De resto arqueológico a patrimonio cultural. El movimiento patrimonialista y la activación de testimonios del pasado

P Po or rt ta al l I Ib be er ro oa am me er ri ic ca an no o d de e G Ge es st ti ió ón n C Cu ul lt tu ur ra al l w ww ww w. .g ge es st ti io on nc cu ul lt tu ur ra al l. .o or rg g De resto arqueológico a patrimonio cultural. El movimiento patrimonialista y la activación de testimonios del pasado11 Javier Hernández Ramírez Departamento de Antropología Social Universidad de Sevilla, España. 1 Artículo cedido por el autor al Portal Iberoamericano de Gestión Cultural para su publicación en el Boletín GC: Gestión Cultural Nº 11: Participación Ciudadana, abril de 2005. ISSN: 1697-073X. www.gestioncultural.org [email protected] 2 La emergencia del patrimonialismo2. En las últimas décadas asistimos a un fenómeno de importante envergadura: la proliferación de asociaciones de defensa del patrimonio cultural por todos los rincones del planeta, especialmente en el mundo occidental. Aunque las dimensiones de este movimiento comienzan a ser significativas, desde las ciencias sociales aún no se ha desarrollado un análisis sistemático de los factores que han originado su cristalización ni de las características que reúnen las organizaciones patrimonialistas. En España, salvo algunas aproximaciones al fenómeno realizadas desde la antropología social y la sociología (Ariño, 1999, 2002; Gómez Ferri, 2004; Hernández Martí, 2002; Hernández Ramírez, 2003, 2004; Prats, 1997), muy pocos estudios sobre patrimonio cultural han abordado este tema ya que la mayor parte de las investigaciones se centran en aspectos como la gestión, la tutela, la protección y la difusión de los bienes culturales o las complejas relaciones existentes entre estos y la actividad turística. Sin embargo, el creciente interés de la sociedad por el patrimonio cultural, los procesos de activación promovidos por sectores sociales cada vez más amplios y la materialización de esta sensibilidad en organizaciones ciudadanas cuya incidencia es cada día más relevante, son cuestiones que justifican una mayor atención desde las ciencias sociales y la antropología en particular. El surgimiento de asociaciones patrimonialistas por todas las latitudes, tanto en el ámbito urbano como en los espacios periféricos, tanto en los países ricos como en los países empobrecidos, y la participación en las mismas de amplios sectores de la sociedad, afectando no sólo a la élite intelectual sino a grupos de personas con niveles de instrucción muy diversos, es la punta de un iceberg y la expresión organizada de una sensibilidad que se instala progresivamente en nuestras sociedades. Nos referimos al interés por las expresiones más significativas de la historia y la identidad, así como la preocupación por la preservación del patrimonio, el cual se percibe amenazado. Esta sensibilidad era hace unas pocas décadas una 2 Max Weber acuñó el término patrimonialismo para hacer referencia a formas estatales regidas por un patrón, el cual establece relaciones de dominación clientelar sobre sus poblaciones. Desde este marco teórico la burocracia racional es un sistema de organización social moderno en el que se superan las formas patrimoniales. En este artículo el concepto patrimonialismo se abordará en un sentido totalmente distinto para hacer referencia a las organizaciones de defensa del Patrimonio Cultural. www.gestioncultural.org [email protected] 3 preocupación socialmente minoritaria, casi exclusiva de determinados colectivos de expertos profesionales (restauradores, historiadores, arqueólogos, arquitectos, antropólogos, etc.), que apenas interesaba a la ciudadanía y que ocupaba un lugar secundario en la agenda de los responsables políticos. Hoy, sin embargo, ha pasado a ser un asunto presente en las inquietudes de los ciudadanos los cuales se convierten, crecientemente, en celosos vigilantes del patrimonio cultural revalorizado. Todo ello está impulsando cambios sustanciales en la gestión política, pues esta perspectiva patrimonialista introduce nuevos parámetros para la planificación urbanística, la protección medioambiental, las estrategias de desarrollo económico o la promoción turística. No sería exagerado señalar que el patrimonio cultural constituye uno de los signos definitorios de nuestra época. Esto puede apreciarse con una simple mirada a nuestro entorno cotidiano. Por ejemplo, los medios de comunicación destinan una parte creciente de su programación a la proyección de documentales, edición de artículos y emisión de espacios radiofónicos en los que se resaltan los valores patrimoniales de distintos lugares de la tierra. Asimismo, en las páginas centrales de los diarios y en las horas de mayor audiencia de las emisoras de radio y televisión son frecuentes las intervenciones de políticos, técnicos, representantes de entidades vecinales y ciudadanos que opinan sobre el valor o el estado de los bienes culturales y las políticas que deben aplicarse para conciliar la protección patrimonial con el desarrollo. No es casual, por tanto, que en los programas electorales de las fuerzas políticas aparezcan propuestas para garantizar la protección de los bienes culturales. Pero el fenómeno trasciende a los medios, pues muchos aspectos de nuestra vida cotidiana están también impregnados de este interés por la memoria, la historia y la identidad colectiva en la que se sacraliza lo antiguo y lo tradicional. Se observa, por ejemplo, la generalización de una estética historicista en la que se aprecian las antigüedades y las simulaciones del pasado, tales como la arquitectura que reproduce estilos locales pretéritos; también es una costumbre actual muy extendida la afición al coleccionismo de objetos antiguos, e incluso de artículos modernos que se han transformado en obsoletos pues han perdido su valor de uso; asimismo, se amplía la práctica de decorar las viviendas y los establecimientos www.gestioncultural.org [email protected] 4 comerciales con utensilios o fotografías que rememoran un tiempo anterior; y crece el turismo cultural en el que los visitantes ansían consumir monumentos, ciudades históricas, culturas exóticas (o mejor dicho exotizadas) o emplazamientos míticos que rememoran acontecimientos o la vida de personalidades ilustres. Todos estos ejemplos, y otros muchos que podrían apuntarse, indican que vivimos un tiempo de atracción por el pasado y lo singular. En este contexto, también despiertan una mayor atención y preocupación los bienes patrimoniales, sobre todo aquellos que tienen un contenido simbólico muy relevante para la población local y cuya continuidad se percibe amenazada. Todo ello refleja que el patrimonio no es considerado hoy, en modo alguno, un tema irrelevante. En este escenario brota el asociacionismo de defensa del patrimonio cultural al cual dedicaremos las páginas siguientes. En el artículo se analizará el papel del movimiento patrimonialista sevillano en la activación patrimonial de unos restos arqueológicos hallados en la plaza de la Encarnación, situada en pleno centro histórico de la ciudad, así como los conflictos sociales y políticos derivados del proceso de patrimonialización. En el texto se tratará de demostrar que los procesos de activación del patrimonio cultural inciden en el modelo de ciudad y que el papel de las organizaciones patrimonialistas es, en este sentido, decisivo. Los restos arqueológicos encontrados en la Plaza de la Encarnación suscitan un enconado debate en la ciudad, porque del valor de los mismos dependerá la realización de un complejo comercial y un aparcamiento. La consideración por parte de las entidades patrimonialistas de que los restos tienen valor patrimonial y de que la preservación de los mismos es incompatible con la construcción de las instalaciones comerciales genera una dinámica de conflicto social con sectores partidarios de la materialización del proyecto. El patrimonio cultural como núcleo de conflictos sociales. En las últimas décadas, la construcción de equipamientos e infraestructuras en los cascos antiguos de las ciudades históricas suele ser una importante fuente de conflictos sociales. De forma creciente las intervenciones -especialmente aquellas de mayor envergadura o que suponen una transformación significativa del entorno www.gestioncultural.org [email protected] 5 urbanono pasan desapercibidas, sino que generan intensos debates sobre su idoneidad o inconveniencia. Puede observarse que, al poco de proyectarse o iniciarse las obras, surgen detractores y partidarios de las mismas: unos muestran su rechazo argumentando que las nuevas estructuras ocasionarán efectos negativos sobre la calidad de vida y las condiciones de existencia, pues transformarán de modo irreversible el medio urbano haciéndolo irreconocible; otros, por el contrario, se manifiestan esperanzados y convencidos de que estas operaciones urbanísticas son necesarias para fomentar el desarrollo económico y social de sectores concretos en particular y, por extensión, de la ciudadanía en general, al revitalizar la vida social y comercial en los centros históricos. Los que apuestan por este tipo de proyectos conciben la oposición a las obras como una amenaza al crecimiento y al desarrollo por lo que, en ocasiones, reaccionan recurriendo a asociaciones empresariales y vecinales para que les apoyen e incluso creando otras nuevas. Los opositores refutan los argumentos anteriores señalando que los nuevos equipamientos o infraestructuras agravarán aún más los problemas existentes en los cascos históricos, tales como el deterioro ambiental (congestión del tráfico rodado, saturación de los usos del espacio), la especulación urbanística, la expulsión de población de sus lugares de residencia, la especialización en actividades terciarias (comercio, turismo, administración...), así como la crisis de la sociabilidad y de los modos de vida tradicionales. Cuando el rechazo a los proyectos adquiere mayor envergadura se materializa en una oposición formal que adopta una estructura concreta como organización vecinal, asociación de consumidores o agrupación ecologista produciéndose, a veces, la convergencia de estos tres tipos de organizaciones en un movimiento heterogéneo más o menos articulado. Desde finales de la década de los ochenta, este tipo de conflictos sobre el modelo de ciudad histórica adquiere una mayor complejidad en los casos en los que las transformaciones urbanísticas inciden directamente en bienes culturales monumentales o en restos arqueológicos. En estas situaciones, al debate sobre las consecuencias ambientales y sociales de los proyectos se suma un nuevo y crucial elemento: el patrimonial; y un nuevo actor social: las entidades patrimonialistas, las www.gestioncultural.org [email protected] 6 cuales se oponen a las intervenciones por entender que afectan negativamente a la conservación de elementos materiales que, según su criterio, cuentan con un incalculable valor simbólico. El fenómeno cobra una dimensión social más amplia, compleja y plural cuando estos grupos se alían estratégicamente con otros colectivos vecinales, profesionales y ecologistas con los que confluyen creando un activo movimiento que interviene en diversos frentes (sociales, vecinales, ambientales, patrimoniales). Como reacción a estos procesos, los sectores partidarios de los proyectos urbanísticos suelen negar o minimizar el valor de los bienes y, en todo caso, considerar que su relevancia es muy inferior a los beneficios que se derivarían de las infraestructuras, por lo que la preservación no justificaría de ningún modo la paralización de las obras. Este conflicto sobre el modelo de ciudad es característico de la época contemporánea. El debate que surge hoy con respecto al patrimonio cultural contrasta con el relativamente escaso rechazo social que, durante etapas pasadas no muy lejanas en el tiempo, ocasionaron las profundas intervenciones urbanísticas realizadas en las ciudades españolas. Concretamente en Sevilla muchas de las operaciones llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XX supusieron una profunda agresión a la ciudad histórica y a su patrimonio, lo que se tradujo en la desaparición de gran parte del trazado histórico de calles y plazas y su sustitución por amplias avenidas, la ruina y demolición de monumentos, la pérdida definitiva de importantes yacimientos arqueológicos y la crisis de muchas formas tradicionales de vivir la ciudad. A pesar de ello, la oposición a las obras fue muy tímida y circunscrita casi siempre a sectores académicos y profesionales concretos. Podríamos apuntar algunas causas explicativas del exiguo rechazo que despertaba la eliminación de testimonios significativos de la cultura y de la historia. No hay duda de que la represión política a cualquier tipo de protesta y especialmente a las operaciones inmobiliarias especulativas es un factor explicativo importante, sobre todo si tenemos presente que las grandes obras constituyeron una sustanciosa fuente de acumulación de capital durante el franquismo; tampoco habría que obviar la situación socioeconómica general y la existencia de otras necesidades consideradas más precisas por el conjunto de la sociedad (vivienda, www.gestioncultural.org [email protected] 7 servicios, equipamientos), ni el nivel de formación medio de la población. Y, por supuesto, no podemos ignorar la presencia de una ideología desarrollista, difundida con vigor por el régimen político desde la década de los sesenta, que se instalaba cómodamente en una sociedad en la que prevalecía una confianza acrítica en el progreso. Ambas concepciones ideológicas -desarrollismo y fe en el progresoestaban plenamente asentadas en el interior de la sociedad neutralizando cualquier desarrollo de una sensibilidad contraria a la desaparición del patrimonio y capaz de movilizar a la población, tal como hoy ocurre. Desde estas premisas, el pasado no podía concebirse como un freno al progreso, por lo que la eliminación de determinados testimonios históricos no debería suponer un gran problema si a costa de ello se avanzaba en la senda de un futuro mejor. Hoy la situación ha cambiado. En nuestra sociedad asistimos a la crisis de muchos valores bien asentados en la modernidad. La confianza en el futuro, la ciencia y la tecnología, propia de la modernidad, es sustituida por una creciente inseguridad colectiva ante las posibles consecuencias negativas e imprevistas que pueden derivarse de una mala aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Esta sociedad del riesgo (Beck, U. 2002) es también una sociedad globalizada en la que las “comunidades” locales, como ámbitos preferentes de la reproducción cultural, pierden centralidad cediendo terreno a otros medios que se configuran como los nuevos productores de información y cultura. Frente a ello, como reacción, se extienden sentimientos localistas, crece la añoranza por el pasado y preocupa la pérdida de la cultura y, consecuentemente, de los testimonios más significativos de la comunidad simbólica. Todas estas transformaciones nos ayudan a comprender el elevado interés social que ha adquirido el patrimonio cultural, así como el desarrollo del patrimonialismo. En la actualidad, el epicentro del debate entre los distintos sectores e intereses enfrentados sobre el modelo de ciudad bascula cada vez más en el valor que se otorga a los bienes y las medidas para preservarlos. En ocasiones es de tal relevancia esta discusión que las cuestiones ambientales y sociales quedan relegadas a un plano secundario, adquiriendo la determinación del valor de los objetos y los criterios de conservación un protagonismo social y político que hasta www.gestioncultural.org [email protected] 8 ahora nunca habían alcanzado. Como vemos, no es ésta una cuestión marginal o especializada, de interés exclusivo de los expertos en historia, estética y patrimonio, así como de las instancias del poder, tal como históricamente ha sido, sino un asunto prioritario que está presente en muchos foros (mediáticos, políticos, sociales…) porque afecta directamente a la planificación urbanística y al modelo de ciudad. Qué hacer con el patrimonio: cómo preservarlo, restaurarlo o protegerlo; cómo incorporar aportaciones e innovaciones del presente en los cascos históricos y en los propios monumentos y edificios históricos; qué destino les damos a los restos arqueológicos hallados (destruirlos, desmontarlos, musealizarlos, mantenerlos in situ…); cómo salvaguardamos los valores tradicionales de las fiestas ante la afluencia turística... Todas estas cuestiones han superado los límites académicos de la arqueología, la arquitectura, la historia del arte o la antropología social para convertirse en asuntos que interesan a la colectividad y sobre los que surgen debates en los que distintos agentes sociales intervienen con propuestas muchas veces encontradas. Los asuntos planteados muestran que la definición, el uso y el destino del patrimonio constituyen hoy problemas, sólo aparentemente técnicos, sobre los que existe una creciente sensibilidad social y pluralidad de opiniones e intereses que están relacionados con el modelo de ciudad al que se aspira. La paradoja de este fenómeno característico de la sociedad actual es que el debate sobre el proyecto de ciudad del futuro gira en torno a testimonios materiales que proceden del pasado. El escenario y los hechos. En los últimos decenios la presión urbanística se ha intensificado en el casco histórico de Sevilla. La construcción no se limita a nuevas edificaciones y equipamientos, sino que ocupa intensivamente el espacio físico tanto en altura y superficie como en el subsuelo. El sector inmobiliario orienta cada vez más sus actuaciones hacia la construcción de sótanos de varias plantas para actividades comerciales y lúdicas, pero sobre todo para aparcamientos rotatorios. La construcción y gestión de estos equipamientos se ha convertido en un rentable www.gestioncultural.org [email protected] 9 negocio dada la carencia de plazas de estacionamiento y la persistencia, e incluso acentuación de un modelo de organización urbano que prima el uso del vehículo particular en centros históricos ya congestionados. La voraz actividad del sector constructor está suponiendo, además, una nueva etapa en la destrucción de vestigios del pasado, fundamentalmente de restos arqueológicos cuya permanencia es difícilmente compatible con los nuevos usos3. El caso que presentamos ilustra los conflictos urbanos que pueden suscitar hoy este tipo de proyectos y el hecho de que es muy difícil conjugar los intereses de promotores inmobiliarios y comerciantes con las posiciones de ecologistas, consumidores y patrimonialistas, entre otros. La plaza de la Encarnación es un amplio solar que ocupa una superficie de casi 7.000 metros cuadrados. Tras la Alameda de Hércules es el espacio libre y público más grande del centro histórico de Sevilla. Su centralidad, dimensiones y carácter público hacen que cualquier proyecto sea motivo de atención y debate ciudadano y político, máxime cuando por su ubicación es un lugar muy apetecible a los intereses del capital privado. Hasta 1973 la plaza funcionó como mercado de abastos tradicional, pero en este año los comerciantes adjudicatarios de los establecimientos –llamados puestosfueron trasladados a un emplazamiento cercano en el que aún siguen y en cuya fachada puede leerse un letrero en el que reza: “Mercado de la Encarnación. Provisional. 1973”. La placa, que genera sorpresa y estupefacción, no ha sido retirada por los comerciantes en un gesto que expresa su indignación y protesta ante la negligencia de las autoridades locales responsables de la construcción del mercado municipal. Desde hace más de treinta años, el espacio de la plaza ha sido un enorme baldío sin uso en pleno centro de la ciudad histórica o incluso un aparcamiento en superficie, lo cual generado de fuerte polémica y descontento. 3 En la actualidad, la construcción de aparcamientos subterráneos en la ciudad de Sevilla genera gran polémica. Por ejemplo, las obras en las inmediaciones de los Jardines Cristina, donde se han hallado fragmentos de la calzada romana a Gades, así como restos humanos, de residencias y de actividades industriales también de época romana, han sido muy criticadas por las asociaciones patrimonialistas conservacionistas. En otras ciudades se han producido situaciones similares. En Córdoba la construcción de la nueva estación del tren de Alta Velocidad supuso la destrucción del yacimiento romano de Cercadilla formado por un palacio del siglo III y principios del IV perteneciente al emperador Maximiano Hercúleo (Boletín, nº 9 Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Ben Baso); en Barcelona las obras para los Juegos Olímpicos de 1992 ocasionaron la destrucción de los restos de la Ciudadela erigida por Felipe V a principios del siglo XVIII y del poblado Ibérico de la montaña de Montjuich; y en Tarragona, una basílica paleocristiana se preserva in situ en el sótano de un gran centro comercial (Munilla Cabrillana, G. 1999). www.gestioncultural.org [email protected] 16 para no desaparecer…sólo una prospección para obtener información y rescatar elementos físicos de la Sevilla romana justificaría, e incluso esto con dudas, levantar lo existente...”. Desde esta concepción sacralizadora del pasado, los restos son vestigios únicos que merecen el máximo mimo y cuidado, por lo que su eliminación e incluso su traslado se consideran una profanación de la historia. Este último aspecto es muy interesante. Los conservacionistas son muy críticos con el desmonte y la musealización de los restos porque, según dicen, ello implica la descontextualización de los mismos, lo que califican como una agresión intolerable contra la historia. Según esta visión, el patrimonio es intocable, por lo que exigen la inmovilización de los vestigios arqueológicos en el mismo lugar donde fueron hallados. Lo contrario supondría desenterrarlos del lugar donde han permanecido durante siglos, agazapados, esperando ser descubiertos. De esta manera se produce una curiosa metáfora contemporánea: los restos hallados en el subsuelo son percibidos como la raíz de la sociedad. Desmontarlos supondría arrancar las raíces, es decir, desarraigar a la sociedad de sus vínculos más profundos, a los que se aferra para seguir existiendo como comunidad particular y diferenciada en un contexto de uniformización global. Más allá de una valoración de esta interpretación del patrimonio, estimamos que la acción de estas entidades tiene un aspecto sumamente positivo al fomentar el interés y la reflexión de la ciudadanía sobre su historia y sobre el urbanismo posible en los centros históricos. En este sentido, contribuyen a formar sujetos reflexivos, impulsan un nuevo modelo de ciudad y proponen la participación ciudadana en las decisiones sobre aspectos anteriormente circunscritos al dominio de los expertos arqueólogos, urbanistas y arquitectos. Los conservacionistas entienden que la historia y el patrimonio han estado secuestrados y que hoy, con la democratización de la sociedad y el desarrollo de una conciencia cívica, comienza a consolidarse lo que consideran un derecho fundamental: “el derecho a la memoria”. Por esta razón, no sólo se oponen a que los restos sean eliminados, enterrados o desmontados, sino que además rechazan que la excavación no pueda ser visitada, www.gestioncultural.org [email protected] 17 lo que interpretan como una actuación antidemocrática9. De acuerdo con estos presupuestos organizaron la campaña: “Queremos ver, queremos saber”, de amplia repercusión social, en la que se denunciaba lo que denominan una arqueología de urgencia que, por estar al servicio de los intereses empresariales, es ocultada a los ciudadanos que son sus legítimos depositarios. En este sentido, la participación ciudadana tiene una doble finalidad: en primer lugar la propia difusión del valor de los restos; y, en segundo lugar, establecer un control ciudadano sobre las actividades en el yacimiento. Todo este conjunto de ideas y acciones se acompaña de una alternativa al proyecto de moderno centro comercial: la creación de un Parque Arqueológico, el cual se concibe como una opción mucho más razonable que la musealización y la descontextualización de los restos, que integraría el patrimonio arqueológico en la ciudad. Es ésta una apuesta en la que se plantea un doble uso del patrimonio cultural: acercar la historia a la población para reafirmar la identidad social amenazada y construir una ciudad histórica en la que sea compatible el pasado con el futuro. La propuesta abre una nueva vía con posibles consecuencias posibles que quizás no hayan sido suficientemente valoradas por los conservacionistas, como la mercantilización y trivialización del patrimonio arqueológico al servicio de la actividad turística. 9 Para reforzar este argumento se apoyan en la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio arqueológico, adoptada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1990, cuyo artículo séptimo indica expresamente: “La promoción al gran público del patrimonio arqueológico es un medio esencial para promocionar éste y dar a conocer los orígenes y el desarrollo de las sociedades modernas”. www.gestioncultural.org [email protected] 18 Bibliografía. ARIÑO, Antonio Asociacionismo y patrimonio cultural en la Comunidad Valenciana. Consellería de Educación y Cultura (inédito). 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