Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina.

45 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina Fecha recepción 16-04-2025 Fecha aceptación 23-08-2025 ARTÍCULO Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 DOI: 10.4206/rev.austral.cienc.soc.2025.ne-04 Zonas de frontera, extractivismo y agua en contextos represivos y regímenes neoliberales. Las regiones de frontera latinoamericanas como La Guajira, El Chaco y Huehuetenango/Chiapas, territorios tradicionalmente habitados por indígenas, son actualmente el epicentro de grandes transformaciones vinculadas a la economía global extractiva y de reconcentración de riqueza. Es en los contextos represivos en donde fueron construidas muchas de las condiciones de posibilidad de ese modelo económico-político. Las imágenes fueron diseñadas en el marco del trabajo colaborativo que se llevó a cabo para el diseño y realización de la exposición “La Violencia Económico-Militar en el Espacio” en la UACh por la Red Procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en América Latina, la Plataforma La Violencia en el Espacio y la Universidad Austral de Chile en diciembre de 2024, curada por Federico Geller, Guadalupe Marín Burgin y Carlos Salamanca. Diseño gráfico: Guadalupe Marín Burgin, 2024-2025. 46 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina1 Borderlands, extractivism, and water under repressive contexts and neoliberal regimes: three case studies in Latin America Carlos salamanCa Villamizar2 Resumen En esta contribución analizaremos la manera en que en el agua se ha constituido en elemento de disputa tanto en contextos represivos como bajo el modelo neoliberal de características extractivas que se ha consolidado en América Latina. Este trabajo se basa en una investigación realizada desde 2016, de casos empíricos en territorios tradicionales indígenas situados en tres países latinoamericanos, Argentina, Colombia y Guatemala. Por intermedio de análisis derivados del trabajo etnográfico, cartográfico, de archivo y de fuente secundarias, nos proponemos demostrar, primero, la centralidad que tuvo la dimensión territorial en contextos represivos y de violencia masiva contra los pueblos indígenas. Segundo, nos referiremos a la manera en que el agua, ya sea por escasez, abundancia o exceso, emerge como elemento central en esos contextos de relaciones estructuralmente desiguales entre pueblos indígenas, gobiernos y mercados. Finalmente, analizamos cómo los Estados y las empresas de naturaleza extractiva proponen un escenario en el que instauran lógicas mixtas, estatales y de mercado, presentándolas como “apolíticas”. Unos y otros, juntos y articulados, como parte de su estructura y repertorio, legitiman, articulan e impulsan prácticas de despojo que incluyen distintas modalidades de violencia. Palabras clave: agua, pueblos indígenas, violencia, neoliberalismo. 1 Este artículo es una versión actualizada de la ponencia presentada a LA VIOLENCIA ECONÓMICO-MILITAR EN EL ESPACIO. V Encuentro internacional de la Red de procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en América Latina. Universidad Austral de Chile, Valdivia. 2 al 4 de diciembre de 2024. Agradezco a los asistentes a dicho encuentro por sus comentarios críticos. Gracias también a Ana Pohlenz de Tavira permitirme usar su fotografía. Agradezco a los evaluadores anónimos cuyos minuciosos y críticos comentarios me permitieron reelaborar la primera versión. 2 CONICET-Instituto de Geografía, UBA. [email protected] https://orcid.org/0000-0002-4163-4937 47 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina Abstract In this contribution, we analyze how water has become an element of dispute both in repressive contexts and under the extractive neoliberal model consolidated in Latin America. This work is based on a research conducted since 2016 on empirical cases in traditional Indigenous territories located in three Latin American countries: Argentina, Colombia, and Guatemala. Through analyses derived from ethnographic, cartographic, archival, and secondary source work, we aim to demonstrate, first, the centrality of the territorial dimension in contexts of repression and massive violence against Indigenous peoples. Second, we address how water, whether due to scarcity, abundance, or excess, emerges as a central element in these contexts of structurally unequal relations between Indigenous peoples, governments, and markets. Finally, we analyze how states and extractive companies propose a scenario in which they establish mixed state and market logics, presenting them as “apolitical”. Both, articulated as part of their structure and repertoire, legitimize, articulate, and promote practices of dispossession that include different forms of violence. Key words: Water, Indigenous Peoples, Violence, Neoliberalism. 1. Presentación El despojo, la violencia y la “acumulación originaria” son, al mismo tiempo, la condición de posibilidad del capitalismo, la evidencia de su origen y desarrollo como sistema (Marx 2004[1867]) y la estructura que permite su propia reproducción (Luxemburgo 1967). La expresión más reciente de este sistema es el neoliberalismo siendo el extractivismo, con su lógica de acumulación por desposesión, una de sus expresiones más dinámicas (Gudynas 2009; Acosta 2012; Composto 2012; Scribano 2008). Basado en la extracción masiva y la exportación de los recursos convertidos en mercancías (commodities), con poca o ninguna transformación local, sin limitarse a un solo rubro, el extractivismo implica una dependencia de la economía de mercado internacional y genera una territorialidad específica de flujos y enclaves, concentración de bienes y capital sobre la base del despojo, reproduciendo desarrollo desigual, segmentación social y zonas de sacrificio (Alimonda 2011; Gudynas 2009 y 2011; Svampa 2012; Acosta 2012). En ese marco, las investigaciones sobre el agua han cobrado relevancia al enfocarse en aspectos como las desigualdades hídricas en contextos transnacionales (Machado Aráoz 2010), los procesos extractivos (Yacoub, Duarte y Boelens 2015), los conflictos socioambientales (Pohlenz de Tavira 2021), la sobredemanda de agua y la minería (López Terán 2021) y las filosofías indígenas sobre el agua (Viaene 2021). Un campo privilegiado de análisis del despliegue del extractivismo en América Latina son las zonas de frontera. Históricamente, las zonas periféricas y de frontera han sido reconocidas como epicentro en la reproducción del capitalismo (Wallerstein 2010) y algunas de sus dinámicas en plantaciones, perlerías, minas, caucherías, obrajes e ingenios, sentaron sendos antecedentes de las dinámicas extractivas actuales. De los estudios sobre fronteras retomo aquellos aportes que reconocen las fronteras como procesos históricos y sociales (Paasi 1996; Salizzi 2017; Viñas 1982; Benedetti y 48 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 Salizzi 2014) y las zonas de frontera como construcciones sociales susceptibles de ser producidas y habitadas (Agier 2015). Reconozco aquí las zonas periféricas como articuladas a las centralidades y sus procesos de hegemonía y no alejadas o desprendidas de dichos circuitos (Amin 1981). En esa línea, retomo los trabajos que, situándose en el análisis de las condiciones de poder, identidad, economía y frontera contemporáneos, han propuesto pensar las relaciones entre territorio, autoridad y derechos en términos de ensamblajes (Sassen 2006). El neoliberalismo como modelo económico y político fue instaurado en América Latina mediante distintas estrategias que incluyen desde la construcción de consenso a las distintas modalidades de violencia desplegadas por dictaduras y gobiernos militares, así como también contextos en los que el Estado de Sitio y de Excepción, el Toque de Queda y otros dispositivos similares fueron frecuentemente utilizados por gobiernos democráticos en modalidades autoritarias. En este artículo retomo experiencias de investigación con tres pueblos indígenas con cuyas organizaciones he realizado trabajo de campo y archivo en diferentes momentos entre 2015 y 2024. Los Qom del Chaco Argentino y en particular, aquellos que habitan en barrios peri-urbanos. Los Wayúu de la parte colombiana de la península de La Guajira, en la frontera con Venezuela y los indígenas Chuj de Huehuetenango en la frontera con el Estado mexicano de Chiapas. Aunque distintas y disímiles, las experiencias y dinámicas de estos pueblos presentan similitudes que pueden ayudar a identificar y entender algunos patrones. Los gobiernos autoritarios o en su modalidad autoritaria, se extendieron en las tres regiones en diferentes momentos entre las décadas de 1970 y 2000, con fronteras porosas en los años precedentes y subsiguientes y desarrollos que no siguen una linealidad estricta. Una comprensión amplia de estos procesos requiere tener en cuenta la existencia de distintas modalidades de violencia, entre las que destaco tres. Primero, la destructiva y represiva, dominada por la violencia clandestina y distintas expresiones del terrorismo de Estado orientada a desarticular y eliminar cualquier forma de resistencia o disenso. Segundo, aquella mediante la cual se imponen de manera autoritaria sensibilidades, discursos, normativas y prácticas que habilitan determinadas ideas de ciudadanía, nación, derecho y desarrollo. La tercera modalidad, reconoce la manera en que la violencia produce espacialidades, territorialidades e infraestructuras como modo de configurar nuevos ordenes sociales (Salamanca 2019). Desarrollo mi análisis siguiendo la línea que marcan esas tres modalidades para luego proponer una perspectiva que corre el eje de las identidades culturales, políticas o territoriales y se centra en el agua y sus territorialidades; como demostraré esta perspectiva permite reconocer dimensiones transversales de la violencia y sus efectos. Antes de continuar es preciso subrayar que esta no es una aproximación comparativa. Siguiendo a Subrahmanyam (2020), en el abordaje de la problemática que aquí presento hablo de contextos y modalidades autoritarias pues no opongo democracia a dictadura como unidades opuestas de armonía/disonancia, orden/desorden, guerra/paz por razones que el mismo análisis ilustrará. Segundo, 49 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina tomo distancia del Estado-Nación como unidad analítica y adopto una perspectiva que se sitúa en la experiencia vital, concreta y material de los espacios locales y regionales como punto de articulación de fenómenos que se reiteran con similitudes y diferencias. Tercero, cuestiono la simultaneidad estructural como baremo para el análisis histórico y sitúo las dinámicas en una perspectiva histórica no lineal. De esta manera, propongo seguir los hilos que conectan dinámicas equiparables para diseccionarlas y comprender de manera más amplia y a la vez minuciosa distintos aspectos de los procesos de articulación entre agua y poder en contextos autoritarios. Es decir, formulo el mismo tipo de interrogantes a tres casos distintos de articulación entre violencia, capital y agua. Aunque no me detengo específicamente en ello aquí, el análisis pone en evidencia que los actores, paradigmas, marcos regulatorios, formas de producción y modelos económicos están evidentemente conectados, hacen parte de redes, tienen puntos de interacción y de contacto. En la primera parte presento el marco conceptual, destaco la utilidad de la mirada conectada, presento los antecedentes y la metodología. Analizo luego la manera en que el pensamiento colonial sigue estando en la base de las representaciones de los indígenas y de los territorios que habitan en las zonas de frontera. A continuación, presento caso a caso los estudios en el Chaco, La Guajira y Huehuetenango-Chiapas poniendo el agua en el centro. Al final presento las conclusiones. 2. Antecedentes El análisis de los procesos represivos en América Latina estuvo tradicionalmente centrado en el paradigma de la víctima, la violencia contra los cuerpos y las vidas humanas y para su comprensión se ha enmarcado en el campo conceptual, filosófico y moral de los derechos humanos. En términos de escenario campo político y jurisdicción, dicho análisis se ha inscrito en el Estado Nación como unidad y en el Sistema Internacional de Derechos Humanos como su principal escenario. Insertas en tensiones entre los ámbitos locales, nacionales e internacionales, los ritmos y alcances de tales dinámicas se hicieron heterogéneos. Esas dinámicas en las que la justicia, la verdad y la memoria se consolidaron como arenas de conflicto y disputa, fueron generando distinto tipo de narrativas. En informes de derechos humanos, publicaciones académicas, exposiciones, libros y prácticas artísticas, esas narrativas han permitido construir sentido en torno a las violencias sobre el pasado reciente a través de metodologías, procedimientos, paradigmas y hallazgos específicos. Entre otros, los análisis de las violaciones a los derechos civiles y políticos ganaron preponderancia por encima de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. En estas lecturas de las violencias de Estado del pasado reciente, determinados sujetos y escenarios cobraron mayor visibilidad y centralidad en el debate, las agendas y las políticas públicas. No obstante, ese trabajo allanó al camino para una comprensión cada vez más amplia y plural de los efectos de la violencia estatal ya sea en su modalidad de Terrorismo de Estado, acción contrainsurgente, de complicidad con estructuras para-estatales y paramilitares de violencia e incluso, de la construcción de consenso civil necesario para aquellas. 50 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 Es materia compleja caracterizar los márgenes de esas narrativas porque son variantes e involucran diferencias dependiendo de cada país. En Argentina fueron las poblaciones indígenas y campesinas las menos reconocidas en los circuitos académicos y políticos más importantes y no es sino hasta años recientes que ese campo empieza a ampliarse. En Guatemala, un país con una composición demográfica en la que la presencia indígena es muy significativa, se reconoció esa identidad como central a la hora de comprender la violencia (ODHAG 1998; CEH 1999). No obstante, ese reconocimiento estuvo acompañado de tensos debates que, en ocasiones, oponían las identidades indígenas y las revolucionarias. En esa misma línea, en Colombia, cuyos informes se publicaron a lo largo de las primeras dos décadas de los años 2000, dos y hasta tres décadas después de informes como los de Argentina o Guatemala, se ha avanzado en la incorporación de dimensiones hasta ahora poco exploradas de la violencia estatal en contra de sectores de población como los indígenas (CNMH 2019, 2018, 2013). Una lectura similar puede elaborarse con respecto a las narrativas de los lugares de la violencia. El Nunca Más (CONADEP 1984) enfocado en la desaparición, se refiere no solo a contextos urbanos, sino que registra ese delito en los contextos rurales3. Los informes de Guatemala (ODHAG 1998; CEH 1999) incorporan violaciones a los derechos humanos en regiones como el “Triángulo Ixil”, las Verapaces y Huehuetenango. Los informes producidos en Colombia, abordan no solo las violencias en territorios ubicados en zonas alejadas o de frontera; también las violencias ejercidas contra esos territorios y sus elementos vitales como el agua. Recientemente, las investigaciones en Colombia han mostrado, por ejemplo, cómo la guerra encontró en el agua, “una forma de causar daño, de desestructurar poblaciones, de alterar sentidos y de esconder sus horrores” (CNMH 2018: 26-27). Problematizar las narrativas de la violencia sobre el pasado reciente como objetos sociales, políticos e históricos pone en relieve la manera acumulativa en que distintas experiencias se alimentan una a la otra, los aportes de las ciencias sociales para caracterizar la violencia estatal y sus efectos al mismo tiempo que abre la puerta a formas transformadoras de memoria y de justicia. Este análisis no estaría completo sin mencionar las luchas de los pueblos indígenas por memoria, verdad, justicia y reparación que, como veremos, son también las luchas por la vida y por su territorio. Durante las mismas décadas que analizamos aquí, los indígenas han producido sus propias movilizaciones, narrativas y formas de lucha para hacer audibles e inteligibles sus experiencias de violencia y sus perspectivas sobre reparaciones justas y memorias transformadoras. Esas experiencias son importantes para el campo de los derechos humanos por incluir la dimensión colectiva, afectiva y la dimensión territorial y ambiental en este campo problemático. 3 El Nunca Más incluyó las “Desapariciones en el medio laboral agrario” (433) con referencias a ese tipo de crímenes contra los trabajadores de los ingenios azucareros en las Provincias de Tucumán y Jujuy y de los integrantes de las Ligas Agrarias, en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. 51 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina 3. La reiteración de la mirada colonial en las manifestaciones recientes de violencia estatal Las experiencias de tres pueblos indígenas muestran las maneras concretas, materiales y situadas en las que la violencia se despliega en cuerpos y territorios; una dimensión fundamental de estos procesos es la situación de opacidad en la que se encuentran estas violencias para el resto de las sociedades por cuestiones que analizaremos en este apartado pero que permiten la idea de estas poblaciones como susceptibles de ser sacrificadas en favor de un supuesto “bien común”. En este apartado reconocemos los Estados como poderosos lugares de producción cultural y simbólica (Ferguson y Gupta 2022: 35). En los tres casos la violencia de Estado se territorializó recuperando gramáticas, territorialidades y principios programáticos de naturaleza colonial en procesos articulados de alterización social y territorial. En el marco de esas épicas de soberanía el otro ya en tanto sujeto, ya en tanto territorio, se convirtieron en piezas fundamentales de los mecanismos de alteridad constituyente. Las distintas dinámicas de expansión de dichos regímenes de gobernanza autoritaria en las zonas de frontera se ubicaron, con sus especificidades, en el marco de las distintas confrontaciones impulsadas bajo la Guerra Fría, para entroncar después con dinámicas propias del modelo neoliberal (Springer 2022). Con diferentes matices, en cada caso esas violencias retomaron en efecto largas tradiciones de relacionamiento con los pueblos indígenas de cada país, a nivel de sus prácticas políticas, discursivas y territoriales. En cada caso, esa articulación se dio de múltiples maneras, velocidades y modalidades. Por ejemplo, retomando el mismo esquema relacional de hostilidad constitutiva, pero sustituyendo al enemigo de finales del siglo XIX– el indio salvaje, por una versión actualizada, el extremista, como en Argentina. Una operación que al mismo tiempo que tornaba pensable un nuevo exterminio en la década de los años 1970, refrendaba el anterior como legítimo. Para el caso de Guatemala, es posible referir a la supresión de las fronteras entre etnicidad y subversión, en razón de las vinculaciones que se establecieron entre comunidades indígenas y movimientos insurgentes. En Colombia, mientras tanto, puede citarse la atribución permanente de características de rebeldía, insurrección cuando no de terrorismo a los indígenas que rechazaban refrendar el pacto neoliberal del extractivismo en sus territorios. Son numerosos y elocuentes los elementos que permiten mostrar la complejidad de los puntos de contacto entre violencia de Estado, racismo y políticas de la diferencia cultural en la larga duración. Esas articulaciones adquieren características específicas propias a la historiografía de cada país en las que tres elementos, la frontera, la alteridad y la hostilidad se reiteran. Refiriéndose a los puntos de contacto entre el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y el acontecimiento fundante de la “Conquista del Desierto” a finales del siglo XIX, Viñas (1982) se pregunta si los indios no fueron los primeros desaparecidos. En Guatemala la estructura de oposiciones antagónicas de esa nación imaginada contrapone históricamente la población ladina (mestiza) a la indígena. En un ejercicio que también es de imaginación geográfica, tal paradigma de la diferencia y de la desigualdad materializa esas diferencias territorializándolas. Es en la década de los años 1970 que desde la sociología se 52 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 plantea la discusión sobre el racismo y el colonialismo interno en el país. De acuerdo a Rostica (2023: 1970), promotores de esa discusión como Carlos Guzmán Böckler y Jean-Loup Herbert, refieren a una separación marcada por la hostilidad y el temor recíproco; mientras el indio “miraba en el otro”, “la repetición de la conquista y de su trauma”, el ladino miraba con recelo lo que percibía como una “olla de presión”. Esa situación tenía en la montaña y la llanura dos polos a partir de los cuales se construían ideas como el vaticinio, frecuente entre los ladinos de que “cualquier día de estos, los indios van a bajar de la montaña y nos van a matar” (Guzmán Böckler y Herbert 1970: 171, en Rostica 2023: 111). Las representaciones coloniales de los indígenas también tienen en Colombia una gran performatividad. Desde finales de la década de 1990 hasta finales de la década de los años 2000, los Wayúu de La Guajira colombiana alertaron a las autoridades en varias ocasiones sobre las amenazas de ataque inminente por parte de organizaciones paramilitares que fueron sistemáticamente desoídas. En la mayoría de los casos, el ejército liberó previamente esos territorios, dejando a la población a merced de esos ataques. Cuando los Wayúu acudían a los medios de comunicación y a las autoridades a denunciar los ataques paramilitares y la complicidad del ejército, recibían como respuesta distintas narrativas que manipulaban su supuesta agresividad, hostilidad y espíritu guerrero que se declaraban desatados en guerras bajo las cuales los ataques siempre eran confrontaciones entre los propios Wayúu (CNMH 2010). Sobre la base de estos principios, esas regiones fueron el escenario del despliegue de formas intensas y específicas de violencia que se llevaron a cabo en el contexto de la Guerra Fría, construyendo regiones y poblaciones rebeldes que era necesario controlar, domesticar, civilizar. Masacres como en Colombia, políticas de tierra arrasada como en Guatemala y militarización de la vida cotidiana como en Argentina, fueron algunos de los repertorios de violencia que se ejercieron contra esas regiones y esas poblaciones. Las regiones de frontera están marcadas por la premisa de Estados que se territorializan bajo la idea de su ausencia. Aunque tiene asidero en la inexistencia o abandono evidentes de aquellas infraestructuras que permiten el acceso y ejercicio de derechos y de ciudadanía para amplios sectores de población como salud y saneamiento, educación, movilidad y producción económica, esa noción esconde una realidad. La de un Estado presente y activo, que se territorializa en estas regiones permitiendo, estimulando o habilitando intervenciones como obras de infraestructura o proyectos de colonización, la participación de distinto tipo de actores en las dinámicas productivas de la región como colonos, empresas privadas, extractivas e inversores y generando diversos tipos de procesos que pueden incluir políticas de protección ambiental, la creación de parques nacionales o la transformación a gran escala de la matriz productiva. En estas regiones, incluso, el Estado contribuye a la construcción de la condición misma de frontera y de distintos tipos de alteridad y diferencia de sus habitantes. La alteridad, la frontera y la violencia como relación constituyente entonces, no son propias de la ausencia del Estado sino más bien, manifestaciones del Estado y de sus formas específicas de territorialización. No obstante, como veremos, aun en esa condición de periferia quedan “espacios para cierta autonomía, 53 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina que fueron aprovechados [por los propios pueblos indígenas] para la resistencia al despojo” (Bastos Amigo 2022: 26). En Guatemala, entre finales de los años 1970 y 1980, los gobiernos militares y en particular el gobierno de Ríos Montt, llevaron a cabo en Huehuetenango y en otras regiones del país masacres y asesinatos sistemáticos, políticas de tierra arrasada en diferentes regiones del país y creación de pueblos nuevos, “polos de desarrollo” como estrategia contrainsurgente. Estas políticas generaron importantes desplazamientos de la población indígena hacia las tierras altas y otras regiones del país e incluso del otro lado de la frontera con México. Como veremos, esas políticas represivas, fueron de la mano de cambios legales y administrativos en cuyo centro estaba la posesión y uso de bienes comunes como el agua. En Colombia no puede hablarse de una dictadura en sentido estricto. No obstante, para los sectores populares, así como para la población indígena, las décadas de los años 1990 y el comienzo de los años 2000 se vieron marcadas por una agudización de las confrontaciones entre las organizaciones subversivas y el Estado que, en alianza con empresarios, élites regionales, grandes propietarios de tierra (entre otros), recurrieron a actores armados paramilitares. Esta alianza fue un verdadero entramado de alianzas y complicidades que, bajo la premisa del combate contra la subversión, intentó transformar la sociedad colombiana. Bajo esta alianza en diferentes regiones del país se violaron masivamente los derechos humanos de amplios sectores de población que ya venían amenazadas por las violencias de las organizaciones subversivas. Durante la primera década de los años 2000, el caso de los pueblos indígenas fue de tal gravedad que 23 de ellos fueron declarados en peligro de supervivencia por la Corte Constitucional en 2009. Con la sociedad sitiada y los líderes ambientales, indígenas y campesinos en la primera línea de la violencia paramilitar, empresarios y empresas nacionales e internacionales, paramilitares y otros actores avanzaron sobre las tierras y los territorios indígenas. 4. Neoliberalismo, multiculturalismo y las gobernanzas extractivas En la década de los años 1990, todos los Estados de la región latinoamericana reconocieron los derechos de los pueblos indígenas. Este proceso estuvo impulsado por acontecimientos, procesos sociales y liderazgos que se venían gestando décadas atrás y que significaron una esperanza de cambio real para los indígenas en América Latina. En 2001, cuando llegué al Chaco, indígenas e investigadores aún manteníamos cierto entusiasmo por el giro multicultural. Sin embargo, rápidamente se tornó evidente que ese reconocimiento también significaba el establecimiento de marcos jurídicos para facilitar bases de entendimiento entre empresas y pueblos indígenas por intermedio de mecanismos que iban desde el ordenamiento jurídico de las tierras e incluso, su titulación, al reconocimiento de mecanismos como los de consulta y consentimiento previo. Posteriormente y con ese marco, impulsaron distinto tipo de proyectos extractivos en el contexto del consenso de los commodities (Svampa 2012) que avanzaron sobre los territorios indígenas. 60 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 consecuentes procesos de desarrollo desigual. Las formas de reparación de la violencia estatal coinciden con las formas de reparación de las economías extractivas en un punto; aquél en el que las violencias contra el territorio no son tenidas en cuenta ni reparadas y más bien, se implementan medidas paliativas fragmentarias y en muchos casos desarticuladas, que crean o refrendan relaciones de dependencia del Estado y distintos tipos de Organizaciones no Gubernamentales o de Cooperación Internacional. Organizaciones sociales indígenas como Fuerza de Mueres Wayúu que emergieron y se consolidaron durante las últimas décadas frente a la violencia de Estado y paraestatal no estuvieron ajenas a las discusiones acerca de extractivismo y la crisis ambiental pues una y otra cuestión se cierne sobre el mismo territorio y la misma población. Incluso, en muchos casos, las mismas organizaciones han incorporado ambas preocupaciones en sus propias agendas organizativas. En 2017, las organizaciones indígenas y de comunidades afro e indígenas presentaron una acción de amparo y lograron la intervención de la Corte Constitucional con la Sentencia SU698/17 “DERECHO A LA SALUD, AL AGUA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE COMUNIDADES INDIGENASCaso en que accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión del proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno que adelanta el Cerrejón”. La sentencia representa un precedente de importancia, al establecer: la satisfacción del derecho al agua, a la alimentación y a la salud no se produce únicamente por vía de garantizar que el Estado provea externamente las prestaciones asociadas a estos derechos, esto es, proveyendo del recurso hídrico de calidad a las comunidades, de alimentos que aseguren una nutrición adecuada, o de un sistema sanitaria accesible, sino asegurando que el ecosistema pueda seguir suministrando a las comunidades los servicios de los que históricamente ha venido dependiendo. Es decir, en estos escenarios el goce de estos derechos no se satisface únicamente mediante su faceta prestacional, sino garantizando la continuidad en el suministro de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad. Sin hacerlo de manera explícita, la Sentencia pone en cuestión los mecanismos de compensación y responsabilidad empresarial que habitualmente ha desplegado el Cerrejón en el territorio y que, entre otros, consisten, como ya hemos dicho, en proveer camiones de agua potable, agua en repositorios y programas y políticas alimentarios con una regularidad y escala que sobrepasa, por lejos, las acciones gubernamentales. Para ello, la Sentencia establece dos argumentos, pertinentes para la discusión que queremos proponer aquí. Por una parte, la interpretación asistencialista de estos derechos no solo “genera y profundiza relaciones de dependencia entre las comunidades y el Estado o los actores económicos que están en capacidad de proveer estos bienes”. También “se puede traducir en una amenaza para el ejercicio de diferentes derechos”. Segundo, tal interpretación prestacional de los derechos, es tan solo un “remedio parcial” a problemáticas profundas y de gran calado que, afirma la Sentencia, “requieren soluciones de orden estructural”. La sentencia formula el interrogante acerca de los tipos de reparación más adecuados frente a las afectaciones territoriales. En esa línea, vale preguntarse si interrogantes similares son pertinentes frente a los efectos territoriales de la violencia estatal y paraestatal. En su sentencia de 2017 frente 61 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina al caso del arroyo Bruno, la Corte ordenó mantener una Mesa Técnica Interinstitucional en la que participaban El Cerrejón y entidades del Estado, con el fin de garantizar “espacios de participación suficientes”. En paralelo, dispuso que esa Mesa produjera un informe técnico para resolver ciertas incertidumbres ambientales, sociales y científicas sobre qué pasaba si el Bruno se mantenía desviado. En 2022, la mesa publicó el estudio argumentando que era posible dar el aval a mantener el arroyo desviado. De acuerdo a tal informe, todas las dimensiones, incluidas aquellas que tienen que ver con lo “cosmogónico, espiritual y cultural”, fueron atendidas. A favor de esta hipótesis se sumaron voces de expertos que respaldaban la idea con conocimiento científico, de que la explotación minera es sustentable. En 2023 y los años siguientes, las comunidades wayúu y afro y las ONG que les prestaban asesoría se enfrentaron una y otra vez a la contundencia de esta alianza entre saberes expertos, poder económico y voluntad política en “controversias socio-técnicas” (Latour 2008), en las que sus voces y perspectivas contrarias no tenían posibilidad de ser escuchadas. 62 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 Imagen 3. Perspectiva histórica de cuatro cartografías extractivas (2013, 2022, 2021 y 2023).8 Fuente: Imagen y composición: Guadalupe Marín Burgin. 8 Muestra algunos aspectos del despliegue de las economías del carbón, el gas el petróleo y la energía eólica desde la creación de la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón a mediados de los años 1980. Investigación sobre mapas del autor. 63 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina En otros artículos hemos demostrado la coexistencia entre la expansión de la violencia paramilitar, los proyectos extractivos y la crisis humanitaria producida por la escasez de agua potable en el seno de la sociedad Wayúu. De la composición que presentamos en la imagen 3 se derivan varias conclusiones. Primero, las economías extractivas no se extienden en un desierto deshabitado sino en un territorio nombrado, habitado y cruzado por historias ambientales que contradicen la sequedad y el vacío como lo muestran los topónimos que se encuentran en todo el territorio peninsular. Segundo, el Resguardo es un dispositivo apto para la expansión y reproducción de estas economías. Tercero, las territorialidades extractivas son acumulativas, es decir, las infraestructuras de caminos, puertos y bases operativas permiten la aparición y consolidación de otras nuevas. Cuarto, en la expansión de estas economías, los intereses y las agencias de Estados, empresas y consultoras, se confunden desde su concepción misma en informes, evaluaciones de impacto ambiental y estudios elaborados en la opacidad de las acciones compartidas. Quinto, si se tienen en cuenta las fechas de esta expansión, es durante los años más violentos del paramilitarismo que se consolida el batallón de vigilancia de las infraestructuras energéticas, se amplía notablemente el área de explotación de El Cerrejón, se construyen los gasoductos que atraviesan el territorio y se edifica el primer parque eólico (2004). Al respecto, Jespersgaard Jacobsenn, Marín-López y Serrano Zapata (2024) afirman: Durante el período más violento del conflicto armado colombiano (décadas de 1980-2010), varias empresas transnacionales en Colombia, especialmente las de los sectores extractivo y agroindustrial, se establecieron y expandieron. Algunas de estas empresas figuraron en las listas de las veinte empresas más rentables de Colombia y durante la década de 1990, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia creció a un promedio anual del 55 %. Esto desafía aquella narrativa que se encuentra habitualmente en los manuales corporativos, de que el conflicto es malo para los negocios (énfasis mío). Con respecto al vínculo de la acción militar con la infraestructura extractiva, se destacan tres elementos. Primero, la creación de la Fuerza de Tarea Guajira activada en 2010, con el propósito principal de “garantizar la seguridad y el funcionamiento normal de las actividades mineras en la vía férrea y en el complejo carbonífero Cerrejón” (El Pilón 2010). Segundo, la creación del Batallón Especial Energético y Vial Nº 17 creado en 2012 en Albania para “proteger la infraestructura carbonífera del complejo del Cerrejón” (El Espectador 2012; INFODEFENSA 2012). Tercero, el Plan de Seguridad y Protección a la transición energética, presentado en 2022, con el fin de “proteger durante los próximos 30 años los parques eólicos y solares”; lo que incluye “la custodia y protección a las vías por dónde se trasladarán los materiales e insumos” y ofrecer garantías de seguridad de dichos proyectos de infraestructura crítica durante “su tiempo de construcción” (El Nuevo Siglo 2022). 4.3. Agua, violencia y despojo en Guatemala En Guatemala los instrumentos legales operaron en la transformación de los territorios de vida de los pueblos indígenas en escenarios propicios para la explotación económica. Una muestra clave de este nuevo orden en construcción en Guatemala lo constituyen dos instrumentos legales sancionados en 1982, el mismo año en que Ríos Montt llevaba a cabo la más letal política de tierra arrasada contra los 64 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 pueblos indígenas del Altiplano. El primero, el Decreto Ley 24-1982 modifica parcialmente el estatuto de gobierno y en el artículo 63 y 64 dicho Decreto dice: … Se declaran bienes de la Nación: (2) “(…) los lagos, ríos navegables y flotables y sus riberas, las que le corresponden en los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la Nación, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico y las aguas no aprovechadas por particulares” (…) (5)“… el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas e inorgánicas” (…) (6) “… los monumentos y las reliquias arqueológicas” (Artículo 63). “La Nación se reserva el dominio de una faja terrestre de (…) doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables y de cincuenta metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las ciudades o poblaciones (Artículo 64). Dos años después, el gobierno guatemalteco sanciona la Ley 65-84 del 26 de junio de 1984 con el fin de organizar una división administrativa que permita la presencia del ejército aún en el lugar más apartado del país, pues la presencia espacial del ejército se debe corresponder a las necesidades y objetivos de los polos de desarrollo; utilizar el poder del ejército para descentralizar el sistema administrativo del Estado, de modo que la estructura administrativa pueda ser utilizada por el ejército para controlar el nivel local y el nacional (Maldonado, 1988). Una comprensión sistemática de las políticas de contrainsurgencia requiere del reconocimiento de múltiples procesos paralelos y articulados. En otro trabajo hecho en colaboración, hemos propuesto el análisis crítico de la contrainsurgencia en 5 dimensiones: (a) Desmantelamiento de los espacios de autonomía, (b) Militarización (c) Paramilitarización, (d) Infraestructura y (e) Cambios en los marcos regulatorios, legales y administrativos (Salamanca y Pecker 2025, mimeo). 65 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina Imagen 4. Altar en el cerro de Pacoxom.97 Fuente: Ana Pohlenz de Tavira, 2018. Analizar las políticas de contrainsurgencia en relación con los bienes comunes es productivo en razón de tres elementos. En primer lugar, para los pueblos indígenas que habitan la región, el agua es un elemento estructurante del territorio; entre otros, como principio de organización territorial, como fundamento de la vida práctica y como elemento simbólico. Al construir los espacios de autonomía de dichos pueblos como un obstáculo a la pacificación y al desarrollo, las políticas de contrainsurgencia fueron diseñadas para romper sus vínculos vitales con el territorio. En segundo lugar, en estas zonas de frontera las políticas de contrainsurgencia como política de Estado se articularon con la expansión del capitalismo. En la región de estudio y en particular la llamada Franja Transversal del Norte, esta expansión consistió en el despliegue de formas de producción económica centradas en el extractivismo y la sobre-explotación de la naturaleza, como lo son los proyectos hidroeléctricos. En tercer lugar, en los 97 Aquí se llevó a cabo una de las masacres de Río Negro en 1980 en el río Chixoy en el marco de la construcción de una hidroeléctrica. La construcción de la represa Chixoy en las tierras ancestrales de la comunidad de Río Negro comenzó en el año 1977. El embalse empezó a llenarse de agua a partir del mes de enero de 1983. En el marco de esta construcción el Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982 perpetraron varias masacres en contra de los miembros de la comunidad de Río Negro ejecutadas en lugares como la capilla de Río Negro (1980), la Aldea de Xococ (1982), el Cerro de Pacoxom (1982), “Los Encuentros” (1982) y “Agua Fría” (1982). Los sobrevivientes perdieron el contacto con sus tierras sagradas, pues muchos de estos sitios sagrados quedaron inundados con la construcción de la hidroeléctrica. Las personas que lograron escapar de las distintas masacres perpetradas se refugiaron en las montañas, despojados de todas sus pertenencias, durmiendo a la intemperie y huyendo de los soldados y patrulleros que los perseguían. Después de 1983 algunos sobrevivientes fueron reasentados por el gobierno en la colonia Pacux detrás del destacamento militar de Rabinal y en condiciones muy precarias. El Estado guatemalteco fue hallado responsable de los hechos por la CIDH en 2012. 66 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 contextos actuales, la defensa del territorio, del agua y de los bienes comunes adquieren un sentido de articulación de las luchas históricas por la vida que actualmente llevan a cabo los pueblos indígenas de la región. Es por esos elementos que hemos seleccionado todas aquellas acciones, políticas o medidas que, de una u otra forma, afectan, condicionan, limitan el uso del agua para la población. La microrregión de Yich Kisis está ubicada en el extremo norte del municipio de San Mateo Ixtatán. Colinda con la frontera de México y forma parte de la Franja Transversal Norte (FTN). Se conforma por 10 comunidades ente las que se encuentra Yich Kisis (El Observador 2017). Está situada a los pies del macizo de Los Cuchumatanes, a unos 800 metros msnm, y en cercanías del río Pojom (Pohlenz de Tavira 2020b). En los años 1960, se establecieron indígenas Chuj, Q’anjob’al y Akateko y mestizos de otras partes del país. Durante el conflicto armado muchos de sus habitantes tuvieron que huir, incluso del otro lado de la frontera con México (CEH 1999: 438). Con antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX, en torno a la FTN se generaron una serie de proyectos económicos extractivos, especulativos y de monocultivo, liderados por los militares para su propio beneficio (Solano 2012; Rogers 2013; Jiménez 2013). El alto mando militar de los gobiernos de la década de 1970 fue el mayor beneficiado con la distribución de fincas ganaderas de 450 hectáreas a empresarios, políticos, ganaderos, y militares. Lucas García, por ejemplo, tuvo participación en la FTN y cuando inició su presidencia en 1978 ya poseía 40.500 hectáreas de tierra. La tendencia siguió durante los años más violentos de la campaña contrainsurgente y “hacia 1983 el 60% de la superficie del departamento de Alta Verapaz era propiedad de militares; cuatro oficiales del ejército que habían integrado los gobiernos militares de Laugerud y de Lucas García eran dueños de 285.000 hectáreas” (Vilas 1992: 20). El poder de este último se extendía hasta San Mateo Ixtatán en donde tenía interés en el sector maderero que incluían aserraderos y alianzas con compañías forestales (Solano 2012: 38). En el accionar especulativo derivado de la combinación de inversiones y acciones contrainsurgentes y las políticas de expulsión de campesinos, empresarios e inversores y no solo los militares sacaban provecho. Las empresas petroleras e inversionistas se aprovecharon de la captura del Estado por parte de los militares quienes ofrecían información estratégica, crédito público y otros mecanismos financieros. Las complicidades entre individuos se articularon con una participación institucional del ejército en el mundo de los negocios que incluyó corporaciones financieras, fondos de pensión, proyectos inmobiliarios y alianzas con grupos económicos. Después del fin de la guerra en 1986, “la visión que prevalecerá para el desarrollo de la FTN, será de corte empresarial” (Solano 2012: 58), de la mano de las inversiones mineras, el petróleo, la explotación de madera, el monocultivo de azúcar y palma africana, la producción de biocombustibles y claro, la energía hidroeléctrica. Desde los primeros años de la década de los años 2000, una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos fueron impulsados por capitales nacionales y extranjeros en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango como parte de un Anillo Hidroeléctrico que busca llevar la energía generada por hidroeléctricas hacia los principales centros receptores y consumidores de electricidad, ubicados en la zona central y sur del país, en el marco del planes creados por la Comisión Nacional 67 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina de Energía Eléctrica (CNEE). Solamente al norte de Huehuetenango, se presentaron proyectos para la construcción de 11 hidroeléctricas. Para obtener terrenos, permisos y trabajadores, las empresas “usaron el engaño, la cooptación y la intimidación”. Posteriormente, cuando las comunidades empiezan a oponer resistencia a estas iniciativas, vinieron las políticas represivas y los asesinatos contra líderes comunitarios (Bastos Amigo 2022: 26). A la llegada de las empresas hidroeléctricas, la pobreza dominaba la región, las familias se dedicaban a agricultura de autoconsumo en viviendas sin servicios y existían aún profundas divisiones internas heredadas de la época de la guerra. La retórica que antecedía su instalación combinaba discursos técnicos y políticos que legitimaban la iniciativa al mismo tiempo que ubicaban fuera de la comunidad nacional a los habitantes de la región que se oponían a la iniciativa. La importancia que tuvieron los discursos y las políticas de la contrainsurgencia en la consolidación del extractivismo puede verse también en algunas continuidades. Durante la construcción del modelo económico y político centrado en la economía extractiva, de las formas autoritarias de gobierno se retomaron y se replicaron algunos elementos como la invención del enemigo interno, la declaración de zonas o regiones como “rojas” o rebeldes y la estigmatización de esas poblaciones, el desplazamiento, la destrucción a gran escala de la naturaleza y la construcción de obras de infraestructura como estrategia de control territorial y social. El lugar de Yich Kisis en donde la empresa proyectos Hidroeléctricos S. A. (PDHSA) dispuso la instalación de sus oficinas y talleres en 2007 fue el mismo que fue sede de una unidad armada, nodo central de las políticas represivas de la región. A su vez, la compañía contratada por la empresa para su seguridad estaba conformada por antiguos miembros de las Patrullas de Autodefensa Campesina (PAC), una numerosa fuerza paramilitar creada por el Estado guatemalteco. No se trata de fronteras porosas entre fuerzas dos esferas, más bien, se trata de una forma de gobierno con repertorios distintos pero complementarios de acción. En efecto, tal como afirma Pohlenz de Tavira, Los proyectos hidroeléctricos planeados para la cuenca del Usumacinta forman parte de las políticas de desarrollo que conforman un solo proyecto contrainsurgente de largo alcance, que en ciertos periodos y territorios alcanzó características de una guerra prolongada y en otros de una guerra de baja intensidad. De la mano de la militarización de los territorios se establecieron planes de explotación del potencial hidroeléctrico (2021: 118). En Guatemala las organizaciones indígenas que tuvieron gran protagonismo en la defensa del territorio, tenían amplia experiencia por haber sido centrales en la defensa de derechos frente al terrorismo de Estado y las operaciones de contrainsurgencia del ejército guatemalteco. En respuesta al despliegue de los proyectos extractivos en Guatemala y, en particular, de las empresas hidroeléctricas generaron numerosas dinámicas. En términos organizativos, como afirma Bastos, las comunidades del extremo noroccidental de la república, constituyeron la organización autodenominada Gobierno Ancestral Plurinacional de las naciones originarias Akateka, Chuj, Popti’ y Q’anjob’al (Bastos Amigo 2022: 20). Entre el 2006 y el 2009 se llevaron a cabo 12 consultas comunitarias de buena fe, y en todas ellas las votaciones trajeron rotundos triunfos de rechazo a la construcción de proyectos hidroeléctricos (Ibíd.: 28). 68 Revista Austral de Ciencias Sociales (Número Especial): 45-72, 2025 Cuando en Yich Kisis se quisieron instalar dos hidroeléctricas, la población recurrió a diversas estrategias y formas de oposición que incluían acciones en el lugar mismo como marchas, asambleas comunitarias, alianzas con otros actores e incluso acciones jurídicas en el contexto internacional. El gobierno guatemalteco desestimó estas expresiones de voluntad popular por cuestiones de forma mientras que la conflictividad en torno a las hidroeléctricas iba en aumento. Las organizaciones de base fueron perseguidas y amenazadas y varios líderes comunitarios fueron hostigados y algunos de ellos detenidos arbitrariamente, con argumentos que retomaban el principio de la amenaza y la rebeldía que el Estado estaría en la obligación de reprimir. Una sólida alianza entre organizaciones indígenas, medios alternativos y ONG nacionales e internacionales permitió suspender hasta el momento las operaciones de la empresa. 5. Comentarios finales Las disputas por el agua y los bienes comunes que los pueblos indígenas enfrentan hoy en distintas regiones de todo el mundo se juegan no solo en el presente, requieren ser documentados y analizados críticamente, lo que incluye mostrar diferentes articulaciones entre la violencia de Estado y el paradigma neoliberal en el pasado reciente. Argentina nos ilustra que la violencia reproduce las estructuras de desigualdad a partir de diferencias de clase, cultura y etnicidad y que las formas actuales del neoliberalismo pueden encontrar una y otra vez nuevas alternativas para mercantilizar y extraer riqueza de los cuerpos, la basura y la tierra y convertir en zonas de sacrificio aquellos lugares que se consideren necesarios. Guatemala evidencia que la persistencia de las estructuras de impunidad permitió a militares y empresarios perpetuarse y refrendar alianzas ocasionales que les permitieron avanzar con proyectos extractivos en esos territorios en los que hasta hace poco tiempo habían sometido al terror. Colombia nos enseña que las situaciones de conflicto armado interno y las operaciones de contrainsurgencia y paramilitarización no son contrarias a la expansión del neoliberalismo sino más bien pueden contribuir a su expansión y consolidación. A través de los procesos de movilización por la memoria, la verdad, la justicia y la autodeterminación frente al Terrorismo de Estado, los tres casos reflejan que, con sus similitudes y diferencias, las poblaciones indígenas adquirieron experiencias individuales y colectivas. Sobre la base de esas experiencias muchas organizaciones indígenas construyeron en sus saberes-sensibilidades socioterritoriales elementos epistemológicos, de cohesión y de sentido sobre los cuales edificar sus luchas por sus territorios frente a los embates del neoliberalismo. Las reflexiones en torno al agua, en sus múltiples materialidades y dimensiones, son herederas de intensos procesos por parte de movimientos populares y comunidades en todo el continente reclamando la protección del agua. Esos movimientos han puesto en evidencia que el agua conecta territorios aparentemente desconectados, distantes y disímiles, además de que es un síntoma contundente de la sostenibilidad de la vida y que en su defensa son necesarios paradigmas distintos a los que el neoliberalismo propone y permite. 69 Zonas de frontera, extractivismo y agua bajo contextos represivos y regímenes neoliberales: tres estudios de caso en América Latina En los tres casos, las leyes y los marcos regulatorios se constituyen como dispositivos habilitantes del despojo al establecer no solo las condiciones de posibilidad para la mercantilización de los bienes naturales sino los (limitados) esquemas desde donde pueden establecerse los disensos y las contestaciones a esos procesos. Para esto, ejercen distintos métodos de separación de los Pueblos Indígenas de sus territorios, segregan la naturaleza en unidades susceptibles de ser explotadas y comercializadas, habilitan deliberadamente la fragmentación de los tejidos sociales de los pueblos en unidades y autoridades cada vez más pequeñas y numerosas para así, incorporarlas de manera arbitraria a los mecanismos de captura del capitalismo. En todo este transcurso, hemos visto, también en los tres casos, el rol instituyente de una violencia de naturaleza colonial que se actualiza, una y otra vez, mediante una doctrina de características contrainsurgentes para sostener el despojo. Los pueblos indígenas recurren a distinto tipo de acciones para defender sus derechos entre las que se encuentran intervenciones de acción directa, movilizaciones, expresiones de autodeterminación y estrategias judiciales. Estas acciones, aún bajo el paraguas de los derechos humanos, chocan una y otra vez frente a un sistema poco proclive a reconocer las formas específicas en las que los indígenas mantienen una interdependencia espiritual y material con sus territorios de vida y la importancia de habilitar esas otras formas de vida. Aún más preocupante es la capacidad creciente de las empresas y del capital para dejar en suspenso las demandas indígenas con estrategias que combinan la dilatación en el tiempo, la fragmentación de las agencias políticas y la instrumentación del conocimiento técnico. A partir de perspectivas que se alejan de la discusión en términos de derechos para acercarse a discusiones socio-técnicas, con desparpajo se abren a debate la contaminación, la sobre-explotación o la captura de las fuentes de agua por la instalación de plantas, minas e infraestructuras extractivas en zonas destinadas al sacrificio mediante informes técnicos, evaluaciones de impacto ambiental, saberes expertos que desestiman los conocimientos y sensibilidades socio-territoriales indígenas. En estas querellas nuevas, los indígenas claramente están en una situación de desigualdad estructural ya no sólo para hacer audibles sus voces sino comprensibles e ininteligibles sus perspectivas y valores. Se suman aquí, por una parte, los limitantes epistémicos de comprensión entre paradigmas distintos; por otra, un neoliberalismo siempre capaz de captura y de transformación de esos conocimientos en mercancía. El sistema de derechos humanos sobre el que hasta ahora estaba construido el horizonte de lo posible para la mayoría de pueblos indígenas del Continente está en crisis. La evidencia de estar en la intemperie por efecto de un sistema que proclama derechos que no garantiza del todo, sumado a la degradación progresiva de los territorios de vida y los efectos de cambio climático requiere replantear la estrategia. ¿Cómo imaginar formas de acción política que subviertan el orden existente y a la vez, sustraerse sin a los mecanismos políticos, jurídicos, técnicos que permiten y estimulan su captura? ¿Cómo salir de este circuito neoliberal de la compensación que propone reparaciones, parciales e insuficientes, a quienes sufren las consecuencias de su propia reproducción? En las respuestas a algunas de esas preguntas quizás se encuentren pistas para pensar, estrategias que, teniendo en cuenta las trayectorias largas de la violencia y del despojo, permitan imaginar de manera transformadora alguna posibilidad para la vida colectiva.