Memoria, ciudadanía, exilio y derechos humanos en América Latina: del golpe de estado de Chile hasta los 43 de Ayotzinapa. La lucha contra el olvido (1973–2025)

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The struggle against oblivion (1973–2025) Enriqueta CUEVAS BAHENA fulanito3[email protected] Universidad Autónoma de Guerrero, México RESUMEN Este artículo examina la memoria como un campo de disputa política, cultural y ética en América Latina entre 1973 y 2025, articulando sus vínculos con la ciudadanía, el exilio, la postmemoria y las luchas por los derechos humanos. Desde referentes como Jelin, Nora, Sarlo, Hirsch y Ricoeur, se argumenta que la memoria es una práctica social activa que enfrenta el olvido institucional, reinterpreta el pasado y actúa sobre el presente. Se analizan casos emblemáticos como el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, la Comisión de la Verdad en Perú y el caso Ayotzinapa en México, evidenciando cómo la memoria se enlaza con la acción colectiva, la pedagogía crítica y las redes transnacionales. El texto incorpora el exilio como espacio de reorganización política y circulación de ideas, y estudia el papel de las nuevas generaciones en la construcción de narrativas contrahegemónicas. También advierte sobre el impacto del neoliberalismo en la erosión de derechos y la despolitización de la memoria. Se concluye que la memoria constituye un horizonte ético y político fundamental para fortalecer democracias inclusivas y combatir la impunidad. Palabras clave: memoria. derechos humanos, exilio, ciudadanía, postmemoria, Ayotzinapa, América Latina. ABSTRACT This article examines memory as a field of political, cultural, and ethical struggle in Latin America between 1973 and 2025, linking it to citizenship, exile, postmemory, and human rights activism. Drawing on key authors such as Jelin, Nora, Sarlo, Hirsch, and Ricoeur, it argues that memory is an active social practice that confronts institutional oblivion, reinterprets the past, and acts upon the present. The analysis includes emblematic cases such as the Memory, Truth and Justice process in Argentina, the Truth Commission in Peru, and the Ayotzinapa case in Mexico, highlighting how memory connects to collective action, critical pedagogy, and transnational networks. Exile is approached as a space for political reorganization and circulation of ideas, while the role of new generations in building counter-hegemonic narratives is also addressed. Finally, the article warns about the impact of neoliberalism on the erosion of rights and the depoliticization of memory. It concludes that memory is an essential ethical and political horizon for strengthening inclusive democracies and combating impunity. Keywords: memory, human rights, exile, citizenship, postmemory, Ayotzinapa, Latin America. Recibido: 01-05-2025 ● Aceptado: 22-07-2025 Memoria, ciudadanía, exilio y derechos humanos en América Latina… 2 INTRODUCCION La memoria colectiva en América Latina se ha constituido en una herramienta clave para reconstruir el tejido social tras los regímenes dictatoriales. Jelin (2002), sostiene que la memoria es una práctica social disputada, donde diversos actores luchan por imponer sentidos sobre el pasado. Nora (1992), aporta el concepto de "lugares de memoria", que permite comprender cómo ciertos sitios, fechas y rituales se cargan de significados que encarnan el trauma colectivo. Sarlo (2006), advierte sobre el "giro subjetivo" de las políticas de memoria, que si bien empoderan al testimonio individual, pueden despolitizar los relatos y vaciarlos de su potencial crítico. Este campo de lucha y conflicto por la memoria no solo se manifiesta en el ámbito simbólico, sino también en las políticas públicas, en los espacios judiciales y en las manifestaciones sociales. En Argentina, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido ejemplar en la región por su continuidad institucional y su vinculación con los movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Según el informe del CELS (2017), la política de juzgamiento de los crímenes de la dictadura militar representa una conquista ciudadana sostenida por décadas de lucha. Este proceso ilustra cómo la memoria se transforma en acción política con capacidad de incidir en las estructuras estatales. En el caso peruano, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), reveló la sistemática violación de derechos humanos cometida tanto por las fuerzas armadas como por Sendero Luminoso. La memoria en este contexto se convirtió en una herramienta de denuncia pero también de sanación, en tanto permitió visibilizar el sufrimiento de las comunidades indígenas históricamente silenciadas. La dimensión étnica y territorial de la memoria introduce así una lectura interseccional sobre la violencia, señalando cómo operan las desigualdades estructurales dentro del mismo Estado. Huyssen (1986) propone pensar la memoria no solo como retorno al pasado, sino como un campo de elaboración cultural que interpela al presente. Este enfoque permite entender la emergencia de museos, archivos digitales, performances y expresiones artísticas como formas activas de intervención en la esfera pública. En este sentido, el giro cultural de la memoria no implica necesariamente despolitización, sino que abre nuevos canales para el ejercicio de la crítica social. Kohut (2009) refuerza esta idea al subrayar la función política de la literatura y el arte testimonial en la conformación de una conciencia histórica contrahegemónica. La tensión entre memoria e historia ha sido trabajada por Ricoeur (2000), quien plantea que ambas no se oponen necesariamente, sino que pueden colaborar en una praxis ética de narración del pasado. Mientras la historia busca objetividad a través de métodos científicos, la memoria implica una relación afectiva y selectiva con los acontecimientos. Esta complementariedad cobra sentido cuando se confrontan narrativas oficiales con memorias marginalizadas. En el caso mexicano, esta confrontación ha sido clave para visibilizar las múltiples violencias del Estado más allá de los relatos institucionalizados. La noción de postmemoria desarrollada por Marianne Hirsch (2012), resulta crucial para entender cómo las nuevas generaciones heredan los traumas de sus antecesores sin haberlos vivido directamente. Esta transmisión intergeneracional se da no solo en el seno familiar, sino también en el ámbito educativo y mediático. La postmemoria, lejos de ser pasiva, constituye una forma activa de rememoración que articula nuevas subjetividades críticas frente a las narrativas dominantes. En este contexto, la memoria se convierte en un dispositivo político que disputa el sentido del pasado, pero también orienta el horizonte ético de las sociedades. La emergencia de colectivos de jóvenes, de iniciativas digitales como sitios de memoria en internet, o de movimientos como #NuncaMás y #VerdadParaAyotzinapa, ilustran cómo la memoria se resignifica y se convierte en motor de acción política en el presente. A nivel teórico, resulta clave la contribución de Ulrike Seydel (2020), quien desarrolla el concepto de “culturas de rememoración” en América Latina, destacando la pluralidad de voces y formas de recordar. Este enfoque se distancia de las visiones monocromáticas del recuerdo y enfatiza la coexistencia conflictiva de memorias oficiales, comunitarias, individuales y disidentes. En sociedades marcadas por la violencia estructural, esta pluralidad no es solo inevitable, sino necesaria para una reconstrucción democrática del tejido social. Por otro lado, el neoliberalismo ha generado nuevas formas de olvido estructural al desmantelar las políticas de memoria y despolitizar la esfera pública. Como argumenta Gálvez y Luque-Brazán (2019), el capitalismo actual se sostiene en una “era post-política” donde el conflicto se borra del espacio público en favor de una lógica Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1316-5216; ISSN-e 2477-9555 Año 30 n.o 111, 2025, e17241119 3 gerencial. Esto tiene efectos concretos sobre las memorias colectivas, ya que las narrativas críticas son desplazadas por discursos que apelan a la reconciliación sin justicia o al desarrollo sin verdad. Autores como Jelin, Nora y Sarlo han insistido en que la memoria es una herramienta para el presente y el futuro. En este sentido, no basta con recordar los crímenes del pasado; es necesario vincular esas memorias con las luchas contemporáneas por los derechos humanos. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 no solo reavivó los recuerdos de las dictaduras, sino que mostró la persistencia de una estructura estatal de violencia, impunidad y despojo. La lucha por la memoria se revela así como una lucha permanente contra el olvido institucionalizado. La historia reciente de América Latina demuestra que las memorias de la represión no han quedado en el pasado. Las fosas clandestinas, la criminalización de la protesta y la violencia contra líderes sociales siguen siendo prácticas sistemáticas en varios países. Esta continuidad de la violencia interpela los marcos tradicionales de análisis, obligando a repensar la relación entre memoria, democracia y justicia. La memoria, en este marco, se constituye en un derecho colectivo que habilita formas de resistencia y abre posibilidades para una ciudadanía más plena y consciente. La memoria colectiva en América Latina se ha constituido en una herramienta clave para reconstruir el tejido social tras los regímenes dictatoriales. Jelin (2002) sostiene que la memoria es una práctica social disputada, donde diversos actores luchan por imponer sentidos sobre el pasado. Nora (1992), aporta el concepto de "lugares de memoria", que permite comprender cómo ciertos sitios, fechas y rituales se cargan de significados que encarnan el trauma colectivo. Sarlo (2006) advierte sobre el "giro subjetivo" de las políticas de memoria, que si bien empoderan al testimonio individual, pueden despolitizar los relatos y vaciarlos de su potencial crítico. EXILIO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA POLÍTICA El exilio fue un mecanismo de las dictaduras latinoamericanas para desarticular la oposición. Sin embargo, también generó espacios para la reorganización política y la producción de memorias alternativas. Kohut (2009) muestra cómo la literatura del exilio opera como forma de denuncia y resistencia. Lazzara (2021), plantea que el "giro de la memoria" está profundamente vinculado a narrativas de desplazamiento forzoso, lo que reconfigura las nociones de ciudadanía y pertenencia. El exilio ha sido una constante en los procesos de violencia y represión en América Latina, funcionando tanto como una forma de castigo político como una estrategia de control poblacional. Desde las dictaduras del Cono Sur hasta los desplazamientos forzados actuales, el exilio ha moldeado profundamente la subjetividad política de quienes lo viven y de las sociedades que lo generan. En este sentido, el exilio no solo implica un desplazamiento físico, sino también un desarraigo simbólico y político que transforma las formas de ciudadanía y pertenencia. Autores como Lechner (2013), y Jelin (2002), han destacado cómo el exilio produce un tipo de subjetividad política que se construye en la diáspora, es decir, fuera del espacio nacional pero en constante referencia a él. Esta condición produce una ciudadanía “desbordada”, en palabras de Saban (2020), que desafía las nociones tradicionales de identidad y pertenencia. La experiencia del exilio obliga a repensar el concepto de nación como una entidad homogénea, introduciendo una dimensión transnacional en la lucha por los derechos humanos. El exilio latinoamericano en Europa, en especial durante las décadas de 1970 y 1980, no sólo generó comunidades organizadas políticamente, sino que también propició una circulación de ideas que impactaron en los movimientos sociales y académicos. El pensamiento crítico latinoamericano se vio profundamente influenciado por esta experiencia, como lo muestran las obras de autores como Touraine (2016), Negri y Cocco (2006), quienes subrayan la emergencia de una agencia política articulada desde la distancia. Este fenómeno también contribuyó a la internacionalización de las luchas por la justicia, visibilizando los crímenes de las dictaduras ante organismos multilaterales y foros internacionales. El exilio puede ser entendido como una forma de resistencia, en tanto mantiene viva la memoria de la represión y actúa como un agente de denuncia. La producción cultural del exilio —literatura, música, teatro, ensayo— ha jugado un papel clave en la preservación de las memorias traumáticas, funcionando como archivo alternativo frente a los silencios institucionales. Kohut (2009) y Pulido (S/A) analizan cómo la literatura del exilio Memoria, ciudadanía, exilio y derechos humanos en América Latina… 4 latinoamericano se convierte en un espacio de elaboración subjetiva y colectiva de la experiencia política, en donde la escritura se transforma en un acto de resistencia frente al olvido y la censura. En la actualidad, el fenómeno del exilio no ha desaparecido, sino que ha mutado en formas más complejas. Las nuevas olas de migración forzada, vinculadas a la violencia del narcotráfico, el crimen organizado, la persecución política y las crisis económicas, continúan produciendo desplazamientos masivos. Gálvez y Luque-Brazán (2019), hablan de una “era post-migratoria” en la que los sujetos migrantes y exiliados ya no son reconocidos como tales, sino integrados en narrativas que invisibilizan su condición de víctimas estructurales. Esto refleja una transformación en las políticas del exilio, que ahora se entrelazan con las lógicas del mercado y el biopoder. El caso de los desplazamientos forzados en México, relacionados con la violencia criminal y la militarización del territorio, representa una forma contemporánea de exilio interno. Ruiz (2019), y Gamiño (2020), señalan que el desplazamiento de comunidades enteras debido a amenazas de grupos armados y colusión estatal configura un nuevo escenario de violación de derechos humanos. Estas dinámicas han generado comunidades desplazadas que, si bien no cruzan fronteras nacionales, viven en condiciones de exilio al ser expulsadas de sus lugares de origen y privadas de protección institucional. En este marco, el concepto de “agencia política” cobra una relevancia particular. O’Donnell (2010), define la agencia como la capacidad de los actores para actuar en contextos estructuralmente adversos. Desde esta perspectiva, los exiliados y desplazados no son meras víctimas pasivas, sino sujetos capaces de articular demandas, generar redes de solidaridad y disputar espacios de representación. En muchos casos, estas agencias emergen en la intersección entre la memoria, la justicia y la ciudadanía. La reconstrucción de la agencia política en el exilio también se ha visto potenciada por las tecnologías digitales. La posibilidad de conectarse transnacionalmente ha permitido la formación de comunidades virtuales de memoria y denuncia. Iniciativas como plataformas de documentación de casos, archivos digitales de testimonios y campañas en redes sociales han transformado los modos de hacer política en el exilio. Hirsch (2012) y Huyssen (1986) subrayan cómo estas prácticas digitales constituyen nuevas formas de postmemoria que reconfiguran los vínculos entre generaciones, territorios y relatos. A nivel institucional, el reconocimiento del exilio como una categoría jurídica con derechos específicos ha sido una conquista histórica. No obstante, aún persisten brechas importantes en la protección de los derechos de personas desplazadas y refugiadas. La falta de políticas públicas integrales, el racismo estructural y la criminalización del migrante exiliado obstaculizan el ejercicio pleno de la ciudadanía. En este sentido, la ciudadanía en el exilio se encuentra en tensión permanente, operando más como horizonte de lucha que como derecho garantizado. Finalmente, la dimensión ética del exilio interpela directamente a los Estados. Como plantea Forti (2024), las democracias actuales enfrentan el riesgo de devenir en autocracias electorales que mantienen las formas institucionales mientras desmantelan los contenidos sustantivos de los derechos. El exilio, entonces, se presenta como un síntoma de esta regresión democrática, pero también como un punto de resistencia desde donde imaginar nuevas formas de comunidad política. Desde los exilios de las dictaduras hasta los desplazamientos del presente, América Latina continúa enfrentando el desafío de reconocer, proteger y restituir los derechos de quienes han sido obligados a abandonar sus territorios. La reconstrucción de la agencia política en estos contextos no es solo una tarea de memoria, sino un imperativo democrático que pone en el centro la dignidad de los cuerpos expulsados y la potencia transformadora de sus luchas. CIUDADANÍA Y VIOLENCIA DE ESTADO: DISPUTAS POR EL RECONOCIMIENTO La ciudadanía en América Latina ha estado marcada por la exclusión estructural. Escalante (1999), describe la figura del "ciudadano imaginario", excluido de los derechos y de la participación efectiva. Cooper (2019), sostiene que la ciudadanía ha sido racializada y jerarquizada históricamente. O'Donnell (2010), introduce la noción de "agencia democrática" para destacar la capacidad de los ciudadanos para disputar y ampliar derechos, especialmente frente a Estados fallidos o cooptados. La ciudadanía, como categoría jurídica y política, ha sido históricamente disputada en América Latina. En contextos marcados por la Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1316-5216; ISSN-e 2477-9555 Año 30 n.o 111, 2025, e17241119 5 desigualdad, la exclusión y la violencia institucional, el acceso pleno a los derechos de ciudadanía ha estado limitado a sectores específicos de la población. En este sentido, la ciudadanía no puede entenderse únicamente como un estatus legal, sino como una práctica situada, históricamente construida y atravesada por relaciones de poder. Autores como Cooper (2019), y Escalante (1999), han problematizado la noción de ciudadanía como un dispositivo moderno que, lejos de ser universal, ha operado bajo lógicas de diferenciación y exclusión. En particular, Cooper señala cómo las categorías de raza, género y clase han moldeado las formas en que distintos grupos acceden (o no) a los derechos ciudadanos. En América Latina, esta condición se exacerba debido a la persistencia de estructuras coloniales que configuran un orden social jerarquizado. Durante las dictaduras militares del Cono Sur, la ciudadanía fue suspendida de facto mediante el uso sistemático de la represión y el terror estatal. La desaparición forzada, la censura y el control de la vida cotidiana fueron prácticas que redefinieron los límites de lo posible en términos de acción política. En este marco, como sostiene O’Donnell (2007), se produce una disonancia democrática: una contradicción entre las formas institucionales de la democracia y su contenido real. El vaciamiento de los derechos sustantivos es uno de los efectos más profundos de estas dictaduras, cuyos ecos resuenan en las democracias contemporáneas. Con el retorno de los regímenes democráticos, se abre un proceso de resignificación de la ciudadanía, que se articula en torno a la memoria, la justicia transicional y la ampliación de derechos. Sin embargo, este proceso es desigual y conflictivo. El caso argentino es paradigmático: a través de políticas públicas, juicios a los responsables y procesos pedagógicos institucionales, se ha construido una narrativa que vincula ciudadanía con memoria activa (Informe sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, 2017). No obstante, esta narrativa ha sido cuestionada por sectores conservadores que buscan reinstalar el olvido como forma de gobernabilidad. En Perú, el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), reveló las limitaciones del Estado en la protección de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. La ciudadanía en contextos de violencia estructural se presenta como una ficción jurídica, especialmente para las poblaciones indígenas y rurales, quienes históricamente han sido marginadas del pacto social. Este patrón se repite en otros países de la región, donde los derechos humanos son garantizados de forma diferenciada y segmentada. La emergencia de los movimientos sociales ha sido clave en la redefinición del concepto de ciudadanía. El movimiento de derechos humanos, los feminismos, los movimientos indígenas y afrodescendientes, así como las luchas por la diversidad sexual, han ampliado el campo semántico y político de la ciudadanía. Tarrow (1997), y Jelin et al. (2021), subrayan el rol de la acción colectiva en la transformación de las instituciones democráticas y en la producción de nuevos lenguajes de derechos. En este marco, la ciudadanía deviene un campo en disputa, atravesado por conflictos y negociaciones. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa constituye un punto de inflexión en la relación entre ciudadanía y derechos humanos en México. Como señala Velasco (2017), el caso evidenció las complicidades entre el Estado y el crimen organizado, así como la fragilidad de las garantías institucionales. En este contexto, los familiares de los desaparecidos emergen como nuevos sujetos políticos, cuya lucha por la verdad y la justicia redefine los límites de la ciudadanía. Este fenómeno, caracterizado por Hirsch (2012), como "postmemoria activa", implica una transmisión intergeneracional del trauma y la agencia, que desafía el relato oficial. La lucha por los derechos humanos también se ha visto amenazada por el ascenso de fuerzas autoritarias y populistas de derecha. Forti (2024), y Urban (2025), advierten sobre la consolidación de democracias vacías, donde el principio de legalidad coexiste con prácticas de exclusión, represión y violencia estatal. En este contexto, la ciudadanía se convierte en un privilegio y no en un derecho universal, y la memoria se transforma en un campo de batalla ideológico. Rovira (2024), y Sarlo (2006), coinciden en que los discursos de odio y la banalización del mal erosionan los consensos democráticos construidos en décadas anteriores. El vínculo entre ciudadanía y memoria cultural también se expresa en las prácticas de conmemoración, construcción de monumentos y archivos de la represión. Nora (1984, 1986, 1992) analiza cómo los "lugares de memoria" se convierten en dispositivos simbólicos que reconfiguran las identidades colectivas y las formas Memoria, ciudadanía, exilio y derechos humanos en América Latina… 6 de reconocimiento. En América Latina, estos espacios han sido impulsados tanto por el Estado como por la sociedad civil, reflejando las tensiones entre oficialismo y disidencia, entre olvido e inscripción histórica. Además, la dimensión económica de la ciudadanía no puede ser ignorada. Therborn (2016) y Plehwe et al. (2025) analizan cómo el neoliberalismo ha despojado de contenido material a la ciudadanía, reduciendo los derechos sociales a mercancías y promoviendo una lógica de competencia individual. En este sentido, la ciudadanía neoliberal se estructura en torno al consumo y la meritocracia, desplazando la noción de justicia social y solidaridad. La precarización del trabajo, el acceso desigual a la educación y la salud, y la exclusión de amplios sectores de la población son síntomas de esta transformación estructural. En respuesta, diversas formas de ciudadanía insurgente emergen desde los márgenes, articulando una crítica radical al orden establecido. Estas formas de ciudadanía no se limitan al reconocimiento legal, sino que apuntan a la transformación de las condiciones materiales y simbólicas de existencia. Como sostiene Giménez (2009), la identidad colectiva se convierte en el eje de una práctica política que interpela al Estado y a la sociedad en su conjunto. Así, la ciudadanía se resignifica como una práctica activa, situada y plural, en constante tensión con los dispositivos hegemónicos de control y exclusión. En suma, la ciudadanía y los derechos humanos en América Latina no pueden pensarse como conquistas definitivas, sino como procesos inacabados, abiertos y profundamente conflictivos. Desde las dictaduras del siglo XX hasta las democracias contemporáneas, la lucha por el reconocimiento, la justicia y la dignidad continúa siendo el eje de las disputas sociales. En este contexto, la memoria juega un papel fundamental, no sólo como archivo del pasado, sino como horizonte ético y político desde el cual imaginar nuevas formas de comunidad y democracia. CONTINUIDADES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA: EL CASO AYOTZINAPA Aunque la desaparición forzada fue característica de las dictaduras, su persistencia en contextos democráticos revela nuevas formas de violencia estatal. El caso Ayotzinapa es emblemático. Gamiño (2020), analiza la construcción de una "verdad histórica" que encubrió la responsabilidad estatal. Ruiz (2019), considera estas prácticas como crímenes de lesa humanidad. Velasco (2017), vincula la lucha de los familiares de los normalistas con una genealogía de resistencia y defensa de la memoria. El caso Ayotzinapa, ocurrido en México en septiembre de 2014, se ha convertido en un hito contemporáneo que articula las dimensiones de memoria, verdad, justicia y reparación. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa visibilizó, con crudeza, la convergencia entre impunidad histórica, violencia estructural y colapso institucional. Lejos de tratarse de un caso aislado, este crimen de Estado se inscribe en una larga genealogía de desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos en América Latina, heredera de las prácticas represivas de las dictaduras del siglo XX. La respuesta social ante Ayotzinapa ha sido múltiple y sostenida. Como observa Velasco (2017), los familiares de los desaparecidos, apoyados por colectivos de derechos humanos, estudiantes y organizaciones internacionales, han construido una narrativa contrahegemónica que denuncia la complicidad entre el Estado y el crimen organizado. Esta narrativa no sólo interpela al poder institucional, sino que también exige una relectura del pacto democrático y del lugar de las víctimas en la esfera pública. En este sentido, Ayotzinapa no es sólo una tragedia, sino un campo de resistencia y pedagogía cívica. Desde una perspectiva pedagógica, la lucha por la verdad y la justicia se ha articulado mediante prácticas sociales de memoria que desafían las versiones oficiales. Estas prácticas incluyen actos públicos, memoriales, documentales, expresiones artísticas y movilizaciones colectivas que construyen una memoria viva y activa. Como plantea Hirsch (2012), nos encontramos ante una “postmemoria activa” en la que las generaciones posteriores asumen el testimonio como mandato ético y político. En el caso de Ayotzinapa, la pedagogía de la memoria se convierte en una herramienta para educar en derechos humanos, visibilizar el sufrimiento de las víctimas y construir ciudadanía desde la indignación y la solidaridad. Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1316-5216; ISSN-e 2477-9555 Año 30 n.o 111, 2025, e17241119 7 Esta pedagogía de la memoria implica un proceso de politización del dolor. Como sugiere Sarlo (2006), no se trata de estetizar la tragedia, sino de convertirla en plataforma de interpelación ética. La memoria, en este contexto, no es sólo recuerdo sino denuncia, herramienta para la acción colectiva y la transformación institucional. En la medida en que las instituciones del Estado han fracasado en su responsabilidad de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, la sociedad civil ha asumido un rol protagónico en la búsqueda de justicia, a través de estrategias jurídicas, mediáticas y simbólicas. En términos jurídicos, la exigencia de justicia ha buscado trascender las fronteras nacionales, apelando a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha sido clave en desmontar la llamada “verdad histórica” oficial, un montaje institucional que intentó cerrar el caso sin esclarecer responsabilidades reales (Gamiño, 2020). La verdad, en este contexto, se convierte en una disputa epistemológica y política, donde el conocimiento experto y el testimonio de las víctimas se enfrentan a las narrativas de impunidad promovidas por el Estado. Asimismo, la dimensión simbólica de Ayotzinapa ha sido abordada desde el arte y la literatura como formas de resistencia. Como argumenta Kohut (2009), la literatura de la memoria en América Latina ha sido fundamental para articular discursos alternativos al olvido oficial. Poemas, novelas, crónicas y canciones sobre Ayotzinapa forman parte de una constelación cultural que mantiene vigente la exigencia de verdad y justicia. Esta dimensión cultural se articula con lo que Huyssen (1986), y Saban (2020), denominan “culturas de la rememoración”, es decir, procesos sociales que construyen una identidad colectiva en torno a experiencias de trauma y resistencia. El vínculo entre memoria y derechos humanos en el caso Ayotzinapa permite comprender cómo los sujetos sociales reconstruyen sentido frente a la catástrofe. Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos no sólo reclaman justicia legal, sino también reconocimiento público, reparación simbólica y garantías de no repetición. Estas demandas se inscriben en lo que Ricoeur (2000), denomina “memoria justa”, una memoria que no se agota en el pasado, sino que proyecta una ética del futuro. Desde esta óptica, la memoria es también una forma de anticipación: una apuesta por un orden social más justo y democrático. Los lugares de memoria, como los altares, murales, placas y espacios virtuales dedicados a los 43 de Ayotzinapa, operan como dispositivos de inscripción simbólica y pedagogía pública. En la tradición de Nora (1984, 1992), estos sitios no son simplemente conmemorativos, sino espacios de construcción identitaria donde se activa una comunidad moral en torno a la memoria de las víctimas. En ellos, la ciudadanía se reconfigura como participación activa en la elaboración de sentido y en la exigencia de justicia. Además, el caso Ayotzinapa permite visibilizar la intersección entre memoria, juventud y educación. La condición estudiantil de las víctimas interpela de manera directa a la escuela como espacio de formación ciudadana. En este sentido, la pedagogía de Ayotzinapa se proyecta hacia las aulas como un llamado a enseñar historia reciente, derechos humanos y participación democrática. Pulido (s/a) plantea que la literatura, el cine y la historia pueden ser herramientas pedagógicas para construir una memoria crítica y emancipadora en contextos latinoamericanos. Por otro lado, la experiencia de Ayotzinapa ha favorecido la conformación de redes transnacionales de solidaridad y acción. Colectivos de víctimas en otros países de América Latina han encontrado en este caso una fuente de inspiración y articulación común. Esta dimensión transfronteriza del recuerdo contribuye a consolidar una memoria latinoamericana de las violencias de Estado y a generar prácticas compartidas de búsqueda, denuncia y reparación (Jelin, 2002; Roniger, 2016). En el plano político, el caso Ayotzinapa ha revelado la fragilidad del Estado de derecho en México y el carácter estructural de la impunidad. La llamada “crisis de derechos humanos” ha sido reconocida por diversos informes internacionales, lo cual ha socavado la legitimidad de las instituciones públicas. En este contexto, la memoria se convierte en una forma de oposición política, en una resistencia contra la desmemoria institucionalizada y la banalización de la violencia. Finalmente, Ayotzinapa debe entenderse como parte de un continuum de violencia que incluye otros casos emblemáticos en América Latina, como las desapariciones forzadas durante las dictaduras del Cono Sur, los crímenes del conflicto armado interno en Perú, y las masacres en Centroamérica. En todos estos Memoria, ciudadanía, exilio y derechos humanos en América Latina… 8 casos, la memoria es una herramienta para articular luchas por verdad, justicia y reparación, pero también una clave para imaginar otras formas de convivencia democrática. La pedagogía de la memoria que surge de Ayotzinapa no es sólo un acto de rememoración, sino un ejercicio de formación ética, política y ciudadana. Frente a un orden social basado en el olvido, la indiferencia y la impunidad, la memoria se erige como una forma de disidencia y como fundamento para la construcción de una ciudadanía crítica, activa y solidaria. Así, Ayotzinapa no es solo el nombre de una tragedia, sino el símbolo de una lucha que sigue abierta y que interpela el corazón mismo de la democracia en América Latina. CONCLUSIONES La memoria como horizonte político y ético en América Latina La revisión del periodo comprendido entre 1973 y 2025 evidencia que la memoria no solo remite al pasado, sino que proyecta hacia el futuro un conjunto de expectativas y demandas sobre la justicia, la democracia y la dignidad humana. En América Latina, la disputa contra el olvido ha sido un eje estructurante de los procesos sociales y políticos contemporáneos. Desde las dictaduras del Cono Sur hasta los actuales contextos de violencia y represión estatal, la memoria ha operado como un terreno de lucha por los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación. Uno de los hallazgos centrales de este análisis es que la memoria no puede entenderse como una categoría neutral ni estática. Por el contrario, es un campo de disputa simbólica, jurídica, educativa y política. Las memorias oficiales promovidas por los Estados muchas veces buscan clausurar el conflicto, establecer versiones unívocas del pasado o exonerar responsabilidades institucionales. Frente a ello, las memorias insurgentes o contrahegemónicas emergen desde los movimientos sociales, colectivos de víctimas, artistas y pedagogías críticas para resistir la narrativa dominante e impulsar la transformación social. El exilio, en este contexto, no solo significó desplazamiento físico, sino también reconstrucción de subjetividades, diásporas políticas y circulación transnacional de ideas. Las memorias del exilio latinoamericano han permitido reconfigurar una ciudadanía que trasciende las fronteras nacionales y que se inscribe en luchas globales por los derechos humanos. Los testimonios de exiliados, su producción cultural y sus formas de organización contribuyeron a preservar la memoria de la represión y a sembrar valores democráticos en contextos adversos.Asimismo, la ciudadanía en América Latina no puede comprenderse sin considerar su dimensión conflictiva y en construcción permanente. En sociedades marcadas por la exclusión, la desigualdad estructural y la violencia de Estado, la ciudadanía efectiva ha sido una conquista más que una garantía. Desde los movimientos indígenas y afrodescendientes hasta los feminismos, pasando por los colectivos de desaparecidos y los estudiantes, la lucha por los derechos humanos ha estado íntimamente ligada a la disputa por el reconocimiento y la dignidad. El caso Ayotzinapa ejemplifica de forma paradigmática cómo la memoria puede convertirse en motor de acción política, formación ética y movilización social. La desaparición de los 43 normalistas no solo generó una profunda indignación nacional e internacional, sino que catalizó procesos de organización, denuncia y producción de saberes críticos. En Ayotzinapa, la memoria no es solo recuerdo, sino horizonte: un llamado a rehacer el pacto democrático desde abajo, con las víctimas y sus luchas como protagonistas. Desde esta perspectiva, la memoria en América Latina no puede desligarse del horizonte ético-político de la justicia. Como plantea Paul Ricoeur (2000), una memoria justa implica reconocimiento, pero también compromiso con el futuro. No se trata simplemente de recordar lo ocurrido, sino de preguntarse qué hacer con ese recuerdo: cómo convertirlo en política pública, en pedagogía ciudadana, en reparación simbólica y en garantía de no repetición. Esta pregunta es, hoy más que nunca, urgente. El desafío actual radica en institucionalizar la memoria sin fosilizarla; es decir, en convertirla en política sin vaciarla de contenido crítico. Las comisiones de la verdad, los sitios de memoria, los archivos desclasificados y los programas educativos con enfoque de derechos humanos son avances significativos, pero su eficacia depende del compromiso democrático de las sociedades. La memoria debe ser incomodidad antes que complacencia, debe interpelar antes que reconciliar sin justicia. Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1316-5216; ISSN-e 2477-9555 Año 30 n.o 111, 2025, e17241119 9 A su vez, la producción cultural –literatura, cine, teatro, música, arte visual– ha desempeñado un papel esencial en mantener viva la memoria de las víctimas y en crear lenguajes capaces de transmitir el horror sin banalizarlo. Las culturas de la rememoración, como las denomina Andreas Huyssen (1986), permiten comprender que la memoria no es solo un acto intelectual, sino una experiencia estética, afectiva y comunitaria. En este sentido, la educación en derechos humanos debe articularse con estas expresiones para fomentar una ciudadanía crítica y empática. En la coyuntura actual, marcada por la expansión de discursos autoritarios, negacionistas y neoconservadores, el riesgo de retrocesos en materia de derechos humanos es latente. Por ello, defender la memoria implica también defender la democracia. La lucha contra la impunidad, la protección de los archivos históricos, el resguardo de los testimonios y la promoción de una historia crítica son tareas fundamentales que deben ser asumidas por el Estado, la sociedad civil y la academia. Finalmente, este recorrido histórico y analítico permite sostener que la memoria no es el reverso de la historia oficial, sino su impugnación permanente. La memoria incómoda, la que no encaja en los relatos celebratorios del progreso, es la que permite abrir caminos hacia una democracia más justa, inclusiva y plural. La disputa contra el olvido es, en última instancia, una apuesta por el derecho a tener derechos, por el reconocimiento de la dignidad humana y por la construcción de un futuro que no repita los horrores del pasado. Así, de Chile a Ayotzinapa, de las dictaduras a las democracias postransicionales, la memoria se constituye en el hilo rojo que enlaza las luchas por verdad, justicia y reparación en América Latina. Un hilo que, lejos de romperse, sigue tejiéndose con las voces de quienes se niegan a olvidar y con la esperanza de que otro mundo es posible. El concepto de postmemoria (Hirsch, 2012) permite entender cómo las nuevas generaciones se vinculan con los traumas del pasado a través de relatos, arte y activismo. Seydel (2020). destaca la emergencia de culturas de rememoración que utilizan medios digitales para resignificar la memoria. Estas prácticas culturales articulan nuevas formas de ciudadanía crítica. El concepto de postmemoria, desarrollado por Marianne Hirsch (2012), permite comprender cómo las generaciones que no vivieron directamente las catástrofes del pasado se relacionan con estos traumas a través de medios simbólicos, relatos familiares, representaciones artísticas y prácticas de activismo. La postmemoria no es un simple eco del pasado; es una forma activa de reconfiguración cultural mediante la cual los descendientes de víctimas, exiliados o desaparecidos reinterpretan esos legados desde su presente, construyendo una memoria que es heredada pero también transformada. En América Latina, esta dimensión postmemorial ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas, sobre todo en contextos marcados por la impunidad, el silencio institucional y el olvido oficial. Las nuevas generaciones —hijos y nietos del exilio, de los desaparecidos, de los sobrevivientes— han desarrollado una intensa producción cultural que interroga los pasados traumáticos desde una perspectiva crítica. Obras de teatro, novelas gráficas, películas, intervenciones urbanas y activismo en redes sociales han servido como medios de expresión para resignificar eventos traumáticos como los golpes de Estado, las dictaduras militares, las masacres y las desapariciones forzadas. Según Seydel (2020), lo que emerge en América Latina es una auténtica “cultura de la rememoración” que no se limita a conmemorar, sino que busca activar el pasado en el presente como una herramienta para la justicia y la transformación social. Esta cultura incorpora elementos de las memorias culturales, las memorias colectivas e individuales, y se apoya en recursos digitales y colaborativos que amplifican su alcance. Las plataformas digitales permiten a los jóvenes documentar, difundir y archivar testimonios, imágenes y experiencias que escapan a los canales tradicionales de producción historiográfica o museográfica. Un ejemplo destacado de esta tendencia es el uso del arte urbano como forma de interpelación postmemorial. En ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile o Bogotá, los murales con rostros de desaparecidos, consignas de justicia o escenas de represión policial se convierten en espacios de resistencia visual. Estas expresiones reconfiguran el paisaje urbano como un archivo vivo de la memoria y desafían el olvido impuesto por las narrativas oficiales. Kohut (2009) ha señalado que la literatura latinoamericana contemporánea también ha participado de esta dinámica postmemorial, utilizando la ficción como un terreno fértil para explorar la violencia política, el exilio y la transmisión intergeneracional del trauma. En este sentido, la postmemoria no solo prolonga el recuerdo, sino que lo transforma: al ser apropiada por quienes no vivieron directamente los hechos, adquiere nuevos significados y se proyecta hacia horizontes