TVE : cambios legislativos y pluralismo en la televisión pública

TVE: CAMBIOS LEGISLATIVOS Y PLURALISMO EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA Miguel Ángel Gómez Laguna Dirigido por: María José García Orta Sevilla, septiembre de 2015 Índice 1. Introducción 2. Pluralismo 2.1 Conceptualización 2.2 Pluralismo Interno y Externo 2.3 Amenazas 3. El nacimiento del Ente Público: Estatuto de 1980 3.1 De las emisiones regulares a la Ley 4/1980 3.2 Organización y financiación 4. Cambios normativos: del Estatuto RTVE al fin de la publicidad 4.1 Década de los 80: Regulación del Tercer Canal y la televisión privada 4.2 Década de los 90: la televisión por satélite y la Ley General de Telecomunicaciones 4.3 Siglo XXI: la apuesta por el Cine y la Ley General de la Comunicación Audiovisual 5. Consejos de Administración 5.1 El Estatuto de la Radio y la Televisión Española 5.2 El Consenso 5.3 La última reforma del Consejo de Administración 5.3.1 Etapa Leopoldo González Echenique 5.3.2 Etapa José Antonio Sánchez 6. Ausencia de Pluralismo: Posible manipulación informativa 7. Condiciones Laborales 8. Conclusiones 9. Bibliografía 9.1 Textos legales 9.2 Documentos Web 9.3 Bibliografía 1. Introducción 1.1 Introducción y motivación personal Entendemos el periodismo como elemento clave en el engranaje social. Así como una justicia independiente, una educación libre y una sanidad integradora son imprescindibles para la formación de una sociedad digna, un periodismo dotado de los convenientes recursos, alejado de los ritmos empresariales y de los intereses del poder es fundamental para conseguir una visión equilibrada, lo más completa y compleja posible, del mundo en que vivimos. Teniendo en cuenta la afirmación de García Chamizo (2009), quien sostiene que “TV y política siempre han estado muy unidos, por intereses comunes o por miedos” (p. 57), este trabajo nace de la hipótesis de que en la televisión pública española, especialmente desde la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, no prima el periodismo entendido como servicio público, como valor cultural de la sociedad o como instructor de la misma, sino como arma arrojadiza o brazo ejecutor de otros intereses. Un periodismo que, en lugar de libre e independiente, se presenta determinado por el control político, ideológico y económico. Desde la perspectiva de la Estructura de la Comunicación, la connivencia entre los poderes político-económico-mediático, se solapa bajo los mensajes que recibimos cada día. “Como contenido informativo de la comunicación, el mensaje es el objeto de la manipulación. El mensaje es también donde se nos muestra la estructura de la información periodística” (Sánchez-Bravo, 1992, p. 126 126). Además, como sostiene el catedrático Ramón Reig (2004), “una cuestión es la buena fe de los periodistas en su deseo por ofrecer una información rigurosa y eficaz y otra la línea mensajística que imponen las empresas de acuerdo con los intereses de expansión mercantil occidentales” (pp. 51-52). Y prosigue: El periodismo cada vez se encuentra con más trabas debido a dos factores: los intereses estructurales -los dueños interconectados que están detrás de los medios- y las servidumbres que la publicidad, los grupos de poder privados y los gobiernos ejercen contra los medios” (Reig, 2004, p. 52). Por ese motivo, en esta investigación se pretende descubrir si en la televisión pública española se cumplen los principios de pluralismo y servicio público, o si, por el contrario, predomina la manipulación y la injerencia política en materia informativa. De ser así, trataría de focalizarse y explicarse la desviación. Para ello la obra se divide en siete partes completamente diferenciadas. La primera en cuestión realiza una aproximación teórica al concepto de pluralismo en los medios, estableciendo su definición, analizando sus funciones y valorando su importancia. También contiene menciones específicas en documentos oficiales de la Unión Europea o España. A continuación se realiza una contextualización profunda a través de un estudio de casos: TVE. En concreto, se realiza un recorrido que parte de las primeras emisiones regulares en tiempos de Dictadura para profundizar en la firma del Estatuto de la Radio y la Televisión Española de 1980, primera normativa compleja de la radiotelevisión estatal. La tarea de encuadre continúa con la exposición del proceso legislativo seguido por RTVE desde 1980 hasta las últimas reformas del siglo XXI, haciendo hincapié en cada una de las normativas, aunque sin descifrar todas las novedades, ya que estas referencias legales serán desarrolladas en el epígrafe del Consejo de Administración del Ente Público. En el apartado del Consejo, se analizan los diferentes grupos de personas que han conformado este órgano de gestión, tratando de vincular políticamente a cada de los integrantes y sintetizando cómo ha afectado dicha composición al quehacer de los periodistas en la Corporación y, en consecuencia, a las propias audiencias. Para ello se establecen tres etapas históricas: 1980-2006; 2006-2011; y la reforma del Consejo a partir de 2012. En el epígrafe 6 se vuelve a abordar el pluralismo informativo, pero ya no desde un marco conceptual o normativo, sino basado en estudio de casos reales. Para ello, a través de un análisis hemerográfico, se realiza una reconstrucción de casos de denuncias en los que se ponen en duda las prácticas periodísticas de la televisión pública española. Antes de las conclusiones, el séptimo punto expone las condiciones laborales en las que desempeñan su labor los profesionales de la Corporación RTVE. No solo en la actualidad, sino también condiciones previas. Se incluyen tablas salariales y sueldos del Consejo de Administración. Todos estos apartados hacen que este estudio tenga un carácter novedoso y actual, ya que muchos artículos científicos e investigaciones previas se centran fundamentalmente en las interpretaciones legales, pero dejan de lado las posibles omisiones informativas e, incluso, las condiciones laborales del personal de la RTVE. La necesidad de hacer un compendio de todo lo publicado sobre la posible injerencia política del Ente Público y su traslación al mensaje periodístico, surge de una motivación personal derivada principalmente de la pasión por los estudios de la Estructura de la Información, la Propaganda Política y el Análisis del discurso, disciplinas que el Grado de Periodismo nos ha posibilitado conocer. Los conocimientos adquiridos en dichas materias han permitido y propiciado que, de un tiempo a esta parte, conformemos una grave sospecha acerca del tratamiento informativo de la televisión pública de España: la politización. La creencia de que se producen irregularidades en la televisión estatal procede de la observación del producto informativo que TVE, como espectador, nos ofrece. Influye también en la decisión de estudiar a la televisión pública española la situación política y socioeconómica del país, que convierte a la labor de servicio público de la cadena estatal en mucho más relevante si cabe, teniendo en cuenta además la buena forma en la que se encuentran algunas televisiones privadas: Mediaset y Atresmedia controlan en torno al 60% de la audiencia de la TDT y más del 80% del pastel publicitario (Humanes/Alonso, 2015, p. 3). 1.2 Objetivos e hipótesis de trabajo: Los objetivos que nos marcamos en la presente investigación son: 1. Analizar el entramado político, normativo y mediático que rodea a la RTVE desde la última legislatura del Partido Popular. 2. Demostrar que los conceptos de televisión pública, pluralidad o servicio público que defienden los gobiernos en las sucesivas legislaciones no se corresponde con la realidad. 3. Demostrar la influencia que la estructura de la información tiene en la labor del periodista y como consecuencia en la función social que éste posee. Para ello, partimos de la hipótesis de que hay una injerencia cada vez mayor del propio partido político, el Partido Popular, en las diferentes instancias de la televisión pública española y que se enmarca dentro de una voluntad de reforma en línea con la liberalización y la desregulación del sector de la comunicación en Europa. Consideramos que este comportamiento del ejecutivo en España, se correspondería con la Espiral del Disimulo, término utilizado por Aurora Labio (2006) para hacer referencia al comportamiento en lo respectivo a medios de comunicación de la Unión Europea: anunciar regulación y practicar la desregulación. Porque, de ser cierta nuestra hipótesis, la visión del mundo que emite la cadena a sus espectadores estaría sesgada de forma determinante en base a criterios políticos y/o económicos, pero, en cualquier caso, no estrictamente periodísticos. 1.3 Presupuestos epistemológicos y metodología de investigación Este trabajo se enmarca epistemológicamente dentro del ámbito de la Economía Política de la Comunicación, proveniente del Estructuralismo marxista y la Escuela de Frankfurt, una metodología interdisciplinaria basada en el análisis de las relaciones entre las estructuras mediáticas y las de poder, con un enfoque crítico y contrapuesto al pensamiento único y dominante dentro del Sistema de Economía de Mercado. De hecho, esta línea de trabajo busca las relaciones sociales “que rigen los procesos económicos en los sistemas de comunicación, a través del poder” (Gómez García y Sánchez Ruiz, 2011, p. 2). “La estructura de la información es además de crítica –fenomenología y hermenéuticamúltiple y multiplicable, más bien en el sentido del espejo que refleja varios destellos en varias direcciones, a partir de luces procedentes de varios puntos” (Sánchez-Bravo, 1992, p. 119). Ese estudio de las interrelaciones de los elementos constituye una constante búsqueda del porqué de las cosas, un acercamiento crítico a la realidad. Desde el punto de vista metodológico, el hilo conductor de este trabajo está basado en un estudio cualitativo no experimental que aporta continuidad y cohesión al conjunto. A través de este seguimiento pormenorizado se ha procedido a la documentación, descripción y análisis de documentos con estudios de casos, aportando una serie de ejemplos que reflejan la realidad nacional en materia de televisión pública. Además de afrontar el problema desde un enfoque descriptivo, la investigación está caracterizada por un enfoque crítico y una continua valoración de los resultados, lo que ha permitido progresar gradualmente en la exposición y la verificación del problema. El factor crítico ha sido necesario para poner en evidencia que las políticas desarrolladas en la etapa de gobierno popular no han repercutido de forma favorable en la calidad del producto periodístico final de TVE, así como para demostrar que las últimas actuaciones en el terreno legislativo no tienen intención de beneficiar la pluralidad. El marco temporal del proyecto abarca desde el año 1980, en que aparece el Estatuto de la Radio y la Televisión Pública, hasta junio de 2015, fecha en la que José Antonio Sánchez, presidente de la CRTVE, comparece ante el Congreso reconociéndose votante del Partido Popular. Durante este período de tiempo se ha prestado especial atención a dos etapas: la primera, entre 2006 y 2011, años en los que el ejecutivo socialista hace su reforma televisiva; y la segunda, desde 2011 hasta la actualidad, abarca las últimas reformas legislativas acaecidas durante el gobierno del Partido Popular. En lo que respecta al marco geográfico, el grueso de la investigación se ha centrado en analizar la situación actual de España en lo referente a manipulación informativa, pluralidad e injerencias del poder político en la prensa pública. No obstante, en varias ocasiones ha sido necesario abrir fronteras para posibilitar un juicio de valor coherente. En definitiva, pretendemos estudiar las relaciones entre políticos, que ostentan capacidad legislativa; miembros del Consejo de Administración de CRTVE, habitualmente cercanos a las maquinarias de los partidos políticos; las propias medidas legislativas aprobadas en materia de televisión pública; y la praxis de los periodistas de TVE, condicionados interna y externamente en su quehacer cotidiano. Se analizará además el producto final y el origen de sus posibles desviaciones. También se estudiará cómo influye este producto final en las audiencias. 2. Pluralismo: Concepto y Delimitaciones 2.1 Conceptualización En la que se conoce como Era de la Información, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial. Ejercen de bálsamo social, como organismo de control entre las diferentes instancias sociales, como transmisores culturales y de valores, y como generadores de opinión. En definitiva, dibujan buena parte de ese conjunto nebuloso y abstracto que denominamos realidad. Para que este boceto tenga sentido, para que refleje la complejidad del mundo, esa recreación ejercida por los medios debe ser integradora y coherente. Es decir, las instituciones que regulan las relaciones entre seres humanos deben salvaguardar la pluralidad en las opiniones y el pensamiento, proteger los enfoques individuales, para evitar así que un determinado elemento mediático que interviene en el circuito de la comunicación imponga una corriente totalizadora y teóricamente superior a las demás (CNTV, 2013, pp. 4-5). Con este objetivo, cada vez surgen más organizaciones profesionales, consejos audiovisuales o asociaciones de periodistas. El pluralismo mediático se convierte en salvaguarda de derechos como la libertad de expresión o el libre acceso a la información, dos elementos fundamentales para el desarrollo de toda sociedad democrática. Desde la aparición de la prensa de masas, la defensa del pluralismo ha sido tarea casi exclusiva de los diferentes gobiernos, legislando acerca de la información y la divulgación, creando organismos como los mencionados consejos audiovisuales o regulando la competencia empresarial. Desde los inicios de la conformación colectiva de Europa, allá por los años ochenta, esta tarea se ha realizado de forma conjunta entre los diferentes Estados y la Unión Europea, aunque su desarrollo solo haya alcanzado, hasta la fecha, niveles primarios. Si el pluralismo es una meta, su camino se antoja complejo. Cada día, los ritmos empresariales industriales, la efímera moda tecnológica, las presiones de los lobbies políticos o la misma falta de conciencia ciudadana enfrentan a los propios expertos. Inicialmente es conveniente delimitar el concepto de pluralismo. Innumerables autores, desde Hobbes a Tocqueville, pasando por Rousseau o Durkheim, han abordado esta tarea (García Jurado, 2001, pp. 1-3). La 22ª edición del Diccionario (2001) que elabora la Real Academia Española, RAE, recoge la siguiente acepción: “1. m. Sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones”. Según la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el pluralismo informativo es: El pluralismo de los medios de información garantiza la libertad de expresión de las distintas opiniones, culturas y comunidades, en todos los idiomas y en cualquier sociedad, así como el respeto de la diversidad. En toda sociedad democrática los medios de información no sólo han de ser independientes, sino también pluralistas. En efecto, una democracia pujante exige la existencia de medios de información que estén exentos de cualquier control gubernamental o de presiones políticas y económicas, y que tengan la posibilidad de disponer de los recursos materiales e infraestructuras indispensables para producir y difundir sus productos y programas. (Unesco.org, 2006) El Parlamento Europeo, en representación de la Unión Europea, parte implicada en la consecución del pluralismo, aprobó en 2004 una resolución en la que destacaba la importancia de la pluralidad en los medios de comunicación. Esta comunicación se hacía justo después de la publicación de un informe del Instituto Europeo para los Medios de Comunicación en el que se alertaba de la excesiva concentración mediática de ciertos países de la zona euro. También el proyecto de Constitución de la Unión Europea recoge una disposición acerca del pluralismo (García de Castro, 2006, Introducción). Como apunta al respecto Martínez/Piñeiro (2012): “La Unión Europea tiene entre sus cometidos la defensa del pluralismo mediático como pilar fundamental sobre el que se sustentan el derecho a la información y a la libertad de expresión; derecho recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Artículo 11, 2000)” (p. 6). El objetivo del pluralismo reside en posibilitar que las personas tengan permitido desarrollar por sí mismos una visión propia de la realidad social, sin manipulaciones de ningún tipo, y que puedan formarse poco a poco como personas a base de tomar sus propias decisiones. Por eso es clave que haya una oferta muy amplia y, a su vez, equilibrada, de información entre la que escoger. En las democracias que entendemos como “modernas”, las nuestras, el pluralismo mediático se relaciona, y se estudia, desde medidores culturales, estructurales, políticos o geográficos. Solo así, haciendo un control multidisciplinar, se puede realizar una evaluación válida y útil para el ciudadano. 2.2 Pluralismo interno y externo Aunque la tendencia habitual en el estudio de esta materia es el enfoque estructuralista, desde el que se observa la concentración mediática y la diversidad en los propios medios, y se analiza a los grandes grupos mediáticos, y sus conexiones con la élite económica y política, el pluralismo es un concepto más amplio. Para empezar, antes de estudiar el pluralismo mediático se debe diferenciar entre pluralismo interno y externo (CNTV, 2013, p. 6). El pluralismo interno funciona dentro de las instituciones políticas, institucionales o mediáticas. Se busca cuando se seleccionan, eligen y controlan los contenidos emitidos con preocupación por reflejar diversas corrientes de opinión, para que así la sociedad pueda generar por sí misma una visión propia de la realidad. Este pluralismo interno entiende nociones tan influyentes como la cobertura de emisión, la calidad de contenidos, o la independencia de los profesionales de la información. Hace diferenciación entre pluralismo interno de naturaleza pública o privada, es decir, en función de sí se habla de empresas privadas o públicas (CNTV, 2013, pp. 6-9). Estas últimas tienen la obligación de ofrecer programación plural, ya que su financiación les permite dejar a un lado la lucha por el mercado. La supresión de la publicidad en las televisiones públicas de Francia, Gran Bretaña o España es un ejemplo de ello. En nuestra Ley 17/2006 de radio y televisión de titularidad estatal se afirma (artículo 25.3): 3. La programación del servicio público encomendado a la Corporación RTVE deberá atender especialmente a los colectivos sociales que requieran una atención específica hacia sus necesidades y demandas, como la infancia y la emisiones privadas. En un documento sobre financiación de las televisiones autonómicas elaborado por la Secretaría General de EURORAI 3 (2004), se afirma: “La historia de la radiotelevisión en España, y en particular de la televisión, es hasta 1983 la historia de la Televisión Española (TVE). A esta etapa sucederá una intermedia con la aparición de las televisiones autonómicas, y sólo a partir de 1989, con el comienzo de las emisiones de las televisiones privadas, el panorama español comenzará a ser semejante al de la mayoría de los países de la Europa comunitaria” (p. 1) 4. Cambios Normativos: del Estatuto RTVE al fin de la publicidad 4.1. Década de los 80: Regulación del Tercer Canal y la televisión privada. El Estatuto de 1980 consideraba, como sucedía desde 1956 con la aparición de TVE, a la televisión como un servicio público esencial. Tanto la red de comunicaciones, como los centros emisores, como los gastos de explotación corrieron siempre a cargo del Estado, convirtiendo así a la televisión en nicho inmenso de subvenciones públicas. En 1982, gracias al desarrollo económico del país y al interés de los anunciantes por aparecer en la pequeña pantalla, la financiación pasó a ser íntegramente la obtenida por publicidad, dejando así de recibir dinero estatal (EURORAI, 2004). En 1983 se aprueba en el Congreso de los Diputados la Ley 46/1983 de Regulación del Tercer Canal o canal autonómico, que permite la apertura de televisiones públicas de titularidad estatal en ámbitos territoriales. Las primeras en aparecer serían País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, respectivamente, siendo inaugurada la primera antes incluso de promulgarse la Ley, tal y como nos recuerda Luis Albornoz (2002) Con anterioridad a la sanción de la misma, el 31 de diciembre de 1982, el ente público de Radiotelevisión Vasca (Euskal Irrati Telebista, EITB) celebra la despedida del año con la inauguración de la primera emisora de televisión pública autonómica: Euskal Telebista 1 (ETB 1). A la televisora vasca le seguirán, en 1983, TV3 de Cataluña y, en 1985, TVG de Galicia (p. 3). El éxito de estas televisiones territoriales no será comparable, al menos en los primeros años, a la televisión estatal. Contaban con pocos espectadores, lo que suponía un volumen de publicidad menor al esperado, y les obligaba a seguir contando con financiación estatal, a diferencia de lo que ya hacía desde 1982 la cadena principal, TVE, sostenida íntegramente por ingresos publicitarios (EURORAI, 2004). 3 EURORAI -la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Públicoes un proyecto de cooperación entre órganos de control del sector público en Europa que facilita el intercambio de experiencias, con el objetivo de garantizar una mejor utilización de los fondos públicos (Véase: http://www.eurorai.org/eurorai/eurorai_es.nsf/menu/acerca_de_eurorai). Desde 1983, año de la regulación del canal autonómico, previsto ya en el Estatuto de 1980, se producirían gran cantidad de reformas legislativas: La primera de ellas sería la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT). Según Julio Martínez Tormo (1991), en su informe “La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y el Mercado Común Europeo”: La Ley trata de atender los problemas del presente, tiende a sentar las bases para el futuro de nuestras telecomunicaciones, de manera que sean una pieza fundamental del desarrollo tecnológico y económico de nuestro país. (…) la LOT, Ley que nació con tan ambiciosas intenciones y tan altas aspiraciones, según se dice en su preámbulo, necesita dé modificaciones, a los tres años escasos de su publicación, para permitir el funcionamiento del libre comercio en la España del Mercado Común Europeo, que será realidad en el año 1992 (pp. 19-26). La siguiente normativa sería la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada (Vigente hasta el uno de mayo de 2010). Regulaba las características de las concesiones administrativas para las televisiones privadas, como el concurso público, la obligada cobertura nacional, o la no transferibilidad de la concesión; establecía medidas de control sobre el canal privado como la limitación temporal (10 años renovables) o la obligación de guardar copia de las emisiones para posibles inspecciones; y también medidas sobre la programación, como el mínimo de 15% requerido de producción propia de contenido. (Azurmendi, 1994, pp. 3-4). Ese mismo año se promulgaba la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad, que modificaba la vetusta Ley 61/1964, de 11 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Publicidad. La inclusión en el marco europeo, el avance de la publicidad y de lo audiovisual hicieron necesaria la aparición de esta nueva normativa, que entre otras cosas, define como ilícita a la publicidad engañosa, la subliminal, la desleal, y la que ataque la dignidad de las personas o vulnere derechos recogidos en la CE (Veleiro Reboredo, 2011, p. 99). 4.2. Década de los 90: la televisión por satélite y la Ley General de Telecomunicaciones. Una vez iniciadas las emisiones regulares de las cadenas privadas, el punto de mira se situaba en la televisión por satélite. La primera normativa al respecto era la Ley 35/1992, de 22 de diciembre, de la Televisión por Satélite, una legislación errónea que sobrevivió apenas 3 años. En la norma que la sucede (Ley 22/1999) se señalan, como errores de la Ley 35/1992, la obsolescencia ante nuevas imposiciones europeas y frente a los avances tecnológicos, y las exigencias ante la creciente oferta de televisión por satélite (Arrojo Baliña, 2008, p. 55). Dos años después vería la luz la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativos al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. El fin de esta Ley era, como se indica literalmente en la misma: Establecer el régimen jurídico que garantice la libre difusión y recepción de las emisiones televisivas entre los Estados de la Unión Europea. Fomentar el desarrollo de determinadas producciones televisivas. Regular la publicidad televisiva, en todas sus formas. Regular el patrocinio televisivo. Defender los intereses legítimos de los usuarios y, en especial, de los menores para preservar su correcto desarrollo físico, mental y moral (Ley 25/1994, art.1, Objeto). Esta normativa será modificada en 1999 por la Ley 22/1999, de 7 de junio, con el fin de adoptar la Directiva 97/36/CE, de 30 de junio, por la que se rectifica la mencionada normativa 88/552/CEE, de 3 de octubre, del Consejo, sobre coordinación entre estados miembros en materia de radiodifusión televisiva. Como cambio significativo, cabe señalar que se abre la vía a una intervención administrativa en caso de incumplimiento reiterado del artículo referente a la protección de los menores (Ley 22/1999, Exposición de Motivos). Siguiendo las medidas marcadas por Europa, la Ley 37/1995, de Televisión por Satélite liberaliza la prestación de los servicios de telecomunicaciones que utilicen satélite y suprime la consideración de servicio público obtenida por los servicios de telecomunicaciones en 1992 (Arrojo Baliña, 2008, p. 77). Como evolución de esta normativa, surge la Ley 12/1997, de 24 de abril, de liberalización de las telecomunicaciones, que continúa la dinámica de adhesión a la normativa comunitaria. También a través de esta Ley se crea la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, perteneciente al Ministerio de Fomento (Arrojo Baliña, 2008, pp. 55-56). Un año después verá la luz la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (vigente hasta el 11 de mayo de 2014), que promueve la competencia entre prestadores de servicios y la vigilancia del servicio público ofrecido. Además, intenta fomentar un uso eficiente del espacio radioeléctrico y garantizar los intereses y los derechos de los usuarios (Ley 11/1998, Título I, art. 3). Centrándose más en los ciudadanos, el Real Decreto (R.D.) 1462/1999, de 17 de septiembre, aprueba el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación a emitir y se desarrollan otros artículos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio. Este Real Decreto, vigente hasta el 7 de enero de 2011, proclamaba el derecho del ciudadano a conocer con anterioridad la programación emitida en televisión, como método de regulación horaria del espectador ante el televisor, y salvo modificaciones producidas por motivos ajenos al emisor que no hayan podido ser notificadas a tiempo. Establece, además, que los anuncios benéficos, de servicio público, o con objeto de dar a conocer la programación, no serán considerados publicidad (R.D. 1462/1999, Disposición adicional única). 4.3. Siglo XXI: la apuesta por el Cine y la Ley General de la Comunicación Audiovisual El comienzo nuevo siglo estará marcado por la modificación estructural del Ente Público Radiotelevisión Española, que pasará a llamarse Corporación RTVE. Cambiará su dirección y lo hará también su financiación. La primera de las normativas aparecidas es el Real Decreto Ley 15/2001, de 9 de julio, de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el Sector Audiovisual, que reformaba artículos de la Ley 25/1994, de la Ley 3/1980 y otras normativas menores, y establecía mínimos de cuota de pantalla para cinematografía comunitaria. En concreto, los cines de nuestro país debían dedicar uno de cada tres días de emisiones a películas europeas, y se impusieron multas para casos de incumplimiento. Asimismo, se fomentaba la creación audiovisual acorde a la identidad cultural de los españoles y fijaba un sistema de ayudas a la producción (Ley 15/2001). En 2004, uno de los principales cambios normativos va dirigido a la creación del denominado “Consejo de Sabios”, órgano cuya misión era renovar la estructura del Ente público Radiotelevisión Española. Nos referimos al R.D. 744/2004, de 23 de abril, por el que se crea el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado. Dicho Consejo estuvo formado por los académicos Fernando Lázaro Carreter y Emilio Lledó, el filósofo Fernando Savater y los catedráticos Victoria Camps y Enrique Bustamante, que, a su vez, tenían libertad para elegir ayudantes (El País, 4 febrero de 2004). La intención era que la reestructuración de RTVE la llevara lejos de la política. Según escribía el propio Bustamante dos años antes, “(…) Desde la transición, los gobiernos han utilizado políticamente al máximo a RTVE mientras agudizaban simultáneamente su bancarrota” (Bustamante, 2002) Ese mismo año y como medida para potenciar la industria cinematográfica en nuestro país, se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para financiación anticipada de largometrajes y cortos cinematográficos y películas para televisión en la Unión Europea y España (R.D. 1652/2004, de 9 de julio). Así, se facilitaba y complementaba lo dispuesto en las Leyes 22/1999 y 25/1994, referente a la financiación de cine español y europeo, que, hasta la fecha, no se había cumplido. En 2006 se imponía una financiación mixta de la radio y televisión de titularidad estatal. Así se recogía en la Ley 17/2006, de 5 de junio, que incluía el Mandato Marco a la Corporación RTVE aprobado en el Congreso y en el Senado. El contrato-programa acordado subvencionaría el coste neto de las actividades de servicio público de la Corporación, obligando así a realizar contabilidades paralelas para separar el servicio público del resto de actividades. Estos ingresos provenientes de la función puramente pública se podrían complementar con actividades comerciales (publicidad), siempre por debajo de las cuotas de televisiones privadas. Si la dotación presupuestaria de un ejercicio es superior al coste de las actividades de servicio público realizadas, la cantidad en exceso se restará a la prestación del año siguiente. Para controlar el sistema, desde la entrada en vigor de la nueva Ley, se auditarán las cuentas anuales de acuerdo a la legislación mercantil. El artículo 1 del Contrato Programa establece lo siguiente: 1. El contrato-programa será suscrito por el Gobierno y la Corporación RTVE y determinará al menos los siguientes extremos: a) Los objetivos específicos a desarrollar por la Corporación en el ejercicio de la función de servicio público encomendada por el Estado para un período de tres años. b) Las aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado destinadas a la prestación del servicio público de radio y televisión. c) Los medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones del entorno económico, garantizando siempre el cumplimiento del mandato marco. d) Los efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados. e) El control de la ejecución del contrato-programa y de los resultados derivados de su aplicación (Ley 17/2006). Aparte de lo económico, también incluía modificación en materia administrativa. El cargo de Director General del Ente RTVE, siempre polémico por su cercanía política, desparecía con la nueva Corporación RTVE para dar lugar a la figura de Presidente. Su elección dejaba de estar en manos del gobierno de turno para recaer en el Congreso, mediante mayoría de dos tercios. Todo el Consejo de Administración, incluido el Presidente, será elegido a partir de la nueva legislación a razón de ocho por el Congreso y cuatro por el Senado, cuando antes eran elegidos a mitades iguales. Sigue establecido el requerimiento de obtener la aprobación de dos tercios de la cámara en cuestión. De no lograrse acuerdo entre grupos parlamentarios, tras dos meses de bloqueo, los doce consejeros serían elegidos por mayoría absoluta simple en el Congreso. Otras novedades destacadas de la Ley 17/2006 fueron la modificación del Consejo Asesor del Estatuto de 1980, que pasaría a estar formado por 15 miembros de origen heterogéneo (Ruiz de Apodaca, 2009), y la creación de un Consejo de Informativos formado por los profesionales de la Corporación RTVE, para asegurar la neutralidad y objetividad de sus contenidos y la independencia de los trabajadores. Este último, a pesar de no poseer opinión vinculante, tiene la obligación de emitir informes sobre determinadas decisiones y nombramientos. Respecto a la utilidad de este Consejo, Dimitrina Jivkova Semova (2014), de la Universidad Complutense de Madrid, afirmaba: Todos estos ejemplos demuestran el importante papel de los órganos de control interno en el campo del periodismo. Uno de los aspectos más positivos se produce por el hecho de que se está logrando, en cierta medida, atraer la atención pública hacia los problemas denunciados en cada momento por este órgano. De este modo, se alcanza también mayor grado de transparencia acerca de los sucesos en RTVE. No obstante, debemos reconocer que el mayor desafío ante la consolidación de estos órganos sigue siendo la inestable situación, económica y corporativa, en la propia institución (p. 191). Ante la disolución del Ente Público RTVE -compuesto por Televisión Española S. A. y Radio Nacional S. A.- para conformar la nueva Corporación RTVE, y la asunción de la deuda histórica de la cadena por parte del Estado, se puso en marcha un plan de saneamiento que supondría el descenso gradual de la plantilla en 4.150 trabajadores entre 2006 y 2008 y la reducción del presupuesto anual. Daniel Toledo, informaba el 28 de enero de 2015 en el medio digital El Confidencial de la fiscalización del ERE de la época Zapatero por parte del Tribunal de Cuentas, y de las irregularidades surgidas de dicha investigación: Todo arrancó en julio del citado 2006, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –que tutelaba la empresa– y la entonces directora general, Carmen Caffarel, pactaban con los sindicatos reducir la plantilla de RTVE en 4.150 trabajadores y dejarla en apenas 6.400, dentro del plan de saneamiento financiero de la casa. El acuerdo, cerrado en la madrileña finca de los Peñascales (Torrelodones), se desarrollaba meses después. Y los sindicatos arrancaban unas condiciones irrepetibles para cerrar las prejubilaciones. El ERE forzaba el retiro de todos aquellos trabajadores con 50 años cumplidos a 1 de enero de 2007. Dejarían su puesto dos años después con la práctica totalidad de su sueldo y amplio margen para desarrollar otras actividades. Tras el acuerdo, se firmaron a 883 nuevos trabajadores solo en la primera convocatoria, de los cuales 39 tenían más de 50 años, y seis, más de 60. Además, el Tribunal de Cuentas “denuncia el exceso de contratos fijos que se produjeron en la cadena pública en los meses posteriores a acometer el ERE. De hecho, se duplicó la cifra prevista: de 450 a 866” (El Confidencial, 28 de enero de 2015). Nueve años después, el ERE costará a las arcas públicas 1700 millones de euros, aproximadamente (El Confidencial digital, 28 enero 2015). Según publica el mismo diario el día 19 de junio de 2015, “a largo plazo, el estudio del Tribunal demuestra que estos prejubilados acabarán cobrando más que si se hubieran quedado en sus antiguos puestos de trabajo”. Señala que “con esas claves, es más fácil de comprender que 357 profesionales de RTVE litigasen contra la empresa por no haber sido incluidos en el último ERE, un expediente que difícilmente se repetirá con condiciones tan ventajosas” (El Confidencial digital, 19 de junio de 2015). Una nueva apuesta por la industria cinematográfica llegaría con la Ley 55/ 2007, de 18 de diciembre, del Cine. El texto transforma el Instituto de la Cinematografía en Agencia Estatal para mejorar su gestión; estabiliza el Fondo de Protección de la Cinematografía, con el objetivo de garantizar sus recursos; vuelve a regular la cuota de pantalla para el cine comunitario e implanta medidas para reforzar la competencia. Recoge el avance tecnológico, deroga normativas obsoletas y plantea un glosario de términos para facilitar la comunicación entre la administración y el sector cinematográfico (Ley 55/2007, preámbulo). En 2009 el foco de atención será el sector de las telecomunicaciones, con dos textos legales: el R.D. 1/2009 y la Ley 7/2009. Con respecto al primero, el R.D. 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, el legislador apostaba por la flexibilización ante el reto que suponía el paso a la Televisión Digital Terrestre, y la crisis financiera generalizada que afectaba también al sector televisivo, y por consiguiente al publicitario: Las posibilidades de capitalización y concentración que abre este Real Decretoley deben provocar, en su caso, las sinergias necesarias para garantizar la estabilidad de los operadores presentes en el sector, sin abandonar los retos tecnológicos a los que se enfrenta en este nuevo proceso hacia la emisión digital. Se avanza en la liberalización eliminando, así, la imposibilidad de poseer más de un 5% en distintos prestadores, con la expectativa de que éstos puedan atraer a su actividad el capital financiero necesario. Sin embargo, estas nuevas oportunidades no han de mermar el pluralismo televisivo que se ha construido en las últimas dos décadas. (R.D 1/2009) Se menciona la pluralidad, pero realmente no se garantiza en el texto, sino que se prorroga a la próxima regulación audiovisual, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual: “La aplicación de las medidas previstas para garantizar el pluralismo pasará a ejercerse por el órgano que se cree al efecto en la nueva regulación del sector audiovisual” (R.D 1/2009). Con respecto a la Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, permitía la liberalización de las participaciones cruzadas significativas, siempre y cuando la audiencia media acumulada de los operadores en los que está presente no supere el 27 por 100 de la audiencia total (Zallo, 2010, p. 7). Derogada por el apartado 16 de la disposición derogatoria de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. También en 2009 se promulga la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación RTVE. El entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las críticas de las cadenas privadas, centradas en la comparación con países como Gran Bretaña, donde los espectadores se hacen cargo de un canon que permite la ausencia de publicidad, o Francia, cuya televisión pública tenía programada la pérdida de los anuncios, pactó con la oposición una norma que amortiguara las dificultades previstas para las televisiones privadas en su paso a la emisión digital. Desaparece así la financiación mixta impuesta en 2006 (por la Ley 17/2006), obtenida entre subvención y anuncios, para dar paso a una televisión pública carente de publicidad y sostenida por: los operadores de telecomunicaciones, que aportarían un 0,9% de sus ingresos; las cadenas privadas, contribuyendo con un 3% de sus ganancias; y las televisiones de pago, que tributarán un 1,5% de su beneficio anual. Esta forma de sostenimiento económico fue ampliamente criticada por los afectados, que acudieron a instancias europeas. Para el autor Antoni Vidal (2012): Como consecuencia de ello, la Comisión Europea abrió una investigación sobre este nuevo sistema de financiación ante la posibilidad de que las tasas que fija la ley a los operadores de telecomunicaciones y a las televisiones pudieran ser contrarias a las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas, según la anterior Comisaria de la Competencia, Neelie Kroes: “La Comisión no pone ninguna objeción a la retirada de la publicidad, pero tenemos que evaluar la manera en que se financia esta reforma” (p. 392). Aparte del ya comentado, se abría también otra vía de devengo mediante el patrocinio y el intercambio publicitario, siempre que se enmarcara en la función de servicio público y no tuviera fines puramente comerciales (Ley 8/2009, art. 2, 7). La nueva norma fue recibida de forma ambigua entre los diferentes colectivos afectados. La Unión de Televisiones Comerciales (UTECA), asociación que agrupa a las televisiones privadas, ampliamente beneficiadas por el nuevo reparto de la tarta publicitaria, recibía la noticia favorablemente. La propia UTECA, mediante su entonces presidente Jorge del Corral, proponía además que TVE fomentara al cine español, olvidándose del estadounidense y de los eventos deportivos, codiciados por las cadenas privadas (ABC, Edición digital, 8 mayo 2009). A su vez, criticaba que el cese de la publicidad no fuese inmediato, sino que se prolongara hasta diciembre (Caldevilla Domínguez, 2012, p. 672). Los sindicatos de RTVE, por otra parte, manifestaron su apoyo al antiguo modelo mixto establecido en 2006: En 2009 el Gobierno español presentó su Anteproyecto de Ley de Financiación de la Corporación RTVE. Los sindicatos en la radiotelevisión pública alarmaron enseguida de que el proyecto jurídico se había ido negociando con una evidente falta de trasparencia y sin la participación de los sectores concernidos: la SEPI, los sectores empresariales de las telecomunicaciones, las organizaciones de anunciantes, las demás fuerzas políticas. Tampoco fueron consultados el Consejo de Administración y el equipo directivo de la corporación (Semova, 2009, p. 3-4) La Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL), criticó la aportación a la Corporación por contradictoria, puesto que ASTEL debía realizarla y no así las emisoras de radio, presumiblemente beneficiadas por la medidad (Caldevilla Domínguez, 2012, p. 673). Para los expertos, la ausencia de publicidad devendría en mayor libertad editorial y más tiempo para formatos didácticos e informativos, redundando favorablemente en la calidad de las emisiones y en el devenir de TVE, o bien, acabaría con la competitividad de la cadena pública, al apartarla de las audiencias: Teniendo en cuenta las restricciones que determina la nueva Ley de Financiación debemos esperar que TVE perdiera su liderazgo en cuanto deje de emitir los partidos de futbol de la Liga de Campeones o las competiciones de Moto GP. Esto puede resultar positivo en caso de que la televisión pública decida centrar su atención en los verdaderos programas de servicio público mejorando su calidad, o todo lo contrario, la pérdida de audiencia puede causar la progresiva marginalización de la televisión pública (Semova, 2009, p. 10) Caldevilla Domínguez (2012) mostraba también sus dudas sobre la mejora de la calidad del servicio público: “El tiempo nos dirá si este objetivo se cumple o, contrariamente, como las perspectivas más alarmistas afirman, este nuevo sistema de financiación puede suponer el final de la televisión pública en España tal y como la conocemos” (p. 676). Continuando con los cambios normativos, la Directiva 2010/13/UE, de 10 de marzo, de servicios de comunicación audiovisual coordina diversos textos legales para garantizar la pluralidad cultural y de opinión en la zona comunitaria, además de la libertad de información. Establece como punto clave la seguridad del espectador, y más concretamente de los menores, e insta a fomentar la producción de cine europeo. (Apartado de Recursos de Diversidadaudiovisual.org, plataforma estatal dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad) También en 2010 se publica la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que aparece para flexibilizar la gestión de servicios públicos de comunicación audiovisual autonómico. Es decir, permitir mediante reforma en las leyes la privatización de la gestión, o de la producción de contenidos, de las televisiones públicas autonómicas. Asimismo, también quedó suprimido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), previsto en la legislación audiovisual, pero que no había iniciado aún su actividad. El PP había declinado su creación en el Senado argumentando que el organismo cerraría medios de comunicación como si de un juez se tratase, y apostaba en su lugar por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, o CNMT (Vidal, 2012). El Confidencial digital del día 24 de enero de 2012 explicaba cómo Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, declinaba la creación del CEMA: Sobre el CEMA, ha señalado que no es "necesario", ya que sus funciones pueden ser asumidas por otros órganos reguladores que ya existen, "sin necesidad de gastar 6,5 millones de euros en crear uno nuevo". Durante la tramitación parlamentaria de la Ley Audiovisual, el PP ya propuso integrarlo en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Un nuevo cambio concerniente a la financiación llegaría con el R.D. 1004/2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 8/2009 de Financiación de la Corporación RTVE. En concreto, en su artículo 6 “regula el procedimiento de gestión, liquidación, inspección y recaudación de las aportaciones por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones”. El mismo artículo recoge que son objeto de regulación los pagos a cuenta que deben efectuar los obligados al pago de las aportaciones”. Un año después, el R.D. 1624/2011, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a comunicación comercial televisiva, recoge cambios que afectan a los prestadores de comunicación audiovisual de nivel estatal, no inferior. También albergaba una disposición derogatoria única, que acababa con el R.D. 1462/1999. Una nueva modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, llegará con la Ley 6/2012, de 1 de agosto, cuya finalidad es flexibilizar los modelos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. La Ley 7/2010 preveía modificaciones para garantizar el servicio público de comunicación audiovisual. Ante las dificultades económicas de las administraciones territoriales, la Ley 6/2012 implementa un límite de gasto para cada ejercicio, la obligación de rendir cuentas de los mismos para demostrar que se cumple con lo establecido en la normativa y permite la flexibilización de la producción de contenidos, pudiendo hacerse de forma conjunta. Esta última modificación no sería aplicable a la televisión pública estatal, pues el artículo 7.5 de la Ley 17/2006 lo impide. Partiendo de lo establecido en esta última normativa, el R.D. 15/2012, de 20 de abril, modifica el régimen de administración de la Corporación RTVE. Esto supondría, de forma resumida, la supresión de tres consejeros, siendo dos de ellos los propuestos por los principales sindicatos (CC.OO. y UGT) y reduciendo así el Consejo a nueve miembros; la posibilidad de nombrar al presidente de RTVE sin consenso, solo con la mayoría absoluta habitual en los partidos gobernantes en España; y que estos nueve consejeros dejan de tener dedicación exclusiva a su tarea y pierden su retribución fija para recibir dietas por asistencia a las sesiones del Consejo. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 21 de abril de 2012: Las modificaciones que se llevan a cabo mediante el presente Real Decreto-ley garantizan la independencia de la radio y televisión pública que proclama la Ley 17/2006 al mantener la posibilidad de que exista un consenso político en la elección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE. (BOE nº96, Secc. I, p. 30985) Como afirma el legislador, el nuevo Real Decreto ofrece la opción del pacto entre las diferentes fuerzas políticas, pero no hace efectiva, no desarrolla dicha vía (R.D. 15/2012). TV News Awards, que aupaba a los telediarios de TVE internacionalmente. A nivel personal, en el mismo periodo, se le concedió el Premio Javier Bueno, el Premio Vázquez Montalbán y el Premio a la Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga, según el currículo de Fran Llorente que se encuentra publicado en la Asociación de la Prensa Madrid, APM. Sin embargo, era destituido en la primera reunión del nuevo Consejo de Administración dirigido por Echenique, junto a Benigno Moreno, director de Radio Nacional de España. Moreno sería sustituido por Manuel Ventero, director de informativos de RNE en la época Aznar, y Llorente, que salía ovacionado por sus compañeros de los informativos de TVE tras 8 exitosos años, sería reemplazado por Julio Somoano, director de los informativos matinales de la Telemadrid de José Antonio Sánchez. El nuevo director de informativos, denostado gravemente desde los sindicatos por su labor en la cadena autonómica, vio una semana más tarde como el 70,9% de la plantilla rechazaba su nombramiento en un referéndum no vinculante. Según el artículo de Rosario Gómez (2012):”Del censo de 1.607 trabajadores de Informativos solo votó un 29%. A favor lo hizo el 8,05% y el 20,9% dejó una papeleta en blanco.” Uno de los motivos principales fue el conocimiento por parte de la plantilla del documento “Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales”, una tesina publicada por Somoano en 2005 para un Master de la Universidad Autónoma de Barcelona. En ella se aconsejaba no descuidar la politización del entretenimiento, se recomendaba suavizar el discurso para ampliar el espectro de votantes, se establecían líneas rojas respecto a temas impopulares como la homosexualidad o se diseñaban estrategias de comunicación alternas dependiendo de las circunstancias económicas (El País, 29 de julio 2012). Somoano, respecto al entretenimiento en TVE: ”El PP no debería dejar pasar estas formas de politizar el entretenimiento en televisión, igual que no lo ha hecho el PSOE, que en TVE ya ha retocado los guiones de “Cuéntame” para que quede clara la superioridad moral de su pensamiento.” (Somoano, 2005, p. 26). En este viaje convulso, a Somoano lo acompañaron periodistas conocidos de su periplo en Telemadrid y de los años de Urdaci en TVE. A su vez, se desplazó a personas que ocupaban cargos trascendentes en la Corporación: Ana Pastor, conductora de “Los Desayunos de TVE”, era sucedida en su puesto por María Casado; Xabier Fortes, director y presentador de “La noche en 24 horas”, era reemplazado por Ana Ibáñez; Jenaro Castro, editor del Telediario-2 que presentaba Urdaci, y ex de la Cope, relevaba a Alicia G. Montano al frente de los informativos no diarios y de “Informe Semanal”; el subdirector de los informativos de Telemadrid, José Gigaldo, era nombrado responsable de contenidos de los Servicios Informativos de TVE sustituyendo a Matías Montero; Sergio Martín, director y copresentador del programa de RNE “Esto me suena” pasaría a ser el responsable del canal 24 Horas que dirigía Asunción Gómez Bueno, y Carlos Taboada Valdés, que había trabajado en Telemadrid, Canal Sur o Antena 3, ocupaba la dirección del Centro Territorial de Canarias que había correspondido hasta ese momento a Juan Luis Callau. Josefa Rodríguez Voces, editora del Telediario-1, también sería reemplazada. Otro cambio estratégico, con menos repercusión en los medios, fue la entrada en la subdirección de los Servicios Informativos de Cecilia Gómez Salcedo, ex asesora de la consejera Rosario López Miralles, como sustituta de Xabier Obach. Cecilia Gómez pasaría a ser responsable de la gestión de Recursos Humanos de los Servicios Informativos (El País, 4 de agosto de 2012). Pepa Bueno, otro de los pesos pesados en la cadena pública en la etapa socialista, había dejado dos meses antes la Corporación para recalar en Cadena Ser. El adiós de la presentadora del Telediario-2 dejaba su sitio a Marcos López, de los informativos de fin de semana. El director de TVE Santiago González y Jaime Gaiteiro, director corporativo, también se marcharían a finales de junio de 2012 (portal web de RTVE, 29 de junio de 2012). El 3 de agosto de 2012, Ana Pastor, una de las caras más populares de la Corporación, declaró en su cuenta personal de Twitter: “Me destituyen por hacer periodismo y por una decisión política (…)”. A lo que añadía: “Es evidente que a los políticos no les gustan las entrevistas incómodas. Pero en mi caso ha habido una campaña de un sector de PP, aunque me consta que no todo el mundo en Moncloa comparte la decisión de TVE de despedirme”. Pastor apuntaba directamente a la injerencia política del PP contra su praxis periodística. La misma dirección trazan las siguientes líneas del escritor y periodista Manuel Jabois, publicadas en el diario El Mundo el 5 de agosto del 2012, referentes también a la destitución del ya mencionado Xabier Fortes: El presentador aceptó el reto de sustituir a Vicente Vallés en 'La Noche' con humor, moderación y exquisitez. Llevó a políticos y periodistas de todos los colores, y probablemente fue ese desparpajo, como el de Ana Pastor por las mañanas, el que los ha puesto a los dos fuera. Al fin y al cabo el Gobierno todavía se frota los ojos pensando a qué extremos se habrá llegado en la España de ZP para que en la televisión pública se hagan preguntas incisivas por igual a una política del PP que a una del PSOE. Y algo aún peor: que el PSOE, en el poder, no lo hubiese evitado. El problema de quienes dan voz a todo el mundo y tratan por igual a los entrevistados es que son tachados automáticamente de manipuladores gubernamentales y perfectos astutos. La teoría tiene su gracia: TVE se da aires de neutralidad llevando a unos y a otros para colar su mensaje subliminal, que nadie ha visto pero debe de ser terrible. Para entendernos, y tras ver los antecedentes, para ser rojo en Torrespaña basta con no llamar guapo a Aznar. O sea que Ana Pastor deja en evidencia a socialistas para poder así luego presentarse como adalid de la imparcialidad y hacer lo que realmente quiere, que es dejar en evidencia al PP; finalmente señala las contradicciones de ambos, pero que nadie les engañe a ustedes: es una falsa pluralidad. Ella y Fortes son periodistas imparciales, o sea no existen. Listillos, en el argot. Habría que verlos en su casa, cuando no hay cámaras. Todos los puestos que Somoano liberaba entre 2012 y 2013 eran ocupados por personas de confianza para el ejecutivo popular. Desde personal de la época Urdaci a trabajadores afines de RNE, o personas externas a la Corporación que provenían de ABC, Intereconomía, Telemadrid u Onda Cero. Los cambios que hemos podido documentar se encuentran en la siguiente tabla: Tabla 3. Modificaciones Puestos RTVE Pre- Llegada Echenique Cargo Post- Llegada Echenique Fran Llorente Dirección Informativos TVE Julio Somoano Benigno Moreno Dirección Radio Nacional España Manuel Ventero Josefa Rodríguez Voces Edición Telediadio-1 Elena Ochoa- Enrique Muñoz Matías Montero Servicios Informativos TVE José Gilgado Xabier Fortes La Noche en 24 Horas Ana Ibáñez Ana Pastor Los Desayunos de TVE María Casado Alicia Gómez Montano Informe Semanal, Informativos no diarios Jenaro Castro Asunción Gómez Bueno Canal 24 Horas Sergio Martín Juan Luis Callau Dirección Centro Territorial Canarias Carlos Taboada Valdés Xabier Obach Recursos Humanos de los Servicios Informativos Cecilia Gómez Salcedo X Subdirección Informativos Ángel Nodal Esteve Crespo Dirección Área Nacional Cristina Ónega Cristina Arias Dirección Área Economía Silvia Rodríguez Marino Óscar González Dirección Área Internacional Diego Arizpeleta de la Calle Beatriz Ariño Dirección Área Sociedad Cristina Alcaine X Dirección Centros Territoriales Nekane Villasante- Juan Roldán José Luis Agudo Informativo Matinal Alfredo Menéndez- Víctor García Guerrero- Indira García X Subdirección de Continuidad en Canal 24 Horas Pepa Sastre Miguel Ángel Hoyos Edición Telediario Fin de Semana María Eizaguirre- Ángeles Bandrés Cristina Almandós Telediario-2 José Luis Regalado Juan Manuel Romero Edición Los desayunos de TVE Ignacio García Mostazo José Vicente Pérez Coordinador de Invitados Los desayunos de TVE X Juan Ramón Lucas Las mañanas de RNE Manuel Hernández (Manolo H.H) Lara López Dirección Radio 3 Tomás Fernando Flores Iñigo Herráiz Editor La 2 Noticias José Luis Regalado X Edición Telediario-2 María Eizaguirre Curra Luengo Dirección El Debate de la 1 Pedro Carreño X Dirección Canal 24 Horas Curra Luengo Marta Jaumandreu Telediario-2 Ana Blanco Ana Blanco Telediario-1 Pilar García Muñíz Ana Ibáñez La Noche en 24 Horas Sergio Martín X Centro Territorial Madrid Raúl Díaz X Centro Territorial Cataluña Carlos González José Ángel Carpio Informativos Interactivos (Rtve.es) Josefa Paredes Toni Garrido Asuntos Propios de RNE X Jaime Gaiteiro Director Corporativo TVE Teófilo García Santiago González Director TVE Ignacio Corrales- José Ramón Díez Pepa Bueno Telediario-2 Marcos López Fuente: Elaboración propia (Rtve.es, 20 de julio de 2012) / (Edición digital El Mundo, 6 de mayo de 2013 y 1 de julio de 2014) / (El País, 4 de agosto de 2012 y 18 de julio de 2013) / (Ed. digital Público, 29 de julio de 2012) / (Vanitatis digital, 28 de agosto de 2013 y 30 de noviembre de 2013) / (Elplural, 20 de julio de 2013) X) Observaciones: Las celdas en blanco responden a la ausencia de información en diarios consultados. Según recopilaba El Mundo tras la marcha definitiva de Somoano, en su edición digital del día 5 de noviembre de 2014 “Al menos 45 cargos experimentaron cambios, desde los editores de todos los telediarios hasta cada uno de los directores de los centros territoriales, encargados tanto de la televisión como de la radio de las comunidades autónomas.” Tal y como publicaba la web Vertele.com el 25 de junio de 2013, desde la prestigiosa organización no gubernamental Freedom House, y su informe anual de libertad en el mundo, que editan anualmente desde 1972, se hacía una llamada de atención a España por los despidos de periodistas de TVE: “En agosto de 2012, el ente de radiodifusión estatal, RTVE, despidió a varios periodistas que habían criticado duramente al Partido Popular, ahora en el gobierno“ (Vertele, 2013) Según Humanes/Fernández Alonso (2015): En la línea de estas denuncias del Consejo de Informativos de TVE se hacía pública la resolución The state of media freedom in Europe, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 24 de enero de 2013, en la que este organismo mostraba su preocupación por la existencia de “informes recientes relativos a presiones políticas sobre los broadcasters públicos en Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania” (5). De este modo se internacionalizaban los problemas de injerencia gubernamental en el audiovisual público nacional, ampliamente debatidos en la Comisión Parlamentaria de Control de RTVE (Congreso de los Diputados) y en la prensa española. (p.278) La profunda transformación estructural de la era Echenique tendría graves consecuencias en los resultados de la CRTVE. 2012 sería el último ejercicio con liderazgo de TVE en las audiencias. El panorama televisivo estaba cambiando y no era en favor de la Corporación. Tanto el Análisis Televisivo que realizó Barlovento Comunicaciones en 2012, como el Estudio General de Medios (EGM) correspondiente al período febrero-noviembre de 2012 reflejan que TVE 1 es superada a lo largo del año por Telecinco. Si bien el Análisis Televisivo de Barlovento, que resume la audiencia del año, colocaba a Telecinco (13,9%) y Antena 3 (12,5%) por delante de TVE 1 (12,2%), el EGM situaba en segunda posición a TVE 1 y en la tercera a Antena 3, coincidiendo siempre en el liderazgo de Telecinco. Por grupos mediáticos, Mediaset España estaba también a la cabeza con un 28,5% del share, seguidos de Atresmedia (tras la integración de La Sexta) con el 25,8%, y de CRTVE con el 18,9% de cuota de pantalla. Estos dos grupos privados, Mediaset España (Telecinco y Cuatro) y Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), habían consolidado ya sus fusiones erigiéndose como potencias audiovisuales del país y copando el 90% de la inversión publicitaria en televisión, según Barlovento Comunicaciones (2012, p.4). A pesar de la superioridad de las tres grandes cadenas, los canales temáticos con concesión TDT llegaron al 28,5% del share, confirmando así la fragmentación de las audiencias y la pérdida de hegemonía de las tres cadenas generalistas. Además, se aprecia correspondencia entre las pequeñas subidas de cuota de pantalla de Vocento (Disney Channel, Intereconomía, Paramount), Unidad Editorial (Dicovery Max, 13 TV y Marca TV) y Mediaset España con respecto al 2011, y el descenso en la cuota de pantalla de la Corporación RTVE en base al mismo año. Los informativos de TVE, pese a la dinámica negativa, seguían líderes de audiencia en la ponderación entre mediodía y noche que realizaba el informe de Barlovento (2012). Telecinco mantenía el paso firme hacia una realidad que se haría evidente a principios de 2013. Así analizaba lo acontecido el experto en televisión, colaborador de Cope y ex trabajador de RTVE, Borja Terán: ”Al final, la televisión se construye a base de símbolos que fidelizan públicos e Informativos Telecinco ha sabido aprovechar la llegada a TVE de un nuevo equipo directivo, proveniente de Telemadrid, que, probablemente, entiende más de estrategias políticas que de televisión.” (blogs.lainformación.com, 2 de marzo de 2013) Como parecían augurar las estadísticas de audiencias, empeorando progresivamente con el transcurso de los meses, 2013 no sería buen año para la Corporación. A la nueva reducción de presupuesto, limitado a 941 millones de euros para este ejercicio, y a la pérdida definitiva de la hegemonía del share, se iban sumando aceleradamente noticias en los medios de comunicación que hablaban de politización e injerencias del Gobierno. En este sentido, el informe The state of media freedom in Europe (Resolución 1920, 24 enero 2013) emitido a principios de año por el Consejo de Europa, del que se hicieron eco los medios de comunicación, rezaba así: La Asamblea ve con preocupación informes recientes sobre la presión política en las radiotelevisiones públicas de Hungría, Italia, Rumania, Serbia, España y Ucrania, e invita a la Unión Europea de Radiodifusores a cooperar con el Consejo de Europa en esta cuestión. El documento recurre a la resolución 1636 del Consejo de Europa (Indicators for media in a democracy, 3 de octubre de 2008), que afirmaba que “los operadores de servicio público deben ser protegidos contra las injerencias políticas en su gestión diaria y en su trabajo editorial. Debe evitarse en los cargos de dirección a profesionales con filiación política partidista” (El Confidencial, 29 de enero de 2013). Y acusa que “en Grecia, Italia, Portugal y España, situaciones que se pueden definir como clientelismo político, paternalismo estatal y partitocracia, han evitado la completa emancipación de los operadores de servicios público del control directo de la política” (El Confidencial, 29 de enero de 2013). Era el segundo informe del Consejo de Europa que afectaba a España, tras el “Servicio de Radiodifusión Público” emitido en 2004 contra la TVE de Urdaci, a cuenta del tratamiento dado a la Huelga General del 20 de junio de 2002. También en enero de 2013 la Corporación elegía un nuevo Consejo de Informativos. Concurrían 41 trabajadores, entre los que se elegiría a 14. Entre los candidatos electos aparecía Xabier Fortes, uno de los apartados por Somoano meses antes. Por la función de este Consejo de Informativos, salvaguarda de la independencia y la libertad de información, la beligerancia contra las pretensiones políticas resulta constante. En febrero tuvo lugar la reunión entre el Consejo de Informativos y Julio Somoano, director de los Servicios Informativos. Mostraron su rechazo a la trayectoria seguida por la cadena. Reclamaban mayor contextualización en las noticias y la recuperación de la pluralidad habitual, además de un giro radical en la realización de “Informe Semanal”. Uno de los programas insignia de TVE que marcaba mínimos históricos en este mes de febrero. La pública había perdido definitivamente, en beneficio de Telecinco, la primacía en los informativos del mediodía, como sucedió anteriormente con el telediario del prime time. Los problemas que padecía la radiotelevisión estatal y las vinculaciones ideológicas, se harían aún más evidentes cuando, Cecilia Gómez Salcedo, la subdirectora de Servicios Informativos y responsable de Recursos Humanos nombrada por Somoano, incluye por error, en un correo electrónico rutinario dirigido al Consejo de Informativos, un texto dirigido a Rosario López Miralles, miembro del Consejo de Administración y para la que había trabajado anteriormente. Titulado “Consejo de Informativos de TVE para Charo”, como se conoce a Rosario López en la Corporación, analizaba ideológicamente a los componentes de este órgano de control. En tono cercano, según la web Vertele.com(2014), el mail describía la desconfianza ideológica respecto a algunos de los candidatos a las últimas elecciones del Consejo, y a miembros del mismo de la etapa anterior a Somoano. Es decir, realizaba una radiografía política de la composición del Consejo de Informativos. El diario El Mundo, en su edición digital del día 16 de abril de 2013, publicaba el texto en cuestión: Charo, el tema es sencillo, Sacaluga se ha estado reuniendo con Sobero, Teresa Rodríguez y Josefa Rodríguez Voces (éstas dos últimas candidatas electas y comando Rubalcaba). En Comparsa con CCOO han organizado el reparto de votos, salvo Sobero que sale siempre (...) a la mayoría no los conocen ni en su casa a la hora de comer (...) esos votos sólo obedecen a un reparto ordenado y estructurado y a una disciplina sindical o de partido. (…) El único que no lo es Manuel Aguilar, un documentalista (redactor frustrado) considerado el ideólogo del modelo de TVE de Fran Llorente (ya sabes la más plural, independiente etcétera). De hecho es el único trabajador de RTVE que estuvo en el 'Comité de Sabios' de ZP. El malestar en dicho organismo se tradujo en una reunión con Julio Somoano y la marcha inmediata de Cecilia Gómez. Rosario López Miralles y Gómez Salcedo ya eran dos figuras polémicas de TVE. La primera, en el Consejo de Administración desde el 2000 y con la plaza caducada hace años, había propuesto en 2011 un acuerdo entre los miembros del Consejo para tener acceso al sistema que edita los telediarios y poder revisar y modificar la escaleta de noticias. La propuesta fue aceptada por los representantes del Partido Popular y Convergencia i Unió (CiU), y rechazada por el Consejo de Informativos, IU y UGT. Ante el escándalo surgido se acabó con cualquier principio de acuerdo, y López Miralles y su asesora, Cecilia Gómez Salcedo, fueron duramente criticadas (Vertele.com, 16 de abril de 2013). Como sucede tradicionalmente en España, país con un sistema político eminentemente bipartidista, la oposición aprovechó la flaqueza de la Corporación para atacar al Gobierno y a su gestión. La Voz de Galicia, en su edición digital del día 3 de julio del 2013, recogía las declaraciones de varios representantes políticos. Juan Luis Gordo, portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, declaraba: “Esa calidad a la que TVE nos tiene acostumbrados ha desaparecido con la llegada al Gobierno del PP y la utilización de la televisión y la radio pública con intereses exclusivamente políticos” (La Voz de Galicia, 2013). Haciendo referencia al 9,6% de share obtenido en el mes de junio, a lo que el portavoz popular Ramón Moreno respondía: “Consiste en tener calidad y objetividad, hacer más con menos. De eso se trata” (La Voz de Galicia, 2013), por alusión a la deuda de la RTVE en la etapa socialista y al ajuste presupuestario ejercido desde la llegada al poder del Partido Popular, excusa habitual ante las críticas. Durante los meses posteriores siguieron siendo noticia y objeto de reproches por parte del Consejo de Informativos los enfoques, los silencios y los errores de TVE en sus telediarios. El Consejo de Informativos, erigiéndose desde su creación en verdadero órgano de independencia de la cadena pública, denunciaba con un documento plagado de ejemplos cómo la falta de contextualización y los temas triviales se habían convertido en eje de los telediarios. El estudio sobre las informaciones que emitía TVE abarcaba el período 1/9/2013-1/11/2013, y ponía el foco de atención sobre la “falta de pluralidad de voces” y “la no inclusión de noticias relevantes”, las ”informaciones fragmentadas y sin contexto”, y la ”inclinación a evitar o minimizar las noticias polémicas para el gobierno” (elplural.com, 29 de noviembre de 2013). La discreción de Echenique, pasivo ante un beligerante Consejo de Informativos, era relatada así por el periodista de El Confidencial Daniel Toledo, el día 13 de diciembre de 2014: “El silencio de clan Echenique terminó concediendo al Consejo de Informativos un peso en la casa que nunca había tenido, cuasi sindical. También en términos de impacto mediático, hasta aparecer como un inesperado contrapoder.” (El Confidencial, 2014). Es decir, ante la prensa y consecuentemente ante la opinión pública, la batalla la estaba ganando TVE. Se la ganaba al Gobierno del Partido Popular. De nuevo Daniel Toledo (2014) expresaba la imagen de la CRTVE: La gran fotografía de estos meses -que bien podría haberse producido con un Ejecutivo socialistaprovoca enorme desazón. Un modelo perverso asumido por los dos grandes partidos donde gana quien menos fisuras muestra a la hora de colocar a los suyos cuando le toca. Incluso si el elegido para el trono hace gala de un puntito de decoro, vergüenza torera o síndrome de Estocolmo -¿quién sabe?-, rápidamente los suyos le reconvienen y, si no se aviene a razones, le destituyen en cuanto se atisban procesos electorales acudiendo a las razones económicas de rigor. Y todo a plena de luz del día, con luz y taquígrafos, sin que haya que buscar conspiraciones ni agendas ocultas. La relación de los hechos es suficiente para buen entendedor. El final de 2013 revoluciona de nuevo el panorama televisivo. El Tribunal Supremo obliga la supresión de 9 canales de Televisión Digital Terrestre, afectando a dos canales de Atresmedia (Grupo Antena 3), dos de Mediaset, dos de Veo TV y dos de NET TV. Esta sentencia anulaba el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010, por no acogerse a la Ley General de Comunicación Audiovisual. Además, el Supremo desechaba la posibilidad de Uteca, Mediaset Televisión, Net TV, Veo Televisión y Atresmedia de presentar recursos. Lo que en principio podía parecer una ventaja competitiva para TVE, al tener menos canales en la competencia, no se tradujo en resultados positivos en cuanto a audiencias. Lejos de eso, la deuda siguió creciendo. Además, la negativa del Gobierno a inyectar los 130 millones que el ejecutivo de González Echenique había solicitado como reequilibrio presupuestario unido a las críticas internas y externas provocaron la dimisión del presidente de la Corporación en octubre de 2014. La confianza de los españoles en la televisión, para aquel momento, no llegaba al aprobado. Si en abril de 2013 el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejaba una nota de 4,79 sobre 10, en la misma fecha del siguiente ejercicio, la valoración caía hasta el 4,51 (prnoticias.com, 7 de mayo de 2014). 4.3.2 Etapa José Antonio Sánchez: Echenique dimite en octubre de 2014 y su lugar lo ocupa, a propuesta del Partido Popular, José Antonio Sánchez, director del entonces Ente Público RTVE en la época Aznar y autor del Expediente de Regulación de Empleo, o ERE, de Telemadrid. La televisión pública de la comunidad autónoma de Madrid, en la que gobernaba desde hacía más de diez años el Partido Popular, estaba presidida desde 2011 por José Antonio Sánchez, quién había sido director general de la RTVE en la última etapa de José María Aznar, entre 2002 y 2004, y bajo cuya dirección se habían producido tratamientos informativos muy cuestionados, como el dado al caso Prestige, a la Guerra de Irak o a la Huelga General del 2002. Antiguo colaborador de ABC y La Razón, era elegido con mayoría absoluta por el Consejo de Administración de la cadena autonómica. Meses después iniciaría el mencionado ERE que dejaría en la calle a 829 trabajadores, más del 70% de la plantilla. El despido masivo fue posteriormente declarado improcedente por el Tribunal Supremo el día 26 de marzo de 2014 (eldiario.es, 26 de marzo de 2014) Además, Sánchez fue imputado por varios delitos relacionados con una adjudicación a una filial de Telefónica, empresa para la que había trabajado hasta su entrada en la televisión madrileña en 2011. La reelección de José Antonio Sánchez como hombre fuerte de la RTVE en la nueva etapa de gobierno del Partido Popular era, por todo lo mencionado anteriormente, declaración de intenciones. Según la edición digital del diario El País del día 6 de octubre de 2014, en la Comisión de Control a RTVE, el portavoz de UGT no dudó en afirmar: “El enterrador de Telemadrid viene ahora a enterrar RTVE (…)”. El equipo de José Antonio Sánchez es, desde 2014, el que se aprecia en la siguiente tabla: Tabla 4. Consejo de Administración 2014-2015 Nombre consejero Afinidad política conocida Ámbito profesional José Antonio Sánchez Domínguez Partido Popular (PP) Periodismo/Empresa Marisa Luisa Ciriza Partido Popular (PP) Periodismo Coscolín Óscar Pierre Prats Convergencia i Unió (CiU) Empresa Fernando Navarrete Porta Partido Popular (PP) Periodismo José Manuel Peñalosa Ruiz Partido Popular (PP) Política Rosario López Miralles Partido Popular (PP) Periodismo Andrés Martín Velasco Partido Popular (PP) Periodismo Miguel Ángel Sacaluga Luengo Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Periodismo Teresa Aranguren Amézola Izquierda Unida (IU) Periodismo Fuente: Elaboración propia a partir de medios de comunicación online. La primera decisión tomada por José Antonio Sánchez fue destituir a Julio Somoano de la dirección de los Servicios Informativos, para emplazar en su lugar a José Antonio Álvarez Gundín, que hasta ese momento se encargaba de la subdirección de opinión de La Razón y ya había sido director de Relaciones Institucionales de la Corporación en la etapa de Sánchez y Aznar. Según publicaba Vozpópuli el 29 de octubre de 2014, se presumía un giro a la derecha. Somoano no había contentado a nadie: “La labor de Somoano ha sido paradójicamente cuestionada tanto por los empleados de la casa como por una sector del partido gobernante. Unos le han acusado de forma incansable de manipular la información a favor del PP. Y otros le han tachado continuamente de "blando" o, incluso, de hacer "los Telediarios del PSOE" (Vozpópuli, 29 de octubre 2014). El nuevo presidente comunicó la decisión a sus colaboradores en la primera reunión del Consejo de Administración, como sucediera en 2011 con Echenique y Somoano. En ese encuentro también acabó con el plan de recortes del anterior presidente, que incluía la clausura de Teledeporte (Vozpópuli, Medios, 29 de octubre de 2014). La entrada de Gundín tenía una orientación política clara. El día 29 de octubre, en Twitter, el periodista gallego Manuel Cheda (@manuelcheda) recordó su pasado como articulista en La Razón, con títulos como “De Psoe a Pasok”, sobre la cercanía entre el hundimiento del partido griego y el futuro del Partido Socialista español; “Asignatura de Religión”, una fuerte crítica a la izquierda española, de la que habla en estos términos: “Esto es lo que da de sí la izquierdona casposa (…) cuyo discurso político compite en ideas con lo más excelso de la filosofía “choni”. No tiene estatura ni para combatir a sus adversarios” (29 de octubre). Mientras alababa a Ratzinger en “El Papa y la izquierdona” sobre las reacciones de políticos de izquierda ante los actos del Papa, o “Arquímedes y la izquierda”, artículo en el que el nuevo director de Servicios Informativos se expresaba así: Sindicalistas, «indignados», actores cejijuntos, amigos de Garzón, feministas a tiempo completo y pacifistas a tiempo parcial, intelectuales orgánicos, coros y danzas mediáticos, «okupas», antiglobalizadores, asociaciones y ONG en espera de subvención, nacionalistas radicales y neocomunistas han empezado a investigación analizando la cobertura dada a la Huelga General del 20 de junio de 2002, que concluía “El informe evidencia tal desequilibrio en el reparto de los tiempos asignados a los agentes sociales y tal falta de objetividad en el contenido de la información referida a la huelga, que sólo puede ser atribuida a una manipulación intencionada de la información” (Aideka, 2003). Este documento profundizaba en uno anterior que sirvió a Comisiones Obreras para denunciar las irregularidades ante la Audiencia Nacional, que penó por primera vez la manipulación informativa en España. De manera similar se manifiesta Fernández Baena (2005, Introducción): En España, los últimos años han estado caracterizados por el control político de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Este control se ha traducido en la continua sospecha de manipulación informativa por parte de las cadenas de televisión de hechos tan relevantes como la huelga general de 2002, la catástrofe del Prestige, la guerra de Irak y los atentados del 11M. Enrique Bustamante dibuja una realidad muy crítica con el Partido Popular. A juicio del catedrático, que a la postre fuera miembro del “Consejo de Sabios” para la reforma de la televisión pública de Rodríguez Zapatero, los 8 años de gobierno popular confirmaron el rechazo a cualquier independencia de la radiotelevisión pública. Las promesas electorales, olvidadas, las reformas, paralizadas, solo venían a reafirmar la insistente injerencia política: “Se continúa y consolida una manipulación sectaria sistemática del servicio público, llevada en ocasiones al paroxismo, no solo de la información sino del conjunto de la programación.” (Bustamante, 2013, Conclusiones). Tras las reformas de la primera legislatura socialista de Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2008, la televisión pública española maquilló su imagen, llegando incluso a cosechar reconocimiento internacional. En 2009, según reflejaba rtve.es el día 7 de octubre de 2011, el TD- 2 de TVE fue premiado como el mejor informativo del mundo, según los Medio Tenor Global TV Awards, por delante de cadenas como la TF1 francesa, la BBC británica o la RAI italiana, que aventajaban ampliamente a TVE en cuanto a presupuesto. En 2010 el TD-2 repitió podio, esta vez por detrás de Le Journal de TF1. Pepa Bueno, la conductora de este premiado informativo, también fue galardonada con el Premio ATV 2009 por Mejor Presentación de Programas Informativos, con el que había sido recompensado el año anterior el también presentador de TVE Lorenzo Milá. Los premios individuales continuaban en 2010, cuando Almudena Ariza recibe la Antena de Oro en la categoría Televisión, y el Premio del Club Internacional de Prensa como Mejor Corresponsal en el Exterior (rtve.es, 21 de enero de 2011). Estos premios no significan que la sospecha de manipulación no siguiera recayendo sobre RTVE. De hecho, el Partido Popular, principal partido en la oposición, acusó en reiteradas ocasiones manejo partidista, llegando incluso a pedir el cese de Fran Llorente como director de informativos. “O Llorente cesa al responsable de ese telediario, o presenta su dimisión, o es cesado por el director de TVE” decía Carlos Floriano, portavoz del Partido Popular, en referencia a dos videos erróneos emitidos en el informativo de La 1. Los documentos en cuestión son, el primero, un supuesto video sobre el terremoto de Haití que en realidad se trataba de Venecia, y las falsas imágenes de unas riadas en Ciudad Real que realmente provenían de Maine, EEUU (El Mundo, 14 de enero de 2010). Ya en abril de 2011, la secretaria general de los populares María Dolores de Cospedal reconocía una campaña de su partido contra TVE, a la que consideraba adulterada por su Consejo de Administración. A su vez, Ana Mato cargaba en RNE contra el Gobierno socialista y contra la actual televisión pública (El País, abril de 2011). A pesar de habernos remontado décadas atrás para explicar el desarrollo legislativo que afecta a CRTVE, aun habiendo extendido el estudio de los sucesivos consejos de administración hasta la misma Transición, el objetivo real del trabajo es profundizar en lo ocurrido durante la última etapa de gobierno popular. Es decir, hacemos hincapié en el período posterior a las elecciones generales del 20 de noviembre 2011, en las que vencería, con mayoría absoluta parlamentaria, el Partido Popular de Mariano Rajoy. Durante el primer año de gobierno, 2012, el nuevo ejecutivo realizaría las reformas necesarias para adecuar a su ideario a la televisión pública. Es, por tanto, finales de 2012 y comienzos de 2013 el principio de nuestro análisis más preciso. Nos apoyamos, además, en la certeza de que TVE, durante ese primer año de renovación, conservó la calidad: Cabe señalar que un estudio previo sobre el grado de pluralismo de los contenidos informativos de las televisiones generalistas españolas durante 2012 (antes de que se implementaran las reformas del nuevo gobierno conservador) demostró que TVE era en ese momento la cadena de televisión con mayor nivel de pluralismo interno de contenidos, frente a las cadenas de televisión comerciales, que destacaban por su contribución al pluralismo externo (Humanes/Alonso, 2015, p. 272). No obstante, en marzo de 2012, sería el propio PP quién denunciase ante la Junta Electoral Central a TVE por mostrar declaraciones electoralistas de Rubalcaba, líder socialista, fuera del bloque electoral (elperiódico.com, 16 de marzo de 2012). Abril de 2012 se convertía en sinónimo de contrarreforma. Los populares acaban con el consenso de la Ley 17/2006 y adquieren el poder de elegir al presidente de la Corporación con mayoría absoluta (ap. 4.3). Leopoldo González Echenique, primer presidente de la restituida Corporación emplaza a Julio Somoano, ex presentador del informativo matinal de Telemadrid, al frente de la dirección de Informativos. Se suceden los ceses o destituciones de personal muy influyente en la televisión estatal. También las quejas públicas del Consejo de Informativos, con la publicación de Grave Ataque a la Libertad de Información (noviembre 2012) y de los propios afectados, como sería el caso de Ana Pastor. El giro conservador en la dirección, y en la redacción, con casi 50 nuevas contrataciones, empieza a plasmarse en el producto periodístico que TVE ofrece. En el mes de noviembre de 2012, la oposición política coincidía, en la Comisión Mixta de control parlamentario, en la denuncia al sectarismo y la manipulación de la televisión y la radio pública, que había visto cómo sus dos caras más conocidas, Juan Ramón Lucas y Toni Garrido, eran cesados de su cargo. Un mes más tarde, y según los datos del EGM, la RNE perdía un 23% de audiencia respecto al anterior estudio, que se remontaba tres meses atrás (El País, 28 de noviembre de 2012 y 25 de diciembre de 2012). En enero de 2013 la situación había trascendido a instancias europeas. El Consejo de Europa alertaba de la preocupación por las injerencias políticas de seis gobiernos en sus respectivas radiotelevisiones públicas. En el informe, junto a Hungría, Rumanía, Italia, Ucrania y Serbia, aparecía España (El País, 29 de enero de 2013). Esta noticia era, para el Consejo de Informativos, la confirmación de la gravedad de sus llamamientos (El País, 30 de enero de 2013). En mayo se producía el despido de Cecilia Gómez Salcedo por el correo electrónico dirigido a la consejera López Miralles que describía ideológicamente a ciertos trabajadores y directivos de la Corporación, como se ha descrito en epígrafes anteriores. Unos días después 517 trabajadores de la radio pública firmaban y presentaban ante Echenique, el Consejo de Administración, el Consejo de Informativos y frente al Comité de Empresa un manifiesto que reclamaba la vuelta de la independencia y la calidad habitual. Culpaban de la fuga de 700.000 oyentes a la gestión del Consejo de Administración y del presidente (El País, 29 de mayo de 2013). También el tratamiento dado al caso Bárcenas, en su proceso de instrucción, fue motivo de polémica. En este caso las acusaciones estaban dirigidas a José Gilgado, director de contenidos de los Servicios Informativos que, en septiembre de 2013, y ante las declaraciones de María Dolores de Cospedal en el juzgado, pretendía incluir en la pieza de la noticia datos de fuentes anónimas no verificadas que beneficiaban a la secretaria general del PP. Los periodistas de la redacción, y también su editor, algo inédito, se negaron a firmar el texto. Finalmente, los datos no verificados se demostraron falsos. En la misma reunión hubo lugar para otra crítica. En este caso, por la información dada de un asalto ultraderechista en un acto institucional de la Generalitat Catalana en Madrid. El Consejo de Informativos reclamaba mayor extensión, frente a los 25 segundos que había ocupado la noticia, y más contextualización (El País, 17 de septiembre de 2013). Otro de los ejemplos más llamativos de la manipulación está relacionado con la ultraderecha española y el régimen franquista. El día 25 de septiembre de 2013, fecha en la que el juez Pablo Ruz cita a declarar a dos personas reclamadas por la justicia argentina por crímenes del franquismo, ni el telediario de mediodía ni el TD-2 se hacen eco de la noticia. El 28 de septiembre la exhibición de símbolos franquistas en un mercadillo organizado por un colegio de la localidad madrileña de Quijorna, bajo el gobierno del Partido Popular, tampoco tuvo sitio en el telediario, a pesar de la revolución en las redes sociales. El 30 de septiembre, tras su visita a España, la Organización de Naciones Unidas, ONU, anuncia que “hay impunidad en todos los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo y la ley de Amnistía de 1977 es un obstáculo para las investigaciones de los crímenes durante la dictadura”, pero TVE no lo incluye en ninguna de las ediciones de sus informativos. El 9 de octubre de 2010, la cadena pública emitía las siguientes palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: “los salarios no están bajando en España, están subiendo moderadamente” (eldiario.es). No se aportaban datos, ni propios ni oficiales. Tampoco contexto. El mismo 9 de octubre se conocía en los medios la suspensión de 7 meses del servicio de mamografías preventivas de Madrid, que afectaba a 30.000 mujeres de la Comunidad, gobernada también por el Partido Popular. La información al respecto se limitó a colas con un complejo vocabulario. Como recogía eldiario.es: “El informe del Consejo de Europa sobre los alarmantes niveles de pobreza infantil en España (30,6% en 2011), el aumento de la desigualdad o la situación de 100.000 discapacitados que no tienen hogar no encuentra hueco en el Telediario 1 del 9 de octubre” (eldiario.es, 13 de enero de 2014). También han destacado negativamente los tratamientos dados a muchas noticias de temáticas sociales, muy habituales desde el comienzo de la crisis. Por ejemplo, el parón educativo organizado en Baleares contra la reforma educativa del Gobierno de José Ramón Bauzá (PP), que duró tres semanas, apenas fue cubierto con tres piezas, y la gran manifestación del domingo 29 de septiembre, la más numerosa de la historia de las islas, solo recibió un minuto y 13 segundos de la segunda edición del telediario. Sin embargo, en el momento en que los profesores desconvocaron la huelga se sucedieron las informaciones durante los tres días posteriores. La “movilidad exterior”, como ha denominado habitualmente el gobierno conservador del PP a los jóvenes emigrantes de nuestro país, también tuvo su hueco el 10 de octubre. El problema es que la pieza elegida para hablar de tan complejo tema pertenecía a grupos próximos al 15M y la PAH y, evidentemente, criticaba a gobierno, empresarios y banqueros. El informativo lo enfocó desde el extremo opuesto, como reflejo de las bondades de la emigración. Los errores de tratamiento informativo también “afectaron” a Rajoy, que el día 3 de octubre visitó Fukushima, la accidentada central nuclear japonesa. Ese mismo día se producía una nueva fuga radioactiva. El telediario trasmitió la visita del presidente del Gobierno y sus mensajes de tranquilidad, pero no habló del escape, algo que sí hizo días más tarde en un especial sobre las réplicas de la fuga. También se silenció parte de la información respecto a una entrevista en profundidad al presidente elaborada por Bloomberg a finales de septiembre. Mariano Rajoy había pedido, sin lograrlo, que se suprimiera el fragmento de la entrevista dedicada a Bárcenas, algo que no se contó en el telediario. El Consejo de Informativos tachaba la noticia de parcial y poco veraz. La pobreza, otro tema conflictivo en nuestro país, fue también motivo de polémica. El 10 de octubre de 2013 Cáritas y Cruz Roja publican sus respectivos informes sobre la expansión de la pobreza en España. Mientras Cáritas se limitaba a exponer la problemática, Cruz Roja identificaba este aumento en las cotas de pobreza con las políticas de recortes del gobierno popular. El informe de Cáritas apareció en los dos informativos del día, el de Cruz Roja quedó completamente olvidado (Informe Anual 2013 Consejo Informativos TVE, 2013, p.15-17) / (eldiario.es, 13 de enero de 2014). En 2014 la praxis periodística seguía el mismo rumbo. En febrero sería el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría el motivo de queja del Consejo de Informativos. Tras una información en profundidad sobre el hecho, no hubo tiempo en ningún informativo de TVE para explicar que los tribunales habían archivado la denuncia puesta por los familiares de la dirigente popular, ni para informar de que era un acto en el que se ejercía la libertad de expresión y el derecho de manifestación. En el mes de marzo Cáritas publica un informe que apunta a España como segundo país de Europa en pobreza infantil, que, según el ministro Cristóbal Montoro “no se corresponde con la realidad” (Público, 29 de enero de 2015). La televisión pública recogió esas declaraciones pero no así la rectificación posterior. Otro ministro, Miguel Arias Cañete, entonces candidato a las elecciones europeas, no declaró al Congreso su relación con empresas petrolíferas, algo de lo que tampoco informa TVE en abril. En mayo el telediario omite la valoración que hace la ciudadanía del presidente del Gobierno y del líder de la oposición en el Barómetro del CIS; obvia también las declaraciones de Arias Cañete que defendían la superioridad intelectual del hombre sobre la mujer; ausencia total de Podemos en la cadena, e información incompleta sobre la sentencia a Rafael Blasco, diputado del PP, por el caso “Cooperación”, que perseguía la malversación de fondos destinados a cooperación internacional. Los periodistas del Centro Territorial de Valencia redactaron un escrito al Consejo reclamando libertad de información. En junio, ante las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias, miles de personas se manifiestan en las islas. Su presencia se reduce a unos segundos en un Telediario de fin de semana, algo que motivó también las quejas de los trabajadores del Centro Territorial de Canarias al Consejo de Informativos. Dos meses después las protestas se producen con motivo de la cobertura del Día del Desaparecido, en el que TVE se olvida de los 114.000 desaparecidos del Franquismo que hacen de España, tras Camboya, el segundo país con más personas desaparecidas del mundo. Ya en septiembre se suprime toda información relacionada con la dimisión de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Teresa Gómez Limón, que criticaría profundamente a su partido. Además, en “Los Desayunos de TVE” y en el Telediario matinal no se incluyen las opiniones de Alex Salmond y David Cameron valorando el acto democrático de la Consulta escocesa, a la que no dio la cobertura habitual en sucesos de tal magnitud (Infolibre, 6 de enero de 2015) / (Público, 29 de enero de 2015). José Antonio Sánchez llegaría en octubre de 2014 a la Corporación de la mano de José Antonio Álvarez Gundín, que sustituía a Julio Somoano en la dirección de Informativos. Destaca el escándalo de las “Tarjetas Black”, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que afectaba a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, y de la que el Informativo regional de Madrid no informó el día de su irrupción, muy sonado en los medios nacionales. Coincidía también con la nueva presidencia la, ya comentada con anterioridad, firma del manifiesto “Ante una situación límite” por parte de 1500 trabajadores de la televisión pública (Infolibre, 15 de octubre de 2014). También se han realizado, desde el CDI, estudios más concretos sobre el Canal 24 Horas, que han resultado en “falta de pluralidad, inexistencia de criterio periodístico y notoria desproporción a favor del Gobierno y del PP, en detrimento de las opciones políticas de la oposición, infra representadas” (Infolibre, 2015). También se denunciaba falta de pluralismo en la elección de los tertulianos en los espacios de debate (Infolibre, 6 de enero de 2015). 2015 comenzaba con nuevos despidos de periodistas, denuncias de manipulación y críticas a la redacción paralela que suscitaron asambleas y sentadas en repulsa, tal y como se explica en páginas anteriores. La primera reunión, en enero, tras los despidos de dos nuevos periodistas del área de Economía, acabó con la emisión de un comunicado en el que denunciaban la persecución ideológica y el acoso a algunos profesionales para ejercer labores de propaganda desde la televisión pública. Asimismo, se acusaba que el producto de todas estas desviaciones era una información sesgada. Por ejemplo, dedicar varios minutos al Día de la Croqueta y solo unos segundos a la denuncia del Consejo de Europa a España por las devoluciones en caliente en la frontera de Melilla (Público, 20 de enero de 2015), o la cobertura de la salida de prisión de Bárcenas, que fue suspendida en el momento en que los periodistas preguntaban por la financiación ilegal del PP y la culpabilidad del actual Gobierno (eldiario.es, 23 de enero de 2015). En febrero la entonces candidata de Podemos a las elecciones andaluzas Teresa Rodríguez denunciaba ante el Consejo Audiovisual de Andalucía al programa “Amigas y Conocidas” por emitir imágenes falsas de un supuesto desnudo de Rodríguez (andalucesdiario.es, 20 de febrero de 2015). Al mes siguiente serían C.C.O.O. y U.G.T., principales sindicatos, los que harían una llamada de atención sobre la manipulación informativa de TVE en Andalucía, solo unos días antes de los comicios del 22 de marzo. Aseguraban que se estaban desarrollando presiones por parte del Consejo de Administración y de los altos cargos del Centro Territorial andaluz para favorecer al Partido Popular. Se apoyan, además, en las advertencias que hacía días atrás el Consejo Audiovisual de Andalucía para que se recuperara el pluralismo y la imparcialidad (Infolibre, 16 de marzo de 2015). Por otra parte, Amaiur, partido político vasco, realizaba una queja a CRTVE por un reportaje emitido en La 1 que incluía declaraciones en las que el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera defendía, tras sus 10 años de prisión por el secuestro a Segundo Marey, la utilidad de los GAL. Jon Iñárritu, diputado de la formación vasca, consideraba “apología del terrorismo de Estado y justificación de la violencia”, a lo que la Corporación replicaba argumentando “el respeto a la libertad de expresión” (Público, 18 de marzo de 2015). Otros casos llamativos de presunta manipulación producidos en la fecha afectaron a actores tan dispares como ETA y Rodríguez Zapatero, Grecia o los cursos de formación en Andalucía. Sobre De Juana Chaos TVE elaboraba una pieza plagada de errores que acababan relacionando al anterior ejecutivo socialista con la puesta en libertad del etarra. Además de poco noticioso por la reiteración de la noticia a lo largo del tiempo, el enfoque era tendencioso (Público, 2015). Del área de Economía surgía otra noticia copiada literalmente del diario ABC, cuya autoría era incluso olvidada. Y, finalmente, una exclusiva sobre la investigación del caso “Edu” aparecida en la redacción de la mano de Carmen Sastre, afín a la dirección política de la cadena. La periodista se negó a dar la fuente de la información, y la pieza apareció en los informativos del día. Sus compañeros afirman que provenía de Presidencia del Gobierno de España (Público, 6 de marzo de 2015). En abril, presidente y vicepresidente del Consejo de Informativos, Alejandro Caballero y Xabier Fortes respectivamente, se reunían en Bruselas con los diputados de los partidos españoles con representación en el Parlamento Europeo para denunciar la redacción paralela, la manipulación política y la crítica al sistema impuesto por Rajoy para elegir al presidente de la CRTVE (El Mundo, 14 de abril de 2015). El diario británico Financial Times (FT), gurú del mundo capitalista, hizo mención en sus páginas a la injerencia política en la televisión pública española bajo el título “La cadena pública española, acusada de sesgo político”. Hacía hincapié en el silencio informativo que trata de perjudicar a Podemos, a la gubernamentalización de la información en año de elecciones, y al trato desigual dado al proceso soberanista catalán. Según el FT este proceso de politización de la televisión estatal está envuelto en uno mayor en el que están implicadas otras instituciones (El Mundo, 27 de abril de 2012). En mayo, un incidente informativo relacionado de nuevo con Podemos, esta vez con Juan Carlos Monedero, sumado a una dedicación especial a difundir las optimistas previsiones en materia económica del Gobierno, provocaron una nueva sentada de los periodistas de la cadena y una intensa movilización en las redes sociales, bajo el lema #manipulaciónTVENoEnMiNombre, manifestando el rechazo a la dirección y a las prácticas de los nuevos contratados de la redacción. Este es el texto que el Consejo de Informativos elaboró y presentó ante los medios (Infolibre, 4 de mayo de 2015): Después del TD2 de ayer y ante el minutado del TD1 de hoy, el CdI quiere hacer las siguientes consideraciones: 1. Desde un punto de vista estrictamente profesional, dedicar los cuatro primeros minutos del TD2 de ayer a las previsiones económicas optimistas del Gobierno, sin ningún tipo de contraste de expertos o de la oposición, es inaceptable. 2. Como es inaceptable que se relegue a segunda noticia la que sin duda era la información de la tarde: la dimisión de Monedero. 3. Encargar el directo de esa noticia a una contratada inexperta, a la que además se le dictan instrucciones sobre lo que tiene que decir, es intolerable. 4. Hoy el TD1 quiere seguir poniendo el énfasis en la noticia de ayer: la renuncia de Monedero, dejando en un segundo plano las manifestaciones del Primero de Mayo y su marcado carácter reivindicativo. 5. El CdI exige a los responsables de los Servicios Informativos de TVE que apliquen criterios profesionales periodísticos en la elaboración de los telediarios. TVE es una empresa pública al servicio de los ciudadanos, no un órgano de propaganda del gobierno. José Antonio Sánchez, presidente de la Corporación, se presentó en junio de 2015 ante la Comisión Mixta del parlamento para declararse votante del Partido Popular, algo que provocó la reprobación y las peticiones de dimisión a Sánchez desde los órganos de control de la televisión estatal y desde los portavoces políticos. Las audiencias caerían hasta cifras históricas en verano. 7. Condiciones Laborales Para analizar las condiciones en las que trabajan los profesionales de la CRTVE comenzaremos por una contextualización normativa. Es decir, expondremos los tratados que regulan el desempeño diario de los periodistas de la televisión pública, remontándonos hasta la implantación de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. La plantilla del Ente Público Radio Televisión Española, que pasaría a denominarse Corporación RTVE, era entonces de 4150 trabajadores. El cambio de la estructura estatal provocó un plan de saneamiento que incluía reducción presupuestaria y de personal. Tras la ley 17/2006, el siguiente objeto a tratar es el Estatuto de la Información de CRTVE, ratificado en 2008. La votación fue celebrada en abril, y en ella participaron el 48% de los trabajadores de los Servicios Informativos. La aprobación general alcanzó el 76 %, aunque fue dispar entre las Centros Territoriales, algo insatisfechos por su papel (El Mundo, 18 de abril de 2008). El documento regula las relaciones profesionales en la cadena, delimita los derechos y deberes, y desarrolla un Código Deontológico de obligado cumplimiento para los trabajadores: Culminaba, así, un cuarto de siglo durante el cual los trabajadores de la radiotelevisión pública reivindicaron un instrumento que desarrollara sus derechos y deberes como profesionales de la información2 . Durante este periodo se registraron varios procesos fallidos de negociación. Las previsiones de la Ley 17/2006, de 17 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (en adelante LRTVE) han permitido la aprobación de una norma, que va más allá de la simple constitución de los consejos de informativos, previstos por la citada ley. (Díaz Arias, 2008, p. 2) Como apuntaba Díaz Arias (2008), este sería el inicio de la andadura de los Consejos de Informativos como órganos de control de la RTVE. Además, establecía que la elección del director de Informativos debía estar avalada por un informe del propio CDI y un referendo no vinculante de los trabajadores. Reconocía también el derecho a carrera profesional, e incluía un avanzado Código Deontológico que debía regular, en la práctica periodística, cuestiones como el morbo, la contrastación de las fuentes, la diferenciación entre opinión e información, o el trato especial a los menores de edad (El Mundo, 18 de abril de 2008). De nuevo, Díaz Arias (2008): El Estatuto de Información de la Corporación RTVE supone un paso más en la evolución de los estatutos profesionales. La conexión entre los aspectos subjetivos (desarrollo de derechos al servicio de la independencia profesional y deberes deontológicos al servicio del derecho del público a ser informado) y los institucionales (control interno y promoción de la independencia editorial) le convierten en un instrumento poderoso para lograr la excelencia informativa. (p.24) Dos años más tarde aparecía el primer Manual de Estilo de RTVE, que se convertía además en el primero de acceso multimedia y dirigido a radio, televisión y medios interactivos, tras la aprobación del Consejo de Administración de Alberto Oliart. Su objetivo era asegurar el rigor y la calidad informativa, y la atención especial a la violencia de género, la inmigración, o las informaciones que impliquen a menores (rtve.es, 21 de diciembre de 2010). En 2011 la prensa nacional se hacía eco, coincidiendo con un intento de control de los informativos por parte del Consejo de Administración, de los sueldos de los consejeros de este organismo. Las retribuciones por el cargo ascendían en ese momento a 120.000 euros anuales, más el derecho a una secretaria, un coche oficial con conductor, y un asesor (Ecodiario.es, 23 de septiembre de 2011). La siguiente normativa referente a la situación laboral de los trabajadores de la televisión pública es el II Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, que data de 2014, y tiene vigencia, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2015. De no ser denunciado, el Convenio se prorrogará dos años más de forma automática. El sistema retributivo anterior al tratado era el siguiente (II Convenio Colectivo, Anexo 1, pág. 92): Basado en 9 pagas, y dividido por tres grupos, y 12 grados salariales por los que ascender, desde el básico hasta el A3, en función de la formación, la experiencia y las tareas desempeñadas. La diferencia salarial discurre entre los 1.248,52€ correspondientes a un trabajador de Grupo III, Nivel económico F1, hasta los 2.259,22€ de una persona del Grupo I y Nivel económico A3. Desde enero de 2014, la estructura salarial es esta (II Convenio Colectivo, Anexo, pág. 97): Las retribuciones se distribuyen ahora en 14 pagas. La división categórica responde a 2 grupos. El primero, dividido en dos Subgrupos, I y II, y el segundo denominado Grupo II. El funcionamiento de promoción y ascenso es el mismo, aunque los parámetros varían. La brecha salarial actual es la diferencia entre los 1.427,74€ del Grupo II Nivel F1, y los 2.510,63€ del Grupo I, Subgrupo I Nivel A3. El nuevo Convenio también regulaba indemnizaciones, traslados de periodistas, los objetivos de la formación, las jornadas laborales y los descansos, o las vacaciones anuales. En noviembre de 2014 el nuevo presidente de la Corporación, José Antonio Sánchez, expresaba ante el Congreso que se había aprobado una “racionalización” de los complementos salariales y una reducción de la contratación, con el objetivo de reducir de la partida de gastos 20 millones de euros. También se contemplaba un plan de bajas voluntarias incentivadas, que finalmente no se ha producido (El Confidencial, 26 de noviembre de 2014). - Cerro, A.I. 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