Governance, Public Value, and Social Conflicts in Indigenous Territories: A Critical Review of the Literature from Latin America

GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 168 Gobernanza, valor público y conflictos sociales en territorios indígenas: una revisión crítica de la literatura desde América Latina María Luz Quicaño Barrientos Candidata a Doctora en Gestión Estratégica - Escuela de Posgrado del Consorcio de Universidades del Perú. Especialista en Gestión Social y Resolución de Conflictos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Perú. ORCID: 0009-0004-1550-935X [email protected] Víctor Martin-Fiorino Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina. Profesor titular e Investigador Emérito, Universidad El Bosque (Colombia) ORCID: 0000-0003-4057-7974 [email protected] Resumen La gestión estatal de los conflictos sociales en territorios indígenas ha despertado un creciente interés académico en toda América Latina. Este artículo realiza una scoping review cualitativa, basada en análisis temático, de 80 fuentes académicas que abordan la gobernanza, el valor público y el conflicto social en contextos marcados por la exclusión histórica. La revisión examina las principales teorías, enfoques metodológicos y categorías analíticas que permiten comprender cómo el Estado genera, enfrenta o transforma las dinámicas de conflicto en territorios indígenas y rurales. Los hallazgos revelan cinco vacíos críticos: una integración teórica limitada, una débil sistematización de las iniciativas estatales, la visibilidad marginal de los casos andinos, la ausencia de un enfoque intercultural operativo y una insuficiente co-creación de valor público. A partir de estos elementos, el artículo plantea una agenda de investigación que articula gobernanza, territorio e interculturalidad, y propone la Teoría Integrada de la Gestión Colaborativa de Conflictos (TIGCC) como marco conceptual para orientar futuros estudios empíricos, incluido el análisis de la cuenca Coata (Perú). Palabras clave: gobernanza colaborativa, valor público, conflicto estructural, resolución de conflictos, interculturalidad GECONTEC Vol. 13(2). 2025 © Creative Commons Attribution 4.0 ISSN 2255-5684 Recibido el 4 de Agosto, 2025 gecontec.org Aceptado el 8 de Noviembre, 2025 GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 169 Introducción En las últimas décadas, América Latina ha experimentado múltiples formas de conflictividad social vinculadas a la expansión territorial del capital, la intervención estatal en los recursos naturales y las demandas colectivas por derechos. Estas disputas cuestionan no solo la legitimidad del Estado, sino también su capacidad para actuar como garante de justicia social, sostenibilidad ambiental y cohesión institucional. En este contexto, los conflictos sociales que emergen en territorios indígenas o rurales rara vez constituyen eventos aislados; más bien reflejan manifestaciones estructurales de una tensión persistente entre modelos de desarrollo, sistemas de representación y demandas de reconocimiento (Gurr, 2016; Galtung, 1990; Ugarte, 2020). La investigación buscó examinar críticamente el estado del arte sobre la gestión estatal de los conflictos sociales mediante una perspectiva analítica que articula cuatro enfoques teóricos clave: la Nueva Gobernanza Pública (Osborne, 2010), la Teoría Multidimensional del Valor Público (Alford & O’Flynn, 2009; Bryson et al., 2016), la Teoría del Conflicto Estructural (Coser, 1967; Galtung, 1990) y los Marcos de Resolución Colaborativa (Moore, 2014; Fisher et al., 1991). Esta revisión parte de la premisa de que las dinámicas de conflicto en territorios como la cuenca Coata, en el sur andino del Perú, no pueden entenderse únicamente como consecuencia de la ausencia estatal o de fallas técnicas; por el contrario, surgen de relaciones de poder históricamente desbalanceadas, formas diferenciadas de ciudadanía y la débil institucionalización del diálogo intercultural (Orellana, 2015; Yrigoyen, 2011). El estudio busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo ha abordado la literatura especializada la relación entre el Estado, los conflictos sociales y la gobernanza en territorios donde las demandas étnicas, ambientales y políticas orientan las exigencias locales? Para responderla, el análisis se organiza en torno a cuatro dimensiones: (1) los marcos conceptuales predominantes en la literatura, (2) los aportes y límites de los estudios empíricos, (3) los vacíos teóricos y metodológicos identificados y (4) una agenda prospectiva que fortalezca una comprensión integrada de los conflictos sociales. Dicha agenda requiere no solo marcos normativos, sino también un enfoque situado que atienda a la agencia local y a la interacción entre las estructuras de gobernanza y los sistemas de conocimiento (Garafonova & Stadniychuk, 2021; Silima, 2016). Estudios recientes también advierten que las tensiones en torno al acceso a recursos esenciales —como el agua o el territorio— continúan profundizando las desigualdades estructurales, especialmente en regiones periféricas donde la presencia estatal resulta débil o ambigua (Díaz Bravo, 2020; Lauracio Ticona et al., 2023). Estas dinámicas empujan a investigadores y responsables de políticas públicas a repensar la gobernanza desde una mirada plural, participativa e intercultural, en consonancia con propuestas que articulan enfoques territoriales y descentralizados (Conejero Paz, 2014; Hofmann, 2023; Georgakopoulos, 2017). Los resultados presentados forman parte de un esfuerzo investigativo más amplio orientado al desarrollo de una propuesta teórica denominada Teoría Integrada de la Gestión Colaborativa de Conflictos (TIGCC). Este marco busca explicar y orientar la intervención estatal en contextos moldeados por conflictos estructurales, territoriales e interculturales. La revisión aquí expuesta constituye el primer fundamento conceptual para dicha formulación. GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 170 Enfoque metodológico de la revisión El estudio adoptó una estrategia cualitativa de scoping review, orientada a mapear, sintetizar y analizar críticamente los aportes teóricos y empíricos sobre la gestión estatal de conflictos sociales en territorios marcados por alta conflictividad socioambiental y complejidad cultural (Booth, Papaioannou & Sutton, 2016). La búsqueda se desarrolló de manera iterativa en las bases de datos Scopus, Web of Science y SciELO, complementada con la revisión de referencias y la identificación de libros y capítulos clave sobre gobernanza, valor público y conflicto estructural. El rango temporal se concentró principalmente entre 2019 y 2024, con la inclusión deliberada de obras clásicas (por ejemplo, Coser, 1967; Galtung, 1990; Gurr, 1970/2016) debido a su relevancia fundacional para las teorías del conflicto y la violencia estructural. Los criterios de inclusión abarcaron: (a) estudios teóricos o empíricos sobre gobernanza, valor público, conflictos socioambientales, interculturalidad o gestión estatal de conflictos; (b) investigaciones centradas en América Latina o que incluyeran análisis comparados con presencia de territorios indígenas o rurales; (c) publicaciones revisadas por pares (artículos en revistas indexadas, libros académicos y capítulos de libro); y (d) disponibilidad de texto completo en español, inglés o portugués. Los criterios de exclusión comprendieron: (a) documentos normativos o de política pública sin análisis conceptual o empírico; (b) literatura gris no revisada por pares (informes internos, notas de prensa, etc.), con excepciones puntuales por su relevancia contextual; y (c) estudios que abordaban conflictos sin referencia al Estado o a estructuras de gobernanza (por ejemplo, análisis puramente psicológicos o microeconómicos del conflicto). La lectura analítica y la selección del material se guiaron por tres criterios transversales: (a) pertinencia temática respecto a gobernanza, valor público, conflicto e interculturalidad; (b) relevancia teórica y empírica para los contextos latinoamericanos; y (c) calidad académica de las fuentes y de la autoría. El corpus final se clasificó en seis categorías emergentes: (1) gobernanza colaborativa, (2) valor público, (3) conflicto estructural, (4) diálogo social e institucionalización del conflicto, (5) gestión territorial e interculturalidad y (6) enfoques metodológicos cualitativos. El análisis se apoyó en procedimientos de codificación cualitativa por ciclos múltiples (Saldaña, 2021), combinados con análisis temático reflexivo (Braun & Clarke, 2006, 2021) y técnicas de categorización inductiva (Strauss & Corbin, 2002). Esta estrategia metodológica permitió identificar patrones conceptuales, desconexiones teóricas y vacíos metodológicos que sustentan el desarrollo de la Teoría Integrada de la Gestión Colaborativa de Conflictos (TIGCC). Marco Teórico Nueva Gobernanza Pública (NGP) La Nueva Gobernanza Pública (NGP) se ha consolidado como uno de los enfoques más influyentes para analizar la transformación del rol del Estado en contextos caracterizados por la complejidad institucional y el pluralismo. Osborne (2010) sostiene que la NGP se diferencia de la Administración Pública Tradicional y del Nuevo Management Público (NPM) al enfatizar las relaciones horizontales, la coordinación interinstitucional y la colaboración con actores no estatales. Esta perspectiva contribuye a reconsiderar la gestión estatal de los conflictos como una GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 171 red dinámica compuesta por múltiples centros de poder y deliberación (Klijn, 2012; Wiesel & Modell, 2014). En contextos como la cuenca del río Coata—donde interactúan instituciones locales, movimientos sociales y agencias técnicas del Estado—la NGP permite comprender la gobernanza como un proceso compartido. Bajo esta mirada, el Estado deja de actuar como un actor omnipotente y pasa a desempeñar un rol articulador que moviliza redes y facilita la construcción de consensos (Quintero, 2017; Silima, 2016). Teoría Multidimensional del Valor Público Basada en los aportes fundacionales de Moore (1995) y ampliada por autores como Alford y O’Flynn (2009) y Bryson et al. (2016), la Teoría Multidimensional del Valor Público sostiene que la acción estatal no debe girar exclusivamente en torno a la eficiencia o al desempeño financiero. Más bien, debe enfocarse en generar resultados socialmente legítimos, servicios con sentido y confianza institucional. Este marco incorpora la noción de co-creación de valor público, reconociendo que los ciudadanos y las organizaciones sociales no actúan solo como usuarios, sino como coproductores de políticas públicas (Kelly et al., 2002). Esta teoría resulta esencial para interpretar cómo emergen —o no— espacios de legitimidad en territorios conflictivos donde el Estado enfrenta déficits históricos de confianza y debe diseñar soluciones que integren criterios de equidad, sostenibilidad y participación (Conejero Paz, 2014; Garzón Castrillón, 2020). Teorías del Conflicto Estructural y Cultural La literatura sobre conflicto social ha evolucionado desde enfoques funcionalistas (Coser, 1967) hacia perspectivas estructurales que interpretan el conflicto como una expresión de desigualdades históricas, culturales y territoriales (Gurr, 2016; Galtung, 1990). En esta línea, autores como Acharya (2011) y Reboratti (2012) sostienen que el conflicto surge de la colisión entre proyectos de desarrollo exógenos y las formas locales de vida, una dinámica que genera disputas en torno al territorio, la identidad y el poder institucional. Galtung (1990) distingue entre violencia directa, estructural y cultural, lo que permite analizar el conflicto no solo como un acto físico, sino también como una forma persistente de exclusión simbólica. Estas contribuciones resultan especialmente relevantes para contextos como Coata, donde el conflicto trasciende las demandas materiales y se entrelaza con procesos de invisibilización cultural y deterioro de la vida colectiva (Durand Guevara, 2023; Yrigoyen, 2011). Resolución de Conflictos y Diálogo Social Finalmente, el enfoque de resolución de conflictos incorpora perspectivas de negociación basada en intereses (Fisher et al., 1991), mediación transformativa (Moore, 2014; Georgakopoulos, 2017) y modelos comunitarios adaptados a contextos interculturales (Fundación Gizagune, 2010). El diálogo funciona no solo como instrumento técnico, sino como un mecanismo político-institucional para el reconocimiento y la transformación (Orellana, 2015). GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 172 En el caso peruano, estudios como los de Ugarte (2020) y Sexton (2019) demuestran que el éxito o fracaso de estos mecanismos depende en gran medida de su institucionalización efectiva, de la legitimidad de los representantes y de la inclusión de actores diversos en condiciones equitativas. Para reforzar la coherencia y precisión conceptual, el artículo sintetiza los conceptos clave y sus definiciones operativas. Esta sistematización aclara cómo cada categoría se articula con la TIGCC y evita usos ambiguos de nociones como conflicto estructural, co-creación de valor público o interculturalidad operativa. Tabla 1. Conceptos clave y definiciones operativas empleadas en el artículo Revisión crítica de la literatura La literatura académica sobre conflictos sociales en América Latina ha generado aportes teóricos y empíricos significativos durante las últimas dos décadas. Sin embargo, los enfoques existentes suelen mantenerse fragmentados entre perspectivas institucionales, culturales, jurídicas y territoriales, sin lograr una articulación coherente que permita explicar cómo el Estado enfrenta —o reproduce— los conflictos sociales en contextos como la cuenca Coata. Esta sección organiza el análisis en torno a cuatro dimensiones clave: la gobernanza en contextos de alta conflictividad, la construcción de valor público en territorios en disputa, la dinámica de actores, poder y participación, y las tensiones entre legalidad, legitimidad e interculturalidad. Gobernanza y gestión estatal en contextos de alta conflictividad El tránsito desde modelos administrativos jerárquicos hacia esquemas de gobernanza colaborativa ha sido ampliamente documentado en la literatura (Osborne, 2010; Klijn, 2012). Sin Concepto Definición operativa utilizada en el artículo Autores de referencia principales Aporte específico a la TIGCC Gobernanza colaborativa Arreglo de coordinación multinivel y multiactor en el que el Estado comparte capacidades decisorias con otros actores públicos, privados y comunitarios, mediante redes, acuerdos y mecanismos de deliberación conjunta. Osborne (2010); Klijn (2012); Wiesel & Modell (2014) Sitúa los conflictos como procesos de gobernanza, no solo como fallas administrativas o legales. Co - creación de valor público Proceso mediante el cual el Estado y los actores sociales definen conjuntamente problemas, prioridades e intervenciones, compartiendo recursos y responsabilidades para generar resultados socialmente legítimos. Moore (1995); Alford & O’Flynn (2009); Bryson et al. (2016) Permite evaluar si la gestión estatal de conflictos genera confianza, legitimidad y bienes colectivos. Conflicto estructural Configuración persistente de desigualdades materiales, institucionales y simbólicas que produce tensiones crónicas entre grupos sociales, más allá de episodios puntuales de protesta o violencia. Galtung (1990); Gurr (2016); Acharya (2011) Explica la raíz profunda y recurrente de los conflictos en territorios indígenas y rurales. Interculturalidad operativa Conjunto de arreglos institucionales, capacidades y prácticas que traducen el reconocimiento de la diversidad cultural en reglas, procedimientos y dispositivos concretos de participación y decisión. Yrigoyen (2011); Durand Guevara (2023); Oviedo & Álvarez (2023) Permite evaluar si la interculturalidad pasa del discurso normativo a mecanismos efectivos de gestión. Resolución colaborativa de conflictos Enfoque que prioriza el diálogo estructurado, la mediación y la negociación basada en intereses para transformar relaciones y construir acuerdos sostenibles entre actores con poder asimétrico. Fisher et al. (2011); Georgakopoulos (2017); Moore (2014) Provee herramientas para diseñar procesos estatales de diálogo y mediación sensibles al territorio y la cultura. GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 173 embargo, la implementación práctica en territorios altamente conflictivos revela una brecha persistente entre las expectativas normativas y las dinámicas institucionales reales. Autores como Wiesel y Modell (2014), Thomann et al. (2019) y Evans & Wellstead (2014) destacan la presencia de hibridez institucional, en la que coexisten lógicas jerárquicas, orientadas al mercado y basadas en redes, generando tensiones que obstaculizan la acción coordinada del Estado y amplían la distancia entre los niveles central y subnacional. Desde una perspectiva comparada, Silima (2016) sostiene que la gobernanza democrática solo se consolida cuando se reconocen mecanismos horizontales de rendición de cuentas y cuando las comunidades participan activamente en los procesos de toma de decisiones. En América Latina, los procesos de gobernanza en áreas rurales o indígenas suelen reflejar déficits de coordinación intergubernamental, una capacidad limitada de respuesta estatal y una legitimidad institucional débil (Orellana, 2015; Esman, 1997). Estudios empíricos en Perú, México y Argentina indican que, a pesar de los intentos por promover la coordinación multinivel, la ausencia de mecanismos estables de diálogo impide consolidar modelos efectivos de gobernanza territorial (Reboratti, 2012; Ugarte, 2020). Construcción de valor público en territorios en disputa La literatura sobre valor público ha evolucionado desde una perspectiva centrada en el desempeño estatal hacia una visión multidimensional que incorpora legitimidad, justicia y resultados socialmente significativos (Moore, 1995; Alford & O’Flynn, 2009). En territorios como la cuenca Coata—donde las comunidades perciben un patrón histórico de abandono estatal—el concepto de valor público permite evaluar cómo se desarrollan o deterioran las relaciones de confianza, equidad y efectividad institucional. Bryson et al. (2016) proponen un marco de co-creación que involucra activamente a múltiples actores en la formulación de soluciones públicas. Sin embargo, diversos estudios (Garzón Castrillón, 2020; Sexton, 2019) advierten que, en contextos altamente conflictivos, el Estado con frecuencia no actúa como facilitador del valor público, sino que lo obstruye, ya sea por omisión o mediante políticas que refuerzan la exclusión estructural. El desafío, por tanto, consiste en operacionalizar el valor público en escenarios marcados por baja legitimidad, lo que exige innovaciones institucionales y reconocimiento intercultural. Experiencias como la gestión comunitaria de recursos en Roatán, Honduras, muestran una participación local activa en la gobernanza ambiental—un enfoque que contrasta con los Andes peruanos, donde este tipo de casos sigue siendo escasamente documentado (León & Pettinelli, 2021). Esta comparación subraya el rol central que desempeñan los saberes y prácticas locales en la construcción del valor público y en el fortalecimiento de la legitimidad estatal. Actores, poder y participación La dinámica de los conflictos sociales está profundamente moldeada por la interacción entre actores que poseen distintos niveles de poder, legitimidad y capacidades institucionales. La teoría del stakeholder (Freeman, 1984) contribuye a identificar la diversidad de intereses en disputa, mientras que autores como Patay et al. (2023) y Lee et al. (2017) destacan la necesidad de incluir a actores comunitarios y organizaciones intermedias en el diseño de políticas públicas. En esta GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 174 línea, Georgakopoulos (2017) enfatiza el rol de la mediación transformativa como un enfoque clave para articular el reconocimiento de identidades, reconstruir relaciones y prevenir escaladas violentas en conflictos complejos. En los contextos analizados, los conflictos rara vez surgen únicamente por la presencia de un proyecto extractivo; más bien se originan en la exclusión estructural de los actores sociales de los procesos de toma de decisiones, condición que reproduce asimetrías históricas (Galtung, 1990; Acharya, 2011). Los estudios de caso peruanos (Ugarte, 2020; Orellana, 2015) muestran que las mesas de diálogo suelen operar bajo lógicas verticales, mientras que los actores locales no son reconocidos como interlocutores legítimos, lo que reduce la efectividad del diálogo y profundiza la desconfianza hacia el Estado. El análisis de redes sociales (Borgatti et al., 2018) y el análisis de estructuras de poder (Esquivel, 2009) constituyen herramientas esenciales para mapear los vínculos entre actores y anticipar zonas de riesgo en la gobernanza de los conflictos. Tensiones entre legalidad, legitimidad e interculturalidad Una de las limitaciones más persistentes en la gestión estatal de los conflictos sociales consiste en la tensión entre la legalidad formal del Estado y la legitimidad social y cultural que reivindican los actores locales. La consulta previa, reconocida como un derecho en los marcos internacionales (Yrigoyen, 2011), suele aplicarse de manera instrumental o tardía, lo que reduce su eficacia como mecanismo preventivo. Además, la literatura muestra que en los territorios indígenas o campesinos la legitimidad no proviene del aparato estatal, sino de sistemas locales de autoridad, representación y deliberación (Durand Guevara, 2023; Gurr, 2016). Esta desconexión entre los marcos normativos y las estructuras locales genera disputas no solo sobre los proyectos en sí, sino también sobre el derecho mismo a decidir. Los estudios sobre violencia estructural y cultural (Galtung, 1990; Calderón Concha, 2009) han permitido problematizar cómo ciertas formas de exclusión se naturalizan en la práctica estatal, dificultando el reconocimiento de los otros como sujetos políticos plenos. Esta tensión también se manifiesta en la ambigüedad del Estado, que oscila entre la represión y el diálogo, entre la centralización y la autonomía, sin una política coherente de construcción de paz territorial. En esta línea, Cadarzo Lorenzo (2001) sostiene que los análisis del conflicto social deben incorporar la historicidad, la cultura política local y las cosmovisiones divergentes para evitar reduccionismos normativos en contextos complejos. Discusión El análisis sistemático de 80 fuentes teóricas y empíricas sobre conflictos sociales, gobernanza pública y valor público en contextos latinoamericanos revela cinco brechas principales en el campo (Booth, Papaioannou & Sutton, 2016; Braun & Clarke, 2021; Saldaña, 2021). Estas brechas limitan una comprensión integral de cómo el Estado gestiona los conflictos sociales en territorios complejos, como la cuenca Coata. GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 175 Fragmentación teórica y escasa integración entre enfoques Una de las brechas más significativas se relaciona con la débil integración teórica entre los enfoques de gobernanza, las teorías del conflicto y las perspectivas sobre valor público. Por ejemplo, los estudios sobre gobernanza colaborativa suelen centrarse en el diseño institucional y los arreglos de coordinación (Osborne, 2010; Klijn, 2012; Bell & Olivier, 2022), mientras que la literatura sobre conflicto estructural y violencia se enfoca en las desigualdades históricas y las identidades en disputa, sin dialogar con los instrumentos concretos de la gestión pública (Galtung, 1990; Gurr, 2016; Brosché, 2023). Esta desconexión impide una comprensión holística de los conflictos como procesos multidimensionales que atraviesan simultáneamente las arenas institucional, territorial y cultural. Aporte esperado: La TIGCC ofrece un marco integrador que articula la Nueva Gobernanza Pública, la Teoría del Valor Público y las teorías estructurales y transformativas del conflicto, proporcionando una interpretación compleja y situada de la acción estatal en territorios indígenas y rurales. Invisibilización de casos andinos y escasa perspectiva territorial Aunque la literatura sobre conflictos socioambientales en América Latina ha crecido de manera significativa, los estudios siguen privilegiando contextos urbanos, amazónicos o de frontera (Reboratti, 2020; Hofmann, 2022), mientras que los Andes del sur peruano aparecen solo de manera marginal. Incluso en investigaciones centradas específicamente en la cuenca Coata, la atención suele dirigirse a la contaminación hídrica y sus impactos en la salud (Quispe Mamani et al., 2020; Cornejo-Olarte et al., 2022), sin ofrecer un análisis detallado de los arreglos de gobernanza ni de los mecanismos estatales de gestión del conflicto. Esta invisibilización territorial restringe las posibilidades de establecer comparaciones sistemáticas con otros casos latinoamericanos y limita la identificación de lecciones de política pública replicables. Aporte esperado:El estudio de la cuenca Coata —propuesto como aplicación empírica de la TIGCC— contribuirá a subsanar este vacío al visibilizar un caso andino altamente representativo, en el que convergen disputas por el agua, tensiones institucionales y cosmovisiones indígenas. El Estado como actor técnico-administrativo Buena parte de la literatura examina la acción estatal desde una lógica instrumental y normativa, centrada en marcos legales, procedimientos y capacidades de gestión (Garafonova & Stadniychuk, 2021; Díaz Bravo, 2020). En el caso peruano, los estudios sobre oficinas de resolución de conflictos revelan dispositivos diseñados principalmente para contener la conflictividad, más que para transformarla, priorizando la tramitación de expedientes y el cumplimiento de protocolos (Orellana, 2016). Esta mirada del Estado como actor meramente técnico-administrativo invisibiliza sus dimensiones relacional, cultural y política—es decir, su rol en la producción o erosión de legitimidad. GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. ISSN 2255-5684 Quicaño Barrientos, M.L. y Martin-Fiorino, V. 13(2). 2025 176 Aporte esperado: La TIGCC concibe al Estado como un actor relacional que articula redes, produce legitimidad y facilita valor público, permitiendo analizar tanto sus capacidades como sus límites en la transformación de los conflictos estructurales. Limitada sistematización de aprendizajes en resolución de conflictos Aunque la región cuenta con múltiples experiencias de mesas de diálogo, comisiones multisectoriales y procesos de negociación asociados a proyectos de infraestructura y recursos naturales, la literatura evidencia una débil sistematización de estos casos. Investigaciones recientes sobre megaproyectos y justicia territorial documentan desalojos, reasentamientos y negociaciones que rara vez se analizan en detalle para extraer lecciones de gobernanza (Rodríguez & Pérez, 2024; Hernández et al., 2021; Oyarzún et al., 2020). Como resultado, cada territorio “empieza de cero”, sin marcos comparativos ni tipologías claras de mecanismos estatales de resolución. Aporte esperado: A partir del análisis del caso Coata y su comparación con otros procesos, la TIGCC busca aportar una tipología empírica de mecanismos estatales de resolución de conflictos, evaluando su efectividad, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. Débil incorporación de la interculturalidad como categoría operativa Aunque la interculturalidad ocupa un lugar central en los discursos de política pública, pocas investigaciones la emplean como categoría analítica y operativa que permita comprender cómo se negocian el poder, el conocimiento y la representación en los espacios de conflicto. En el ámbito jurídico, la consulta previa y el reconocimiento de derechos colectivos representan avances importantes (Yrigoyen, 2011). Sin embargo, estudios recientes muestran que su aplicación suele ser tardía, formalista o restringida a fases específicas del ciclo del proyecto (Durand Guevara, 2023; Engle et al., 2022). Esta brecha se materializa en mecanismos de diálogo que no reconocen plenamente las formas locales de autoridad ni las cosmovisiones indígenas. Aporte esperado: La agenda futura derivada de esta revisión propone operacionalizar la interculturalidad como dimensión transversal de la gestión colaborativa de conflictos, incorporando elementos como consentimiento libre, previo e informado; representación legítima; reciprocidad territorial y traducción intercultural en los procesos de negociación. Líneas prioritarias de la agenda futura A partir de los vacíos identificados, se plantean las siguientes líneas prioritarias de investigación y acción para avanzar en la comprensión y mejora de la gestión estatal de conflictos: -Estudios de caso comparativos sobre conflictos en cuencas andinas, con perspectivas territoriales y étnicas. -Evaluación crítica de experiencias estatales de diálogo y prevención en conflictos socioambientales.