¿Importa la desigualdad de la renta? un análisis sobre los determinantes económicos e institutcionales de la política pública social de los países de la Unión Europea

1 ¿IMPORTA LA DESIGUALDAD DE LA RENTA? UN ANÁLISIS SOBRE LOS DETERMINANTES ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Agustín Molina Morales Ignacio Amate Fortes Almudena Guarnido Rueda (Universidad de Almería) ABSTRACT ¿Realizan un mayor esfuerzo aquellos países que presentan problemas más graves de desigualdad? ¿Es la equidad un elemento clave en el diseño de los presupuestos de gasto social? A estas y otras preguntas hemos tratado de responder a lo largo de este artículo. Concretamente, el objetivo de este trabajo es analizar los factores económicos e institucionales que influyen en un mayor menor gasto social en los 27 países que conforman la UE. Para ello hemos utilizado un panel de datos para un período de tiempo de 11 años, y hemos introducido variables adicionales a las generalmente utilizadas como la distribución de la renta, la tasa de pobreza, la ideología del partido gobernante, el índice de libertad económica o la pertenencia a la zona euro. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el modelo estimado es robusto y que el desarrollo económico, la libertad económica o la entrada en funcionamiento del euro han conllevado un mayor gasto social. En cambio, una mayor desigualdad en la distribución de la renta no hace aumentar las partidas de gasto social. PALABRAS CLAVE Distribución de la renta, institucionalismo, gasto social, presión fiscal y población. CÓDIGOS JEL H5, H11, H20, B15, F5, I3 2 1. INTRODUCCIÓN La evidencia empírica muestra que aquellos países que realizan un mayor esfuerzo en gasto social consiguen reducir las desigualdades de renta. Ello nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones como ¿gastan más en política social los países que presentan mayores problemas de desigualdad y pobreza?, ¿es la equidad una causa de la política social o su consecuencia? En este sentido, el presente trabajo pretende contribuir al estudio del comportamiento y los factores determinantes que influyen en un mayor o menor gasto social, a partir del conocimiento ya establecido por la teoría y su contrastación empírica introduciendo, junto a los factores puramente económicos, aquellos parámetros institucionales, geopolíticos y demográficos que pueden ser determinantes para la explicación en el gasto social. Para ello, se ha aplicado un modelo de datos de panel para los 27 países que configuran la Unión Europea durante un período de tiempo de 11 años (desde 1996 hasta 2006, ambos inclusive). La utilización de esta muestra tan heterogénea, ya que incluye países con distinto grado de desarrollo económico y que han experimentado distintos procesos históricos de integración, supone un aspecto relevante, a nuestro entender, en el análisis de la distribución de la renta, ya que son escasos los trabajos empíricos en este ámbito que emplean variables institucionales. A través del modelo que hemos elaborado analizamos los factores determinantes del gasto social distinguiendo entre los económicos y los institucionales, de forma que se pueda discernir entre la influencia de ambos tipos de variables, lo que es el objetivo fundamental de este trabajo. Para ello, hemos introducido una serie de variables adicionales a las generalmente utilizadas como la desigualdad en la distribución de la renta, la ideología del partido gobernante, el índice de libertad económica, la pertenencia a la zona euro o la estructura demográfica. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el modelo estimado es robusto, la calidad del ajuste es buena y mejora al añadir al modelo puramente económico las variables institucionales, geopolíticas y demográficas, y que aquellos países que presentan mayores problemas de desigualdad en la distribución de la renta no tratan de solucionarlo a través de un mayor gasto. Por otro lado, el ser mujer supone un ahorro en gasto social, mientras que las personas mayores y los niños suponen un mayor gasto social. Finalmente, una mayor libertad económica y una menor corrupción también redundan en un mayor gasto social. El trabajo se estructura de la siguiente forma: tras esta introducción, en el apartado 2 se revisan las diversas teorías explicativas del Estado de Bienestar y los factores determinantes del gasto social, distinguiendo y valorando los económicos y los institucionales. Posteriormente, en el apartado 3, se aplica un modelo de datos de panel referido a los 27 países de la Unión Europea para determinar la influencia de las diferentes variables sobre el gasto social. Por último, en el apartado 4 se muestran las conclusiones. 2. MARCO TEÓRICO Existe un amplio consenso acerca de que fue a finales del siglo XIX, en un contexto de crecientes problemas sociales inherentes a la modernización económica, cuando empezó a gestarse el Estado de Bienestar en los países más avanzados. Así, la Alemania de Bismarck ha sido identificada tradicionalmente como el país pionero en desarrollo de 3 la política social, al ser la primera en introducir los seguros sociales de accidentes, enfermedad y pensiones. Sin embargo, estudios empíricos más recientes han revelado que la aprobación de un marco legal de previsión social no siempre implicó avances efectivos en el bienestar de la población. En concreto, Lindert (2004) señaló que el sistema bismarckiano estuvo financiado básicamente por las contribuciones de empresarios y trabajadores y no por las transferencias estatales. La literatura económica sobre los determinantes de la política social es muy extensa. En un intento de sintetizar, podemos señalar que los estudios contemporáneos sobre el Estado de Bienestar moderno arrancan en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, un período marcado por la edad dorada del capitalismo acompañado de un creciente gasto social público. Las primeras investigaciones empíricas concluyeron que el Estado de Bienestar fue fruto tanto de factores económicos como demográficos (Wilensky, 1975). Por un lado, el avance de la industrialización generó nuevas demandas de gasto público al debilitarse las redes de apoyo social basadas en el parentesco y la tradición, típicas de las sociedades agrarias. Dentro de este contexto, el Estado adquirió nuevas funciones para dotar de mayor protección a una población cada vez más dependiente del salario, cuyo bienestar resultaba necesario para garantizar la disponibilidad de mano de obra y mantener el consenso dentro de la compleja sociedad urbana (Kerr et al., 1960). De otro, los procesos de crecimiento económico fueron acompañados de cambios demográficos derivados de la mayor esperanza de vida y del envejecimiento de la población. 1 Desde esta perspectiva, países con niveles de desarrollo similares convergerían hacia niveles de bienestar también parecidos (Rimlinger, 1971). Otros autores, como es el caso de Katzenstein (1985) y Gourevitch (1986), opinan que el principal determinante del gasto social fue el tamaño de la población o del país. Bajo este punto de vista, los Estados europeos más pequeños se mostraron más proclives históricamente a ofrecer protección social, debido a su estabilidad política y a la mayor apertura y vulnerabilidad de sus economías. En términos generales, hay tres variables que son utilizadas en la mayoría de los trabajos empíricos que tratan de explicar el gasto social: el PIB, la tasa de desempleo y la proporción que representan los ancianos sobre el total de la población. Así, Hicks y Swank (1992), Hicks y Misra (1993), Huber, Ragin y Stephens (1993), Huber y Stephens (2001), y Swank (2002) entre otros encuentran una relación positiva entre estas tres variables y el gasto social. En la teoría económica actual también se ha generado un intenso debate sobre el impacto que los procesos de globalización pueden tener sobre las políticas de gasto social. Huberman y Lewchuck (2003) encuentran una relación positiva entre las políticas sociales y el grado de apertura comercial de las economías durante la primera etapa globalizadora (1850-1913). De acuerdo con estos autores, algunos gobiernos, ante la creciente presión de los trabajadores, combinaron medidas de carácter laboral y seguros sociales con el objetivo de defender a los trabajadores de los riesgos que los amenazaban dentro y fuera de la fábrica. Según su análisis, en los países donde había mayor apertura exterior, se establecieron formas de protección más directa como los seguros sociales, 1 El envejecimiento de la población se ha convertido en una variable clave en los análisis históricos del bienestar (Pampel y Wiliamson, 1989; Hicks y Misra, 1993; y Mulligan et al., 2002). Lindert (2004) señala que el “efecto edad” en el periodo previo a la II Guerra mundial puede actuar como proxy de otras variables que tuvieron un efecto positivo sobre las transferencias sociales como el cambio en las ratios vitales (esperanza de vida y fertilidad) y los flujos migratorios que lo causaron. Por otro lado, el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados a finales del siglo XX ha favorecido las transferencias sociales. 4 mientras que en las economías con menor grado de apertura predominaron otras formas de protección más indirecta como la legislación laboral. El efecto positivo de la apertura internacional sobre las políticas redistributivas fue constatado también por varios autores para las últimas décadas del siglo XX. En particular, Rodrik (1998) y Agell (1999 y 2002) señalan que durante este periodo la exposición al comercio internacional derivó en una mayor inestabilidad en salario y en el empleo, lo que forzó a los gobiernos a ampliar sus políticas de protección. Pero mientras D. Rodrik hace hincapié en la relación entre la demanda de protección social y la exposición al comercio internacional, J. Agell enfatiza el papel de las instituciones del mercado de trabajo a la hora de comprimir las estructuras salariales a la vez que dotar a los trabajadores de mayor cobertura social. En particular, según Agell (2002), en ausencia de mercados de capitales perfectos, el trabajador está dispuesto a negociar un salario más bajo del esperado por una estructura salarial que le ofrezca seguridad frente a la incertidumbre. De ambas perspectivas de análisis se puede extraer implícitamente la idea de que existe un cierto grado de complementariedad entre el funcionamiento de los mercados y la actuación de los gobiernos. Otros autores como Iversen y Cusak (2000) encuentran efectos positivos y significativos de la terciarización de la economía sobre el gasto social. El tamaño de la población también se ha utilizado a la hora de explicar el tamaño del sector público, aunque únicamente Gemmell et al. (2008) han encontrado una relación positiva y significativa con el gasto social. Asimismo, otros factores económicos como la deuda o el déficit del sector público han sido utilizados como factores determinantes del gasto social (Swank, 2002). Sin embargo, autores como Skocpol (1992) y Steinmo (1993) relativizan el efecto del tamaño económico del país y ponen énfasis en otro tipo de variables tales como su organización administrativa y su estructura institucional interna. Bajo su punto de vista, la autonomía y la descentralización política a favor de gobiernos regionales frenan la capacidad burocrática y financiera del Estado central a la hora de ejecutar medidas sociales. Lo contrario sucedería en los Estados con instituciones políticas centralizadas. De hecho, los factores económicos y demográficos por sí solos no sirven para explicar la existencia de diferentes estructuras del bienestar en estas economías. Esta limitación ha impulsado la búsqueda de otros determinantes del gasto social. Autores como Korpi (1989), Palme (1990) o Kangas (1991) concluyeron empíricamente que las principales diferencias en los modelos de bienestar de las democracias capitalistas descansan en los dos elementos de presión política que poseen las clases populares para conseguir una mayor participación en el beneficio social: los procesos electorales y la fortaleza de los sindicatos. 2 De un lado, la transformación del sufragio censitario, típico de las democracias elitistas de finales del siglo XIX, en sufragio universal posibilitó que un porcentaje de población de renta baja y favorable a las transferencias sociales pudiera influir en las decisiones políticas. Por otro lado, la organización de los trabajadores en torno a los sindicatos les ha proporcionado mayor capacidad de presión para reclamar sus derechos sociales, sobre todo a través de las huelgas. No obstante, el grado de efectividad de estos factores para impulsar políticas de bienestar dependió de la movilización de las clases trabajadoras en cada país en torno a sindicatos y partidos políticos tal y como argumentan Shalev (1983), Esping-Andersen y van Kersbergen (1992), Huber et al. (1993), y Hicks (1999). Otros factores como la religión predominante en el país han sido considerados para 2 Tampoco podemos olvidar que las democracias ofrecen vías a las clases acomodadas para frenar las políticas sociales a través de loa lobbies o las contribuciones a las campañas electorales, tal y como señalan Swenson (1996), Barro (1996) y Dixit y Londregran (1998). 5 explicar los diferentes modelos de bienestar desarrollados por los países antes de la II Guerra mundial. Durante este periodo, Lindert (2004) señala que países protestantes como Gran Bretaña y Escandinavia se convirtieron en principales impulsores de transferencias sociales, mientras que los católicos se quedaron muy por detrás, a excepción de Irlanda. En este sentido, parece que los países católicos preferían la reducida ayuda eclesiástica a la ayuda estatal, aunque los efectos de la primera resultaron muy limitados. La influencia negativa del catolicismo se evapora tras la segunda posguerra mundial, cuando gobiernos de partidos procatólicos aumentaron los gastos sociales en varios países europeos, una actitud condicionada seguramente por la competencia política de los partidos socialistas. A través de nuestro trabajo tratamos de seguir profundizando en el análisis de los factores determinantes del gasto social. Para ello hemos introducido variables adicionales al análisis tradicional como es el caso de la distribución de la renta y la pobreza. Con estas dos variables pretendemos analizar si las políticas de gasto social se elaboran con el objetivo de reducir ambos problemas o la equidad es simplemente una consecuencia de la política social. Además, incluimos la presión fiscal para comprobar la relación directa que suele haber entre ésta y el gasto social. Finalmente, utilizamos, además de la proporción de ancianos sobre la población, la proporción que representan los niños y las mujeres. En ambos casos, la inclusión de estas variables nos permite analizar si hacen aumentar el gasto social o suponen y ahorro para el sector público. En el caso del análisis institucional, hemos seguido la clasificación elaborada por Aixalá y Fabro (2007) quienes distinguen siete grupos de factores institucionales 3 : 1. Libertades Civiles, que recogen todo un conjunto de libertades como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de reunión y los procesos judiciales imparciales. 2. Derechos Políticos, que miden la libertad que tienen los ciudadanos para participar en el proceso político de manera equitativa, la suficiente competencia en la esfera política y la celebración de elecciones libres e imparciales. 3. Libertad Económica, que engloba la seguridad de los derechos de propiedad legalmente adquiridos y la libertad para realizar transacciones voluntarias tanto dentro como fuera de las fronteras de la nación (Gwartney y Lawson, 2003). 4. Corrupción, que hace referencia a la utilización de un cargo público en beneficio propio, incluyendo, por tanto, el soborno y la extorsión y otros actos delictivos como el fraude y la malversación de fondos (Mauro, 1995). 5. Capital Social, que comprende instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y la cantidad de las interacciones sociales de una sociedad, 3 Los dos problemas que presentan las variables institucionales son la escasa cobertura temporal de muchos indicadores que impide el uso adecuado de datos de panel, y las diferencias que existen en cuanto a la cobertura de países, lo que condiciona al investigador a la hora de elegir el grupo de países que se pretende analizar. Aún así, el interés que ha despertado este tipo de variables entre los investigadores está haciendo que éstas sean cada vez más completas en cuanto al período de tiempo considerado y el número de países analizados. 6 tales como indicadores de confianza generalizada y normas cívicas (Putnam, 1993). 6. Inestabilidad Política, que recoge, por un lado, índices que combinan variables relacionadas con fenómenos de descontento social, tales como revueltas, asesinatos o golpes de Estado, y por otro, medidas del grado de renovación del ejecutivo, interpretado como un indicador de inestabilidad o fracaso del mismo (Alesina y Perotti, 1994). 7. Infraestructura Institucional, que se trata de una serie de indicadores que recogen valoraciones sobre diversos aspectos relacionados en los apartados anteriores, tales como la seguridad de los derechos de propiedad, la previsibilidad de las políticas del gobierno, la fiabilidad del sistema judicial, la eficiencia del sistema legislativo, la eficacia de la burocracia, la corrupción, el Estado de Derecho, el riesgo de expropiación y diversas categorías de estabilidad política. La realización de este tipo de análisis institucional es novedoso en los trabajos empíricos sobre los factores determinantes del gasto social. Hasta ahora, estos estudios se han centrado en el papel que juegan la organización administrativa de los países (Skocpol, 1992; y Steinmo, 1993), el reparto de poder entre los distintos grupos de presión y clases sociales (Ostheim y Schmidt, 2003), y la cohesión social de cada país en función de las preferencias del votante mediano (Easterly y Levine, 1997; y Alesina et al., 2001). A través de nuestro análisis pretendemos comprobar la relación existente entre un conjunto de índices institucionales que miden el grado de democracia, libertad económica, corrupción y estabilidad política y el gasto social. 3. EL MODELO El modelo que se utiliza, es un modelo lineal con el que se pretende explicar el gasto social a través de variables económicas, variables institucionales, variables geopolíticas y variables demográficas, como ya se ha señalado. El período de tiempo que hemos considerado ha estado limitado a la disponibilidad de los datos, fundamentalmente de las variables institucionales. Aún así, hemos podido generar un modelo de datos de panel para un período de tiempo de 11 años, comprendido entre 1996 y 2006. En este sentido, la utilización de los datos de panel para estudiar los determinantes económicos e institucionales del gasto social es novedoso ya que la mayoría de los trabajos empíricos emplean datos de sección cruzada debido a que los índices institucionales se crearon hace relativamente poco y no ha sido posible hasta ahora disponer de una serie de más de 10 años en algunos de estos indicadores. De esta forma, hemos podido analizar 297 observaciones para cada una de las variables utilizadas, ya que hemos utilizado una muestra de 27 países en un período de tiempo de 11 años. A) Datos Las variables que hemos utilizado se resumen en la siguiente tabla: 7 TABLA 1: TAXONOMÍA DE VARIABLES MODELIZADAS NATURALEZA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN Económica Política social Hemos utilizado tres medidas de la política social: 1) Gastos de protección social per cápita: definida como el gasto realizado por el sector público en prestaciones sociales, ya sean transferencia en efectivo o en especie. Fuente: Eurostat. 2) Gasto público en educación per cápita: definida como el gasto realizado por el sector público, tanto el gasto corriente y de capital realizado por las instituciones educativas, como las ayudas que reciben los estudiantes en forma de becas y préstamos públicos para la realización de sus estudios. La variable está medida en términos de paridad del poder adquisitivo. Fuente: Eurostat. 3) Gasto social per cápita: es el resultado de sumar las dos anteriores. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. En el caso de estas tres variables, hemos utilizado su valor en términos por habitante, ya que si lo medimos en términos del PIB, éste aparecería en ambos lados de la ecuación. PIB per cápita Medido en dólares norteamericanos. Es una variable proxy del nivel de desarrollo de un país. La utilización del PIB per cápita. Fuente: Governments Finance Statistics, FMI. Distribución de la renta Hemos utilizado dos medidas de la distribución de la renta: 1) Índice de Gini. 2) Ratio de ingresos entre quintiles extremos, es decir, la relación entre el total de ingresos recibido por el 20% más rico y el 20% más pobre de la población. Fuente: Eurostat. Pobreza Índice que mide la proporción de personas que tienen una renta disponible, antes de las transferencias sociales, situada por debajo de la tasa de riesgo del umbral de la pobreza. Fuente: Eurostat. 8 Presión fiscal Definida como ingresos impositivos (impuestos y contribuciones a la Seguridad Social) en relación al PIB. Fuente: Governments Finance Statistics, FMI. Déficit público Definida como capacidad o necesidad de financiación del sector público. El argumento que nos ha llevado a utilizar esta variable es el mismo que el esgrimido para el gasto público. El compromiso de la mayoría de estos países con el saneamiento de las cuentas públicas hace que un mayor déficit público provoque una mayor presión fiscal. Fuente: Governments Finance Statistics, FMI. Institucional Libertades Civiles Índice de Libertades Civiles: Se trata de un índice que elabora la ONG Freedom House y que incluye valoraciones sobre libertad religiosa y de prensa, Estado de Derecho, derechos de asociación, humanos y económicos. Es un índice muy utilizado en los trabajos empíricos. Derechos Políticos Índice de Derechos políticos: Se trata de un índice que elabora la ONG Freedom House y que incluye valoraciones sobre elecciones libres e imparciales, múltiples partidos políticos, significativa oposición, dominación militar y autodeterminación de grupos minoritarios. El grado de utilización de este índice es elevado en los trabajos empíricos4. Libertad Económica Índice de Libertad Económica: Se trata de un índice que elabora el Instituto de investigación Heritage Foundation/Wall Street Journal y que incluye valoraciones sobre la política comercial, carga impositiva del Gobierno, intervención del Gobierno en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera, actividad extranjera, actividad financiera, control de precios y salarios, derechos de propiedad, regulación y actividad del mercado negro. Corrupción Índice de Percepción de la corrupción: Se trata de un índice que elabora la ONG Transparency International y que incluye percepciones de empresarios, académicos y analistas acerca del grado de corrupción de funcionarios públicos y políticos. Es el indicador más utilizado dentro de este grupo de índices dado que incluye valoraciones de 150 países. 4 Se suele utilizar conjuntamente ambos índices (índice de libertades civiles y el índice de derechos políticos) a través de un indicador de democracia o libertad política. Sin embargo, tal y como señalan Aixalá y Fabro (2007) deben utilizarse ambas variables por separado, ya que se refieren a conceptos distintos y, por tanto, van a tener implicaciones diferentes para la distribución de la renta. 9 Capital Social5 Por falta de disponibilidad de datos, no hemos podido utilizar variables que miden el capital social Inestabilidad Política Índice de Estabilidad Política: Se trata de un índice que elabora el Banco Mundial y que pertenece a un grupo de indicadores denominados Worldwide Governance Research Indicators (Indicadores Agregados de Gobernabilidad). Aunque este índice se utiliza junto al resto de dichos indicadores para medir la calidad de la infraestructura institucional, tal y como hemos puntualizado anteriormente, utilizaremos este índice por separado para analizar como se ve afectada la distribución de la renta ante una mayor o menor estabilidad política. Concretamente, este indicador cuantifica la percepción de la probabilidad de que el gobierno esté sujeto a actos de desestabilización o sea derrocado a través de medios inconstitucionales o violentos, incluidos actos de terrorismo. 5 Hemos seguido la clasificación, antes mencionada, que realizan Aixalá y Fabro (2007). 16 TABLA 4: RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 3 (MODELO GLOBAL E ÍNDICE DE GINI) VARIABLES PRESTACIONES SOCIALES GASTO EN EDUCACIÓN GASTO SOCIAL MCGF EECP MCGF EECP MCGF EECP CONSTANTE 87,27 (0,77) 62,18 (0,40) -62,11** (-2,17) 11,02 (0,31) 52,55 (0,40) 76,11 (0,44) PIB PER CÁPITA 0,10*** (17,25) 0,10*** (13,96) 0,01*** (13,18) 0,01*** (8,57) 0,11*** (17,79) 0,11*** (14,14) DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 1 (ÍNDICE DE GINI) -4,42*** (-4,44) -4,72*** (-3,86) -1,19*** (-5,00) -1,28*** (-4,14) -5,38*** (-4,73) -5,99*** (-4,29) POBREZA 3,81 (0,45) -2,87 (-0,28) 6,53*** (3,72) 7,34*** (2,78) 9,51 (0,98) 4,81 (0,41) PRESIÓN FISCAL 4,61*** (5,59) 4,06*** (4,23) 9,37*** (4,50) 1,18*** (4,37) 5,62*** (5,91) 5,22*** (4,58) DÉFICIT PÚBLICO -1,38** (-1,66) -1,66* (-1,54) 3,22** (1,92) 3,74* (1,48) -8,17 (-0,90) -1,21 (-1,02) ÍNDICE DE LIBERTADES CIVILES 0,61 (0,01) 3,55 (0,63) -3,56*** (-2,96) -5,20*** (-3,65) -3,57 (-0,69) -1,92 (-0,30) ÍNDICE DE DERECHOS POLÍTICOS 4,60 (0,74) 1,62* (1,39) 4,12 (0,24) 2,38 (0,11) 4,40 (0,59) 1,64* (1,31) ÍNDICE DE LIBERTADES ECONÓMICAS 1,23** (2,18) 1,66** (2,13) 4,03*** (3,03) 6,05*** (3,32) 1,68*** (2,65) 2,28*** (2,63) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 4,35 (1,24) 8,80** (1,94) 4,08 (0,49) 4,20 (0,37) 2,83 (0,70) 9,12** (1,78) ÍNDICE DE ESTABILIDAD POLÍTICA 0,89*** (2,86) 0,94*** (2,40) 2,39*** (2,93) 1,05 (0,96) 1,07*** (3,08) 1,05** (2,35) ÍNDICE DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL -0,84 (-0,13) -3,98 (-0,46) 1,67 (0,92) 1,95 (0,80) 2,72 (0,38) -1,87 (-0,19) PERTENENCIA A LA ZONA EURO 3,11*** (4,08) 3,44*** (3,84) 4,47*** (3,25) 2,99* (1,56) 3,12*** (3,66) 3,70*** (3,72) PARTIDO POLÍTICO EN EL GOBIERNO 0,99 (0,26) 0,77 (0,15) -1,36* (-1,34) -0,97 (-0,71) -0,89 (-0,20) -0,33 (-0,06) TASA DE DESEMPLEO 6,72 -8,23 -6,88*** -9,21*** -4,39 -1,75 17 (0,64) (-0,65) (-3,04) (-3,16) (-0,36) (-1,22) PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 2,29*** (6,28) 2,21*** (5,26) 2,80*** (3,08) 2,85*** (2,56) 2,52*** (6,03) 2,52*** (5,16) PORCENTAJE DE NIÑOS (PERSONAS MENORES DE 14 AÑOS) 4,03* (1,60) 1,66 (0,53) 1,23** (1,88) 1,41** (1,68) 5,53** (1,91) 3,20 (0,88) PORCENTAJE DE MUJERES -4,09*** (-3,20) -3,13** (-1,75) 2,20 (0,69) -6,05* (-1,47) -4,15*** (-2,81) -3,80** (-1,89) TASA DE MORTALIDAD -1,16*** (-3,70) -1,38*** (-3,36) -0,33*** (-3,66) -0,26** (-2,04) -1,50*** (-4,16) -1,64*** (-3,43) Nº de Observaciones 297 297 297 297 297 297 R2 0,91 0,84 0,91 * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%. 18 TABLA 5: RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 4 (MODELO GLOBAL Y RATIO DE INGRESOS ENTRE QUINTIL SUPERIOR E INFERIOR) VARIABLES PRESTACIONES SOCIALES GASTO EN EDUCACIÓN GASTO SOCIAL MCGF EECP MCGF EECP MCGF EECP CONSTANTE -89,87 (-0,07) -20,48 (-0,13) -87,35*** (-2,95) -68,32 (-0,18) -71,96 (-0,52) -27,06 (-0,15) PIB PER CÁPITA 0,09*** (16,90) 0,10*** (13,82) 0,01*** (13,27) 0,01*** (8,20) 0,11*** (17,48) 0,11*** (13,92) DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 2 (RATIO DE INGRESOS ENTRE QUINTIL SUPERIOR E INFERIOR) -1,52*** (-4,42) -1,81*** (-4,18) -4,64*** (-5,92) -4,82*** (-4,80) -1,95*** (-5,01) -2,29*** (-4,71) POBREZA 3,79 (0,44) -2,74 (-0,27) 5,86*** (3,53) 6,96*** (2,75) 9,87 (1,02) 4,90 (0,42) PRESIÓN FISCAL 4,75*** (5,85) 3,99*** (4,21) 8,83*** (4,41) 1,10*** (4,13) 5,70*** (6,12) 5,11*** (4,54) DÉFICIT PÚBLICO -1,14* (-1,36) -1,28 (-1,20) 3,87*** (2,36) 4,40** (1,78) -4,70 (-0,51) -7,27 (-0,62) ÍNDICE DE LIBERTADES CIVILES -1,18 (-0,26) 2,22 (0,39) -4,10*** (-3,52) -5,18*** (-3,73) -5,17 (-0,99) -3,56 (-0,56) ÍNDICE DE DERECHOS POLÍTICOS 4,63 (0,71) 1,63* (1,41) 5,34 (0,34) 3,16 (0,16) 4,61 (0,60) 1,67* (1,34) ÍNDICE DE LIBERTADES ECONÓMICAS 1,32** (2,29) 1,58** (2,04) 3,65*** (2,84) 5,82*** (3,24) 1,74*** (2,72) 2,19*** (2,53) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 4,62* (1,29) 8,94** (1,98) 1,96 (0,24) 5,58 (0,50) 3,16 (0,78) 9,31** (1,83) ÍNDICE DE ESTABILIDAD POLÍTICA 0,87*** (2,76) 0,92*** (2,36) 2,09*** (2,61) 0,97 (0,90) 1,04*** (2,96) 1,02** (2,31) ÍNDICE DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL -0,11 (-0,02) -3,22 (-0,37) 2,81* (1,60) 2,48 (1,03) 3,69 (0,50) -0,76 (-0,08) PERTENENCIA A LA ZONA EURO 2,82*** (3,72) 3,20*** (3,59) 3,82*** (2,91) 2,58* (1,39) 2,78*** (3,32) 3,39*** (3,44) PARTIDO POLÍTICO EN EL GOBIERNO 2,07 1,00 -0,83 -0,77 3,58 -0,19 19 (0,52) (0,19) (-0,85) (-0,58) (0,08) (-0,00) TASA DE DESEMPLEO 6,90 (0,65) -8,36 (-0,66) -7,04*** (-3,09) -9,21*** (-3,13) -4,41 (-0,36) -1,76 (-1,22) PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 2,37*** (6,44) 2,27*** (5,41) 3,07*** (3,41) 3,01*** (2,69) 2,65*** (6,32) 2,60*** (5,34) PORCENTAJE DE NIÑOS (PERSONAS MENORES DE 14 AÑOS) 3,42* (1,35) 1,39 (0,44) 1,24** (1,87) 1,22* (1,43) 4,80* (1,65) 2,84 (0,79) PORCENTAJE DE MUJERES -3,81*** (-2,86) -2,79* (-1,54) 2,94 (0,92) -5,46* (-1,31) -3,69*** (-2,41) -3,40** (-1,67) TASA DE MORTALIDAD -1,22*** (-3,78) -1,47*** (-3,54) -0,32*** (-2,95) -0,27** (-2,17) -1,59*** (-4,32) -1,74*** (-3,63) Nº de Observaciones 297 297 297 297 297 297 R2 0,91 0,83 0,91 * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1. 20 La primera conclusión que obtenemos en función de las estimaciones realizadas es que la inclusión de las variables institucionales, geopolíticas y demográficas en el modelo estrictamente económico mejora la calidad del ajuste, ya que el R2 pasa de un 0,83 a situarse por encima del 0,91 en el caso de la utilización del índice de Gini como medida de la distribución de la renta, y del 0,73 al 0,84 cuando utilizamos la ratio de ingresos entre el quintil superior y el inferior. Además, las distintas estimaciones realizadas en función del estimador utilizado y de las variables empleadas no difieren sustancialmente con lo que se puede concluir que el modelo es robusto. En cuanto a los valores que hemos obtenido, en la mayoría de los casos son los esperados a priori. De esta forma, el desarrollo económico, medido a través del PIB per cápita, incide positivamente sobre las políticas públicas sociales. De esta forma, los países más desarrollados gastan más tanto en prestaciones sociales como en gastos en educación. Este resultado concuerda con el obtenido por Hicks y Swank (1992), Hicks y Misra (1993), Huber, Ragin y Stephens (1993), Huber y Stephens (2001), y Swank (2002). Por lo que se refiere a la pregunta que da título a este trabajo, ¿importa la desigualdad de la renta?, la respuesta es negativa. El signo negativo del regresor obtenido para esta variable nos sugiere que aquellos países que presentan mayores desigualdades de renta no realizan un mayor esfuerzo para combatirlo, ya que gastan menos tanto en prestaciones sociales como en educación. Este resultado no varía en función de la variable utilizada para medir la distribución de la renta, lo que muestra la robustez del modelo. Por lo tanto la equidad no es el objetivo fundamental que persigue la política social de los países de la UE. Sin embargo, la pobreza sí que suscita una mayor preocupación en los gobiernos de la UE, ya que aquellos países que presentan mayores tasas de pobreza realizan un mayor esfuerzo en el gasto público en educación. En cambio, el regresor estimado para esta variable es escasamente significativo a la hora de explicar la evolución de las prestaciones sociales y del gasto social en general, lo que lleva a concluir que la pobreza no es un elemento clave a la hora de elaborar la política de prestaciones sociales. La presión fiscal sí que tiene un efecto positivo y significativo sobre los gastos sociales. Así pues, aquellos países que presentan una mayor presión fiscal, también gastan más tanto en prestaciones sociales como en educación. En cuanto a la comprobación del efecto restrictivo que, a priori, tiene el déficit público sobre el gasto social, encontramos un resultado distinto para las prestaciones sociales y para el gasto en educación. De esta forma, aquellos países que presentan un mayor déficit público, tratan de reducirlo disminuyendo sus gastos en prestaciones sociales. En cambio, esto no ocurre en el caso del gasto en educación, en donde el déficit público no ejerce ese efecto restrictivo sobre esta partida de gasto. En cuanto al efecto que tiene sobre la política social el índice de libertades civiles el resultado es el esperado a priori, ya que aquellos países europeos en donde existe una mayor libertad de expresión y creencia, de asociación y de seguridad jurídica, gastan más en educación. Sin embargo, el nivel de significancia de esta variable en el caso de las prestaciones sociales y del gasto social es nulo, lo que también le ocurre en la estimación del regresor de la variable índice de derechos políticos. En este caso, el regresor estimado es muy poco significativo tanto para las prestaciones sociales como para el gasto en educación. 21 Por lo que se refiere al impacto de la libertad económica sobre el gasto social, el resultado obtenido es muy significativo y positivo. Por lo tanto, existe una relación positiva entre ambos, con lo que la protección de los derechos de propiedad, un menor grado de corrupción y la solidez de la política fiscal tienen un efecto positivo tanto sobre las prestaciones sociales como sobre el gasto en educación. Este resultado está en concordancia con las conclusiones que obtienen Molina, Amate y Guarnido (2011), para los cuales la libertad económica incide positivamente sobre la presión fiscal, con lo que si, a su vez, la presión fiscal ejerce un efecto positivo sobre el gasto social, podemos afirmar que una mayor libertad económica lleva consigo un mayor gasto social. El signo obtenido para el regresor de la variable que mide la corrupción sugiere que aquellos países que presentan mayores tasas de corrupción gastan menos en prestaciones sociales y en educación. Sin embargo, su escasa significancia nos permite concluir que el efecto que tiene la corrupción en el diseño de las políticas sociales en los países de la UE es muy pequeño. Por el contrario, el regresor estimado para el índice de estabilidad política es positivo y muy significativo, con lo que aquellos países que presentan menos riesgos de inestabilidad política también realizan un mayor esfuerzo tanto en prestaciones sociales como en gasto en educación. En cuanto al regresor estimado para el índice de calidad de la infraestructura institucional, su escasa significancia no permite obtener ninguna conclusión clara. Por lo que respecta a las variables geopolíticas y demográficas, la pertenencia a la zona euro tiene un efecto muy significativo. El signo positivo estimado nos hace sugerir que aquellos países de la UE que han decidido adoptar el euro como moneda nacional son lo países que más gastan en políticas sociales. Hicks y Swank (1992) y Swank (2002) concluyeron que el comercio tiene una influencia positiva y significativa sobre el gasto social. De esta forma, como la introducción de la moneda única ha conllevado un mayor comercio entre los países que comparten dicha moneda, es por ello por lo que los países de la zona euro gastan más en partidas sociales. Sin embargo, el efecto de la ideología del partido político gobernante en cada país sobre el gasto social no es significativo, con lo que éste no es un factor determinante en el diseño de la política social. De hecho, tal y como señala Pierson (2001), la presión competitiva que ejercen las fuerzas del mercado y la liberalización económica mundial limitan la capacidad de actuación de los distintos partidos políticos. En lo que respecta a la tasa de desempleo, su efecto no es significativo sobre el gasto en prestaciones sociales y el gasto social en general. Sin embargo, sí que es significativa su incidencia sobre el gasto en educación. El signo negativo estimado nos permite concluir que aquellos países que presentan una mayor tasa de desempleo gastan menos en educación. Este resultado, sorprendente a priori, se debe a la muestra y el período de tiempo utilizado. Desde 1996 hasta 2006, la mayoría de estos países han experimentado un proceso de expansión en donde la tasa de desempleo ha disminuido hasta niveles históricos. Al mismo tiempo, el gasto público y social no ha disminuido e, incluso, ha aumentado, con lo que el resultado obtenido no es concluyente en este caso. Por otro lado, el resultado obtenido en la estimación del efecto que tiene la población mayor de 65 años sobre el gasto social es el esperado. El regresor es positivo y muy significativo, con lo que los países que tienen más población en edad de jubilación realizan un mayor gasto social. Un resultado similar obtenemos para la variable que mide la incidencia de la población infantil sobre el gasto social. El signo positivo sugiere que conforme aumenta la importancia de la población infantil sobre el total de la población crece también el gasto social. Sin embargo, el regresor es más significativo en el caso del 22 gasto en educación ya que este gasto se concentra fundamentalmente en este conjunto de la población. Este resultado concuerda con el obtenido por Garrett y Mitchell (2001), quienes analizan la influencia positiva que ejerce la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) sobre el gasto social. En el caso de la proporción que suponen la mujeres en la población, el signo del regresor estimado es negativo y significativo, con lo que, los países en donde hay un mayor número de mujeres que de hombres, realizan un menor gasto social. Así, a pesar de que Huber y Stephens (2001) consideran que la expansión del sector público es una consecuencia del crecimiento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, las mujeres suponen un ahorro en cuanto al gasto social. Por último, la tasa de mortalidad tiene un efecto negativo y significativo sobre el gasto social, con lo que los países de la UE que presentan una mayor tasa de mortalidad realizan un menor gasto social. 4. CONCLUSIONES Los resultados que se obtienen en el trabajo permiten concluir que tanto la muestra utilizada como las variables empleadas enriquecen mucho el análisis. A pesar de formar parte de un mismo bloque económico, los 27 países analizados presentan diferencias en cuanto al grado de desarrollo económico y la experiencia histórica, cultural, política y económica de la que provienen. Unido a esto, la inclusión de las variables institucionales y geopolíticas utilizadas en el análisis de los determinantes del gasto social en el caso de los países de la UE mejora el análisis puramente económico y hace muy interesantes los resultados obtenidos, a nuestro entender. La primera conclusión que obtenemos en base a las estimaciones realizadas es que los países que presentan mayores índices de desigualdad de renta no son los que realizan un mayor esfuerzo en gasto social, es decir, la equidad no es el objetivo fundamental en el diseño de la política social de los países europeos. De esta forma, el objetivo de lograr una mayor igualdad en la distribución de la renta se ha convertido más en una consecuencia de la política social que en la causa de la misma. Algo parecido podemos concluir de la relación existente entre la pobreza y el gasto social. Únicamente, el gasto en educación parece diseñado, entre otros objetivos, para reducir la pobreza en los países de la UE. Por el lado de la fiscalidad, observamos que los países que presentan una mayor presión fiscal también realizan un mayor gasto social. Asimismo, el déficit público ejerce un efecto restrictivo sobre el gasto en prestaciones sociales perro no sobre el gasto en educación, lo que pone de manifiesto el claro compromiso que tienen estos países con la educación. El conjunto de libertades civiles y políticas que han alcanzado estos países ha influido positivamente en el gasto en educación pero no en una mayor cobertura social. Sin embargo, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos de propiedad, la solidez de la política fiscal y la estabilidad política sí que redunda en un mayor esfuerzo tanto en gasto en prestaciones sociales como en gasto en educación. En el caso de la UE, a ello ha contribuido también la sustitución de las monedas nacionales por el euro en un grupo de países, lo que ha propiciado que aumente la competencia y que los gobiernos hayan tenido que intensificar sus políticas sociales. 23 Finalmente, los valores estimados para las variables demográficas nos sugieren que las personas mayores de 65 años y menores de 14 años suponen un mayor gasto social. Sin embargo, la mayor presencia de la mujer implican un ahorro en cuanto al gasto social, ya que conforme aumenta la proporción de mujeres sobre los hombres, el gasto social disminuye. 5. BIBLIOGRAFÍA Agell, J. (1999). On benefits from rigid labour markets: norms, market failures, and social insurance. The Economic Journal, 109, 143-164. Agell, J. (2002). On the determinants of labour market institutions: Rent seekings vs. social insurance. German Economic Review, 3(2), 107-135. Aixalá, J., & Fabro, G. (2007). 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