Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020)

Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020)1 Communication Policies of Successive Catalan Governments in the Years of the Proindependence Process (2012-2020) Isabel Fernández Alonso2 Universidad Autónoma de Barcelona (España) ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4544-7589 Recibido: 05-04-2021 Aceptado: 24-04-2021 Resumen Este artículo sistematiza y analiza las principales estrategias de los gobiernos nacionalistas catalanes en materia de políticas de medios en los años del denominado procés independentista, que arranca con la gran manifestación separatista de septiembre de 2012 y se eclipsa con el estallido de la pandemia del Covid-19. Apunta cuatro líneas principales de actuación: la instrumentalización de los medios públicos regionales, la adjudicación de licencias de emisión a empresas privadas afines, el clientelismo en la transferencia de fondos públicos a esas 1 Este artículo se enmarca en el proyecto “Impacto de la financiación pública en la economía de las empresas mediáticas privadas. Subvenciones y publicidad institucional. Análisis del caso español (2008-2020). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Plan Nacional de I+D+i, Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico (2019-2021). Ref. PGC2018-093887-B-I00. 2 ([email protected]). Directora del Grupo de Investigación en Estructura y Políticas de Comunicación Daniel Jones de la Universidad Autónoma de Barcelona (https://grupodanieljones. org/). Entre las publicaciones, cabe mencionar: Fernández Alonso, Isabel y Santana, Fernanda (2000): Estado y medios de comunicación en la España democrática. Madrid: Alianza Universidad. Fernández Alonso, Isabel (2016): “Independent Audiovisual Regulators in Spain: A Unique case in Europe”, en International Journal of Communication, vol. 10, pp. 359-376. Fernández Alonso, Isabel (2017) (ed.): Austeridad y clientelismo. Política audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de la crisis financiera. Barcelona: Gedisa. 296 Isabel Fernández Alonso Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 mismas empresas privadas y los mecanismos de presión y seducción a periodistas extranjeros. Todo ello entendido como una aceleración del proyecto de articulación de un sistema mediático propio, iniciado en los años ochenta, con el fin de avanzar en el proceso de nacionalización de Cataluña. Palabras-clave: política de medios, Cataluña, nacionalismo, clientelismo Abstract This article systematises and analyses the successive Catalan nationalist governments’ main media policy strategies in the years of the so-called ‘proindependence process’, which began with a massive separatist demonstration in September 2012 and has since been eclipsed by the COVID-19 pandemic. It highlights four main lines of action: the instrumentalisation of regional public media; the granting of broadcast licences to private firms sympathetic to the cause; clientelism in the transfer of public funds to those private firms; and the mechanisms for pressurising and seducing foreign journalists. All of the above can be understood as an acceleration of the project to articulate an own media system, which had begun in the 1980s, for the purpose of furthering Catalonia’s nation-building process. Keywords: media policy, Catalonia, nationalism, clientelism. 1. Políticas de comunicación, espai català de comunicació y construcción nacional A principios de los años ochenta, inspirada en el debate desarrollado en la UNESCO entre los partidarios del free flow of information y los defensores de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), emerge con fuerza en el ámbito académico catalán (Gifreu, 1983) la idea de políticas (nacionales) de comunicación, entendidas como la herramienta clave para la articulación de un sistema mediático propio, diferenciado del español, y abarcador de todos los territorios de habla catalana (Gifreu y Corominas, 1991)3. 3 Las políticas nacionales de comunicación, tal como las plantean en el contexto del referido debate los Países No Alineados (impulsores del NOMIC), son un instrumento esencial para el logro de tres grandes objetivos: el desarrollo social y económico de los países más pobres; el impulso de la democracia participativa; y la definición y/o reforzamiento de las identidades culturales, algo especialmente relevante en el caso de aquellos territorios que habían vivido recientemente procesos de descolonización (Gifreu, 1986: 104-113). 297 Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020) Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 Ese sistema mediático propio, bautizado como espai català de comunicació, con el tiempo, como resultado de las políticas del nacionalismo más conservador (1980-2003) y de las lógicas resistencias de las otras regiones catalanohablantes, ha quedado circunscrito al territorio de la comunidad autónoma de Cataluña. En todo caso, los diferentes analistas, empezando por los académicos que impulsaron la idea, coinciden en el rol central de esos medios propios –de ese espai català de comunicació– para la difusión del discurso que ha sustentado el denominado proceso de construcción nacional de Cataluña (Guimerà i Orts, 2014), que alcanzaría un evidente punto de inflexión con la gran manifestación independentista del 11 de septiembre de 2012. En síntesis, las políticas de comunicación del gobierno de la emergente Comunidad Autónoma de Cataluña debían orientarse a la articulación de un ecosistema mediático diferenciado del español que, a su vez, contribuyese al fortalecimiento del movimiento nacionalista catalán. La mejor evidencia de que esta idea se puso de inmediato en práctica la constituye un documento, el conocido como Programa 2000, que Jordi Pujol – Presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003– entregó a su equipo de gobierno para debatirlo en una reunión mantenida el 3 de septiembre de 1990. Se trataba de un plan de nacionalización que pretendía incidir en diversos ámbitos de la sociedad catalana, si bien tenía como objetivos prioritarios “la escuela (…); los medios de comunicación de masas, especialmente los medios públicos audiovisuales; y la socio-cultura (…)”. En lo que respecta a los medios de comunicación, el denominado Programa 2000 se proponía, por ejemplo, “conseguir que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sean transmisores eficaces del modelo nacional catalán”; “incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”; o “introducir a gente nacionalistas con una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en todos los lugares clave de los medios”. El plan iba acompañado de un listado titulado “Pensamiento, agentes actuantes”, entre los que figura Josep Gifreu, entonces profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y principal teórico del espai català de comunicació4. No obstante, los académicos catalanes se centran exclusivamente en el tercero de estos objetivos a la hora de trasladar, de un modo claramente forzado, este debate al ámbito catalán. Sostengo que el traslado es forzado porque, en aquel momento, la Constitución de 1978, avalada en referéndum por más del 90% de los catalanes, consagraba ya un modelo de Estado descentralizado en el que las comunidades autónomas pasarían a tener importantes competencias en materia de cultura y medios de comunicación dejando, por tanto, atrás el proceso de uniformización cultural que, sin duda, había implicado la dictadura franquista. 4 El Programa 2000 se ha publicado en varios números, de septiembre y octubre de 2019, del semanario El Triangle. El ejemplar dedicado a los medios es el del 18 de septiembre (p. 7) y el que 298 Isabel Fernández Alonso Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 Así las cosas, Guimerà i Orts y Fernández Viso (2014) han sintetizado las principales actuaciones en materia de políticas de comunicación desarrolladas por los sucesivos ejecutivos catalanes entre 1980 y 2010, con el objetivo de articular esa esfera mediática propia –en lengua catalana–, en frecuente tensión competencial con el Gobierno de España5. Entre esas políticas subrayan el impulso de una potente corporación audiovisual pública –la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)–, la adjudicación de licencias –de radio y televisión terrestre de cobertura autonómica y local– y el otorgamiento de abundantes subvenciones al sector privado (prensa, radio y televisión). Los autores apuntan que todo ello explica la creación de grupos multimedia autóctonos competitivos. De este modo, en 2012, cuando el movimiento nacionalista deviene abiertamente independentista, generando una tensión territorial sin precedentes en la historia de la democracia española, Cataluña cuenta con una oferta de medios públicos sin parangón en otras comunidades autónomas españolas y con un potente sistema de medios privados –de alcance autonómico, comarcal y local– muy dependiente de las subvenciones y otras formas de financiación pública, en particular de los ingresos derivados de las campañas de publicidad institucional (Civil et al., 2013). En definitiva, un sistema mediático que responde a las características propias de los denominados sistemas pluralistas polarizados –los sistemas mediterráneos–, con algunas especialmente marcadas como es el caso del fuerte intervencionismo gubernamental en los medios y también en el ejercicio del periodismo (Hallin y Mancini, 2008). Veremos abundantes ejemplos en las páginas que siguen. 2. Giro independentista de CiU y deriva unilateral del separatismo Este artículo se centra en las políticas desplegadas por la Generalitat de Cataluña en materia de medios –políticas de comunicación6– entre 2012 y 2020, los años del denominado procés independentista cuya centralidad en el recoge el listado de agentes actuantes, el del 2 de octubre (p. 6). En 1990 la prensa había recogido una versión reducida. 5 La Constitución Española de 1978 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las “normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas” (artículo 149.1.27). El reparto concreto de competencias en materia de medios se ha ido perfilando con el paso de los años, observándose una tendencia creciente a la transferencia de competencias a las comunidades que, en general, gozan de un amplio margen para impulsar sus propios medios audiovisuales, públicos y privados, en función, eso sí, de las limitaciones de espectro radioeléctrico cuya planificación depende exclusivamente del Gobierno español. 6 En la academia y en la praxis política catalana se habla sistemáticamente de políticas de comunicación para referirse a las políticas de medios. 299 Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020) Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 debate público ha quedado en buena medida eclipsada por la gran pandemia del Covid-19. En estos más de ocho años en que el Gobierno de la Generalitat ha estado siempre en manos de fuerzas políticas independentistas, el sistema político catalán ha vivido una transformación extraordinaria de la que son buena prueba la desintegración de Convergència i Unió (CiU) –una coalición nacionalista liberal-democristiana que había gobernado ininterrumpidamente entre 1980 y 2003 y había recuperado el poder en 2010, sin haberse manifestado nunca como independentista–; el auge progresivo de Ciudadanos –un partido liberal constitucionalista, fundado en 2006, que ha logrado arrastrar a buena parte del electorado socialdemócrata no nacionalista– y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –una fuerza radicalmente independentista que tiene su origen en la Segunda República–; y el papel bisagra de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), un partido ultranacionalista y antisistema que, sin entrar a formar parte de los sucesivos gobiernos de este periodo, ha sido esencial para que el separatismo haya podido conservar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico7. Coincidiendo con el evidente fortalecimiento del movimiento independentista, que se plasma en la gran manifestación del 11 de septiembre de 2012, el entonces presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas, que gobernaba desde 2010 con el apoyo del Partido Popular de Cataluña (PPC), da un giro separatista8 y convoca elecciones autonómicas para el 25 de noviembre de este mismo año, confiado en reforzar su mayoría. El argumento que esgrimió, además de la gran movilización del 11 de septiembre y la recurrente sentencia del Tribunal Constitucional –que había anulado en 2010 algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña9–, fue la negativa del Gobierno español, en manos del PP desde finales de 2011, a aceptar un “pacto fiscal”, inasumible en un contexto de fortísima crisis económica. Sin embargo, como apunta Joaquim Coll (2018: 24-27), parece más atinado pensar que Mas actuó movido por el enorme riesgo que para su futuro político podría implicar gobernar dependiendo de un Partido Popular que, además, no le necesitaba en Madrid, donde contaba con mayoría absoluta10. El 7 La CUP, hasta entonces limitada al entorno municipal, entra en la cámara autonómica en 2012. 8 A finales de 2011 había rechazado en la televisión pública autonómica “un planteamiento cortoplacista que pase por dividir a la sociedad catalana en dos mitades” (Coll, 2018: 24). 9 Este argumento, utilizado sistemáticamente por el separatismo, no encaja con el hecho de que, con posterioridad a la sentencia, CiU y el PP –que había recogido cuatro millones de firmas para acompañar una proposición de ley que pedía un referendo en toda España sobre el nuevo Estatuto y que luego lo había recurrido ante el más alto tribunal español– se dieran apoyo mutuo en los parlamentos catalán y nacional. 10 El último Gobierno de Jordi Pujol (2000-2003), con el apoyo del Partido Popular de Cataluña, había relegado a CiU a la oposición durante siete años en los que se habían articulado gobiernos de coalición –los denominados tripartitos– entre socialistas, republicanos independentistas y ecologistas (2003-2010). 300 Isabel Fernández Alonso Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 viraje independentista le permitía, a la vez, desviar la atención de los tremendos recortes que estaba aplicando su Gobierno y de los graves casos de corrupción que rodeaban a su partido. Todo ello sin olvidar que nada de esto habría sido posible sin el plan de nacionalización que se plasmó en el referido Programa 2000 y que había ido calando como una lluvia fina en la sociedad catalana desde hacía décadas. Sin embargo, los resultados de las elecciones de 2012 no fueron los esperados. CiU pierde 12 escaños y necesitará del apoyo parlamentario de ERC para conformar el nuevo gobierno. En un marco de creciente tensión separatista, en septiembre de 2015 se celebran otras elecciones (plebiscitarias) en las que las dos principales fuerzas secesionistas –Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)11 y ERC– concurren, junto a personalidades de las principales organizaciones sociales independentistas, bajo la marca electoral Junts pel Sí. Esta coalición gobernará entre enero de 2016 y octubre de 2017, gracias al apoyo parlamentario de la CUP, que exige que Mas no repita como presidente, siendo sustituido por Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. El independentismo cuenta con mayoría absoluta en escaños, pero pierde el denominado plebiscito, al obtener solo el 47% de los votos. La deriva separatista se acelera para desembocar en el referendo ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la declaración unilateral de independencia del 27 del mismo mes. Todo ello tras numerosas advertencias del Tribunal Constitucional por la vulneración sistemática de la legalidad, especialmente grave con la aprobación, en las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre, de las denominadas “leyes de desconexión” que suponían, de facto, un intento de derogación de los órdenes estatutario y constitucional en Cataluña. Tras la declaración unilateral de independencia, el Senado español aprueba el cese del Gobierno catalán y la intervención de la Generalitat. Puigdemont huye a Bélgica. De inmediato, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, convoca elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017. Aunque en estos comicios –por tercera vez en la Cataluña autonómica– un partido constitucionalista, Ciudadanos, resulta la fuerza más votada, nuevamente los partidos independentistas obtienen mayoría absoluta de escaños, manteniéndose en el 47% de los sufragios. En esta ocasión no se había configurado una gran coalición electoral. La fuerza separatista más votada es Junts per Catalunya, el partido del ex presidente Puigdemont, que se presenta como “presidente legítimo en el exilio”, seguida de ERC, con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en prisión provisional. Nuevamente requieren del apoyo de la CUP para formar gobierno. Tras complejas negociaciones, Joaquim Torra, que había sido presidente de Òmnium Cultural –una de las grandes 11 Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el ala democristiana de CiU, abandona la coalición, como consecuencia de su deriva secesionista, en junio de 2015. 301 Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020) Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 entidades sociales independentistas– se convierte en el nuevo Presidente de la Generalitat en mayo de 2018. Torra será inhabilitado por los tribunales –el Tribunal Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– en septiembre de 2020 por negarse a obedecer una resolución de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar una pancarta en apoyo a los presos del procés del balcón del Palau de la Generalitat. Este hecho desembocará en unas nuevas elecciones autonómicas, celebradas el 14 de febrero de 2021, en las que el separatismo supera por primera vez el 52% de los votos, resultando vencedor el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), a la vez que se advierte un descalabro electoral de Ciudadanos, coincidiendo con un llamativo descenso de la participación y una importante crisis de este partido a nivel nacional. 3. Principales actuaciones de la Generalitat en materia de medios Así las cosas, CiU –y sus herederos, el Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT) y Junts per Catalunya– y ERC se reparten durante estos años (2012-2018) la gestión de las políticas de comunicación en Cataluña, lo que conllevará, como explicaremos, algunas tensiones entre ambos. En las páginas que siguen nos centraremos en sus actuaciones en los tres ámbitos que, como hemos visto, han sido tradicionalmente nucleares en estas políticas: los medios públicos, la adjudicación de licencias de radio y televisión terrestre y la financiación pública del sector mediático privado. Añadiremos un apartado dedicado a las iniciativas de la Generalitat orientadas a los medios extranjeros, claves para que la mirada nacionalista sobre lo que sucedía en Cataluña durante los años del denominado procés pudiese calar en la opinión pública internacional. 3.1. Instrumentalización de los medios públicos El sistema audiovisual público regional español no tiene parangón en Europa. Trece de las diecisiete comunidades autónomas han ido impulsando progresivamente, desde principios de los años ochenta, sus propias corporaciones audiovisuales públicas. De todas ellas, la catalana es la que siempre ha contado con una oferta programática más amplia y también con una financiación más cuantiosa. Prueba de ello es que es que solo Cataluña dispone de dos múltiplex de TDT de cobertura autonómica, destinando uno completo a la televisión pública, mientras que en el resto de comunidades las ofertas pública y privada de televisión regional conviven en el único múltiplex que tienen adjudicado desde 2014. Otro rasgo distintivo del sistema audiovisual público catalán es 302 Isabel Fernández Alonso Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 el liderazgo –frente a los canales de cobertura nacional públicos y privados y a los autonómicos privados– de su televisión generalista, TV3, así como la gran influencia de su canal radiofónico generalista, Catalunya Ràdio, segundo en audiencia, solo superado, desde 2009, por RAC1 (Miguel y Casado, 2012; Casado et al., 2017). A continuación, analizaremos las principales decisiones adoptadas por el Gobierno catalán desde 2012 orientadas, como veremos, al control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona los medios de comunicación audiovisual de la Generalitat. Abordaremos, asimismo, algunas implicaciones significativas de estas decisiones. Pero antes, cabe apuntar que, cuando se produjo la intervención de la Generalitat, tras la declaración unilateral de independencia, se planteó también la intervención de la CCMA. El Gobierno español pretendía que, hasta que se celebrasen las nuevas elecciones autonómicas, fuese la Junta Electoral Central la encargada de supervisar los medios públicos catalanes (incluida la Agencia Catalana de Noticias12) y que el control parlamentario de estos medios recayese en la comisión de las Cortes Generales encargada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el que se fundamentaba la intervención de la Autonomía. No obstante, esta iniciativa se frenó a raíz de una enmienda del grupo socialista del Senado que, a su vez, recogía las reivindicaciones de numerosas entidades profesionales catalanas y del resto de España, así como de la Federación Europea de Periodistas (Fernández Alonso y Espín, 2019: 46-47). 3.1.1. Designación de cargos afines al separatismo Durante el primer mandato de Artur Mas (2010-2012), en el que, como hemos apuntado, CiU gobierna en minoría con el apoyo del Partido Popular, se aprueba, gracias a la abstención de este y con los únicos votos favorables de los diputados convergentes, la ley 2/2012 de modificación de diversas leyes en materia audiovisual, entre ellas la 11/2007, que regula la organización y funcionamiento de la CCMA. En concreto, con el argumento de la necesidad de una mejor gestión en el contexto de la crisis financiera, se reforma el sistema de gobierno de 12 La Agencia Catalana de Noticias (ACN) fue impulsada en 1999 por el Consorcio Local y Comarcal de Comunicación –una entidad pública de carácter asociativo creada un año antes por las diputaciones de Lérida, Tarragona y Gerona, que integraba también a varios ayuntamientos y consejos comarcales– con el objetivo de dotar de contenidos a los medios locales y así fortalecer el denominado espai català de comunicació. Para configurarla jurídicamente se creó la sociedad anónima Intracatalònia que si bien en un primer momento contó con accionistas privados como Planeta o Caixa Catalunya, actualmente está participada únicamente por el sector público: Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña (70%) y la propia Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (30%). El primer director de la ACN fue Carles Puigdemont. Al igual que sucede con EFE, no existe una ley que regule la organización y control parlamentario de la ACN, tal como exige el artículo 20.3 de la Constitución. 303 Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020) Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 la corporación audiovisual pública catalana, reduciendo el número de cargos, así como las mayorías necesarias para la designación del consejo de administración y de su presidente, así como para la adopción de acuerdos de especial trascendencia en el seno de este órgano. De este modo, el consejo de administración –consejo de gobierno en la normativa catalana– queda configurado por 6 miembros, que han de ser elegidos por mayoría de 2/3 del Parlamento catalán en primera votación –hasta entonces la única opción13– o por mayoría absoluta, en segunda. La misma cámara legislativa elegirá, entre ellos y por el mismo procedimiento, al presidente. No obstante, en marzo de 2012, se produce un acuerdo entre CiU, PP y PSC, que permite la designación de los cargos en primera votación por amplia mayoría. Así, tres consejeros son designados a propuesta de CiU (Duart, Llorach y Pemán), dos a propuesta del PSC (Guitart y Vilar) y uno por iniciativa del PP (Querol). Pero en septiembre del año siguiente, gobernando ya CiU con el apoyo de ERC, Guitart dimite y el consejo funciona durante casi dos años con solo cinco miembros, debido a la negativa de ERC a proponer un sustituto y entrar en el juego de cuotas de partido, ya que su apuesta era –decían– una auténtica desgubernamentalización de la CCMA. Sin embargo, el 22 de julio de 2015, en vísperas de las elecciones del 27 de septiembre –plebiscitarias, según las fuerzas políticas y sociales nacionalistas–, cuando ya el Parlamento estaba a punto de disolverse, CDC y ERC –que concurrirían juntas en la candidatura Junts pel Sí– optan por cubrir la vacante dejada por Guitart designando, en segunda votación y gracias a la mayoría absoluta que sumaban, a la periodista Rita Marzoa que acababa de abandonar la junta directiva de la entidad independentista Òmnium Cultural, también integrada en la candidatura de Junts pel Sí. De este modo, gracias a la reforma de 2012, las dos principales fuerzas separatistas se garantizaban el control del consejo de administración de la CCMA por personas afines: Duart –presidente, con voto de calidad–, Llorach y Marzoa. Junto a ellos, tres consejeros de perfil constitucionalista, entre ellos Pemán, designado a propuesta de CiU, pero de tendencia democristiana, el sector que se escinde del partido de Mas justo un mes antes de este precipitado nombramiento. Inmediatamente después de la designación de Marzoa, el 28 de julio, el consejo de administración de la CCMA, argumentando razones de reorganización empresarial, que fueron ampliamente contestadas, cesó al militante de UDC Félix Riera como director de Catalunya Ràdio, con los votos en contra de Pemán, Vilar y Querol (Fernández Viso y Fernández Alonso, 2019: 167-170). 13 Si bien cabe matizar que en 2010, tras la dimisión de Albert Sáez, entonces presidente de la CCMA a propuesta de ERC, al no apoyar CiU a Enric Marín, el candidato propuesto por el segundo tripartito para sustituirle, el Ejecutivo catalán impulsó el decreto ley 2/2010, que permitía que fuera suficiente la mayoría absoluta para sustituir a los consejeros de la radiotelevisión pública catalana en caso de vacante y, si fuera el caso del presidente, también para la designación del mismo. 310 Isabel Fernández Alonso Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 diputados independentistas –Junts pel Sí y la CUP–, aprobó una moción según la cual para que la Generalitat contratase espacios de publicidad institucional con un medio, este debía comprometerse a difundir cualquier campaña del Gobierno, incluidas las relativas al mencionado referendo, prohibido, como hemos indicado, por el Tribunal Constitucional (Fernández Alonso y Espín, 2019: 51). 3.4. Presión y seducción a la prensa extranjera Finalmente, cabe apuntar que, en este periodo, los ejecutivos catalanes no solo trataron de incidir –como hemos demostrado– en el discurso de los medios catalanes sino que existen claros indicadores de las presiones que ejercieron sobre profesionales de la información de otros países, especialmente en los momentos álgidos del procés. Muestra de ello, el informe difundido por Reporteros sin Fronteras en octubre de 2017. En la nota de prensa que lo acompaña, se afirma que “ante denuncias de varios periodistas, catalanes, españoles y extranjeros sobre linchamientos en las redes sociales aparentemente instigados y/o secundados en entornos de poder en Cataluña, así como sobre presiones reiteradas por parte de determinados responsables de Comunicación del Gobierno autónomo catalán”, esta ONG recabó evidencias que le permitieron concluir que “las quejas relativas a ‘ciberacoso’ y ‘presiones del poder’ fueron secundadas de forma casi unánime, con testimonios y pruebas”39. Un testimonio en esta línea, que no se recoge en este informe, es el de la corresponsal francesa Sandrine Morel, quien relata cómo, en una ocasión, “un responsable de prensa de la Generalitat, con el que mantenía una relación profesional de confianza (...) me soltó mientras tomábamos un café: ‘Si compramos dos páginas de publicidad en Le Monde, tus jefes te dirán qué debes escribir…’”. Explica Morel que, al observar su indignación, “se disculpó añadiendo: ‘Bueno, así funcionan las cosas aquí’” (Morel, 2018: 17). El también periodista Juan Pablo Cardenal (2020: 33-44) –tras subrayar la llamativa renuncia del Gobierno de España a librar la batalla del relato frente al separatismo catalán– destaca, junto a diversas muestras de las referidas presiones denunciadas por Reporteros sin Fronteras, la creación en 2012, por parte del Ejecutivo de la Generalitat, del Programa internacional de comunicación y relaciones públicas Eugeni Xammar, orientado a “actuar como ventanilla única para la prensa extranjera”, respondiendo con agilidad a todas las consultas, peticiones de entrevistas o fuentes, traduciendo notas de prensa a varios idiomas, preparando argumentarios u organizando visitas de periodistas. Explica Cardenal que este programa tuvo un importante impacto en la cobertura 39 https://www.rsf-es.org/informe-rsf-respectpresscat-0112-reporteros-sin-fronteras-pide-respeto- al-libre-ejercicio-del-periodismo-en-cataluna/ 311 Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020) Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 periodística internacional, especialmente la de los medios anglosajones, que pasaron a ver con mucha más simpatía la causa nacionalista. 4. Balance y ausencia de contrapesos Desde la configuración del Estado autonómico en España, en los años de transición a la democracia, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han apostado con fuerza por implementar políticas de comunicación orientadas a la articulación de un sistema mediático propio que, a su vez, contribuya a la denominada construcción nacional de Cataluña. Para lograrlo han actuado tanto en el ámbito de los medios públicos como privados. En el primero, impulsando una corporación audiovisual que ha resultado muy exitosa en términos de audiencia. En el segundo, adjudicando licencias de TDT autonómica y local y de radio en FM a empresas autóctonas –está pendiente un estudio de los criterios de los diferentes concursos, si bien no es factible el acceso a los expedientes– y otorgando a estas mismas empresas abundantes subvenciones y sobre todo ingresos vinculados a la difusión de campañas de publicidad institucional. Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero ha destinado a sus medios públicos regionales y también a la financiación de los privados. Asimismo ha logrado, en una permanente tensión competencial con el Estado, disponer de muchas frecuencias de radio y televisión terrestre. Por ejemplo, cuenta con el doble de espectro que todas las demás comunidades para emisiones de TDT de cobertura autonómica. Se observa, en definitiva, un intervencionismo gubernamental especialmente marcado en relación con otras comunidades autónomas españolas por cuanto a los rasgos característicos de los sistemas mediáticos pluralistas polarizados se suma la referida estrategia nacionalista. Con el giro independentista del nacionalismo catalán a partir de 2012 ese intervencionismo se intensifica de forma notable. Muestra de ello son, por ejemplo, el pacto entre las fuerzas secesionistas gobernantes –denunciado en diferentes ámbitos y nunca desmentido por los implicados– para repartirse los principales cargos de la radio y televisión pública, condicionando para ello el voto de los miembros del Consejo de Administración de la CCMA, que son quienes realmente los eligen; o la evidente presión a estos mismos consejeros y demás cargos de la corporación audiovisual pública catalana para la difusión de la publicidad institucional del referendo ilegal, explícitamente prohibida por el Tribunal Constitucional y ahora investigada por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. Es realmente llamativo que en el relato informativo de los medios públicos catalanes se hable –copiando claramente el lenguaje de las 312 Isabel Fernández Alonso Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 fuerzas políticas y sociales nacionalistas– de “presos políticos” y “exiliados” para referirse a los líderes independentistas encarcelados tras un juicio realizado con todas las garantías y a los huidos al extranjero para evitar ser juzgados por los hechos acaecidos en Cataluña en otoño de 2017. Otras evidencias llamativas de la intensificación del intervencionismo del Ejecutivo catalán, en este caso en el sector mediático privado, son el creciente incremento del presupuesto –si bien es cierto que la crisis había implicado un recorte enorme– destinado a unas campañas de publicidad institucional siempre planificadas con criterios de afinidad política; o la aprobación de una moción parlamentaria que apuntaba que para que una empresa pudiera resultar beneficiaria de una campaña de publicidad pública debería comprometerse a insertar los anuncios del referendo ilegal del 1-O. Todo ello sin olvidar las cartas que había preparado el Gobierno de Puigdemont ya en 2016 para advertir a las empresas titulares de licencias de TDT de cobertura estatal de que las perderían en el contexto de la Cataluña independiente, ni los agasajos y presiones a la prensa extranjera que hemos descrito. A la vez, los mecanismos de control existentes, como el regulador supuestamente independiente, el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), se han mostrado manifiestamente ineficientes, al dejar, por ejemplo, sistemáticamente sin sanción las quejas relativas a cuestiones de pluralismo en los medios públicos o las emisiones claramente irregulares de medios independentistas como El Punt Avui TV40 (Fernández Alonso, 2017). Los consejeros del CAC propuestos por fuerzas políticas constitucionalistas –siempre en minoría por el voto de calidad de presidente– han llegado a denunciar la contratación de una empresa para realizar un seguimiento de sus redes sociales41. Desde 2020, este regulador funciona con solo cuatro de sus seis consejeros que, además, tienen los cargos caducados. Es muy significativo que uno de los ex consejeros, Salvador Alsius, ya jubilado, y que nunca realizó ningún voto de condena ante las quejas relativas a los contenidos de los medios públicos, afirmara en una entrevista, en junio de 2020, que “es una evidencia” que muchos de los programas de TV3 “están sesgados por la manera de hacer de sus tertulianos”42. 40 Este canal de televisión local emitía la misma programación en diferentes demarcaciones, vulnerando así la normativa que le obligaba a elaborar contenidos específicos para cada territorio en el que había obtenido una licencia. 41 https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/constitucionalistas-CAC- denuncian-coacciones-expresar-opinion-proces_0_1134188045.html A la vez, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Barcelona anuló, en junio de 2020, un acuerdo del CAC debido a que los consejeros propuestos por los partidos independentistas forzaron, mediante votación, la abstención de un consejero propuesto por el PPC, contraviniendo así las causas de abstención que fija la normativa administrativa: https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-justicia-anula- acuerdo-exculpo-terribas-seguimiento-policias-desde-radio-202006291412_noticia.html 42 https://www.naciodigital.cat/noticia/203671/salvador/alsius/aixecat/muralla/infranquejable/ part/pais/ni/conya/miraria/tv3 313 Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés independentista (2012-2020) Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº 47. Segundo cuatrimestre de 2021. Pp. 294-314. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 A la ineficacia del CAC cabe añadir la imposibilidad de recurrir al regulador español –la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)– cuando se observa algún comportamiento irregular en operadores que no superan el ámbito de cobertura autonómico. Y, sobre todo, la espiral de silencio existente en los ámbitos profesional y académico donde las voces críticas son habas contadas. No en vano, y por más que esto atenta contra el derecho fundamental a la libertad ideológica de sus asociados43, el Colegio de Periodistas de Cataluña ya se adhirió en 2012 a una resolución del Parlamento de Cataluña a favor del denominado “derecho a decidir”44, mientras que los claustros de todas las universidades públicas catalanas aprobaron un manifiesto único en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en octubre de 2019 a diversos líderes políticos y sociales separatistas por diversos delitos, entre ellos, la sedición45. Bibliografía Bassets, Lluís (2018): “Los maestros narradores del independentismo: medios, propaganda, redes”. En Coll, Joaquim et al. (ed.): Anatomía del procés. Claves de la mayor crisis de la democracia española. Barcelona: Debate, pp. 159-180. Cardenal, Juan Pablo (2020): La Telaraña. La trama exterior del procés. Barcelona: Ariel. Casado, Miguel Ángel et al. 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ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2021.i47.14 Fernández Alonso, Isabel y Espín, Marc (2017): “Les polítiques de comunicación”. En Civil, Marta et al (ed.): Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 37-49. Fernández Alonso, Isabel y Espín, Marc (2019): “Les polítiques de comunicación”. En Civil, Marta y López, Bernat (ed.): Informe de la comunicació a Catalunya 2017- 2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 39-52. Fernández Viso, Ana y Fernández Alonso, Isabel (2019): “Political Interference in the Spanish and Catalan Public Service Media: Attemps to Reform and Resistence to Change (2006-2017)”. En Polonska, Eva y Beckett, Charlie (ed.): Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies. Londres: Palgrave Macmillan, pp. 155-176. Fidalgo, Sergio (2018): 50 “hazañas” de TV3. Barcelona: Ediciones Hildy. Gifreu, Josep (1986): El debate internacional de la comunicación. 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