Entre la monarquía y la república. Periodismo y política en la España del Sexenio Democrático

ENTRE LA MONARQUÍA Y LA REPÚBLICA. PERIODISMO Y POLÍTICA EN LA ESPAÑA DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO José Enrique Lorite Luque y María José Ruiz Acosta Resumen El siglo XIX español constituye para el historiador de la prensa una etapa única en la que poder analizar modelos, tendencias y estilos varios de la comunicación impresa. Es, además, la centuria en la que conceptos como libertad de expresión, de imprenta y de prensa toman carta de naturaleza legal amén de cuerpo en la sociedad. El aterrizaje de una nueva etapa, conocida como Sexenio Democrático, abre la puerta a una pluralidad ideológica donde la política comienza a interesar al ciudadano. Las legislaciones relativas a la imprenta reforzarán este nuevo espíritu. Estas beneficiarán a la prensa pero también a los interesados en conocer, ahora sin censura, el estado de España y las consecuencias que acarrean las decisiones políticas de los miembros de las cortes. Abstract: For the historian of the press, the nineteenth century in Spain represents a single stage in which different patterns, trends and styles of printed communication can be easily analyzed. It is also the century in which concepts, such as freedom of expression, printing and press, take legal nature and real presence in society. The landing of a new stage, known as the Democratic six-year Period, opens the door to an ideological pluralism where politics begins to interest the citizen. The laws relating to printing will reinforce this new spirit. These will benefit the press but also those interested in knowing, now uncensored, the state of Spain and the consequences that the political decisions of the members of the courts entail. PERIODISMO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX Intentar dilucidar qué concepto existía del periodismo en la España del siglo XIX exige que partamos de lo que supuso, a comienzos de dicha centuria, la aprobación de la Constitución de 1812. Cimiento del liberalismo hispano, la carga magna puso punto y final al Antiguo Régimen basado en el absolutismo real y la estructura estamental de la sociedad, dando paso a un nuevo sistema pensado para transformar y modernizar al país. Amén de desterrar la arbitrariedad y el despotismo, imponer la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la Pepa reconoció el concepto de publicidad en su artículo 371; convirtió de este modo a la libertad de prensa en la base y el fundamento de todos los demás derechos, así como en uno de los medios más adecuados para procurar la renovación del estado. La consecuencia más inmediata de la aceptación de tal principio en el nuevo sistema liberal sería la emergencia del periodismo político (la información como cuarto poder), modalidad que relegó a un segundo plano los temas literario-culturales que tan frecuentes fueron en los impresos durante el XVIII. La nueva función de la prensa le permitió alcanzar un auge sin precedentes, sobre todo cuando tal esquema se consagre hacia la mitad de la centuria. El marcado carácter doctrinario de semanarios y diarios contribuyó, pese a las reticencias de algunos dirigentes políticos, a que la libertad de prensa facilitara el ejercicio de las restantes libertades públicas; igualmente, a que se incrementara el flujo de las informaciones críticas, en especial si iban dirigidas contra el poder. Desde esos años, los impresos editados jugaron un destacado papel dentro de la construcción de un imaginario social, contribuyendo de manera decisiva a la configuración de una etapa donde la creciente soberanía popular era informada de lo que sucedía en las elites del poder; además, el conjunto de cabeceras se difundieron progresivamente entre sectores más amplios de la población, lo que ayudaría a la consolidación del sistema político liberal en España. LOS NUEVOS PROTAGONISTAS DE LA COMUNICACIÓN La legislación contenida en la primera carga española contribuyó sobremanera a que la prensa sirviera de canal de difusión de las distintas fuerzas políticas en formación; igualmente, a que la opinión pública libre alcanzara un mayor grado de desarrollo. Ambos objetivos se consiguieron en la medida en que los distintos grupos o sectores ideológicos comenzaron a difundir sus principios a través de los distintos órganos periodísticos editados durante esos años. Veamos sus notas. Habida cuenta de la convulsa vida política existente en España en las primeras décadas del XIX, la principal función de los periódicos consistió en acreditarse como instrumento de combate de cada una de las fuerzas que estaban surgiendo en el país. De ahí que cada partido aspirara a poseer un medio (habitualmente en la capital) y que no hubiera líder o representante que no interviniera en la prensa ejerciendo la función de periodista. Totalmente politizada y dividida entre los distintos credos imperantes, la propaganda de las doctrinas de cada sector constituyó el cometido principal de estos impresos. De ahí el enfrentamiento (en ocasiones, durísimo) entre las distintas cabeceras y el empleo de un lenguaje intemperante e incluso difamatorio. Al objeto de alcanzar a la mayor parte de la población y de sentar las bases del liberalismo, la prensa se diversificó en distintas cabeceras, portavoces de todas las corrientes existentes en aquel momento. La superabundancia de títulos, sin embargo, no se correspondía con la cantidad de compradores, lo que llevó a productos de vida efímera. A ello se sumaría el amateurismo de muchos publicistas que, escasamente preparados, explican la precariedad de la mayoría de los periódicos fundados en esas décadas. Normalmente pluriempleados, los periodistas del siglo XIX consideraban a la prensa como una actividad vocacional y no una ocupación que conllevara una contraprestación material. A tal fragilidad contribuyó, asimismo, el que diarios y semanarios fueran productos caros en su confección y que no proporcionaran beneficio económico a sus promotores, pues de los mismos sólo se esperaba que adoctrinaran a su público. Pese a los inconvenientes reseñados, la prensa política se abrió paso rápidamente, ofreciendo desde los primeros momentos una riqueza extraordinaria. Sirvan de ejemplo cabeceras como las siguientes: -Semanario patriótico. Promotor de las ideas liberales por excelencia, presentaba su contenido dividido en tres áreas: noticias, política y literatura. Llegó a alcanzar los 2.000 suscriptores en las tres etapas que tuvo: en Madrid, Sevilla y Cádiz. Su exacerbado patriotismo resultaba patente incluso en las informaciones, donde el objetivo lo constituía la creación de una opinión pública favorable a la idea de soberanía nacional. -El Conciso. De contenido más polémico, burlesco y satírico que el anterior, llegó a ser, con más de 2.000 ejemplares, el periódico de mayor tirada. En 1814, la publicación más popular del momento pasó a editarse en Madrid, abandonando Cádiz, la ciudad donde Gaspar María de Ogirando lo había fundado cuatro años antes. El combativo periódico se caracterizó por su lucha a favor de los principios liberales que ayudaron a la redacción de la Constitución de 1812. Aunque de pequeño tamaño (no superaba las 8 páginas), la información suministrada sobre las medidas liberales adoptadas en las cortes quedaba completada por una gran cantidad de suplementos, entre los que destacaba El Concisín. -La Abeja Española. Representa un claro ejemplo del periodismo satírico político que tan amplio cultivo tuvo a lo largo del siglo XIX en la ciudad de Cádiz. Fueron muy populares sus sátiras contra la Inquisición, a la que llamaba ‘Freidero’, ‘Tostadero’ o ‘Santa Chicharra’. Editado por Bartolomé José Gallardo y Mejía Lequerica entre 1812 y 1814, este semanario anticlerical se trasladó a Madrid en agosto de 1813 donde tomó el nombre de La Abeja Madrileña. -El tribuno del pueblo español. Álvaro Flórez Estrada fue el responsable de este órgano liberal que, inspirado en Le Tribune du Peuple de Babeuf, se editó entre 1812 y 1814. Su tono radical (bisemanalmente ofrecía artículos antirreligiosos y antimonárquicos) provocó el que Fernando VII condenara a su editor a la pena capital. -El Robespierre español. Creado por Pedro Fernández Sardinó en 1811, su edición apenas alcanzó el año de existencia. El Robespierre abanderaba la defensa del pueblo en su lucha contra la aristocracia, razón por la cual llegó a justificar el crimen contra Matías Vinuesa, un absolutista asesinado a martillazos por un grupo de exaltados. Su radicalismo, igualmente, provocó la detención de su editor en 1811 por atacar al ministro de la Guerra. Los citados títulos ponen de manifiesto la existencia de un incipiente periodismo doctrinario que alcanzó pleno protagonismo a lo largo del siglo XIX. De suyo, la formación de los partidos a lo largo de esas décadas animó a que diarios y semanarios se convirtieran en órganos imprescindibles de aquéllos en su lucha por el poder; de ahí que la prensa fuera apreciada en su doble faceta: como órgano de comunicación a nivel interno (entre afiliados y simpatizantes) y externo (de cara a la opinión pública). La necesidad de cada una de las fuerzas políticas por acrecentar su presencia a través del papel, difundiendo sus principios mediante órganos que eran afines a los ideales que defendían, contribuyó al predominio de esta prensa de partido hasta 1874, momento en el que el beneficio de índole ideológica (que había constituido la razón de ser de las publicaciones existentes) dio paso a otro basado fundamentalmente en el logro de rendimientos económicos. Hasta ese momento, la complejidad del parlamentarismo hispano hizo difícil el asentamiento de un esquema (el del nuevo periodismo) que lideraba la estructura informativa en las principales naciones occidentales EL PERIODISMO POLÍTICO DURANTE EL SEXENIO DEMOCRÁTICO Resulta lógico pensar que las circunstancias vividas durante los últimos años del reinado de Isabel II propiciaron el predominio de la modalidad periodística anteriormente descrita. Recordemos los hechos acaecidos. En 1863 la crisis de la monarquía isabelina resultaba a todas luces patente; en especial en el campo político donde parecía imposible ensanchar los cauces de participación y vencer los obstáculos que, durante décadas, habían bloqueado la entrada de nuevas fuerzas en el parlamento. Las manifestaciones externas de tal oposición tomaron cuerpo en reiteradas conspiraciones militares; de suyo, ejemplos de la inestabilidad permanente de un sistema que obligaría al gobierno a adoptar medidas represivas. Tras las fallidas tentativas de Prim en 1864, al año siguiente se produjeron los graves sucesos de la ‘Noche de San Daniel’, el primer alboroto estudiantil universitario sucedido en España. Consecuencia de la destitución de Castelar de su cátedra por la publicación del artículo ‘El rasgo’, en el que criticaba duramente a la Reina, al mismo le seguiría, en enero de 1866, el fracasado pronunciamiento de Prim en Villarejo de Salvanés; cinco meses después, el de los sargentos de madrileño Cuartel de San Gil. La crisis económica bursátil iniciada ese año y la de subsistencias de los siguientes incrementaron el descontento social y la oposición al régimen. Progresistas y demócratas crearon un centro revolucionario permanente alrededor de Prim, con el único objetivo de derribar a los Borbones. Como resultado de la situación descrita, en septiembre de 1868 se inició en Cádiz la revolución impulsada por unionistas, progresistas y demócratas que acabó con la monarquía isabelina. Significó una clara ruptura (política, social, cultural) con la etapa anterior; igualmente, una profunda revisión de lo existente y la constatación de que se ansiaban nuevos aires en todos los órdenes de la vida. La sublevación, conocida como la Septembrina, se extendió con rapidez por el país donde pronto se formaron Juntas revolucionarias provisionales que en sus proclamas reprodujeron mayoritariamente las peticiones democráticas que habían inspirado el pronunciamiento militar gaditano: afirmación de las libertades fundamentales (imprenta, enseñanza, asociación y reunión), separación iglesia-estado, abolición de las quintas, de los derechos de puertas y consumos y de la pena de muerte y elección de unas cortes constituyentes que redactasen una nueva constitución. Tras la celebración de los comicios municipales (los primeros que contemplaron el sufragio universal masculino), las cortes se abrieron el 11 de febrero de 1869, quedando constituidas el 22 bajo la presidencia de Nicolás María Rivero. Unos meses más tarde, el 6 de junio, se proclamó la Constitución que ha sido considerada, junto a la de 1812, como la más democrática y liberal de todas las promulgadas en España en el siglo XIX. 1868: ECOS DE LIBERTAD EN LAS CABECERAS Tras la caída de la monarquía, las Juntas revolucionarias tuvieron un papel decisivo en lo relativo a las leyes de prensa. Poco después de la proclamación del manifiesto revolucionario en Cádiz, aquéllas emitieron varios avisos en los que mostraban, entre otros principios, su compromiso con la libertad de prensa. La Junta revolucionaria de Sevilla expuso en la primera de sus proclamas, concretamente en el artículo número 2, lo siguiente: ‘La libertad absoluta de imprenta, sin depósito, fianza ni editores responsables y solo con sujeción a las penas que marca el Código por los delitos de injuria y calumnia’. Por su parte, la Junta de Málaga pediría el 25 de septiembre de 1868 la libertad de imprenta sin depósito, fianza ni editor responsable. En cuanto a la de Madrid, el 7 de octubre emitió un manifiesto donde recogía su contribución ‘para que el gobierno provisional fuera la personificación de una Revolución que aspira a levantar, por medio del ejercicio de soberanía nacional, el edificio permanente e incontrastable de las públicas libertades’. A mediados del mes de octubre, Antonio Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia, dictó que los tribunales acordaran ‘el sobreseimiento en todas las causas que ante los mismos dependían por delitos cometidos por medio de la imprenta y que no hubiesen sido incoados a instancias parte’. El Decreto de 23 de octubre de 1868 dio un paso más para proteger la libertad en el campo periodístico al recoger que ‘el periódico en España es el libro del obrero, y en él se encuentra la pauta de sus derechos, así como la norma de sus obligaciones’. Como corolario, el artículo 17 de la Constitución de 1869 afirmaría que todos los ciudadanos tenían derecho a emitir libremente sus pensamientos por medio de la imprenta, sin sujeción a censura ni a ningún otro requisito previo. Además de las garantías incorporadas en la nueva carta magna (que reconocía igualmente las libertades de asociación, de reunión, de enseñanza o culto), un conjunto de disposiciones posteriores abrieron la puerta a la despenalización de las ofensivas a la corona, eliminaron el sometimiento al depósito previo o permitieron adoptar medidas favorables para los impresos, tales como el abaratamiento del papel y la reducción de derechos del timbre. Trasunto del marco legal expuesto, durante esos años predominó una prensa que, sin cortapisas ni censuras, se hizo eco del debate político imperante. Sirva de ejemplo el que ya en octubre de 1868 la prensa progresista y republicana que había estado suspendida resurgiera con inusitada fuerza. El resultado de ese espíritu se tradujo en la proliferación de diarios, semanarios y revistas que se despojaron de las mordazas que los había atenazado durante las décadas previas. A lo anterior se sumó el creciente interés de los periódicos por intervenir en las labores de gobierno, lo que se tradujo en la conversión de muchos de ellos en portavoces de las distintas fuerzas políticas o de sus líderes. De hecho, los principales prohombres del momento (Figuerola, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Prim, Serrano, Topete, López Ayala, Romero Ortiz o Lorenzana) contaron con sus respectivos órganos de prensa. A tenor de lo expuesto, acierta plenamente Monzón Arribas cuando afirma que, si bien en el siglo XVIII los diarios ‘se convierten en la mejor ayuda para la formación del público político y en el mejor medio para expresar la opinión pública’, en la siguiente centuria ‘prolifera la prensa ideológica, doctrinal y política al servicio de ideales políticos, religiosos y sociales’. Y, como prueba, la investigación de Barrère, quien recoge la progresiva politización de la prensa en torno al estallido revolucionario de 1868. En su estudio, el autor ofrece primeramente los datos referidos al 1 de julio de 1867: al margen de las publicaciones oficiales, editadas por distintas autoridades (111 imprimió tres o cuatro números durante 1869. Defensor de Isabel II, no solamente sirve de muestra para reafirmarnos en la desafección del pueblo ante una publicación que defendía las ideas de la reina destronada; también, como un preclaro ejemplo de márquetin fallido. Especial mención merece La Revolución Española, nacida en Sevilla para dar voz a un inquilino, Antonio de Orleans, quien había ocupado desde décadas anteriores el palacio de San Telmo junto a su esposa, María Luisa Fernanda, hermana de Isabel II. Las conspiraciones del matrimonio, que había convertido a la capital hispalense en la denominada ‘corte chica’, necesitaban de un órgano en una ciudad que sufrió una importante transformación en la segunda mitad del siglo XIX. El diario, uno de los más combativos del momento, tuvo que enfrentarse no solo a los de mayor trayectoria, como La Andalucía y El Porvenir, sino a las cabeceras surgidas para defender otras posturas políticas. Sus principales desencuentros se produjeron contra los de corte republicano. Como hemos indicado, entre los más relevantes se encontraban El Porvenir y La Andalucía. El primero, aunque defensor de la monarquía en la figura de Espartero, en escasas ocasiones mostraría su repulsa por otros candidatos, ya que la línea del medio solía conformarse con la inserción de artículos de otras publicaciones, escaseando los editoriales propios. Un cariz ideológico no tan pronunciado como el del otro longevo diario sevillano, La Andalucía, más combatiente y defensor del republicanismo, revelándose como tal tras la marcha de los Borbones. A diferencia de aquél, éste contenía gran variedad de editoriales donde se presentaba a la familia real destronada como la artífice de la crisis política y económica que atravesaba el país. Una de las revelaciones del momento sería El Anunciador, ‘Diario liberal independiente, de noticias e intereses generales de Comercio y Anuncios’ que, si bien en un principio se ocupaba de la publicación de anuncios, posteriormente se pasaría a la política, con artículos plagados de idas republicanas. Se mantuvo hasta 1879, por lo que siguió difundiéndose durante la Restauración. Otra publicación del momento fue El Diario del Pueblo, que se presentó como ‘Órgano de las clases productoras’. En 1873, La Patria, El Obrero de la Civilización o El Estado Andaluz, diario cantonalista que sucumbió al golpe de Estado del general Pavía, vendrían a engrosar la oferta periodística de la capital hispalense. EL OCASO DEL PERIODISMO POLÍTICO El panorama anteriormente descrito se completó además con la existencia de otros factores que hicieron posible el asentamiento de esta modalidad periodística. Fue el caso de las normativas surgidas durante el Sexenio Democrático. A los manifiestos de las Juntas revolucionarias, citados anteriormente, se añadieron el Decreto de Antonio Romero Ruiz, de 15 de octubre de 1868, y el Decreto-Ley aprobado el 25 de octubre del mismo año por el gobierno provisional, donde, entre otras cuestiones, se suprimía el juzgado especial de imprenta con todas sus dependencias. Posteriores normas permitieron el ejercicio del periodismo sin las presiones a las que antes estaba sometido, coacciones como las elevadas multas que arruinaban a las imprentas o la persecución y amenazas provenientes de las altas esferas. No obstante, lo que se atisbaba como una época dorada para el periodismo merced a la gran cantidad de cabeceras que surgieron se fue ensombreciendo con el transcurso de los años. Así, y aunque legalmente existieran suficientes garantías para que la prensa desarrollara su actividad con relativa independencia, en la práctica resultó muy difícil que pudiera ejercerla. La razón de tal situación se debió, en primer lugar, a los exiguos ingresos provenientes de las ventas, lo que generó un alto índice de cierres. Acostumbrados a considerar a la prensa como un medio de acción política, los lectores no supieron ver que la labor de la imprenta generaba unos gastos que era menester cubrir. Como consecuencia, la corta vida de la mayoría de las publicaciones terminaría convirtiéndose en una constante en unos momentos donde, precisamente, la legislación permitía ensanchar los estrechos márgenes que había impuesto el liberalismo doctrinario vigente en las décadas anteriores. En Sevilla, por ejemplo, existieron 16 títulos en 1867, 15 en 1868, 19 en 1868, nuevamente 18 en 1870, rondando a finales de esta década los 15. Ejemplo de cabeceras que circularon durante escasos meses en la capital andaluza fue La Fraternidad. Fundado como ‘Diario republicano federal’ a mediados de 1873, desapareció al mes de su nacimiento, volviendo a publicarse poco después y terminando por marcharse sin hacer ruido. En 1873 apareció un nuevo órgano carlista en la ciudad, La Boina; mantuvo su subtítulo ‘Pesadilla liberal’ apenas un año. Corta vida tuvo también el satírico La Zurra: surgido a mediados de 1869, publicó su último número a finales de ese año. Defensores del republicanismo fueron La Voz del Pueblo, de apenas un año de vida, y El Centinela del Pueblo, que no superó el mes. El caso más extremo fue el de La Escoba, que solo publicaría un número. Más consecuencias para la información conllevaría, sin embargo, el progresivo endurecimiento de la legislación de prensa e imprenta. Si bien el conjunto de normas aprobadas en el período partía de una concepción democrática de los derechos, la libertad de prensa auspiciada por la Constitución de 1869 fue conculcada en numerosas ocasiones. El proceso se inició con la prohibición de títulos que se produjo tras la insurrección federal de octubre de 1869; lo continuaría un año después la proclamación de la Ley de Orden Público, que permitió la suspensión de numerosas publicaciones, principalmente las de contenido obrero y sindical. Como broche, las persecuciones que sufrieron muchos diarios tras la proclamación de la I República o el establecimiento del régimen presidencialista de Serrano. Para entender tal deriva ha de tenerse en cuenta que los periódicos publicados durante el Sexenio Democrático despertaron fuertes recelos entre los distintos gobiernos que se sucedieron en esos años. Así, pese a la breve vigencia de aquéllos, su escasa paginación, su diseño simplista y sus secciones poco racionalizadas, diarios y semanarios alcanzaron gran eco entre la población. Es por ello por lo que no pasaron inadvertidos en las esferas políticas; mucho más si se tiene en cuenta que la mayoría supeditó su contenido informativo a los objetivos de movilizar a las masas, de mantener el debate político y de propiciar todo género de controversia. Las anteriores medidas provocaron que a finales del Sexenio se asistiera a un fuerte descenso en el número de cabeceras. De los más de cuatrocientos títulos aparecidos a inicios de la etapa pocos alcanzaron la Restauración; por si fuera poco, muchos de sus promotores conocieron el exilio, lo que da una idea de la dificultad de ejercer un oficio que, como el de periodista, volvía a ser acorralado una y otra vez. Especial atención merece a este respecto la evolución seguida por la prensa satírica pues constituyó una de las modalidades informativas que sufriría más reveses y contrariedades. En general, los periódicos satíricos incluían numerosos artículos de temática política, textos en los que eran frecuentes la exageración de los rasgos de los cargos públicos o el ataque a otras corrientes ideológicas e instituciones estatales. Antes del estallido de la Gloriosa, la existencia de una rígida censura hizo prácticamente imposible que la ironía y el sarcasmo se convirtieran en el modus vivendi de cualquier periódico. De admitirse tal recurso era con la condición de que se centrara en aspectos muy concretos de la actualidad y que, lógicamente, no se refiriera al ámbito político. Fue el caso de El Miércoles de Ceniza, aparecido a principios de 1868 con el objetivo de desprestigiar los teatros de Madrid. Otros títulos, por su parte, rebajaban la carga crítica mediante la mezcla de la ironía con otros asuntos; sirva de muestra El Bachiller que, desde 1867 se presentaba a su público como ‘periódico científico, literario y satírico’. Con la aplicación de una legislación más permisiva desde septiembre de 1868, la prensa satírica se adentró en el terreno político, encaramándose a la corriente que consideraba más acorde con sus principios. Por citar algunos ejemplos, en 1869 apareció en Málaga La Avispa, abiertamente republicana, al igual que el cordobés El Cencerro, que pasó desde 1870 a editarse en Madrid, donde gozó de relativo éxito. Sevilla acogió desde mayo de 1868 al semanario La Giralda, de talante moderado; dos años después vio nacer al carlista La Nana, que desaparecería en 1872. En Cádiz vio la luz el alfonsino El Perro de Terranova, al que se sumaron en Zaragoza los carlistas La Batalla y El Abuelo. En Burgos el liberal El Papamoscas se editó entre 1866 y 1870; también liberal fue el vallisoletano El Tío Antón, fundado en 1868. En este mismo año apareció en Santiago de Compostela El Trueno, de corte demócrata; un año después lo siguió el republicano federal El Rayo, impreso en Palma de Mallorca, mientras que los defensores del republicanismo unitario lanzaron Sor Patrocinio desde octubre de 1868. En la capital de España sobresalieron el federal exaltado El Cangrejo, el conservador Don Quijote, el montpensierista El Flaco y el portavoz del alfonsismo Fray Gerundio. La explosión de cabeceras alcanzó tal grado que algunas de ellas aparecieron, más que para defender una ideología, para criticarla. Así sucedió con las barcelonesas El Cañón Krupp o La Cucurulla Roja, que se declaraban abiertamente anticarlistas. Contra Amadeo aparecieron en Madrid El Gabán del Rey, Ángel y El Diablo Azul. Antimontpensierista sería El Paraguas de Montpellier, también con sede en la capital. Curiosa resultó asimismo la fundación de semanarios satíricos contrarios a su denominación; fue el caso de La Gloriosa, que encontraba su razón de ser en la crítica contra el nuevo régimen establecido desde septiembre de 1868. Sus diatribas contra dicho sistema y sus distintas etapas se sucedieron hasta finales de 1874. Dada la coyuntura de la época donde la efervescencia política estaba a la orden del día, no resultó pues extraño que la prensa satírica alcanzara un alto grado de ideologización. El hecho de haber ofrecido otros contenidos habría supuesto no solamente un alejamiento de la tónica predominante durante el Sexenio sino también un distanciamiento de un pueblo ansioso por recibir comentarios y murmuraciones varias. Prueba de la necesidad que éste tenía de acudir a la prensa para orientarse ante los numerosos cambios acaecidos fueron las altas tiradas que alcanzaron algunos hebdomadarios satíricos. Sucedió con la barcelonesa La Campana de Gracia, que desde mayo de 1870 lanzó casi 3.000 ejemplares; a finales de ese año alcanzó los cinco mil, duplicando dicha cifra al término del Sexenio. Redactado en catalán, se enmarcaba dentro del republicanismo. Durante esos años, y a medida que se fueron sucediendo distintas formas de gobierno, el periodismo español encontró graves problemas para su ejercicio en libertad. Y las publicaciones satíricas no fueron una excepción. Sirva de ejemplo el revés que para la libertad de expresión supuso el decreto de 20 de septiembre de 1873. La norma hacía referencia a los gobernadores civiles, quienes pasaron a encargarse de que los periódicos y otras publicaciones no excitaran a la rebelión contra el gobierno constituido o contra las autoridades legítimas; no publicaran actos rebeldes o sediciosos contra el equipo de gobierno; y evitaran incluir noticias sobre levantamientos e insurrecciones. A ello se uniría la Circular de 14 de enero de 1874. Consecuencia del advenimiento de la República unitaria tras el golpe de Estado del general Pavía, el nuevo texto fue el responsable de la supresión de la prensa más radical, carlista y federalista, entre las que se incluyeron numerosos títulos satíricos. El paso a la clandestinidad de muchos de ellos confirmaría los difíciles momentos a los que tanto las publicaciones como sus promotores se vieron abocados. CONCLUSIONES Desde comienzos del siglo XIX la prensa española comenzó a ofrecer ejemplos de una modalidad que hasta ese momento difícilmente pudo desarrollarse en el país. Nos referimos a la prensa de partido. El número de cabeceras surgidas durante esas décadas puso de manifiesto el respaldo prestado por una sociedad ansiosa de expresar y recibir ideas políticas a través de las páginas de diarios y revistas. Una vez destronada Isabel II, la referida modalidad periodística alcanzó su cénit dando lugar a una situación en la que diarios y revistas revalidaron su papel de orientadores de la opinión. Desde 1868, pues, la relación entre política y prensa resultó tan íntima que en muchas de las publicaciones estaba indeleblemente escrito el ideario de un partido político. Y aunque también siguieron publicándose títulos relacionados con otros aspectos, lo cierto es que la política fue el tema predominante; sirva de ejemplo la cuestión monárquica, convertida en esos años en el bastión desde el que defender y atacar a los distintos candidatos y las ideologías que los respaldaban. REFERENCIAS ÁLVAREZ, Jesús T., 1981. Restauración y prensa de masas. Los engranajes de un sistema (1875-1883) (Pamplona: Eunsa). BERNARDO DE ARES, José M., 1981. Ideologías y opciones políticas a través de la prensa a finales del siglo XIX (Córdoba: Diputación Provincial). BARRÈRE, Bernard et al., 1982. 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