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Crisis y territorio. Un análisis de la contratación laboral con perspectiva de género Asián-Chaves, Rosario [email protected] Rodríguez- Sosa, Vicente Cano-Orellana, Antonio Departamento: Economía Aplicada II Universidad: Universidad de Sevilla Área Temática: 9. Población y mercado de trabajo Resumen: De los elementos que conforman el Mercado Laboral, el tipo de contratación puede considerarse una medida de política económica con una incidencia directa en la situación económica y social de un territorio, lo cual puede adquirir una relevancia especial en tiempos de crisis como el actual. Los cambios en la Contratación Laboral se establecen a través de una norma jurídica, en cuyo proceso de implementación, el encaje entre ésta y la realidad social a que se aplica presenta ciertos desajustes que condicionan los resultados de dicha aplicación. Estas discordancias pueden obedecer, entre otras, a razones de carácter espacial (el ámbito territorial de aplicación de la norma puede estar compuesto por realidades sociales muy diversas). En esta comunicación presentamos los resultados de un análisis de la aplicación en España de la normativa contractual en materia laboral. Dicho análisis es de carácter fundamentalmente cuantitativo y se ha realizado aplicando una serie de instrumentos y técnicas estadísticas (análisis de correspondencia, contraste χ2 de independencia, etc.) Por un lado se trata de describir y analizar las disparidades que presentan los resultados de la aplicación de una misma norma a ‘realidades sociales’ presumidas diferentes por razón del territorio en el que tienen lugar. Es decir, consistiría en el análisis estático de las diferencias de la repercusión de los diversos tipos de contratos laborales en las distintas Comunidades Autónomas españolas. Por otro lado, estas realidades sociales diferentes por razón del espacio pueden también presentar aspectos diferentes en razón de otros factores. Por ello, realizamos el análisis de dependencia entre norma y territorio desde una perspectiva de género, ya que el mercado laboral es uno de los ámbitos donde se reflejan las diferencias que aún persisten entre hombres y mujeres; así como en ‘tiempos económicos’ diferentes (bonanza y crisis, es decir, analizaremos un periodo anterior y uno posterior al comienzo de la crisis). Palabras Clave: contratación laboral, diferencias regionales, análisis de correspondencia, contraste X2 de independencia, perspectiva de género, crisis Clasificación JEL: C12 (Contrastes de hipótesis); J16 (Economía de género); J41 (Contratos); J80 (Normas laborales, Generalidades); R5 (Análisis regionales)
1 1. Introducción Con el nacimiento del Estado, particularmente, con el moderno Estado-nación, hoy hegemónico, se inicia un proyecto de homogeneización de sus poblaciones y de sus prácticas tradicionales. Salvo quizás la cocina, la música, los bailes y trajes típicos, el resto de instituciones ha quedado inmerso en un proceso de estandarización. Así, entre otras, una gran variedad de lenguas y dialectos con sus correspondientes literaturas orales y escritas han desaparecido o han quedado subsumidas en un idioma nacional, un único sistema de educación nacional ha sustituido a diversos sistemas pedagógicos locales, diversas formas de prácticas de uso de bienes por un sistema estatal de registro y transferencias de propiedades que facilita su fiscalidad y, de mayor interés para el tema que nos ocupa, un ingente conjunto de leyes locales y prácticas consuetudinarias por un único sistema nacional de leyes. En este proceso de estandarización, la labor del Estado ha estado acompañada por diversos organismos internacionales con fuertes poderes políticos y económicos que, con palabras de Scott (2013), en nombre del encantador eufemismo de “armonización” han fortalecido la homogeneización institucional. Como en todos los órdenes, en el ámbito laboral la potestad normativa, mediante normas constitucionales, legales o reglamentarias, corresponde al Estado que ejerce su jerarquía sobre el resto de poderes con capacidad normativa1. Este poder alcanza no sólo a la propia norma, sino también al conjunto de instituciones que contribuyen a su producción, aplicación y garantías. Mediante este entramado se procede a un proceso de homogeneización normativa que, como trataremos de analizar, no conduce necesariamente a unos resultados homogéneos. Desde un planteamiento riguroso, la concepción normativista del Derecho entiende la norma jurídica como una formalización abstracta y general reguladora de la actuación de los entes sociales, que nos viene dada. Desde una concepción más flexible, se la concibe como un instrumento dinámico, nacido de la experiencia, para la resolución de 1 El poder normativo en el ámbito nacional corresponde al Estado, agentes sociales (convenios colectivos) y la sociedad como ente colectivo (costumbre) y en el internacional a los entes supranacionales y la existencia de convenios y tratados bilaterales o multilaterales. Pero, incluso las normas dictadas por estas últimas instituciones solo alcanzan fuerza vinculante en el ámbito nacional cuando han sido ratificadas por el legislador interno o cuando se da la existencia de una cesión previa de soberanía. En conclusión, la razón última de obligar, tanto de las normas internas como supranacionales, es la voluntad del Estado.
2 los conflictos de intereses que se plantean en la realidad. Son estas últimas las consideradas por algunos como las más propias normas jurídicas. Pero bajo una u otra óptica, “toda norma jurídica, ya se considere como un mandato, como un imperativo, como una regla de conducta o como un criterio de decisión de conflictos, existe siempre con la pretensión de que la vida social y la realidad social se ajusten a ella” (Díez-Picazo, 1987; 208). Para cumplir esta finalidad, toda norma jurídica ha de ser ‘puesta en práctica’. El conjunto de actuaciones tendentes a ajustar la realidad y la vida social al dictado de las normas configura lo que se define como ‘aplicación de la norma’. En este proceso de implementación de la norma jurídica, el encaje entre ésta y la realidad social sobre la que se administra presenta ciertos desajustes que condicionan los resultados de su aplicación. Las causas de estas discordancias pueden obedecer, entre otras, a razones de índole temporal (los cambios sociales tardan en encontrar reflejo en el ordenamiento jurídico2), o también, a razones de carácter espacial (el ámbito territorial de aplicación de la norma puede estar compuesto por realidades sociales muy diversas). Ambos tipos de dificultades no escapan a la voluntad del legislador. Así, con relación a las razones de carácter temporal, puede aludirse como ejemplo al artículo 3, 1º del Código Civil, donde, en aras a la interpretación judicial de las normas, se señala la necesidad de tener en consideración “la realidad social del tiempo en que (las normas) han de ser aplicadas”, lo que a juicio de Salvador Coderch (1991) supone la plena legalización del ‘argumento sociológico’3. En cuanto a la intención del legislador de soslayar los condicionamientos que las dificultades de índole espacial imponen a los resultados de la aplicación de la norma, puede citarse como ejemplo las clausulas de salvaguardia de la normativa comunitaria, tendentes a evitar los efectos perversos de su aplicación a realidades sociales diferentes. Asimismo, en materia laboral las normas específicas o las sectoriales (las más 2 Se apela para ello a la idea de ‘seguridad jurídica’. Se considera el derecho como ‘instrumento de seguridad’ y ésta quedaría fuertemente dañada por cambios constantes e incontrolados. (Diez-Picazo, 1987; 303). 3 “Se propone como objetivo de la interpretación no ya la averiguación del sentido actual de las palabras de la ley (…) sino de tomar en consideración a la ‘realidad social’ como un todo a efectos de justificar un resultado interpretativo” (Salvador Cordech, 1991).
3 abundantes en este ámbito) ofrecen, frente a las genéricas y generales, mayor flexibilidad y cercanía al aproximar la norma jurídica a la realidad reglada4. Por otro lado, pese a los avances vividos en temas de igualdad, se observa una acusada segregación ocupacional –horizontal y vertical-. Por ello, se plantea en este trabajo contrastar si existe algún tipo de relación o dependencia entre el tipo de contratación laboral y el sexo de las personas contratadas. Por último, se tratará de comprobar si la situación actual de crisis económica ha tenido alguna influencia en las relaciones entre los tipos contractuales y su distribución en el territorio. 2. Objetivos En el presente trabajo se trata de describir y analizar las disparidades que presentan para una normativa concreta, la contratación laboral, los resultados de la aplicación de una misma norma a realidades sociales presumidas diferentes por razón del espacio. Los datos globales, y por ello con menor grado de detalle, ofrecidos por los mercados de trabajo nacionales, no suelen ser representación fiel de lo que sucede en su interior. Puesto que las diversas CCAA presentan una importante diversidad social y económica, es razonable suponer que se muestren diferencias significativas en materia de contratación laboral. Dado el carácter global del enfoque espacial, y presumiendo la existencia de factores específicos influyentes en las divergencias de resultados en la aplicación de una misma norma, realizamos también un análisis de la dependencia entre norma y territorio desde una perspectiva de género, así como los resultados que se derivan de la aplicación de la norma en “tiempos económicos” (bonanza y crisis) diferentes. Así, el objetivo principal de esta comunicación es analizar y verificar empíricamente, a través de un procedimiento estadístico-matemático -el análisis de correspondencias-, el distinto comportamiento de la contratación en función de las diferentes Comunidades Autónomas (componente territorial) donde se aplican y la diferencia por sexo. Y todo ello, teniendo en cuenta el contexto temporal de bonanza o crisis (componente socioeconómico), así como las medidas normativas aplicadas en términos contractuales (componente político). 4 Aunque no todo es tan flexible. En este sentido, conviene señalar que a efectos de interpretación de la norma, el artículo 4.2 del Código Civil rechaza la posibilidad de que el alcance de la norma a efectos interpretativos sea susceptible de ampliación analógica.
4 3. Aspectos metodológicos Dado el carácter, fundamentalmente, analítico-cuantitativo del presente trabajo, se ha precisado el empleo de instrumentos y técnicas estadísticas5. El uso de dichas técnicas limita nuestra ambición a describir, previa constatación estadística de su existencia, las relaciones de dependencia, más exactamente correlaciones o dependencias estadísticas, entre los caracteres que pondremos en estudio. Por ello, es de interés iniciar nuestro análisis remarcando que las correlaciones o dependencias estadísticas no implican causalidades6. Aunque bajo el manto de la correlación o dependencia estadística puede esconderse una relación de causalidad, no corresponde a la Estadística señalar cuál es y dónde está la causa y cuál y dónde el efecto. Para ello se requiere información adicional sobre el objeto de estudio, que ha de obtenerse ad hoc, fuera del campo estadístico. Para contrastar y analizar estadísticamente la asociación o dependencia entre los caracteres en estudio, se han elaborado las correspondientes tablas de contingencia7 con datos anuales, lo que nos permite eliminar la estacionalidad. El instrumento estadístico empleado para la contrastación estadística es el denominado test o contraste χ2 (Chicuadrado o Ji-cuadrado) de independencia8. Para analizar con más detalle las relaciones contrastadas entre los caracteres en estudio y tratar de encontrar cuáles son las relaciones entre las diversas modalidades de estos caracteres que explicarían la dependencia entre ambos, se hace uso de otro instrumento estadístico estrechamente relacionado con el contraste χ2 que hemos empleado: el 5 “Los números, los grandes números, pueden procurarle a la Sociología jurídica un remedio contra el peligro del impresionismo que la amenaza”. (Carbonnier, 1982; 41). 6 Véase, por ejemplo, el trabajo de Herbert A. Simón, "Spurious Correlation: A Causal Interpretation", Journal of the American Statistical Association, 49, 1954, págs. 467-479. 7 Término introducido por Pearson en 1904, hace referencia a una tabla de doble entrada, también denominada tabla de clasificación cruzada, donde aparecen las frecuencias observadas correspondientes a la distribución conjunta de dos variables categóricas o cualitativas. Es una matriz de números no negativos, donde el número de cada casilla señala la frecuencia absoluta observada para esa combinación de dos variables. 8 El razonamiento subyacente a este contraste es el siguiente: Se calculan las frecuencias que tendrían que haberse dado si realmente ambos caracteres fuesen independientes, denominadas frecuencias teóricas o esperadas (eij), y se comparan con las frecuencias observadas (nij). Si las diferencias entre ambos tipos de frecuencias son pequeñas, pueden ser explicadas en términos de fluctuaciones del muestreo; si, por el contrario, estas diferencias son muy grandes, es más razonable rechazar la hipótesis de que los caracteres considerados son independientes. Como medida de la discrepancia o medida-resumen de las diferencias entre frecuencias observadas y esperadas se utiliza el estadístico, 2 ij ij ij ij ne e , que bajo la certeza del supuesto de independencia sigue una distribución estadística conocida.
5 análisis de correspondencias9. Esta técnica de análisis permite su empleo sobre variables cualitativas, así como detectar cualquier tipo de relación, no sólo las lineales. Estas relaciones pueden ser tanto entre variables como entre categorías de estas variables. Los cálculos oportunos para la contrastación estadística y el análisis de correspondencias se han realizado con la ayuda del paquete informático SPSS. En nuestra tabla de contingencia (17 x 8) se cruzan las 17 CCAA con 8 tipos de contratos, representando filas y columnas dos particiones de una misma población. En nuestro caso, son 13 los tipos de contratos, según la clasificación de éstos seguida por el Servicio Público Estatal de Empleo (antiguo INEM) en los datos que ofrecen en su página web sobre Estadística de contratos acumulados, tanto para el año 2006 como el año 2012. Puesto que algunos de ellos presentan escasa frecuencia (con los problemas que ello acarrea), en virtud del principio de equivalencia distribucional10, hemos procedido a unir los que hemos considerado más similares. Así, los contratos de Prácticas y Formación integran un solo grupo, igual con los contratos Indefinidos de Fomento y Discapacidad y los de Relevo, Jubilación Parcial y Sustitución por Jubilación. De esta forma la tipología contractual ha quedado reducida a 8 grupos de contrato, que son los siguientes: 1. Indefinido (en los que se incluyen los convertidos en indefinido) 2. Indefinido fomento de la contratación indefinida + indefinido persona con discapacidad (IndFomyDisc) 3. Obra o Servicio (O y S) 9 Dentro de las técnicas de análisis multivariantes, los métodos factoriales persiguen proporcionar una representación sintética de grandes masas de datos. El análisis factorial de correspondencias, creado por el estadístico francés Benzecri, J.P, es un método factorial que nos permite obtener un resumen descriptivo, en forma de gráfico, de los valores numéricos de una tabla de contingencia y que, dadas las propiedades del método, permite una fácil lectura de los resultados. Ello lo consigue reduciendo un conjunto de variables o categorías observadas a una serie menor de variables latentes denominadas factores. Para consultar estas técnicas véase Díaz de Rada (2002), Lebart et al. (1985), entre otros. 10 La medida de distancia que se emplea no es la euclídea, sino la denominada distancia χ2, cuya fórmula se deriva del estadístico experimental empleado en el contraste del mismo nombre. Pondera cada perfil con un peso (masa) proporcional a su frecuencia, es decir, a su importancia en el conjunto, lo que evita “privilegiar” a las categorías con pocos efectivos. Esta distancia goza de la propiedad conocida como principio de equivalencia distribucional que indica que si dos filas o columnas tienen la misma estructura relativa (fij/fi. o fij/f.j) y las unimos en una sola fila o columna, las distancias entre las restantes filas o columnas permanecen invariables. Es decir, esta propiedad garantiza que no perdemos o ganamos nada agregando o desagregando categorías homogéneas. Esto es importante porque la parte de inercia (variabilidad) debida a una modalidad aumenta cuanto más pequeña es su frecuencia (masa), por lo que no es conveniente introducir en el análisis modalidades con bajo número de efectivos (algunos programas eliminan las modalidades cuyos números de respuestas son inferiores al 2% de la muestra).
6 4. Eventual Circunstancia de la Producción (E.C.P.) 5. Interinidad 6. Relevo + Jubilación Parcial + Sustitución Jubilación 64 años (RelJubParySustJub64) 7. Prácticas + Formación (Pract y Form) 8. Otros (se ha incluido, junto a los ya comprendidos, el Temporal persona con discapacidad) 4. Resultados del análisis El caso concreto, objeto de nuestro análisis, es la aplicación en nuestro país de la actual normativa contractual en materia laboral, teniendo en cuenta el componente territorial y el de género. El análisis se realiza, salvo en la comparación de “tiempos económicos” diferentes que se hace para dos años designados, sobre la contratación realizada en un año determinado (2012), por lo que el análisis tiene una indudable naturaleza coyuntural. Tras la aprobación y promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y las sucesivas reformas11, la última en 2013, nuestra actual normativa en materia de contratación laboral ofrece un amplio y variado abanico de tipos contractuales con aplicación en todo el territorio del Estado español - En total 41, y si se tienen en cuenta los 11 Esto dificulta las comparaciones temporales en materia de contratación laboral, debido a la desaparición, transformación o creación de contratos, a raíz de todos los cambios producidos por la multitud de reformas laborales habidas en los últimos años: - Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de aumentar la flexibilidad mediante la reducción de las indemnizaciones por despido. - Ley 11/1994, de 19 de mayo, que incidió en la cláusula de descuelgue, en la ultractividad del convenio colectivo, … - Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del Mercado de Trabajo y el fomento de la Contratación Indefinida (Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo de 1997, Reforma del contrato a tiempo parcial de 1998, Aumento de la cotización de los contratos temporales de 1999). - Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. - Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo. - Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, y Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, que nuevamente favorece la disminución del coste de despido. - Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, en aras a conseguir la denominada “flexiseguridad”. - Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero (BOE 23/02/2013), de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
7 diferentes impresos y modalidades de cada tipo, éstos ascienden a 61 (indefinidos y temporales)-. De otra parte, la estructura regional española es una realidad diversa y compleja. Es evidente que las 17 CCAA españolas12componen un mosaico de diferentes culturas, costumbres, demografías, estructuras sociales y económicas e instituciones de gobierno. Asimismo, si atendemos a la dimensión regional o autonómica del mercado de trabajo, encontraremos, quizás como consecuencia de las singularidades de cada Comunidad Autónoma, distintas tasas de actividad, diferentes tasas de desempleo, diversos volúmenes de empleo, una escasa homogeneidad entre los colectivos de parados de las distintas regiones y una desigual estructura porcentual del empleo de cada CA por sectores económicos y por sexo. 4.1. Contratación y territorio. Análisis con los datos de 2012. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, creemos bastante plausible presumir que la aplicación de la actual normativa contractual –y las que ya se anuncian- en materia laboral ha producido resultados diferentes en las diversas CCAA del Estado español. Para contrastar esa presumida asociación o dependencia entre dos caracteres, tipología contractual y CCAA, hemos elaborado una tabla de contingencia (Tabla 1), con datos anuales (con lo queda eliminada la estacionalidad) del número de contratos registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) durante 2012, según tipos de contratos por CCAA. Con finalidad de ganar operatividad y dado que no perjudica gravemente los objetivos de nuestro análisis, hemos incluido en esta tabla los tipos de contratos que presentan mayor frecuencia, agrupando las restantes modalidades contractuales –que en conjunto sólo representan el 0’45% del total de contratos– bajo el epígrafe “Otros Contratos”. Como se indica en las consideraciones metodológicas el test estadístico para la contrastar la dependencia entre los caracteres en juego es la prueba Chi-cuadrado de independencia. Realizados los cálculos oportunos, con ayuda del paquete informático SPSS, obtenemos para el estadístico de prueba o medida de discrepancia, con 112 grados de libertad, un valor altamente significativo (p-valor = 0’000), lo que se traduce en que los datos ofrecen evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de independencia entre ambas características. Por tanto, es razonable suponer 12 Se excluye del análisis las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
8 asociación o dependencia estadística entre las dos características en estudio o, en otros términos, que la actual tipología contractual ofrece resultados (para datos anuales de 2012) diferentes en función de la Comunidad Autónoma en que se aplique. Tabla 1: Tabla de contingencia Comunidades Autónomas Tipo de contrato Indefinido IndFomyDisc O y S ECP Interinidad RelJubPary SustJub64 Pract y Form Otros Margen activo Andalucía 100368 1757 1577744 1463757 198553 5528 25016 14204 3386927 Aragón 28327 532 148480 153043 47810 2837 1915 1312 384256 Asturias 18096 414 76834 105655 39242 2313 3389 1321 247264 Baleares 31902 399 90682 163885 23471 1123 1304 1325 314091 Canarias 38588 485 152025 253148 64331 1442 3165 1826 515010 Cantabria 10842 193 43075 74156 20522 1087 1149 327 151351 Castilla-Leon 26817 520 290137 175025 39606 1409 3320 1475 538309 Cast-La Mancha 44590 946 209380 262804 70309 4046 4463 4602 601140 Cataluña 198019 2396 686781 808136 316491 10416 11840 8106 2042185 Valencia 88108 1367 509676 544034 99407 4801 10113 5472 1262978 Extremadura 13893 415 181434 252283 19444 552 4257 6044 478322 Galicia 52510 1030 236634 278613 76201 2728 7585 16481 671782 Madrid 263914 3507 650344 545474 151383 10305 14694 4551 1644172 Murcia 33784 483 329569 173030 21375 799 3356 2445 564841 Navarra 12604 222 58885 90398 39722 1381 1410 5723 210345 País Vasco 49852 713 219980 246016 159608 5285 4634 1623 687711 Rioja 6708 150 29171 56174 9475 380 361 410 102829 Margen activo 1018922 15529 5490831 5645631 1396950 56432 101971 77247 13803513 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE Para realizar un examen más detallado sobre cuáles son las relaciones entre las diversas modalidades que expliquen la dependencia entre las dos categorías analizaremos la información ofrecida por el método multivariante empleado para desgranar estas relaciones: el análisis factorial de correspondencias. Para ello, hacemos uso de las consideraciones metodológicas antes reseñadas, que tienen como finalidad una mejor comprensión del gráfico-resumen ofrecido por el método empleado (grafico 1) mediante su análisis con ayuda de la información facilitada por las tablas de los perfiles de fila y de columna13 –no se han incluido para simplificar el texto-. 13 Son las distribuciones en porcentajes en el interior de cada fila o de cada columna. Si se constata la existencia de dependencia, estos perfiles serán muy diversos, es decir, existirá “variabilidad” entre ellos. Si se diese independencia, las distribuciones porcentuales de la contratación laboral en cada Comunidad Autónoma (CA) serían aproximadamente iguales entre sí y semejantes a la distribución porcentual del total del Estado. Igual ocurriría para los tipos de contratos. Estos perfiles definen las coordenadas de los puntos representativos de los tipos de contratos y de las CCAA en un espacio multidimensional, que
15 que antes hemos señalado para Madrid – realiza la Administración en su actuación como empresario. De ser alto dicho porcentaje, nos permitiría relacionar este eje con el “grado de intervención de la Administración en el mercado de trabajo”, pero debido a la falta de constatación empírica, queda en una presunción. Por último desearíamos resaltar que los anteriores resultados y conclusiones están condicionados, obviamente, por los datos utilizados. Es decir, son fruto de la contratación laboral realizada en España en 2012. El análisis de un período más amplio permitiría dar mayor consistencia a los resultados y conclusiones que se obtengan. De la misma manera, un estudio más profundo de las peculiaridades de las diferentes modalidades contractuales y de las características socio-económicas de las diversas CCAA enriquecería el análisis, aportando más luz sobre las causas que motivan la dependencia contrastada. 4.2. Una perspectiva de Género En las últimas décadas el panorama laboral español ha advertido cambios importantes, entre los que destaca el considerable aumento de la presencia de mujeres. Ahora bien, esta mayor presencia de la mujer en el mercado de trabajo no ha venido acompañada del cambio cultural suficiente, tanto en el seno de las familias como en las empresas, ni de la adaptación del Estado del Bienestar a las nuevas necesidades de la sociedad. En este trabajo vamos a partir teóricamente de asumir como una realidad las diferencias de formas en la inserción al mercado laboral entre mujeres y hombres, las cuales dependen en parte de condicionamientos de género que segmentan el mercado, ofreciendo diferentes oportunidades a unos y otras. Estos condicionamientos se basan en estereotipos de género que maniobran asignando determinadas características “propias” que una sociedad espera de una mujer o de un hombre. De este modo, el estereotipo normativiza como propio masculino la actividad y la independencia, mientras adjudica a lo femenino la pasividad y la dependencia. Así, las personas son orientadas desde la infancia hacia prácticas sesgadas y, a partir de las distintas cualidades de cada sexo, se sustenta la división horizontal existente entre “empleos femeninos” y “empleos masculinos” por naturaleza (Asián-Chaves y Rodríguez Sosa, 2008). Zapirain, J.P. et al “la contratación laboral temporal en las Administraciones Públicas” Ed. Civitas. Madrid 1993.
16 Estos estereotipos subyacen en los comportamientos sociales, incluso en las normas o leyes que regulan las conductas, pero no son fijos e inmutables, sino que cambian en relación a la modificación de valores y creencias culturales. Considerando específicamente el espacio laboral, la dimensión de género se expresa contundentemente destacando las implicaciones que esta dimensión supone en términos de desigualdad y exclusión social. Las mujeres son las que deben sortear mayores obstáculos a la hora de acceder a un empleo, viéndose particularmente afectadas por el desempleo. Pero, también una vez dentro del mercado laboral, en la mayor parte de los casos, se ven abocadas a los puestos más bajos en la escala jerárquica, y en peores condiciones laborales –tiempo parcial, etc.-. Teniendo esto presente, dado que nos estamos refiriendo a los tipos de contratos laborales, en este apartado lo que planteamos es si realmente se puede afirmar que exista una relación o dependencia entre los tipos de contratos que se realizan y el sexo de las personas contratadas. Para ello, utilizando los datos del Servicio Público Estatal de Empleo sobre número de contratos por sexo en 2012, en primer lugar hemos planteado un contraste Chi-cuadrado de homogeneidad20. Tabla 5: Tabla de contingencia sexo*tipo de contrato sexo Total mujer hombre Recuento Frecuencia esperada Recuento Frecuencia esperada Recuento Frecuencia esperada Tipo de contrato Indefinido 648213 479811,8 370709 539110,2 1018922 1018922 IndFomentoyDiscap 6859 7312,6 8670 8216,4 15529 15529 O y S 2073279 2585640,2 3417552 2905190,8 5490831 5490831 EvCPdón 2686392 2658535,7 2959239 2987095,3 5645631 5645631 Interinidad 986824 657825,8 410126 739124,2 1396950 1396950 RelevoJubParySustJub64 17930 26573,9 38502 29858,1 56432 56432 Pract y Form 50490 48018,3 51481 53952,7 101971 101971 Otros 30107 36375,7 47140 40871,3 77247 77247 Total 6500094 6500094 7303419 7303419 13803513 13803513 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE El contraste que se plantea tiene como hipótesis nula la homogeneidad de poblaciones, es decir, que ambas muestras –la de hombres y la de mujeresproceden de poblaciones 20 Para información sobre estos contrastes puede consultarse Gil, Rodríguez y Perera (2011); Lebart, Morineau y Fenelon (1985).
17 similares, o lo que es lo mismo, que no existen diferencias significativas entre ambas poblaciones. A partir de los valores obtenidos para el p-valor en los contrastes (0’000 como se aprecia en la tabla 6), rechazamos la hipótesis nula para cualquier nivel de significación adoptado, y concluimos por tanto que las poblaciones son diferentes, es decir que, estadísticamente, los contratos que se realizan a hombres y a mujeres presentan comportamientos significativamente diferentes en el conjunto de España. Tabla 6: Prueba de Chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 622781,924a7,000 Razón de verosimilitudes 632461,302 7,000 Asociación lineal por lineal 23662,022 1,000 N de casos válidos 13803513 a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7312,63. Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE Hemos repetido el análisis para cada una de las 17 CCAA españolas, obteniendo en todos los casos valores p= 0’000, por lo que podemos concluir que en todas ellas existe una relación entre los tipos de contratos y el sexo de las personas contratadas. Realizado también el análisis factorial de correspondencias como en el caso anterior, pero separando por sexo, los resultados de los gráficos correspondientes a la representación de los dos ejes o dimensiones en que se pueden representar las relaciones entre tipos de contratos y CCAA realizados para los contratos a hombres, por un lado, y los contratos a mujeres, por otro (representados en el gráfico 2), obtenemos algunas diferencias en su comparación con los contratos totales para 2012 que expusimos en el apartado anterior. La proporción acumulada de inercia explicada por ambos ejes es superior en el caso de las mujeres (83’5%) que para los hombres (77,7%). Por lo que se refiere a la representatividad de las CCAA, las que presentan una mayor representatividad en las dimensiones analizadas en el caso de las mujeres son Aragón (aunque sigue teniendo poco peso en ambos ejes) y País Vasco (que, aunque tiene mayor puntuación en la dimensión 1, difiere más de la media y de los hombres en su puntuación en la dimensión 2), mientras que en el caso de los hombres destacan, por su diferencia con respecto a la media y con respecto a las mujeres, Baleares y Canarias, por su mayor contribución a de la dimensión 1 a la inercia del punto, y La Rioja en la dimensión 2.
18 Gráfico 2. Posición de los tipos de contratos y las CCAA por sexo en las 2 dimensiones Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE
19 En cuanto a los tipos de contrato, para las mujeres destacan en relación a la media los de “Interinidad” y “Relevo + Jubilación parcial + Sustitución jubilación 64 años” (en el eje 2 fundamentalmente), y “Prácticas + Formación” en ambos ejes, siendo éstos tipos de contratos más frecuentes en la Administración Pública, donde suele haber un mayor porcentajes de mujeres, mientras que en los hombres están más representados los contratos de “Obras o servicios” y “E.C.P.”, tipos de contratos más ligados a actividades ‘masulinizadas’, como es el caso de la Construcción. En general se mantiene la relación desarrollo económico-menor precariedad observada en el gráfico general (gráfico 1), aunque quizás más acentuada en el caso femenino. Se observa que para el gráfico de mujeres (O y S y ECP, que son los más precarios) están más próximos en el caso de las mujeres en CCAA con menor desarrollo como Extremadura y Andalucía. 4.3. Crisis y bonanza en el mercado laboral El contexto de crisis en que se presenta esta Comunicación hace que el paro y no el empleo sea el principal protagonista. De hecho, el paro masivo, como el actualmente existente en España, es una de las secuelas más dramáticas de cualquier escenario de crisis. Más aún, esta situación, que se presenta como coyuntural o transitoria, no hace más que ahondar en la precaria situación en la que sociedad española se encuentra, con una tasa de pobreza de las más altas de los países de la Unión Europea. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2012, con ingresos del año anterior, sitúa la tasa de riesgo de pobreza en el 21,1% de la población total. Cinco años antes, en la antesala de la crisis financiera actual, este porcentaje era del 19,7. Junto a ello se ha producido un aumento de la desigualdad. Si bien hace tan solo unos años el fuerte crecimiento económico español, impulsado y explicado fundamentalmente por el sector inmobiliario, había proyectado una imagen de reducción importante de las desigualdades, en el momento actual España destaca justo por lo contrario. Un análisis de las bases de datos de Eurostat permite concluir que, en términos de desigualdad de ingresos, España se encuentra muy por encima de la media europea. Esto es, si comparamos, por cociente, el salario que está por encima del 95% de la población con el que está por encima de sólo un 5% (ratio 95%/5%), en el transcurso de tan solo 3 años, desde 2008 a 2011, pasó de un valor de 7 a más de 11, ocupando el primer lugar en el ranking de los países de que hoy integran la UE.
20 El desempleo y la pobreza son dos caras de la misma moneda, que tienen un trasfondo institucional en común, que no puede ignorarse. Claus Offe (1997) discute el hecho de que se asigne al contrato laboral la función central como fundamento del orden social. «El ‘problema del desempleo’ se evidencia –afirma Offe– como la manifestación más obvia del fracaso de este modelo institucional clave que es el trabajo contractual». Y lo es, entre otras razones, como el propio autor señala, porque «el contrato laboral falla tanto en asignar un ‘sitio’ en la sociedad a un creciente número de personas como en proporcionarles ingresos y protección adecuados». Dicho con otras palabras, la contradicción fundamental ante la que nos encontramos es que «todos necesitan trabajar para vivir, pero que la sociedad no necesita del trabajo de todos para crecer» (Ruiz Soroa, 2013). Sin embargo, el protagonismo del enfoque del mercado de trabajo para aproximarse a estas realidades sigue siendo predominante (Recio, 2009). De este modo, la idea de la rigidez del mercado laboral y la necesidad de reformas laborales, en las que la regulación de las formas de contratación laboral adquiere un importante protagonismo, aflora con fuerza en todas las situaciones de crisis. «Por esto –como afirma Albert Recio (2009)– en las sucesivas coyunturas de paro masivo renacen con fuerza las voces que exigen una enésima reforma estructural del mercado laboral». Posición fuertemente condicionada por un enfoque, más ideológico que científico, que reduce las expectativas humanas a una sola dimensión: la ‘racional económica’. Que ha conducido a que enfoques «como los de las ‘expectativas racionales’ hayan contribuido a minimizar el papel que las decisiones empresariales tienen en la gestación de la crisis. Y han posibilitado que muchos economistas aborden los problemas del desempleo masivo como un problema de regulación del mercado laboral» (Recio, 2009). Conscientes de estas limitaciones, que hemos considerado oportuno señalar, y en base a la información disponible en dos momentos concretos 2006 y 2012, analizamos el comportamiento de distintas modalidades de contratación y su materialización en las diferentes realidades territoriales estudiadas. En ambos casos se ha seguido, como no podía ser de otro modo, la misma metodología, con el objeto de permitir la comparación de los datos, llegando a los mismos resultados en cuanto a la significatividad estadística de los test realizados. Por ello, puede afirmarse, como ya se hizo anteriormente, que la actual tipología de contratación
21 existente en 2006 ofrecía resultados distintos en las diferentes Comunidades Autónomas. Por razones expositivas, aunque comparativas también, optamos por la representación bidimensional, aunque para 2006 la variancia explicada acumulada fuese sensiblemente inferior (tabla 7) representando el 73,9%, frente al 80,4% de 2012. Las desviaciones típicas presentan, no obstante, como para 2012, valores próximos a cero, y el bajo valor del coeficiente de correlación, como puede observarse en la tabla 7, permite concluir, también en este caso, la estabilidad de la solución alcanzada. Tabla 7: Prueba de Chi-cuadrado Dimensión Valor propio Inercia Ratio de inercia Confianza para el valor propio Explicado Acumulado Desviación Correlación 1 ,157 ,025 ,466 ,466 ,000 ,080 2 ,120 ,015 ,273 ,739 ,000 3 ,087 ,008 ,144 ,883 4 ,072 ,005 ,098 ,981 5 ,026 ,001 ,013 ,994 6 ,016 ,000 ,005 ,998 7 ,009 ,000 ,002 1,000 Total ,053 1,000 1,000 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE A conclusiones similares puede llegarse atendiendo a las Contribuciones de la dimensión a la inercia del punto, tanto en lo referido a la tipología de contratos como a las CCAA, aunque los porcentajes, en este caso, sean algo inferiores (91,8% frente a 98,2% en el caso de la tipología de contratación; y por encima del 91% en el caso de las CCAA de Andalucía, Cataluña y Madrid, no alcanzando en ningún caso el 95%). Si observamos la representación en los dos ejes o dimensiones de los tipos de contratos y las CCAA en 2006, en comparación con 2012, se aprecia que los contratos de “O y S” y “ECP” se acercan más al perfil medio, es decir su distribución por CCAA se hace muy similar y que se acentúa la separación o se ven más claros dos grandes grupos de CCAA, por un lado Andalucía, Extremadura, Galicia, las dos Castillas y Murcia y de otro el resto de CCAA, aunque manteniéndose la proximidad de Valencia a los contratos (precarios y ligados a su estructura productiva) de “O y S” y “ECP” y un mayor acercamiento de Cataluña a los contratos indefinidos.
22 Gráfico 3. Posición de los tipos de contratos y las CCAA en las 2 dimensiones en 2006 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE Para facilitar la comparación hemos visto la conveniencia de incorporar las tablas de las participaciones relativas de las diferentes tipologías de contratos estudiadas para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid y el País Vasco. Este último no tanto por su volumen, cuanto por su importancia económica relativa. Tabla 8: Porcentajes de tipo de contratos sobre el total de la Comunidad 2006 ANDALUCIA CATALUÑA COM. DE MADRID PAIS VASCO Indefinido 1,54 6,01 7,41 2,42 IndFormDisc 0,93 3,11 3,38 1,76 OyS 45,30 33,10 39,83 34,52 ECP 45,48 45,64 40,44 40,88 Interinidad 4,77 10,53 7,11 17,83 RelJub 0,10 0,40 0,36 1,11 PractForm 1,17 0,83 1,25 1,16 Otros 0,72 0,38 0,22 0,31 100,00 100,00 100,00 100,00 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE
23 Tabla 9: Porcentajes de tipo de contratos sobre los contratos totales de cada tipo 2006 ANDALUCIA CATALUÑA COM. DE MADRID PAIS VASCO Indefinido 9,34 23,84 26,47 2,93 IndFormDisc 10,30 22,64 22,16 3,91 OyS 26,71 12,78 13,84 4,06 ECP 23,71 15,57 12,42 4,25 Interinidad 14,03 20,27 12,32 10,47 RelJub 6,64 17,88 14,48 15,12 PractForm 22,58 10,50 14,21 4,48 Otros 22,00 7,68 3,98 1,92 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE Tabla 10: Porcentajes de tipo de contratos sobre el total de la Comunidad 2012 ANDALUCIA CATALUÑA COM. DE MADRID PAIS VASCO Indefinido 2,96 9,70 16,05 7,25 IndFormDisc 0,05 0,12 0,21 0,10 OyS 46,58 33,63 39,55 31,99 ECP 43,22 39,57 33,18 35,77 Interinidad 5,86 15,50 9,21 23,21 RelJub 0,16 0,51 0,63 0,77 PractForm 0,74 0,58 0,89 0,67 Otros 0,42 0,40 0,28 0,24 100,00 100,00 100,00 100,00 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE Tabla 11: Porcentajes de tipo de contratos sobre los contratos totales de cada tipo 2012 ANDALUCIA CATALUÑA COM. DE MADRID PAIS VASCO Indefinido 9,85 19,43 25,90 4,89 IndFormDisc 11,31 15,43 22,58 4,59 OyS 28,73 12,51 11,84 4,01 ECP 25,93 14,31 9,66 4,36 Interinidad 14,21 22,66 10,84 11,43 RelJub 9,80 18,46 18,26 9,37 PractForm 24,53 11,61 14,41 4,54 Otros 18,39 10,49 5,89 2,10 Fuente: Elaboración propia con el SPSS con datos del SEPE Como puede observarse en las tablas precedentes, las diferencias observadas en ambos años estudiados no sólo se mantienen sino que se acentúan. De hecho, como evidencian estudios, reseñados en este trabajo, referidos a los aspectos tratados aquí u otros similares, la situación de crisis actual ha profundizado las diferencias, haciendo que las realidades territoriales que ya partían en una situación menos favorable en el período de mayor crecimiento, se encuentren en el actual contexto depresivo en una peor situación relativa.
24 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejemplo, aumenta la participación relativa sobre el total de contratos realizados en el conjunto del territorio español de los contratos de Obra o Servicios determinados, Eventuales por Causas de la Producción, en Prácticas y para la Formación y el Aprendizaje. En cambio, la Comunidad de Madrid mantiene el liderazgo en contratación indefinida. Es más, la participación porcentual de los contratos Indefinidos respecto al total de contratos de la Comunidad aumenta su peso relativo en 2012. La Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma del País Vaco mantienen una distribución de las modalidades de contratación más equilibrada entre las diferentes categorías. En el caso de Cataluña inclinándose, no obstante, en términos relativos, hacia los contratos Indefinidos (en sus dos categorías) y los de Interinidad. En el caso del País Vasco, donde las diferencias entre las diferentes modalidades se atenúan, sigue destacando el de Interinidad y pierde peso relativo el de Relevo para la Jubilación Parcial y de Sustitución para la Jubilación. Estos aspectos, sería conveniente que fuesen tratados con mayor profundidad y analizar su comportamiento longitudinal. De cualquier modo, y sin perjuicio de estos análisis, puede afirmarse, como anotábamos más arriba, la existencia de una relación entre la especialización por modalidad contractual de los territorios y la influencia de los contextos económicos (de auge o depresión) en su consolidación. 5. Conclusiones A lo largo del análisis realizado a las cifras de contratación laboral de 2006 y 2012 facilitadas por el SEPE, hemos podido constatar, con la ayuda de determinados instrumentos estadísticos, la existencia de una cierta asociación o dependencia estadística entre CCAA y tipología contractual en materia laboral, que parece se mantiene a lo largo del tiempo, aunque con pequeñas modificaciones, así como algunos de los factores explicativos de dicha dependencia. En cuanto a las CCAA, es el factor explicativo que hemos denominado "grado de desarrollo económico", quien explica en mayor medida las diferencias que se observan en su estructura contractual. Junto a éste, la "especialización productiva (o económica)", que tradicionalmente ha motivado el carácter temporal de la mayor parte de la contratación en zonas agrícolas (Andalucía, Extremadura, Castilla- La Mancha) y turísticas (Baleares), resulta ser otro factor explicativo de especial interés.