Democracia digital. Tecnología y política más allá del determinismo y la tecnocracia

Democracia digital. Tecnología y política más allá del determinismo y la tecnocracia Jose Candón-Mena Universidad de Sevilla, COMPOLÍTICAS [email protected] (Texto publicado en: Sierra-Caballero, Francisco y Candón-Mena, Jose (eds.) (2020). Democracia digital. De las tecnologías de representación a la expresión ciudadana. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones) Hablar de democracia digital supone atender a dos dimensiones; una política y otra técnica. Existen diversas nociones de democracia -a veces en conflicto, generalmente complementarias- y distintas formas, procedimientos, actitudes cívicas o instituciones que materializan de múltiples formas el ideal democrático. A su vez, existen múltiples tecnologías, también analógicas, y múltiples herramientas, usos y prácticas de la tecnología digital, por sí misma moldeable (Manovich, 2005) y complementaria a los medios tradicionales en un contínuo proceso de remedación (Bolter y Grusin, 2000) y convergencia (Cardoso, 2008). Preguntarse por la democracia digital implica por tanto interrogarse previamente sobre qué democracia y qué tecnología, así como sobre qué forma de interrelación se da entre ambas esferas. En este sentido han surgido diferentes tipologías de democracia digital que, a pesar de centrarse en el aspecto tecnológico, parten todas ellas de una teorización básica de los distintos modelos de democracia para luego señalar los usos de las TIC que podrían reforzarlos, atendiendo por tanto también al debate político sobre: Las formas de participación (información, discusión, voto...) y la agenda política (progresista, conservadora...) (Hagen, 1997, 2000); Los objetivos (la formación de opiniones o la toma de decisiones) o el modelo de la democracia (representativa o directa) (Van Dijk, 2000); La visión sobre la ciudadanía, los valores democráticos predominantes, el nexo político, la forma de participación, el intermediario o la norma procedimental (Bellamy, 2000; Hoff, Horrocks y Tops, 2000). Teledemocracia, ciberdemocracia, democratización electrónica, democracia legalista, competitiva, plebiscitaria, pluralista, participativa, libertaria, de consumidores, elitista o neocorporativista, neorepublicana... son algunos de los modelos propuestos que surgen del cruce entre consideraciones políticas que marcan el fin buscado y posibilidades técnicas como medios para alcanzar dichos ideales (Harto, 2006; Candón-Mena, 2016). Por tanto, para inquirir sobre la democracia digital es pertinente plantearse dos cuestiones previas: Una pregunta política, ¿qué democracia?; Y un interrogante técnico ¿qué tecnología? Ni la tecnocracia, que elude el carácter político y conflictivo de la sociedad restringiendo la política a la mera gestión y administración como medios para alcanzar unos fines supuestamente consensuados, ni el determinismo tecnológico, que o bien carga sobre la tecnología la responsabilidad de problemas mucho más profundos y complejos o, por contra, alberga en las soluciuones técnicas las esperanzas y anhelos democráticos, pueden dar respuesta a la cuestión. ¿Qué democracia? Sobre la democracia, reconocer la variedad de formas, postulados, instituciones, prácticas, actitudes, imaginarios, etc. que se reclaman democráticos. De acuerdo con Dahl (1998) “democracia ha significado diferentes cosas para diferente gente en diferentes tiempos y espacios”. Si resulta evidente que -en el marco de la democracia digitalla democracia es el fin y la tecnología es el medio, hay que señalar también que la meta de la democracia no está determinada, que no solo hay múltiples caminos para llegar a ella, sino que hay múltiples destinos, diversos objetivos a veces complementarios y a veces contradictorios. En definitiva que la propia democracia es un concepto en disputa. Ni a la democracia ni otros ideales como los derechos humanos (Herrera Flores, 2008) podemos definirlos como objetos transcendentales y objetivos, sino como constructos sociales fruto de luchas que lograron amplios consensos de base, pero que también están sometidos al debate y al discenso. Formas liberales y representativas, republicanas, participativas, plebiscitarias, deliberativas, etc. pueden convivir y de hecho conviven, en uno u otro grado, en las democracias vigentes (Della Porta, 2013), pero también inspiran nociones de democracia alternativa y en conflicto. Incluso podemos hablar de la existencia de democracias autoritarias donde, restringida al mínimo la participación, se da la paradoja de que los representantes electos del pueblo toman decisiones que este no comparte, aunque existan canales para corregir y revertir dicha situación. Atendiendo a un mínimo común denominador, como cierta participación del pueblo para elegir a sus representantes y tomar las decisiones políticas, son amplios los regímenes que se pueden considerar democráticos. No es del todo así cuando consideramos a la democracia en su esencia, como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, algo que en la práctica no siempre se garantiza solo por el hecho de disponer de algunos canales de participación y decisión popular. No obstante, resulta complejo calificar uno u otro modelo, estableciendo grados desde las formas más a las menos democráticas. Si bien podemos postular que solo el voto ocasional resulta insuficiente para una democracia plena, también es cierto que es una condición sine qua non, necesaria pero no suficiente, o que tampoco sería democrático un régimen plenamente deliberativo sin poder de decisión o formas plebiscitarias sin posibilidad de debate previo que pueden derivar en tiranías mayoritarias y decisiones irreflexivas y pasionales. En general en las propias democracias actuales, si bien prima la representación y el voto desde una perspectiva liberal, conviven diversas formas de democracia, con al menos algunos canales de participación o al menos consulta ciudadana, referendums ocasionales, ciertas oportunidades para el debate deliberativo, etc. La graduación entre modelos más o menos democráticos no parece estar tanto en la elección de unos u otros, sino en la agregación de múltiples formas complementarias que enriquezcan el sistema. La democracia es un ideal, pero debe materializarse en instituciones, reglas, procedimientos, etc. que permitan al pueblo gobernarse. Es en este sentido en el que en el contexto de la crisis de legitimidad de las modernas democracias (Wolin y Schaar, 1970; Barber, 1984; Flacks, 1971, 1994; Melucci, 1989, 1996; Laraña, 1999; Díez y Laraña, 2017; Putnam, 2000; Diamond y Morlino, 2005) se llama a radicalizar, reforzar o democratizar la democracia (Mouffe, 1999; Calle, 2011; Barber, 1984; Sousa Santos, 2004). En general estas propuestas no pretenden la sustitución del modelo representativo, sino su mejora y perfeccionamiento (cambiando los sistemas electorales, mejorando la transparencia y rendición de cuentas, abriendo la posibilidad de revocar a los representantes, etc.), así como su ampliación con formas de democracia directa y participativa, referendums, consultas, iniciativas legislativas populares, o ampliando la esfera y los canales de deliberación, así como el ámbito de poder democrático (en la empresa, a escala supranacional o global, etc.). Formas de “demodiversidad” (Sousa Santos, 2016) que, por caminos distintos, amplien los márgenes y fortalezcan la democracia. ¿Todo el mundo es demócrata? El debate político e ideológico, que atañe a la propia noción de democracia, es por tanto previo a la consideración de las soluciones técnicas que podría implementar la democracia digital. Pero el problema es aún más complejo. La disputa no solo atañe a dirimir cuáles son las mejores formas de implementar una verdadera democracia. En éstos términos se parte de la premisa de que existe un consenso previo; la voluntad de reforzar la democracia para hacer real el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De ser así no habría que depositar en la actual revolución digital las esperanzas para una mejora sustancial de la democracia. Esto supondría abordar el problema desde un punto de vista técnico, utilitarista, cuando el problema es de fondo, político. La actual crisis de legitimidad democŕatica no puede achacarse a deficiencias técnicas que supuestamente vendrían a solventar las nuevas tecnologías pues, aunque éstas puedan facilitar muchos usos democráticos, ya existían previamente multitud de formas “analógicas” para el reforzamiento de la democracia que, simplemente, no se implementan por una cuestión de voluntad política. No precisamos de Change.org o Avaaz.org para implementar una forma tan histórica de participación como las peticiones, sino que los poderes públicos atiendan o al menos escuchen dichas demandas. No hace falta que el voto sea digital para convocar el clásico referendum, ya teníamos un sistema tan efectivo como las urnas y papeletas. No es preciso un portal digital de transparencia con información que podría imprimirse y publicarse en el BOE. Mejorar los sistemas electorales, cumplir las promesas de campaña, regular la financiación de los partidos, celebrar primarias, reformar el sistema de medios de comunicación (tradicional) para garantizar la pluralidad de voces y la deliberación democrática, que el lugar físico y presencial del Parlamento sea un verdadero espacio de discusión racional, etc., son cosas que pueden hacerse sin necesidad de usar las nuevas tecnologías que, en su caso, podrían facilitar algunas funciones que no obstante ya eran posibles mucho antes de la revolución de las TIC1. El problema no es por tanto diseñar e implementar herramientas, sean analógicas o digitales, para reforzar la democracia. Ni siquiera lo es tanto determinar el modelo o las prácticas que mejor sirvan al fin de profundizar la democratización. El problema está en cuestionarse si, a pesar del aparente consenso en el que todos los actores sociales se ven impelidos a reclamarse como democrátas, existe una verdadera voluntad de mejorar, ampliar y reforzar la democracia para que efectivamente sea el gobierno del, por y para el pueblo. Hemos definido la democracia como un fin, siendo en todo caso la tecnología un mero medio que podría ayudar a materializarlo, lo que cabe preguntarse es si la democracia no es también un medio. En este conflicto entre medios y fines se dirime una discusión más profunda sobre la democracia. Su amplia legitimidad invita a que todos los actores políticos la reclamen como fin, incluso los régimenes más autoritarios se ven impelidos a reclamarse como democráticos o al menos basados en el apoyo popular, a situar la democracia como nucleo fundamental de sus postulados políticos, aunque a veces sea solo un medio para tratar de legitimarlos. La democracia como tal se convierte así en un mero instrumento de legitimación social, aunque para ello haya que aceptar una mínima parte de sus postulados. De ahí surgen las nociones de democracia autoritaria en las que el poder del pueblo se restringe a una mínima participación del pueblo, suficiente para tratar de legitimar el sistema social manteniendo en esencia el poder sobre el pueblo. Algunas de las actuales formas representativas y delegativas de democracia, o nuevas formas de despotismo ilustrado, postulan a su vez el valor supremo de la democracia mientras restringen al mínimo posible las formas democráticas de participación, discusión y decisión ciudadanas. Son formas funcionales de democracia, que pueden incluso convivir con formas también funcionales de dictadura, pues es el fin político el que está determinado, siendo los medios democráticos valorados en función de su utilidad para alcanzarlo. De ahí la existencia de dictaduras funcionales que se condenan como fin pero que, de una u otra forma, se legitiman como medio. Cuando la democracia se desborda y haciendo uso de las formas democráticas el pueblo instaura un régimen que, aun siendo plenamente democrático, entra en conflicto con los fines sustantivos de las élites, como en el Chile de Allende por poner solo un ejemplo, los demócratas instrumentales no dudan en impulsar una dictadura funcional que resetee la situación, aun conscientes de que no pueden mantener esta forma de gobierno. Una vez garantizado, mediante la cruel represión dictatorial, que se ha quebrado la voluntad del pueblo para promover un sistema contrario a sus intereses, los demócratas 1 Otro ejemplo de la posibilidad real de mejorar la participación sin necesidad de recurrir a las soluciones digitales sería el caso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y presentada al Parlamento español el 30 de marzo de 2011, que fue rechazada a pesar de contar con un apoyo casi unánime por parte de la ciudadanía. Según un sondeo de Metroscopia de noviembre de 2012, el 95% de los españoles reclamaba un cambio urgente de la legislación hipotecaria vigente. Luego, el 87% consideraba que el Congreso había hecho lo correcto dando audiencia a la PAH y, posteriormente, la reforma aprobada por el gobierno, que no incluía las principales reivindicaciones de la ILP, era calificada de insuficiente por el 78% de los ciudadanos. Una abrumadora mayoría apoyaba las medidas inicialmente propuestas en la ILP, como el aplazamiento de los desahucios, apoyado por el 92% frente al rechazo del 6%, o la dación en pago con un apoyo del 90% y un 8% de rechazo. La iniciativa recabó 1.402.845 firmas en papel y fue debatida en el espacio físico del Parlamento y finalmente rechazada en contra de la opinión mayoritaria de la población ¿Deberíamos confiar en que correría distinta suerte avalada por firmas electrónicas o debatida en el ciberespacio? instrumentales no tienen el menor reparo en aceptar e incluso impulsar de nuevo la democratización, garantizándose un sistema democráticamente legitimado pero a su vez encauzado, gracias a una dictadura funcional y temporal, en los límites adecuados a sus verdaderos intereses. No siempre se llega a tales extremos, pero a menudo convive una efusiva reclamación de los valores y la legitimidad democrática con una profunda resistencia a cualquier forma de participación que amplie o desborde los cauces controlados de la representación. La falacia del punto medio postula que la democracia es positiva, pero que demasiada democracia resulta perversa, una tradición que se remonta a Aristoteles y que también adquiere formas de despotismo ilustrado, que hoy nos alerta de los populismos y, en forma de despotismo ilustrado 2.0, de las fake news, postverdades o la irracionalidad del debate en las redes sociales. Una crítica certera si no fuera por la total ausencia de autocrítica en el mismo sentido por parte de los medios y las élites políticas que, mucho antes de internet, tanto contaminaron, rebajaron y enclaustraron el debate democrático, ahogando y maltratando a las voces contrarias a los intereses hegemónicos. Sin embargo, la historia de la democracia es la historia de su continua ampliación, de su desborde permanente. De la democracia ateniense de ciudadanos libres -ciertamente una aristocracia aristotélica- o desde el voto censitario, masculino y blanco, siempre restringido, al sufragio universal y una constante ampliación del derecho al voto. Pero también más allá del voto y la representación, ampliada más allá de los partidos con cauces de participación abiertos a sindicatos, ONG u organizaciones sociales diversas, al menos de forma consultiva, mediante referendums o, por ejemplo en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con la posibilidad de revocatorios. Extendiendo las primarias en el seno de los partidos políticos, como actualemente en España, o también mediante formas no institucionales de participación, como la movilización social, que lejos de contraponerse a la representación ha demostrado históricamente ser un necesario complemento, ya que dicha movilización extrainstitucional acaba derrocando gobiernos en las urnas o cambiando las políticas públicas de los representantes ante las evidentes demandas de los representados. De acuerdo con Rosanvallon (2006) la democracia no solo necesita una legitimación legal, sino también “contra-democracia” como una modalidad específica de acción, una forma particular de intervención diferente a la toma de decisiones, pero aún un aspecto fundamental del proceso democrático. ¿Qué democracia digital? Respecto a la democracia digital, todo lo anterior debe guiar el debate para situarlo en sus justos términos. Es decir, que lo importante es la voluntad política democratizadora y a partir de ahí se puede comenzar a definir las formas y pŕacticas democráticas y por tanto los medios para llevarlas a cabo, que no tienen por qué ser solo digitales. Desde este punto de vista crítico se hace necesario repensar y discutir si realmente todas las aplicaciones posibles de la tecnología pueden ayudar al reforzamiento democrático, o algunas herramientas y usos pueden ser más bien una excusa o incluso una forma de restringir y empeorar, más que mejorar, el sistema democrático. Parece prudente sospechar al menos de las promesas más difundidas desde las actuales élites políticas, como el gobierno abierto o la transparencia, sobre todo cuando a veces esas mismas élites han actuado de forma claramente opuesta a esos principios2. También de las élites mediáticas que tras años de desprestigio del periodismo a base de sensacionalismo, distintos grados de manipulación informativa o plegarse a sus intereses económicos por encima del bien público alertan ahora de la degeneración del debate democrático en las redes sociales. Incluso de aquellas voces que hoy achacan a las nuevas tecnologías comunicativas la causa última del surgimiento de movimientos, partidos y líderes ciertamente autoritarios, populistas, xenóbobos o machistas, que obviamente responden a fenómenos mucho más complejos y que, incluso si alcanzan visibilidad y aceptación 2 Un ejemplo evidente son las leyes de transparencia aprobadas en España por el anterior gobierno del PP a la vez que, acosado por la corrupción, manejaba una contabilidad paralela, destruía pruebas de ello o dificultaba la labor de la justicia para esclarecer los hechos. gracias a las redes sociales, lo hacen sobre un contexto previo de profundo descrédito de la política y el periodismo, crisis económica, inseguridad social, etc., recordando además que las alternativas para dar respuesta de forma progresista a esta ola de indignación general son igualmente atacadas desde el sistema político y mediático por cuestionar el statu quo, que no a la democracia que de hecho pretenden reforzar, proponiendo soluciones de progreso al malestar social, aunque estas choquen con los intereses dominantes3. Conviene atender también al hecho de que, más allá de las propuestas formuladas, la mayor implementación de las TIC por parte de las élites políticas parece ser la que atañe a las campañas electorales en lo que ha sido denominado como “gestión computacional de campañas” (Kreiss, 2012). Dader y Campos (2017) distinguen así entre dos acepciones de la “ciberpolítica”: La “ciberdemocracia”, como una comunicación política transparente, multipolar, deliberativa y de interpelación cívica universal, en la que la deliberación juega un papel clave como forma de generar y transformar las preferencias, sin limitar la participación al ejercicio del voto y la adhesión (Dryzeck, 2000); Y la “hiper‐tecnocracia”, como un enfoque tradicional e instrumental en el que la ciberpolítica es sólo una tecnología más de vanguardia, sin un cambio sustancial en la naturaleza de la actividad política, aunque sí en sus estrategias comunicativas/persuasivas. La primera acepción, la “ciberdemocracia”, se encuadraría en la verdadera voluntad de profundización democrática, resaltando el uso potencial de las TIC para la deliberación y la discusión pública ciudadana, mientras que la segunda, la “hiper‐tecnocracia”, alude más a la persuasión que al debate, a la manipulación unidireccional y de arriba a abajo de la opinión pública más que al diálogo y la expresión libre ciudadana. Aunque el discurso de la “ciberdemocracia” enmarca la justificación de las promesas de democratización por parte de las élites, la realidad apunta a que la implementación real de la ciberpolítica se produce a través del uso “hipertecnocrático” del potencial de las TIC para la persuasión y el control ciudadano. Primaría así una “ciberpolítica de la logística comunicativa” (Dader y Campos, 2017) basada en el uso de la minería de datos (datamining), la construcción de perfiles ultrasegmentados (microtargeting), incluidos perfiles psicográficos, y la adecuación de mensajes altamente personalizados, especialmente en tono emocional, con objetivos persuasivos más que deliberativos, más ligados a la publicidad que a la publicity habermasiana como esfera de debate público racional y democratico. Formas denunciadas por su papel manipulador de forma selectiva (Trump, el Brexit, Bolsonaro, el conflicto catalán...) pero de hecho usadas prolíficamente, amparadas y legitimadas cuando son las élites hegemónicas las que hacen uso de ellas. A veces la diferencia solo parece situarse en una cuestión legal, por ejemplo si Trump hizo uso de datos obtenidos de forma ilegítima, mientras que se aplaude cuando dicha manipulación se efectúa por formas aceptadas de obtener dichos datos, como en el caso de Obama. Lo que no se cuestiona es el riesgo para la democracia de esas potentes técnicas de persuasión, como un riesgo en sí mismo independientemente de en manos de quién se deposite ese enorme poder4, así como la lógica que guía esta forma de uso político de las TIC. En lugar de empoderar al ciudadano el enfoque consiste en explotar de forma eficiente la información, y también las debilidades, miedos y emociones, de la ciudadanía para manipularla en uno u otro sentido. La democracia se reduce a una competencia entre distintas facciones de las élites políticas, aquellas con el poder económico y técnico necesario para llevar a cabo este tipo de campañas. Incluso dando espacio a la participación ciudadana, mediante la implicación de la militancia y los simpatizantes en la propia ejecución de las campañas electorales, se habla de técnicas de “pastoreo” (Vaccari, 2010), mediante las cuales los simpatizantes sienten que colaboran de forma libre y espontánea cuando en realidad son dirigidos -eso sí de forma laxa y sutilpor el 3 Brasil con Bolsonaro y Lula, España con Podemos y Vox, EEUU con Sanders y Trump, RU con Corbyn... 4 Un ejemplo es la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) debatida en España en la que, en un principio, todos los principales partidos -incluido Podemosavalaron la explotación electoral de información personal. Ver: https://www.lavanguardia.com/politica/20181121/453076337466/ley-proteccion-datos-partidos-opiniones-politicas- redes-sociales.html equipo de campaña. Como ovejas por el campo que aparentemente pastan libremente pero que en realidad están férreamente controladas por pastores y perros que guían al dócil rebaño para que nadie se salga del redil. ¿Hay una imagen más opuesta a la de una ciudadanía libre y empoderada? La privatización del conocimiento, la vigilancia y el control de los datos personales de los ciudadanos, la creación de microperfiles políticos y psicográficos y el uso de técnicas de manipulación que explotan eficazmente dicha información se presentan como legítimos para fines comerciales, pero también políticos siempre que estén en manos de las élites, que se autoproclaman a sí mismas como responsables y legítimas. Élites que se presentan como legitimadas para manipular a la ciudadanía y moldear sus pasiones y sus miedos, ya que su fin último declarado es que no caigan en la irresponsabilidad y tomen decisiones pasionales e irracionales, manipuladas por los populismos, que son siempre los otros. ¿Qué tecnología? Aun así las nuevas TIC forman un ecosistema digital complejo y moldeable. Si bien algunos de sus principios son originalmente proclives a las prácticas democráticas, como la horizontalidad o bidereccionalidad frente al modelo jerárquico de la comunicación unidireccional, o la interactividad frente al modelo pasivo de los mass media, la tecnología es tremendamente moldeable y puede servir a múltiples usos y prácticas. Surgen contextos de interacción y relaciones sociales y estructuras tecnológicas, con un alto potencial para la reflexividad social que conviven con tendencias contrapuestas como el control de la información y la comunicación o los sistemas de vigilancia (Castells, 2005). El desarrollo tecnológico está influido por los usos y preferencias sociales y también por factores como la legislación o la financiación del mercado, en una nueva economía digital, y el resultado de éstas múltiples influencias da forma a la tecnología y sus herramientas y aplicaciones actuales. En su origen, abundaban los puntos de vista tecnoutopistas en relación al impacto de las TIC sobre la sociedad y la democracia (De Sola Pool, Negroponte, Rheingold...) y, aunque ciertamente muchos de aquellos postulados aducían de un exacerbado utopismo y una clara simplificación tecnodeterminista por la cual la tecnología sería capaz de resolver profundos problemas en esencia sociales y políticos, es cierto que se advertía un cierto carácter liberador con la irrupción de las TIC. Hoy prima la postura contraria, un tecnopesimismo (Murdock, Thompson, McChesney, Morozov…) que igualmente se torna a veces catastrofismo y que de la misma forma postula un determinismo tecnológico que achaca a las TIC las culpas de grandes problemas sociales que las anteceden y desbordan. Lo que a veces se olvida es lo que ha sucedido entremedio, la evolución de unas TIC que no son ya las mismas que alumbraron las esperanzas iniciales (Candón-Mena, 2013a). Del surgimiento inicial en la esfera relativamente autónoma del mundo académico y las primeras comunidades virtuales (Castells, 2001 y 2005; Rheingold, 1996) se ha pasado al papel predominante de la privatización y explotación económica de las TIC, así como a la toma de control por parte del Estado con medidas legislativas crecientes que han acabado invadiendo ese supuesto ciberespacio autónomo y soberano que postulara Barlow (1996). Hoy incluso se cuestionan principios fundamentales como la neutralidad de la Red en beneficio de grandes conglomerados de empresas tecnológicas y mediáticas. La publicidad lo invade todo y ésta se basa en enormes sistemas de vigilancia y control de los datos de los usuarios, que no solo sirven a fines comerciales - que en el fondo también suponen una manipulación del ciudadano en su papel de consumidorsino también políticos, dando lugar a los conocidos escándalos que hoy nos alertan sobre los riesgos de las TIC para la democracia. Los bots que contaminan el debate democrático se venden al mejor postor. Los algoritmos comerciales que personalizan las sugerencias de compra se aplican del mismo modo a toda la información, fomentando la autocomplacencia de un público empujado a encerrarse en su gueto ideológico y subviertiendo la riqueza y enorme pluralidad pionera de la información en la Red. El Estado también ha tejido sobre la Red un impresionante sistema de vigilancia que, bajo la excusa de amenazas como el terrorismo, la pederastia o también la piratería, han servido claramente para el control ciudadano. Incluso tomando por cierta la voluntad de que estas grandes maquinarias de vigilancia ciudadana se usarán solo de forma restringida para protegernos, el hecho es que dejan en manos del Estado un enorme poder de vigilancia, manipulación, control y represión que parece incompatible con las libertades y derechos de una ciudadanía democrática. Una acumulación de poder que, para quien no considere peligrosa su concentración en manos de Obama, debería hacer reflexionar el hecho de que acabara en manos de Trump. Además, todos estos desarrollos se realizan de forma oscura y poco transparente, con códigos y algoritmos secretos que también subvierten la filosofía abierta y transparente de los primeros estadios de la Red y que hoy sigue guiando al movimiento del software libre (Stallman, 2004). Hasta las nuevas formas de economía colaborativa surgidas en el ciberespacio se tornan en nuevas formas de explotación neoliberal que, ante la presión del mercado y la laxa legislación laboral, se materializan en todo lo contrario a las ideas y experiencias primigeneas (Candón-Mena, 2018). La conjunción del poder económico y político han cercado en buena medida la Red originaria, aquella que inspiró las primeras visiones liberadoras y prodemocráticas. Cabe preguntarse por tanto si las TIC en sí han dejado de ser un factor predominantemente positivo, si la experiencia nos ha mostrado lo equivocado de las premisas iniciales, o simplemente se ha moldeado intencionalmente a la Red para domesticar los usos disrruptivos que desbordaron inicialmente los estrechos cauces de representación democrática o rompieron el monopolio de la información. Si, por ejemplo, sería posible la manipulación de los algoritmos y la obtención y explotación de nuestros datos si se hubiera optado por defender el acceso al código para que al menos sepamos qué es exactamente lo que hacen las aplicaciones que usamos cada día o se hubiera protegido más la privacidad de los usuarios que los intereses de la industria. La cuestión es que las experiencias que ilustraron hasta hace poco el papel democratizador de las nuevas tecnologías, como la relativamente reciente convocatoria del 15M a través de las redes sociales, están hoy restringidas y sancionadas por una “Ley Mordaza” aprobada por el anterior gobierno pero mantenida por el actual después de criticarla, que la sagrada inviolabilidad del correo postal no se ha extendido al correo electrónico o que el tabú del cierre administrativo de un medio de comunicación se ajecuta sin problemas cuando se trata de un medio digital minoritario. Pero incluso hoy, a pesar de la evidente regresión, la Red sigue siendo un espacio contradictorio y en disputa, en el que conviven prácticas, aplicaciones y usos autoritarios con espacios de libertad y participación democrática. La atención a las cuestiones propiamente políticas, más que técnicas, el reconocimiento del carácter conflictivo, y no consensual, de la sociedad y de la propia democracia, la sospecha o al menos cautela ante las élites responsables del actual debilitamiento democrático y su verdadera voluntad de reforzamiento de la democracia, etc., nos invitan a ampliar el foco del debate. Quizás las posibles aportaciones de la democracia digital deban buscarse en otras fórmulas más allá de la transparencia, el gobierno abierto o el voto electrónico, o la deliberación en el mundo digital más allá de las redes sociales comerciales y los usos hegemónicos de las mismas. Quizás sea de formas más complejas, desde la periferia del sistema político y de maneras indirectas, que las TIC puedan realmente contribuir a la ampliación y reforzamiento de las democracias actuales. Movimientos sociales y democracia digital Los movimientos sociales, en particular en sus formas más amplias y transversales, es decir aquellos calificados como “incluyentes o proactivos”,5 son un buen lugar en el que focalizar las posibilidades de las TIC para la mejora democrática. 1. En primer lugar, por ser actores de democratización que históricamente amplian los márgenes de la democracia (Della Porta y Diani, 2006; Tarrow, 1994; Tilly, 2007; Giner, 2008). Se ha caracterizado a los movimientos sociales desde los 60 por la experimientación y propuestas para ampliar los márgenes de la democracia y su contribución a “redefinir las coordenadas culturales y políticas en las que tiene lugar la representación de intereses” (Della Porta y Diani, 2006), como un actor constante en la “ampliación de lo político” (Sousa Santos, 2016). Se percibe además un “hilo democrático” desde los movimientos de los 60 y 70 y su apuesta por la democracia directa, al movimiento global en los 90 que incide en el modelo deliberativo de democracia, en línea con el giro deliberativo de la teoría política y las ciencias sociales, y también una creciente inclusividad radical, característica de los movimientos contemporáneos (Romanos, 2018; Della Porta, 2013, Robles y Ganuza, 2011; Díez y Laraña, 2017; Lawrence, 2013; Gerbaudo, 2017). 2. En segundo lugar, se ha destacado el uso intensivo y apropiación de las TIC por parte de los movimientos sociales contemporáneos como una de las principales caracteristicas de las nuevas formas de protesta. Incluso más allá del uso instrumental de los nuevos medios, se percibe una intensa identificación de los nuevos movimientos con internet, movilizándola como marco cultural ligado a la democratización (Candón-Mena, 2010). En coherencia, los movimientos se implican en la defensa de la Red como un bien público o defendiendo el acceso equitativo a la misma como un nuevo derecho ciudadano. En particular defienden los principios de la Red originaria, aquellos que alumbraron amplias esperanzas de democratización, aunque fueran a veces exageradas. Se encuentran así colectivos y organizaciones de movimientos sociales, con un alto grado de reflexividad social, que activan e impulsan prácticas sociales colaborativas (propias de la participación y de la movilización ciudadana) y que en las últimas décadas activan o emplean herramientas tecnológicas digitales que les facilitan actuar e incidir en la política al margen de las instituciones políticas formales. “Dos elementos que pueden potenciar el ensanchamiento de la dimensión rousseauniana acerca de la democracia, puesto que estas prácticas sociales le son consustanciales y porque las nuevas tecnologías de la información lo permiten y lo facilitan” (Díez y Laraña, 2017:73). 3. En tercer lugar, por la caracterización de los movimientos como instituciones intermedias del debate público, en la esfera de la sociedad civil organizada, y su capacidad para intermediar entre el ámbito social y las instituciones políticas. Los movimientos son una eficaz herramienta de agregación de intereses, más allá de los partidos. Siendo la movilización social el recurso característico de aquellos que no tienen influencia en la agenda política a través de las vías institucionales establecidas, los movimientos sociales amplian la agenda política y dan forma en el mismo proceso de movilización a nuevos reclamos y propuestas que influyen en la agenda institucional. Ya sea obteniendo apoyo por parte de otros actores como los partidos políticos que asumen sus demandas, a través de un proceso de institucionalización en forma de nuevos partidos u ONG de los propios movimientos o parte de ellos, y también por ambas vías que no se excluyen mutuamente6. Los movimientos materializan pues las visiones más republicanas y comunitaristas de democracia, como la de Tocqueville, en las que se destaca la importancia de los hábitos democráticos, las 5 Distinguimos así entre movimientos “incluyentes o proactivos” y su contraparte, los movimientos “reactivos o excluyentes” (Ullán, 2016: 66-70) 6 Un ejemplo de ello es el movimiento ecologista cuyas demandas han irrumpido fuertemente en la agenda política tanto incorporándose a los programas de los partidos políticos tradicionales como dando lugar a nuevas formaciones, como los partidos verdes en todas sus variantes, y también mediante la presión de grandes ONG como Greenpeace. virtudes cívicas y las vivencias compartidas en la comunidad política, así como el capital social (Putnam, 2000) y la vitalidad de una sociedad civil fuerte, plural y activa. Esta implicación de la sociedad civil se torna fundamental para: Mantener controladas las tendencias oligárquicas del orden democrático moderno; Canalizar las demandas ciudadanas en sociedades plurales y cada vez más complejas; Y generar espacios (institucionalizados o no) de democracia más participativa fundamentada en la concepción rousseauniana y en el principio de legitimidad democrática, sin renunciar al principio de legalidad (Díez y Laraña, 2017:71). También en el ámbito deliberativo (Habermas, 1996) se ha situado el locus de la discusión tanto en las instituciones liberales tradicionales como en las esferas públicas alternativas libres de la intervención estatal. “La preponderancia dada a los movimientos sociales en esa articulación ha situado a las organizaciones sociales en un lugar central en los procesos de democratización, pues también es en ellas donde los ciudadanos pueden aprender virtudes o hábitos críticos y democráticos” (Robles y Ganuza, 2011). El activismo social ha sido visto de hecho como una alternativa a algunos de los síntomas de la desafección ciudadana por la democracia, como el voto o la afiliación a partidos y sindicatos (Bennett, 2003), siendo la participación por vías no institucionales como las ONG y los movimientos sociales una respuesta al desinterés generalizado por la política institucional que se transformaría en formas de participación “sub-políticas” (Beck, 1998). Los “grupos intermedios de la sociedad civil” y la emergencia de la “subpolítica” implica la apertura de nuevos cauces y esferas de participación y sirve para: La reactivación de la política o como vehículos o medios de expresión de demandas e intereses; Como contrapeso de las tendencias perversas de los sistemas democráticos formales; Como generadores de discurso político y líderes, que posteriormen se integran las organizaciones políticas; Y también como impulsores de procesos de cambio (Díez y Laraña, 2017:70). El foco en los movimientos sociales respecto a la democracia digital resulta también útil a la hora de abordar el carácter conflictivo de la vida social, del que los movimientos son una de las principales expresiones, así como la disputa en torno al mismo concepto de democracia. Sin tener por qué cuestionar el modelo imperante de democracia representativa, los movimientos experimentarían con otras formas de democracia (directa, asamblearia) y propugnarían modelos más participativos y deliberativos como complemento a la representación. En general, atendiendo a las precauciones antes mencionadas, podemos presuponer una mayor confianza en la verdadera voluntad democratizadora de los movimientos sociales que la depositada en las élites responsables del descrédito de la política tradicional contemporánea. Es de hecho la acción colectiva de los grupos marginados la que ha impulsado históricamente la ampliación y consolidación de la democracia, desde la burguesía marginada en su momento del poder político hasta el movimiento obrero y su exigencia de sufragio universal (no censitario), el sufragismo del movimiento feminista o el movimiento por los derechos civiles respecto a la raza. Aun siendo transversal en cuanto a los sujetos políticos (respecto a las dimensiones de clase, género o raza antes mecionadas), los movimientos sociales son la expresión de demandas marginadas surgidas desde la base, ya que el recurso a la acción colectiva contenciosa es la alternativa de aquellos que no disponen de otras vias de influencia. Movimientos sociales e instituciones: Democratización de abajo a arriba y viceversa Por otra parte, la movilización social puede funcionar en determinadas ocasiones en las que logra cierto éxito para renovar las élites políticas. Hemos manifestado cierta reserva a que una mayor democratización sea liderada por unas élites politicas que, en general, no han mostrado su voluntad de ampliar los cauces de participación ciudadana, para lo que hay múltiples alternativas ya disponibles, y que la simple existencia de nuevas herramientas digitales pueda impulsar una agenda - Bolter, J. y Grusin, R. (2000). Remediation: Understanding New Media. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. - Candón-Mena, J. (2010). Internet en movimiento: Nuevos movimientos sociales y nuevos medios en la sociedad de la información (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC. de la Información, Departamento de Sociología VI. Director Félix Ortega Gutiérrez. - Candón-Mena, J. (2013a). “Movimientos sociales y procesos de Innovación. Una mirada crítica de las redes sociales y tecnológicas”, en Sierra Caballero, F. (coord.) (2013). Ciudadanía, tecnología y cultura. Nodos conceptuales para pensar la nueva mediación digital. 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