La Segunda República española en América Latina (1931-1939): los retos de la política y de la emigración

203 8 La Segunda República española en América Latina (1931-1939): los retos de la política y de la emigración Nuria Tabanera 1 Universitat de Valncia Alicia Gil Lázaro Universidad de Sevilla 1. El punto de partida La proyección americana ha estado presente con evidente continuidad en la definición, no sólo de la política exterior española del siglo XX, sino de la propia identidad nacional española. Así, en las principales culturas políticas españolas del período se pueden distinguir distintas cosmovisiones en las que encontramos siempre símbolos, valores, ideas e, incluso, prejuicios que, referidos a América, forman parte de la propia definición de nación. Desde la crisis del 98, esa alusión americana adquiriría mayoritariamente la forma de “mito compensatorio” ante la evidencia de las debilidades y de los obstáculos que debían superarse, para poder alcanzar cualquiera de los proyectos nacionales alternativos que se proponían, de tal forma que América aparecía para unos como elemento de afirmación nacionalista y, para otros, como estímulo para la necesaria modernización del país, entre otras variaciones (DELGADO y CALLEJA, 1991; TABANERA, 1997). 1 Nuria Tabanera participa en el proyecto de I+D+i “Derechas y nacin en época contemporánea. Una perspectiva transnacional” [DYNECTRANS PGC2018-099956-B-I00], financiado por MCI/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER Una manera de hacer Europa. 204 La corriente masiva de emigración de españoles hacia América, inaugurada a fines del siglo XIX y desarrollada a lo largo del primer tercio del siglo XX, no hizo sino alentar los discursos y las expectativas americanistas en las élites políticas a través de la idea central de que unas florecientes colonias de emigrantes habrían de figurar como el principal nexo social, económico y cultural entre las jóvenes repúblicas americanas y la madre patria. Estas colonias serían, pues, interlocutoras privilegiadas en una relación en la que, de forma natural, España debería ejercer paternalmente de cabeza visible de todas ellas. ¿Cómo se incardinaron las políticas migratorias y la acción exterior españolas hacia América Latina? ¿Qué herencia recibieron los gobiernos de la Segunda República (1931-1939) de las relaciones exteriores latinoamericanas durante la restauración y la dictadura de Primo de Rivera? ¿Cómo hubieron de modificar los gobernantes republicanos su visión americanista en el contexto de la crisis económica mundial de los años treinta y el retorno de miles de emigrantes desde América Latina? En este capítulo trataremos de definir los principales retos de la política española hacia América Latina durante el tiempo de la Segunda República, haciendo hincapié en la atención que los diferentes gobiernos prestaron a las relaciones exteriores y las problemáticas migratorias. Desde principios del siglo XX, la acción exterior del Estado trataba de componer una proyección americana que fuera expresión de las posibilidades de España, una pequeña potencia europea que había perdido ya todo su antiguo imperio y que centraba sus intereses económicos y diplomáticos en Europa, en estrecha relación con su supeditación a Francia y a Gran Bretaña, cuando su principal conexión con las repúblicas americanas eran los miles de emigrantes que buscaban su futuro al otro lado del Atlántico (DELGADO, 2003). En efecto, a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX y, especialmente entre los años 1905 y 1914, la emigración española constituyó una importante corriente dirigida fundamentalmente hacia América Latina y, en menor medida, a los continentes africano y europeo. Se ha calculado que entre un millón y medio y dos millones de personas salieron entre esas dos fechas, siendo Argentina el país que lideró, junto a Cuba, Brasil, Argelia y Francia, la lista de los principales mercados de trabajo hacia donde se dirigieron los españoles (YÁÑEZ GALLARDO, 1994). El flujo exterior se recuperó con posterioridad a la I Guerra Mundial y hasta el final del ciclo migratorio masivo, el momento en el que la guerra civil de 1936 interrumpió la confección anual de las 205 estadísticas migratorias, más de cuatro millones de personas emigraron (ARÓSTEGUI, 1992, p. 441-442). Este trasvase poblacional fuera de las fronteras peninsulares tiene su encaje en las tendencias europeas del período: primero, porque, al igual que en el resto de los países de su entorno, afectó de manera desigual a las distintas regiones y, segundo, porque lo llevaron a cabo hombres jóvenes que solían viajar solos y presentaban por lo general una baja cualificación profesional (SÁNCHEZ ALONSO, 1995). El retraso relativo de la emigración española respecto a Europa se ha explicado por un alto y persistente nivel de protección arancelaria y monetaria. La intensidad, o propensión a emigrar, estuvo determinada por factores internos o de expulsión, mientras que las pautas y fluctuaciones de la emigración estuvieron más influidas por las condiciones de los países de destino y sus factores de atracción. En cuanto a los primeros, tradicionalmente se ha achacado el éxodo masivo a los desequilibrios entre el crecimiento demográfico y el menor aumento de la produccin española, a la desigual distribucin de la propiedad de la tierra ─sobre todo en zonas de minifundio como Galicia─ y los sistemas de herencia, a la poltica comercial, a la incipiente modernización económica y a la crisis agropecuaria de fines del siglo XIX. Junto a estos elementos, para entender la naturaleza y rasgos de esta emigración, habría que añadir la importancia de factores micro, relacionados con la fuerza de las cadenas y de la cultura migratorias presentes en algunas regiones muy relevantes en este proceso (DEVOTO, 2002). Las fluctuaciones de la emigración reflejan, así mismo, las distintas oportunidades que se abrieron en el ‘Nuevo Mundo’: la escasez de mano de obra y, por tanto, una elevada demanda de trabajo, la abundancia de recursos naturales y el rápido crecimiento económico derivado de su inserción en la economía mundial y de su capacidad de atracción de capitales y mano de obra del exterior. Los inmigrantes, tal y como afirma B. Sánchez Alonso (2000, p. 23), llevaron consigo altas tasas de participacin laboral “lo que conllevaba, además, bajas tasas de dependencia para los países receptores de emigrantes”. Bajo la impronta de las ideologías mercantilistas y poblacionistas heredadas del antiguo régimen, los gobiernos de la Restauración intentaron, con preocupación creciente y escaso éxito, obstaculizar las salidas hacia las repúblicas americanas y favorecer las dirigidas a las colonias caribeñas. El que la emigración fuera considerada un grave perjuicio para un país despoblado como era España no impidió que se extendiera la visión del hispanoamericanismo regeneracionista de la época de lo convenientes que podían ser 206 los emigrantes para afianzar una mayor presencia española en los países de destino (TABANERA, 2021, p. 218). Estos, por su parte, no solo no pusieron trabas legales a la entrada de trabajadores extranjeros, sino que muchos de ellos llevaron a cabo políticas activas de atracción de mano de obra, como Brasil, Panamá y sobre todo Argentina, con el objetivo de blanquear la raza y modernizar sus sociedades. El resultado fue un flujo de creciente magnitud a fines de siglo, que, coincidente en el tiempo con la pérdida de las últimas colonias americanas y el aumento de la conflictividad social en la península, pasó a formar parte esencial de las discusiones polticas de la época en torno a la llamada “cuestin social”. El aluvin migratorio alcanzaría su máximo a principios de siglo, momento en que, finalmente, el Estado español aprobó una apertura legislativa que se materializó en 1907 con la primera ley general migratoria, que perseguía fiscalizar la corriente más que obstaculizarla (PÉREZ PRENDES, 1993). El carácter tutelar de esta legislacin ─respaldado en la secular concepcin negativa de la emigracin existente en España─ y el empeño estatal que refleja su articulado por encauzar y regular la corriente migratoria constituirían dos elementos centrales de las políticas migratorias españolas a lo largo del siglo XX (SÁNCHEZ ALONSO, 2011, p. 245). Así se puede observar en la Ley de 1924 ‘refundida’ por la dictadura de Primo de Rivera y, posteriormente, en las disposiciones legales dictadas durante el franquismo. La tutela se especificaba en limitaciones al expatrio de menores y mujeres ─solteras sin permiso de sus tutores o casadas sin el marital─ y en la proteccin prestada durante la travesa, para paliar las malas condiciones en los barcos y los abusos de los navieros. Sin embargo, la principal medida tutelar, como se verá, fue la obligación impuesta a las compañías de navegación de repatriar a un cuarto de los emigrantes que hubieran salido en el trimestre anterior con pasajes a mitad de precio gestionados por las agencias consulares en una serie limitada de casos de urgencia o extrema necesidad fijados por reglamento (GIL LÁZARO, 2014). Otro rasgo constante de larga duración, señalado por diferentes autoras, fue el tremendo desfase entre los objetivos teóricos y la acción pragmática de las políticas migratorias españolas, o, dicho de otro modo, que éstas siempre fueron por detrás de la realidad, a pesar de la mayor capacidad de control y regulación del fenómeno migratorio que fueron adquiriendo con el tiempo los gobiernos (FERNÁNDEZ VICENTE, 2009; SÁNCHEZ ALONSO, 2011). La acción tutelar, que involucró la coordinación de la red consular y diplomática en los países de recepción de la emigración con la acción y financiación del Ministerio de Gobernación y el de Estado en Madrid (TABANERA, 207 2021, p. 214), estuvo muy lejos de constituir una verdadera protección social, a través de programas asistenciales estatales financiados con fondos públicos o acuerdos bilaterales entre países de origen y destino en materia migratoria, que solo fueron posibles con posterioridad a la II Guerra Mundial. La persistente visión pesimista de la emigración y la ausencia real de medidas de este cariz no fueron impedimento para que la acción diplomática se fijara como objetivo construir una relación sólida con las nuevas repúblicas a partir de un reforzamiento de los vínculos entre las colonias de emigrantes y la madre patria. Con la llegada de la Segunda República y en el afán reformista de los primeros años, el Estado abandonó su tradicional laissez faire y optó por una política más voluntarista y activa, de la que obtuvo magros resultados en materia migratoria por el impacto de la crisis económica mundial y los acontecimientos internos y que, como se verá, tampoco recogió todos los frutos esperables de la acción exterior en América. Sin embargo, en lo que se refiere a la política exterior en las primeras décadas del siglo, sí se pudieron lograr ciertos progresos diplomáticos en cuanto a la superación del relativo aislamiento español, sobre todo gracias a las acciones ligadas a la “poltica de prestigio” de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Éstas se centrarían, con desigual éxito y énfasis, en la obtención de una mayor influencia en la Sociedad de Naciones y de una mayor presencia en América Latina, sin que eso supusiera el fin de la subordinación al eje franco-británico, dada la importancia de la vertiente mediterránea de la política exterior española. La aparición de una Sección de América y de Relaciones Culturales en el organigrama del Ministerio de Estado, la ampliación y mayor dotación de las representaciones diplomáticas en América Latina o el uso de instrumentos de política cultural y propaganda, como la nueva Junta de Relaciones Culturales (1926) o la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929), son ejemplos del despliegue en América de una dictadura que proyectaba una concepción del hispanismo claramente conservadora, identificada con las propuestas de algunos de sus colaboradores, como José María Pemán o Ramiro de Maeztu, embajador este último en Argentina a fines de los años veinte (TABANERA, 2000; SEPÚLVEDA, 2003). A pesar de que los años de la dictadura primorriverista fueron también los de la recuperación de la emigración de masas, tras el parón generado durante la I Guerra Mundial, esa renovación de la colectividad española en América no estuvo acompañada de éxitos relevantes en la política hispanoamericana, lastrada por el tinte conservador de sus principios raciales y 208 religiosos, así como por el énfasis puesto en el supuesto papel de España como cabeza natural del mundo iberoamericano. El fin de ese proyecto coincidiría con el radical cambio de tendencia en la emigración española a América, pues la crisis abierta en 1929 llegaría intensamente también a América Latina, estimulando el deseo del retorno entre muchos de los emigrantes afectados por el desempleo y las crecientes restricciones en el mercado laboral. La crisis económica de los años treinta, la Guerra Civil en España, la II Guerra Mundial y la posguerra posterior marcaron, efectivamente, el declive de la emigración masiva a América en este período. El cierre de puertas a la llegada de nueva inmigración en las repúblicas latinoamericanas coincidió en el tiempo con el crac de la bolsa neoyorkina, como primera medida para proteger a los obreros autóctonos de la competencia ejercida por la mano de obra extranjera, por lo que, en primer término, la salida de emigrantes desde Europa se frenó abruptamente. Los dos canales principales de expansin de la crisis a escala global ─el comercio y las finanzas internacionales─ llevaron a una recesión generalizada por la contracción de los mercados, el hundimiento de los precios mundiales de muchos productos básicos, la cancelación de inversiones y préstamos en el extranjero, la quiebra de empresas y el desempleo masivo, que, en buena parte de los países latinoamericanos, especialmente aquellos más dependientes de las exportaciones agrarias, condujo a que amplios sectores de inmigrantes se vieran obligados a volver a sus lugares de origen por la repentina falta de empleo. De este modo, cuando no fueron los efectos directos de la crisis sobre el nivel de empleo fueron las medidas restrictivas de los gobiernos para combatirla las que afectaron a los inmigrantes, sobre todo a los asalariados. En España las repercusiones de la crisis se dejaron sentir a partir de 1930 en tres flancos cruciales de la frágil estructura económica con la que finalizó la Dictadura de Primo de Rivera: las exportaciones, las entradas de capital y las salidas de emigrantes. Golpeó, en primer lugar, a los sectores económicos más dinámicos que orientaban buena parte de su producción a la exportación (vino, cítricos, aceite y minerales), pero en este caso su incidencia fue algo menor que en otros países occidentales industrializados debido al reducido peso que el comercio exterior tenía aun en la economía española, por el alto proteccionismo arancelario anterior. El cambio de signo migratorio, por otro lado, supuso una sustancial reducción de las remesas (uno de los más importantes flujos de capital hacia la península de aquel entonces) y, cómo no, un incremento de la presión demográfica y de la oferta de mano de 209 obra en el reducido y escasamente receptivo mercado de trabajo interior (GARCÍA DELGADO y JIMÉNEZ, 1999, p. 88-89). El país contaba con veintitrés millones y medio de habitantes según el Censo nacional de 1930, y una densidad en torno a los 47 habitantes por km2, bastante menor a la europea, lo que reflejaba la debilidad demográfica del país tanto como el impacto de la emigración exterior. Las estimaciones de J. Maluquer de Motes (2006, p. 145) muestran un total aproximado de 2,1 – 2,2 millones de españoles residentes en el exterior al inicio de la década de 1930, repartidos entre Europa, África y América. Este último continente acaparaba algo más del 77 % del total consignado, de los cuales más de la mitad se concentraban en Argentina (57%) seguida de Cuba (15,4%) y Brasil (12,6%) y cifras bastante menores en el resto de los países. Entre los años 1931 y 1935 el saldo migratorio fue favorable al retorno (Tabla 1). Tal y como afirma Maluquer de Motes (2006, p. 146), “los españoles alcanzaron en estos años, junto a los británicos, las más elevadas tasas de retorno del mundo”. Su estudio sobre la incidencia de la gran depresión y la guerra civil en el crecimiento demográfico español de la década concluye que un cuantioso retorno de emigrantes desde el exterior compensó en parte el impacto negativo del conflicto civil en la población, motivado por la sobremortalidad, la reducción de la natalidad y el exilio republicano. Tabla 1. Estadísticas anuales de emigración desde España, 1930-1935 Año Salidas Entradas Saldo 1930 41600 41600 0 1931 14400 53900 - 39500 1932 10200 47500 - 37300 1933 6700 31700 - 25000 1934 15700 20000 - 4300 1935 17000 15200 + 1800 Fuente: Mitchell, 1998, p. 137. Ya desde los primeros meses de 1930, en medio del vacío político y el descrédito de la monarquía posterior a la dimisión del dictador, el gobierno encargado a Dámaso Berenguer ─último estertor poltico de la etapa de la Restauracin─ tom tmidas medidas de urgencia para afrontar la crisis y, sobre todo, para responder al creciente número de solicitudes de repatriación de los inmigrantes que habían perdido sus empleos y se agolpaban frente a los consulados españoles en espera de un pasaje subsidiado que los devolviera a España. Un Real Decreto de enero de 1930 mostraba la incidencia de este problema, al permitir por primera vez a los emigrantes salir de España con contrato de trabajo (prohibido hasta entonces por considerarlo una recluta encubierta de personas), 210 pero se denegaba el pasaporte a aquellos que no tuvieran el contrato de trabajo en regla, previendo las dificultades que se podían encontrar los potenciales emigrantes en los mercados de trabajo latinoamericanos. Sin embargo, las repatriaciones fueron deliberadamente restringidas a lo largo de ese año, bajo la consigna de que los retornos no se volvieran masivos y amenazaran con presionar sobre el mercado de trabajo nacional (Gil Lázaro, 2015). En enero de 1931 se empezó a exigir un depósito a los emigrantes que pretendían irse a Cuba, para asegurar el pago de posibles gastos de repatriación posterior, y poco después éste se generalizó. Las peticiones desde los principales destinos americanos se contaban ya por millares y no harían sino crecer en los años siguientes. Cuba, muy vinculada a la economía estadounidense como área periférica, acusó de inmediato las repercusiones del hundimiento de la bolsa neoyorkina, de modo que en los meses y años siguientes las peticiones de pasajes subvencionados por parte de trabajadores españoles se elevaron rápidamente. Entre enero y septiembre de 1930, el Ministerio de Trabajo español cifraba en 12 606 españoles en la isla auxiliados con billetes de repatriación (Macías 2002, p. 310-311; Yanes 2009, p. 382-383). En noviembre de ese año, el cónsul de España en la República Argentina comunicaba al Ministerio de Estado español el deseo transmitido por el gobierno argentino de que el gobierno “de su Majestad” suspendiera la emigracin española a su pas “dado el grave problema de organización e intensa crisis que sufre esta República [...] ya que la falta de empleo aumentara situacin angustiosa recién llegados [...]” (citado en Hernández y Hernández 1990, p. 100). En un informe redactado unas semanas después de la anterior petición y enviado por el canciller encargado del despacho de la Embajada española en Buenos Aires, J. Almohaina, se comentaba la queja de la Federación Regional de Sociedades Españolas, que reunía 25 asociaciones con un total de 6 440 miembros, ante la preocupante situación de gran número de emigrantes necesitados de una repatriación inmediata (Tabanera 2021, p. 226-227). Meses más tarde, ante la existencia de miles de españoles indigentes en Argentina se creó un Comité de Amparo Español a iniciativa del Consulado español en Buenos Aires y la citada Federación, que, a pesar de su corta vida, recaudó fondos para repatriar a más de dos mil personas. En similares circunstancias se conformó un Comité Patriótico Español en Montevideo, con el objetivo no solo de colaborar en las repatriaciones sino de atender a los españoles desocupados y conseguir trabajo para ellos (Silva 1998, p. 132-135; Hernández García 1990, p. 103-113) y en México se erigió una Junta Española de Repatriación bajo la influencia del primer 211 embajador español de México, Julio Álvarez del Vayo, enviado por la recién estrenada República española a fines de 1931 (Gil Lázaro, 2015, p. 151). Por tanto, los primeros gabinetes republicanos, tanto el Gobierno Provisional, hasta diciembre de 1931, como el que regiría la política española en los dos años siguientes, se vieron, ante la necesidad de regular por primera vez no tanto las salidas a la emigración exterior sino los retornos masivos, ante las avalanchas de solicitudes que colapsaron las agencias consulares, y los disturbios y alteraciones de orden público que se sucedieron en distintas ciudades americanas. Así se comprende que no se emitiera una nueva ley migratoria, sino que la actuación legislativa en esos años se orientara a paliar los efectos de la crisis sobre los emigrados con anterioridad y a frenar aquellas salidas que se efectuaran con pocas garantías de éxito (Tabanera, 2021, p. 226). El grave problema del retorno de miles de emigrantes no sería, sin embargo, el único al que el nuevo régimen tendría enfrentarse en el espacio americano. Los retos a los que haría frente durante su corta y agitada vida, como veremos, afectaron tanto al contexto interno como al externo y el peso de las relaciones con América Latina fue esencial para comprender no solo la reacción republicana ante el problema de los retornos, sino el conjunto de su política exterior. 2. La República en escena La proclamación de la Segunda República en España el 14 de abril de 1931 llegaba con el viento en contra. El retroceso de la democracia y el avance de las dictaduras en Europa, visible desde la década anterior, acompañaba la radicalización política en favor de las opciones autoritarias de derecha, asumidas por muchos como el mejor tratamiento posible frente al temido avance del comunismo y a la supuesta ineficacia de las democracias parlamentarias para resolver los crecientes problemas sociales y económicos. Por ello, el nuevo régimen debió hacer frente a muy diversos oponentes para poder consolidarse, tanto en el interior como en el exterior. Y algunos de los obstáculos se mostraron de forma inmediata ante la diversa reacción internacional a la victoria republicana, vista inicialmente por algunos como potencialmente peligrosa por su posible radicalización. A la petición de reconocimiento internacional solicitada por el Gobierno Provisional y cursada desde el Ministerio de Estado el 15 de abril responderían favorablemente al día siguiente Uruguay, México y Argentina y, veinticuatro horas después, ya lo harían Francia, Chile y Bolivia. Mientras se iban recibiendo en Madrid 218 medidas restrictivas argentinas que exigían certificados de buena conducta, buena salud y de no haber ejercido la mendicidad, así como el pago de un canon por cada uno de ellos, lo que frenaba aún más la entrada de extranjeros. Las normas siguientes, de 1932, limitaban la entrada únicamente al reagrupamiento familiar y a quienes presentaran contratos de trabajo en el sector rural y fueron copiadas por los uruguayos. En Cuba la presión contra los inmigrantes venía desde una crisis azucarera acaecida en 1927, pero se acentuó en 1933 con varios decretos de nacionalización del trabajo de 1935, que establecían cupos de operarios nacionales y extranjeros, muy perjudiciales para los inmigrantes (MALUQUER DE MOTES, 2006, p. 143). En España, por su parte, ante la fuerte limitación de las salidas, la política migratoria republicana se orientó a cuidar las relaciones con las importantes colonias de españoles instaladas en el exterior, de modo que la protección de los expatriados se convertiría en objetivo esencial de esta política. Una de las primeras acciones de la política exterior del nuevo régimen en este sentido fue el reconocimiento a la plenitud de los derechos de cuantos españoles se encontraban en el extranjero, sin más limitaciones que las preceptuadas en la ley penal y los convenios de extradición. La Constitución republicana introdujo por primera vez la posesión de la doble nacionalidad para los ciudadanos de países pertenecientes a la comunidad iberoamericana (PÉREZ PRENDES, 1993, p. 43; TABANERA, 2021, p. 225). Además de la doble nacionalidad, los republicanos impulsaron una reforma tendente a flexibilizar el ius sanguinis, de manera que los españoles expatriados que quisieran conservar su nacionalidad ya no tendrían la obligación de registrarse en las embajadas o consulados destacados en sus lugares de destino. Igualmente, la extensión de la aplicación del ius sanguinis garantizaba a los hijos de los emigrantes el acceso a la nacionalidad española, tuviesen o no la nacionalidad del país de acogida (FERNÁNDEZ VICENTE, 2009, p. 110). Ahora bien, como ya se ha comentado, el duro impacto de la crisis económica sufrida en esos años en los países americanos, así como su repercusión en las comunidades españolas allí asentadas, se reflejó en un incremento pronunciado de los retornos y de las solicitudes de repatriación entre 1931 y 1935. A mediados de 1931, alrededor de dos mil inmigrantes se hallaban en La Habana a la espera de un pasaje, pero la cifra aumentó a casi cinco mil unos meses más tarde, ante la llegada masiva de trabajadores desde distintos puntos del interior de la isla. Según F. Macías (2002, p. 325), el gobierno español libró entonces veinte mil dólares para agilizar las repatriaciones de españoles en la isla M. Hernández García (1990, p. 101-104) menciona porcentajes 219 similares de repatriaciones en las ciudades argentinas de Buenos Aires y Rosario en ese mismo año. Aun cuando no se pueden estimar con exactitud las cifras de repatriaciones, los datos del Consulado General de España en Cuba indican que en 1932 fueron repatriadas 2 879 personas, de las cuales 510 volvieron con billete gratuito y 2 369 con pasaje a mitad de precio. Al año siguiente, esas cifras se elevaron hasta un total de 3 169 repatriados, 542 enteramente gratuitos y 2 627 medios pasajes. La cifra total, según esta fuente, fue de 28 250 personas en 1932 y de 19 500 un año más tarde, de modo que la repatriación por cuenta del Estado, según el inventario de Intereses Demográficos españoles en Cuba fue del 10,1 por ciento en 1932 y de 16,2 por ciento en 1933 (TABANERA, 2021, p. 230). Las autoridades isleñas habían aumentado las restricciones a la entrada de nuevos inmigrantes desde mediados de 1932, pero las repatriaciones continuaron hasta el verano de 1935 (MALUQUER DE MOTES, 2006, p. 143). En Cuba, Argentina y otros centros receptores de inmigrantes españoles, la necesidad imperiosa de asistencia estatal al retorno derivó en situaciones conflictivas frente a las embajadas y consulados, en las cuales los afectados por el desempleo protagonizaron protestas que ocasionaron la intervención policial (NARANJO y MORENO, 1990). Un telegrama del cónsul general de España en Buenos Aires al Ministerio de Estado informaba de los acontecimientos de noviembre de 1931 frente a las oficinas consulares: Se ha producido hoy grave desorden en este Consulado General, como consecuencia carencia medios repatriación y socorro que demanda desocupación y crisis económica del país. A pesar gran vigilancia que dentro y fuera oficinas Consulado ejercía policía, penetraron esta mañana los españoles exasperados, armados con cuchillos, atacando ordenanza y empleados produciendo pánico consiguiente entre centenar personas que se hallaban oficinas. Hirieron a dos empleados, a uno de relativa gravedad, e intentaron penetrar en mi despacho rompiendo puerta cristales, no consiguiéndolo por resultar heridos con fragmentos de los mismos [...]. (apud HERNÁNDEZ GARCÍA, 1990, p.106). Los legisladores republicanos se encontraron ante el apremiante problema de repatriar inmigrantes en la más absoluta indigencia a partir de una legislación migratoria que en estas circunstancias extraordinarias se había quedado obsoleta. La reglamentación de los artículos repatriadores de la ley migratoria vigente experimentó a partir de entonces algunos cambios, en respuesta al fuerte descenso del flujo migratorio desde España, flujo al que estaba ligado, como se ha dicho, el cálculo de los pasajes subvencionados. Una primera medida del Gobierno provisional, ante la creciente repercusión que esta situación 220 estaba teniendo en la opinión pública, fue el traslado de competencias desde el Ministerio de Trabajo al de Estado, con el fin de maximizar la coordinación de este último con su servicio exterior para gestionar los retornos. Para efectuar las repatriaciones al alcance de un presupuesto cada vez más escaso, la administración republicana se sirvió en un primer momento de la legislación anterior, esto es, la repatriación a mitad de precio de un veinte por ciento de los emigrantes transportados a la ida en cálculos trimestrales. El exiguo número de salidas verificadas después de la crisis, las diferencias entre las compañías navieras y los cónsules en cuanto al cumplimiento del servicio de repatriación y, sobre todo, el aumento espectacular del número de inmigrantes que solicitaron su repatriación desde distintos puntos de la geografía americana, llevó a idear un nuevo procedimiento de liquidación del coste de los medios pasajes a las compañías que se pondría en marcha en enero de 1933 y dejaría en manos de los inspectores de cada puerto y los consignatarios de los buques, a partir de las listas cerradas de pasajeros, el cálculo de los pasajes bonificados de retorno. Estos bonos serían válidos para repatriaciones normales a mitad de precio, pero en casos de estricta necesidad podrían utilizarse dos de ellos para completar pasajes enteramente gratuitos o traspasarlos de un consulado a otro donde hubiera mayor necesidad (GIL LÁZARO, 2015, p. 211-212). A pesar del mayor control burocrático que se trató de imponer con el sistema de bonos no se pudo evitar que las empresas navieras evadieran su obligación siempre que pudieran y también que aparecieran casos de fraude con los pasajes. En todo caso, el principal problema del artículo repatriador era su ligazón inversamente proporcional al flujo migratorio y esto no cambió con la nueva reglamentación, de modo que la financiación siguió siendo insuficiente para abordar la situación de emergencia de los emigrantes. Las respuestas del ejecutivo ante las interpelaciones en las Cortes insistían, una y otra vez, en que el Estado carecía de fondos para poder cubrir las necesidades de las repatriaciones. En realidad, la gestión consular de los pasajes se efectuó en estrecha colaboración con las comunidades migratorias organizadas en comités de repatriación, como ya vimos, las cuales tomaron partido y mostraron una actitud proactiva con el fin de recaudar fondos para efectuar las repatriaciones. Buena parte de la financiación provino, en definitiva, de la iniciativa privada y sobre todo de las arcas de las asociaciones de inmigrantes españoles bien establecidos en los países americanos. 221 3. Vientos de guerra El verano de 1936 se iniciaba en España con un nuevo Gobierno de Frente Popular. La victorial electoral de febrero no había apagado, más bien al contrario, la oposición de aquellos que ya sólo confiaban en el golpe de Estado para derrocar a la República. La sublevación militar iniciada el 18 de julio daría paso a una cruenta guerra civil con importantes frentes exteriores, cada vez más definidos por la tensión fascismoantifascismo. La situación internacional y la intervención externa condicionarían el desarrollo de una guerra que dividió no sólo a los Gobiernos de las grandes potencias en su actitud ante los beligerantes, sino que separaría intensamente a la opinión pública internacional. El apoyo a la República integraría a demócratas e izquierdistas de todo cuño, mientras que entre los partidarios de los rebeldes se encontrarían temerosos de la revolución, conservadores y antiliberales, que en América Latina encontraban en el anticomunismo y la hispanidad un elemento de identificación común con los franquistas, así como los abiertamente simpatizantes con el fascismo o la fascistización de la política. El frente abierto ante los Gobiernos de las grandes potencias pronto se mostraría contrario a los intereses del legítimo Gobierno español, pues las posiciones no intervencionistas británicas pronto fueron seguidas por Francia y Estados Unidos y concretadas en el Comité de No Intervención creado en septiembre de 1936. Ante esa neutralidad de las democracias occidentales reaccionarían rápidamente las potencias fascistas, que aprovecharon la oportunidad para ayudar a los rebeldes a superar el fracaso del golpe de Estado y a convertir el conflicto en una larga guerra de la que saldrían victoriosos (SAZ, 2021, p. 150). La Unión Soviética sería, junto con México, el único Estado que contribuiría a la supervivencia de la República con más que apoyo diplomático. Y todo ello ante la habitual inoperancia de la Sociedad de Naciones, insensible a las denuncias de la intervención extranjera en España que la representación mexicana expondría reiteradamente desde septiembre de 1936 (OJEDA, 2006, p. 774; SÁNCHEZ ANDRÉS y HERRERA, 2011). En el frente latinoamericano, las posiciones ante el conflicto dependerían de la naturaleza del Gobierno y de su temor a la contaminación que en la política interna podría generar la radicalización del proceso español, de su sensibilidad a la influencia neutralista norteamericana y británica, así como, en menor medida, de la presión que podía ejercer una colonia de emigrantes españoles tan dividida como su tierra natal. Así, la República tenía que emplearse a fondo para lograr apoyos diplomáticos y financieros en un contexto 222 en el que predominaban los que la identificaban con la revolución y el peligro comunista, superando los muchos inconvenientes que creó la generalizada desafección de sus diplomáticos. Y es que, a las pocas semanas del inicio de la guerra, las embajadas habían quedado exclusivamente en manos de los embajadores políticos ante la manifestación de fidelidad a los rebeldes de la mayoría de su personal. Igualmente, el 75% de los Jefes de Misión en América rompería rápidamente su compromiso con la República, en sintonía con lo que estaba ocurriendo en todo el Servicio exterior del Ministerio de Estado (TABANERA, 1996, p. 260; VIÑAS, 2010, p. 268). Muchos de ellos se convertirían en los representantes oficiosos de los rebeldes, contando con sedes diplomáticas y personal con los que iniciar su trabajo de propaganda y captación de apoyos, sin que su sustitución por personal leal a la República a partir del verano de 1937 pudiera ser rápida y muy eficaz. Entre tanto, los Gobiernos latinoamericanos se habían posicionado ya ante el conflicto español, en clara sintonía con sus bases políticas e ideológicas. Así, las dictaduras militares de Guatemala y El Salvador reconocerían tempranamente al Gobierno rebelde de Burgos el 8 de noviembre de 1936, diez días antes que Alemania y Italia, seguidos rápidamente por la dictadura nicaragüense antes de terminar ese mes. Hasta las semanas previas al fin de la guerra y tras la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, no se producirían nuevos reconocimientos, ya en los días de febrero y marzo de 1939 previos o posteriores al reconocimiento británico y francés del 27 de febrero. En definitiva, once republicanas latinoamericanas reconocerían al Gobierno de Franco antes de finalizar el conflicto, uniéndose a las tres centroamericanas Uruguay, Perú, Bolivia, Venezuela y Argentina en febrero y Paraguay, Brasil y Ecuador en marzo de 1939. Algunas otras esperarían a la declaración oficial del fin de la guerra del 1 de abril para romper definitivamente con la República, siguiendo la estela de los Estados Unidos (2 de abril), como harían a mediados de ese mes Chile y, más tardíamente Cuba, en mayo. La gran excepción sería México, que mantendría sus relaciones con la República en el exilio, sólo reconociendo al Gobierno de Madrid en marzo de 1977 tras la muerte del dictador, la ruptura previa y pactada con el Gobierno republicano en el exilio, auto disuelto el junio siguiente, y el inicio de la transición democrática en España (Sánchez Andrés y Pérez Herrero, 2015, p. 195). La ayuda del régimen de Lázaro Cárdenas durante la guerra no se circunscribió solo a la Sociedad de Naciones, sino que se concretó también en ayuda material (armas y municiones, alimentos, etc.) y diplomática en el ámbito americano, al defender los intereses españoles ante países donde la República ya no tenía 223 representación, por falta de personal o por ruptura temporal de las relaciones, casos de Panamá, Perú, Ecuador y Uruguay. Este compromiso cardenista con la República, que tuvo que soportar una intensa crítica interna procedente de sectores profranquistas que equiparaban al cardenismo con el comunismo o el anticatolicismo, con los que también identificaban a la República, no se debió sólo a la simpatía entre regímenes reformistas, sino que se alimentaba, así mismo, del deseo mexicano de mantener una política exterior autónoma sobre los principios de la seguridad colectiva de las pequeñas potencias frente a las grandes. Y sobre esos principios se mantuvo su reconocimiento de la Segunda República durante el franquismo, convertido en ejemplo de la supuesta firmeza y moralidad de una política exterior que podía presentarse, tanto en el interior como en el exterior, como elemento de legitimación de los sucesivos Gobiernos del PRI (SOLA AYAPE, 2011, p. 275). Con los extremos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por su temprano reconocimiento de los rebeldes, y de México, con su larga fidelidad a la Segunda República, el resto de las repúblicas latinoamericanas se mantuvo en un neutralismo o prescindencia ante el conflicto, que no ocultaba en la mayoría de los casos una abierta inclinación en favor de los rebeldes. Así, el Gobierno de Getulio Vargas, autoritario y anticomunista, mantuvo una “neutralidad” formal, que no impeda el envo de ayuda económica o de alimentos a la zona rebelde, la persecución en Brasil de los grupos de apoyo a la República, la expulsión de enviados republicanos, como el vicecónsul en Sao Paulo José Rodríguez Barbeito, o el aliento a la propaganda de los profranquistas (IZEPE DE SOUSA, 2009, p. 55-69). En Argentina, donde la colonia española era más numerosa, la polarización se extendió intensamente en toda la política y la sociedad, mientras el Gobierno de Agustín B. Justo se mantena oficialmente “prescindente” ante la guerra en España, al mismo tiempo que mostraba sus simpatías por los rebeldes (QUIJADA, 1991, p. 25; ROMERO, 2011). Similares beneficios obtenían los rebeldes del Gobierno del coronel Fulgencio Batista en Cuba, que recibió con tolerancia a un representante oficioso del Gobierno de Burgos en 1937 (NARANJO, 1988, p. 145), al igual que fueron recibidos otros enviados rebeldes en Chile, Argentina o Uruguay, donde realizaban sin mucha oposición labores de propaganda y de obtención de recursos. Con escasos mecanismos de defensa ante el desmantelamiento inicial del aparato del Estado, la desafección generalizada del personal del servicio exterior y la distancia, tanto física como política, de la mayor parte del cuerpo diplomático destinado en España 224 en 1936, que en su mayoría se había trasladado en pocas semanas al sur de Francia, los sucesivos Gobiernos de la República debieron resolver algunos espinosos asuntos con los Gobiernos americanos. El primero surgió de las propuestas de mediación en el conflicto de algunos países latinoamericanos desde 1936 y que, en algún caso, no ocultaban del todo la pretensión de mejorar la condición de los rebeldes, al suponer implícitamente el reconocimiento de su estatus de beligerante, siendo así rechazadas por la República. Por ello, la nueva propuesta uruguaya de agosto de 1937 tampoco tendría seguimiento, ni por parte del embajador norteamericano Charles G. Bowers, abiertamente prorrepublicano, ni por parte de otros gobiernos, como el argentino. Ya con la derrota en el horizonte, sería el Gobierno republicano el que intentaría extraoficialmente contar con una mediación americana en el final del conflicto, aprovechando la misión de Indalecio Prieto en Chile para asistir a la toma de posición del nuevo presidente Pedro Aguirre Cerdá, y que debería concretarse en la VIII Conferencia Panamericana de Lima de diciembre de 1938. Nuevamente, la reticencia generalizada a inmiscuirse en los asuntos europeos y la previsión de una próxima victoria rebelde provocó el fracaso de esta última pretensión (TABANERA, 1996, p. 284-288). Más tensión generó entre el Gobierno republicano y el de algunas republicas americanas el derecho de asilo, aplicado por las legaciones extranjeras en Madrid por razones humanitarias, para proteger a aquellos que huían de la guerra o de la represión que afectó, también por momentos indiscriminadamente, a los considerados amigos de los rebeldes. La presencia de 11.130 refugiados en las representaciones diplomáticas extranjeras, en un elevado número en las de Estados americanos, generaría no pocas tensiones y usos interesados por todas las partes implicadas (Moral Roncal, 2008). En principio, desde la República se aceptaría la legalidad del derecho de asilo, aunque se protestase por su mal uso en ciertos casos, argumentando que el refugio se concedía a quien no lo precisaba o a quien lo usaba con intenciones quintacolumnistas. A. Núñez Morgado, embajador de Chile en Madrid, se convertiría como Decano del Cuerpo Diplomático en el principal interlocutor sobre este asunto, cuya resolución para el ministro Julio Álvarez del Vayo sólo pasaba por acuerdos bilaterales, como los obtenidos para permitir la salida de los asilados de las embajadas de Argentina y México a principios de 1937. Frente a esa postura, usada por el Gobierno republicano para poder dificultar la salida de los refugiados y forzar el mantenimiento de relaciones diplomáticas con Gobiernos que podían tener la intención de reconocer al Gobierno de Burgos, Núñez 225 Morgado quiso convertir la resolución en un asunto multilateral con la participación de la Sociedad de Naciones, con el negativo efecto sobre la imagen de la República. No siempre la estrategia republicana de contención serviría, como ante situaciones como la producida tras el allanamiento del consulado de Perú en Madrid en marzo de 1938, que provocó la definitiva ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y la España republicana. Aunque el derecho de asilo complicó las relaciones del Gobierno republicano con algunas representaciones diplomáticas, lo cierto es que la presencia de centenares de asilados en ellas se convirtió en uno de los pocos recursos eficaces que podía emplear un régimen, acosado y denostado, para mantener el reconocimiento diplomático de algunos Gobiernos latinoamericanos cuya prescindencia estaba condicionada por una evidente afinidad con los rebeldes. Una afinidad que permitiría el despliegue de múltiples actividades de los grupos profranquistas, tanto españoles como latinoamericanos, que fueron fortaleciéndose a medida que avanzaba el conflicto. Un conflicto que alentó entre las colonias de emigrantes una movilización visible en todos los ámbitos de socialización, desde las asociaciones étnicas y las organizaciones partidarias, a la vida cotidiana. Las batallas, no solo dialécticas, que mantenían los prorrepublicanos asiduos al café Iberia de la Avenida de Mayo de Buenos Aires y los prorrebeldes del café España de la acera opuesta (ROMERO, 2011, p. 20) simbolizan la división que atrapó a los españoles, también en América, y que no concluyó con la derrota militar de la Segunda República española en abril de 1939, aquella “niña bonita” de breve y trágica vida. Bibliografía ALCALÁ ZAMORA, N. Discurso del Presidente del Gobierno Provisional. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 10, p. 168-175, 28 de julio de 1931. ALMONACID, F. Españoles en Chile: reacciones de la colectividad frente a la República, Guerra Civil y Franquismo (1931-1940). Revista Complutense de Historia de América, v. 30, p. 149-185, 2004. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. La emigración de los años treinta. In VIVES, P.; VEGA, M. J.; OYAMBURU, J. (coords.). Historia general de la emigración española a Iberoamérica, v. 1, Madrid: Historia 16, 1992, p. 435-460. DELGADO, L. De la regeneración intelectual a la legitimación ideológica: la política cultural exterior de España (1921-1945). Spagna contemporanea, n. 6, p. 51-71, 1994. DELGADO, L. La política latinoamericana de España en el siglo XX. Ayer, n. 49, p. 121160, 2003. 226 DELGADO, L.; CALLEJA, E. Identidad española y proyección trasatlántica. América Latina en clave española. Nuova Rivista Storica, v. LXXV, p. 267-302, 1991. DEVOTO, F. Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2002. DÍEZ-CANEDO, A. Enrique Díez-Canedo, Buenos Aires, 1936: Selección de cartas recibidas. Olivar, año 11, n. 14, p. 129-147, 2010. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4503/pr.4503.pdf. EGIDO, M. A. La concepción de la política exterior durante la Segunda República. Madrid: UNED, 1987. FERREYRA, A. N. Entre republicanos y escépticos, Los inmigrantes españoles en Buenos Aires ante la proclamación de la II República. Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, n. 72, p. 131-161, 2020. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870719X2020000200131 GARCÍA, H. Las utopías de la diplomacia. Julio Álvarez del Vayo y la construcción de la amistad hispano-mexicana (1931-1933). In PÉREZ LEDESMA, M. (ed.). Trayectorias trasatlánticas (siglo XX). Personajes y redes entre España y América. Madrid: Polifemo, 2013. p. 249-292. FERNÁNDEZ VICENTE, M. J. El estado español y la emigración, 1880-1985. In ESCRIVÁ CHORDÁ, M. Á.; BERMÚDEZ, A.; MORAES MENA, N. (eds.). Migración y participación política. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, p. 265-295. GARCÍA DELGADO J. L.; JIMÉNEZ, J. C. Un siglo de España. La economía. Madrid: Marcial Pons, 1999. GIL LÁZARO, A. Inmigración y retorno. Los españoles en México, 1900-1936. Madrid: Marcial Pons, 2015. GIL LÁZARO, A. Financiación y gestión de la repatriación de inmigrantes españoles entre 1907 y 1936. Hispania, v. LXXIV, n. 247, 2014, p. 465-494. GONZÁLEZ CALLEJA, E.; COBO ROMERO, F.; MARTÍNEZ RUS, A.; SÁNCHEZ PÉREZ, F. La Segunda República española. Barcelona: Pasado & Presente, 2015. HERNÁNDEZ GARCÍA, J. P., Acerca de la repatriación de españoles de Argentina y Uruguay (circa 1930-1932). In X Jornadas de Estudios Canarias-América. Los canarios en el estuario del Río de la Plata. 16-27 de octubre de 1989. Santa Cruz de Tenerife: Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1990, p. 99-115. HERNÁNDEZ, J.; HERNÁNDEZ, M. Cuba, crisis económica y repatriación. Anuario de Estudios Atlánticos, n. 39, p. 583-610, 1993. IZEPE de SOUZA, I. Caminhos que se cruzam: as relações históricas entre Brasil e Espanha (1936-1960). Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofía, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2009. Disponible en: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-26042010100713/publico/ISMARA_IZEPE _DE_SOUZA.pdf. MACÍAS MARTÍN, F. J. Cuba, crisis política, crisis económica. Tegueste: Baile del Sol, 2002, p. 292-357. 227 MALUQUER DE MOTES, J. La incidencia de la Gran Depresión y de la Guerra Civil en la población de España (1931-1940). Una nueva interpretación. Revista de Demografía Histórica, v. XXV, n. II, p. 131-166, 2007. MARTINEZ RIAZA, A.; MORENO, A. Al servicio de la República: la acción exterior de España en el Perú, 1931-1936. Revista de Indias, v. LXVII, n. 241 p. 713-762, 2007. Disponible en: https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/29 MITCHELL, B.R. International Historical Statistics: Europe 1750-1993. London: MacMillan Reference LTD, 1998. MORAL RONCAL, A. M. Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil española. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008. NARANJO, C. Cuba. Otro escenario de lucha. La guerra civil y el exilio republicano español. Madrid: CSIC, 1988. NARANJO OROVIO, C.; MORENO CEBRIÁN, A. La repatriación forzosa y las crisis económicas cubanas: 1921-1933. Arbor, n. 536-537, p. 203-230, 1990. JAÉN, A. La lección de América. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2005 (facsímil 1934). NEILA, J. L. La política exterior de la España republicana (1931-1936): excepcionalismo y normalidad republicana. Studia Histórica. Historia contemporánea, v. 22, p. 47-83, 2004. NIÑO, A. La II República y la expansión cultural en Hispanoamérica. Hispania, v. LII/2, n. 181, p. 629-653, 1992. OJEDA, M. El frente diplomático. Defensa mexicana de España ante la Sociedad de las Naciones. Foro Internacional, v. XLVI, N. 4, p. 762-791, 2006. PÉREZ PRENDES, J. M. El marco legal de la emigración española en el constitucionalismo, Gijón, Archivo de Indianos, 1993. PLA, D. La presencia española en México, 1930-1990. Caracterización e historiografía. Migraciones y Exilios, n. 2, p. 157-188, 2001. QUIJADA, M. Aires de República, Aires de Cruzada: La guerra civil española en Argentina. Hospitalet de Llobregat: Sendai, 1991. ROMERO, L. A. La Guerra Civil Española y la polarización ideológica y política: la Argentina 1936-1946. Anuario colombiano de historia social y de la cultura. v. 38, n. 2, 2011, p. 17-37. SÁNCHEZ ALONSO, B. Las causas de la emigración española (1880-1930). Madrid: Alianza, 1995. SÁNCHEZ ALONSO, B. La política migratoria en España. Un análisis de largo plazo. Revista Internacional de Sociología. La inmigración en España: Perspectivas innovadoras. Monográfico n. 1, p. 243-268, 2011. SÁNCHEZ ANDRÉS, A. y HERRERA, F. Contra todo y contra todos. La diplomacia mexicana y la cuestión española en la Sociedad de Naciones, 1936-1939. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2011.