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1 Facultad de Comunicación Grado en Periodismo TRABAJO FIN DE GRADO Curso 2024-2025 El tratamiento mediático del crimen de Laura Luelmo: Análisis crítico del discurso periodístico Realizado por: Marta Esteban Lara Tutorizado por: María Lamuedra Gravan
2 A mis padres, por creer en mí incluso cuando yo dudaba, por cada palabra y gesto de apoyo que me sostuvo en el camino. A mis abuelos, raíces de mi historia, por enseñarme con su ejemplo y su amor incondicional. Y en especial a mi abuelo Miguel, que con su voz serena y su fe inquebrantable me recordó siempre que los sueños no tienen techo. Gracias por caminar conmigo incluso cuando el camino era incierto. Este logro también es vuestro. Hoy, más que nunca, os llevo conmigo.
3 Resumen Este Trabajo de Fin de Grado lleva por título El tratamiento mediático del crimen de Laura Luelmo: Análisis crítico del discurso periodístico. Se centra en el crimen de Laura Luelmo, joven profesora asesinada en diciembre de 2018 en El campillo (Huelva), un caso que conmocionó a la sociedad española y evidenció la violencia estructural que sufren muchas mujeres en su día a día. Lejos de limitarse a los hechos concretos, este trabajo adopta una mirada crítica y multidisciplinar que analiza el marco social, judicial y mediático que rodeó el caso. La elección de este tema no responde únicamente al impacto emocional que produjo este crimen, sino a la necesidad urgente de reflexionar sobre los fallos institucionales, la respuesta colectiva y el tratamiento informativo que lo acompañó. Este trabajo, por tanto, no busca revivir el dolor, sino, aportar al necesario proceso de memoria colectiva, visibilizando qué mecanismos fallaron y qué puede hacerse para evitar que estos hechos se repitan. En este sentido, se abordan cuestiones clave como la educación en igualdad, la reinserción penitenciaria, la regulación del secreto de sumario, el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad de las instituciones públicas. Desde un enfoque humano y comprometido, el objetivo de este TFG es contribuir a la construcción de una sociedad más justa, donde vivir sin miedo no sea un privilegio, sino un derecho. Porque toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Y porque es desde el conocimiento, la conciencia crítica y la acción colectiva desde donde se pueden transformar realidades que hoy siguen costando vidas. Abstract This Final Degree Project focuses on the murder of Laura Luelmo, a young teacher who was killed in December 2018 in El Campillo (Huelva), a case that deeply shocked Spanish society and once again exposed the structural violence endured by many women. Rather than limiting the analysis to the specific facts, this work adopts a critical and multidisciplinary perspective to explore the social, legal, and media contexts surrounding the case. The selection of this topic does not arise solely from the emotional impact of the crime, but from the urgent need to reflect on institutional failures, collective responses, and the media coverage of such events. Laura Luelmo was not an isolated case. Her story reflects the reality of countless other women whose lives have been taken by gender-based violence, a problem that remains alarmingly present. This project aims not to dwell on the tragedy but to contribute to the collective memory, highlighting the systemic breakdowns and offering proposals for prevention and structural reform. It addresses key aspects such as education for equality, penal reintegration, the regulation of judicial secrecy, the role of the media, and institutional responsibility. From a human and socially committed standpoint, this research seeks to support the creation of a fairer society—one in which living without fear is not a privilege but a fundamental right. Because every person has the right to a life free of violence. And because only through knowledge, critical awareness, and collective action can we transform realities that still, today, continue to cost lives. Palabras clave Periodismo, asesinato, violencia de género, medios de comunicación, feminismo, Laura Luelmo, sentencia, tribunales, sucesos.
4 ÍNDICE: BLOQUE I: Introducción…………………………………………pág. 6 1. Justificación de la relevancia del tema 2. Planteamiento del problema 3. Objetivos generales y metodología del trabajo 4. Hipótesis y preguntas de investigación BLOQUE II: Marco teórico……………………………………….pág. 9 1. Antecedentes El crimen de Laura Luelmo: hechos y repercusión social Libertad de prensa vs. derecho a la intimidad y al proceso justo 2. Análisis del caso judicial La condena del asesino: proceso judicial y resolución Raquel Rendón: hechos, sentencia y argumentos jurídicos Impacto del caso en el tratamiento mediático de los crímenes 3. Implicaciones legales y éticas La responsabilidad de los medios en la cobertura de crímenes Tratamiento ético de la violencia de género en los medios de comunicación Comparación con otros casos similares en España 4. Reacciones sociales y mediáticas Opinión pública y movimientos sociales tras el crimen Reacción de los medios de comunicación y del ámbito judicial Cambios normativos o propuestas legislativas tras el caso BLOQUE III: Metodología………………...………………………pág. 26 1. Tipo de investigación 2. Técnicas utilizadas 3. Acotación de la muestra y extracción del corpus 4. Justificación del enfoque metodológico BLOQUE IV: Análisis de los resultados…………………………..pág. 29 1. Análisis de la cobertura mediática de los medios de comunicación sobre el caso 2. Análisis descriptivo 3. Análisis interpretativo 4. Discusión de los resultados
5 BLOQUE V: Conclusiones………………………………………pág. 38 1. Reflexión sobre el impacto del caso en la sociedad y el periodismo 2. Propuestas para mejorar la regulación del secreto de sumario y la cobertura mediática BLOQUE VI: Bibliografía…………...……………………………pág. 41
6 BLOQUE I: INTRODUCCIÓN 1. Justificación de la relevancia del tema El crimen de Laura Luelmo, ocurrido en diciembre de 2018 en la localidad de El Campillo (Huelva), no solo conmocionó a la sociedad española, sino que evidenció, una vez más, la profunda vulnerabilidad estructural que padecen las mujeres en el contexto de violencia de género. Laura era una joven profesora de 26 años que se había desplazado por motivos laborales, como tantas otras personas en nuestro país, y fue asesinada brutalmente por Bernardo Montoya, un hombre con antecedentes penales y antecedentes por violencia. Este hecho, que por su crudeza estremeció a la opinión pública, representa una manifestación más de la violencia sistémica que muchas mujeres sufren diariamente en nuestra sociedad. Este trabajo se propone estudiar este caso desde una perspectiva crítica y multidisciplinar, atendiendo no solo a los hechos concretos, sino al marco social, judicial y mediático que lo rodeó. La elección de este tema no responde únicamente a la necesidad de visibilizar el sufrimiento de una víctima concreta, sino a la urgencia de reflexionar sobre los fallos institucionales, la respuesta social y la cobertura informativa de este tipo de crímenes. Laura Luelmo no es un caso aislado: su historia conecta con muchas otras historias de mujeres que han visto truncada su vida en manos de una violencia que sigue presente y que requiere atención desde todos los ámbitos posibles. En este sentido, el presente trabajo cobra relevancia al ser un aporte a la memoria colectiva, al análisis de los mecanismos que fallaron y a la propuesta de posibles mejoras en la prevención de este tipo de delitos. Además, permite abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de la educación en igualdad, la reinserción penitenciaria, el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad institucional. Porque toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, y porque es desde el conocimiento, la conciencia crítica y la acción colectiva como se construyen sociedades más justas y seguras para todas y todos. 2. Planteamiento del problema Este suceso, más allá del horror que implicó a nivel humano, abrió un debate social y mediático que aún resuena: ¿cómo informan los medios sobre este tipo de crímenes? ¿Qué narrativas predominan cuando la víctima es una mujer joven y el agresor un reincidente? ¿Dónde está la línea entre el derecho a la información y el sensacionalismo? Y, sobre todo, ¿qué papel juegan los medios en la formación de una conciencia social frente a la violencia de género y el sistema judicial? Desde una perspectiva periodística, resulta fundamental analizar no solo el tratamiento informativo del caso, sino también las implicaciones éticas y comunicativas que conlleva. El asesinato de Laura Luelmo no es un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de violencia estructural que afecta principalmente a mujeres. En este sentido, el trabajo de los medios de comunicación tiene un peso específico en la manera en que la sociedad comprende, interpreta y responde ante estos hechos. Este trabajo se propone, por tanto, examinar el enfoque periodístico dado al caso de Laura Luelmo en los principales medios españoles, atendiendo a los elementos narrativos, el lenguaje utilizado, las fuentes citadas y el tratamiento de las figuras de víctima y agresor. El objetivo es reflexionar sobre el impacto del discurso mediático en la percepción pública del crimen y su posible contribución a la revictimización o, por el contrario, a la sensibilización y denuncia social.
7 3. Objetivos y metodología del trabajo Objetivos del trabajo El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal analizar el tratamiento periodístico del caso del asesinato de la profesora Laura Luelmo, ocurrido en diciembre de 2018 en El Campillo (Huelva), desde una perspectiva crítica y ética. A partir de este trágico suceso, se busca examinar cómo los medios de comunicación abordaron la cobertura informativa del crimen, especialmente en lo relativo al respeto por los derechos de la víctima, la presunción de inocencia del acusado, y el impacto social del discurso mediático. Entre los objetivos específicos del trabajo destacan: • Estudiar el enfoque narrativo utilizado por los principales medios nacionales y locales en la cobertura del caso. • Evaluar el cumplimiento de los principios deontológicos del periodismo en el tratamiento de la información relacionada con el crimen. • Analizar el uso de lenguaje sensacionalista, así como la representación de género en la construcción mediática de la víctima y el agresor. • Reflexionar sobre el papel del periodista ante situaciones de especial sensibilidad social, como los casos de violencia de género o feminicidios. • Identificar posibles buenas prácticas y errores cometidos en la cobertura, con el fin de proponer recomendaciones para un ejercicio más ético y responsable del periodismo. • Investigar primera condena de cárcel en España a un periodista. Metodología La metodología empleada en este trabajo combina un enfoque cualitativo con herramientas del análisis del discurso periodístico. Se ha optado por una estrategia de estudio de caso centrada en la cobertura mediática del asesinato de Laura Luelmo, seleccionando una muestra significativa de artículos, reportajes, piezas televisivas y publicaciones digitales difundidas por diversos medios de comunicación entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Las fases metodológicas del trabajo han sido las siguientes: 1. Revisión documental y teórica: Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los fundamentos del periodismo ético, la violencia de género en los medios, y los marcos teóricos del análisis del discurso mediático. 2. Selección de corpus periodístico: Se han recopilado más de x piezas informativas publicadas en medios como (…) y algunos diarios locales andaluces. También se han incluido ejemplos de coberturas en televisión y en redes sociales. 3. Análisis de contenido: Se ha procedido a examinar los textos desde una perspectiva crítica, prestando especial atención al lenguaje utilizado, la estructura narrativa, la construcción de los personajes (víctima y agresor), la presencia o ausencia de fuentes oficiales y expertas, y el enfoque del tratamiento informativo. 4. Evaluación ética y deontológica: A través de los principios del Código Deontológico de la FAPE y otras normativas internacionales, se ha valorado la adecuación ética de las piezas seleccionadas, así como su posible impacto social.
8 5. Conclusiones y recomendaciones: Finalmente, se recogen las principales conclusiones extraídas del análisis, así como propuestas orientadas a mejorar la calidad y responsabilidad del periodismo ante estos casos. 4. Hipótesis y preguntas de investigación Voy a analizar la cobertura mediática del caso Laura Luelmo en tres medios de comunicación nacionales (ABC, EL MUNDO Y 20 MINUTOS) para generar un conocimiento mayor sobre el crimen y sus antecedentes y comparar si se emplean enfoques visibles sobre la violencia contra la mujer en las noticias. Posibles hipótesis desde un enfoque mediático/social tras analizar • Los medios de comunicación reforzaron estereotipos de género en su cobertura del caso de Laura Luelmo. • La cobertura mediática del asesinato generó un impacto significativo en la opinión pública respecto a la violencia contra las mujeres. • La victimización secundaria fue evidente en el tratamiento informativo del caso, especialmente en medios sensacionalistas. Preguntas de investigación • ¿Cómo influyó la cobertura mediática en la sensibilización y movilización social frente a la violencia de género? • ¿Reprodujeron los medios estereotipos de género o victimización secundaria durante la cobertura del caso? • ¿Qué diferencias se observan en la cobertura del caso de Laura Luelmo respecto a otros crímenes similares? (Diana Quer, Marta del Castillo…).
9 BLOQUE II: MARCO TEÓRICO 1. Antecedentes a) El crimen de Laura Luelmo: hechos y repercusión social Línea del tiempo del caso Según el relato del Ministerio Fiscal, la secuencia de los hechos se inicia alrededor de las 17:30 horas del 12 de diciembre de 2018, cuando Bernardo Montoya, el acusado, habría sorprendido a Laura Luelmo a su regreso al domicilio tras realizar unas compras en un supermercado cercano. Con la intención de privarla de su libertad, la habría forzado a entrar en su vivienda. Una vez dentro, Montoya habría comenzado a agredirla físicamente, propinándole varios golpes que la dejaron gravemente herida. Posteriormente, tras inmovilizarla, la trasladó a una de las habitaciones donde la sometió a una agresión sexual. Tras esto, y con extrema violencia, le causó la muerte a golpes. Acto seguido, introdujo el cuerpo sin vida en el maletero de su vehículo y lo abandonó en una zona próxima, donde fue hallado días después, concretamente el 17 de diciembre. Las investigaciones sitúan el crimen en un intervalo temporal comprendido entre las 17:22 y las 18:10 horas de ese miércoles 12 de diciembre. Tanto la acusación particular, representada por la familia de la víctima, como la acusación popular, ejercida por la Junta de Andalucía, han solicitado para el acusado la pena de prisión permanente revisable. Montoya permanece recluido en el centro penitenciario de Huelva desde el 2 de noviembre de 2021, fecha en la que fue trasladado desde la prisión de Sevilla II (Morón de la Frontera), en espera del juicio.
16 Sensacionalismo vs. derecho a la intimidad El tratamiento informativo del caso sobrepasó en numerosas ocasiones los límites del respeto a la intimidad personal y familiar de Laura Luelmo. Se difundieron fotografías extraídas de sus redes sociales sin autorización, se ofrecieron detalles sobre el estado del cuerpo tras el hallazgo, y se compartieron informaciones que pertenecían a la esfera más privada de la víctima, generando una segunda victimización para su familia (Rodríguez, 2019). Además, varios medios presentaron al presunto agresor con un lenguaje que, de forma implícita, minimizaba la gravedad de sus actos. Expresiones como “tenía antecedentes por delitos menores” o “había cumplido condena” normalizaban comportamientos delictivos, sin un enfoque crítico o una contextualización adecuada. Esta práctica mediática no solo es éticamente cuestionable, sino que contribuye a la desinformación y perpetúa estereotipos perjudiciales. Presunción de inocencia y juicio paralelo Otra dimensión clave del problema fue la vulneración del principio de presunción de inocencia. En los primeros días tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Laura Luelmo, varios medios apuntaron directamente a posibles responsables sin contar con confirmaciones oficiales. El señalado acabó siendo el autor confeso, sin embargo, la rapidez y contundencia con la que fue tratado en los medios creó un juicio paralelo que hubiera sido gravemente perjudicial si se hubiese tratado de una acusación errónea. Esta clase de actuación mediática interfiere en el desarrollo de los procesos judiciales y puede afectar tanto al derecho a la defensa como a la imparcialidad judicial (Delgado, 2018). El periodismo tiene la función social de informar, pero no puede asumir el papel de juez. Cuando se difunden filtraciones judiciales, se utilizan fuentes anónimas sin verificar o se anticipan culpabilidades, se rompe el equilibrio que debe existir entre el derecho a saber y el derecho a un juicio justo. La necesidad de una cobertura ética y con perspectiva de derechos Este caso demuestra la necesidad urgente de repensar cómo se cubren los crímenes violentos, especialmente los relacionados con violencia de género. El Código Deontológico de la FAPE establece que el periodista debe ejercer su labor con respeto a la dignidad humana, a la intimidad, y evitando el sensacionalismo y la frivolidad en la información (FAPE, 2017). Sin embargo, el incumplimiento de estos principios es recurrente cuando se trata de casos de gran repercusión mediática. Una cobertura responsable de la violencia machista implica informarse con rigor, proteger a las víctimas y sus entornos, y evitar la reproducción de estereotipos o la generación de alarma social (Observatorio de la Imagen de las Mujeres, 2021). Asimismo, es fundamental incorporar una perspectiva de género como un problema social y abordarla desde un enfoque transformador, en lugar de convertirla en un espectáculo mediático (Rodríguez Sanfeliu, 2017; Varela, 2019). Hacia un modelo de prensa más justo La cobertura del crimen de Laura Luelmo no solo reveló fallos en la actuación de ciertos medios, sino que abrió una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los límites del derecho a la información. En una sociedad democrática y comprometida con los derechos humanos, es imprescindible que la libertad de prensa se ejerza de forma ética y consciente, y que los medios asuman su papel no solo como informadores, sino como agentes sociales responsables.
17 2. Análisis del caso judicial a) La condena del asesino: proceso judicial y resolución El asesinato de Laura Luelmo en diciembre de 2018 conmocionó a toda la sociedad española. La joven profesora de 26 años, natural de Zamora, había llegado a El Campillo (Huelva) apenas unos días antes para realizar una sustitución en el instituto local. El autor del crimen, Bernardo Montoya, era un exconvicto reincidente que vivía a escasos metros de la vivienda que la docente había alquilado. Este hecho no solo puso en evidencia una clara negligencia en el seguimiento y vigilancia de personas con antecedentes peligrosos, sino que desató una profunda reflexión social sobre la violencia de género y la desprotección de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El proceso judicial se inició tras la confesión inicial del acusado, aunque posteriormente intentó retractarse. La instrucción fue compleja, ya que Montoya proporcionó versiones contradictorias y trató de desviar la atención. Sin embargo, las pruebas forenses y los testimonios lograron reconstruir de forma precisa los hechos: Laura fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada de forma violenta apenas unas horas después de salir a correr. El juicio se celebró del 15 al 19 de noviembre de 2021 en la Audiencia Provincial de Huelva, con un tribunal del jurado y a puerta cerrada, para garantizar la intimidad y la memoria de la víctima. El magistrado presidente fue Florentino-Gregorio Ruíz Yamuza. El jurado popular declaró por unanimidad culpable a Bernardo Montoya de todos los cargos: asesinato con la agravante de reincidencia, agresión sexual con la agravante de género y detención ilegal en concurso ideal con el delito de agresión sexual. La sentencia, notificada el 10 de diciembre de 2021, condenó a Montoya a prisión permanente revisable por el delito de asesinato, y a 17 años y medio de prisión por detención ilegal en concurso ideal con agresión sexual. Además, se le impuso una indemnización de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima. La sentencia fue declarada firme en febrero de 2022, al no ser recurrida por ninguna de las partes. Durante el juicio, la familia de Laura Luelmo expresó su profundo dolor y la necesidad de justicia. La Fiscalía destacó la brutalidad del crimen y la peligrosidad del acusado, subrayando la importancia de la condena para la protección de la sociedad. b) Raquel Rendón: hechos, sentencia y argumentos jurídicos La labor de informar en un contexto judicial implica importantes responsabilidades legales, pero también entraña riesgos cuando el ejercicio del derecho a la información entra en conflicto con otros derechos fundamentales, como el derecho a un proceso con garantías o la preservación del secreto de sumario. Ese delicado equilibrio quedó reflejado en el mediático caso de Raquel Rendón, periodista de Huelva Información, quien fue inicialmente condenada en 2023 a dos años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos, a raíz de la publicación de una noticia que contenía datos de un sumario aún secreto. Los hechos se remontan a diciembre de 2018, en el contexto del crimen de Laura Luelmo, una joven profesora asesinada en El Campillo (Huelva). La noticia firmada por Rendón incluía detalles sobre el estado del cuerpo de la víctima, informes de la autopsia y declaraciones del principal sospechoso, Bernardo Montoya, antes de que dicha información fuera levantada del secreto judicial. La Fiscalía argumentó que esa publicación vulneraba la legalidad vigente, concretamente el artículo 197.3 del Código Penal, que sanciona con penas de prisión a quienes revelen datos confidenciales obtenidos ilícitamente de procedimientos declarados secretos. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva impuso a Rendón dos años de prisión, una multa económica y la inhabilitación para ejercer el periodismo durante ese período. El fallo
18 reconocía que la periodista no había accedido directamente al sumario, pero sostenía que debía haber sido consciente de que los datos divulgados eran objeto de secreto judicial y que, por tanto, su publicación constituía un acto ilícito. La resolución generó un fuerte impacto entre los profesionales del periodismo, tanto por su severidad como por el hecho de que era la primera vez en democracia que se condenaba a una periodista a prisión por ejercer su labor informativa. Numerosas asociaciones de prensa, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Reporteros Sin Fronteras, se posicionaron en contra de la sentencia, advirtiendo de sus implicaciones para la libertad de expresión y el derecho a la información. A su juicio, la condena suponía una criminalización del ejercicio periodístico y podía crear un efecto disuasorio que afectaría a futuras coberturas de casos judiciales de relevancia pública. También se puso de relieve la dificultad de que los periodistas puedan conocer el estado procesal exacto de los sumarios, especialmente en casos que evolucionan con rapidez y gran cobertura mediática. La defensa de Rendón, por su parte, alegó que la periodista actuó de buena fe y que la información se obtuvo a través de fuentes legítimas, como declaraciones policiales o filtraciones no contrastadas oficialmente, lo cual es habitual en el ejercicio de la profesión. Además, subrayaron que el contenido de la publicación no comprometía la investigación ni vulneraba los derechos de las partes, sino que ofrecía información de interés general que ya circulaba en medios de comunicación nacionales. El caso fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que finalmente revocó la sentencia condenatoria en septiembre de 2024. El tribunal consideró que no se había acreditado suficientemente la existencia de un acceso ilícito a las fuentes y, sobre todo, que no existía dolo ni intención de vulnerar el secreto judicial. La sentencia absolutoria subrayó la importancia del principio de proporcionalidad y recordó que la protección de la libertad de prensa debe guiar la interpretación de los delitos vinculados a la comunicación de informaciones sensibles, especialmente cuando el interés público está presente. c) Impacto del caso en el tratamiento mediático de los crímenes El crimen de Laura Luelmo, perpetrado por Bernardo Montoya en El Campillo (Huelva) en diciembre de 2018, no solo conmocionó a la sociedad española, sino que también provocó un giro significativo en la forma en que los medios de comunicación abordan y tratan los crímenes de violencia de género, en especial los feminicidios. La brutalidad del asesinato, así como el perfil de la víctima y el agresor, acapararon la atención mediática durante semanas, lo que derivó en una cobertura intensiva y, en muchos casos, sensacionalista del suceso. El tratamiento mediático de este caso se caracterizó por un enfoque casi exclusivo en la víctima, Laura Luelmo, una joven de 26 años que, como muchos otros, se encontraba en una situación vulnerable en un entorno aparentemente tranquilo. Los medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, se centraron en detalles sobre su vida personal, su llegada a El Campillo como parte de un contrato laboral, y su carácter afable y sociable. Este tipo de información, aunque humana y emocionalmente impactante, a menudo se extrajo de manera que alimentó el sensacionalismo, lo que generó críticas sobre el tratamiento ético de la víctima en los medios. Por otro lado, la cobertura del perfil del agresor, Bernardo Montoya, amplificó la narrativa de la "maldad intrínseca" del criminal. Montoya, quien había sido condenado anteriormente por otros delitos y que se encontraba en libertad condicional, fue descrito como un hombre peligroso, reforzando los estereotipos sobre los criminales reincidentes y la percepción de un "monstruo" que acecha a la sociedad. Sin embargo, los medios de comunicación a menudo omitieron detalles contextuales sobre las fallas del sistema judicial y penitenciario que permitieron que un individuo con antecedentes violentos tuviera acceso a la libertad, lo que llevó a críticas sobre la superficialidad de la cobertura.
19 Este caso también puso de manifiesto la tendencia a explotar emocionalmente la tragedia. La narración del crimen, cargada de elementos gráficos y detalles morbosos, no solo provocó una respuesta emocional fuerte en la audiencia, sino que contribuyó a la estigmatización de las pequeñas localidades rurales como El Campillo, presentándolas de manera estereotipada como lugares inseguros, lo que afectó la percepción de la comunidad y generó un clima de desconfianza. Sin embargo, el caso de Laura Luelmo también propició un cambio importante en el discurso mediático sobre la violencia machista y los feminicidios. El enfoque en la víctima, el repaso a los antecedentes del agresor y las manifestaciones de solidaridad social en torno al caso desencadenaron un aumento de la visibilidad de la violencia de género en los medios. Esto contribuyó a una reflexión más profunda sobre la necesidad de políticas públicas más efectivas para prevenir estos crímenes y sobre la importancia de educar a la sociedad para erradicar las actitudes machistas. Por último, la cobertura del caso también evidenció las tensiones entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad, especialmente cuando se trató de la divulgación de detalles personales de la víctima y de los procesos judiciales en curso. El tratamiento mediático de la tragedia fue un reflejo de las contradicciones inherentes al periodismo de sucesos, que, por un lado, busca captar la atención del público mediante el sensacionalismo, pero, por otro, debe respetar principios éticos que protejan la dignidad de las personas involucradas. En resumen, el crimen de Laura Luelmo marcó un antes y un después en el tratamiento mediático de los crímenes violentos, especialmente en lo que respecta a la violencia de género. Si bien la cobertura contribuyó a una mayor visibilidad del problema, también desnudó las dificultades y controversias que enfrentan los medios al tratar estos temas tan complejos, tanto desde una perspectiva ética como informativa. 3. Implicaciones legales y éticas a) La responsabilidad de los medios en la cobertura de crímenes Los medios de comunicación, al igual que cualquier otra institución con proyección pública, tienen un deber indeclinable de servicio a la ciudadanía: ofrecer información veraz, contextualizada y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas implicadas. Cuando en diciembre de 2018 conocimos el asesinato de la joven maestra Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya en El Campillo, ese deber se puso a prueba y, en demasiadas ocasiones, se vio desbordado por la carrera por la exclusiva, el clic fácil y el impacto emocional inmediato. Tal como recordamos que toda persona tiene derecho a un tratamiento digno –del mismo modo que toda persona tiene derecho a un techo o a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución–, también la víctima de un delito merece que su intimidad y su memoria sean preservadas (Constitución Española, 1978; Etxebarria, 2019). Sin embargo, la exposición masiva de la vida privada de Laura, la reiteración de detalles morbosos sobre la agresión y el protagonismo otorgado a la figura del agresor constituyeron una vulneración del principio de proporcionalidad y ―lo que es más grave― contribuyeron a re‐victimizar a su entorno (Gómez, 2020; Consejo Audiovisual de Andalucía, 2021).
20 Responsabilidad significa ponderar el interés informativo frente al daño potencial. Implica preguntar: • ¿Añade esta imagen algo que el público necesite saber? • ¿Aporta este testimonio valor social o solo amplifica el sensacionalismo? • ¿Está el titular describiendo hechos o alimentando estereotipos sobre la violencia contra las mujeres? En el caso que nos ocupa, abundaron titulares que vinculaban a Laura con clichés sobre vulnerabilidad femenina (“la joven que salió a correr sola”) y que, por contraste, otorgaron a Montoya un relato casi cinematográfico (“el exconvicto que conocía cada recodo del camino”). Esa asimetría narrativa diluye la centralidad del problema estructural ―la violencia de género— y desplaza la conversación pública hacia la anécdota criminal. Una cobertura responsable habría priorizado: 1. Contexto estructural: datos sobre feminicidios, reincidencia delictiva y carencias en los sistemas de prevención. 2. Voces expertas y comunitarias: profesionales de criminología, psicología, movimientos feministas y colectivos vecinales. 3. Seguimiento judicial reposado: explicando plazos, recursos y garantías procesales, evitando juicios paralelos mediáticos. 4. Lenguaje inclusivo y no estigmatizante: llamar a los hechos por su nombre –violencia machista– sin eufemismos ni dramatizaciones gratuitas. La experiencia demuestra que una prensa que informa con rigor y empatía genera ciudadanía crítica, mientras que una cobertura sensacionalista solo satisface la curiosidad inmediata y normaliza la violencia. El periodismo, por tanto, no es un mero narrador: es un actor social que influye en la percepción colectiva y, como tal, comparte la responsabilidad de construir sociedades más justas y seguras. A Laura Luelmo ya no podemos devolverle la vida, pero sí podemos, honrar su memoria exigiendo un periodismo que ponga el foco donde corresponde: en la defensa de los derechos humanos y la prevención de la violencia contra las mujeres. Esa es la auténtica vocación de servicio público. b) Tratamiento ético de la violencia de género en los medios de comunicación La cobertura mediática de la violencia de género desempeña un papel crucial en la construcción de percepciones sociales sobre este fenómeno. Los medios no solo informan, sino que también configuran discursos, legitiman o cuestionan narrativas sociales y pueden contribuir tanto a la visibilización como a la banalización de la violencia ejercida contra las mujeres. En este contexto el libro de Sánchez-ramos, Zurbano-Berenguer y Edo-Ibánez (2024) constituye una aportación fundamental para comprender cómo debe abordarse éticamente este tipo de informaciones. Las autoras sostienen que “informar sobre violencia de género implica ir más allá del suceso; exige visibilizar las raíces estructurales que la sostienen” (p. 23), lo que supone asumir una perspectiva crítica y comprometida en el ejercicio del periodismo.
21 El libro realiza un exhaustivo análisis de las recomendaciones deontológicas desarrolladas en los últimos veinte años tanto en España como en el ámbito internacional. A pesar de la existencia de numerosos códigos éticos (como los elaborados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, el Consejo Audiovisual de Andalucía o la UNESCO), las autoras advierten que “la aplicación efectiva de las recomendaciones sigue siendo escasa y desigual”. (Sánchez-ramos et al., 2024, p. 78). Entre las ideas principales del libro destacan: • Importancia de un tratamiento ético: los medios de comunicación tienen la responsabilidad de tratar la violencia de género de manera ética, evitando el sensacionalismo y respetando la dignidad de las víctimas. • Necesidad de contextualización: es fundamental que las noticias sobre violencia de género se contextualicen adecuadamente, proporcionando información sobre las causas estructurales y sociales del problema. • Uso de fuentes adecuadas: se recomienda recurrir a fuentes expertas y evitar la reproducción de estereotipos o justificaciones de la violencia. • Evaluación de la calidad informativa: la herramienta de autodiagnóstico propuesta permite a los profesionales de la comunicación evaluar la calidad deontológica de sus informaciones y mejorar sus prácticas. • Recomendaciones: el libro recopila y actualiza las recomendaciones deontológicas existentes, ofreciendo una guía práctica para el tratamiento informativo de la violencia de género. La propuesta ética se sintetiza en una afirmación contundente: “un periodismo ético no puede ser neutral frente a la violencia; debe posicionarse del lado de los derechos humanos” (p. 115). Este marco teórico resulta especialmente pertinente para el presente trabajo, ya que permite evaluar el enfoque, el lenguaje, las fuentes y el tono utilizados por distintos medios en la cobertura del caso de Laura Luelmo. A través del análisis comparado de ABC, 20 Minutos y El Mundo, se pondrán en diálogo estas prácticas mediáticas con los principios éticos descritos por Sánchezramos el al. (2024), con el fin de identificar avances, carencias y oportunidades de mejora en el tratamiento informativo de la violencia de género. c) Comparación con otros casos similares en España El asesinato de Laura Luelmo, una joven profesora de 26 años que se había trasladado a El Campillo (Huelva) para comenzar una sustitución, conmocionó a todo el país. Fue agredida sexualmente y asesinada por Bernardo Montoya, un hombre con un largo historial delictivo, que había salido de prisión apenas unos días antes del crimen (El País, 2018). Este caso puso de manifiesto una grave problemática social y jurídica: la reincidencia delictiva, especialmente en delitos de extrema violencia, y la falta de mecanismos eficaces de control y prevención por parte del Estado. La situación generó una fuerte respuesta social y reabrió el debate sobre la prisión permanente revisable, una medida contemplada en el artículo 140.2 del Código Penal español, y que había sido aprobada en 2015 para casos de extrema gravedad, como asesinatos de menores de 16 años o con ensañamiento (Código Penal, 1995). En marzo de 2019, tras el crimen de Laura Luelmo, el Congreso debatió su derogación, pero la presión social y mediática, sumada a la magnitud del caso, impidió que se avanzara en ese sentido (RTVE Noticias, 2019). En 2022, según el Ministerio del Interior, se registraron 166 homicidios dolosos y asesinatos consumados en España, de los cuales 49 fueron feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres por razón de género (Ministerio del Interior, 2023). Además, se contabilizaron más de 30.000
22 denuncias por violencia sexual, muchas de ellas perpetradas por agresores reincidentes o conocidos por las víctimas (Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2023). En este contexto, la figura del “depredador reincidente” no es un fenómeno aislado, sino una muestra de un sistema que, a pesar de los avances legislativos, sigue fallando en la protección preventiva de las víctimas. Casos similares, como el de Diana Quer en 2016, asesinada en Galicia por José Enrique Abuín (“El Chicle”), también exconvicto, reflejan patrones comunes: víctimas jóvenes, agresores con historial delictivo y un entorno de impunidad previo a los hechos. Del mismo modo, el caso de Marta del Castillo en Sevilla en 2009, aunque con características distintas, dejó entrever las carencias del sistema judicial en cuanto a la coordinación entre cuerpos policiales, la recopilación de pruebas y la atención a las familias (El Mundo, 2019). Estos crímenes han contribuido a impulsar cambios legislativos, como la reciente aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, también conocida como la Ley del "solo sí es sí", que unifica todos los delitos sexuales bajo una misma figura penal y refuerza las medidas de protección a las víctimas (Ley Orgánica 10/2022, 2022). Sin embargo, su aplicación ha generado controversias judiciales y ha revelado una vez más las dificultades de armonizar el avance legislativo con una correcta aplicación práctica. En definitiva, el caso de Laura Luelmo no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural que afecta a todo el Estado. La comparación con otros casos similares demuestra que la prevención, el control post-penitenciario y el acompañamiento a las víctimas siguen siendo las grandes asignaturas pendientes. Mientras tanto, la sociedad continúa exigiendo justicia, reparación y garantías reales para que ninguna mujer más sufra una violencia tan brutal y evitable. 4. Reacciones sociales y mediáticas a) Opinión pública y movimientos sociales tras el crimen La muerte de Laura Luelmo, profesora interina de 26 años, no solo conmocionó por la brutalidad del crimen cometido, sino por las circunstancias que lo rodearon y que resultaron especialmente alarmantes para la sociedad española. Su asesinato en diciembre de 2018 a manos de Bernardo Montoya —un exconvicto reincidente con antecedentes de asesinato, agresión y robo— despertó una fuerte ola de indignación social, generando una respuesta que trascendió el dolor individual para convertirse en un clamor colectivo por justicia, prevención y reforma estructural. Desde el primer momento en que se conoció la desaparición de Laura, las redes sociales se convirtieron en un altavoz ciudadano. Bajo etiquetas como #LauraLuelmo, #NiUnaMenos, #TodasSomosLaura y #JusticiaParaLaura, miles de personas compartieron mensajes de apoyo, reflexiones sobre la violencia estructural contra las mujeres, y exigencias hacia las autoridades para una actuación eficaz. Esta respuesta digital se tradujo rápidamente en movilizaciones físicas en todo el país, con concentraciones en plazas, institutos, universidades y sedes institucionales. El mensaje era claro: Laura no estaba sola. Y ninguna mujer debía estarlo (Agencia EFE, 2018; Twitter, 2018). En ciudades como Madrid, Sevilla, Granada, Zaragoza, Huelva o Barcelona, miles de personas salieron a la calle a exigir un cambio real. Asociaciones feministas, plataformas vecinales y ciudadanía en general organizaron concentraciones donde se reclamó no solo justicia para Laura, sino medidas preventivas eficaces, revisión de protocolos institucionales, y un mayor control de agresores reincidentes.
23 Esta respuesta social demostró que el crimen no era percibido como un hecho aislado, sino como la punta del iceberg de una violencia estructural que atraviesa a muchas mujeres en su vida diaria. También se reactivaron debates legislativos, como la posibilidad de mantener o derogar la prisión permanente revisable, que ya se aplicaba desde 2015 pero cuya continuidad era cuestionada por diversos sectores (RTVE Noticias, 2019). El caso de Laura Luelmo sirvió como detonante para que ciertos grupos políticos y sociales exigieran no solo mantener dicha pena, sino aplicarla de forma más contundente en casos de agresores reincidentes o delitos de violencia machista con extrema gravedad. Esta demanda ciudadana también puso en evidencia la desconfianza creciente hacia un sistema judicial que, según muchos, no protege adecuadamente a las víctimas ni garantiza la no repetición de estos crímenes. La opinión pública se posicionó claramente. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada en los meses siguientes, más del 80 % de la población consideraba necesaria una reforma legislativa para endurecer las penas en casos de violencia sexual o feminicidio, y más del 70 % opinaba que el seguimiento de exconvictos debía ser más estricto tras su salida de prisión. Además, diversos colectivos apuntaron al hecho de que Laura, como muchas mujeres jóvenes que aceptan destinos en zonas rurales por motivos laborales, se encontraba en una situación de vulnerabilidad añadida: sola, recién llegada y en un entorno desconocido. Desde los movimientos feministas se destacó que la violencia que acabó con la vida de Laura no fue un acto fortuito, sino el resultado de un sistema que sigue sin proteger eficazmente a las mujeres. Se denunció que las medidas de protección no se extienden más allá de las víctimas que han denunciado, dejando fuera del radar institucional a miles de mujeres en riesgo. También se subrayó que la educación afectiva-sexual, la prevención desde la infancia y la inversión real en políticas de igualdad son aún materias pendientes en muchas comunidades autónomas. La respuesta social no se limitó a las calles o a las redes. Diversos centros educativos, universidades y espacios culturales organizaron jornadas, mesas redondas y actos conmemorativos para reflexionar sobre el caso de Laura. La comunidad educativa, especialmente sensibilizada al tratarse de una docente, impulsó campañas bajo el lema “Educar para no morir”, donde se abordaban temas como el consentimiento, la seguridad en el espacio público y la responsabilidad institucional. En definitiva, el crimen de Laura Luelmo generó un proceso colectivo de duelo, denuncia y exigencia. La sociedad expresó de manera clara que no se trataba de un caso puntual, sino del reflejo de una violencia estructural que requiere respuestas urgentes. La movilización ciudadana fue un ejemplo de cómo, ante la injusticia, la población puede organizarse para exigir cambios reales, porque, como se dijo en muchas de las manifestaciones: “Laura somos todas”. b) Reacción de los medios de comunicación y del ámbito judicial El asesinato de la profesora Laura Luelmo en diciembre de 2018 a manos de Bernardo Montoya, en la localidad onubense de El Campillo, conmocionó profundamente a la sociedad española. La noticia generó una ola de indignación y dolor a nivel nacional, desatando una potente reacción tanto en los medios de comunicación como en el ámbito judicial y político. Desde el momento en que se denunció la desaparición, los medios iniciaron una cobertura exhaustiva del caso. Las principales cadenas de televisión, emisoras de radio, diarios y plataformas digitales dedicaron portadas, especiales informativos y tertulias a seguir el desarrollo de la investigación. Según RTVE (2018), la noticia generó una ola de "indignación y dolor en toda España", convirtiéndose en el epicentro del debate público sobre la violencia machista.
24 No obstante, esta cobertura también generó polémica. El Observatorio de la Violencia de Género (2019) señaló que parte del tratamiento mediático incurrió en prácticas de revictimización, como la publicación de detalles íntimos de la vida de Laura sin consentimiento, o el uso reiterado de imágenes personales. Estas prácticas, según Lledó (2019), “convierten el sufrimiento en espectáculo y distorsionan la función ética del periodismo”, lo cual evidencia la urgencia de promover una comunicación con enfoque de género. En el plano judicial, el caso puso de manifiesto graves deficiencias del sistema. Bernardo Montoya, el asesino confeso, había salido de prisión apenas días antes de cometer el crimen, tras haber cumplido condena por homicidio, robo y agresión. A pesar de su historial delictivo, no existía un control efectivo sobre su reintegración social ni una medida cautelar para proteger a la comunidad (RTVE, 2019). Esta realidad desató un intenso debate público sobre la responsabilidad del Estado en el control de reincidentes peligrosos, y sobre la idoneidad de la figura jurídica de la prisión permanente revisable, que por entonces ya estaba en vigor, pero aún era objeto de controversia jurídica y política. La investigación judicial avanzó con rapidez, en parte debido a la presión mediática y social. La confesión del acusado, junto con las pruebas forenses y testimonios, permitió instruir una causa sólida que concluyó con su procesamiento por los delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual. A lo largo del proceso, el caso de Laura Luelmo se convirtió en un símbolo de una problemática más amplia: la de la violencia estructural contra las mujeres. Fue una llamada de atención no solo para el poder judicial, sino para toda la estructura institucional que debe garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres. La reacción institucional también fue inmediata. Cientos de manifestaciones espontáneas recorrieron las ciudades españolas, con un mensaje central: "Ni una menos". Colectivos feministas y ciudadanía organizada salieron a las calles exigiendo justicia, pero también políticas efectivas que atacaran la raíz estructural de la violencia de género (Europa Press, 2018). En palabras de una activista sevillana citada en un reportaje de Europa Press (2018), “no queremos más minutos de silencio, queremos una ley que nos proteja de verdad”. El crimen de Laura Luelmo y la respuesta social, judicial y mediática que desencadenó evidencian la necesidad de abordar de forma integral el fenómeno de la violencia contra las mujeres (Delgado, 2019; Varela, 2019). No basta con castigar al culpable una vez consumado el crimen: es preciso prevenir, educar, sensibilizar y legislar con perspectiva de género (López Díez, 2021; ONU Mujeres, 2022). También es necesario que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en el tratamiento de estos casos, promoviendo una información veraz, ética y respetuosa (Observatorio de la Imagen de las Mujeres, 2021). Y es urgente que las instituciones actúen con la diligencia debida para evitar que personas con perfiles delictivos reincidentes vuelvan a poner en riesgo la vida de otras personas (Amnistía Internacional, 2020). La historia de Laura no puede reducirse a un caso aislado, ni a un hecho trágico pero puntual. Es el reflejo de una violencia sistémica que sigue presente en nuestra sociedad, y que solo podrá erradicarse con una transformación profunda en todos los ámbitos: legal, educativo, informativo y cultural (Lagarde, 2005; Segato, 2016). La justicia para Laura no es solo castigar al culpable, sino construir un país donde ninguna mujer más tenga que correr peligro por el simple hecho de salir sola a la calle. c) Cambios normativos o propuestas legislativas tras el caso El crimen de Laura Luelmo, no solo dejó una profunda huella en la conciencia colectiva, sino que generó una oleada de reflexión sobre el papel de las leyes en la protección efectiva de las mujeres frente a la violencia machista.
25 La brutalidad de su asesinato, cometido por Bernardo Montoya —un reincidente con antecedentes por homicidio y agresión—, evidenció graves carencias en el sistema de control y prevención de reincidencias violentas. Esto activó una demanda social urgente por revisar el marco normativo que regula la libertad de personas condenadas por delitos graves, así como la necesidad de reforzar las medidas de protección hacia potenciales víctimas. Uno de los debates más intensos que emergieron fue el de la prisión permanente revisable. Aunque esta figura ya se encontraba en vigor desde 2015, el crimen de Laura reavivó su defensa desde sectores políticos y sociales que exigían su aplicación “a casos especialmente atroces, como los asesinatos con agresión sexual cometidos por reincidentes” (RTVE, 2019). La percepción de impunidad ante ciertos delitos violentos, sumado al hecho de que Montoya había salido recientemente de prisión tras cumplir condena por homicidio, reforzó el sentimiento de inseguridad ciudadana. Al mismo tiempo, colectivos feministas y expertos en derecho penal advirtieron que el endurecimiento de penas no puede ser la única respuesta del sistema. Desde el Observatorio de Violencia de Género (2019) se insistió en que “la prevención debe ser el eje central de toda política pública frente a la violencia contra las mujeres”, y que la existencia de figuras penales más duras no garantiza por sí sola una mayor protección si no se acompaña de medidas estructurales. A raíz del caso, se planteó la necesidad de crear sistemas de seguimiento postpenitenciario para delincuentes de riesgo, incluyendo valoraciones periódicas de peligrosidad, vigilancia activa e instrumentos legales que permitan restringir la movilidad o la aproximación de ciertos individuos a espacios vulnerables. El Consejo General del Poder Judicial llegó a analizar la conveniencia de que jueces de vigilancia penitenciaria cuenten con herramientas normativas más eficaces para actuar ante estos perfiles reincidentes (El País, 2018). En paralelo, el caso puso en el centro del debate la necesidad de reformas más profundas en el ámbito de la educación y la cultura legal. El crimen ayudó a visibilizar cómo el sistema judicial y legislativo español necesitaba incorporar de forma transversal la perspectiva de género, especialmente en delitos sexuales. Este camino culminaría en 2022 con la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, que redefinió el consentimiento sexual y unificó delitos de abuso y agresión, partiendo de una concepción más clara de la violencia sexual como forma de poder y dominación (Ministerio de Igualdad, 2022). Asimismo, en algunas comunidades autónomas se reforzaron servicios públicos de atención a víctimas, con recursos especializados de apoyo psicológico y jurídico, y se empezaron a diseñar protocolos de detección de riesgo en la reinserción penitenciaria, aunque aún sin desarrollo normativo suficiente ni coordinación entre administraciones. Como subrayó la ministra de Igualdad en una comparecencia tras el crimen, “Laura nos dejó un grito que no debemos olvidar: no podemos permitir ni una muerte más. Y ese grito tiene que convertirse en leyes, en recursos, en protección real” (Europa Press, 2018). Las transformaciones legales que han seguido no pueden ser meras respuestas simbólicas o reactivas, sino parte de un compromiso firme por un sistema de justicia que priorice la vida y la seguridad de las mujeres, desde la raíz del problema y no solo en sus consecuencias.
32 - Entradilla y cuerpo del texto: desarrollan más información judicial (declaraciones, pruebas, decisiones de la jueza), e incluyen a menudo elementos de la vida privada de la víctima o del acusado. Por ejemplo, en algunas noticias se menciona que Montoya “alternó dos novias” o se detalla su comportamiento violento sin vincularlo con la violencia estructural hacia las mujeres. • El Mundo: En algunos casos hace una referencia más general a la violencia contra las mujeres (ej. “Desde Diana hasta Beatriz, 1000 asesinadas”), aunque sigue primando lo individual sobre lo estructural. Usa un tono sensacionalista en varios titulares, pero también presenta intentos parciales de situar el caso dentro de una narrativa colectiva. Ejemplos de titulares: - “Desde Diana hasta Beatriz, 1.000 asesinadas” - “78 minutos de infierno con “monstruo”” - “Laura murió defendiéndose” - “Ni Lauras ni Bernardos” - “De Diana Quer a Laura Luelmo, los perros que cazan asesinos” Análisis estructural del contenido: - Titulares: presentan una mayor carga emocional y sensacionalista, con apelaciones al dolor (“infierno”), al miedo (“monstruo”), y al impacto colectivo (“1.000 asesinadas”). Sin embargo, aunque estos titulares sugieren una problemática más amplia, no utilizan explícitamente el término “violencia de género”, ni explican el carácter sistemático del feminicidio”. - Entradilla y cuerpo del texto: en algunos casos, como la noticia “Desde Diana hasta Beatriz, 1.000 asesinadas”, se incorporan cifras y referencias a otras victimas, lo que permite establecer conexiones entre casos y abrir una puerta al análisis estructural. Sin embargo, estos enfoques no se profundizan ni se acompañan de fuentes especializadas de género. Ningún medio utiliza de forma consistente el término “violencia de género” en los titulares. La cobertura de ABC presenta una representación débil de la violencia de género. El caso se enmarca como un crimen individual, con un fuerte componente criminalístico y judicial, sin situarlo en el contexto de la violencia estructural contra las mujeres. Mientras, El Mundo se califica como parcial, con una visibilidad algo mayor de la violencia machista, especialmente en la idea de que Laura Luelmo no fue un caso aislado, sino parte de una secuencia de feminicidios. 2. ¿Qué tipo de fuentes utiliza? • ABC: Recurre a un amplio abanico de fuentes, predominando las institucionales y testimoniales. Por ejemplo, en la noticia “Bernardo Montoya, culpable del asesinato y agresión sexual de Laura Luelmo”, se citan declaraciones del juez y del fiscal, así como familiares del acusado. También se recogen testimonios de vecinos en “La juez toma declaración a vecinos de El campillo (Huelva)”. Estas fuentes aportan información judicial y de contexto local, pero no se incluyen expertos en violencia de género ni colectivos feministas que podrían aportar un enfoque crítico y especializado.
33 Fuentes institucionales: Al menos 9 de las 14 noticias analizadas. a) Guardia Civil, UCO, Policía Judicial, TSJA, Juzgado de Instrucción, forenses. b) Declaraciones del fical jefe de Huelva: “El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha confirmado…”. c) Abogado defensor y juez instructora: “La juez toma declaración a vecinos de El campillo…”. Fuentes testimoniales: Al menos 5 noticias de las 14. a) Familiares de la víctima y del acusado (padre, hermana): “El padre de ambos y la hermana…se desvincularon de Bernardo” o “Al ciudadano que localizó su cuerpo. Para él, nuestro agradecimiento eterno” (comunicado de la familia). b) Vecinos del pueblo: “La juez toma declaración a vecinos de El campillo (Huelva)”. c) Voluntarios de Cruz Roja Fuentes expertas y colectivos feministas: Ausencia notable. No se citan asociaciones feministas ni expertos en violencia de género. • El Mundo: Emplea fuentes similares, pero añade un componente más social. Por ejemplo, en “Desde Diana hasta Beatriz, 1.000 asesinadas” se mencionan estadísticas oficiales de violencia machista, y en “Ni Lauras ni Bernardos” se incluye un análisis de la violencia estructural. Aunque estas voces expertas o sociales aparecen, su presencia es escasa y no siempre protagonizan el relato principal. Predomina las fuentes judiciales y forenses en noticias como “Pena máxima para el asesinato de Laura Luelmo” y “Las pruebas obtenidas en su casa acorralan al asesino de Laura”. Fuentes institucionales: Presentes en 8 de 14 noticias. a) Audiencia de Huelva, Fiscalía (Jessica Sotelo), guardia Civil, UCO: “La sentencia de la Audiencia de Huelva a la que tuvo acceso El Mundo…”. O “La Fiscalía de Huelva solicita prisión permanente…”. b) Informes forenses, autopsias, magistrados: “Durante el juicio, los guardias civiles relataron…”. Fuentes testimoniales: Al menos 6 noticias. a) Familiares de la víctima, vecinos: “Un vecino oyó un grito de espanto, pero nadie se percató…” b) Testimonios de agentes e investigadores. c) Declaraciones del acusado: “Montoya confesó que cuando ella le dio una patada…”. Fuentes expertas / contexto social y feminista: Presentes en 2 noticias, aunque no protagonizan el relato. a) Estadísticas oficiales: “Desde Diana hasta Beatriz, 1.000 asesinadas”, cita datos del Ministerio de Igualdad y alude a la Ley Integral. b) Reflexiones sociales y estructurales: “Ni Lauras ni Bernardos”, critica el enfoque mediático y el sistema penal. c) Mención a organizaciones feministas, aunque sin declaraciones directas.
34 Los dos medios usan mayoritariamente fuentes institucionales, lo que limita la pluralidad y profundidad del análisis social y feminista. La falta de voces expertas externas reduce la capacidad para explicar la violencia de género como un fenómeno estructural. El Mundo introduce algo más de contexto estructural y voces sociales, ABC se enfoca más en el relato policial y judicial sin aportar diversidad de perspectivas. Falta de pluralidad. 3. ¿Predomina un tono sensacionalista, neutro o empático? • ABC: Aunque suele mantener un tono relativamente neutro, algunos titulares y descripciones adoptan un matiz sensacionalista o morboso. Por ejemplo, “Bernardo Montoya se retracta y declara que su exnovia mató a Laura Luelmo” apunta a un enfoque que atrae el morbo y genera confusión. Otro titular, “La última imagen de Laura Luelmo con vida”, juega con la emotividad pero también puede resultar invasivo. Sin embargo, en noticias como “El Libre te quiero para recordar a Laura Luelmo”, el tono es mas respetuoso y conmemorativo. Tono neutro (8 noticias): - Noticias centradas en el ámbito judicial, porcesal o infromativo sin lenguaje emocional ni dramatización. - Ejemplo: “Bernardo Montoya, culpable del asesinato y agresión sexual…” o “La juez rechaza otorgar la libertad provisional”. Estas piezas adoptan una redacción objetiva, con predominio de hechos, declaraciones y decisiones judiciales. Tono sensacionalista (4 noticias): - Uso de expresiones impactantes, reconstrucción morbosa de hechos y detalles innecesarios. - Ejemplos: “La última imagen de Laura Luelmo con vida” o “Bernardo Montoya se retracta y declara que su exnovia mató a Laura”. Se explotan aspectos visuales o anecdóticos que pueden alimentar el morbo. Tono empático (2 noticias): - Noticias conmemorativas o de homenaje a la víctima. - Ejemplos: “El Libre te quiero para recordar a Laura Luelmo” o “Recuerdan en Zamora a Laura Luelmo…”. Se enfoca en su figura humana, educativa y artística, evitando el sensacionalismo. • El Mundo: Destaca por un tono sensacionalista e impactante, con titulares como “78 minutos de infierno con un monstruo” y “Un pueblo maldito por los Montoya”, que apelan al dramatismo y la espectacularización del crimen. El uso de términos como “monstruo” deshumaniza al agresor pero también puede generar una percepción de fatalismo que dificulta el análisis crítico. En “Laura murió defendiéndose”, el enfoque intenta generar empatía con la víctima, pero la carga emotiva es elevada y a menudo se vincula con el morbo. Tono neutro (4 noticias): - Contenido procesal o institucional. Por ejemplo: “El juicio por el asesinato será a puerta cerrada”. Lenguaje directo, sin adjetivación ni apelación emocional.
35 Tono sensacionalista (8 noticias): - Lenguaje emocional, dramático o hiperbólico: uso de términos como “infierno”, “monstruo”, “padecimientos innecesarios”. - Ejemplo: “78 minutos de infierno con un monstruo” o “Un pueblo maldito por los Montoya”. Hay una narrativa del horror que busca conmocionar al lector, incluso recurriendo a metáforas. Tono empático (2 noticias): - “Laura murió defendiéndose” muestra cierta sensibilidad hacia la víctima, resaltando su resistencia. Aunque el lenguaje sigue siendo impactante, intenta humanizar a Laura como una mujer valiente ABC presenta un predominio del tono neutro, pero incurre ocasionalmente en el morbo periodístico con titulares y detalles innecesarios. El Mundo muestra una tendencia mayor al sensacionalismo, usando recursos estilísticos que priorizan el impacto sobre el análisis respetuoso. Ambos medios carecen de una perspectiva empática consistente con las víctimas; el enfoque emocional está más orientado al dramatismo que al respeto consciente y estructural. 4. ¿Explica antecedentes del agresor, datos de la víctima o estadísticas sobre violencia? • ABC: En noticias como “bernardo Montoya, culpable del asesinato y agresión sexual de Laura Luelmo” y “El jurado popular declara a Montoya culpable”, ABC detalla antecedentes penales del agresor, como sus condenas previas, y aporta datos sobre la victima, aunque en forma fragmentada. En “La última imagen de Laura Luemo con vida” se incluyen detalles personales que, aunque humanizan a la víctima, pueden invadir su privacidad. No se presentan estadísticas que sitúen el caso en un contexto de violencia de género general. • El Mundo: Este medio sí enlaza el caso con otros casos similares y con datos estadísticos. En “Desde Diana hasta Beatriz, 1.000 asesinadas” se da una dimensión colectiva a la violencia contra las mujeres en España. Titulares como “De Diana Quer a Laura Luelmo, los perros que cazan asesinos” buscan conectar varios feminicidios para mostrar un patrón. En “Pena máxima para el asesino de Laura Luelmo” se contextualiza legalmente, pero también socialmente. El Mundo logra visibilizar parcialmente la dimensión estructural mediante estadísticas y referencias cruzadas, mientras ABC se limita a describir antecedentes y datos aislados sin un análisis más amplio. Esto influye en cómo se percibe el caso: como un hecho aislado o parte de un problema sistémico. 5. ¿Se emplea un enfoque que visibilice la violencia contra las mujeres o se trata como un crimen común? • ABC: El enfoque es mayoritariamente judicial y factual, lo que posiciona el crimen como un suceso criminal ordinario. Titulares como “Bernardo Montoya, culpable del asesinato y agresión sexual de Laura Luelmo” no mencionan la violencia de género ni feminicidios. En “El Campillo (Huelva) da el nombre Laura Luelmo a su Edificio Multifuncional”, el enfoque es conmemorativo, pero no se amplía la discusión hacia la problemática estructural. • El Mundo: Se observan esfuerzos por enmarcar el caso como arte de un fenómeno más amplio de violencia machista, con titulares como “Desde Diana hasta Beatriz, 1.000 asesinadas” y “Ni Lauras ni Bernardos”, que apuntan a un debate sobre la violencia estructural. Sin embargo, la sensación general sigue siendo a de un enfoque sensacionalista que prioriza el impacto emocional sobre un análisis crítico y profundo.
36 Solo El Mundo muestra tímidos esfuerzos por enmarcar el caso como parte de un patrón social. Ambos medios tienden a tratar el caso como un crimen singular, limitando la comprensión del feminicidio como expresión de una violencia social estructural. 6. ¿Se respeta la privacidad y dignidad de la víctima? • ABC: La publicación de la “última imagen de Laura Luemo con vida” y detalles íntimos en diversas noticias puede ser considerada una vulneración de la privacidad. Además, algunas notas incluyen datos personales que no aportan al análisis, sino que pueden generar morbo o exposición innecesaria. • El Mundo: El uso de términos como “78 minutos de infierno con un monstruo” o “pueblo maldito por los Montoya” enfatiza el dramatismo y la carga emocional, pero puede deshumanizar tanto a la victima como al agresor. La espectacularización del crimen puede afectar la dignidad de Laura Luelmo y de su familia. Ambos medios, aunque desde ángulos distintos, cruzan ciertos límites éticos. ABC lo hace a través de la exposición de detalles íntimos y personales, mientras El Mundo a través de un tratamiento sensacionalista y emocionalmente agresivo. Esto indica la necesidad de una cobertura más responsable que respete la memoria y la dignidad de las víctimas. a) Discusión de los resultados Los resultados obtenidos del análisis comparativo entre ABC y El Mundo permiten identificar patrones diferenciados en la cobertura del asesinato de Laura Luelmo, así como déficits compartidos en términos de ética periodística, enfoque de género y calidad informativa. En primer lugar, en relación con la visibilización de la violencia de género, se observa que ninguno de los medios incorpora de forma consistente el término “violencia de género” en los titulares, ni ofrece una explicación del feminicidio como fenómeno estructural. Mientras ABC trata el crimen como un caso aislado y se enfoca casi exclusivamente en el proceso judicial y criminal (Segato, 2003), El Mundo introduce algunas referencias generales a la violencia contra las mujeres y a otras víctimas, aunque sin profundizar en un análisis de carácter estructural o crítico (Lagarde y de los Ríos, 2005). Desde el punto de vista de la ética informativa, ambos medios muestran un uso dominante de fuentes institucionales (policías, jueces o fiscales), y una clara ausencia de voces expertas en violencia de género y colectivos feministas, lo cual limita la pluralidad informativa y reduce la capacidad explicativa del tratamiento periodístico (Vega, 2019). Esta omisión constituye una falta de responsabilidad mediática al no dar voz a actores que podrían aportar una comprensión más rigurosa y transformadora del problema (Rodrigo, 2011). Respecto al tono narrativo, ABC adopta mayoritariamente un enfoque neutro y formal, aunque en varias noticias recurre al morbo con descripciones o imágenes innecesarias, lo que puede vulnerar la privacidad de la víctima (Observatorio de las Mujeres, 2018). El Mundo, por otto lado, hace uso de un tono predominantemente sensacionalista con titulares impactantes como “78 minutos de infierno con un monstruo”, lo que puede deshumanizar tanto al agresor como a la victima y reforzar una visión espectacular del crimen (García de Cortázar & García, 2015). En cuanto a la calidad ética de la cobertura, se constata que ABC incurre en prácticas cuestionables como la publicación de la “última imagen de Laura Luelmo con vida”, lo que representa una exposición innecesaria de su intimidad. En caso de El Mundo, el dramatismo extremo compromete la dignidad de la víctima y tiende a eclipsar las causas estructurales del feminicidio, contribuyendo a su banalización mediática (Sampedro & Calvo, 2014).
37 Finalmente, si bien El Mundo incorpora algunas estadísticas y menciones generales que permiten intuir un patrón de violencia sistemática, esto no se acompaña de una perspectiva constante ni de un enfoque educativo o transformador. Por tanto, aunque este medio ofrece una mayor contextualización relativa, ambos fallan en representar adecuadamente la violencia machista como un problema social estructural, lo que limita el impacto social de su cobertura y perpetúa un tratamiento superficial del fenómeno (Federación de Mujeres Progresistas, 2019). En definitiva, los medios analizados no cumplen con los estándares de una cobertura responsable ni con una representación adecuada de la violencia de género. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de integrar la perspectiva de género en el periodismo, tanto desde la formación como en la práctica profesional (De Miguel et al., 2020).
38 BLOQUE V: CONCLUSIONES a) Reflexión sobre el impacto del caso en la sociedad y el periodismo El asesinato de Laura Lulemo en El Campillo, no fue solo un crimen atroz que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva, sino también un espejo que reflejó con crudeza muchas de las carencias, contradicciones y silencios de nuestra sociedad. Su muerte despertó una fuerte oleada de indignación y dolor en todo el país, no solo por la brutalidad del acto, sino por lo que representa: la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad cotidiana que no encuentra aún una respuesta suficiente ni eficaz por parte de las instituciones ni del conjunto de la sociedad. Este caso generó un fuerte impacto emocional en la ciudadanía, sobre todo porque muchas personas vieron en Laura a sus hijas, hermanas, amigas, compañeras. Su historia tocó algo profundo, algo que se sabe pero que muchas veces no se quiere mirar de frente: que salir sola, trabajar lejos, confiar en el entorno, puede tener consecuencias fatales para una mujer. A partir de su asesinato, se organizaron concentraciones, se lanzaron mensajes de apoyo en redes sociales, y se abrió una conversación pública sobre el miedo, la seguridad y el papel del Estado en la protección de las mujeres. No obstante, estas reacciones, aunque necesarias, son insuficientes si no van acompañas de cambios estructurales reales. En cuanto al periodismo, el caso también expuso fallos importantes. Muchos medios contribuyeron a crear una narrativa morbosa, centrada en detalles escabrosos del crimen, alimentando el sensacionalismo más que el análisis crítico. En algunos titulares se llegó a responsabilizar indirectamente a la propia víctima por haber ido sola, por haber confiado, por haberse instalado en un lugar que no conocía. Este tipo de enfoque no solo desinforma, sino que revictimiza y perpetúa estereotipos machistas. Se necesita un periodismo que no solo informe, sino que también eduque, que ponga en contexto, que denuncie las desigualdades y que no utilice el sufrimiento de las víctimas como mercancía informativa. Este caso, como otros similares, pone sobre la mesa la necesidad urgente de revisar cómo informamos y cómo reaccionamos como sociedad. No se trata solo de llorar a Laura, sino de preguntarnos cuántas más debe morir para que algo cambie. Porque mientras no se actúe desde una lógica de derechos, de justicia social y de prevención real, seguiremos acumulando nombres y rostros que llenarán pancartas y minutos de silencio, pero que no deberían haber sido asesinadas nunca. Y porque, como en la lucha por el derecho a una vivienda diga, aquí también se exige una transformación colectiva, estructural y urgente. Desde entonces, se han producido algunos avances importantes: se han endurecido protocolos de protección, se ha impulsado la formación en perspectiva de género en diferentes sectores profesionales, y se han mejorado herramientas legales para combatir la violencia de género. También se ha dado mayor visibilidad al problema, y se han ampliado campañas de concienciación institucionales dirigidas a jóvenes y a la población en general. En el ámbito judicial, se ha seguido avanzando en la aplicación de la perspectiva de género, y el caso de Laura ha sido incluido como ejemplo paradigmático en debates académicos y políticos sobre seguridad, justicia y derechos de las mujeres. Sin embargo, estos avances siguen siendo insuficientes. Aún falta una transformación profunda sostenida en el sistema educativo, judicial, policial y mediático. Persisten la revictimización, los prejuicios de género y la falta de recursos especializados en muchas zonas del país. La violencia machista no es un fenómeno puntual, sino estructural, y requiere respuestas igual de estructurales.
39 En cuanto al periodismo, el caso también expuso fallos. Muchos medios de comunicación contribuyeron a crear una narrativa morbosa, centrada en detalles escabroso del crimen, alimentando el sensacionalismo más que el análisis crítico. En algunos titulares se llegó a responsabilizar indirectamente a la propia víctima por haber ido sola, por haber confiado, por haberse instalado en un lugar que no conocía. Este tipo de enfoque no solo desinforma, sino que revictimiza y perpetúa estereotipos machistas. Se necesita un periodismo que no solo informe, sino que también eduque, que ponga en contexto, que denuncie las desigualdades y que no utilice el sufrimiento de las víctimas como mercancía informativa. b) Propuestas para mejorar la regulación del secreto de sumario y la cobertura mediática El crimen de Laura Luelmo puso de manifiesto una grave descoordinación entre la necesidad de garantizar un proceso judicial justo y el ansia informativa que a menudo prima en los medios de comunicación. Durante los días posteriores a su desaparición y asesinato, se filtraron a la prensa detalles sensibles protegidos por el secreto de sumario. Estos hechos no solo vulneraron el derecho a la intimidad de la víctima y su familia, sino que también generaron un relato mediático desbordado, donde el morbo y la especulación ocuparon espacios que deberían haber estado centrados en el respeto, la veracidad y la justicia. El tratamiento informativo del caso fue un ejemplo claro de cómo la falta de control sobre la información judicial puede dar lugar a una cobertura mediática irresponsable, que no aporta claridad al proceso y que en muchos casos alimenta la desinformación o, peor aún, la revictimización. Por eso, desde un enfoque crítico y social, se hace imprescindible proponer mejoras que ayuden a proteger a las víctimas y sus familias sin limitar el derecho a la información, pero sí encauzándolo con responsabilidad. En primer lugar, es urgente una revisión legislativa del secreto de sumario, que garantice con mayor claridad los límites de la información que puede o no difundirse durante la fase de instrucción. Esta regulación debe estar acompañada de protocolos estrictos para quienes accedan a esa información, y establecer consecuencias claras ante su filtración injustificada. No se puede permitir que el derecho al espectáculo informativo pese más que el derecho al duelo de una familia o al correcto desarrollo del proceso judicial. En segundo lugar, es necesario un código deontológico renovado de obligado cumplimiento para los medios de comunicación, especialmente en casos de violencia de género. La información debe centrarse en los hechos y el contexto social, no en el morbo. No se puede tolerar la repetición de titulares que culpabilizan indirectamente a la víctima, que justifican al agresor o que construyen una narrativa basada en el miedo o la desconfianza. Es necesario formar a los y las profesionales del periodismo en perspectiva de género, ética informativa y derechos humanos. Además, sería recomendable la creación de un órgano mixto de vigilancia y control ético, formado por juristas, periodistas, asociaciones feministas y organismo públicos, que pueda actuar con agilidad cuando se detecten vulneraciones graves del derecho a la información responsable. La ciudadanía tiene derecho a estar informad, pero también a no ser manipulada ni expuesta a discursos que normalicen o banalicen la violencia machista. Por último, se debe fomentar una educación mediática crítica desde etapas tempranas, que permita a la población identificar cuándo una información es respetuosa y veraz, y cuándo responde a intereses comerciales que se sostiene sobre el dolor ajeno. El caso de Laura Luelmo es una llamada de atención: no basta con lamentar lo ocurrido, hay que actuar para que las instituciones, los medios y la sociedad en su conjunto estén a la altura de la dignidad de las víctimas.
40 Checklist de buenas prácticas periodísticas para cubrir violencia de género Antes de publicar: • ¿Estoy utilizando un enfoque que visibiliza la violencia estructural y no lo reduce a un “crimen pasional”? • ¿He verificado todas las fuentes y respetado el secreto de sumario? • ¿Evito reproducir rumores, especulaciones o versiones sin confirmar? • ¿El lenguaje es preciso, sin dramatismo innecesario ni eufemismos (“discutieron”, “relación complicada”, etc.)? • ¿Estoy usando una perspectiva de género en el análisis y contextualización? Sobre la víctima: • ¿Evito detalles morbosos o sensacionalistas sobre el estado del cuerpo o la vida privada? • ¿Preservo su intimidad e identidad (especialmente si hay menores implicados)? • ¿He evitado juicios implícitos (ej. “iba sola”, “salió de noche”, “se fiaba de él”)? • ¿Destaco su humanidad y derechos, no su rol pasivo en la narrativa? Sobre el agresor: • ¿Evito justificar o minimizar la agresión con frases como “tenía problemas mentales”, “estaba enamorado”? • ¿Describo los antecedentes delictivos con claridad y precisión? • ¿Evito construir figuras de “monstruo” que desvían la atención del problema estructural? Sobre el enfoque general: • ¿He incluido voces expertas (juristas, psicólogas, activistas feministas)? • ¿Incluyo datos de contexto: cifras de feminicidios, denuncias, carencias estructurales? • ¿Sugiero recursos de ayuda o líneas de atención (como el 016)? • ¿Informo con rigor, empatía y con enfoque preventivo?
41 BLOQUE VI: BIBLIOGRAFÍA ABC. (2018a, diciembre 17). Laura Luelmo murió de un golpe en la frente pasadas 48 horas de su desaparición. https://www.abc.es ABC. (2018b, diciembre 20). Bernardo Montoya se retracta y declara que su exnovia mató a Laura Luelmo. https://www.abc.es ABC. (2019, enero 31). La familia de Laura Luelmo acusa al Estado de haber fallado en su protección. https://www.abc.es ABC. (2021, 21 de noviembre). Caso Laura Luelmo: la intimidad se impone a la información. https://www.abc.es/espana/andalucia/huelva/sevi-caso-laura-luelmo-intimidadimpone-informacion-202111211943_noticia.html Agencia EFE. (2018, diciembre 17). El crimen de Laura Luelmo: la cronología de un asesinato que ha conmocionado a España. RTVE. https://www.rtve.es/noticias/20181217/crimen-lauraluelmo-cronologia-asesinato/1852090.shtml Agencia EFE. (2018, diciembre 18). Miles de personas se concentran en toda España para condenar el asesinato de Laura Luelmo. RTVE. https://www.rtve.es/noticias/20181218/concentraciones-por-laura-luelmo-en-todaespana/1854722.shtml Agencia EFE. (2019, abril 4). El juez procesa a Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo. RTVE. https://www.rtve.es/noticias/20190404/juez-procesa-bernardo-montoyaasesinato-laura-luelmo/1915451.shtml Alcolea-Díaz, G. (2020). La espectacularización del crimen y la violencia machista en los medios de comunicación: El caso de Laura Luelmo. Revista Latina de Comunicación Social, (77), 105– 125. https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1456 Amnistía Internacional. (2020). La situación de la violencia contra las mujeres en España: análisis y recomendaciones. https://www.es.amnesty.org Asociación de la Prensa de Madrid. (2019). Informe anual de la profesión periodística 2019. https://www.apmadrid.es/informe-anual-de-la-profesion-periodistica-2019/ Bardavío, A., & Alba Rico, P. (2019). Crónica de una víctima anunciada: Análisis del tratamiento informativo del caso de Laura Luelmo. Cuadernos de Información y Comunicación, (24), 67– 89. https://doi.org/10.5209/ciyc.66695 Código Penal. (1995). Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, 29 de diciembre de 1978. Consejo Audiovisual de Andalucía. (2021). Informe sobre el tratamiento informativo de los casos de violencia de género en los medios de comunicación andaluces. https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es