Políticas de memoria en Argentina 2003-2019. Entre procesos de justicia y negación

Sevilla 2020 347 Políticas de memoria en argentina 2003-2019. entre Procesos de justicia y negación Susana Sel Pablo Gasloli Universidad de Buenos Aires Resumen Se analizan las Políticas de Comunicación y Memoria a través de sus diversos actores: gobiernos, sociedad civil y las estrategias de medios de comunicación masivos en la construcción de la memoria histórica. A partir del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se abre una etapa de Políticas Públicas de Verdad, Memoria y Justicia, asentadas en los juicios a los genocidas por la anulación de las leyes de impunidad. La investigación judicial incluyó la complicidad civil, los delitos económicos y los cometidos contra la integridad sexual. Estas políticas continuaron en los gobiernos de Cristina Kirchner (2008-2015), profundizando el rol de ciertos medios masivos en tanto socios corporativos del terrorismo de Estado (juicio por Papel Prensa). Estos gobiernos, identificados como populistas o postneoliberales, respondían a las demandas de justicia de la sociedad argentina y en particular a las luchas de los Organismos de Derechos Humanos. A partir de diciembre de 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, de corte neoliberal, las Políticas transmutaron a “negacionismo” oficial de la historia (Salinas, 2016), como negación del terrorismo de Estado, anulación o disminución de penas a los condenados, absolución de los dueños de medios, en el contexto de una comunicación pública subsumida a los paradigmas de una cómplice industria hegemónica y concentrada. Congreso ULEPICC 348 Introducción La Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (EPICC) proporciona el marco de análisis sobre las estrategias de la actividad económica y los tipos específicos que favorecen la concentración, con la consecuente mercantilización de los ámbitos culturales y educativos. Este proyecto hegemónico del capital transnacional que se impuso en los 80 y 90, excluyó a amplios sectores de la población de los derechos de acceso a los bienes y servicios básicos, amparado en un Estado legitimador de las privatizaciones. En esa línea, Ozlak y O’Donnell (1995) proponen pensar el Estado como acción, como campo material y simbólico de tensiones y contradicciones, no como árbitro imparcial. El Estado como resultado de la interacción entre distintos actores e instituciones, cada uno con sus intereses y saberes, y a la vez coproductores de las políticas públicas, según Califano (2012). Es decir, un proceso social constituido en una trama de interacciones que generan políticas públicas, entendidas como el conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado, en cuestiones que interesan a otros actores y que pueden ser incorporadas a la agenda de demandas sociales en una etapa histórica determinada. Definiciones que, para el campo de las políticas culturales y de comunicación, representan aquellas presencias o ausencias de las instancias estatales que, según las concepciones y legitimaciones de cada sociedad y cada tiempo histórico “[…] determinan u orientan los destinos de la creación, producción, difusión y consumo de productos culturales y comunicativos […]” (Bustamante, 2003, p.34). Así, las políticas de comunicación, que dependen de la interacción de Estado, sociedad y empresas, deberían trascender la instancia individual en aras del interés público. En el presente siglo, la llegada al poder de líderes progresistas en la región fue producto de las luchas de sectores sociales que resistieron la dominación neoliberal. Estas trans- Sevilla 2020 349 formaciones, aún en el contexto capitalista, representan un nuevo rol estatal, que recupera parte del poder regulatorio en base a derechos. La promulgación de leyes sobre comunicación en Venezuela (2004), Argentina (2009), Bolivia (2011) y Ecuador (2013), partiendo del Derecho Humano a la Comunicación, intentaron revertir estas situaciones oligopólicas, ampliando la participación de sectores comunitarios, de pueblos originarios, de trabajadores, de universidades, tratando de diversificar y democratizar el espacio comunicacional. En Argentina, la asunción del gobierno popular de Néstor Kirchner en 2003, generó ciertas interpretaciones desde la ciencia política sobre la instrumentación de políticas y discursos en su gestión sobre la memoria, como una estrategia anacrónica y populista usada políticamente para construir legitimidad sobre el exiguo porcentaje electoral con el que triunfó. Omitieron considerar que fue, primero, la acción de los organismos durante décadas la que logró extender la conciencia sobre los derechos humanos, desde un grupo reducido de personas afectadas directamente hasta alcanzar a gran parte de la sociedad argentina y a casi todas sus instituciones, persistiendo en forma independiente a las políticas gubernamentales instrumentadas (Ezcurra, 2017). La misma tergiversación se hizo sobre los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, 2008-2015, durante los cuales continuaron las Políticas de Memoria, y se promulgó la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley trabajada y militada por más de 300 organizaciones, nucleados en la Coalición por una Comunicación Democrática, desde 2004, para posibilitar la emergencia de voces múltiples. Políticas de Memoria y Comunicación que se revirtieron en los años neoliberales instaurados nuevamente con el gobierno de Mauricio Macri (2015-19), a partir de desactivar la estructura habilitada por la Ley 26522, reforzando la concentración mediática en manos de los socios corporativos del terrorismo de Estado e implementar políticas negacionistas del genocidio, anulando el rol del Estado como garante de derechos. Congreso ULEPICC 350 Aproximación metodológica El marco de la EPICC se enfoca en la estructura de propiedad de las empresas mediáticas, en su concentración económica y de poder, y en la formación de valores y creencias. Es decir, analiza las relaciones de poder que constituyen la producción, distribución y circulación de bienes simbólicos, dado que el orden social, las formas de estratificación social y las del poder político se establecen en la relación dinámica entre los medios de comunicación y el resto de las instituciones sociales. Por ello la propuesta metodológica parte del análisis documental comparativo de las políticas públicas en 3 etapas distintas (2003-2007; 2008-2015; 2015-2019), para determinar el tratamiento de las reivindicaciones sobre la memoria histórica, frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Se relevan, asimismo, las estrategias y tácticas de las organizaciones ciudadanas en sus formas de resistencia colectiva y el grado de integración de sus intereses en la agenda pública. Respecto del análisis discursivo aplicado a las acciones de gobierno, medios y organizaciones ciudadanas, se aplica la perspectiva de Lenguaje y Poder (Fairclough, 1996), que permite establecer las formas discursivas en que se reproduce la dominación y el poder, al mismo tiempo que constituye un recurso en las luchas contra la explotación y la dominación. Para Stuart Hall (1980), si bien la realidad existe fuera del lenguaje, es constantemente mediada por y a través del mismo. Pese a la trayectoria y diversidad de organizaciones ciudadanas reconocidas como organismos de derechos humanos en la Argentina,89 la selección para este trabajo focalizará 89 Liga Argentina por los Derechos del Hombre (1937), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (1975), Madres de Plaza de Mayo (1977), Abuelas de Plaza de Mayo (1979), Asociación Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD, 1984) e Hijos e Hijas por la identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S, 1995) Sevilla 2020 351 en las Asociaciones: Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, dado que su accionar sentó las bases para las políticas públicas de memoria. Respecto a las empresas mediáticas, se focalizará en los grupos Clarín y La Nación, por su incidencia en la opinión pública y su complicidad con el terrorismo de Estado. Desarrollo Políticas públicas sobre verdad, memoria y justicia (2003-2007) Desde el regreso de la democracia y pese al inicio de los Juicios a las Juntas Militares en 1984, los gobiernos si bien abordaron la cuestión, no establecieron políticas de memoria y, en algunos casos como en el de Raúl Alfonsín (1983-89), no pudieron resolver las tensiones con los militares para cumplir con sus objetivos de justicia. Fue desde el año 2003, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, que, en medio de una crisis social, económica y política sin antecedentes, impuso una nueva narrativa y política de estado, y produjo cambios determinantes en el contenido de la política de derechos humanos, a partir de interacciones con los organismos preexistentes. Su estilo cambió las costumbres políticas y manifestó, desde el día de su asunción, la toma de posición sobre la memoria del pasado dictatorial: Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada, [...]. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no Congreso ULEPICC 352 solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. (Néstor Kirchner, 25/05/2003) Este enunciado del presidente significó una memoria incluida en un relato integral con el pasado, dando significado a las políticas públicas a implementar y vincularlas socialmente, revalorizando un pasado reciente a través del impulso de múltiples políticas públicas que reinstalaron el debate sobre la memoria argentina. Políticas interpretadas como instrumentación de una estrategia destinada a construir legitimidad, dado que Kirchner asumió con el 22% de los votos y una crisis económica, política y social sin precedentes. Sin embargo, este trabajo considera que fue la lucha sostenida durante años por los organismos de derechos humanos lo que logró que se instalara socialmente la problemática y que persistiera pese a políticas adversas. Reconocimiento también desde el discurso presidencial: Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que están presentes por más que no estén aquí, Madres, Abuelas, chicos: gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelvan a recordar, recuperar y tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, su vida, sus madres, que ha dejado sus abuelas y que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las Sevilla 2020 353 manos de ustedes. (Néstor Kirchner, 2004).90 Esta enunciación discursiva, acompañada de la decisión de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia, impulsadas por el gobierno del presidente Néstor Kirchner. En 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, fueran juzgados. Una reivindicación permanente en la lucha de las organizaciones ciudadanas. Bajo la iniciativa de los organismos de derechos humanos para preservar los documentos de las víctimas, el Gobierno creó, en 2003, el Archivo Nacional de la Memoria, y en 2004 se declara de interés nacional el Archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), creado en 1983. También se implementaron políticas educativas, como el Programa Educación y Memoria (2006), para promover la enseñanza del pasado reciente, a través de la publicación de materiales y acciones de capacitación docente a nivel nacional. El ciclo “Las Abuelas nos cuentan”, a cargo de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con el apoyo del Ministerio de Educación, incluía sus visitas a las escuelas primarias y la elaboración de materiales conjuntos. En 2007 se abordó la capacitación en el ámbito militar con la creación de direcciones nacionales, a fin de afianzar el respeto y protección de los derechos humanos, en tiempos de paz o conflicto. Se creó en ese año la Red Federal de Sitios de 90 Discurso del presidente Néstor Kirchner en el acto de entrega del predio de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), símbolo de la represión a los organismos de derechos humanos (24/03/2004). Congreso ULEPICC 354 Memoria, a fin de coordinar las políticas nacionales, provinciales y municipales de memoria. Se fijaron celebraciones nacionales: el 10 de diciembre como Día de la Restauración de la Democracia (el día del fin de la dictadura y asunción del gobierno de Alfonsín), con actividades pedagógicas a ser incluidas en calendarios educativos, y feriado nacional el 24 de marzo, como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (aniversario del golpe de estado), para afianzar valores democráticos basados en la memoria social. Sin embargo, en términos de Políticas de Comunicación, la renovación automática de las licencias televisivas más importantes de los dos principales grupos de medios, Clarín y Telefónica, en diciembre de 2004, y, sobre todo, la firma del Decreto 527 en 2005, mediante el cual el presidente Kirchner suspendió el cómputo de diez años para las licencias audiovisuales, representan un apoyo a los alicaídos capitales mediáticos, a diferencia de las organizaciones sin fines de lucro que continuaban proscriptas del acceso a licencias audiovisuales, opuesto al derecho a la comunicación. Esta intervención es justificada en la débil legitimidad de origen del gobierno de Kirchner, que requería una opinión pública favorable a la recomposición de la autoridad estatal, a través de la designación de una Corte Suprema de Justicia independiente del gobierno, el impulso a los juicios por violaciones a los derechos humanos y la recuperación macroeconómica, medidas que lograron ampliar el apoyo social y político al presidente. La justificación no aplica cuando, tras las elecciones presidenciales de 2007 que dieran el triunfo a Cristina Fernández de Kirchner con una diferencia de más de 20 puntos sobre sus adversarios, Kirchner autorizó, en su último día de mandato, la fusión entre Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín). El cable representa más del 75% de los ingresos del conglomerado. La presidencia de Kirchner respaldó la estructura de medios heredada, estimulando su estructura, en especial la con- Sevilla 2020 355 centración. Evitó habilitar el acceso a los medios por parte de sectores sociales no lucrativos y concibió un esquema de ayuda estatal a cambio de apoyo editorial. Su objetivo fueron los medios públicos, tanto la mejora en la programación del Canal 7 como de Radio Nacional, y la creación de la señal Encuentro, de carácter educativo-cultural, generada por el Ministerio de Educación y que comenzara a funcionar en 2007. El sector se recompuso económicamente y experimentó una primavera exportadora de contenidos y formatos. A los periodistas les fastidiaba la desintermediación que Kirchner ejercitaba prescindiendo de conferencias de prensa y entrevistas, pero, al no promover grandes cambios en el sector, convivió amablemente con los grandes grupos. Políticas de comunicación y continuidad de memoria, verdad y justicia (2008-2015) El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continuó con las políticas de memoria comenzadas en el gobierno de Néstor Kirchner, profundizando algunos aspectos y formulando nuevas. En 2008, y a través de un decreto, consideró al predio de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo del terrorismo de Estado) como patrimonio de la memoria, en tanto declarada Monumento y Lugar Histórico Nacional. En ese año se declara el 4 de agosto como Día de la Conmemoración de la obra realizada por Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado cuando portaba pruebas de los crímenes políticos de dos sacerdotes. Congreso ULEPICC 362 porque un tercio será para el espacio comercial, un tercio para el espacio público y un tercio para las organizaciones no gubernamentales; universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales, podrán acceder también a frecuencias para poder hacer conocer su voz. Se sustituye el viejo directorio militar por un organismo amplio, plural en el que participan Poder Ejecutivo y oposición parlamentaria creándose también organismos como el Consejo Federal donde van a intervenir todas las provincias y todos los actores, los privados, los públicos, los cooperativistas, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos originarios, para el control de lo que significa el derecho al acceso a la información pública y a la libertad de prensa. Alguien decía, Mariotto creo, que pasaron veintiséis años sin que ningún Poder Ejecutivo -y cuando digo ninguno es ningunoenviara este proyecto de ley al Congreso. Es curioso, se ha hablado en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir del año 2003, de gobiernos con superpoderes, los mismos poderes que se tenían durante los años 90 en todas las legislaciones y que tienen en numerosas provincias. Lo que pasa que esas facultades que tenían en todas las legislaciones eran facultades que se ejercían no a favor de la sociedad sino para privatizaciones, para bajar sueldos, para achicar presupuestos sociales. Mientras eso fue así, nadie habló de superpoderes. Se comenzó a hablar de superpoderes cuando esas facultades que estaban años en nuestra legislación comenzaron a usarse a favor de la sociedad, a favor del pueblo. (Cristina Fernández de Kirchner, 2009). El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina obtuvo su media sanción después de realizarle más de 100 modificaciones. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra. Su aprobación y reglamentación significó un Sevilla 2020 363 cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto, como productores activos de la comunicación social. La Ley LSCA reguló en todo el territorio nacional, estableciendo mecanismos de promoción, desconcentración y fomento de la competencia, a partir de considerar la actividad de comunicación audiovisual como de interés público, es decir, como derecho de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin censura. A tal fin, se crean diversos órganos colegiados con participación del Poder Legislativo y representación de prestadores privados, emisoras universitarias, medios públicos y trabajadores de prensa, así como la Defensoría del Público. Se establece un abono social para los servicios de TV por cable, a fin de garantizar el acceso masivo. Se limita la cantidad de licencias y se establecen límites a la propiedad de medios. Habilita la participación de cooperativas y se reserva el 33% del espacio para las organizaciones sin fines de lucro. Se establece un plazo para las licencias. Se promueve la producción de contenidos nacionales, estableciendo porcentajes diferenciados para radio y TV. Se establece un acceso universal para la transmisión libre y gratuita de eventos deportivos y culturales, y se regulan los tiempos publicitarios. Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, a fin de articular todos los medios públicos y un Consejo Consultivo de los Medios Públicos, ambos con participación de diversos sectores sociales. Se establece que las Universidades Nacionales pueden ser titulares de explotación de servicios, destinados a divulgación, extensión y experimentación. Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla para el cine nacional. Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de desarrollar más medios de carácter educativo, cultural e infantil. Congreso ULEPICC 364 La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que triunfó en 2007 con el 46,29 por ciento de los votos y fue reelecta en 2011 con el 54,11 por ciento, desarrolló políticas públicas que continuaron las líneas trazadas por Néstor Kirchner, pero en un proyecto político con identidad y agenda propia. Una agenda que los grupos mediáticos se encargaron de disfrazar de catástrofe, manipulando a la opinión pública en connivencia con las acciones de la oposición contra el gobierno nacional, como el bloqueo de leyes, del presupuesto 2010 y hasta en el quorum del funcionamiento legislativo. Los medios hegemónicos, en tanto actores políticos cuyos intereses eran afectados por estas políticas, producían editoriales y falseaban noticias como insumos para la derecha que se preparaba a terminar con el ciclo de gobiernos populares. Políticas públicas 2015-19: negación de justicia y retroceso en comunicación El establecimiento de políticas de memoria y comunicación de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, se vieron truncadas desde la asunción de Mauricio Macri en 2015. Desde sus primeras acciones, la retórica del gobierno neoliberal se asentó en discursos negacionistas del pasado como estrategia comunicativa. En una entrevista de 2016 declaraba sobre el número de desaparecidos: No tengo idea. Es un debate en el cual no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o si son muchos más, es una discusión que no tiene sentido. Algunos simpatizantes de la dictadura históricamente dudaron sobre la cantidad de desaparecidos. (Mauricio Macri, BuzzFeed, 2016).96 96 https://www.buzzfeed.com/mx/javieraceves/entrevista-buzzfeed-macri Sevilla 2020 365 En su enunciación, la negación de la cifra real de desaparecidos invalida el terrorismo de Estado y legitima las medidas posteriores para desacelerar los procesos e investigaciones judiciales sobre sus consecuencias. En la misma entrevista, el presidente optó por definir el terrorismo de Estado como una guerra sucia, reeditando la teoría de los dos demonios desarrollada en los años 80 como explicación justificatoria del proceso genocida en el país [...] es importante saber lo que pasó y que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia, que fue esta guerra sucia, que fue lo que pasó; porque hay muchas víctimas y tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. Esta teoría equipara los actos de terrorismo de Estado perpetrados por las fuerzas armadas en las décadas de 1970 y 1980 en la Argentina a los actos violentos de las organizaciones. Una vez más, los organismos de derechos humanos encabezados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo aplicaron una pedagogía de la memoria. En la marcha del 24 de marzo de 2017 y acompañados por una multitud, leyeron un documento colectivo que identificó a los sectores civiles cómplices, efectuó la crítica a diarios y revistas por su actuación a partir de 1976, entre los que figuraban los grupos Clarín y La Nación, y además el documento reivindicó a los desaparecidos como militantes políticos, identificando a cada una de las organizaciones que en esos años asumieron la lucha armada. Diferenciándose de la Teoría de los Dos Demonios, el texto ratificó el número de los 30.000 desaparecidos. Además efectuaron una dura condena al intento negacionista de los funcionarios macristas Darío Lopérfido97 y Juan José Gómez 97 Darío Lopérfido, director del Teatro Colón, expresó: “El fanático cree que si yo no digo treinta mil soy un negacionista, es la mayor canallada que escu- Congreso ULEPICC 366 Centurión,98 y de reivindicación del terrorismo de Estado. Esta política del gobierno de Macri se mantuvo hasta el final de su mandato. En mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia admitiendo que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad pudieran computar doble el tiempo que estuvieron detenidos. Conocida como el 2 por 1, la sentencia fue cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, que la consideraron un acto de impunidad. Una gran movilización popular con pañuelos blancos a Plaza de Mayo mostró la resistencia general y un año más tarde la Corte Suprema debió anular la misma sentencia que dictara en 2017. En julio de 2019, la diputada macrista Elisa Carrió pidió revisar los juicios a los militares condenados por juicios de lesa humanidad,99 mientras el Ministro de Defensa Oscar Aguad minimizaba el intento de golpe de estado de un grupo de militares ultraderechistas contra el presidente Alfonsín en 1987, definiéndolo como un acontecimiento chiquito.100 En los 4 años de gestión, la política de derechos humanos del macrismo recortó fondos, desarticuló programas, despidió personal especializado, dio poder a las fuerzas armadas y hasta quiso cambiar el feriado del 24 de marzo, también ché”, en: https://www.infobae.com/sociedad/2016/11/12 98 J. José Gómez Centurión, titular de la Aduana y ex militar, negó la existencia de “un plan sistemático” genocida ejercido a través del terrorismo de Estado en el programa televisivo “Debo Decir”, de América TV, por el que fue juzgado y sobreseído. https://www.lmneuquen.com/sobreseyeron-al-excara- pintada-gomez-centurion-sus-dichos-negacionistas-la-dictadura-n551785 99 https://www.pagina12.com.ar/203895-elisa-carrio-y-un-guino-a-favor-de- los-genocidas 100 https://www.diariouno.com.ar/politica/aguad-levantamiento-carapinta- da-chiquito-07102019_rkUe7YQ-B Sevilla 2020 367 muy resistido por las organizaciones de derechos humanos. Una política represiva hacia trabajadores, desocupados, estudiantes y docentes, que justifica disparar por la espalda aún a niños y fusilamientos a luchadores como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, solidarios con las luchas de los mapuches por sus tierras. Política que suma la persecución a opositores con detenciones ilegales, utilizando el aparato mediático y judicial en lo que se conoce como lawfare. Y una intencionalidad de borrar la historia, en una guerra a librar en el plano de la memoria colectiva. El reclamo de memoria completa se presenta como neutro y legítimo pero es, en manos de usinas negacionistas como la Asociación Argentinos por la Memoria Completa o el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), entre otros, una vía para encubrir la reivindicación y la legitimación del terrorismo de Estado. Macri representa la renovación generacional en las filas del negacionismo. En Políticas de Comunicación, a pocos días de su asunción, el gobierno de Mauricio Macri tomó una serie de medidas que limitaron la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (LSCA) promulgada en 2009. A través de dos decretos, el Poder Ejecutivo transfirió las competencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) al nuevo Ministerio de Comunicaciones e intervino por 180 días la AFSCA y la AFTIC (órgano de aplicación de la ley Argentina Digital) y removió a sus autoridades. Disolvió, además, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) que, al igual que la AFSCA, estaba integrado por representantes de los distintos sectores que conforman el sistema de medios: público, privado sin fines de lucro, privado con fines de lucro. Luego, el gobierno nacional dictó el DNU 267/15 que reformó la LSCA: disolvió la AFSCA y la AFTIC y en su lugar creó un nuevo órgano, en el que el gobierno puede designar a 5 de los 7 directores, y también removerlos. El DNU redujo los límites a la concentración de Congreso ULEPICC 368 las licencias de radiodifusión, extendió por 15 años las ya concedidas, suprimió las limitaciones a las prórrogas y derogó la limitación para la transferencia de licencias. Se flexibiliza la posibilidad de prorrogar los plazos, sin vencimiento, dejando a la discrecionalidad del Ministerio de Comunicaciones la posibilidad de convocar a nuevos concursos. A su vez, elimina el mecanismo de transparencia y participación ciudadana que establecía el artículo 40 de la LSCA al disponer la previa celebración de audiencias públicas en la localidad donde se preste el servicio para autorizar las prórrogas. Para el CELS (2019) la vía elegida para tomar esas medidas regresivas es inconstitucional y contraria a los estándares de derechos humanos. La ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, le exige mucho menos a un DNU de lo que se le exigiría a una ley, que debe ser aprobada expresamente por las dos Cámaras del Congreso. En cambio, en el caso de un DNU, al Poder Ejecutivo le basta la aprobación o el silencio de una sola Cámara para imponer su voluntad. El DNU que reformó la LSCA no cumple con los requisitos para su dictado: no existía necesidad ni urgencia para sortear al Congreso. Además, esta herramienta se utilizó para tomar decisiones regresivas en materia de participación social y pluralismo de los órganos regulatorios del sistema de medios. El DNU 267 viola la prohibición de la regresividad en los derechos fundamentales: restringe el derecho a la libertad de expresión y a la información, quita espacio a la participación democrática y plural en las políticas de servicios de comunicación audiovisual, y elimina las barreras a la conformación de monopolios y prácticas de concentración indebida. Al eliminar el artículo 48 de la LSCA, se elimina el régimen de verificación de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social. El decreto desconoce los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dependiente de la OEA, sobre la necesidad de establecer regulaciones específicas en el Sevilla 2020 369 ámbito de los servicios de comunicación audiovisual, además de la regulación sobre defensa de la competencia y medidas de desmonopolización. Estas políticas favorecen la creación y consolidación de monopolios en perjuicio de la diversidad y el pluralismo, y afectan los derechos tanto de las audiencias como de las organizaciones y grupos que gestionan medios de comunicación sin fines de lucro, reconocidos en la LSCA. Las transformaciones a favor de los monopolios mediáticos, estuvieron acompañadas de un crecimiento de la pauta oficial, favoreciendo sobre todo al Grupo Clarín, La Nación e Infobae101 y, como contrapartida, el gobierno obtuvo la complicidad mediática para la política negacionista en materia de derechos, en el contexto del ajuste económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que sumió en la miseria a millones de argentinos. Algunos títulos justificatorios ante la imposibilidad de tomar vacaciones: “Vacaciones para tu cabeza: como tener una escapada mental”. Clarín (16/01/ 2018); ante la asunción de gobiernos de derecha y medidas autoritarias: “La democracia pierde atractivo en la región: la mayoría no la prefiere como forma de gobierno La Nación”, (9-11-2018); ante el ajuste económico y la imposibilidad de cubrir comidas: “El desayuno a debate. Al final ¿es bueno o no?” La Nación, (29/06/2019). “El almuerzo y el nuevo hábito de saltearlo”. TN (Grupo Clarín). (tn.com.ar, 29/06/19). Conclusiones En momentos de escribir estas conclusiones, nuevamente la Argentina eligió un gobierno popular, con Alberto Fer- 101 Informe Pauta Oficial, Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación (23-08-16). Congreso ULEPICC 370 nández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner de Vicepresidenta. Como un dèjá vu, al igual que en 2008 se renueva un conflicto por el aumento del 3% de retenciones móviles a las exportaciones de granos y nuevamente se despliega un lock-out empresarial de las entidades rurales, que lanzan el primer paro en contra del Gobierno que asumió el 10 de diciembre. En este contexto, revalorizar las Políticas Públicas implementadas por los gobiernos populares, en tanto ampliación de derechos, a través de un rol regulador del Estado, a la vez obliga a pensar en transformaciones más profundas, que cambien la matriz productiva del país y distribuyan lo producido socialmente y hoy apropiado por el capital concentrado. Las concepciones sobre justicia y negacionismo se relacionan con estructuras de propiedad que constituyen el poder real en la sociedad y tienen absoluta relación con las empresas mediáticas concentradas. El caso argentino exhibe descarnadamente esta situación: organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo construyendo allí donde no había políticas, asumiendo el rol que el Estado no cumplía, y las empresas mediáticas, cómplices del terrorismo de Estado, velando por sus intereses corporativos, impidiendo que se ejecuten las mínimas regulaciones, con la complicidad político-judicial contra el Estado regulador. Es posible detectar tres tipos de Políticas de Memoria originadas en la gestión de Néstor Kirchner, clasificadas a partir de la centralidad que adquirió en cada medida el objetivo político al que estaban encauzadas, sin por ello excluir la posibilidad de alcanzar otros fines políticos en forma paralela. Para Ezcura (2017) se definen como: Políticas Instructivas, cuyo fin fue fortalecer el Estado de Derecho a partir del establecimiento de nuevas normativas, sustentadas en valores y hábitos democráticos que generen nuevos consensos; Políticas de Interpelación Ideológica, su objetivo fue implementar medidas que satisfagan las demandas que estructuraron históricamente el discurso de los principales Organismos de Sevilla 2020 371 Derechos Humanos, propiciando la intervención de estas últimas en el espacio público; y Políticas de Uso Político, cuyo objetivo fue hacer un uso político y publicitario de las políticas de la memoria y de los réditos obtenidos a partir de su implementación. En este caso no se requiere la cooptación de los Organismos, posibilitando distanciamiento y autonomía. También fueron los Organismos de Derechos Humanos quienes denunciaron, durante años, la complicidad de los grupos mediáticos con el terrorismo de Estado, con lo que han logrado tornar visible su accionar criminal, y la necesaria condena social de esa prensa canalla. Pero es recién en estos años que se comienza a avanzar en la posibilidad de una condena penal, consecuencia jurídica que permitiría cristalizar las demandas contenidas en las denuncias políticas y sociales: los culpables de los crímenes deben pagar. El diario Clarín, que el 24 de marzo tuvo como tapa el neutral e independiente título de Nuevo Gobierno, no solo ocultó las torturas y desapariciones, sino que además hizo negocios manchados de sangre con los dictadores, como en el paradigmático caso Papel Prensa, investigado y presentado a la justicia por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En cada una de sus páginas, el matutino asumió el relato de los dictadores, lo hizo propio, convirtiéndose así en el propagador de las voces represivas. Del mismo modo, el diario La Nación, tribuna histórica de la derecha, apoyó durante la dictadura su modelo económico y cultural (moral, lo llamaron), sumado a que jamás denunció ni las torturas ni las desapariciones. Cada una de sus páginas mostró absoluta condescendencia entre la dictadura y su anhelado modelo de país. Y cómplice de Clarín en el caso Papel Prensa. A diferencia de los gobiernos anteriores, el neoliberalismo de la mano de Mauricio Macri, desde el inicio de su gestión y al filo de la ilegalidad en diciembre de 2015, vía un decreto de necesidad y urgencia, modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, sancionadas por el Congreso en 2009 y 2014. Siguió tomando