La reconstrucción de la identidad colectiva del Uruguay tras las violaciones de los derechos humanos por la Dictadura militar

E Araucaria. Año 5, Nº 9 Primer semestre de 2003 La reconstrucción de la identidad colectiva del Uruguay tras las violaciones de los derechos humanos por la Dictadura militar Luis Roniger | Mario Sznajder Toda comunidad humana se piensa a sí misma en términos de identidad colectiva. El proceso de reconstrucción de identidades es fundamental tras haber sufrido experiencias traumáticas a nivel colectivo y personal, como las que atravesó Uruguay durante la dictadura militar. Este artículo analiza cómo, tras el retorno de la democracia, la sociedad y la clase política uruguayas afrontaron la herencia del período militar y su legado de violaciones de derechos humanos, con la imagen civilista estructurada en su visión de la nación como telón de fondo. Every human community thinks of itself in terms of collective identity. The process of identity formation and reconstruction is a fundamental one, particularly after collective and personal traumas are experienced, as was the case of Uruguay under military dictatorship. This article analyses the ways in which, after redemocratization, the political class and social sectors confronted the experience of the military interregnum and its legacy of human rights violations, reshaping the visions of civility at the core of their collective identity. n un trabajo sobre la dictadura militar, Carlos Demasi cita a Wilson Ferreira Aldunate quien, en plena campaña electoral desde el exilio, afirmaba en la Cámara de Diputados del Ecuador en 1983: Es por eso que pasamos a ser un país muy auténtico, muy país, y no por la influencia de una raza común, en sentido genético, no por consecuencia de la geografía, sino porque constituimos una comunidad espiritual. Consiste en el culto de algunas cosas: igualdad ante la ley, carácter representativo de los órganos de gobierno, elección periódica de los gobernantes, supeditación de toda autoridad o centro de poder al gobierno civil, rígida observancia de un sistema de garantías de la libertad, de la libertad política y de la libertad individual [...] Entre nosotros, cuando se atenta contra la sobrevivencia de estos valores espirituales se está poniendo en riesgo la existencia misma del país, que es eso, y si no, no es un país [1] . Sin lugar a dudas, Ferreira Aldunate estaba planteando en plena transición a la democracia un proyecto político, pero al hacerlo retomaba principios básicos de identidad que muchos de sus conciudadanos estarían dispuestos a compartir, más allá de tal o cual posición partidaria o compromiso político. Es en términos de identidad colectiva como, en efecto, toda comunidad humana se piensa a sí misma. Más aún, tal proceso de reconstrucción de la identidad colectiva es fundamental, especialmente tras haber sufrido experiencias traumáticas a nivel colectivo, como la que atravesó Uruguay durante la dictadura militar. Este artículo analiza cómo, tras el retorno de la democracia, la sociedad y la clase política uruguayas afrontaron la herencia del interregnum militar y su legado de violaciones de derechos humanos, con la imagen y visión civilistas estructuradas como fundamento de la nación como telón de fondo [2] . Civilismo y autoimagen sacudida Las identidades colectivas de Uruguay fueron estructuradas, en mayor medida aún que en otras naciones de Hispanoamérica, a través del Estado. La Banda Oriental del Uruguay logra su independencia política en 1828, en un contexto marcado por las prioridades internacionales británicas y la rivalidad brasilera-rioplatense. Una vez creado, el Estado Uruguayo se esforzó por consolidar la nación, en un proceso que, en la terminología de Benedict Anderson, puede definirse como la configuración de una "comunidad imaginada," vale decir, pensada por muchos como compartida [3] . Es decir, las identidades colectivas de Uruguay fueron estructuradas como parte y correlato del proceso de consolidación del Estado, sin semejanza alguna con los procesos de identidades étnicas que evolucionan hacia configuraciones nacionales, descritos entre otros por Anthony Smith o Rogers Brubaker [4]. A tenor de su composición étnica o su fisonomía socioeconómica, Uruguay no se diferenció del formato de las regiones vecinas del Río de la Plata o de Río Grande do Sul, en la zona meridional de Brasil. Fue sólo en forma progresiva como las identidades colectivas se formaron de manera idiosincrática en Uruguay. Su configuración había tenido lugar al socaire de violentas luchas civiles, al final de las cuales se estableció un código civilista, y no siguiendo pautas de prelación; en torno a los principios del orden político surgido tras las contiendas del siglo XIX y de las virtudes republicanas de la ciudadanía, y no a raíz de rasgos primigenios, como la sangre o el origen [5]. El pequeño tamaño del país y los condicionamientos de su emplazamiento geopolítico entre Brasil y las provincias argentinas determinaron su ubicación y su orientación en la arena internacional, principalmente en Occidente. Sin embargo, estos factores geopolíticos propiciaron la adquisición por parte de sus élites de cierto grado de reflexividad que las incentivó a definir la singularidad del país en relación a los colosos vecinos ubicados al sur y al norte. Esta singularidad hubo de ser definida en términos de instituciones conformadas en forma consciente y voluntaria, así como de sus logros. La propensión de las élites uruguayas a actuar en forma consciente en el contexto geopolítico, habida cuenta de la debilidad básica del país en relación a Brasil y a la Argentina, imprimió al desarrollo de Uruguay una trayectoria singular. De manera sucinta cabría afirmar que Uruguay terminó adquiriendo un conjunto particular de características, con las cuales el país ha sido identificado en las mentes de sus ciudadanos y de los estudiosos. Son las siguientes: ante todo, un patrón pragmático de gobernabilidad, que incorporó tanto a las élites rurales de caudillos como a las élites urbanas de doctores en el marco de los partidos políticos gobernantes establecidos después de las guerras civiles del siglo XIX; vale decir, la elaboración de formas institucionales para el logro de un consenso entre las élites. Ello se consiguió gracias a la institución de procedimientos políticos de resolución consensual de los conflictos, que disminuyeron las tendencias a la polarización y borraron ciertas diferencias ideológicas entre los principales partidos políticos. A eso se sumó un sistema político compartido por las fuerzas políticas de la mayoría y de la minoría, que mantuvieron, a partir del siglo XX, la normativa civilista elaborada por José Batlle y Ordóñez e inculcaron los valores de la ciudadanía, el republicanismo y el sentido cívico en la población. Las coordenadas político-administrativas se sustentaron en un modelo económico agro-exportador, ligado a un mercado financiero abierto, que permitió sostener el formato institucional del Uruguay por décadas y suministró los recursos para el crecimiento de una burocracia de Estado y el financiamiento de un sistema de asistencia social. Uruguay basó su imagen de Suiza de las Américas sobre tales principios [6] . Tal imagen se vio favorecida por el mantenimiento de la estabilidad política, el respeto progresivo de procedimientos democráticos formales, el crecimiento de los mercados financieros y económicos y el desarrollo progresivo de una amplia clase urbana [7] . Un siglo de gobiernos civiles más o menos ininterrumpidos reforzaron esta imagen, que se vio socavada sólo con el deterioro social y la interrupción política de los años 60 y 70 del pasado siglo, que trajeron consigo el control militar a partir de junio de 1973 hasta marzo de 1985. Durante este período se produjeron detenciones masivas, llevadas a cabo de manera descubierta en la mayoría de las ocasiones. Miles de ciudadanos sufrieron largos períodos de encarcelamiento. Se aplicó la tortura, aunque en forma más controlada que en la vecina Argentina. Y se asesinaron opositores, aunque en menor número que en los países limítrofes; y, sobre todo, la represión se centró en víctimas claramente apuntadas por su activismo político y su trayectoria personal [8] . En comparación con lo sucedido en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, la represión produjo en Uruguay menos víctimas mortales, si bien su impacto fue tan hondo o más que en las sociedades vecinas. En la tradición civilista del Uruguay, el uso de la violencia de Estado era un fenómeno extremadamente inusual. Como tal, conmocionó a los uruguayos no sólo de manera puntual, sino en forma aún más profunda, al haber puesto en duda la auto-imagen del país. Tras la restauración de la democracia, los uruguayos no tenían otra alternativa, según los términos de su cultura política, que afrontar el legado de las violaciones de los derechos humanos e intentar explicarlas, o bien "normalizarlas" discursiva y políticamente dentro de la trayectoria colectiva de su nación. El legado de las violaciones de los derechos humanos y la redemocratización El gobierno democrático instituido en Uruguay en 1985 tuvo que enfrentarse con el legado de las violaciones de los derechos humanos, cometidas bajo el gobierno autoritario. Al mismo tiempo, las nuevas autoridades electas estaban obligadas a definir las vías de acción que les permitieran consolidar la democracia frente a unas fuerzas armadas que habían devuelto el poder formal, pero que conservaban una posición de poder efectivo. Esta situación era típica de transiciones democráticas conducidas por los altos mandos militares desde una posición de fuerza relativa, como en Chile, y no de debilidad, como era el caso de la Argentina. A pesar de las diferencias entre los países del Cono Sur, la sociedad uruguaya y el sistema político debían hacer frente a problemas serios relativos a la experiencia de las violaciones de los derechos humanos en la agenda de la transición, de manera similar a los otros países que emergían de períodos de represión autoritaria. El marco político de la transición a la democracia y las limitaciones impuestas por las amenazas potenciales a los regímenes redemocratizados condicionaron la posibilidad de tratar de una manera unívoca el legado de las violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva legal, política, e institucional. Es decir, la nueva democracia no podía ignorar el tema, pero tampoco podía afrontarlo eficiente y comprensivamente sin poner en peligro el sistema democrático recién restaurado. Por consiguiente, las expectativas de amplios sectores de la población de ser testigos de una solución de "justicia" fueron modificadas por el contexto pragmático de la conveniencia política. Uruguay, al igual que Argentina y Chile, no podía por tanto más que intentar evitar el potencial de crisis implicado en el tratamiento parcial del nefasto legado de las violaciones de los derechos humanos. La singularidad del caso uruguayo quedó clara cuando, después del intento de la clase política de cerrar el tema por intermedio de legislación, la sociedad civil reaccionó con movilizaciones masivas. En diciembre de 1986, el parlamento aprobó una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que concedió inmunidad a los miembros de las fuerzas militares y de la policía responsables del asesinato, la tortura y la desaparición de presos políticos durante la dictadura [9] . La constitución uruguaya de 1967 concede a los ciudadanos el derecho a exigir un referéndum para anular una ley si el 25 por ciento del electorado así lo decide [10] . De esta manera, quienes se opusieron a conceder inpunidad a los autores de las violaciones de los derechos humanos pudieron movilizarse para recolectar las firmas necesarias, y solicitar así un referéndum contra la amnistía. Junto con la reunión de firmas, tuvieron lugar movilizaciones masivas, que permitieron una participación sin precedentes de los ciudadanos en el debate y la evaluación de los pros y los contras de las varias líneas de acción posibles. El referéndum se celebró el 16 de abril de 1989, y las fuerzas contrarias a la Ley de Caducidad perdieron. El presidente Julio María Sanguinetti describió este resultado como el paso final en la transición a la democracia [11] . En tal sentido, la visión de que el referéndum funcionó como sello del problema del legado de las violaciones de los derechos humanos, desde un punto de vista político y legal, se ha generalizado. Por otra parte, el hecho de que la amplia movilización de la sociedad civil diera ocasión a desafiar la decisión adoptada por la clase política, infundió legitimidad adicional al método formal de resolver disputas de orden profundo, que de otra manera seguirían erosionando la legitimidad de las pautas legales seguidas. La movilización y derrota subsecuente del movimiento que intentó oponerse a la amnistía a favor de los autores de violaciones de los derechos humanos dejó huella en la conciencia colectiva de la sociedad uruguaya contemporánea. Ambos fueron acontecimientos cruciales gracias a los cuales la sociedad elaboró de una manera catártica el legado del pasado y la posibilidad de moverse, bien que de manera muy incompleta, más allá de ese pasado en dirección al futuro. Una perspectiva analítica La formación de identidades colectivas implica siempre procesos de lucha y de elaboración, tanto en el plano socio-político como en el discursivo y simbólico. Nos referimos a procesos permanentes y renovables de definición de parámetros de inclusión y exclusión, así como de definición de criterios de estructuración del acceso y la asignación de recursos, de prerrogativas a establecer entre los diversos sectores, individuos y estratos que conforman una sociedad. Al mismo tiempo, al definir una identidad colectiva, las sociedades definen las estructuras de la autoridad, de la responsabilidad de quienes las lideran y de los patrones de legitimidad. Vale decir, al constituirse en comunidad, toda sociedad humana elabora y pone en práctica cierta visión de índole política y crea instituciones que la representen. Estos son los componentes básicos de la ciudadanía en cualquier sociedad. En Uruguay, estos elementos han sido el núcleo de la identidad colectiva y se han identificado con la civilidad como fundamento del país. La importancia de los principios civiles, de carácter universalista, fue crucial para la coexistencia pacífica de los diversos sectores sociales de la sociedad uruguaya debido a la carencia de otras fuentes (vg. primordiales) de identidad. Por lo general, se da por sentado que las definiciones de identidad colectiva forman parte de los patrones de legitimidad que se han ido formando históricamente y cuya aceptación ha ido incrementándose sin cesar. Sin embargo, en épocas de crisis, toda definición, por estable que parezca, se abre a la discusión y debe reconfigurarse. Es en tal sentido que las épocas de crisis devienen focos para el estudio de la formación de normas, de principios políticos básicos, y para la constitución de la esfera pública. En sus fases iniciales, el gobierno militar uruguayo trabajó en una dirección contraria a las líneas básicas de la civilidad uruguaya ignorando los patrones de legitimidad y de resolución de conflictos que se desarrollaron históricamente. Estos patrones eran esencialmente los principios democráticos, que contemplaban la resolución consensual de conflictos y tendían a evitar la violencia política. Más tarde, los militares en el poder procuraron alcanzar legitimidad y reconstruir el consenso convocando un referéndum en 1980 para ratificar la constitución elaborada por ellos. Tal constitución conformaba un modelo de democracia autoritaria más adaptado a la ideología de los militares que al anterior modelo político del Uruguay. Empero, el llamamiento de los gobernantes a participar en un referéndum siguió las líneas tradicionales de la auto-concebida civilidad uruguaya. Surgió así una disonancia entre la forma civil del referéndum y el contenido autoritario de la constitución propuesta por los militares. El referéndum sobre la reforma constitucional (1980) resultó desfavorable a los gobernantes, dando lugar a un rechazo claro del modelo militar. Los resultados indicaron la voluntad de la sociedad uruguaya de retornar al anterior modelo de gobierno pluralista, basado en distintos mecanismos de resolución consensual de conflictos. Los militares, que adhirieron a esa práctica constitucionalista, aceptaron los resultados, dándose así las condiciones para iniciar la transición a la democracia. El retorno a democracia obligó a la clase política y a la sociedad uruguaya en su conjunto a mirar hacia el pasado reciente, y a buscar la explicación del fracaso del modelo de civilidad de los años 70. La introspeccion sirvió de base para debatir el legado más estridente del período militar, la violación masiva de los derechos humanos. La movilización de los ciudadanos en relación a la ratificación o rechazo de la Ley de Caducidad de 1986 debe analizarse como el acontecimiento crucial para la nueva formación de la esfera pública uruguaya. Este evento forzó al Uruguay a enfrentarse con su auto-imagen de compromiso cívico, surgida una vez concluido el período autoritario, así como a emprender la reformulación de la identidad colectiva y de sus relaciones con el legado democrático del pasado. En las secciones siguientes analizaremos la reconstrucción de estas imágenes examinando los términos de los debates, los términos usados para movilizar el apoyo a cada posición, y el empleo de argumentos éticos y pragmáticos respecto de las opciones políticas abiertas. Los datos para este análisis provienen de publicaciones, análisis eruditos y entrevistas a figuras públicas. Igualmente, se citan documentos utilizados por las diversas fuerzas políticas y sociales desde diciembre de 1986, cuando se promulgó la Ley de Caducidad, hasta su ratificación en el referéndum del 16 de abril de 1989. El análisis muestra que en Uruguay se desarrollaron varias interpretaciones del sistema históricamente codificado. También presenta indicios del intento reformular los códigos de legitimidad durante la crisis de 1986-1989 por parte de los movimientos y asociaciones de la sociedad civil. Como repetidamente se ha dicho, estos movimientos intentaron desarrollar iniciativas fuera del marco de los centros uruguayos de poder (a saber, el Estado y los partidos políticos). Lo hicieron vinculando los términos concretos del debate a los cambios efectuados y posibles en la identidad civilista uruguaya. La dinámica del proceso y los actores principales Luego de la redemocratización, y poco después de la toma de posesión del presidente electo Julio María Sanguinetti, el parlamento aprobó en marzo de 1985 la Ley de Amnistía, la cual sancionaba la liberación de los presos políticos encarcelados desde el 1 de enero de 1962, con excepción de quienes habían cometido homicidios intencionales [12] . Se prescribían tribunales de apelación que deberían examinar los casos de los presos en un plazo de 120 días, a fin de decidir si los períodos de encarcelamiento fueron justificados o no. En los casos en los que el encarcelamiento hubiera Estado justificado, los períodos de las sentencias habrían de ser reducidos en dos tercios [13] . Muchos consideraron que esa ley fue ideada para conceder amnistía a los presos pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El artículo 5 excluyó de la amnistía al personal militar o policial responsable de crímenes, ya fuere como autores, coautores o cómplices de hechos crueles, degradantes e inhumanos, o de la detención de individuos más tarde desaparecidos, y a todos aquéllos que hubieren encubierto dichas acciones. La amnistía también excluía a toda persona que, actuando en nombre del Estado o estuviera protegida por él, hubiera cometido crímenes por motivos políticos [14] . Respecto de las relaciones entre militares y civiles, los términos de dicha ley acabarían generando las demandas de una amnistía equivalente para cubrir las acciones de militares y policías. Al mes siguiente, la Cámara de Diputados creó dos comités parlamentarios: uno debía investigar el secuestro y asesinato en Buenos Aires del senador uruguayo Zelmar Michelini, miembro del Frente Amplio, así como del portavoz de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz. El otro debía investigar el secuestro y la desaparición de más de 150 ciudadanos uruguayos, que tuvieron lugar principalmente en Argentina y Chile. Aunque el presidente Sanguinetti hubiera preferido que el poder judicial efectuara la investigación de las violaciones de los derechos humanos, en agosto de 1985 la Cámara de Diputados concedió poderes especiales a sus comités de investigación para que indagaran acerca de los nefastos acontecimientos ocurridos entre 1973 y 1985 [15] . En octubre de 1985 el presidente Sanguinetti y el comandante de las fuerzas armadas, el teniente general Hugo Medina, llegaron a un acuerdo por el cual los tribunales militares debían citar a juicio y castigar a quienes habían cometido las peores violaciones de derechos humanos, al objeto de que sirviera de escarmiento. A principios de 1986, la comisión parlamentaria sobre las violaciones de los derechos humanos entregó a la justicia una lista de cuarenta y seis casos de personal militar y policial implicados en violaciones de los derechos humanos. En agosto de 1986, el presidente presentó un proyecto de ley diseñado para conceder inmunidad a los después de la amnistía de 1985 habían sufrido ya el encarcelamiento, la pérdida de libertad y la tortura, mientras que bajo la Ley de Caducidad los miembros castrenses implicados ni siquiera fueron llevados a juicio. Los partidarios del Voto Verde aducían que, al concederles inmunidad en base a consideraciones pragmáticas, se profanaría el principio de la igualdad ante la ley. Dicho principio, por el contrario, saldría reforzado llevando ante la justicia a los implicados en graves violaciones de derechos humanos. En cuarto lugar, ambas partes compartieron la voluntad de avanzar hacia el futuro. La prioridad del Voto Amarillo era borrar los rastros de la disensión y violencia pasada para evitar entrar en una nueva etapa de inestabilidad [39] . Para los partidarios del Voto Verde, la evaluación comprensiva del pasado era condición indispensable para dejar el pasado atrás. En quinto lugar, la necesidad de reforzar y definir el papel de los profesionales de las fuerzas armadas también fue compartida por ambos sectores. Los partidarios del Voto Amarillo afirmaban que la nueva apertura del tema afectaría la posición institucional de las fuerzas armadas. Los partidarios del Voto Verde indicaban que había una necesidad de limpiar la imagen de las fuerzas armadas asignando responsabilidad individual por las violaciones de los derechos humanos y castigando a dichos individuos apropiadamente. Cualquier intento de ignorar dichas acciones mancharía la imagen de la entera institución. El debilitamiento de una consolidación pacífica de la democracia y de la erosión de la confianza institucional eran temas importantes en las discusiones planteadas por los partidarios de la Ley de Caducidad. Sanguinetti declaró que el fracaso de afirmar la amnistía afectaría al proceso del pacificación, ya que las fuerzas armadas se sentirían excluidas del espíritu de reconciliación de la transición democrática [40] . Es digno de destacar que los propios militares se resentían por los argumentos que los describían como el factor amenazante apostado detrás de la necesidad de hacer cumplir la Ley de Caducidad. En El Soldado, el órgano oficial del Círculo Militar, los oficiales indicaron repetidamente que su posición básica era llegar a una pacificación [41] . También rechazaron el argumento de igualdad de tratamiento entre los Tupamaros amnistiados y los miembros de las fuerzas armadas. Los militares percibieron tal comparación errónea y degradante [42] . Los partidarios del Voto Amarillo creían que los asuntos planteados por la Ley de Caducidad comportaban nuevas implicaciones aparte del desequilibrio en las relaciones entre civiles y militares. Miembros del gobierno y del partido Colorado indicaron que la victoria del Voto Verde podría tener un impacto negativo sobre el poder judicial, así como otras consecuencias institucionales. La expresión de la pregunta del referéndum era ambigua: dejar la Ley de Caducidad sin efecto [43] . Había diversas interpretaciones sobre lo que significaría dejar la ley de Caducidad sin efecto. Una interpretación legal, sugerida por el vicepresidente Enrique Tarigo, era que se anularía la ley, y por lo tanto se anularían las inmunidades concedidas por la misma [44] . Una segunda interpretación sostenía que dejar sin efecto la Ley de Caducidad no anularía las inmunidades ya concedidas por ella, sino que afectaría únicamente a quienes aún no habían sido juzgados [45] . La teoría de la anulación tenía que ver con la reapertura de los casos decididos ya bajo la Ley de 1986, mientras que la teoría de la derogación sólamente tenía que ver con la apertura de nuevos casos. Los autores de la teoría de la derogación también predijeron que las contradicciones inevitables entre los veredictos emitidos en los nuevos casos y las inmunidades concedidas cuando la Ley de Caducidad estaba en vigor serían interpretadas como insoportables por ambos lados. Temían que esta situación fomentara la polarización política de la sociedad uruguaya, conduciendo a la erosión de la confianza en el Poder Judicial, una de las instituciones centrales del país. Los partidarios del Voto Verde rechazaron la tesis de la desestabilización institucional. Trasladaron la discusión a las dimensiones emocionales y éticas de la necesaria reconstrucción del tejido social uruguayo. En tales términos, los políticos profesionales podrían contestar apenas a los reclamos de las figuras principales del CNP. Naturalmente, muchos de los políticos rechazaron enfrentarse a Matilde Rodríguez y a otros líderes del CNP en debates públicos. Argumentaban que puesto que Matilde Rodríguez no era una presidenciable (un candidato presidencial posible o un político profesional), ella no tenía la misma clase de compromiso hacia un código de responsabilidad política. La teoría de Max Weber, que distingue entre una ética de responsabilidad (la del político) y una ética de convicción (la del libertario o visionario), fue citada por el vicepresidente Tarigo para justificar su rechazo a discutir con Rodríguez los temas de actualidad [46] . La imagen de los políticos era de mediadores entre dos visiones irreconciliables de la sociedad, una sostenida por las víctimas de la represión y la otra por las fuerzas armadas, fundadas ambas en su absoluta legitimidad [47] . El legado de las violaciones de los derechos humanos a partir del período autoritario en Uruguay y el tratamiento parcial de dichas violaciones bajo el gobierno democrático han afectado profundamente a la reconstitución de la sociedad uruguaya contemporánea. Para trazar este impacto, es necesario analizar el legado de las violaciones de los derechos humanos en el marco de la formación y de la reestructuración de las identidades colectivas de Uruguay en general, y de sus tradiciones de civilidad en particular. La sociedad civil y la hegemonía política en vísperas del referéndum A pesar del énfasis en la movilización de la sociedad civil, la discusión durante las semanas que precedieron al referéndum de abril de 1989 fue llevada a cabo principalmente por políticos y algunos de los líderes del CNP. El papel jugado por los sectores organizados de la sociedad civil fue relativamente de menor importancia. La Iglesia lanzó una apelación a la la conciencia. La comunidad judía organizó paneles sobre el tema. Los sindicatos prefirieron jugar un papel secundario en la campaña, probablemente para desacreditar la idea del partido Colorado, el cual sostenía que la movilización contra la Ley estaba organizada por los comunistas y los Tupamaros. El partido de gobierno, el Colorado, emitía un mensaje dual. Presentaba el llamado al referéndum como una prueba genuina de la vitalidad democrática del Uruguay, pero advertía que comunistas y guerrilleros de antaño se encontraban entre los partidarios del Voto Verde. De manera análoga tranquilizaban a la población, afirmando que el gobierno encontraría una solución política en la eventualidad de una victoria del Voto Verde, pero advertían que tal resultado podría ser dañino para la democracia en Uruguay. El partido Colorado intentó transformar la confrontación en una cuestión partidaria o, a lo sumo, en una cuestión política en la que se enfrentaban las fuerzas hegemónicas con la coalición izquierdista del Frente Amplio, mientras se trataba de ignorar al CNP [48] . La fuerza principal de la oposición, el partido Blanco, no habló con una sola voz. En general, fue el partido Colorado, y especialmente el vicepresidente Tarigo, el que aceptó la impopular tarea de defender la Ley de Caducidad. Consciente de que tal defensa podría acarrear la pérdida de popularidad, el partido Blanco parecía poco dispuesto a pagar el precio implicado en promover la ratificación de la Ley [49] . El Frente Amplio guardó un perfil bajo, consciente de la necesidad de no politizar el tema, siendo sin embargo crítico con quienes intentaron inculcar el miedo en la población a fin de lograr la victoria del Voto Amarillo. Los grupos vinculados con las fuerzas de izquierda (v.gr, asociaciones de estudiantes y ONGs) desarrollaron un fuerte activismo. Los partidarios del Voto Verde eran mayoría en Montevideo, y una minoría en las áreas rurales y urbanas de menor importancia. Desde el punto de vista ocupacional, el Voto Verde poseía una mayoría entre los desocupados y entre los trabajadores de cuello blanco y profesionales (especialmente personas con diez o más años de educación), y recibió pocos votos de amas de casa, jubilados y trabajadores manuales sin preparación [50] . En Montevideo, diez días antes del referéndum, sólamente una pequeña minoría de la población concibió la cuestión de la Ley de Caducidad como simplemente política [51] . A pesar de la calificación moral del asunto, la mayoría de la población optó por la opción pragmática, vale decir, apoyó la posición sostenida por el partido Colorado. Sin embargo, en el frente político, los términos de la campaña erosionaron el apoyo a los Colorados. Los Blancos llegarían a las elecciones de noviembre 1989 con una imagen menos maculada y ganarían las elecciones. Las reacciones a los resultados del referéndum Inmediatamente después de que los colegios se cerraran, el presidente expresó su satisfacción por la demostración de civilidad de los uruguayos [52] . Declaró que al decidir en las urnas en vez de a gritos, los uruguayos reafirmaban su serenidad y paz de espíritu. "La república se mantuvo a la altura de sus mejores tradiciones." Sanguinetti agregó que tomar el camino de las decisiones legítimas para la resolución de los conflictos ha sido una característica típica del país. Consecuentes con la idea de la reconciliación nacional, las principales figuras políticas detrás del Voto Amarillo declararon repetidamente que su victoria no sería seguida por festejos públicos. En el referéndum, no había vencedores ni vencidos [53] . Figuras retóricas fueron utilizadas para reafirmar la unidad entre los uruguayos y declarar dicho tema como definitivamente cerrado. Luego del referéndum fueron convocadas una serie de reuniones por altos funcionarios militares retirados. Algunos, incluido el Ministro de Defensa, teniente general Hugo Medina, expresaron su satisfacción por el masivo apoyo civil obtenido en la confirmación plebiscitaria de la Ley de Caducidad. Sin embargo, altos oficiales, como el general Hugo Posse, jefe de las fuerzas armadas en 1973, atacaron la visión de que los resultados del referéndum representaban la imagen de "ni vencedores ni vencidos" en una carta dirigida al Círculo Militar [54] . Según Posse, la lucha contra la sedición llevada a cabo entre 1973 y 1985 fue moralmente correcta, ya que ella preservó el orden, fortaleció la autoridad y salvó a la patria. Ninguna llamada a la cortesía pública debe oscurecer el hecho de que los que utilizan la terminología de los derechos humanos y la justicia siguen queriendo "desarmar a la Nación en un sentido material y espiritual," agregó. Las fuerzas que apoyaron la revocación de la ley necesitaron explicar la derrota. En general, se recurrió al miedo de la población y a su propia incapacidad de superar la propaganda de las fuerzas del gobierno, que utilizaron los medios de comunicación en una escala mucho mayor, creando un sentimiento de peligro para la democracia en el caso de una victoria del Voto Verde. En una entrevista el 18 de abril, Matilde Rodríguez dijo que aquéllos que votaron por el Voto Amarillo lo hicieron debido a su evaluación de la situación política coyuntural más que debido a que aprobaban las acciones de las fuerzas militares y policiales [55] . Los opositores de la Ley de la Caducidad aceptaron los resultados del referéndum, pero prometieron no olvidar a los mártires, indicando que continuarían la lucha por la moralidad cívica. Agregaron que las fuerzas del Voto Amarillo ganaron el día, pero sin convencer a la sociedad, asegurando que en el juicio histórico los resultados habrían de ser otros [56] . El éxito principal de la campaña del Voto Verde consistió en haber logrado movilizar ampliamente a la sociedad civil, en cuyo seno la impunidad se convirtió en foco prolongado de discusión pública. El tema de los derechos humanos, en vez de estar aislado en el terreno privado o sectario, logró pasar a la esfera pública. El CNP llegó a cada estrato y ganó mucho respecto. La movilización forzó a políticos profesionales a enfrentar el desafío, mientras reforzaba la democracia por intermedio de la discusión y la participación directa. Por primera vez en la historia moderna del Uruguay, la movilización popular fue conducida sin la dirección jerárquica de los políticos profesionales. Verdaderamente, este cambio fue tan sólo un interregno en el control ejercitado por los políticos sobre la esfera pública. Pero el precio electoral pagado por el partido Colorado en las elecciones de noviembre 1989 parece indicar que los políticos no pueden pensar en el liderazgo de la nación sólamente con argumentos de contingencia política, sino que también deben reconocer la validez de los principios morales en la vida pública, según lo expresado por las demandas populares. Por lo menos una vez, en un período de 784 días previos al referéndum de abril de 1989, las creencias expresadas por la movilización de sectores amplios de la sociedad civil tuvo implicaciones concretas para el futuro del régimen y de la dirección del sistema político. El Legado del tratamiento parcial de las violaciones de los derechos humanos en el Uruguay La democracia avanzó considerablemente desde los días del Pacto del Club Naval. El Pacto fue negociado en secreto entre militares y políticos de los principales partidos (el partido Colorado, la Unión Cívica y sectores del Frente Amplio), a excepción del partido Blanco. El partido Colorado y la mayoría de la clase política, aunque tenían prohibido participar en la vida pública, no habían sufrido la persecución física directa durante el período del gobierno militar. El Pacto del Club Naval, firmado en agosto de 1984, permitía el llamado a elecciones y la transición hacia un gobierno civil [57] . Los principales negociadores, el general Hugo Medina y Sanguinetti, entonces líder del partido Colorado y futuro presidente, tuvieron que equilibrar presiones contrapuestas. La línea dura del ejército exigía la inmunidad explícita. Tal decisión hubiera llevado a las fuerzas izquierdistas del Frente Amplio a retirarse de las negociaciones. Por otra parte, un rechazo de la inmunidad por parte de los políticos habría truncado la transición a la democracia. Las declaraciones públicas del general Medina en aquellos momentos clarificaban que sólamente las acciones deshonestas del personal militar se podrían remitir a la justicia. El ejército no permitiría ningún proceso legal o extra-legal contra aquéllos que habían seguido órdenes. De este modo, uno de los costos principales de la apertura política fue la manifestación implícita de que los autores de las violaciones de los derechos humanos obtendrían inmunidad. Tras el retorno a la democracia, cuando la clase política fue forzada a reabrir el asunto a través del parlamento, el debate se proyectó más allá del campo de la política tradicional, hacia la sociedad civil. En tales circunstancias, una cuestión de principios, como la de las violaciones de los derechos humanos, debió ser tratada y discutida en el marco de la civilidad, central para la imagen colectiva del Uruguay. Los patrones nacionales de legitimidad históricamente conformados abrieron nuevas expectativas de justicia en sectores de la población. El formato constitucional del país determinó la posibilidad de realizar un referéndum para decidir asuntos cruciales, como el de la supuesta "caducidad de la pretensión punitiva del Estado". Doce referéndums se habían celebrado en Uruguay con anterioridad, y todos habían sido convocados por el gobierno y la clase política. El último había tenido lugar el 30 de noviembre de 1980, con gobierno militar, con el propósito de lograr la aprobación popular para su proyecto de reforma constitucional. El rechazo de aquella reforma fue respetado por los militares, sirviendo de precedente en la memoria colectiva en 1989 respecto del acatamiento castrense de las decisiones plebiscitarias. El referéndum de 1989 fue el primero originado en el seno de la sociedad civil. La movilización y la derrota de la opción del Voto Verde quedaron impresas en la conciencia colectiva del Uruguay como el acontecimiento mediante el cual la sociedad local pudo confrontarse con el legado del pasado y las posibilidades de futuro de una manera pública y para muchos catártica. El gobierno y los partidos políticos habrían podido detener el asunto antes de que alcanzara el centro de la agenda pública, o por lo menos silenciado la discusión. En el caso uruguayo, a diferencia de la Argentina o aun de Chile, no se creó ninguna organización o comité oficial con la tarea de publicar un informe sobre las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar. El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y una serie de ONGs paralelas publicaron en 1989 el único informe existente hasta hoy día [58] . Es un documento serio, que trata el trasfondo del ascenso de los militares al poder, analiza sus consecuencias y hace oir la voz de las víctimas. Incluso destacando su alto valor y seriedad, se debe reconocer que trata sólo parcialmente el problema del número de víctimas, los crímenes cometidos contra ellas y la identificación de los autores. Una evaluación de los resultados del referéndum demuestra un legado contradictorio. Por un lado, la movilización masiva de la población en torno al mismo transformó la cuestión de las pasadas violaciones de los derechos humanos en un asunto central de la agenda pública durante meses. Fomentó una conciencia generalizada del tema, inclusive entre los sectores otrora inconscientes o desinteresados en este capítulo de la historia reciente del Uruguay. Reforzó patrones de participación directa de ciudadanos en la discusión de asuntos políticos y éticos. Los políticos tuvieron que afrontar el tema en forma directa. Las organizaciones de la sociedad civil "probaron sus músculos" y lograron un alcance nacional. Las ONGs que se ocupaban de derechos humanos se esforzaron por llevar a la conciencia el discurso de los derechos humanos, y han continuado planteando el tema a diversos niveles, desarrollando en años recientes un amplio programa de educación sobre derechos sociales y económicos [59] . Por otra parte, los resultados del referéndum revelaron la carencia relativa de espacio político para maniobrar frente a las fuerzas armadas. Queda claro que la democracia no ha podido resolver las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar, prefiriendo soslayarlas de la agenda pública. Fue también evidente que la mayoría de la población optó por la estabilidad institucional. Los altos niveles de movilización y de discusión sobre la resolución del legado autoritario durante los tres primeros años del período democrático erosionaron y marginaron la centralidad del asunto. Los violadores de los derechos humanos del pasado lograron obtener inmunidad, dejando un claro mensaje acerca de cómo cuestiones similares podrían tratarse en la actualidad. La memoria de los resultados del referéndum, en el cuales el pragmatismo triunfó frente a la posición de principios, ha dejado una marca profunda en la cultura política de Uruguay. Debido a la actividad continua de los ONGs en la esfera de los derechos humanos y al modo como los derechos humanos capturaron la atención pública en los primeros años de la redemocratización, amplios sectores del público son conscientes de la necesidad de prevenir violaciones futuras, un peligro omnipresente cuando las sociedades no pueden resolver conflictos internos vía consenso democrático. A pesar de todo esto, la contingencia política no permitió mucho sitio para maniobrar, ni en el campo de relaciones cívico-militares, ni con respecto a la violencia de la policía. Hoy día se cometen nuevas violaciones de derechos humanos, esta vez contra criminales, marginales y presos, siendo ignoradas como antaño lo fueran otras en aras del bien común, la seguridad personal o la estabilidad social. El asunto continúa presente en la democracia uruguaya contemporánea. Incluso aquellos sectores que se benefician del duro tratamiento que la policía y las autoridades utilizan contra individuos marginales y presuntos criminales, deben reconocer la paradójica carencia parcial del respeto de los derechos civiles en la democracia del país. Una vez más, las consideraciones pragmáticas parecen superar a los principios morales y al respeto de los derechos humanos. Finalmente, los resultados del referéndum parecen tener implicaciones en la reconstitución de imágenes y de identidades colectivas en Uruguay [60] . El ideal de civilidad se ha reforzado, aunque el énfasis varía entre los diversos sectores de la población. Para algunos, el proceso mismo de lograr el referéndum y de llevarlo a cabo pacíficamente, y la aceptación de sus resultados, son muestras de la vitalidad del componente civil de la colectividad uruguaya. Se afirma así que Uruguay posee una esfera pública en la cual los patrones de la participación son definidos sobre todo por sus reglas de civilidad. Para otros, el componente de la sociedad civil es el elemento que diferencia esta colectividad nacional de otras, pero los resultados del referéndum revelan las limitaciones de este componente con relación a la lógica de la razón de Estado. Según esta interpretación, la democracia ha obtenido sólo resultados parciales en lo que a justicia e igualdad ante la ley se refiere. Los elementos de la justicia y del respecto por la vida individual y los derechos individuales parecen haber retrocedido una vez más ante la primacía de la estabilidad política y la lógica de institucionalización del sistema político. [1] Wilson Ferreira Aldunate, Discursos, conferencias y entrevistas 89 (Juan R. Ferreira ed., 1984), citado por Carlos Demasi, La dictadura militar: Un tema pendiente (en Uruguay: Cuentas pendientes pp. 29, 47-48 n. 9, Alvaro Rico ed., 1995). [2] Este trabajo desarrolla temas planteados originariamente en un artículo en la revista Human Rights Quarterly, 19, 1 (1997) y en el libro The Legacy of Human-Rights Violations in the Southern Cone. Argentina, Chile and Uruguay, publicado en la Oxford University Press (1999). Los autores agradecen la valiosa asistencia de Leandro Kirszenbaum en la preparación de este artículo. También se agradece el apoyo del Instituto Truman de Investigaciones para el Avance de la Paz y del Instituto Minerva de Derechos Humanos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, que hicieron possible la investigación que generó los trabajos aquí mencionados. [3] Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Verso, 1991). Ver también Ana María Alonso, The Politics of Space, Time and Substance: State Formation, Nationalism, and Ethnicity, Annual Review of Anthropology, 23 (1994), p. 379. [4] Anthony D. Smith, The Myth of the 'Modern Nation' and the Myths of Nations, 11 Ethnic & Racial Studies 1 (1988); Rogers Brubaker, Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe (Cambridge University Press, 1996). [5] Sobre los varios criterios de la construcción de identidades colectivas a lo largo de estas líneas, ver Samuel Noah Eisenstadt & Bernhard Geisen, The Construction of Collective Identity, 36 Archives Européennes de Sociologie 72 (1995). [6] La Suiza de América y Sus Mitos (en Gerardo Caetano & Milita Alfaro eds. Historia del Uruguay Contemporáneo: Materiales para el Debate, 1995, p. 189). [7] Sobre el modelo uruguayo ver Milton Vanger, The Model Country: José Batlle y Ordóñez of Uruguay 1907-1915 (1980); La Suiza de América y Sus Mitos, cit., n. 6 p. 189; Carlos Real de Azúa, El impulso y su freno: Tres décadas de Batllismo y las raíces de la crisis uruguaya (1964). [8] Sobre la crisis del modelo uruguayo, ver Oscar H. Bruschera, Las Décadas Infames: Análisis Político 1967-1985 (1986); Carina Perelli & Juan Rial, De Mitos y Memorias Políticas: La Represión, El Miedo, y Después(1986); Servicio Paz y Justicia, Uruguay: Nunca Más. Informe sobre la Violación de los Derechos Humanos (1972-1985), pp. 35- 107, 111-15 (3ª ed. 1989). En el período entre 1972-1985, Nunca Más denuncia lo siguiente: al menos 157 "desaparecidos" uruguayos (pp. 285, 425-30). Aproximadamente noventa y cinco presos políticos murieron de enfermedad o de suicidio en centros de la detención (pp. 419-22). De cada 10.000 uruguayos, treinta y uno fueron detenidos en Uruguay por razones políticas (p. 117). Muchos fueron secuestrados en la Argentina (pp. 285, 330-41). La mayoría de los detenidos fueron sometidos a tortura (pp. 143-44). Muchos consideran que en este período Uruguay tenía el índice más alto de presos políticos en América Latina (p. 117). Más de una