La creación de la Reserva Grande como "territorio étnico": luchas, resistencias y proyectos desde una perspectiva multiterritorial

La creación de la Reserva Grande como “territorio étnico”: luchas, resistencias y proyectos desde una perspectiva multiterritorial Jimena Ramos Berrondo Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) [email protected] https://orcid.org/0000-0001-9195-5256 Matías Berger Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) [email protected] https://orcid.org/0000-0002-5467-4129 Scripta Nova ISSN 1138-9788 Vol. 29 (2) 2025, p. 63-92 30 de junio de 2025 Recibido: 09/05/2024 Revisado: 23/07/2024 Aceptado:22/01/2025 PALABRAS CLAVE tecnologías de gobierno, saberes, territorialidad, poder, redes sociales LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO “TERRITORIO ÉTNICO”: LUCHAS, RESISTENCIAS Y PROYECTOS DESDE UNA PERSPECTIVA MULTITERRITORIAL El objetivo de este artículo es analizar el proceso de emergencia de la Reserva Grande como un territorio étnico donde se disputa el gobierno de las tierras fiscales y la población que ahí habita (criollos e indígenas). Se ubica en el Gran Chaco, el segundo bosque más grande en Sudamérica después del Amazonas. Al analizar la Reserva Grande desde una perspectiva multiterritorial prestamos atención a las estrategias que los actores instrumentalizan para lograr la apropiación funcional y simbólica de este territorio. Se opta por una estrategia metodológica cualitativa que triangula el análisis de documentos jurídicos, entrevistas en profundidad a agentes estatales, referentes de ONG, líderes criollos e indígenas y observación participante en la provincia del Chaco. Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 64 PARAULES CLAU tecnologies de govern, sabers, territorialitat, poder, xarxes socials LA CREACIÓ DE LA RESERVA GRANDE COM A “TERRITORI ÈTNIC”: LLUITES, RESISTÈNCIES I PROJECTES DES D’UNA PERSPECTIVA MULTITERRITORIAL L’objectiu d’aquest article és analitzar el procés d’emergència de la Reserva Grande com un territori ètnic on es disputa el govern de les terres fiscals i la població que hi habita (criolls i indígenes). Es troba al Gran Chaco, el segon bosc més gran de Sud-Amèrica després de l’Amazones. En analitzar la Reserva Grande des d’una perspectiva multiterritorial, parem atenció a les estratègies que els actors instrumentalitzen per aconseguir l’apropiació funcional i simbòlica d’aquest territori. S’opta per una estratègia metodològica qualitativa que triangula l’anàlisi de documents jurídics, entrevistes en profunditat a agents estatals, referents d’ONG, líders criolls i indígenes, i observació participant a la província del Chaco. KEYWORDS government technologies, knowledge, territoriality, power, social networks THE CREATION OF THE RESERVA GRANDE AS AN “ETHNIC TERRITORY”: STRUGGLES, RESISTANCE AND PROJECTS FROM A MULTITERRITORIAL PERSPECTIVE The objective of this article is to analyze the process of emergence of the Reserva Grande as an ethnic territory where the legibility and government of the public lands and the population that lives there (criollos and indigenous people) are disputed. It is located in the Gran Chaco, the second largest forest in South America after the Amazon. When analyzing the Grande Reserve from a multi-territorial perspective we pay attention to the strategies that the actors implement to achieve the functional and symbolic appropriation of this territory. We opt for a qualitative methodological strategy that triangulates the analysis of legal documents, in-depth interviews with state agents, NGO representatives, criollo and indigenous leaders and participant observation in the province of Chaco. Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 65 El objetivo de este artículo es analizar el proceso por medio del cual una trama de actores intervino en el proceso de creación de la Reserva Grande como un “territorio étnico1”, los discursos que legitimaron sus perspectivas y las tecnologías de gobierno utilizadas para instrumentalizar sus acciones. A nivel geográfico, la Reserva Grande ha. se encuentra en la provincia del Chaco, noreste argentino. Comprende 306.849 ha. en la región del de Impenetrable que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de bosques nativos en diferentes provincias del norte argentino, este de salta, oeste de Formosa y el noreste de Santiago del Estero, (Ramos Berrondo et al. 2023). Fue reservada para los pueblos indígenas2 desde 1986 pero en ella viven actualmente familias criollas. A su vez, la región del Impenetrable forma parte del Gran Chaco, el segundo bosque más grande de Sudamérica después del Amazonas que se extiende por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil (Bossio et al. 2021), ver Mapas 1 y 2. Además de sus recursos naturales, el Gran Chaco se caracteriza por su población multiétnica y multicultural que históricamente ha sufrido graves violaciones de sus derechos: desde masacres perpetradas por el aparato estatal hasta el acaparamiento de tierras y la tala y sobreexplotación de los escasos recursos hídricos 1 Tomamos la categoría de Anthias y Hoffmann (2021) para quienes los territorios étnicos fueron una tecnología política central de los gobiernos coloniales que facilitaron la desposesión y el manejo biopolítico de las poblaciones colonizadas, al mismo tiempo que fungieron como sitios de movilización y resistencia. 2 La Ley Nro. 562 – W de las Comunidades Indígenas de la Provincia del Chaco considera como indígena a “toda persona que pertenezca indistintamente a las etnias toba, wichi o mocoví y que fuere de origen puro o mestizo con otra raza” (Art. 3). Figura 1. Muestra la ubicación del Gran Chaco (en verde fosforescente) en Sudamérica. El recuadro azul focaliza en las diferentes regiones que conforman la provincia del Chaco, incluida la región del Impenetrable (en el noreste) dende se localiza Nueva Pompeya (indicada con un punto rojo) que se encuentra en el límite este de la Reserva Grande. Fuente: Sevini et al. 2013 Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 66 por parte de la agroindustria y las actividades ganaderas (Hirsch et al. 2021). Actualmente, es uno de los bosques con mayor índice de deforestación en todo el mundo, lo que ha repercutido en un aumento de la pobreza y el hambre entre la población (Bossio et al. 2021, Paolasso et al. 2012). Al analizar la Reserva Grande como un multiterritorio (Haesbaert 2013) prestaremos atención a las redes sociales que constituyen este territorio y a los flujos de poder inherentes en el mismo, mostrando las interacciones entre los grupos hegemónicos y los grupos subalternos que buscan controlar el espacio (Haesbaert 2013). En este sentido, concordamos con Anthias y Hoffmann (2020) para quienes las intervenciones políticas que llevaron a la creación de los territorios étnicos no fueron implementadas únicamente desde las autoridades estatales (top – down) ni desde los sujetos subalternos (bottom – up) sino que son creadas por diversos sujetos involucrados en conflictos situados sobre categorías, reconocimientos y límites. Nuestro artículo pretende contribuir a las discusiones teóricas y de la práctica de las políticas públicas que subrayan las limitaciones de los enfoques normativos de políticas que naturalizan categorías, modelos de desarrollo y mediciones descontextualizadas para diagnosticar e intervenir sobre realidades heterogéneas y complejas (Abramovay 2006; Rahnema 1991). Al mismo tiempo, discute cómo los dispositivos legitimados para resolver problemas, tales como la participación de las poblaciones subalternas en proyectos de desarrollo, las consultas públicas y la conformación de grupos de expertos son contestadas, Figura 2. Mapa que muestra el polígono de la Reserva Grande entre las localidades de Comandancia Frias (norte), Fuerte Esperanza (sur) y Nueva Pompeya (este). El área en blanco comprende aproximadamente 300.000 haEl recuadro arriba a la derecha muestra la provincia del Chaco y en rojo la región del Impenetrable. Fuente: Colla 2019. Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 67 apropiadas y moldeadas por diferentes sujetos según sus intereses en un tiempo y espacio específico. El caso empírico busca superar una perspectiva dicotómica del territorio que sólo se centre en las fuerzas hegemónicas o en los grupos subalternos. Así, buscamos explorar otras relaciones de poder que muchas veces quedan desdibujadas en estudios de caso: por ejemplo, las diferencias entre comunidades indígenas (Cowan Ros 2011, Isla 2005) y entre estas y los campesinos criollos, tomando en cuenta su historia, reivindicaciones y formas de organización (Barrios 2005, Castelnuovo 2022). Por otro lado, el material empírico presentado desafía una de las premisas fundamentales del enfoque teórico predominante en los estudios rurales y las políticas de intervención en este campo, el Desarrollo Territorial Rural, que sostiene que para lograr cambios significativos a nivel territorial son necesarios el desarrollo productivo y la creación de instituciones y acuerdos entre diversos actores (Schjetman y Berdegué 2008). En este sentido, nuestro estudio profundiza en el dilema sobre qué deben hacer los investigadores y hacedores de políticas cuando diferentes grupos subalternos tienen diferentes perspectivas sobre los proyectos que deberían hacerse en sus territorios (Fletcher 2001). Así, ahondamos en las problemáticas de la participación de la población subalterna en los proyectos de desarrollo y la desigualdad existente entre diferentes grupos sociales para ser representados por referentes de organizaciones que cuentan con capitales y trayectorias diversas (Berger y Ramos 2023). Nuestro estudio, además, destaca como el desarrollo productivo de la provincia está ligado a un modelo productivo hegemónico que avala la desposesión de los recursos de la población más vulnerable. La metodología utilizada para este estudio consistió en el análisis de instrumentos jurídicos referidos a la Reserva Grande. En ellos se prestó atención a las categorías utilizadas para nombrar a los sujetos subalternos y las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades para otorgarles tierras fiscales y proteger sus derechos. De la misma manera, triangulamos el análisis de los decretos con las entrevistas en profundidad realizadas a un referente indígena, un referente de las ONG, dos agentes estatales y dos referentes criollos3. Asimismo, se hizo observación participante en diferentes localidades de la provincia del Chaco durante los años 2015, 2023 y 2024. Las entrevistas y las asambleas a las que asistimos durante el trabajo de campo fueron seleccionadas por tratarse de perspectivas multiterritoriales en el sentido de Haesbaert (2013), es decir, son actores con diferentes tipos de poder y conocimiento que actúan en diferentes escalas. 3 Para garantizar el anonimato de los entrevistados se utilizan pseudónimos. Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 68 El articulo está estructurado en función de poder analizar la Reserva Grande desde diferentes redes que se superponen conformando territorios en diferentes escalas. Estas redes están conformadas por actores diversos, como loscapitales extranjeros, las autoridades nacionales, las ONG y las organizaciones de base, etc. La primera parte narra los procesos históricos que se desencadenaron en el Gran Chaco, enfatizando como desde el S. XIX surgen los territorios étnicos como tecnología de gobierno para controlar y regular a las poblaciones indígenas. La segunda parte del artículo, destaca la presencia de los referentes territoriales de las ONG que promueven los derechos indígenas y la entrega de tierras con base en diferentes tipos de saberes (locales, jurídicos, técnicos), logrando el reconocimiento jurídico de la Reserva Grande a través de sucesivos decretos emitidos por diferentes gobiernos. En la tercera parte narraremos cómo parte de la población indígena y los criollos contestan los decretos anteriores buscando plasmar sus demandas en nuevos instrumentos jurídicos. Por último, se esbozan las conclusiones. La Reserva Grande en articulación con los procesos históricos de la región del Gran Chaco En esta primera parte del artículo nos interesa reflexionar sobre la Reserva Grande como un espacio multiterritorial (Haesbaert 2013). Primero, describiendo como se articula con otros territorios de manera simultánea, como la región del Impenetrable, la provincia del Chaco y la región del Gran Chaco. En este sentido, tomaremos en cuenta como existen territorios superpuestos y controlados por poderes (capital extranjero, gobierno nacional, Organizaciones No Gubernamentales) en distintas escalas. Al hablar de multiterritorialidad prestaremos atención, por un lado, a la dimensión funcional del territorio, es decir al control que hacen ciertos grupos para desarrollar funciones económicas y políticas. Por otro, a la dimensión simbólica, “las múltiples representaciones que construimos sobre el espacio —sin olvidar que, muchas veces, actuamos más en función de esas imágenes territoriales que de las condiciones materiales que ese territorio incorpora.” (Haesbaert 2013, 38). Para nuestro artículo, lo interesante de este marco teórico es que nos habla de cómo se pueden construir múltiples territorialidades que se superponen. La provincia del Chaco forma parte de la región del noreste argentino (NEA), considerada como una región periférica por tener menor ingreso y mayor deterioro social con respecto del área central, donde se encuentran las provincias que generan mayor riqueza, denominadas provincias pampeanas, ciudad autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, (Cao 2012). En efecto, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC 2023) muestran que Resistencia y Gran Resistencia (capital del Chaco y alrededores) fueron las ciudades con el mayor índice de pobreza en todo el país (60% comparado con el 40% a nivel nacional). Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 69 Cao (2012) explica que estas asimetrías regionales se generaron a partir del s. XIX, con el proceso de organización nacional basado en el modelo agroexportador de la región pampeana. Este modelo implicó un alto peso relativo del gobierno central en las provincias periféricas y un proceso de “modernización excluyente”. Así, la provincia del Chaco forma parte de una región complementaria porque no participa en la producción histórica que define el carácter del país (Roze 1992). Sin embargo, desde finales del s. XIX, fue utilizada (por parte del capital extranjero con aval del gobierno nacional) como un reservorio de mano de obra y recursos naturales (principalmente madera) que fueron centrales para la construcción de infraestructura necesaria para la puesta en marcha del modelo agroexportador (Roze 1992, 2007). En el s. XIX, el modelo primario exportador tenía como objetivo explotar los recursos naturales a través de la partición del territorio en secciones controladas por grandes empresas de capital extranjero. Su accionar se legitimó con base en la construcción simbólica territorial de una Argentina con espacios vacíos donde el poder estatal promocionó la noción de “desierto” (Almirón, 2018). Una metáfora etnocéntrica para denominar un espacio que todavía no había sido sometido al estado de derecho y el progreso (Wright, 2008 citado en Hirsch et al. 2021, 5). Es en este contexto colonial que se sitúa la creación de los territorios étnicos como tecnologías de gobierno disciplinarias con la finalidad de designar al otro y tenerlo vigilado o regulado. En el caso de la Argentina, las llamadas reducciones aborígenes fueron espacios donde los pueblos indígenas eran sometidos a trabajos forzados y esclavos, al mismo tiempo que fungían como reservorio de mano de obra barata para los enclaves productivos que se instalaron en la región desde de mano de los grandes capitales extranjeros (Hirsch et al. 2021), como ser, la industria forestal, los ingenios azucareros y más tarde el algodón. Estas tecnologías disciplinarias para controlar a la población indígena no eran simplemente impuestas desde arriba por un Estado monolítico y omnipotente, sino que se dispersaron a través de otros sujetos y fueron apropiadas, reinterpretadas, resistidas e instrumentalizadas por diversos sujetos. Es por ello que los territorios étnicos se volvieron sitios importantes de revueltas y resistencias (Anthias y Hoffmann 2021). A modo de ejemplo, varias misiones fueron instaladas a lo largo del territorio y buscaron sedentarizar y civilizar a los indígenas a través de enseñarles técnicas de cultivo, como fue el caso de la Misión Francisana instalada en Misión Nueva Pompeya (Hermitte et al. 1995b) (poblado en los límites dela Reserva Grande). Por su parte, los criollos eran vistos como milicias útiles para ampliar los límites del estado argentino y también como trabajadores para las estancias (Hirsch et al. 2021). Así, podemos ver que estas tecnologías “definen a los sujetos en términos de funciones específicas de civilización” (Rose 2012) y provocan una división tanto en la funcionalidad que le dan a la población subalterna criolla e indígena como entre los miembros civilizados de la sociedad y aquellos que eran considerados “bárbaros.” A diferencia de la población indígena, Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 70 los criollos eran vistos como más “autónomos” y como personas que “resisten mejor a la asimilación de directrices externas” (Hermitte et al. 1995b, 184). A su vez, los territorios étnicos como tecnología de gobierno fueron cambiando según el tiempo y el contexto. De hecho, a partir de las atrocidades cometidas en la Masacre de Napalpí en 1924 (donde fueron masacrados cientos de indígenas a manos de la gendarmería en una reducción aborigen) el gobierno nacional compensará a los pueblos indígenas con tierras a través de un decreto emitido en 1924 por el presidente Alvear mediante el cual cedía 150.000 ha. al pueblo toba; a esta reserva de tierra se le llamó “reserva aborigen”, término que se sigue utilizando actualmente en la legislación de la provincia del Chaco, pero que surge en un contexto de tecnologías disciplinarias coloniales. Más adelante, veremos que el descubrimiento de este Decreto (por parte de agentes territoriales de las ONG) en la década de 1980 será un dispositivo jurídico clave para motorizar la lucha por las tierras indígenas. Los diferentes modelos productivos instrumentalizados en la región del Gran Chaco generarán una desterritorialización de la población criolla y aborigen generando procesos de precarización social (Haesbaert 2013). Una de las estrategias de supervivencia de los indígenas y los criollos desde el s. XIX será trabajar como jornaleros en los diferentes enclaves productivos que se fueron instalando en la región. Coincidimos con Hermitte et al. (1995a) y Muñoz (2020) para quienes los pueblos indígenas y los campesinos criollos no pueden ser estudiados en abstracto sin tomar en cuenta el modelo económico en el que están insertos y la manera en que se subordinan a lógicas económicas y de producción más amplias. Como afirmaron Hermitte et al. (1995a) en su estudio sobre los pueblos aborígenes del Chaco, el problema de los indígenas no es que estuvieron al margen de la sociedad y el modelo productivo, sino la posición subordinada que ocuparon en este modelo, siendo desde el siglo pasado, parte del proletariado más explotado y vulnerable. A partir de 1970, el gobierno de la provincia del Chaco promovió el modelo de la expansión de la frontera agrícola o de agronegocios. A diferencia de los anteriores modelos de desarrollo productivos implementados durante los siglos XIX y XX este modelo requiere de menor cantidad de fuerza de trabajo y las formas específicas de territorialidad que promueve consisten en la venta de tierras fiscales para la producción de soja y la ganadería vacuna. Esto ha repercutido en el dramático ritmo de deforestación que, a su vez, incidió en el proceso de urbanización de los indígenas que dependen de salarios intermitentes para su supervivencia (Gras 2019). El gobierno de la última dictadura militar legitimó este modelo a través del discurso de llevar “el desarrollo” a los pueblos del Impenetrable por medio de la construcción de obras de infraestructura y la provisión de servicios sanitarios y educativos (Roze 2007). No obstante, la funcionalidad de estos proyectos era controlar el territorio de la guerrilla y las actividades de organizaciones y movimientos que trabajaban con poblaciones indígenas y campesinas (Roze Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 71 2007). Varios de los lideres de estas organizaciones (como veremos más adelante) fueron referentes clave en la lucha por la recuperación de los territorios indígenas a partir de la vuelta a la democracia en 1983. Este cambio en la estructura agraria generó un aumento de la presión sobre la tierra desde abajo (indígenas que ya no eran contratados como cosecheros para el cultivo del algodón) y desde arriba, funcionarios públicos de alto nivel que eran ganaderos o empresarios de otras provincias que compraron la tierra a muy bajo precio y a los cuales se les dieron exenciones impositivas (Gómez 2015). La mayoría de estas personas pertenecían a la burguesía agraria regional (Roze 2007). Es por ello que, desde la década de 1980, uno de los principales reclamos de los pequeños productores e indígenas ha sido tener acceso a la tierra o modificar su precaria tenencia, no sólo en la provincia del Chaco sino en todo el país (Domínguez 2009). La incidencia de los mediadores en la Reserva Grande durante el periodo de la vuelta a la democracia (de 1983 hasta 2011) Durante los años 80, la venta de tierras públicas y las autorizaciones para explotar bosques fueron intensificadas por el Instituto de Colonización (IC) y la Dirección de Bosques4. Ambos actores son clave dentro del gobierno provincial en cuanto a la gestión y administración de tierras fiscales y bosques. Estos hechos amenazaron tanto a los criollos como a los indígenas y fueron fundamentales para la construcción de nuevas formas de subjetividad política (Balazote 2002, Gómez 2015). Con el regreso a la democracia, en 1983, diferentes ONG e iglesias que se establecieron en la región del Impenetrable a lo largo del S. XX, desempeñaron un papel importante en la lucha por el control del espacio y los recursos de los grupos subalternos. “Desde la perspectiva de la gubernamentalidad, entonces, el poder no está concentrado en instituciones o autoridades, sino que funciona moldeando sujetos individuales, formas de mirar, conocer y actuar. En este sentido, se habla de un poder capilar y disperso a través del cuerpo social” (Anthias y Hoffmannn 2021, 3). Estos poderes pueden ser ejercidos por diferentes redes sociales dando lugar a la construcción de múltiples territorios situados en el mismo espacio (Haesbaert 2013), en este caso la Reserva Grande y la región del Impenetrable. Por ejemplo, la parte que domina el capital financiero (interesado en estas tierras para el desarrollo del agronegocio y la ganadería 4 El Instituto de Colonización es un ente autárquico del gobierno provincial, creado en el marco de la Ley 471P (Antes Ley 2913 Régimen de Tierras Fiscales) como su órgano de aplicación. Dicha ley establece las disposiciones generales para la adjudicación de tierras fiscales y su incorporación al proceso productivo. Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 78 Hasta 2017, diversas comunidades indígenas lograron conseguir la titulación individual o comunitaria de 250.000 ha. de tierras en diferentes zonas del Impenetrable (Muñoz 2020). No obstante, la Reserva Grande seguiría en suspenso. La lucha de los criollos y los wichi contra la visión del territorio de la MOWITOB (de 2011 en adelante) En este apartado nos interesa discutir una serie de políticas que desplegaron diferentes poderes que se conjugan en la Reserva Grande: la del capital extranjero vinculado al gobierno provincial y la lucha de los criollos y los wichi en torno a la Reserva Grande. El año 2011 marca un parteaguas importante para el análisis de nuestro caso de estudio porque hubo diferentes levantamientos sociales que mostraron los procesos de precarización social en la provincia y las denuncias por el avance del capital financiero sobre la región del Impenetrable (Colla 2019). Tal fue el caso de la Marcha del Impenetrable, en la cual participó Raúl, un legislador provincial que nos compartió el siguiente testimonio: Se llamó “del Impenetrable” porque unió por primera vez a wichi a tobas y a criollos que caminaron cientos de kilómetros para luego hacer un acampe de 21 días en Castelli (localidad considerada como la puerta de entrada del Impenetrable). Tiene que ver con territorio, tiene que ver con tierra, tiene que ver con condiciones de vida, de trabajo, de producción (…). La concepción de territorio no es el mismo que uno tiene de terreno, va mucho más allá que eso. Y bueno, se ha protagonizado muchas luchas por parte del movimiento, ¿eh? Se dispuso a disputar la conducción del IDACH (…) [porque] hubo diferencias en el manejo y en la conducción que dificultan el funcionamiento del Instituto. Después se pelearon por vivienda, por mejorar la producción, por otro tipo de producciones, e hicimos marchas más grandes, sucesivas, más lejos, con más gente, hasta la confluencia con Wichi (localidad ubicada en el Impenetrable), levantando el tema del territorio como central. Porque estaba en discusión de que podían venir los de Arabia Saudita a producir en una zona de 220.000 ha. que en parte corresponden a la Reserva Grande. Entonces, se hizo una marcha defendiendo el territorio (entrevista realizada a Raúl en marzo de 2023) Raúl se refería a un convenio entre el gobierno de la provincia del Chaco y el Grupo AlKhorayef para el desarrollo de un proyecto agrícola, ganadero y forestal en tierras fiscales de El Impenetrable para abastecer a Arabia Saudita con una inversión de 400 millones de dólares (Global Atlas of Environmental Justice, 2022) Al mismo tiempo que se promovió el Proyecto Al Khorayef, como una “buena propuesta de producción de alimentos para la provincia” (entrevista a Raúl), se promovieron otros proyectos de desarrollo de infraestructura para el desarrollo de nuevos mercados en la zona del Impenetrable como los proyectos de la Corporación Forestal del Chaco (CorFor) y el Plan Belgrano 2016. El legislador comentó que fueron a las comunidades a informar sobre este Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 79 proyecto y sus consecuencias para la región. A raíz de ello, es que diversos actores de las comunidades, con el apoyo de agentes estatales, decidieron organizar esa marcha. En opinión de Colla (2019, 203) y algunos lideres criollos, el gobierno provincial del Chaco creó la MOWITOB para legitimar la implementación del proyecto Al Khorayef, buscando mostrar que algunos lideres indígenas estaban de acuerdo con el proyecto. No obstante, varias asociaciones locales indígenas y organizaciones criollas del Impenetrable consideraban que este proyecto avalaba la desforestación y la extracción de recursos naturales del territorio, así como el desalojo de varias comunidades de sus tierras. En 2012, el gobierno de Capitanich inició los procedimientos legales para otorgar el título de tierra comunitaria de la Reserva Grande (Decretos 480/91 y 1732/96) a la asociación MOWITOB. La MOWITOB “se presentaba como la entidad que iba a ejercer la futura titularidad de la superficie mensurada de la Gran Reserva, como asimismo la gestión y administración de la misma (…), los representantes de esta entidad, pretendían la relocalización inmediata de la población criolla fuera de los límites de la Gran Reserva” (Decreto 3252/2015: 2). La figura 2 presenta el mapa de localización de la Reserva Grande según este decreto, donde el área correspondiente a la reserva aparece en color blanco. Sin embargo, los criollos no eran los únicos que estaban insatisfechos con este arreglo de la concesión del título de tierra a la MOWITOB. Varios wichis de diferentes localidades manifestaron su rechazo explicando que nunca fueron consultados al respecto. De igual manera, expresaron que debe darse prioridad “al otorgamiento de títulos comunitarios a las poblaciones aborígenes que habitan y ocupan el lugar, siendo la etnia wichi la que históricamente ha venido ocupando dichas tierras (Decreto 3253/2015: 2). Por ello, los representantes del pueblo wichi, con la ayuda del IDACH, realizaron presentaciones judiciales ante el Juzgado Civil No 6 contra el gobierno de la Provincia del Chaco y consiguieron una medida cautelar que obligaba al gobierno a dar respuesta en el tema tierras (Decreto 3253/2015: 2). El proyecto de titularizar la reserva a favor de la MOWITOB, según el Decreto 2012, se veía entonces obstaculizado por la demanda judicial del pueblo wichi y por la negativa de los criollos de la Reserva Grande a relocalizarse. Barrios (2005) plantea que el reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra obligó a los criollos a organizarse y a pelear por sus derechos como ocupantes y adjudicatarios en otras zonas del Impenetrable, como el Interfluvio Teuco-Bermejito. En el caso de la Reserva Grande, veremos que los criollos comenzaron a organizarse con más fuerza a partir de 2009, fecha que coincide con la conformación de diversas organizaciones de base de familias criollas campesinas que obtuvieron su personería jurídica con el apoyo del Frente Nacional Campesino (FNC), una organización de segundo nivel que nuclea a diversas organizaciones de varias provincias del país fundada en 2008. Estas familias están acuciadas por el problema de Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 80 la inseguridad jurídica de la tierra y por diferentes empresas que buscan desalojarlas de sus tierras. Aunado a lo anterior, el reconocimiento de la Reserva Grande como reserva indígena hizo que los criollos tomaran conciencia sobre el riesgo de ser relocalizados. Mientras los indígenas y los referentes de las ONG trabajaban en una apropiación simbólica del territorio donde difundían los derechos que los indígenas tenían sobre la Reserva Grande, los criollos optaron por una estrategia de territorialización. Esta consistió en las mejoras de sus predios y sus actividades productivas consiguiendo financiamiento y programas con diferentes agencias estatales. Así lo expresó Beto, dirigente criollo del FNC, “se hicieron 100 cisternas de agua con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA); pozos de agua y pozos someros; pavimentación de caminos y tendidos de electricidad” (entrevista realizada a Beto en junio de 2023). A su vez, su estrategia de territorialización consistió en una apropiación simbólica del territorio por medio de las denuncias públicas y manifestaciones en contra de la tala ilegal de madera y de los desalojos. También hicieron diversas campañas de difusión de sus problemáticas en los medios de comunicación. Mientras que los referentes de la MOWITOB y de las ONG buscaban hacer asambleas con los criollos para convencerlos de los beneficios de la relocalización, el FNC y otras organizaciones locales (El Caudillo, Unión de Campesinos Criollos por el Impenetrable, Asociación Juana Azurduy) se dedicaban a organizar asambleas en diferentes poblados y comunidades de la zona para advertirles a los pobladores sobre los efectos negativos de la relocalización y sobre sus derechos como ocupantes de la tierra. Los referentes criollos recomendaban a los pobladores no firmar nada solos sin contar con asesoría de la organización (observación participante en las asambleas durante abril de 2015). De la misma manera, el FNC y las organizaciones locales criollas de la zona tuvieron varias audiencias con el personal del Instituto de Colonización y con el gobernador Capitanich, cuyo objetivo era, en opinión de un referente “impedir la entrega del título a la MOWITOB.” En 2013, el gobernador Capitanich firmó un acta acuerdo con la Unión de Campesinos Criollos del Impenetrable (UCCI) donde se comprometió a ejecutar un plan de regularización dominial, realizar perforaciones de agua, financiar proyectos de infraestructura, asistir con forraje a la ganadería campesina y construir viviendas rurales (Acta Acuerdo entre el Gobernador y la UCCI, 2013). El interrogante sobre qué es lo que debe ser gobernado implica un proceso técnico activo (Rose y Miller, 1992). Así, el proceso de la creación de la Reserva Grande muestra como el gobierno provincial y los referentes de diferentes ONG no sólo desconocían cuánta tierra pública había disponible en la provincia, sino que tampoco tenían información sobre las familias criollas asentadas en la Reserva Grande. Esta información era importante para la MOWITOB y para los referentes de las ONG y las agencias estatales que los apoyaban, ya que debían tener en claro cuántas personas tendrían que relocalizar, así como las características Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 81 de sus unidades productivas. También era importante para los criollos y para las diferentes agencias estatales del gobierno provincial para avanzar en los planes de regularización dominial. Desde la perspectiva de los referentes del FNC, el censo era una manera demostrar que las tierras del Impenetrable no estaban vacías ni despobladas (un argumento usado por algunos agentes estatales para justificar la venta de tierras a empresarios). En una reunión celebrada con autoridades gubernamentales (el IC, entre otras), se acordó que los criollos tendrían que participar en el relevamiento poblacional y topográfico junto con los agentes del Instituto de Colonización (Aranda 2018 y entrevista a referente criollo). En este sentido, nos interesa reflexionar en cómo diferentes agentes buscaron controlar a la población criolla y el espacio que ocupaban por medio de la estadística y como la estadística fue utilizada para el desarrollo de políticas específicas (Haesbaert, 2013). Es por ello que Rose (2012) retoma a Foucault y dice que el gobierno legítimo está basado en el conocimiento operativo de aquellos cuyo bienestar está llamado a promover. La negativa de los criollos a relocalizarse, y la demanda de los pueblos wichi contra el gobierno provincial, obligaron al gobierno del Chaco a redefinir su estrategia en terreno. En consecuencia, propusieron reconocer los derechos de los pueblos originarios al mismo tiempo que la debida reivindicación de la población autóctona criolla que habita el lugar. En los decretos se busca evitar relocalizar a las familias criollas por fuera de la zona de la Gran Reserva por las consecuencias sociales y económicas que traerían al Gobierno Provincial” (Decreto 3252/2015: 3). De la misma manera, otro hecho importante que obligó al gobierno de la provincia a dar marcha atrás al Decreto 2012 fue la experiencia de relocalización de la población criolla del Teuco-Bermejito como una política fallida, lo cual muestra la influencia de políticas previas en la construcción de nuevas tecnologías y racionalidades políticas (Rose y Miller 1992). Esto no solo lo reconoció el Gobernador, a través de diferentes decretos, sino que también era comentado en las asambleas que organizaban los referentes del FNC en la Reserva Grande; de la misma manera, varias familias criollas conocían esta experiencia de la boca de amigos o familiares que la habían vivido en carne propia. Esta redefinición de la estrategia en territorio por parte del gobierno provincial, radicó en la conformación de una nueva Unidad de Gestión Especial donde cambiaron algunos de los actores que antiguamente estaban en control del proceso de mensura de la Reserva Grande, entre ellos los referentes de las ONG que integraban la Comisión Mixta Interprovincial y los referentes de las asociaciones indígenas. Nótese que, según la Tabla 1, el IC vuelve a tener protagonismo en todas las etapas del proceso y que es la única entidad que aparece en ambas etapas del proceso (relevamiento y consultas técnicas). Se establece que será el “único organismo responsable del proceso de escrituración” (Art. 3). Este proceso incluía sendas tareas que involucraban los relevamientos Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 82 poblacionales y topográficos, los estudios agronómicos para la subdivisión de las parcelas, las mensuras que tenían que realizar los agrimensores y la titularización. Tabla 1. Distribución de las funciones de los órganos que conforman la Unidad de Gestión Especial. Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 2, Decreto 3252/2015: 3. Órgano Encargado del relevamiento topográfico poblacional y el proceso de escrituración Órgano encargado de la planificación y convocatoria de la “plataforma de consenso” con representantes de los pobladores criollos y pueblos indígenas Instituto de Colonización Ministerio de Desarrollo Social. • Instituto de Colonización. • Instituto del Aborigen Chaqueño. • Intendencia de Fuerte Esperanza. • Asesoría General de Gobierno. Los integrantes de la unidad ejecutora estuvieron a cargo de llevar una serie de procesos de consulta para acordar una nueva subdivisión de la Reserva Grande donde pudiera contemplarse la titularización de las tierras de los criollos y, también, otorgar tierras a las asociaciones locales wichi fuera de la Reserva Grande, pues ellos decían que les convenía más ampliar las propiedades comunitarias que ya tenían. Si bien las autoridades de la Unidad Ejecutora de Gestión y los pobladores criollos coincidían en la no relocalización como estrategia, difirieron en cuanto a la cantidad de tierras que les serían dadas a las familias criollas y la manera de subdividir las parcelas. Esto nos habla de las dificultades de instrumentalizar lineamientos generales y jurídicos (los decretos de 2015 se fundamentan en la tarea que tienen el Estado para que convivan criollos e indígenas) a nivel del territorio y de las diferencias de criterio que los agentes tienen al buscar gobernar las tierras fiscales y sus poblaciones. Para los agentes de Colonización, los criollos podían permanecer donde estaban localizados, pero la tierra a la que tenían acceso debía subdividirse según el criterio de la unidad económica. Para los criollos, este criterio no resultaba funcional para el tamaño de sus unidades productivas y para el tipo de ganadería extensiva que ellos practicaban. Estos desacuerdos y diferencias que planteamos de manera sintética fueron permeando diferentes espacios y escalas del proyecto, pero también encontraron ciertos obstáculos. Es decir, de alguna manera, en estos proyectos hay cotos cerrados que sólo son ocupados por expertos (Rose 2012), autoridades con ciertas credenciales (políticas, académicas, agronómicas) donde la población y las organizaciones tienen escaso margen de intervención. Fueron en estos recintos donde se terminó de delinear la propuesta de subdivisión de la Reserva Grande para más tarde compartirla en una consulta pública. Es decir, la propuesta tomaba parte de lo que se había trabajado con las organizaciones criollas e indígenas con respecto a cómo subdividir el territorio, contemplando que los criollos se Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 83 quedaran en su lugar de origen. Sin embargo, la propuesta también había sido delineada siguiendo las categorías y lineamientos priorizados por el Instituto de Colonización y la ley de tierras fiscales. Es por ello que Haesbaert (2013) considera el “consenso” como una tecnología disciplinaria, es decir, se busca consensuar algo que en gran parte ya fue decidido en otros ámbitos de gobierno. En este sentido, Rose (2012) dice que una de las características del liberalismo es que hay una distancia entre los espacios donde se planifican las políticas y los ciudadanos. Esto no es exclusivo de las autoridades estatales, recordemos también como las ONG y referentes territoriales de la MOWITOB buscaban hacer acuerdos con los criollos para relocalizarlos de la Reserva Grande, estos acuerdos también habían sido formulados en otros espacios ajenos a los criollos. En 2015 se celebraron 16 consultas públicas en la Reserva Grande. Después de este primer proceso, el gobernador de Chaco emitió diferentes decretos que garantizaban los derechos indígenas y criollos y se declaró que las consultas públicas mostraron que se había alcanzado un acuerdo entre los pueblos indígenas para que los criollos permanecieran en la Reserva Grande. Las consultas públicas también determinaron que a cada grupo se le concederían tierras y recursos para el despliegue de planes en su territorio. El resultado de la consulta pública determinó que todos los grupos étnicos participantes expresaron su consentimiento para que el gobierno provincial otorgara 100.000 ha. para cada una de las etnias. En la Figura 3 se muestra la contextualización de la Reserva Grande con respecto de la provincia del Chaco (primer recuadro a la izquierda que circula el noreste de la provincia del Chaco, área donde se ubica la reserva) y con respecto de Argentina (segundo recuadro a la izquierda, se muestra la provincia del Chaco en color rojo). El recuadro principal del mapa muestra la subdivisión de la reserva grande y la manera en que limita al oeste con la provincia de Salta y al norte con la provincia de Formosa. Es importante aclarar que este mapa no coincide con el de la Figura 2 (mostrado al inicio del artículo, ver página 4) porque los decretos emitidos por el gobernador Capitanich (a los cuales hicimos referencia anteriormente) modificaron el polígono original de la Reserva Grande y desafectaron tierras al interior del polígono original para dárselas a la población criolla (área marcada con líneas diagonales en color rosa) por lo que esto fue compensado con nuevas tierras fuera de los límites originales de la Reserva Grande (el área que se muestra en color rojo). El área azul es para el pueblo mocoví y la verde para el pueblo toba. En amarillo se muestran las subdivisiones de tierra donde habitan familias criollas. Estas consultas fueron contestadas por los actores que argumentaron que quedaron excluidos del proceso, principalmente líderes indígenas en puestos gubernamentales, y por la MOWITOB, ONG e iglesias pro indígenas (como ENDEPA). En una carta pública dirigida al gobernador Domingo Peppo en 2016, la MOWITOB y ENDEPA argumentaron que el gobierno Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 84 no había cumplido su obligación constitucional y sus promesas de conceder la tierra a los pueblos indígenas y que esta falta de voluntad se había agravado al entregar las tierras más adecuadas y mejores a “personas no indígenas,” por las que se referían al pueblo criollo (ENDEPA, 21 de octubre de 2016). En su opinión, la legislación elaborada por el gobernador es ilegal y viola el Convenio 169 de la OIT. Argumentan que, de acuerdo con la constitución provincial, el territorio indígena “será inexpugnable, imprescriptible, indivisible y no transferible a terceros” (Art. 37 Constitución de la Provincia del Chaco). Por lo tanto, la MOWITOB demandó a la provincia de Chaco ante el tribunal de justicia, durante 2015 y 2016. El 10 de mayo de 2023, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (el más alto tribunal de justicia de la provincia de Chaco) falló a favor de la organización MOWITOB y declaró nulos los decretos realizados por el Gobernador Capitanich. Esto significa que el título y el mapa tendrán que seguir el decreto original de 2012 (MOWITOB tendrá la propiedad del título de la tierra) y que las familias criollas tendrán que relocalizarse. Sin embargo, meses después el gobierno de la provincia del Chaco presentó un recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apelando la resolución del Superior Tribunal de Justicia lo que vuelve a dejar en suspenso lo que pasará con la Reserva Grande. Figura 3. Mapa de la propuesta de subdivisión de la Reserva Grande de acuerdo al proyecto impulsado por el Instituto de Colonización. Fuente: Álvarez 2012. Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 85 Desde 1986, los límites de la Reserva Grande han cambiado varias veces. Tenemos, por un lado, el proyecto de la MOWITOB que busca un territorio indivisible y exclusivo para los pueblos toba, wichi y mocoví. Por otro, un proyecto que busca que los pobladores criollos permanezcan en la Reserva y que los wichi tengan ampliaciones de tierras fuera de la Reserva Grande. Estas visiones constituyen “una red subyacente de inteligibilidad, que moldea la comprensión de las personas sobre el mundo, su lugar en él y las modalidades de acción política” (Anthias y Hoffmann 2021, 2). En lo que sigue buscaremos explicar cómo los actores construyen y buscan legitimar sus posiciones. Para aquellos que apoyan el proyecto de un territorio exclusivamente para los indígenas (ENDEPA y MOWITOB), la Reserva Grande es una "reserva indígena". En un documento elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen se afirma que: " La Reserva Grande es la mayor reserva indígena de América Latina y consta de 300.000 ha. Está ubicada en el Impenetrable, entre Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya, al sur del río Bermejito, un codiciado oasis ambiental, rico en fauna, flora y biodiversidad" (ENDEPA, documento) (Figura 1). Si bien en América Latina hay reservas indígenas o áreas naturales protegidas mucho más grandes, lo que queremos destacar es la manera en que ciertos actores construyen representaciones simbólicas sobre estos espacios (Haesbaert, 2013). Los documentos elaborados por las ONG y pro-indigenistas destacan la abundancia de riquezas naturales presentes (bosques, árboles y ríos) y están acompañados de imágenes de naturaleza prístina e intacta soslayando la de los criollos en este territorio. Los documentos y las entrevistas en profundidad muestran cómo se construyen estos espacios de manera simbólica. Así, la tierra no sólo tiene que ver con el territorio que efectivamente ocupan sino con la cultura y los valores tradicionales de los pueblos indígenas que están vinculados a esta tierra y la tierra a la que “tradicionalmente tenían acceso para su subsistencia y sus actividades tradicionales” (artículo 13, 1 Convenio 169 de la OIT). No obstante, esta visión puramente simbólica dista de la condición material del territorio (Haesbaert 2013). En las entrevistas en profundidad realizadas a diversos actores, éstos coinciden en que en esta reserva viven entre 3 y 5 familias indígenas y otros admiten que no hay personas indígenas que quieran ir a vivir ahí (por ubicarse muy lejos de esta zona). Por ende, varias asociaciones comunitarias wichi que no estuvieron de acuerdo con que el título de la reserva fuera entregado a la MOWITOB expresaron que era mejor que el gobierno del Chaco hiciera ampliaciones de tierras en los lugares donde ya existen asentamientos indígenas wichi (ver área roja en la figura 3). Proyectar la Reserva Grande como un territorio vacío contrasta con los datos del relevamiento realizado por el IC en colaboración con referentes criollos de la zona, según el cual en 2012 había 201 puestos criollos. Un puesto está compuesto por familias emparentadas que comparten el monte, el agua y las mejoras realizadas (corrales para los animales, pozos, Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 86 etc.). Según el mismo relevamiento, había 4 mujeres indígenas casadas con criollos, un indígena varón y una madre de indígena. (Álvarez 2012). Los estudios agronómicos y censos poblacionales realizados por el IC permitieron conocer la situación de la población criolla en la Reserva Grande y justificar su permanencia en el lugar. Asimismo, fueron un insumo clave para elaborar los decretos de 2015, los cuales legitimaron la permanencia de los criollos en el lugar aludiendo a las consecuencias sociales y económicas que tendría para el gobierno provincial y para la población criolla su relocalización. Ahí se indica que había 252 pobladores criollos (Decreto 3262/2015). Es interesante notar que muchos informes, legislaciones y diagnósticos sobre la Reserva Grande tratan a los criollos como "población no indígena", "propietarios de tierras" y "terceros que tienen grandes extensiones de tierras y no son aborígenes" (ENDEPA, Informe s/f). Los criollos han cuestionado esta visión de su comunidad y han utilizado la condición participativa de los proyectos para asegurarse que su perspectiva sea visibilizada. En un taller sobre derechos campesinos realizado en la Reserva Grande, los miembros de la comunidad criolla se definieron como "hombres y mujeres que viven en el campo y crían ganado mayor y menor con sus propias creencias, cultura, tradiciones y términos lingüísticos. En contacto con la naturaleza y la tierra. También producen alimentos para sus familias y la comunidad local. Descendientes de españoles e indígenas" (Aranda 2018, 61 - 62). Si bien los criollos del Impenetrable reconocen los derechos de las comunidades indígenas a ellos les interesa visibilizar que hay “cientos de familias criollas campesinas que trabajan la tierra por más de 100 años teniendo en cuenta algunas actas de ocupación que poseen los pobladores criollos.” (Aranda 2018, 45). Así lo atestigua un poblador entrevistado por Aranda “nosotros hemos atravesados todos los caminos feos, esos caminos que allá son hechos a hacha por los fundadores de antes, que ahora ya no existen, murieron hace ya unos 150 años, están todos los caminos que ellos hicieron, las escuelas, escuelas ranchos, las salas, todo lo que hay son construcción de nuestros antepasados” (Aranda 2018, 79) Según un referente del FNC, “la Reserva Grande es un lugar que está cargado de conflictos donde los campesinos criollos de El Impenetrable se encuentran avasallados por las continuas amenazas de sufrir desalojos de sus tierras sin una respuesta desde las autoridades gubernamentales que garantice su posicionamiento territorial” (Aranda, 2018, 7). Con esto se refieren a la escasez de la seguridad jurídica sobre sus tierras. Conclusiones Interesa destacar tres ejes que dialogan con el marco teórico elegido para este artículo y que, a su vez, tensionan los paradigmas dominantes de la práctica de las políticas públicas como el desarrollo territorial rural. Primero, la cuestión del desarrollo como problema histórico y Scripta Nova 29(2) LA CREACIÓN DE LA RESERVA GRANDE COMO TERRITORIO ÉTNICO 87 como problema de gobierno donde si bien el estado figura como un actor central del desarrollo no es el único. Segundo, el desafío de instrumentalizar políticas en territorios multiétnicos y multiculturales donde participan una trama de redes complejas y superpuestas con diferentes intereses y capitales; y por último, las diversas formas de apropiación de los territorios por parte de los actores. La historia de la configuración de la Reserva Grande como un territorio étnico desde una perspectiva histórica muestra un ensamblaje de fuerzas (Rose y Miller, 1992) que disputa la definición de lo que debe ser gobernado (recursos naturales, capitales financieros, tierras públicas, sujetos subalternos) y cómo debe ser gobernado (tecnologías y dispositivos para controlar y regular los recursos naturales y a las poblaciones subalternas). Esto se da en un contexto desigual donde la provincia del Chaco ocupa un lugar periférico con respecto a las principales áreas que definen la producción del país, como la región pampeana (Cao, 2012) y donde el gobierno nacional y provincial promueven la expansión de la frontera agrícola como modelo predominante desde la década del 70. Tanto al interior del país como de la provincia del Chaco uno puede observar una multiplicidad de regiones agrarias y tipos de productores con características disímiles (Roze, 1992). Esto dificulta el poder consensuar políticas para grupos con intereses económicos y capitales distintos y explica porque varios productores de subsistencia quedan al margen de las normativas de producción y los créditos que se otorgan a los productores que son capaces de insertarse en mercados internacionales altamente competitivos. Al mismo tiempo, la heterogeneidad de las regiones, los suelos y la estructura agraria al interior del Chaco explica la instrumentalización de políticas contradictorias y superpuestas. Por ejemplo, si bien existen normativas nacionales y provinciales que garantizan el acceso preferencial a los pueblos indígenas y los pequeños productores a las tierras públicas y los recursos naturales la población ha experimentado procesos de desposesión que no han logrado contenerse. Entonces, el problema de cómo generar desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la población subalterna en esta región dominada por los intereses hegemónicos de la burguesía agraria regional y los poderes económicos ligados a la explotación forestal (Roze, 2007) sigue vigente. La búsqueda de respuestas al problema anterior involucra un proceso técnico activo donde están involucradas una plétora de autoridades con diversos centros y nodos (actores gubernamentales y no gubernamentales) que generan diferentes tipos de conocimiento (Rose, 2012). La complejidad de estas redes y la manera en que operan nos muestra que el poder es capilar y disperso y que existe una distancia entre los espacios donde se planifican las políticas, las oficinas de gobierno y ONG donde se implementan y los destinatarios. Las tecnologías de gobierno que buscan llevarse a cabo, como la participación de la población local en referéndums y en las comisiones de los proyectos, muestran la dificultad