Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad

AGROECOLOGÍA URBANA Y PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT EN DEFENSA DEL DERECHO A LA CIUDAD Glenda Dimuro Peter Marta Soler Montiel Esteban de Manuel Jerez Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 223 1. La ciudad contra el campo en Andalucía En la actualidad en Europa, se estima que las tasas de crecimiento anual de la superficie urbanizada en áreas periurbanas son del 2%. España es el país europeo con mayores tasas de aumento de las superficies de suelos artificializados1 y de regadíos, que han crecido 240.166 ha entre 1987 y 2000, representando un incremento relativo de 29,5%,aumentando seis veces más que la población, a la vez que presenta el mayor descenso de superfícies forestales con vegetación natural y espacios abiertos (OSE, 2006). Este proceso ha sido especialmente intenso en la periferia de las grandes ciudades donde se destruyeron, y todavía hoy se destruyen, suelos agrícolas de gran calidad2 (Simón et al., 2012). Estos cambios han ido acompañados, cuando no impulsados, por políticas públicas, principalmente de planificación urbana, orientadas al crecimiento, proyectando ciudades contra el campo (Verdaguer, 2012) e ignorando, en la mayoría de los casos, la realidad agraria que pervive en los bordes urbanos. De esta manera se desaprovechan el potencial multifuncional de los suelos agrícolas como elemento esencial en una nueva estrategia para un diseño sostenible de las ciudades (Bohn & Viljoen, 2005). Andalucía no se ha mantenido al margen de este proceso registrando un incremento de suelos artificiales cercano al 30% entre los años 1987 y 2000 (OSE, 2006). Granada ha sido la provincia que más ha aumentado su suelo artificial3 (42,2%), restando en 2007 apenas un 10% de espacio disponible para el crecimiento del término municipal (Rodríguez et al., 2011). Una de las zonas que más ha sufrido la expansión urbanística ha sido la Vega de Granada, especialmente los terrenos ubicados en la zona de influencia más directa de la capital. A lo largo del siglo XX, el crecimiento del suelo urbano de esta región ha sido de casi 700% (ibid.), ocasionando importantes transformaciones en su espacio agrario. Pese a existir una amplia legislación favorable a la protección del patrimonio agrícola y natural de la Vega de Granada, es cada 1 Superficie de territorio que modifica su uso original para ser ocupada por usos urbanos (residenciales, equipamientos, productivos) e infraestructuras, no vinculados a usos agrarios o forestales (OSE, 2006). 2 La espansión de superfícies artificiales ha avanzado a costa de tierras de labor y cultivos permanentes (46%), praderas y mosaicos de cultivo (24%), forestal desarbolado (17%) y foerstal arbolado (10%) (OSE, 2006). 3 Seguida de Sevilla y Córdoba (27,35), Málaga (19,2%) y Cádiz (12,1%). En Andalucía, el origen de estos suelos artificiales son: tierras de labor (34%), cultivos permanentes (16,4%), zonas agrícolas hererogéneas (17,4%), bosques arbolados (5,2%), especies de vegetación (19,7%), espacios abiertos con poca o sin vegetación (5,4%) y el resto (1,8%) (OSE, 2006). Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 224 vez mayor la tendencia a la ocupación de sus tierras para la urbanización (Menor, 1997). La rentabilidad del negocio inmobiliario frente a la productividad agrícola tradicional ha generado expectativas económicas en la propiedad de las tierras y, consecuentemente, la expansión del cinturón metropolitano. El crecimiento de algunos municipios y la trasformación de pueblos en ciudades dormitorio han convertido esta zona agraria en una aglomeración urbana de 32 municipios con una población de 450.000 habitantes (Fernández, 2010). El incremento del suelo urbanizado y de la población, bastante dependiente de la capital, han aumentado a su vez la demanda de infraestructuras de transporte, lo que ha contribuido a la fragmentación de los suelos fértiles para el cultivo y dificultando el uso agrario (ibid.). En Sevilla, entre 1946 y 2006 el suelo urbano creció un 53,46% pasando de ocupar el 6,54% del término municipal hasta alcanzar el 60% del territorio (PGOU Sevilla, Memoria de Información, 2006). Pese a la retórica de la sostenibilidad que ha acompañado los últimos planes urbanísticos de la ciudad, Sevilla también ha vivido un proceso de acelerada expansión urbanística, que ha tenido lugar prioritariamente destruyendo suelo agrícola fértil en la periferia de la ciudad. Esto se puede observar claramente en el último Plan de Ordenación Urbana, aprobado en 2006, que afirmaba su compromiso con “la sostenibilidad y preservación y potenciación del medio natural rural”4 a la vez que proponía urbanizar el 54% del suelo agrícola que descendería en el municipio del 36% al 16% del suelo, quedando el 80% del territorio municipal urbanizado.5 La crisis financiera e inmobiliaria ha parado estos procesos a la vez que ha puesto de manifiesto las contradicciones sociales y ambientales inherentes al modelo de ciudad imperante en España. En Andalucía persiste un problema acuciante de vivienda a la vez que se estima que en 2011 existían 637.221 viviendas vacías, el 18,5% del total y un 13,9% más de viviendas desocupadas que en 2001, según datos del Censo de Población y Vivienda (INE, 2013a). El desempleo es de los más altos del Estado español, estimándose en el segundo trimestre de 2013 en el 36,37% para la Comunidad Autónoma (INE, 2013b). Simultáneamente se mantienen importantes problemas ambientales ya que, como apunta el Informe de Medio Ambiente en Andalucía, “este crecimiento de la superficie construida de nuestras ciudades lleva implícita la aparición de otras presiones ambientales, como son el incremento de la generación de residuos, del consumo de agua, de energía eléctrica y de sellado del suelo, la intensificación del transporte y la movilidad, etc.” (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012). 4 PGOU Sevilla, Memoria de Ordenación, 2006, p. III.9. Disponible en http://www.sevilla.org/plandesevilla/participacion/participacion.html (Consultado en 24/10/2013) 5 El 4% del suelo restante es suelo natural relacionado con el sistema fluvial. Los espacios con valores naturales como bosques autóctonos desaparecieron ya en la década de 1950 por lo que el término municipal carece de espacios naturales preservados. Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 225 Sin embargo, al margen de políticas públicas y de la planificación urbana y en contra de las dinámicas dominantes en el mercado inmobiliario, la agricultura urbana6 no sólo persiste en la geografía andaluza, si no que en las últimas décadas no ha dejado de aportar nuevos proyectos y propuestas para nuevos modelos de ciudad. Estos procesos generan un amplio tejido social y productivo que se extiende por diversas partes del territorio, contribuyendo a la articulación entre la producción y el consumo de alimentos y creando redes agroecológicas urbanas. Estos proyectos de agricultura urbana son expresiones del reclamo del derecho a la ciudad de grupos ciudadanos excluidos del proceso de planificación y construcción institucional del espacio urbano. La agricultura se convierte en herramienta para expresar un modelo alternativo de ciudad y llevarlo a la práctica desde la acción colectiva. La producción y gestión social del hábitat (en adelante PGSH) y la agroecología son instrumentos que confluyen en estos proyectos de agricultura urbana, marcándolos como señas de identidad. Las iniciativas de agricultura urbana agroecológica se extienden por toda Andalucía aunque Granada, Córdoba y Sevilla son las ciudades andaluzas donde encontramos un mayor número de proyectos de agroecología urbana impulsados por la ciudadanía. En Granada existe un esfuerzo colectivo de organizaciones7 agrarias, sociales, universitarias, ecologistas, técnicos agrarios y otras personas de distintos ámbitos sociales y profesionales para protección y dinamización socioeconómica y ambiental de la Vega como espacio cultural complejo (Puente, 2013), que en los últimos años viene trabajando también en el sentido de reconectar la producción agrícola cercana a la capital al consumo urbano, por medio de mercados ecológicos mensuales8 y venta directa a grupos de consumo. En Córdoba también hay una amplia red de iniciativas agroecológicas urbanas, entre las cuales destaca por su dinamismo en los últimos años la “Asociación agroecológica La Acequia”9 que tiene el objetivo de crear una 6 La diversidad de procesos generados alrededor del hecho de cultivar en ámbitos urbanos ha dado lugar a muchas interpretaciones respecto a la definición de agricultura urbana. Al día de hoy todavía no se maneja un concepto común entre la comunidad académica, instituciones, gobiernos y agentes locales. Utilizaremos el término agricultura urbana de forma genérica para designar tanto la agricultura que se desarrolla en espacios dentro de la trama urbana consolidada (agricultura urbana), como aquella que se ubica en los márgenes del término municipal, en la frontera física entre la ciudad y el campo (agricultura periurbana). Es decir, nombraremos como agricultura urbana toda actividad agraria que tiene lugar en el término municipal y está inserta y se relaciona directamente con las dinámicas y procesos del sistema económico, social y territorial urbano (Mougeot, 2001). 7 Muchas de ellas organizadas en la “Plataforma Salvemos la Vega”. 8 Más información disponible en http://ecomercadodegranada.blogspot.com.es (Consulado en 18/11/2013). 9 Más información disponible en http://la-acequia.blogspot.com.es/ (Consulado en 21/11/2013) Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 226 red de producción y consumo de alimentos provenientes de la agricultura urbana prioritariamente basada en un modelo económico alternativo, y también se propone a promover y conservar la función productiva agroecológica de la tierra en el área periurbana de Córdoba (Sevilla Guzmán et al., 2012). En Sevilla, caso en el que centraremos el estudio, dentro de la trama urbana consolidada existen en la actualidad proyectos de huertos agroecológicos de autoconsumo impulsados por la ciudadanía organizada en distintos barrios. Además, en la zona norte del periurbano de Sevilla se mantiene una franja de 280 hectáreas de huertas en suelos de la Vega del Guadalquivir donde predomina la agricultura familiar (Molero, 2008). La amenaza de urbanización del PGOU de 2006 suscitó diversos conflictos sociales vinculados a los distintos usos del suelo en la zona y que han terminado impulsando iniciativas agroecológicas de venta directa a grupos de consumo. En este trabajo hemos identificado once casos en los que la ciudadanía se organiza para impulsar proyectos de agricultura urbana agroecológica. Ocho de estos casos son huertos de autoconsumo en parques y espacios públicos y tres son iniciativas productivas agroecológicas que venden hortalizas en canales cortos en la ciudad a través de redes de confianza. El análisis se centrará en cuatro huertos de autoconsumo, Miraflores, Alcosa, Huerta del Rey Moro y Polígono sur, así como en las tres huertas agroecológicas con venta en canales cortos. Esta investigación se sustenta en la observación participante en visitas y eventos (fiestas, comidas, jornadas) en los distintos espacios de la agricultura urbana en Sevilla, en entrevistas a personas directamente implicadas en estos proyectos (hortelanos/as, vecinos/as, técnicos/as), así como en el análisis de documentación interna (actas e informe principalmente) de los distintos proyectos y notas de prensa. 2. De las luchas sociales por el derecho a la ciudad a la agroecología urbana La agricultura urbana es una actividad multifuncional compleja por lo que su análisis puede ser abordado desde muy diversos enfoques centrándose en los aspectos medioambientales, agronómicos, territoriales, económicos, socioculturales… En este trabajo la atención se centra en lo social y en concreto en la articulación entre participación ciudadana y agricultura, así como en su incidencia en la ciudad. El impulso de la participación ciudadana, al margen y a menudo en contra de la planificación urbanística, así como la autoidentificación con la agroecología de los casos de agricultura urbana analizados en Sevilla invitan a explorar referentes teóricos para el análisis en los conceptos y enfoques del Derecho a la Ciudad, la Producción y Gestión Social del Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 227 Hábitat y la Agroecología. Estos dos enfoques teórico-metodológicos encuentran su punto de confluencia en la acción colectiva que en el espacio urbano se articula en torno al derecho a la ciudad. 2.1. El derecho a la ciudad: entre la teoría, la propuesta política y la praxis ciudadana La primera formulación teórica del “derecho a la ciudad” la hace Henri Lefebvre en 1968 en su ensayo Le droit a la ville como una crítica a la ciudad capitalista, a sus modelos de uso del suelo y a su distribución espacial excluyente, desde una perspectiva marxista personal e innovadora. Lefebvre formula tanto una queja de los procesos dicotómicos generados por la ciudad industrial como una reivindicación de la ciudad (Harvey, 2013). Queja, en tanto crítica de la deshumanización de la ciudad en donde “las relaciones de vecindad se atrofian, el barrio se desmorona: las personas (...) se desplazan en un espacio que tiende a la isotopía geométrica, lleno de consignas y señales donde no tienen ya importancia las diferencias cualitativas de los lugares e instantes. Proceso (...) que produce el escarnio, la miseria mental y social y la pobreza de la vida cotidiana” (Lefebvre, 1968, p. 98). A la vez reivindicación de lo urbano para el futuro donde el “lugar de encuentro, convergencia de comunicaciones e informaciones, se convierte en lo que siempre fue: lugar de deseo, desequilibrio permanente, de la disolución de normalidades y presiones, momento de lo lúdico y lo imprevisible” (Ibid, p. 100). Lefebvre huye de la definición del “derecho a la ciudad” a través de la identificación taxativa de las necesidades sociales y la formulación de los contenidos positivos para la satisfacción de éstas (Rubio Díaz, 2011), para reclamar “un cambio de práctica social” (Lefebvre, 1968, p. 151) que deja abierto a los procesos creativos que considera inherentes a lo urbano preguntándose si “¿podrá la vida urbana recobrar e intensificar las casi desaparecidas capacidades de integración y participación de la ciudad, que no son estimulables ni por vía autoritaria, ni por prescripción administrativa, ni por intervención de especialistas?” (ibid., p. 122). Así, Lefebvre, a la vez que evita cerrar el contenido del derecho a la ciudad, sugiere el paso de los “problemas de conciencia” a las “acciones políticas”, vinculando dichas acciones a los procesos participativos y de discusión de intereses públicos, en los que es protagonista la gente que habita el espacio urbano y que a través de su vida cotidiana lo reclama, lo construye y lo transforma (Harvey, 2009). Es imposible una formulación teórica cerrada ya que “el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quién lo llene y con qué significado” (Harvey, 2013, p. 13). Es la praxis ciudadana colectiva, tanto en la vida urbana cotidiana como en las reivindicaciones y luchas de la gente silenciada en los conflictos urbanos, lo que llena Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 228 de contenido el derecho a la ciudad. Ante la ineficiencia de muchos de los modelos urbanos propuestos por las instituciones gubernamentales, contrarios a los fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad, es la propia sociedad la que se organiza y busca encontrar mecanismos para suplir sus demandas y atender sus derechos. A partir de esta praxis y en diálogo con ésta, se teoriza y formula formalmente el derecho a la ciudad, siendo siempre un concepto teórico en construcción, desbordado por la innovación social. Por tanto, aunque no se puede hacer una definición teórica del derecho a la ciudad, los intentos de teorización son constantes. Sin embargo, existen algunos acuerdos en torno a algunas cuestiones conceptuales. Existe consenso en que el derecho a la ciudad se formula y conquista colectivamente, aunque sea disfrutado individualmente, e incorpora múltiples objetivos y reivindicaciones. Entre éstas destacan el reclamo de la gestión democrática y colectiva de la ciudad, así como el superar y limitar los valores de cambio impuestos por los modelos urbanos mercantilistas a favor de la función social de lo urbano, es decir, a favor de los valores de uso y disfrute. Por tanto, “el derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1968, p. 159). El intento más desarrollado de concreción conceptual colectiva del derecho a la ciudad se realiza en la redacción de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 10 que se inicia en el I Foro Social Mundial en 2001 y que ha ido revisándose y completándose por representantes de los movimientos sociales asistentes a los distintos Foros Sociales Mundiales. En la Carta el derecho a la ciudad se define como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confieres legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objeto de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado”.11 Esta definición debe contextualizarse teniendo en 10 Disponible en http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf (Consultado en 24/10/2013) 11 La Carta, siempre abierta y en continua evolución, también acota el contenido del derecho a la ciudad tanto en términos de principios y fundamentos estratégicos (ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad, función social del a ciudad y de la propiedad urbana, igualdad y no discriminación, protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, compromiso del sector privado, impulso a la economía solidaria y políticas públicas impositivas), como de derechos concretos de ciudadanía y participación (planificación y gestión de la ciudad, desarrollo urbano equitativo y sostenible, derecho a la información pública, libertad e integridad, participación Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 229 cuenta que la Carta tiene una clara vocación de incidencia política en una doble dirección, como instrumento de discurso para la sociedad civil de la que surge y como documento programático de referencia en distintos ámbitos institucionales en la línea del trabajo realizado por la Coalición Internacional del Hábitat12 (Sugranyes, 2010). La conceptualización que se realiza en la Carta resalta la complejidad e interrelación de derechos que subyacen al derecho a la ciudad, incorporando tanto los “derechos de primera generación” (derechos civiles y políticos) y los de “segunda generación” (sociales y económicos), así como los denominados “derechos de tercera generación”,13 en alusión a los derechos ciudadanos urbanos que deben permitir el desarrollo de políticas territoriales democráticas y justas, legitimando las demandas sociales y ambientales locales –que muchas veces no están garantizadas por vías legales– y contribuyendo a la renovación de la cultura política (Borja, 2006). En los últimos años se ha incorporado la idea, propuesta por David Harvey en el Foro Social de 2009, de que el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a disfrutar de lo que ya está construido, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto, de forma justa y equitativa, destacando el carácter social de esta producción del hábitat urbano (Harvey, 2009). Se refuerza así la interrelación conceptual y procedimental entre el derecho a la ciudad y la producción y gestión social del hábitat a la vez que se retoma, actualizado, el alegato de Lefebvre de salto al futuro de la imaginación social para conquistar una nueva vida cotidiana lúdica y plena en el hábitat urbano. En relación con el tema que nos ocupa, es destacable que la Carta hace alusión al equilibrio entre lo rural y lo urbano, así como al derecho a la alimentación y a un medio ambiente sano y sostenible, pero no se hace ninguna mención explícita a la agricultura urbana. Sin embargo, en la práctica, la agricultura es una actividad realizada por la sociedad civil en las ciudades con diversas motivaciones y para alcanzar distintas necesidades aunque en raras ocasiones el planeamiento urbanístico se haga eco de ello. En esta praxis ciudadana de la agricultura urbana, al margen y contra la planificación urbanística, observamos en el caso de Sevilla una lucha por el derecho a la ciudad a través de procesos de producción y gestión social del hábitat desde la agroecología. pública, derecho de asociación, reunión, manifestación y uso democrático del espacio urbano, derecho a la justicia, derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural) y derechos vinculados al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad. 12 Para más información ver: www.hic-net.org (Consultado en 01/11/2013) 13 Aunque no hay un consenso en la comunidad académica respecto a la nomenclatura y categorización de los derechos de tercera generación. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 236 bajos distintas fórmulas, está al margen de las Administraciones Públicas, aunque algunos proyectos han recibido en algunas etapas financiación pública del Ayuntamiento15. Completan el mapeo, tres proyectos en la zona norte periurbana (H8 a H10), que unen el cambio de manejo con la venta directa a través de distintas estrategias de canales cortos de comercialización. Estas tres iniciativas tienen en común con las anteriores la dimensión colectiva y ciudadanas, así como la autoidentificación con la agroecología, aunque se tratan de proyectos que venden en el mercado. 3.1. Huertos sociales agroecológicos en Sevilla De los ocho huertos sociales agroecológicos que existen en la ciudad, analizaremos cuatro en los que las luchas ciudadanas han sido especialmente intensas, poniendo de manifiesto el conflicto entre el modelo de ciudad propuesto por la Administración y aquel impulsado por la sociedad organizada. En primer lugar analizamos los huertos sociales del Parque de Miraflores, proyecto pionero que se inicia a principio de los años 1990 tras una década de luchas vecinales. El siguiente caso analizado es el Parque del Tamarguillo, en el barrio del Parque Alcosa, que actualmente vive un conflicto abierto con el Ayuntamiento pues una parte importante de los huertos sociales de autoconsumo están amenazados por la construcción de un tramo de una nueva circunvalación de la ciudad, necesario para dar acceso a un sector de suelo urbanizable donde se pretende instalar una gran superficie comercial. A continuación analizamos la Huerta del Rey Moro, en el centro histórico de la ciudad, donde la vecindad ocupa y recupera como espacio de ocio y huerto agroecológico un solar público abandonado. Finalmente, se analizan los huertos urbanos del Polígono Sur impulsados por la asociación vecinal Verdes del Sur en un barrio con las tasas de desempleo y problemas sociales más altas de la ciudad. 15 Actualmente, tan sólo los huertos del Parque de Miraflores, los más antiguos, reciben financiación a través de convenio del Ayuntamiento. Los Huertos del Parque de San Jerónimo se incluyen dentro del convenio que Ecologistas en Acción tiene con el Ayuntamiento pero actualmente han dejado de recibir financiación. Los restantes proyectos de huertos sociales o bien nunca han recibido financiación pública (como es el caso de Polígono Sur) o la han recibido puntualmente durante los años en que estuvieron vigentes los Presupuestos Participativos a través de las asambleas de distrito como es el caso de la Huerta del Rey Moro y Alcosa. Sin embargo, todos los proyectos surgieron al margen de la administración pública y, aquellos que han recibido financiación, se han mantenido de una u otra forma en ausencia del dinero público. Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 237 3.1.1. Lucha vecinal y huertos sociales agroecológicos en el Parque de Miraflores El crecimiento urbano de Sevilla, impulsado por la especulación inmobiliaria en connivencia con el régimen franquista, generó una periferia de barrios obreros escasamente dotados de servicios e infraestructuras sociales y zonas verdes. La transición política y los primeros años de la democracia estuvieron acompañados de una activa vida vecinal que expresaba las ansias de participación de la sociedad y las aspiraciones de paliar las carencias materiales de estos barrios. En Sevilla, los barrios de Pino Montando y San Diego fueron casos paradigmáticos de este proceso en el que el tejido asociativo activa luchas para conseguir dotaciones de servicios públicos básicos como colegios, médicos, así como en contra de infraestructuras dañinas como el tendido de alta tensión (Caraballo Román, 1999; Caraballo y Carmona, 2004). Este tejido vecinal, con gran protagonismo en las bases de las mujeres (Segales, 2007), tras los primeros logros de dotaciones sociales, impulsa las reivindicaciones vecinales por el derecho a un espacio verde para ocio y esparcimiento. Se reclaman unos terrenos donde ya en 1963 el Ayuntamiento había programado un parque y en donde, en aquellos momentos, convivían simultáneamente una escombrera en la zona sur y distintos usos agrícolas y terciarios en la zona norte. El espacio reclamado había formado parte históricamente de la Huerta de la Albarrana y de la Hacienda de Miraflores, dos antiguas propiedades que conservaban importantes bienes patrimoniales vinculados a su pasado agrícola, como el caserío de Miraflores, con una torre mudéjar, un molino de aceite, pozos norias de las antiguas huertas, una fuente, que abastecía de agua al Hospital de las Cinco Llagas, y un puente del siglo XVII sobre el antiguo cauce del arroyo Tagarete (Lara et al., 1998). La reivindicación vecinal del parque dio lugar a la creación de la asociación “Comité Pro-Parque Miraflores” en 1983, que actualmente todavía se encarga de la gestión de los huertos. La lucha vecinal por el parque estuvo, desde sus orígenes, unida a la recuperación de la memoria histórica del barrio y su patrimonio. Esto llevó al Comité a proponer que se mantuvieran y actualizaran los usos tradicionales de los terrenos en el nuevo parque, en concreto los usos agrarios (Carmona, 2004; Carballo y Carmona, 2004). La reivindicación de los huertos ecológicos en Miraflores forman parte, por tanto, de una peculiar forma de hacer ciudad cuyo principal objetivo era crear la identidad colectiva de los barrios recuperando la memoria y el patrimonio histórico, para, actualizándolo, ponerlo al servicio de la ciudadanía (Lara et al., 1998). El propósito central del proceso social que impulsa los huertos es pues la construcción alternativa de la ciudad desde las vivencias y necesidades cotidianas de las personas que habitan los barrios. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 238 El parque, y con él los huertos, se inauguró en 1991 tras una lucha de años de las gentes del barrio contra el Ayuntamiento, que encontraba siempre otros proyectos de infraestructuras prioritarios y no acometía las obras de acondicionamiento de ese espacio verde. En los años previos, vecinas y vecinos ocuparon recurrentemente los terrenos a la vez que se realizaba un proceso de investigación participativa de recuperación de la historia del territorio. A partir de 1992, se ponen en marcha múltiples programas y actividades en los huertos y el parque.16 Actualmente, las actividades en los huertos se aglutinan en el “Programa de educación ambiental y animación sociocultural Huertas Las Moreras” donde se integran los huertos ecológicos17 que vecinos y vecinas cultivan para el autoconsumo, el programa de huertos escolares con diez colegios de las zonas y con una participación muy activa de las AMPAs, participando más de 100 familias, además de los itinerarios pedagógicos orientados a visitantes que lo s solicitan. 3.1.1.a. Agentes implicados en los huertos sociales de Miraflores En el Comité Pro-parque Miraflores participan un conjunto heterogéneo de personas que hacen confluir la sensibilidad ecologista con la sensibilidad social de forma que la búsqueda de la participación ciudadana y la creación de organizaciones sociales horizontales encuentra una herramienta eficaz en la agricultura urbana. A la vez los intentos de avanzar hacia la sostenibilidad en la ciudad reconocen en la agroecológica urbana el instrumento idóneo para extender la cultura de la sostenibilidad entra la ciudadanía. Pero el aspecto central y la clave del éxito es que la vecindad de estos barrios hace suyo el parque y los huertos a través de la vida cotidiana. Se abre así un espacio de participación, de diálogo, de aprendizaje colectivo donde se aprende tanto a cultivar de forma agroecológica, sin agrotóxicos, manejando la biodiversidad a través del conocimiento campesino, como a convivir y cooperar entre iguales, respetando la diversidad. 16 La acción vecinal estuvo desde los inicios muy implicada con la educación y el futuro de la juventud, con una importante presencia de pedagogos y pedagogas que se tradujo, entre otras muchas actividades, en la creación de una Escuela Taller que todavía en la actualidad funciona en las instalaciones del Parque. 17 Desde el inicio, existió un consenso dentro del Comité Pro-Parque de Miraflores en que el cultivo de los huertos debía ser ecológico, existiendo una prohibición expresa de uso de agroquímicos. Ello respondía a la confluencia de sensibilidades que unía lo ambiental con la recuperación de la memoria histórica campesina. Los huertos se entendían tanto como un instrumento de educación ambiental como de recuperación de la identidad del territorio a través de los usos y costumbres agrícolas tradicionales. Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 239 Los huertos de Miraflores son un espacio multifuncional y complejo no exento de conflicto tanto por la diversidad de agentes como de actividades y procesos sociales que se ponen en marcha. En ellos confluyen, hortelanos y hortelanas de la vecindad, el equipo técnico de apoyo a los huertos, vecinos y vecinas del Comité Pro-Parque de Miraflores, así como niños y niñas, padres y madres y personal docente de los colegios en el caso de los huertos escolares. En el trabajo de la tierra se reproduce frecuentemente la división sexual del trabajo tradicional y encontramos a los hombres, muchos de ellos jubilados,18 cultivando, mientras habitualmente las mujeres cuidan las flores y aromáticas y cocinan los alimentos que provienen del huerto. Poco a poco algunas mujeres y grupos mixtos de gente más joven se van incorporando al cultivo de los huertos en los últimos años, aunque este es un proceso lento de feminización de los huertos. En las fiestas y eventos sociales, como la fiesta del tomate o de la patata, se mezclan familias y distintas generaciones en torno a los huertos y sus frutos. Los huertos escolares llevan a los huertos a niñas y niños de distintas edades de diez colegios de la zona, mezclando a familias de muy diferentes realidades socioeconómicas. En los huertos escolares las AMPAs tienen un papel activo y también se involucran los equipos docentes, aunque es el equipo técnico de pedagogas del proyecto de huertos quienes desarrollan las tareas principales de diseño y ejecución de las actividades educativas en los huertos. En un entorno urbano, los huertos escolares son una de las pocas actividades en contacto con la naturaleza que pueden tener muchos niños y niñas, siendo una eficaz herramienta de educación ambiental. Por otra parte, entre quienes entran a cultivar la tierra no siempre hay ni una cultura ecológica ni una cultura agraria por lo que el huerto se convierte en un espacio de educación ambiental y agronómica para adultos/as donde el aprendizaje es eminentemente práctico y colectivo. En este sentido el papel del equipo técnico es central. Inicialmente estaba integrado por personas voluntarias del Comité Pro-Parque que 18 Una parte mayoritaria de los hombres que cultivan son jubilados que mantienen en el huerto una actividad “productiva” fuera de casa que contribuye a la economía doméstica familiar a través de la provisión de alimentos amortiguando el cambio de roles que implica el abandono del empleo y el espacio público del mercado de trabajo. Una parte importante de quienes cultivan los huertos ecológicos provienen de zonas rurales y agrícolas que abandonaron por necesidad en los procesos migratorios entre 1950 y 1970. El cultivo del huerto está a menudo vinculada a la recuperación de una memoria histórica rural de jornaleros y campesinos. Algunos de los que fueron o provienen de familias jornaleras recuperan y desarrollan ahora su identidad rural perdida. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 240 con el tiempo pasan a estar contratadas,19 que vuelcan sus conocimientos profesionales de pedagogía, geografía, agronomía, historia y arqueología en los huertos y el parque impulsando procesos de aprendizaje colectivo multidisciplinares complejos. Sin los conocimientos, los valores y la cultura participativa y agroecológica de quienes han integrado el equipo técnico y su voluntad de canalizarlos y desarrollarlos colectivamente en los huertos no se puede comprender la identidad actual de este espacio. Dos aspectos son centrales en este equipo técnico, por una parte la educación popular crítica con una fuerte componente participativa y, por otra, los valores ecologistas en torno a la agricultura. El Comité Pro-Parque ha tenido y tiene un papel central ya que impulsa, acompaña y gestiona hasta hoy los huertos sociales de Miraflores, siendo el espacio colectivo que integra a todos los agentes que participan en los huertos. La asociación sigue siendo responsable última de múltiples decisiones y tareas,20 siendo el grupo de coordinación del Comité el mediador en una conversación compleja tanto con el Ayuntamien- to, propietario y responsable de la gestión del parque y hoy también financiador del proyecto, como con el equipo técnico, la comunidad de hortelanos y hortelanas, así como los colegios, las AMPAs y toda persona o grupo que realiza actividades en los huertos. Por tanto, los huertos sociales de Miraflores son un espacio complejo y diverso socialmente en el que confluyen diversos grupos de agentes que desarrollan múltiples actividades impulsadas por motivaciones sociales muy diversas que encuentran un punto común en la agroecología urbana. 3.1.1.b. Etapas, actividades y procesos en los huertos sociales de Miraflores Carmona (2004) y Carballo & Carmona (2004) identifican tres etapas en la historia del parque de Miraflores que se pueden hacer extensivas a los huertos sociales. Una primera “fase investigativa” entre 1983 y 1987 recuperando la memoria histórica y construyendo colectivamente un proyecto de parque, de huertos, de barrio y de ciudad que impulsará las reivindicaciones y la identidad del barrio. En esta primera etapa los 19 Al llegar el dinero público, el equipo técnico pasa a ser profesional, aunque el trabajo voluntario de los y las integrantes del Comité Pro-Parque se ha mantenido siempre y sigue siendo hoy un elemento central del proyecto. 20 Ello se debe tanto a ser el espacio en el que confluyen en plano de igualdad la diversidad de agentes implicados en los huertos como por ser la entidad jurídica que firma el convenio de colaboración con el Ayuntamiento asumiendo la responsabilidad de gestión y ejecución del proyecto de huertos sociales ecológicos. Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 241 huertos no son una pieza central del proyecto que se centra en la reivindicación del Parque y en la dimensión sociopolítica de lucha vecinal en un espacio urbano que se percibe como conflicto. En la medida en que la recuperación de la memoria histórica cobra importancia como herramienta de construcción de la identidad del barrio, la agricultura se va incorporando al proyecto del Parque. Construidos sobre antiguas huertas y haciendas y limítrofes con huertas y fincas todavía en explotación agrícola, los barrios que se vinculan al Parque Miraflores viven en la frontera entre lo urbano y lo rural. De la misma forma, una parte importante de quienes habitan estos barrios provienen del medio rural y sus vidas transcurren en el tránsito hacia la industrialización y urbanización de una sociedad de origen agrario. Por estos motivos, aunque lo agrario no es una pieza central, aparece como elemento recurrente de un discurso que se centra en definir de forma participativa el modelo de ciudad y barrio al que se aspira. La siguiente fase “ciudadanista” (1987-1992) en la reivindicación del Parque Miraflores se caracteriza por las luchas y la creatividad social cuando el discurso generado en la primera fase se traduce en la acción colectiva. Cuando se lleva a la práctica a través de acciones concretas el modelo de ciudad y barrio diseñado discursivamente en la etapa anterior, es cuando la agroecología cobra protagonismo. Para el equipo técnico y la mayor parte de las personas integrantes del Comité Pro-Parque, la agricultura es una herramienta, un instrumento, una metáfora para el proceso de lucha y construcción participativa del barrio y de la ciudad por parte de la gente la habitan. Sin embargo, a medida que se incorpora a la vida cotidiana, para la comunidad de hortelanos y hortelanas la agricultura es un fin en sí misma, un elemento importante cuando no central de sus vidas en la ciudad. Sin duda la vida urbana cambia al incorporar un espacio, los huertos, donde conviven una diversidad de vecinos y vecinas en torno a una actividad, la agricultura campesina, que genera un vínculo directo y activo con el territorio, a la vez que facilita la subsistencia al proveer de alimentos a quienes cultivan la tierra.21 Se rompe así el individualismo urbano a favor de la colectividad, a la vez que se activan procesos de cooperación y aprendizajes colectivos que revierten los procesos de sumisión y subordinación habituales en los centros de trabajo y entre los distintos espacios y barrios en la ciudad. 21 El vínculo con el territorio así como el vínculo social se fortalece en la medida en que las prácticas son agroecológicas y el cultivo se centra en el saber hacer campesino, el manejo de la biodiversidad y el conocimiento del medio. Se minimiza así la dependencia de conocimientos, insumos y maquinaria ajena y se empodera a quien trabaja directamente la tierra. La cosecha son el resultado de su trabajo y conocimiento en diálogo con el medio, lo que refuerza los sentimientos de autonomía y autoestima. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 242 Aunque la mayor parte de las y los técnicos e integrantes del Comité Pro-Parque Miraflores continúan identificando la agricultura como una herramienta o instrumento para la lucha por el derecho a la ciudad, quizás sería más oportuno ver la agroecología como un elemento central, insustituible y definitorio del derecho a la ciudad, a una ciudad sostenible. La última fase “gestionadora” del Parque, que se inicia en 1992 y se extiende hasta la actualidad, viene marcada por el reconocimiento institucional de las reivindicaciones vecinales y la puesta en marcha de los distintos programas educativos y sociales en los huertos y la escuela taller. Este reconocimiento institucional es muestra del éxito de la lucha vecinal pero, contradictoriamente, ha conllevado una cierta desactivación social ya que la nueva situación “provoca un tránsito de una gestión instituyente y creativa (inventar los programas e ir haciéndolos realidad) a una gestión instituida y administrativa, que maneja unos recursos económicos, humanos y de ideas cada vez más debilitados y autolimitados por la inercia, el cansancio y el propio temor a perder lo conquistado” (Caraballo y Carmona, 2004, p. 179). Estas contradicciones ya apuntadas por Charo Caraballo y Pepe Carmona en 2004, ambos integrantes del Comité Pro-Parque, se volvían a expresar públicamente por otras personas del Comité en las Jornadas “Las Huertas Amenazadas” que se celebraron en el parque en mayo de 2008. Como movimiento ciudadano, el Comité había luchado por espacios públicos para la participación y por unos servicios para la ciudadanía que habían logrado. Pero no esperaban encontrarse asumiendo la responsabilidad de gestionar en solitario espacios y recursos, así como de prestar servicios públicos desde la sociedad civil y el voluntariado. Sobre todo no esperaban encontrarse en la contradicción de tener que gestionar la precariedad laboral de un equipo técnico siempre escaso para atender unas amplias demandas sociales a la vez que la administración pública, en este caso el Ayuntamiento, limitaba y reducía los fondos públicos para actividades sociales y transformaba la participación en el discurso legitimador de esta precariedad. Pese al cansancio y la inercia que sin duda han debilitado el impulso participativo y transformador de las primeras etapas, los huertos sociales de Miraflores continúan hoy, más de veinte años después de su inicio, siendo un espacio urbano agroecológico vivo donde a diario, cotidianamente, se construye colectivamente una ciudad distinta a la planificada por quienes diseñaron inicialmente los barrios que rodean este parque, una ciudad sin duda más habitable y sostenible. Estos primeros huertos sociales de Miraflores inspiraron y siguen inspirando otros proyectos de huertos en otros barrios donde se activan procesos sociales de lucha por el derecho a la ciudad como es el caso de San Jerónimo, Torreblanca o Bellavista que por una cuestión de espacio no analizamos en detalle en este trabajo. Un proceso Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 243 similar pero que hoy vive un conflicto abierto y especialmente significativo del antagonismo de modelos de ciudad que desencadenan las luchas sociales por el derecho a la ciudad es el Parque del Tamarguillo en el barrio de Alcosa, también denominado Parque Alcosa, que se analiza a continuación. 3.1.2. La planificación urbana contra los huertos sociales del Parque del Tamarguillo Al noreste de la ciudad, limítrofe con el aeropuerto, se localiza la barriada del Parque Alcosa, en la que se ubica el Parque del Tamarguillo. Este barrio obrero, al igual que San Diego y Pino Montano, tiene una larga historia vinculada a los movimientos sociales que reclaman dotaciones sociales y culturales, así como infraestructuras y servicios de transportes, en un barrio que fue diseñado con criterios exclusivamente crematísticos. La Asociación Vecinal Antonio Machado se crea en la década de 1970, el Centro de Educación de Adultos/as se inaugura en los años ochenta y en la década de 1990 se constituye la Coordinadora de Vecinos/as, la FEA (Federación de Entidades, Comunidades e Intercomunidades del Parque Alcosa) que aglutina a la mayoría de las asociaciones y colectivos del barrio. Este denso tejido social ha protagonizado décadas de activación y dinamización de la vida vecinal de este barrio obrero de la periferia de Sevilla. Vinculada a la FEA, surge la Asociación “Movida Pro-Parque Tamarguillo” que reclama una zona verde para el barrio y que a medida que avanza la lucha por el parque se integra en una red más amplia el “Foro de amig@s del Parque Tamarguillo”. Al igual que en el caso de Miraflores, el inicio de la agroecología urbana en Alcosa está vinculada a las reivindicaciones de vecinos y vecinas de un espacio verde para el ocio y el esparcimiento al aire libre. No es hasta el PGOU de 1987 que se programa la dotación de un parque para el barrio de aproximadamente 96 hectáreas y se da legitimidad y poder de presión a las reivindicaciones sociales. Sin embargo, tras las obras de la Exposición Universal de 1992, la zona prevista como parque estaba todavía siendo utilizada como depósito ilegal de basura y residuos sólidos urbanos y el Ayuntamiento no daba signos de tener intención de cumplir la planificación urbanística. En respuesta al incumplimiento municipal, se va activando la respuesta ciudadana y a finales de la década de 1990, tiene lugar un intenso proceso de denuncia y protesta pública ante la sociedad, el Ayuntamiento y demás organismos públicos, alertando del abandono y degradación progresiva que venían sufriendo los terrenos destinados a zona verde pública. Se fortalece así la movilización ciudadana que reclama la construcción de un Parque Público Fluvial exigiendo, a su vez, la recuperación medioambientalmente el Arroyo Tamarguillo en su pasaje por el barrio como seña de identidad territorial. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 244 A lo largo de los años 2000 la lucha vecinal logra que la administración pública, a distintas escalas, se comprometa finalmente a financiar22 la transformación de la antigua escombrera, la reforestación de la zona, la restauración hidrológica del antiguo cauce del Arroyo Ranillas-Tamarguillo, así como el acondicionamiento ambiental del Parque Tamarguillo. Sin embargo, pese al compromiso firme de esta inversión pública para el acondicionamiento del futuro Parque de Tamarguillo, el Ayuntamiento de Sevilla aprueba en el PGOU de 2006 una amplia red de infraestructuras de movilidad que incluye una ronda de interconexión urbana (SE-35) que atravesaría esta zona verde.23 En estos años se produce la paradoja de que avanzan simultáneamente las obras de acondicionado del parque con dinero público y, en los mismos terrenos, se afianzan los planes urbanísticos en torno a las nuevas infraestructuras de movilidad diseñadas en el nuevo PGOU. Este PGOU, por otra parte, se había diseñado bajo el amparo del discurso de la sostenibilidad urbana como se apuntaba en la introducción de este capítulo. Estos hechos ponen de manifiesto el conflicto entre modelos de ciudad que subyace al proceso de construcción de lo urbano según los agentes e intereses implicados y que pueden llegar a traducirse en una actuación planificadora pública contradictoria. La inminente amenaza que representa el nuevo PGOU contra el entorno natural ya existente y contra los terrenos que se espera se pongan a disposición del ocio y esparcimiento del barrio24 refuerza la acción vecinal. Siguiendo el modelo de otros parques de la ciudad, como Miraflores y San Jerónimo, en 2006 la vecindad, a iniciativa de la Asociación “Movida Pro-Parque Tamarguillo”, pone en cultivo una zona limítrofe 22 El Plan de Recuperación de Solares Degradados fue puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla con financiación del Programa POMAL (Programa Operativo de Medio Ambiente Local) de la Unión Europea (finalizado en 2000). Las actuaciones de restauración hidrológica de cauces y protección y regeneración del entorno natural (firmadas en 2003) fueran realizadas con fondos del Ayuntamiento de Sevilla y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cofinanciado por Fondos Europeos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en concreto el Programa de Regeneración hidrológica y forestal de cauces y riberas). 23 El tramo que atraviesa el Parque es el comprendido entre la avenida de Emilio Lemos y la carretera autonómica A-8008 (Sevilla-Brenes). 24 Aunque el Parque no estaba construido y existía una escombrera, parte de los terrenos en torno al arroyo Ranillas-Tamarguillo eran accesibles y usados como espacio de esparcimiento por la población del barrio ante la falta de infraestructuras y espacios verdes acondicionados alternativos a éstos. Estos usos refuerzan las reivindicaciones del Parque que permitirían afianzar los vínculos ya existentes con estos parajes y ampliar los usos de ocio y esparcimiento de una población que habita un espacio con elevada densidad de población y sin dotaciones alternativas próximas. Un ejemplo de ello fueron las concurridas manifestaciones acarreando los troncos de los árboles por las calles del barrio en respuesta a una tala de árboles en la ribera del arroyo que se entendió por la vecindad como un avance en la destrucción del todavía no inaugurado Parque. Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 245 que rodea el Parque, inaugurando un proyecto de huertos sociales ecológicos con el apoyo masivo del programa de Presupuestos Participativos.25 El equipo técnico que gestiona y dinamiza los huertos ecológicos está integrado por personas de la Asociación “Movida Pro-Parque Tamarguillo” que son quienes además lideran el conflicto abierto con el Ayuntamiento. En este momento inicial las obras de acondicionamien- to del Parque no están concluidas y no hay acceso a la zona verde por lo que los huertos representan una presión y toma de posesión del espacio por parte de la vecindad. Ante el retraso en la inauguración del Parque una vez concluidas las obras de acondicionamiento y como acto reivindicativo de rechazo a la construcción de la carretera, vecinas y vecinos de Alcosa comienzan a cultivar en una zona interior del todavía no inaugurado parque, en la que los nuevos planes de infraestructuras preveían la construcción de una rotonda de la circunvalación, según el trazado de la SE-35 propuesto por el PGOU. La vecindad expresa así de forma contundente y clara sus preferencias respecto a los usos del suelo urbano: agroecología urbana frente a grandes infraestructuras de movilidad. La crisis económica ha paralizado la urbanización de distintos sectores de la zona este26 de la ciudad que era la principal justificación del Ayuntamiento para la construcción de la SE-35. Sin embargo, la amenaza contra el parque y los huertos se mantiene debido al interés de una multinacional, IKEA, de instalarse en el sector urbanizable frente al Parque.27 El Ayuntamiento mantiene hasta la fecha su defensa de la construcción del tramo de la S-35 a su paso por Alcosa, así como el acceso al nuevo parque comercial, como elemento clave para la firma de un convenio urbanístico con la multinacional IKEA que garantice la apertura de una segunda gran superficie comercial de esta empresa en la ciudad. Públicamente se presenta esta operación urbanística como una de las principales actuaciones públicas municipales contra la crisis como estrategia de creación de empleo. Estos planes urbanísticos municipales han sido denunciados públicamente tanto por las entidades vecinales de Alcosa como por organizaciones ecologistas de defensa del territorio. Se alega que la nueva carretera es innecesaria y se denuncia el modelo de ciudad que incorpora infraestructuras y grandes superficies comerciales como despilfarrador de recursos públicos, insostenible, destructor del territorio y socialmente in- 25 Los huertos sociales ecológicos en Alcosa fueron financiados por los Presupuestos Participativos impulsados por la Delegación de Participación Ciudadana entre los años 2006-2011, durante el periodo en que estuvieron vigentes. 26 La suma del suelo urbanizable previsto para la zona Este de Sevilla, según el PGOU de 2006, asciende a las 1.200 hectáreas. 27 Precisamente en el sector de suelo urbanizable sectorizado SUS-DMN-03 San Nicolás Oeste. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 252 ubicados sobre el trazado del nuevo cauce. El punto común inicial era defenderse del perjuicio económico que implicaba el precio diferencial del suelo en un proceso de expropiación frente al del mercado en el momento álgido de la expansión urbanística. Sin embargo, las reuniones abrieron la puerta a las vivencias personales en las huertas donde habían nacido muchas y vivido una parte importante de su existencia la mayoría, muchos como agricultores y agricultoras. A partir de estas experiencias se reafirma el vínculo con el territorio y se pasa a reflexiones sobre los usos que se perderían con la urbanización. Poco a poco surge un discurso de defensa del territorio, de los usos agrícolas y de disfrute del paisaje rural. Este discurso de defensa del territorio se transforma en “la defensa de las últimas huertas de Sevilla” como principal reivindicación pública de la Asamblea, que comienza a tener comunicación con todas las Administraciones Públicas involucradas en el proyec- to, Ayuntamiento de Sevilla, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Ministerio del Medio Ambiente. La Asamblea cuestiona la necesidad del nuevo cauce y plantea como alternativa la limpieza del cauce actual. También se reivindica la protección de las huertas por parte del PGOU reclamando al Ayuntamiento la posible creación de un “Parque Agrícola” como figura de protección de los usos agrarios tradicionales. Distintas asociaciones ecologistas y ciudadanas de la ciudad, así como investigadores universitarios apoyan el análisis y las alternativas propuestas desde la Asamblea de Afectad@s. La incidencia en prensa de las acciones de protesta y las relaciones con el movimiento asociativo sevillano, acerca a una parte de la población más urbana a un territorio frontera de la ciudad donde domina el paisaje y los usos agrícolas que se habían mantenido invisibles hasta entonces. La crisis, los recortes de fondos públicos y la consecuente paralización de la expansión urbana han permitido ganar parcialmente la batalla, por ahora. La Asamblea se ha desactivado al desparecer la amenaza inminente. Sin embargo, la labor de denuncia pública, de comunicación y articulación en red ciudadana acercó a nuevos agentes y dio paso al surgimiento de tres proyectos agroecológicos en estas huertas amenazadas. 3.2.2. La transición agroecológica de la huerta de Julián y Mari Ubicada en una zona conocida como Las Casillas,40 la Huerta de Julián y Mari, de aproximadamente 8.000 m2, comenzó en 2008 la transición agroecológica y la venta a grupos de consumo como estrategia simultánea de empleo, vida y lucha en defensa del territorio. 40 A aproximadamente 10km del centro de Sevilla. Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 253 La actividad pública de la “Asamblea de Afectad@s por el nuevo cauce del Tamarguillo” acercó a la zona la asociación de educación ambiental “El enjambre sin reina”, que en 2007 a través del proyecto “Conoce las Huertas de Sevilla” contactó con Julián y Mari, una pareja de hortelanos de la zona a punto de jubilarse. Hasta entonces, estos hortelanos cultivaban de forma convencional y vendían al mercado mayorista municipal, Mercasevilla. Aunque su manejo se había industrializado, mantenían un fuerte vínculo con el territorio, un amplio conocimiento empírico del medio y valores campesinos. Sin embargo, la combinación de un manejo dependiente de insumos de elevado coste y la venta en un mercado saturado a bajos precios, se traducía en una situación económica precaria. Tras un tiempo de visitas y conversaciones, el Enjambre propone a Julián y a Mari un cambio en el manejo de la huerta hacia la agroecología acompañado de un compromiso de compra por parte de una red de grupos de consumo integradas por personas sensibilizadas con la defensa del territorio, la agroecología y la Soberanía Alimentaria. Actualmente este canal corto agroecológico vincula en red a más de 200 personas entre grupos de consumo, la asociación y los agricultores, unidos por el interés en construir una alternativa al sistema agroalimentario y, a su vez, por luchar por el mantenimiento del uso agrícola de este territorio. La construcción de este canal corto agroecológico ha implicado la combinación de tres procesos de cambio interrelacionados. El primero, la transición agroecológica en finca, implicó un cambio en el manejo abandonando el uso de agroquímicos, potenciando las asociaciones y rotaciones de cultivo, centrándose en variedades de temporada. El diálogo de saberes entre Julián y Mari y El Enjambre ha sido clave y se ha traducido en la incorporación laboral de jóvenes de la asociación al trabajo en la tierra y la gestión económica, iniciándose un proceso de relevo generacional. A la vez que se ha generado empleo, Julián y Mari han mejorado su calidad de vida, al percibir unos ingresos más altos y estables trabajando menos horas y con mejores horarios. La garantía de venta estable de la producción de la huerta y el compromiso de las y los consumidores con el proyecto de transición agroecológica impulsó al cambio a Julián y Mari siendo este un caso claro de “agricultura apoyada por la comunidad”. A la vez se activa un segundo proceso de coordinación y dinamización de grupos de consumo que asume el Enjambre. La garantía de renta de los hortelanos requiere un compromiso estable que se traduce en la compra de un número fijo de cestas semanales cerradas de precio constante que contienen en torno a 7 alimentos de temporada. Los grupos de consumo se organizan para ir a la huerta a buscar las cestas lo que mantiene vivo cotidianamente el vínculo con el territorio. Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 254 Si bien es cierto que las motivaciones de las y los consumidores que participan en este proyecto son diversas, siendo especialmente importante la preocupación por comer sano, otras motivaciones como el mantenimiento de la agricultura urbana y la construcción de canales cortos que la sustenten tiene una importancia central. Participar en este canal corto implica procesos múltiples de aprendizaje colectivo para las personas de los grupos de consumo que combinan aspectos de sociabilidad a través de la participación, la toma de conciencia ambiental, los hábitos alimentarios y los vínculos con el territorio. El tercer proceso que se activa es la creación de una articulación estable entre producción y consumo, lo que requiere un importante esfuerzo de diálogo, cooperación, organización y participación por ambas partes. Para ello se crean espacios de diálogo en la huerta, en el grupo de consumo, en la asociación y de todos en una asamblea común. A lo largo de los más de cinco años de funcionamiento, las relaciones entre las personas que consumen y las que producen se han consolidado, aumentando el sentimiento de pertenencia a un proyecto común. Actualmente las y los consumidores se reconocen como “socios” de la huerta, abandonando la posición pasiva de beneficiarios de los productos y asumiendo como propios los riesgos y compromisos de la producción y la gestión, con derecho a participar en la toma de las decisiones importantes en las asambleas periódicas. 3.2.3. Ampliando la transición agroecológica en las huertas del norte de Sevilla Tras la Huerta de Julián y Mari, dos proyectos de transición agroecológica se han iniciado en la zona: “Con los pies en la tierra” y “La huerta de Olga”. La huerta “Con los pies en la tierra” surge de dos personas, Joaquín y Paula, vinculadas asociaciones medioambientales y a huertos sociales de autoconsumo,41 y por tanto concienciadas con la lucha en defensa del territorio a través de la agricultura. En este caso, no hay un conocimiento empírico campesino previo, aunque sí técnico, y una fuerte conciencia ecologista y de defensa del territorio que marca la elección de la zona para impulsar un proyecto productivo como medio de vida. La forma de organización tanto de la producción como del consumo es similar a la de Julián y Mari. Sin embargo, la ausencia de un grupo dinamizador organizado y amplio, como el Enjambre, se ha traducido en un avance más lento en la cohesión y mayores dificultades en la organización de repartos y la asunción de compromisos estables de consumo. 41 En concreto participan en la Asamblea La Noria, del Huerto del Rey Moro, la Movida Pro Parque Tamarguillo y la gestión de los Huertos del Parque Alcosa. Agroecología urbana y producción social del hábitat en defensa del derecho a la ciudad Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez 255 La “huerta de Olga” está directamente vinculada a la “Asamblea de Afectad@s por el nuevo cauce del Tamarguillo” de la que ella formaba parte junto a su extensa familia, en la que conviven quienes trabajan la huerta y quienes atienden la frutería familiar en el barrio de Pino Montano. La transición agroecológica que inicia Olga en los terrenos de su familia viene también marcada por su participación como monitora de educación ambiental en los huertos del Parque Miraflores. Por tanto, la tradición campesina dialoga con una conciencia social y ecológica activa que se traducen en la puesta en cultivo de una huerta y la venta directa. Mediante pedidos por internet, repartos y ventas en distintos espacios asociativos de la ciudad, como el Centro Vecinal del Pumarejo (espacio de encuentro de múltiples asociaciones y de la Central de Abastecimiento de la Red de moneda social Puma, de la cual también participa), Olga logra crear redes urbanas alrededor de la alimentación. Estos tres proyectos de agroecología urbana en canales cortos de comercialización son sin duda minoritarios en un espacio de casi 300 hectáreas de cultivo. Pero aportan un modelo económico y de usos del suelo urbano en la periferia de la ciudad alternativo y viable al de la expansión urbanística. Es además un modelo impulsado y construido por la ciudadanía que expresa de forma creativa su derecho a la ciudad incorporando como elemento esencial a la agroecología urbana. 4. La producción y gestión social del hábitat de la agroecología urbana en Sevilla como estrategia participativa para reivindicar el derecho a la ciudad Estos proyectos ciudadanos analizados ponen de manifiesto que la agroecología urbana en Sevilla ha mostrado un especial dinamismo social en las últimas décadas, siendo protagonista de luchas vecinales y conflictos entorno a la planificación urbana, así como impulsando la creación de nuevos espacios públicos y nuevas iniciativas productivas y canales cortos de comercialización. Esta nueva agricultura urbana muestra tres características en común. En primer lugar, son iniciativas ciudadanas que surgen al margen de la planificación pública, a menudo en contra de ésta y en ocasiones, tras largos procesos de luchas, con cierta colaboración de la administración pública sólo en momento puntuales. Por otra parte, se definen como agricultura ecológica y agroecológica, siendo esta una seña de identidad de estas actividades que analizamos, aunque ninguna actividad tiene certificación ecológica oficial. Por último, todas las iniciativas analizadas están vinculadas a procesos de producción y gestión social del hábitat al ser propuestas y llevadas a cabo por distintos colectivos ciudadanos y estar enraizadas en contextos participativos complejos en los que confluyen múltiples agentes, donde se desarrollan muy diversas actividades que pro- Movimientos sociales, participación y ciudadanía en Andalucía Coordinadores: Javier Escalera Reyes y Agustín Coca Pérez Sevilla. Aconcagua Libros. 2013. ISBN: 978-84-96178-72-4 Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia / Asociación Andaluza de Antropología 256 mueven el empoderamiento de la organización comunitaria y donde, a la vez, se incide sobre la calidad física y ambiental del espacio ocupado. A través de la agricultura urbana una parte de la ciudadanía, marginada del proceso de planificación y construcción urbanística, reclama su derecho a la ciudad. Decíamos al principio que este derecho no está vinculado solamente al uso, disfrute y distribución equitativa de los diversos tipos de equipamientos y recursos que encontramos en la ciudad, sino con el ejercicio pleno de la ciudadanía que permite transformarla en algo distinto según las verdaderas necesidades de las personas que las habitan. A través de la praxis cotidiana de cultivar con bases agroecológicas en zonas urbanas emergen propuestas concretas de un modelo de producción y gestión de la ciudad alternativo al dominante que abre nuevos espacios públicos a distintas escalas, contribuyendo a llenar de contenido práctico el concepto teórico de “derecho a la ciudad”. La agroecología urbana muestra su capacidad para articular las tres dimensiones de análisis y acción de la producción y gestión social del hábitat. En primer lugar, la agroecología urbana se construye como resultado del desarrollo de una nueva polis surgida de la ciudadanía activa y de los procesos de participación ciudadana promovidos a raíz de la articulación de los movimientos sociales urbanos. La sociedad organizada encuentra en hecho de cultivar el soporte participativo para la satisfacción de sus necesidades y, a su vez, el hecho de poder decidir sobre los asuntos que les afectan directamente abre camino al desarrollo de la ciudadanía (Alguacil Gómez, 2009). Esto refuerza el tejido asociativo e incrementa la creatividad colectiva que facilita el autogestión de cada proyecto, pero también aumenta la capacidad de involucrarse en asuntos públicos y la corresponsabilidad y optimización del proceso de la ciudadanía en un contexto de un nuevo modelo urbano (Alguacil Gómez, 2007). De esta forma se promueve una mejora de forma colectiva de la urbs que implica una nueva materialidad urbana en la que una determinada forma de agricultura es una infraestructura urbana imprescindible en la construcción y gestión social de espacios de convivencia y de valores alternativos (Gallar & Vara, 2010). La vitalidad y cohesión generada alrededor de los proyectos analizados avalan que otra forma de producir y gestionar ciudades y sus espacios públicos es posible y necesaria. Asimismo, estos procesos asociados vinculados a la agroecología urbana no siempre se limitan a la subsistencia, sino que también promueven, de forma más o menos consciente, la educación ambiental, la participación activa, la autogestión, la reconstrucción de identidades, el intercambio, y también al divertimento, ejercicio físico y el disfrute del aire libre y de la naturaleza en la ciudad, incidiendo, por lo tanto, en la calidad de vida de la civitas. 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