias (-0,21 %), Aragón (-0,18 %), Galicia (-0,15 %), Extremadura (-0,11 %) y País Vasco (-0,14 %). Otras dos comunidades se hallan, por el momento, en situación de estancamiento: La Rioja (0,07 %) y Cantabria (0,06 %). Sólo las nueve restantes registraron un crecimiento muy moderado –Canarias (0,27 %), Castilla-La Mancha (0,28 %), Cataluña (0,29 %) y Navarra (0,37 %)- o ya algo más vigoroso –Madrid (0,45 %), Andalucía (0,47 %), Valencia (0,58 %), Baleares (0,66 %) y Murcia (0,84 %)-. Cuadro 1. Evolución de la población de las comunidades autónomas población total tasa de aumento anual 1986 1999 1975-1986 1986-1999 Andalucía 6.875.628 7.305.117 1,05 0,47 Aragón 1.214.729 1.186.849 0,31 -0,18 Asturias 1.114.115 1.084.314 0,12 -0,21 Baleares 754.777 821.820 1,61 0,66 Canarias 1.614.882 1.672.689 1,34 0,27 Cantabria 524.670 528.478 0,62 0,06 Castilla y León 2.600.330 2.488.062 0,22 -0,34 Castilla-La Mancha 1.665.029 1.726.199 0,15 0,28 Cataluña 5.977.008 6.207.533 0,49 0,29 Com. Valenciana 3.772.002 4.066.474 0,92 0,58 Extremadura 1.088.543 1.073.574 0,19 -0,11 Galicia 2.785.394 2.730.337 0,33 -0,15 Madrid 4.854.616 5.145.325 1,12 0,45 Murcia 1.014.285 1.131.128 1,26 0,84 Navarra 512.676 538.009 0,53 0,37 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 8 País Vasco 2.133.002 2.100.441 0,26 -0,12 Rioja, La 262.611 265.178 0,79 0,07 ESPAÑA 38.764.297 40.202.160 0,70 0,28 Fuente: INE Las diferencias en la evolución demográfica están acompañadas, y en parte explicadas, por unas cuantas especificidades que probablemente prolongarán en el futuro, quizá con aún mayor intensidad, las tendencias ahora perceptibles. El Cuadro 2 muestra algunas variables, relevantes para el futuro demográfico de las comunidades autónomas, relativas al año 1998. En sus columnas se recogen el total de los nacimientos y la tasa bruta de natalidad correspondiente, el envejecimiento demográfico, o porcentaje de ancianos –personas de 65 y más añossobre el total de habitantes, y, en fin, el número de extranjeros y su porcentaje sobre los residentes en cada región. Esta última variable, la inmigración extranjera –en especial, extracomunitariaha pasado a convertirse en una de las determinantes de las diferencias entre regiones y, presumiblemente, lo será mucho más en el inmediato futuro. Cuadro 2. Algunos indicadores demográficos regionales para el año 1998 tasa de ancianos extranjeros nacimientos natalidad (en %) total* en % Andalucía 76.632 10,59 13,8 109.129 1,51 Aragón 9.149 7,73 20,9 15.449 1,31 Asturias 6.344 5,86 20,5 9.522 0,88 Baleares 8.309 10,43 14,9 38.959 4,89 Canarias 17.392 10,67 11,3 68.347 4,19 Cantabria 3.835 7,28 18,3 4.546 0,86 Castilla y León 17.145 6,90 21,3 22.908 0,92 Castilla-La Mancha 16.304 9,50 19,3 12.739 0,74 Cataluña Com. Valenciana Extremadura 56.831 36.926 10.070 9,24 9,18 9,42 16,9 15,9 18,0 183.736 80.594 9.784 2,99 2,00 0,91 Galicia 18.538 6,80 19,3 22.523 0,83 Madrid 48.863 9,60 14,3 158.885 3,12 Murcia 12.790 11,47 14,0 16.319 1,46 Navarra 4.952 9,33 17,9 8.131 1,53 País Vasco 16.113 7,68 16,3 18.622 0,89 Rioja, La 2.204 8,36 18,6 4.768 1,81 ESPAÑA 365.193 9,16 16,3 801.339 2,01 (*) inscritos en 31.12.1999 . Fuente: INE 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 9 Las disparidades regionales son ya, en esto, bastante más importantes. La tasa de natalidad de Murcia, por ejemplo, dobla prácticamente a la de Asturias, el índice de envejecimiento demográfico de Aragón casi duplica al de Canarias y la proporción de residentes extranjeros sobre el total de los habitantes de las Islas Baleares multiplica por un factor 6,6 la cifra correspondiente de Castilla-La Mancha. Cataluña y Madrid, principalmente, y Andalucía, Valencia, Canarias y Baleares, en un segundo nivel, acogen a una abrumadora mayoría de los extranjeros residentes. En términos generales, las diferentes variables parecen estar estrechamente asociadas: las regiones que pierden población son también, en buena lógica, las de más baja tasa bruta de natalidad, las de mayor proporción de ancianos y, aún, las de menor porcentaje de residentes extranjeros. Las seis comunidades autónomas que han perdido población entre 1986 y 1999, y las dos que han crecido menos, forman una unidad territorial compacta -con la sola excepción de Navarraque ocupa el sector norte-noroeste de la Península. También es en esta área, naturalmente, donde se concentran los más bajos índices de fecundidad (Puyol, 1999). Por el contrario, las cuatro regiones mediterráneas, con los dos archipiélagos, Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra constituyen la España dinámica y presentan de forma asociada una natalidad más elevada y un envejecimiento sustancialmente menor, además de concentrar a la gran mayoría de los residentes extranjeros. Las situaciones más comprometidas en términos de potencial de crecimiento demográfico parecen ser las de Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria, que unen a unas tasas brutas de natalidad extraordinariamente bajas un índice de envejecimiento muy elevado. En el extremo contrario, sobresalen, por su considerable natalidad y reducido envejecimiento, Canarias, Murcia, Andalucía y Baleares. Otras regiones que se anticiparon en el camino de la transición demográfica, con muy intensa urbanización y temprana caída de la natalidad – como Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana-, se han estabilizado en coeficientes más elevados, quizá porque presentan una marcada capacidad de atracción para nativos de otras regiones e inmigrantes extranjeros. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 16 Galicia 2,60 2,81 Madrid 4,14 3,69 Murcia 3,31 2,42 Navarra 3,25 2,93 País Vasco 2,01 2,16 Rioja, La 1,62 1,58 ESPAÑA 3,32 3,06 (*) Los datos de población corresponden a los años 1986 y 1998 . Fuente: INE No obstante, las cifras del PIB regional sin ponderar constituyen una información aún muy primaria. Para disponer de una imagen más matizada, conviene relacionar la evolución del PIB con la población. La segunda columna del Cuadro 5 contiene la tasa de crecimiento acumulativo anual del PIB por habitante, siempre en moneda constante. Este nuevo registro confirma el dinamismo de Canarias, Cataluña y Madrid y la atonía de La Rioja y del País Vasco, así como de Valencia. En cambio, reduce las tasas de Baleares, cuya expansión se explica, por tanto, más por el crecimiento demográfico que por el alza de la productividad. Los datos provisionales de la Contabilidad Regional de España. Base 1995, del INE para 1995-1999 revelan algunos indicios de la evolución de los últimos años, a través del PIB regional a precios de mercado. Según esta fuente, el crecimiento menor habría correspondido a Castilla y León. También se encontrarían por debajo de la media española Asturias, Extremadura, Galicia y Andalucía. La integración en la CEE auguraba nuevas posibilidades de crecimiento para lograr la convergencia con los países más desarrollados del continente. La comparación entre las trayectorias de las regiones españolas y las de las restantes 180 unidades territoriales NUTS2 de la Unión Europea, dejando de lado los länder de la antigua República Democrática Alemana, está resumida en las columnas primera y tercera del Cuadro 6, que recogen el PIB por habitante de 1986 y de 1996 en unidades de poder adquisitivo (UPA). Las columnas segunda y cuarta presentan el número de orden de cada comunidad autónoma dentro del listado general para los años respectivos y la quinta la diferencia entre las posiciones de esos dos años. Los datos proceden del Sexto informe periódico sobre las regiones (Comisión Europea, 1999), que se elabora, a partir de las 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 17 informaciones suministradas por los países miembros, para establecer un balance de los resultados de la política regional comunitaria. Entre las dos fechas, España consiguió un muy notable acercamiento al promedio europeo, desde un índice 69,8 en 1986 hasta 78,7 en 1996, aunque en el segundo de los años considerados todavía se encontraba a más de veinte puntos porcentuales de aquel registro. Según este informe, todas las comunidades autónomas habrían aproximado sus niveles al promedio europeo, salvo Murcia. Fueron escasos los progresos del País Vasco, Valencia, Asturias y Andalucía. En cambio, mejoraron muy sustancialmente sus datos Aragón, Navarra, Cataluña y Madrid. Cuadro 6. PIB por habitante de las regiones españolas (UPA) 1986 1996 diferencia (EUR=100) Orden (EUR=100) orden Andalucía 52,8 184 57,2 190 -6 Aragón 75,9 153 88,9 121 32 Asturias 70,4 161 73,6 164 -3 Baleares 90,4 105 97,0 86 19 Canarias 69,3 162 74,3 161 1 Cantabria 67,0 165 76,9 155 10 Castilla y León 65,0 169 75,9 157 12 Castilla-La Mancha 54,5 183 65,9 175 8 Cataluña 82,3 143 99,1 78 65 Com. Valenciana 70,9 159 73,8 163 -4 Extremadura 44,2 191 54,6 191 - Galicia 55,0 182 63,0 179 3 Madrid 85,9 127 100,6 70 57 Murcia 67,3 164 67,2 174 -10 Navarra 84,8 131 98,1 82 49 País Vasco 89,5 107 92,3 104 3 Rioja, La 83,3 140 89,0 120 20 Ceuta y Melilla 63,6 171 72,3 168 3 ESPAÑA 69,8 -78,7 - - Fuente: EUROSTAT Cuatro regiones habían alcanzado en 1996 un PIB por habitante cercano a la media europea y se hallaban en una posición aceptable, aunque muy lejos de las primeras de la lista: Madrid (en el puesto 70), Cataluña (78), Navarra (82) y 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 18 Baleares (86). Tampoco es mala la situación del País Vasco (104), pero su evolución resultó algo mediocre puesto que descendió desde la segunda posición española a la quinta. Un nuevo grupo está formado por Aragón (121) y La Rioja (120), la primera con un gran avance y la segunda con menores progresos. Cantabria (155), Castilla y León (157), Canarias (160), Valencia (163) y Asturias (164) encabezan el último cuarto de la lista con cerca del 75 % del promedio europeo. Ya muy por debajo están Murcia (174), Castilla-La Mancha (175), Galicia (179), Andalucía (189) y Extremadura (190), que forman entre las regiones más pobres de la Europa unida. Hay que destacar la muy importante mejora de Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Para valorar adecuadamente estas cifras, debe recordarse que miden sólo el producto y no la renta. Los niveles de vida reales están mucho más igualados, a causa de las transferencias fiscales y de las aportaciones de fondos europeos, según se desprende de las estimaciones del BBV (1999). A partir de los datos presentados hasta ahora, relativos a población, empleo y producto, es posible proceder a cinco agrupamientos, que definen conjuntos de regiones con conductas bastante semejantes entre sí: 1) Regiones regresivas. Este grupo se encuentra integrado por Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria. Los rasgos definitorios más claros son retroceso demográfico, con baja natalidad, fuerte envejecimiento y reducido número de residentes extranjeros; escasa creación de empleo y baja tasa de ocupación; aumento o muy baja reducción del desempleo y muy modesto incremento del PIB. 2) Regiones atrasadas pero en expansión. Dos zonas meridionales, Andalucía y Castilla-La Mancha, definen esta situación. Se trata de regiones dinámicas en cuanto a evolución demográfica y creación de empleo, pero que generan un PIB per capita modesto, mantienen tasas de ocupación muy bajas y registran aumentos del desempleo. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 19 3) Regiones en rápida transformación. Se incluyen en esta agrupación Murcia, Valencia y Canarias. Son regiones de población joven, elevada natalidad y –salvo Canariasfuerte aumento demográfico. Presentan también una elevada creación de empleo y tienden a reducir sus cifras de paro, pero aún están caracterizadas por una baja proporción de ocupados. Destaca el dinamismo de la evolución del PIB por habitante de Canarias y, en menor medida, de Murcia. Cabe esperar una mejora rápida de sus datos. 4) Regiones estacionarias. Grupo formado por La Rioja, Aragón y el País Vasco y caracterizado por el estancamiento demográfico, baja natalidad y notable índice de envejecimiento, así como por los bajos ritmos de creación de empleo y de mejora de las cifras de desocupación. En cambio, se hallan situadas a buenos niveles relativos en cuanto a ocupación y a PIB por habitante. 5) Regiones dinámicas. Baleares, Navarra, Cataluña y Madrid ostentan las mejores colocaciones españolas en el listado más reciente de las regiones NUTS2 de la Unión Europea. Están caracterizadas por cierta expansión demográfica, relativamente elevada natalidad y escaso envejecimiento, así como por importantes porcentajes de residentes extranjeros. Sus registros en cuanto a creación de empleo, tasa de ocupación, rápida reducción del paro y bajo nivel del mismo son los más positivos de todo el país. Las disparidades en los comportamientos observados son muy importantes: el PIB por habitante de Extremadura o Andalucía, por ejemplo, supera difícilmente la mitad del que corresponde a Madrid. En las secciones siguientes se tratará de ponderar la fortaleza de estas mismas regiones en cuanto a potencial de crecimiento a partir de algunas variables estratégicas. La finalidad de este nuevo acercamiento consiste en confirmar o modificar el primer balance, que se acaba de ensayar, mediante la consideración de una serie de factores fundamentales en lo que atiende a la evolución de las regiones en el inmediato futuro. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 20 III. Factores de crecimiento Quizá el factor realmente decisivo en la expansión española de los quince últimos años del siglo XX haya sido la inversión directa extranjera, en la medida en que ha protagonizado cambios esenciales en el tejido productivo interior. La inversión pública constituye un mecanismo de trascendencia crucial porque condiciona las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo. La contribución de los fondos europeos al crecimiento regional fue y sigue siendo, asimismo, muy importante en los años transcurridos desde la integración. El comercio de exportación al resto del mundo constituye la mejor síntesis de la competitividad internacional de cada economía y, por lo mismo, un factor determinante de su dinamismo en el inmediato futuro. También tendrán una aportación sobresaliente, en la nueva etapa de progreso tecnológico acelerado y sociedad del conocimiento, los niveles de investigación científica y desarrollo tecnológico. Un último elemento que puede resultar muy estratégico es la fortaleza del tejido empresarial de cada región. Una observación sintética de estos seis factores debe suministrar pautas para anticipar la evolución probable de las comunidades autónomas en el porvenir. La inversión directa extranjera El desarrollo de los países y de las regiones se relaciona con su grado de éxito en atraer inversiones extranjeras que impulsen las actividades productivas. Se define como inversión directa extranjera (IDE) la adquisición de activos productivos en un país, o región, por individuos o sociedades residentes en otro país mediante la constitución, ampliación o toma de participación de un mínimo del 10 % del capital social, lo que se entiende que, frente a la inversión en cartera, proporciona posibilidades de un control duradero de la empresa participada. Con la recepción de inversiones directas, las regiones acrecientan la inversión y el stock de capital, especialmente si se trata de greenfeld, o nueva aportación al 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 21 sistema productivo, y no tanto si se dirige a la adquisición de empresas ya existentes. De todos modos, la mayor contribución de la inversión directa extranjera al crecimiento procede, más que de su aporte neto, de la introducción de nuevos elementos de formación, gestión, tecnología e impulso a la competencia, así como de sus requerimientos a proveedores, empresas de servicios y, en fin, al conjunto del tejido productivo. La inversión directa extranjera se ha revelado como uno de los principales instrumentos de internacionalización de las economías. Desde el comienzo de la década de los 1980, los flujos internacionales de IDE han crecido tres veces más deprisa que la inversión interior y han superado, asimismo, el ritmo de aumento de las exportaciones mundiales totales. Las nuevas tecnologías, la liberalización generalizada de este tipo de transacciones en la mayoría de los países del mundo y los procesos de integración económica los han impulsado decisivamente. España ha participado de forma muy activa en este proceso como receptora de inversiones directas, hasta alcanzar la quinta posición mundial, con 90,9 millardos de dólares de forma acumulada entre 1985 y 1995, sólo por detrás de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China (OMC, 1996). En los últimos años del siglo XX, por lo demás, ha ido asumiendo una posición también muy destacable como país inversor. Cuadro 7. Inversión directa extranjera acumulada (1986-1995) . millones de ecus porcentajes % del PIB Andalucía 7.250 6,6 1,4 Aragón 1.551 1,4 1,4 Asturias 723 0,7 1,3 Baleares 1.578 1,4 1,6 Canarias 1.229 1,1 0,6 Cantabria 379 0,3 0,7 Castilla y León 1.371 1,2 0,9 Castilla-La Mancha 676 0,6 0,6 Cataluña 32.226 29,4 3,7 Com. Valenciana 4.022 3,7 1,1 Extremadura 268 0,2 0,2 Galicia 1.223 1,1 0,5 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 22 Madrid 44.680 40,8 7,0 Murcia 697 0,6 1,1 Navarra 2.706 2,5 7,0 País Vasco 3.352 3,1 1,6 Rioja, La 395 0,4 0,8 Varias 5.279 4,8 - ESPAÑA 109.604 100,0 2,7 Fuentes: DGTE e INE El Cuadro 7 resume la IDE recibida por las comunidades autónomas, en millones de ecus y de forma acumulada por todo el período 1985-1996. Su distribución geográfica aparece muy concentrada en dos regiones, que suman conjuntamente cerca de tres cuartas partes del total. Madrid captó en esos años más de un 40 % y Cataluña cerca de un 30 %, mientras que las otras quince se repartieron el 30 % restante. Entre estas últimas sobresale Andalucía y, ya a niveles muy inferiores, Valencia, País Vasco y Navarra. En el extremo contrario, las comunidades que recibieron menor inversión exterior fueron Extremadura, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia y Asturias. Las diferencias de tamaño de las respectivas economías perturban la valoración de los efectos de la IDE. La proporción de las entradas de capital sobre el PIB, en la tercera columna del Cuadro 7, constituye una aproximación mucho más reveladora al impulso que hayan podido proporcionar. Los datos muestran una posición muy destacada de Navarra y Madrid. En un segundo escalón se encuentra Cataluña y, a mucha distancia, por debajo del promedio español, Baleares, País Vasco y Andalucía. A menos de la mitad de la media nacional están Aragón, Asturias, Valencia y Murcia. En un último nivel, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia y Extremadura. La clasificación por sectores de aplicación demuestra que la IDE captada en España en el período mencionado se divide en dos partes casi iguales entre los servicios, especialmente instituciones financieras y de seguros, y la industria manufacturera. Las dos grandes regiones receptoras de capitales del exterior, Madrid y Cataluña, no participan por igual en ambos tipos de inversión sino que atraen preferentemente las entradas de una y otra clase. Con ello se pone de 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 23 manifiesto el papel de Madrid como gran centro de servicios y de Cataluña como principal región industrial (Muñoz Guarasa, 1999). La inversión pública La entrada de capitales exteriores forma un motor muy estratégico para el crecimiento económico, por sus efectos selectivos, pero es imprescindible que, junto a ella, opere la acción del Estado de manera intensa. La inversión pública, a través de la creación de infraestructuras y del aumento de la dotación de capital público, colabora con la inversión privada e impulsa el desarrollo de las regiones. La trayectoria de la inversión pública, por tanto, es una variable muy relevante para la productividad y competitividad del conjunto de la economía. Así sucede señaladamente en España, tanto más cuanto que todas las regiones se hallan afectadas por dificultades de accesibilidad, cara al mercado europeo, y por un elevado grado de perifericidad (Molle, 1996). La cuantía acumulada de la inversión pública, y su evolución en los quince últimos años del siglo XX, se registra a través del gasto territorializado del Estado, consignado en los Presupuestos Generales de cada año –con exclusión del Ministerio de Defensa-, que recoge el Cuadro 8. Se incluyen las inversiones ejecutadas directamente por la Administración Central y las transferencias de recursos a los gobiernos autonómicos en relación con la política regional (Fondo de Compensación Interterritorial) y con las acciones estructurales promovidas por la Unión Europea. Los datos del cuadro suman la inversión pública de todos los años organizados en dos períodos (1987-1996 y 1997-2000), a causa de la ruptura en la homogeneidad de la serie que produjo, a partir de 1997, la inclusión de las inversiones de las empresas públicas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Los registros regionales se presentan, para cada período, como porcentaje del total español y como índices de la inversión por habitante, sobre base 100 para el 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 24 conjunto de España. Se excluyen de la comparación las comunidades de Navarra y el País Vasco, a causa de su sistema de financiación por medio del concierto económico. Madrid aparece como la mayor destinataria de inversión pública en todo el período. Pero es más significativa la información clasificada en términos per capita, que aparece en las columnas segunda y cuarta, valorando el esfuerzo inversor del Estado hacia cada comunidad. El cuadro pone de relieve algunas diferencias muy reveladoras entre los dos períodos: Andalucía y Extremadura, por ejemplo, pasaron de las posiciones de cabeza a las últimas entre la primera etapa y la segunda. Pero el hecho más sobresaliente de los que se advierten en ambas columnas consiste en el gran volumen de la inversión del Estado en tres regiones regresivas, como son Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como en Aragón, Cantabria, Canarias y Galicia. Los índices de las regiones mediterráneas –el espacio más activo de la economía españolahan sido bajos, en Andalucía, Baleares y Murcia, o bajísimos, en los casos de Cataluña y Valencia. Cuadro 8. Distribución regional de las inversiones reales acumuladas del Estado 1987-1996 1997-2000 distribución inversión/hab distribución inversión/hab Andalucía 17,4 118,8 12,4 68,1 Aragón 5,1 103,7 8,0 266,0 Asturias 5,4 150,8 3,8 140,2 Baleares 1,5 56,7 2,5 130,1 Canarias 2,5 109,7 4,7 116,5 Cantabria 2,0 104,0 1,8 137,6 Castilla y León 10,2 136,5 9,1 143,5 Castilla-La Mancha 6,3 147,6 5,4 125,1 Cataluña 9,8 67,2 11,7 76,2 Com. Valenciana Extremadura 8,8 4,2 79,9 192,9 6,1 2,4 60,1 90,5 Galicia 4,0 105,6 7,0 100,8 Madrid 17,9 93,3 17,7 140,0 Murcia 2,3 99,6 2,5 90,1 Navarra 0,4 44,7 0,4 34,2 País Vasco 1,2 41,9 2,7 51,8 Rioja, La 0,8 90,9 1,0 151,9 ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Escardó (1998) y Arlegui y Puig (2000) 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 25 Los gobiernos de la democracia, por tanto, han dado una marcada prioridad a la inversión con finalidades de redistribución sobre aquella otra que pretende la maximización del crecimiento. En otras palabras, se ha preferido la equidad, con posible sacrificio del desarrollo económico. No debe olvidarse, al respecto, que la cohesión y la reducción de las disparidades es un objetivo plenamente asumido por la sociedad española, con independencia de los costes que pudiera implicar. La acción de la Comunidad Europea La integración en la CEE supuso, desde el primer momento, flujos financieros en las dos direcciones: España debe aportar recursos para contribuir al funcionamiento de las instituciones comunitarias y a sus políticas, mientras que la Comunidad, a su vez, transfiere fondos a los Estados miembros para la realización de esas mismas políticas. El saldo de ambos flujos resultó siempre positivo para España, excepto en 1986. En los años 1993-1996, el índice de retorno, que mide la magnitud de los ingresos procedentes de las comunidades europeas en relación a la aportación española, ascendió a 1,99. Es decir, la acción de la CEE en España duplica el monto de las aportaciones de nuestro país. Este balance, tan favorable, es debido a la prioridad de la CEE hacia la política agrícola y hacia las políticas estructurales y de cohesión. El peso de la agricultura en España, y el atraso relativo frente a la mayoría de los países miembros, producen la afluencia de ingresos y el saldo positivo. Por la misma naturaleza de estas políticas, su incidencia resulta muy dispar: mientras que algunas regiones reciben ingresos importantes, otras no se han beneficiado en igual medida. La contribución de las regiones al presupuesto comunitario tampoco puede ser, 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 32 País Vasco 3.500 8,6 1,16 Rioja, La 103 0,2 0,48 No clasificado 328 - - España 40.952 100,0 0,89 (*) para 1999 Fuente: EUROSTAT e INE Las diferencias en las dimensiones regionales recomiendan el empleo de algún elemento de ponderación. La medida más significativa del esfuerzo realizado en cada una de ellas respecto de sus propias posibilidades de crecimiento viene dada por la relación entre los recursos aplicados a I+D y el tamaño de su economía, valorado por el PIB. La tercera columna del Cuadro 11 presenta esta variable para el año 1999 y proporciona una visión más matizada. Confirma, desde luego, la posición destacada de Madrid –con niveles que se acercan a los de las economías más avanzadas del continente-, pero sitúa al País Vasco en una cota también muy sobresaliente. De las restantes comunidades, sólo Cataluña supera el promedio español y Navarra se le acerca. La precariedad de los recursos en I+D sobre el PIB, que no alcanzan, siquiera, la mitad del registro español, ya bajo de por sí, denota una extrema debilidad para Baleares, CastillaLa Mancha, Extremadura y La Rioja. La cuantificación de los resultados de I+D, al margen de los recursos invertidos, resulta francamente difícil. El mejor indicador del output en este terreno es el número de patentes que corresponde a cada territorio por unidad de tiempo. Con las solicitudes de patentes, los innovadores pretenden alcanzar protección legal para aprovechar en exclusiva, durante unos años, el resultado de su investigación con el fin de rentabilizar la inversión. Sin embargo, los registros nacionales presentan dificultades para su empleo como indicador de resultados por causa de la escasa importancia de muchas de las solicitudes presentadas. Cuadro 12. Resultados de I+D (patentes europeas) patentes* porcentajes* Eficiencia** Andalucía 208,9 4,9 0,59 Aragón 138,0 3,2 2,27 Asturias 52,7 1,2 0,98 Baleares 31,9 0,7 1,86 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 33 Canarias 49,9 1,2 0,62 Cantabria 26,6 0,6 0,81 Castilla y León 98,4 2,3 0,54 Castilla-La Mancha 45,8 1,1 1,55 Cataluña 1.613,3 37,7 2,20 Com. Valenciana Extremadura 403,0 16,8 9,4 0,4 2,15 1,43 Galicia 70,8 1,6 0,91 Madrid 1.009,6 23,6 0,85 Murcia 33,9 0,8 0,91 Navarra 140,1 3,3 1,47 País Vasco 328,9 7,7 1,11 La Rioja 12,8 0,3 0,50 España 4.191,9 100,0 1,32 (*) total acumulado en 1989-1998 (**) patentes por millón de ecus de Gasto interior en I+D en el año 1998 Fuente: EURTOSTAT e INE Las cifras anuales de las peticiones depositadas en la Oficina Europea de Patentes, con sede en Munich, constituyen el mejor método de medida. Por una parte, garantizan la comparabilidad de los datos, puesto que se obtienen a partir de un único sistema de solicitud. Por otra parte, aseguran la importancia económica de las innovaciones tecnológicas a causa de las barreras de entrada que suponen los muy elevados costes administrativos y de traducción a las once lenguas de trabajo de la Unión Europea. Con todo ello queda bien delimitado el producto de la acción de I+D de las regiones realmente relevante para el desarrollo económico. Eurostat clasifica las solicitudes de patentes europeas según la región de residencia del inventor. Cuando consta más de un inventor, se distribuyen en partes idénticas entre las regiones de residencia –no de nacionalidadde cada uno de ellos. De este modo se han formado los datos de la primera columna del Cuadro 12, que suma las patentes de cada región por todos los años del período 1989-1998, y los de la segunda columna, que transforma aquellos guarismos en porcentajes del total español para el mismo período. La tercera columna responde a la necesidad de poner en relación inversión y producto y mide el número de patentes obtenido por cada millón de ecus aplicado a I+D. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 34 Los datos revelan que Cataluña y Madrid, conjuntamente, registran tres quintas partes del total de las patentes europeas solicitadas desde España. Una vez más, por tanto, aparece una importante concentración de factores de crecimiento. Sin embargo, en el terreno de la I+D, sobre todo en cuanto a innovaciones efectivas, la posición más avanzada corresponde a Cataluña. La variable más significativa, con todo, debe ser aquella que valore el uso de la inversión realizada. En este ámbito, es muy destacable la diversidad de resultados: Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia, así como, en un nivel menor, Baleares, presentan un nivel de eficiencia comparable al de los demás países de la UE. La Rioja, Castilla y León, Andalucía, Canarias, Cantabria, Madrid, Galicia y Murcia, por el contrario, están muy por debajo de la media comunitaria. La inversión realizada en ellas no proporciona, en cuanto a desarrollo tecnológico, resultados homologables a nivel internacional. El tejido productivo Una última variable que la propia Comisión Europea considera fundamental para el crecimiento económico es la presencia de empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Una elevada densidad societaria confiere al sistema mayor flexibilidad y adaptabilidad a las situaciones rápidamente cambiantes de los mercados modernos. Además, también ofrece mejores oportunidades para aprovechar el potencial de crecimiento de la economía y para la generación de empleo. La Comisión Europea ha incorporado a sus informes periódicos sobre la evolución de las regiones un indicador de la densidad de empresas y el INE elabora ya un censo exhaustivo o Directorio Central de Empresas. El Cuadro 13 reúne tres tipos de datos que se han considerado reveladores de la fortaleza del tejido productivo: 1) número total de empresas, a 1 de enero del 2000; 2) número de empresas con uno o más asalariados por cada millar de habitantes; y 3) tamaño relativo sobre el Valor Añadido Bruto de cada región que supone el sector privado -medido por la sustracción de los servicios no destinados a la venta del VAB totalen el año 1996. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 35 Además de la cifra bruta del total de empresas de cada región, que se recoge en la primera columna, el cuadro proporciona dos informaciones algo más matizadas. El guarismo que figura en la segunda columna traduce de un modo más depurado la entidad de la iniciativa empresarial, al excluir las empresas sin asalariados que pueden responder, en ocasiones, a simples cálculos de orden fiscal por parte de algunos contribuyentes. Las diferencias en el número de empresas, en términos relativos a la población total, refleja la abundancia de iniciativa empresarial, siempre que se comparen regiones situadas en un mismo entorno económico, jurídico y cultural. El dato de la tercera columna sintetiza la fortaleza de las actividades privadas frente a la presencia de los servicios públicos. La combinación de los dos criterios –densidad empresarial y dimensiones relativas del sector privadocoloca en posición sobresaliente a Baleares y Cataluña, con Valencia, Navarra, País Vasco y La Rioja también en situación mejor que el promedio. La fortaleza del tejido empresarial de las Baleares puede haber sido una de las causas principales del óptimo aprovechamiento de sus posibilidades turísticas, frente a otras zonas con un importante potencial de desarrollo. También aparece como muy destacable la extraordinaria magnitud relativa del sector privado en Cataluña. Las seis regiones mencionadas, junto con Aragón y Madrid, parecen las mejor dotadas en este ámbito para afrontar el futuro inmediato. Cuadro 13. Indicadores del tejido productivo regional en 2000 . empresas emps.*/1000hab. sector privado** Andalucía 376.646 22,6 80,9 Aragón 75.803 30,6 85,1 Asturias 63.133 25,3 85,1 Baleares 69.574 42,2 88,5 Canarias 105.232 31,8 82,1 Cantabria 32.449 27,7 86,0 Castilla y León 148.440 25,4 82,6 Castilla-La Mancha 99.423 25,6 83,7 Cataluña 492.546 36,9 96,9 Com. Valenciana Extremadura 276.032 48.305 32,8 19,8 87,2 77,9 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 36 Galicia 166.072 28,1 83,7 Madrid 365.083 30,8 84,3 Murcia 68.131 29,6 83,7 Navarra 32.818 26,6 86,9 País Vasco 150.163 34,1 85,9 Rioja, La 18.716 32,3 87,1 ESPAÑA 2.595.392 29,6 85,0 (*) empresas con uno o más asalariados; (**) VAB neto de servicios no destinados a la venta (en porcentaje del VAB total, para el año 1996) Fuente: INE De todos modos, algunas de ellas, muy especialmente Valencia y Cataluña, junto con Andalucía y Galicia, adolecen de servicios públicos francamente reducidos, a juzgar por el monto del VAB por habitante del sector servicios no dedicados a la venta. Sus datos son muy bajos no sólo frente a Madrid, con cifras muy superiores a la media española por el efecto capitalidad, sino también con relación a Aragón, Castilla y León o Extremadura. Existe, además, un elevado grado de coincidencia entre las regiones con pocos servicios públicos –Baleares, Cataluña, País Vasco y Valenciay las que generan un flujo sistemático de transferencias fiscales hacia el resto de España, según datos de 1991-1996. Utilizo para este cálculo los resultados del estudio de Castells et alt. (2000) en la medición de los saldos fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central según el enfoque del flujo monetario. Por el contrario, las comunidades autónomas que gozan de muy amplios servicios públicos por habitante –especialmente Extremadura, Castilla y León, Canarias y Asturiasdetentan balanzas fiscales favorables en el mismo lapso (Castells et alt., 2000). Los dos criterios empleados anteriormente, iniciativa empresarial y tamaño del sector privado, señalan una fuerte debilidad de las condiciones de Extremadura y Andalucía, como también, de un modo más atenuado, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. Posiciones algo particulares son las de Asturias, con una muy modesta dimensión empresarial, y Canarias, con un sector privado relativamente muy débil. Un análisis sobre la incidencia de la inversión pública en las regiones más desfavorecidas durante en el período 1980-1991, asociada a una política 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 37 redistributiva, concluye que redujo sus efectos a lo que se califica como sector semipúblico, que agruparía a servicios no destinados a la venta, construcción y energía de la Contabilidad Regional del INE. En cambio, no habría alcanzado a producir, apenas, efectos dinamizadores en el sector que define como privado, compuesto por los servicios destinados a la venta y la industria, del que dependería una auténtica convergencia en productividad y en renta. La inversión pública habría tenido hasta ahora fundamentalmente, a través de su incidencia directa sobre el sector semipúblico, una función amortiguadora de la decadencia de las regiones agrícolas (García-Milà y Marimon, 1996). IV. Conclusiones Los datos estadísticos que se utilizan en este trabajo adolecen de los problemas clásicos de la información muy reciente: en algunos casos se trata de cifras provisionales, o avances, a la espera de su consolidación definitiva. A ello se le debe añadir la inseguridad de unos guarismos que, en muchas ocasiones, se obtienen por regionalización de los totales nacionales, con las dificultades añadidas que implica el empleo de criterios de imputación no siempre enteramente contrastados. Las conclusiones deben considerarse, por lo tanto, un mero ensayo de acercamiento, sujeto a ulteriores comprobaciones. La fragilidad de la información Cabe señalar, todavía, que algunas informaciones no pueden definir con suficiente exactitud sus contenidos reales. Dos ejemplos bastarán para mostrarlo. La inversión directa extranjera se asigna a la región donde está domiciliada la sede central de la empresa afectada. Sin embargo, especialmente en el caso de los servicios –como la banca o los seguros-, las entidades suelen operar, y por tanto generan valor añadido, en todas las regiones o en una gran parte de ellas. Por este motivo, resulta desconocido el destino final de la inversión y algunas 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 38 comunidades autónomas –básicamente Madridpresentan cifras muy superiores a las que efectivamente se consuman en su territorio. Otras regiones ostentan, lógicamente, datos inferiores a los reales. Un segundo ejemplo se refiere a las exportaciones: las mercancías exportadas desde cualquier comunidad contienen, en ocasiones, componentes procedentes de regiones distintas. La estadística de Aduanas no permite conocer su primer origen. Conviene observar una tercera circunstancia que perturba las comparaciones entre regiones: la diversidad de tamaños. España reúne algunas de las regiones europeas NUTS2 de mayores dimensiones del continente, en términos de población (Andalucía) o de PIB (Cataluña), con otras de muy reducida magnitud (La Rioja). Sobre todo en las más pequeñas, la ausencia o debilidad de ciertos factores de crecimiento, como la inversión extranjera o los niveles de I+D, podrían modificarse a partir de intervenciones de muy limitada entidad absoluta. Semejantes sesgos son muy difíciles de corregir, pero deben tenerse en cuenta. En general, las deficiencias aludidas, y las dificultades de comparación entre realidades tan distintas –Andalucía es más de 27 veces mayor que La Rioja en población y Cataluña 26 veces mayor en PIB-, recomiendan una gran cautela a la hora de presentar conclusiones generales. Con todo, la elevada coincidencia de las informaciones recogidas sugiere algunos rasgos mayores, con un grado satisfactorio de confianza. Cabe añadir que los datos sobre los que se basan las secciones anteriores podrían modificarse en el corto plazo. Así, por ejemplo, la tasa bruta de natalidad del año 1998, que figura en la segunda columna del Cuadro 2, se ha visto incrementada de un modo destacable en la mayoría de las comunidades autónomas en 1999. Sólo se registraron descensos en Castilla-La Mancha y Extremadura. No es menos cierto, de todos modos, que diez de las regiones presentan, en este último año, datos de crecimiento vegetativo (diferencia entre natalidad y mortalidad) negativos: Asturias (-5,63), Galicia (-3,86), Castilla y León (-3,42), Aragón (-3,33), Cantabria (-2,75), La Rioja (-1,62), País Vasco (-0,72), 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 39 Extremadura (-0,39), Castilla-La Mancha (-0,31) y Valencia (-0,14). En ausencia de aportes migratorios, y, aún más, en presencia de pérdidas por esta vía, la población de todas ellas habría descendido. Todavía, hay que recordar que los datos sujetos a análisis en las páginas precedentes se refieren al PIB de las regiones y no a su renta per capita. Se trata de un indicador del respectivo potencial productivo, que deja al margen todo lo relativo a la prosperidad de las familias. La Contabilidad Regional de España, fuente principal del análisis presentado en estas páginas, se realiza de acuerdo con las directrices de EUROSTAT y no recoge –hasta ahorael valor de la renta familiar bruta disponible. Las estimaciones del BBV, que parten de un planteamiento contable sustancialmente distinto, permiten, sin embargo, comprobar la mayor proximidad de los valores regionales relativos de este agregado económico. Pese a que no ha habido convergencia de las economías regionales desde 1985, según las tasas de crecimiento del PIB que figuran en el Cuadro 5, sí la ha habido entre la renta por habitante de las regiones, gracias a las transferencias privadas y, sobre todo, a las que realiza el Estado o a las que tienen lugar a través del presupuesto comunitario. Concentración geográfica del sector privado Un primer acercamiento al dinamismo de las economías regionales y a sus posibilidades en el inmediato futuro puede efectuarse a través de la evolución del grado de concentración geográfica de las actividades productivas. He considerado que los sectores estratégicos, en lo que se refiere al crecimiento económico, son las distintas ramas de la industria, salvo energía y agua y construcción, y las de los servicios destinados a la venta. Todo ello forma un agregado, al que cabe calificar de sector privado, que deja de lado a agricultura y pesca, por un lado, y energía y agua, construcción y servicios no destinados a la venta, o sector semipúblico, por el otro. Esta agrupación no responde a clasificación alguna de la contabilidad regional, sino al propósito de identificar 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 40 aquellas actividades productivas capaces de impulsar la modernización de las regiones y de reforzar su base económica de exportación y su competitividad (Garcia-Milà y Marimon, 1996). Para medir el comportamiento del sector privado y de sus dos principales componentes –industria y servicios de mercado-, he calculado el índice de concentración geográfica media de Herfindhal del Valor Añadido Bruto correspondiente a las diecisiete comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para una serie de años seleccionados. El índice de Herfindahl es un indicador que mide la concentración de un sector respecto de las distintas zonas del universo considerado. La expresión del mismo es: 2 i k i hsI∑ = siendo s la parte del efectivo del sector k presente en la región i. Este indicador presenta el valor 1 cuando todos los efectivos del sector se concentran en una sola región y 1/n cuando se distribuyen de manera equitativa entre todas ellas. El índice resulta más elevado cuanto mayor es la concentración y a la inversa. Por lo tanto, su elevación traduce una ganancia relativa de las regiones más grandes y su descenso una mayor dispersión del agregado considerado entre todas ellas. El Cuadro 14 reúne los resultados en dos bloques (1955-1985 y 1985-1996), puesto que los datos proceden de fuentes distintas –BBV e INE, respectivamentey no son comparables. Los criterios de clasificación sectorial de ambas series de datos son diferentes por lo que sólo pueden analizarse los dos conjuntos separadamente. Los valores homogéneos estimados por el BBV permiten observar la evolución de la concentración geográfica media desde 1955, por casi medio siglo. Por su parte, la serie también homogénea del INE hace posible evaluar su trayectoria durante los once primeros años de pertenencia de España a la Unión Europea. 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 41 Cuadro 14. Concentración geográfica media del VAB según el índice de Herfindahl* Sector privado industria servicios de mercado 1955 0,1228 0,1488 0,1148 1961 0,1248 0,1502 0,1162 1973 0,1207 0,1398 0,1161 1985 0,1248 0,1294 0,1283 1985 0,1090 0,1218 0,1067 1996 0,1148 0,1241 0,1150 (*) Indices calculados a partir del VAB de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla Fuentes: BBV e INE Según el primer conjunto, los valores de la concentración regional del Valor Añadido Bruto del sector privado se incrementan en 1955-1961 y en 1973-1985, por lo que aumenta el peso de las regiones mayores y más dinámicas, mientras que disminuyen en la etapa de fuerte crecimiento económico de 1961-1973. Vuelven a crecer, y con mayor intensidad todavía, en el último período, que se inicia con la entrada en la Comunidad Europea. Así pues, el VAB del sector privado tiende a concentrarse en las regiones mayores y lo hace de forma lenta, aunque se ha acelerado en la década final del siglo XX. La estimación de los índices de concentración geográfica de Herfindahl para industria y servicios de mercado por separado revela comportamientos diferentes. En términos generales, los servicios destinados a la venta se encuentran localizados de forma más dispersa –especialmente, en los datos del INE-, mientras que la industria se halla más concentrada en las regiones con economías de mayor tamaño. La evolución de ambas variables en la segunda mitad del siglo XX aparece bastante paralela, aunque con discrepancias importantes. En los primeros años, desde 1955 hasta 1961, se incrementó el grado de concentración en los tres agregados, pero con posterioridad divergieron claramente. El intervalo que separa 1961 de 1973 corresponde a una fuerte aceleración de la industrialización española, con un crecimiento importante de la producción 1/2001 – UHE/UAB – 08.03.2001 48 Los datos de población pertenecen a los padrones municipales de 1986 y 1999 y los de ocupación y desempleo a la EPA (Cuadros 1 a 4). Las informaciones relativas al PIB, procedan del INE o de EUROSTAT, tienen su origen en la Contabilidad Regional (Cuadros 5 y 6). La IDE se obtuvo de la Dirección General de Transacciones Exteriores; su porcentaje sobre el PIB, en la tercera columna del Cuadro 7, se estimó sobre el PIB promedio de los años considerados (19861995). Los datos de exportaciones (Cuadro 10) proceden del Instituto Español de Comercio Español (ICEX), los de I+D de EUROSTAT y de la Estadística de I+D en España del INE (Cuadros 11 y 12) y los de empresas y del VAB del sector privado (Cuadro 13) del Directorio Central de Empresas y de la Contabilidad Regional. 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