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Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos en España (1980-2000)* Manuel Río Ruiz Licenciado y Doctor en Sociología con Mención de Premio Extraordinario. Profesor de Sociología en la Universidad de Sevilla. ([email protected]) Fecha de recepción: 15 de mayo de 2014 Aceptación final del artículo: 10 de octubre de 2014 Este artículo examina las políticas de realojo de población gitana en España entre 1980 y 2000. En esas dos décadas se multiplican las intervenciones sobre esta población excluida de las políticas de vivienda durante el anterior régimen franquista. En primer lugar, se explica la evolución desde realojos que mantenían la marca étnica –dominantes en la década de los ochenta– hacia otras fórmulas basadas en dispersar a las familias realojadas entre los vecindarios mayoritarios. En segundo lugar, se analizan los efectos conflictivos de estas políticas en las relaciones interétnicas: las nuevas interdependencias competitivas y resistencias vecinales a la inclusión étnica que se dan en los escenarios de realojo, donde proliferan nuevas lógicas de exclusión imbricadas con los tradicionales prejuicios hacia la comunidad gitana. Además de la expansión de antagonismos étnicos, se identifican otras dos sombras de estas políticas: las conexiones recurrentes entre planes de realojo e intereses urbanísticos, y el carácter clasista de estas políticas, desigualmente aplicadas en los diferentes espacios urbanos que habitan las clases sociales. Los resultados provienen de la explotación de diversas fuentes secundarias (monografías, censos no oficiales y estudios e informes de entidades sociales y administraciones, prensa local y nacional). En ellas se recoge información sobre los orígenes, características, consecuencias y evoluciones de políticas de realojo. Palabras clave: Política de realojo, relaciones interétnicas, conflicto étnico, estudios gitanos. * Agradezco a Cecilia Jiménez Zunino y a Rubén Martín Gimeno sus comentarios y críticas a versiones anteriores de este texto.
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 35 Rehousing policies, gipsy community and urban conflicts in Spain (1980-2000) This paper examines rehousing policies on gypsy population in Spain between 1980 and 2000. In these two decades occurs an increase in these programs focused on a stigmatized group. The same was excluded from housing policy during the Franco regime. Firstly, we explain the evolution from rehousing that kept ethnic marks – during the eighties– to resettlement designed to dilute ethnic marks. Secondly, we explain conflictive effects of these policies on ethnic relations : the new competitive interdependencies and inclusion resistances of new neighbors in rehousing scenarios. In these places we will witness new exclusion logics added to the traditional prejudices toward gypsies. Alongside the expansion of ethnic antagonisms, we examined other two shadows of rehousing operations: the recurrent connections between these plans and other projects and urban interests and the classist component of these policies, unevenly implemented between different urban spaces they occupy social classes. The results are based on the exploitation of various secondary sources –case studies, no official census, surveys of government agencies and other institutions with social purpose, local and national newspapers– that record information about the origins, characteristics, consequences and developments of rehousing programs. Keywords: rehousing policies, interethnic relations, ethnic conflicts, gipsy studies. 1. Introducción Los gitanos constituyen todavía la minoría étnica más rechazada en España, donde se asientan desde hace seis siglos conformando en la actualidad una comunidad de unos 700.000 ciudadanos 1 . No obstante, la población gitana española ha experimentado en las últimas tres décadas una notable diversificación en condiciones de existencia, maneras de vivir la identidad étnica, y patrones de relación con las poblaciones mayoritarias y con las agencias estatales. Las acciones redistributivas de las administraciones resultarán decisivas en la transformación de las oportunidades y condiciones vitales de la mayor parte de esta comunidad. La misma pasa de ser contemplada y tratada institucionalmente como una categoría predelictiva relegada al furgón de cola de las políticas sociales y de vivienda – 1 En España se prohíbe el registro oficial de poblaciones a partir de auto-identificaciones étnicas. No existen cifras oficiales de población gitana. Se depende de estudios como los citados en este artículo. Por otro lado, y pese a las consabidas limitaciones del instrumento, las encuestas que medirían el racismo y la xenofobia continúan revelando que el rechazo a los gitanos –un fenómeno inveterado– sigue siendo más marcado y amplio que el experimentado por colectivos inmigrantes, cuya nueva presencia en España se ha multiplicado en pocos años. Aunque hay paralelismos, los inmigrantes son blanco de prejuicios muchas veces diferentes a los experimentados por los gitanos –no se incide tanto en el “parasitismo social” de los primeros, por ejemplo–. Además, las actitudes de la población mayoritaria hacia inmigrantes son más heterogéneas que cuando de gitanos hablamos (Cea D’ancona, 2004; CIS, 2005).
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 36 especialmente durante el “franquismo” y la “transición democrática”– a convertirse en objeto frecuente de políticas de inclusión. Sucede esto especialmente desde la segunda mitad de los ochenta, esto es, cuando se multiplican las políticas de realojamiento que modificarán las condiciones residenciales y el acceso a servicios públicos de la población gitana, hasta entonces masivamente confinada en núcleos chabolistas 2 donde se postergaría su relegación social frente a la trayectoria residencial de amplios sectores de las clases populares, como la población campesina que también emigró a las ciudades. Pero no todo son luces. La intervención pública sobre comunidades gitanas en el posfranquismo reúne también sombras que van más allá de la todavía desproporcionada –en relación al peso demográfico relativo de esta comunidad– presencia de familias gitanas en situaciones de pobreza (Laparra, 2007;2011; FOESSA, 2008). Una de ellas es la asimétrica distribución de las cuotas de solidaridad interétnica impuestas por las administraciones entre los diferentes –y desigualmente tratados– espacios residenciales y escolares que ocupan las distintas clases sociales. La otra sombra es la expansión de las condiciones de posibilidad del antagonismo y la movilización etnicista al incrementarse la interdependencia y la competencia interétnica como consecuencia de procesos desegregativos que, eso sí, presentan distinta intensidad en diferentes épocas de la democracia y revelan una desigual planificación e intencionalidad inclusiva por parte de las administraciones, como revelará la propia evolución de las fórmulas de realojo de las que han sido objeto los gitanos. Este artículo analiza esos fenómenos. Se concentra en las dinámicas de estigmatización y exclusión experimentadas por muchas familias gitanas realojadas desde 1980 hasta el 2000, fecha en la que los grandes procesos de realojo prácticamente han finalizado. Se sostiene que estas dinámicas son en gran medida consecuencia de muchas operaciones de realojo con efectos perversos; pero también de la paulatina desintegración de un modelo de cierre social sobre marcas étnicas como consecuencia de acciones públicas que modifican la distribución interétnica de espacios, recursos y oportunidades sociales; pero problematizan las fronteras étnicas. Ese modelo de cierre social experimentado por los gitanos, el cual se materializó en una segregación multidimensional de esta comunidad, se mantuvo a través de la acción excluyente del Estado, el cual contribuirá decisivamente a la naturalización 2 El término “chabolista” –usual en España, pero por lo averiguado poco conocido y usado en Argentina– podría equivaler al término “villero”, estando en España el término también cargado de implicaciones negativas sobre los habitantes de núcleos autoconstruidos sin planificación, sin servicios, separados de las zonas urbanizadas, cuyas posibilidades de expansión se ve frecuentemente condicionadas por la existencia de estos enclaves marcados, aunque escasamente visitados.
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 37 y preservación de las divisorias y asimetrías entre gitanos y no gitanos 3 . Sin embargo, una vez el Estado retira su apoyo al mantenimiento de la exclusión a partir de marcas étnicas, se expandirán los antagonismos etnicistas, las resistencias civiles a la inclusión, y los agravios interétnicos. Es la teoría de un sociólogo neoweberiano de la estratificación social, Frank Parkin, la que más ayuda a la comprensión de lo acontecido en la historia reciente de las relaciones con la población gitana en España. Así: La exclusión colectiva, una vez el Estado retira su apoyo a prácticas excluyentes, viene normalmente facilitada por determinadas políticas de Estado vigentes en el pasado. Por ejemplo, las minorías que en épocas anteriores estuvieron privadas de derechos civiles y políticos son el objetivo natural de las acciones de cierre social excluyente por parte de la población dominante […] Aunque con el paso del tiempo, la situación de desventaja en el terreno legal y político pueda formalmente desaparecer, esas desventajas heredadas acumuladas continúan marcándolos como víctimas en la lucha por la distribución […] El boicot y la exclusión emprendida contra determinados grupos sociales es un reflejo de una política similar emprendida y mantenida anteriormente a través del Estado […] A través de la acción del Estado es de la única manera que los grupos culturales se ordenan jerárquicamente y adquieren la conciencia y capacidad de ejercer unos contra otros acciones de cierre social (Parkin, 1984: 137-138). En sintonía con la tesis de Parkin, diferentes exponentes de la teoría de la competición étnica subrayan el papel del Estado como red de agencias estructurantes de las categorizaciones, relaciones, límites y antagonismos étnicos. Los Estados, aún en casos de conflictos étnicos que nos sorprenden porque no encontramos rastros de antagonismos inmemoriales entre culturas, son los principales actores en crear, acentuar y disminuirlas identidades y rivalidades étnicas (Willians, 1994; Nagel y Olzak, 1997). Dado su papel central en la provisión de recursos, el Estado es tanto el principal foco de demandas de los grupos étnicos, 3 Véase Vázquez García (2009: 80-85) para un análisis del papel que juegan los discursos oficiales y las medidas estatales en el agravamiento de las representaciones hacia los gitanos. Al rastrear en su historia sobresaldría un discurso estatal que aboga por su asimilación forzosa y el intento de convertirlos en súbditos productivos del Estado, una vez fracasan intentos etnocidas y de expulsión. Sin embargo, la política más frecuentemente aplicada consistirá en imponerles limitaciones espaciales y en sus actividades laborales (San Román, 1997: 27–28). En España las medidas contra el vagabundeo, también constantes en el nacimiento de sociedades salariales, se focalizan sobre todo en los gitanos. La principal política experimentada por este grupo ha sido la represión y el control sobre sus movimientos entre pueblos y ciudades, actuando tradicionalmente las potestades discriminatorias de las fuerzas de seguridad y autoridades locales como válvula de contención de tensiones interétnicas. Hasta 1978 diversas leyes –creadas en el Siglo XX, pero congruentes con anteriores medidas y prácticas– otorgarán a las autoridades la potestad específica del control sobre los movimientos y actos de los gitanos, históricamente tratados como una categoría penal en vez de como un colectivo de españoles equiparados en derechos civiles a los que en distintas épocas pudieron disfrutar las poblaciones mayoritarias (Río Ruiz, 2005: 117-130).
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 38 como el principal foco de expresión de los agravios interétnicos (Björklund, 1986). Dichos agravios y conflictos se manifiestan especialmente en situaciones donde la ampliación de los límites étnicos de las políticas públicas promueve la movilización étnica de base reactiva (Tilly, 1978) 4 . Dentro de este marco, reviste paralelismos con lo acontecido con la comunidad gitana en la España reciente la explicación de Olzak y colaboradoras (Olzak, 1992; Olzak, Shanahan y West, 1994; Olzak y Shanahan, 2003) sobre las parábolas de protesta racial en Estados Unidos en los sesenta. Según ellas, estas oleadas de conflictos fueron promovidas por las medidas oficiales que alteraron barreras raciales, provocando conflictos reactivos al tiempo que movilizaciones proactivas de las comunidades tradicionalmente segregadas dentro de la nueva estructura de oportunidades –y de amenazas– raciales: Las fuerzas que crean y mantienen y crean la segregación suponen estrategias para mantener ventajas raciales. Cuando esas ventajas son amenazadas, los grupos que mantenían la segregación pueden responder con una variedad de formas de exclusión que incluyen la acción colectiva. De esta manera, encontramos que el incremento del contacto intergrupal y de la exposición entre los grupos [“interracial exposure”] expande la competencia interracial, especialmente en aquellos lugares que parten de mayores niveles de segregación […]. Es necesario desarrollar modelos que se centren en los cambios en las condiciones entre los grupos, en vez de en pinturas estáticas de las relaciones raciales (Olzak, Shanahan y McEneaney, 1996: 592; 613). Aspectos claves de la evolución de las relaciones y conflictos con la población gitana en la España reciente puede explicarse, por tanto, desde los presupuestos de la teoría de la competición étnica. Ésta revela los paradójicos procesos de etnogénesis promovidos por el incremento del universalismo en la redistribución interétnica de los recursos. Fenómeno que, sin embargo, incentiva al mismo tiempo las interdependencias competitivas entre los grupos, la solidaridad étnica, la movilización y el conflicto étnico (Nielsen, 1985; Nagel, 1995; Nagel y Olzak, 1997; Olzak, 2006). A partir del marco teórico aquí sintéticamente expuesto (véase Río Ruiz, 2002a), el artículo se estructura así. En primer lugar, se identifican las distintas fases que definen la intervención estatal aplicada sobre la “cuestión residencial gitana”. A su vez, se analizan los distintos factores que intervienen en la evolución desde realojos que preservaban la marca étnica –dominantes en los ochenta– hacia fórmulas que priorizan la corresidencia interétnica, las cuales se extienden a partir de la segunda mitad de los noventa. En segundo lugar, se analizan algunas sombras de las operaciones de realojo efectuadas. Por último, se atiende a los distintos 4 Las movilizaciones reactivas son, siguiendo a Tilly, la que despliegan marcos de significados, reivindicaciones y tácticas de protesta y presión popular encaminadas a la protección de derechos asumidos, o privilegios que se experimentan amenazados, buscándose con la acción colectiva la neutralización de nuevas relaciones de competencia intergrupal.
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 39 efectos sobre las relaciones étnicas de los diferentes modelos de recambio residencial. Se muestra el papel central de los programas de realojo en la configuración y extensión de nuevas interdependencias competitivas, así como de nuevos discursos segregativos focalizados en los gitanos. La mayor parte de los asertos, datos y casos aquí integrados provienen de la tesis doctoral del autor (Río Ruiz, 2005) 5 . En ella se recurrió a la explotación y triangulación de diversas fuentes –prensa estatal y local a lo largo de treinta años, monografías, informes y otras fuentes secundarias– donde se recogen datos sobre los hábitats de la población gitana, así como información sobre conflictos a raíz de políticas de realojo de poblaciones gitanas durante el tardofranquismo, la transición y la democracia. 2. Cambios en las condiciones residenciales de la población gitana Progresiva etnificación; una población marcada negativamente cuya relegación residencial es en gran medida forzada; un territorio de frontera segregado que facilita mecanismos de reducción espacial y de control etnoracial; el desarrollo de instituciones paralelas que suplen la ausencia de recursos e instituciones oficiales dominantes, actuando también como barrera protectoras contra éstas. Muchos de los rasgos y funciones institucionales que Loïc Wacquant (2013: 170) atribuye a la constitución de guetos pueden aplicarse a lo que fue la situación residencial de la mayor parte de la población gitana en el tardofranquismo. A estos rasgos se sumaría otra característica identificada por Jargowski y Bane (1991: 239-241), aunque rechazada por Wacquant más por (importantes) razones políticas que empíricas: la existencia de tasas de pobreza que afectarían a más del 40% de los habitantes de los enclaves. Aquellas condiciones residenciales generalizadas en el tardofranquismo experimentarán cambios sustanciales. Algunos datos de finales de los setenta revelan la extendida exclusión de la población gitana, la mayoría concentrada entonces en poblados chabolistas, la manifestación más marcada de pobreza y exclusión espacial (Cortés, 1995; Martínez Veiga, 1999). Así, en el marco de una pionera comisión interministerial para abordar los problemas del pueblo gitano, el Instituto de Bienestar Social de la época y la Dirección General de Desarrollo Comunitario aprobaron, en 1978, una investigación que, entre otros aspectos, abordó la situación residencial y necesidades de vivienda de la comunidad gitana 5 El trabajo citado –allí se recogen más ilustraciones empíricas aquí limitadas por la ausencia de espacio– obtuvo la mención de Premio Extraordinario de Doctorado en la Universidad de Sevilla. El marco teórico de aquella tesis también ha sido aplicado a conflictos con inmigrantes (Río Ruiz, 2002b), así como a varios de los casos que ataques vecinales a viviendas gitanas más graves de la democracia española (Río Ruiz, 2003: 51-60).
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 40 en aquel momento 6 . El estudio concluía que había entonces en España entre 300.000 y 500.000 gitanos, de los que se calculaba un 75% viviendo en chabolas. Esto implicaría que en un país entonces con poco más de 37 millones de habitantes, alrededor del 52% de los habitantes de chabolas que quedaban en España pertenecía a ese menos de medio millón de personas de etnia gitana (ISA- Vázquez, 1990). Más datos, si bien ahora sólo para Madrid dos años antes, concuerdan con la situación diagnosticada a nivel estatal. En 1976 se estimó que el 80% de la población gitana madrileña vivía en chabolas. El 70% de los gitanos ocupantes había nacido en ellas. Hubo también censos por distritos. En Mediodía, donde se registró una población de unos 5.000 gitanos, 9 de cada 10 vivían en chabolas (GIEMS, 1976) 7 . Lo que desde hace años, se nos advierte, no es más que un prejuicio basado en la conversión de una parte minoritaria de la realidad de los gitanos en una generalidad, resultaba sin embargo una situación realmente generalizada y definitoria de las condiciones residenciales de la mayor parte de esta población en los setenta del pasado siglo (García, 2011) 8 . Salvo excepciones, la población gitana que también migró masivamente a las ciudades quedaría al margen del “paternalismo urbano”, esto es, de las sucesivas operaciones de vivienda estatal que sí incluyeron desde finales de los cincuenta, en cambio, a cientos de miles de familias no gitanas que también malvivían en las urbes como chabolistas y barraquistas 9 . 6 Las actividades de esta comisión fueron reguladas por el Real Decreto 250/179, del 11 de enero de 1978. Se encargó ese mismo año una investigación, acabada en 1980 y publicada una década más tarde (Véase ISA-Vázquez, 1990). 7 Véase también El País, ed. Md. 22/6/1976, pp. 16 y El País, ed. Md. 29/3/1981, pp. 17 8 El proceso de exclusión residencial y el chabolismo en esta época es generalizado. No obstante, y como sugiere un/a evaluador/a, deben apuntarse excepciones y matices, sobre todo para zonas rurales de Andalucía y para Cataluña. En Barcelona, los conocidos como “gitanos catalanes” (Álvarez et al, 1995) mantendrían dinámicas étnicas y residenciales distintas y más heterogéneas que las de los gitanos llegados del resto de la península desde los años treinta a los setenta del pasado siglo, ocupando enclaves chabolistas en sus destinos migratorios los últimos. Así, en Barcelona, donde no obstante se localizaron algunas de las extensiones chabolistas más grandes de España como La Perona, habría que hablar de diferenciaciones entre gitanos autóctonos desde antes instalados y gitanos “charnegos” todavía peor situados en la lucha por la distribución. Un fenómeno nada sorprendente que se reproduce ahora entre gitanos españoles y rumanos, por ejemplo. Por otro lado, como apunta San Román (1996), los gitanos recrean prácticas de resistencia a las prácticas institucionales de segregación. 9 En 1956, cuando se crea el Ministerio de la Vivienda, vivía en chabolas alrededor del 20% de la población de Madrid, aumentada en unos 440.000 efectivos entre 1950 y 1960 (Castells, 1986: 305). La erradicación del chabolismo, a tenor de estas cifras, no fue únicamente producto de la construcción estatal de viviendas, pero ésta fue importante. En 1975 sólo Madrid disponía de un patrimonio público de más de 70.000 viviendas públicas bajo módico régimen diferido de pago para la propiedad (Gaviria et al, 1991: 68). Y esta fue sólo una modalidad de acceso a viviendas públicas.
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 41 Los expertos coinciden (Castells, 1986: 306; Gaviria et al, 1991: 266; Rodríguez Villasante et al., 1991: 77) en que estas grandes operaciones de vivienda estatal franquista –insuficientes a la hora de absorber a toda la población emigrada que expulsaba el campo, no obstante– estuvieron marcadas por la desigualdad a la hora de acceder a las mismas en función del distinto volumen de redes sociales movilizables en el entramado de redes paternalistas y de certificados de buena conducta que orientó la política social durante la dictadura. No obstante, estos análisis bastante críticos con las operaciones de relocalización residencial en el franquismo apenas reparan en que los gitanos constituyeron tardíamente el furgón de cola de los realojamientos. En que, tras las sucesivas operaciones de realojo de la población chabolista no gitana, lo que se producirá es un proceso de etnificación del chabolismo y de resegregación residencial de la población gitana 10 . Así, lo que en muchos escenarios urbanos de migración comenzó siendo un fenómeno interétnico, terminó convirtiéndose en un fenómeno etnificado 11 . San Román – autora de una pionera etnografía de los gitanos donde también revela los límites étnicos de las luchas vecinales contra la discriminación urbana en el tardofranquismo y la transición– sí ofrece un relato de estas dinámicas de exclusión: Conforme se iban edificando viviendas sociales, los payos 12 chabolistas iban siendo trasladados a pisos, cosa que muy rara vez conseguían los gitanos […] En los poblados chabolistas a principios de los setenta no quedaban más que gitanos abandonados a su suerte. A ellos se les unían muchos otros gitanos que goteaban de nuevos desalojos. Algunos continúan todavía en poblados chabolistas, aunque su número y su capacidad han disminuido notablemente en nuestros días […] La responsabilidad de aquel proceso de concentración fue, principalmente, de la administración. Y suya también fue la responsabilidad de lo que ocurrió pocos años después con unas relaciones vecinales marcadas por la extensión de reacciones racistas (San Román, 1997: 218) 13 . 10 Además de la exclusión de las operaciones de vivienda, en la resegregación experimentada por la población gitana del tardofranquismo influye la expansión de la ciudad: la creciente limitación de terrenos disponibles para clanes diferentes de gitanos que tendieron en sus primeros asentamientos a formar diseminados segregados, a fin de conservar nichos económicos y reducir competencias y enfrentamientos intráetnicos (San Román, 1997: 216). 11 Los fenómenos de etnificación y de sustitución de poblaciones no se limitan al franquismo, ni a enclaves chabolistas. Estos procesos siguen reproduciéndose también en barriadas de vivienda pública en la democracia. Véase el análisis de Martínez Veiga (1999: 129-166) sobre las estrategias residenciales y económicas que distintos grupos desarrollan en una barriada de Alicante cuya etnificación se debe al progresivo abandono de la población mayoritaria, sustituida en un primer momento por gitanos y posteriormente por inmigrantes. 12 Así denomina la población gitana a la no gitana, siendo también el término más habitual en la literatura antropológica, y el que utilizan también los no gitanos cuando hablan de sí mismos con respecto a los gitanos. No obstante, su significado diccionario en mano es otro: “aldeano”, “rudo”. 13 En otro trabajo San Román reconstruye la historia del gran poblado de La Perona, en Barcelona: “Las chabolas comienzan a levantarse en los años cuarenta, albergando en los primeros momentos
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 42 El racismo institucional fue durante los sesenta y setenta del pasado siglo una constante que, además, contribuyó a la posterior intensificación de estigmas y de fronteras étnicas una vez llegue la –tardía– hora de realojar a los gitanos. Aquella discriminación oficial, como se sabe, no se sustentaba en normas que limitaran la distribución de viviendas sociales entre familias gitanas. Sin embargo, también a la hora de estos repartos, prevalecía el “racismo institucional”: un conjunto de prácticas discriminatorias conformadoras de segregaciones, arraigadas en el funcionamiento cotidiano de la instituciones, y las cuales se reproducían sin que necesariamente las agencias y agentes públicos mantuvieran la intencionalidad o conciencia de discriminar (Solana Ruiz, 2001: 216). Un ejemplo entre otros muchos (véase Río Ruiz, 2005): Cuando [en 1964] se canalizó el Manzanares, se expulsó a las 250 familias que habitaban en lo que debiera ser el cauce. Los payos fueron alojados en viviendas prefabricadas mientras se construían viviendas sociales, y los gitanos fueron depositados en el vertedero de los Toriles […] En Pan Bendito, construido en 1963, el 70% de la población es gitana y tiende a aumentar el porcentaje. En 1972 comenzaron a llegar familias gitanas que ocuparon las viviendas [prefabricadas] de los vecinos payos que accedieron a pisos del Ministerio [El País, ed. Mad., 22/6/76, pág., 20]. En el caso de los gitanos, en ausencia de normas que oficializaran la desigualdad de trato, bastaba su escasez de redes sociales de éstos en el entramado paternalista del régimen, su exclusión de la norma salarial y de otros vínculos administrativos, así como el rechazo vecinal estatalmente amparado. Los responsables de las distribuciones de viviendas públicas, por otra parte, podían permitirse abiertas arbitrariedades y licencias etnicistas sin apenas costes y riesgos de ser denunciados por desigualdad de trato. La situación de exclusión residencial de la comunidad gitana no cambió por decreto en el posfranquismo. Un ejemplo de la continuidad de la desigualdad de trato en los primeros años de la democracia fue el “Plan de Barrios” de Madrid. Proyecto considerado la mayor operación de vivienda social de la historia reciente europea y premiado como ejemplo de buenas prácticas de realojamiento en conferencias internacionales de urbanismo (Sainz Gutiérrez, 2006: 114-131). La gran operación abarcó el realojo en nuevas viviendas públicas de cerca de 40.000 familias obreras y de 150.000 personas aún ocupantes de barriadas de autoconstrucción y reductos barraquistas. Todo ello en apenas dos años, entre 1979 y 1981. De este plan, sin embargo, quedaron al margen –en un primer momento– aquellas familias gitanas de la capital que también se encontraban en a familias payas y gitanas que llegaban de otras zonas […] Payos y gitanos convivieron largos años hasta que la totalidad de los payos fueron, paulatinamente, saliendo del poblado para ocupar pisos de la administración” (San Román, 1986: 213-214).
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 49 la localización de las políticas de realojo, casi en exclusiva limitadas a barriadas (y escuelas) de clases populares expuestas a procesos de precarización que se imbrican, a su vez, con reguladas dinámicas de segregación social de las ciudades. Fenómeno este complejo, pero al que contribuyen los realojos de poblaciones estigmatizadas y estigmáticas en una gama limitada de barrios. Eso mostró, casi al tiempo en que los grandes procesos de realojo de familias gitanas concluían, un estudio de alcance estatal en el cual clasificó el espacio urbano en 11 tipos de enclaves residenciales, ubicándose los “grupos desfavorecidos” en sólo 4 de ellos (Arias, 2000). Aunque las ubicaciones de los realojos no necesariamente son las barriadas con peores equipamientos, estos enclaves sí suelen reunir a las franjas de población no gitana con menos recursos y ocupantes de las viviendas más baratas (Leal, 2003). A la vez que la multiplicación de los realojos intensifica los agravios por la distribución interétnica del menguado parque público de viviendas, la marca de clase que tienen los lugares “seleccionados” para reubicar familias gitanas también influye poderosamente en los conflictos, en sus dinámicas, y sobre todo en las formas bajo las cuales se litiga y justifica la exclusión étnica frente a la sociedad más amplia. La administración clasista de la mayor parte de los realojos de población gitana emprendidos ha contribuido, junto a los otros que se vienen analizando, a la configuración de una doble red de exclusión. Una, impersonal, silenciosa, sustentada en las rutinas de la ley: la exclusión que se ejerce sin necesidad de movilizarse ni dar voces a través de las propiedades de rentas elevadas, cuyos valores sociales y mercantiles son preservados por el Estado. Otra, en cambio, mucho más ruidosa, molesta y disruptiva: la que se ejerce cortando el tráfico y ocupando los abandonados solares del barrio cuando, en vez del parque o las infraestructuras un día prometidas, se anuncia el uso del solar como recambio residencial para colectivos que, dado la carga estigmática que arrastran, contribuyen a los procesos de desvalorización social de las zonas donde se ubican los realojos y, de esta manera, refuerzan las dinámicas de segregación social de las ciudad. Algunos datos y ejemplos de esta dinámica. En el caso de Madrid, resulta especialmente significativo que en el municipio del Área Metropolitana Madrileña con una renta media más elevada, no se hayan construido viviendas públicas en la década de los noventa (Leal, 2003: 66). Entre 1986 y 1998, el 90% de los realojos de familias gitanas en barriadas de tipología especial se ubicaron en el sureste de Madrid, donde viven los madrileños de más bajos recursos. Posteriormente, el 89% de las viviendas adquiridas para realojar en el mercado libre, también se buscaron en esa zona (Nogués, 2010: 293). En otra gran ciudad, Sevilla: Entre 1992 y 2000 se construyeron en Sevilla 1.227 viviendas sociales. De ellas, 312 en el barrio de Los Bermejales. Mientras que la media de vivienda social por sevillano es de una por cada 577 habitantes, en este barrio de la zona sur de la capital es de una por cada 21 habitantes, 27 veces más que la
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 50 media de la ciudad […] Los vecinos, también los de las 312 viviendas sociales existentes, creen que el barrio ya no puede asumir más de estas casas […] Durante esta semana muchos vecinos de Los Bermejales se han manifestado en contra de alojar a los últimos chabolistas que quedan por los alrededores. No nos oponemos a que les den casas, sino que se la den a todos juntos y otra vez aquí, explica la presidenta de la asociación de vecinos [El País, And., 11/11/01, pág. 10]. Ausente habitualmente la variable de control –la posibilidad de dilucidar cómo se ve afectada la autosatisfecha tolerancia de las clases medias y altas por el realojo de colectivos estigmáticos en sus preservados residenciales y centros educativos– se refuerza la complacida prenoción de un “espacio social del racismo”, resultando el fenómeno más extendido entre las clases populares (Wieviorka, 1992). Como veremos, esta estructuración clasista de las políticas de realojo convierte el agraviado discurso sobre “barrios pobres” –concebidos como depósitos de grupos que añadirían nuevos elementos de miserabilización a los mismos– y “barrios ricos”–exonerados de cuotas de solidaridad interétnica que se exige invariablemente a los peor situados en la lucha por la distribución–, en uno de los repertorios discursivos más habitualmente desplegados a la hora de materializar y legitimar la exclusión étnica. 4. Lógicas de exclusión en los escenarios de realojo de población gitana La multiplicación de las políticas de realojo; los efectos perversos de muchas de esas intervenciones; las desigualdades de trato entre barrios a la hora de realojar; la mengua del parque de viviendas públicas y la competencia creciente por ellas; la propagación de nuevos pánicos morales securitarios en los años donde se concentran los anteriores fenómenos… Todos estos factores multiplicarán las interdependencias competitivas entre gitanos y no gitanos en los escenarios de realojo. En el periodo abordado estas políticas –a veces meros rumores– han desencadenado movilizaciones antigitanas que integran una diversidad de tácticas de presión vecinal –protestas, acampadas frente a instituciones responsables, ocupaciones de solares, atentado contra construcciones– sostenidas en el tiempo y con una gran capacidad de reclutamiento vecinal (Río Ruiz, 2005). Sin embargo, con la excepción de López Varas y Fresnillo (1995), apenas se han estudiado las lógicas de exclusión y repertorios discursivos que se ponen en juego en los nuevos
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 51 escenarios de realojo. Lo que sigue se dedica a estas menos tratadas facetas de las relaciones interétnicas en escenarios de realojos 22 . En los mismos se despliegan marcos de significados, patrones de justicia popular, titularidades de derechos y lógicas de exclusión específicas del “neoracismo diferencialista” (Balibar y Wallerstein, 1991; Solomos, 1991; Taguieff, 1991). Ideología de exclusión que se sustenta, al tiempo que en una sustancialización de las diferencias culturales, en la naturalización de la segregación como único modelo que evita “choques culturales” que se anticipan como inevitables si quiebran las fronteras y equilibrios tradicionales entre comunidades. Dominan por tanto en los escenarios de realojo, al menos durante los ochenta y noventa, reivindicaciones y desafíos de naturaleza reactiva (Tilly, 1978). Lo que habitualmente se demandará en esta época –en vez de mediaciones institucionales que conlleven compromisos de las partes ante las tensiones emergentes 23 – es la regresión hacia el status quo segregativo donde ambas comunidades conformarían rectas paralelas. Estas demandas de resegregación coexisten no obstante con demandas de endurecimiento de la actuación de las autoridades para restablecer los equilibrios en las relaciones entre las comunidades que se acusa de violar a los gitanos, bajo la indolencia de las autoridades. Éstas serán acusadas de laissez faire en los escenarios de realojo después de imponer a los vecindarios mayoritarios cuotas de solidaridad interétnica. Las lógicas de exclusión apuntadas se materializan en cuatro repertorios discursivos. En primer lugar, aparece “el miedo a caer”: el extendido temor a la devaluación del entorno y, por extensión de las propiedades, una vez “los políticos” imponen la coexistencia de colectivos estigmatizados que reunirían, a su vez, una gran capacidad estigmática. En un país en el que la mayor parte de la población de extracción y condición obrera es propietaria de una vivienda –algo que ha podido influir en la mejor conservación de los inmuebles de las clases populares españolas frente a países donde domina el parque de viviendas públicas de alquiler– el discurso de la incontrolable devaluación material y simbólica del entorno, así como del conjunto de las propiedades, constituye una acción estratégica a la hora de legitimar la exclusión; pero no una añagaza. La presencia o anuncio de familias gitanas realojadas, dado también el potencial estigmático que acumularán las 22 Los conflictos colectivos condensan en sus causas, cursos de acción y formas de litigación, muchos de los elementos que en esos momentos estructuran las divisiones y tensiones interétnicas latentes en una sociedad. Estos casos conforman rituales de interacción que permiten analizar las lógicas de exclusión focalizadas en minorías como la gitana. Sin embargo, la acción colectiva étnica es sólo una faceta de las relaciones interétnicas. 23 Las demandas de mediación en los conflictos resultarán sin embargo cada vez más frecuentes a medida que aumentan los costes e ilegitimidades de las resistencias a la inclusión étnica. Sucede esto especialmente en los conflictos escolares, donde cada vez resultarán más ilegítimas y tendrán mayores costes las acciones excluyentes de menores que verían negados sus derechos a la educación.
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 52 zonas de las que éstas proceden, suele contribuir a la desvalorización de la imagen y atractivo social de los barrios en los gitanos son reubicados. Como apunta Leal (2003), entre zonas cercanas, con pisos y equipamientos similares, buena parte en las diferencias en el precio de las viviendas entre ellas la establece la presencia o no en alguna de esas zonas de grupos estigmatizados, produciéndose un “efecto de arrastre hacia abajo”. Como también apuntó Bourdieu: El barrio estigmatizado degrada simbólicamente a quienes lo habitan […] La concentración en un mismo lugar de una población homogénea en la desposesión también tiene el efecto de redoblar esta última […] Las presiones que, en el nivel de la clase, el establecimiento escolar o la urbanización, ejercen los más indigentes o más alejados de las exigencias constitutivas de la existencia normal, producen un efecto de arrastre hacia abajo (Bourdieu, 1999: 124). En segundo lugar, aparece el discurso de la doble discriminación negativa que experimentaría la mayoría destinada a asumir realojos. Este discurso se despliega para rebatir o prevenir las motivaciones intrínsecamente racistas que muchas veces adjudican los medios de comunicación y otros actores a los vecindarios movilizados. También como efectivo banderín de reclutamiento para la acción colectiva. Por un lado, las políticas de realojo se identifican con la apuntada discriminación clasista entre barrios depósitos invariables de colectivos estigmáticos y barrios exonerados de esas “molestas” cuotas de solidaridad interétnica. Por otro lado, los realojos se convertirán en elementos confirmatorios de extendidas percepciones de abandono oficial. Este discurso se manifiesta constantemente allí donde una operación de recambio residencial proyectada se suma a otras anteriores ya efectuadas en los mismos barrios. También aparece en barriadas con escasos y precarios equipamientos sociales, esto es, en lugares con solares o comunidades vecinales en los que había promesas políticas o expectativas vecinales –al final rotas– de que se construyeran zonas verdes, centros de enseñanza, u otros servicios que mejoraran la calidad de vida vecinal y revalorizaran el entorno. En tercer lugar, aparecen agraviados discursos ante lo que se juzga como una distribución injusta de recursos públicos escasos. La concesión pública de viviendas a familias gitanas en un contexto estatal –la España socialista de los ochenta-noventa– donde mengua drásticamente la promoción pública de vivienda es juzgada, incluso por parte de gentes antas beneficiadas en alguna estas promociones, como una forma de trato preferencial por parte de la administración 24 ; discriminación que revertiría además en un empeoramiento de las posibilidades de integración y promoción social de la mayoría vecinal. 24 En Madrid, una de cada tres de las viviendas sociales construidas por la Comunidad entre 1986 y 1990 estuvieron destinadas –bajo más que módicos alquileres de 4.000 pesetas– a los habitantes de
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 53 En cuarto lugar, aunque estrechamente imbricado con el anterior, aparece el agravio ante lo que se juzga como desafección de las familias gitanas hacia los parámetros de convivencia culturalmente dominantes. Es aquí donde se manifestará el discurso de la “pobreza desviada”. Se sustenta el mismo en la distinción estratégica entre “pobres normalizados” –los que valorarían las oportunidades recibidas y tratan de adecuarse a la norma de vecindad, consumo y trabajo legitimada– y “pobres desviados” –quienes no corresponderían a sus oportunidades de integración y de mejora social con un uso adecuado de los recursos públicos recibidos para este fin–. En estos casos aparece recurrentemente la batería de tópicos sobre la incapacidad de la “cultura gitana” para usar adecuadamente la vivienda y adaptarse al régimen de convivencia en las comunidades. De esta manera, una variante del discurso de la “pobreza desviada” sería el discurso de los “dones incompletos”, esto es, “no correspondidos” con esfuerzos de resocialización por parte de colectivos a los que se juzga como invariables beneficiados por la administración sin que, a cambio, manifiesten modificaciones conductuales y actitudinales que permitan justificar la preferente inversión estatal que reciben. Por un lado, estos discursos son desplegados estratégicamente a la hora de justificar la exclusión, especialmente a medida que se va adquiriendo la certeza de que los medios de comunicación tratarán las protestas vecinales como meras erupciones localizadas de racismo, y a sus protagonistas como encarnaciones del mismo. Por otro lado, estos discursos conectan con sentimientos de indignación, valoraciones y respuestas ampliamente compartidas ante las nuevas relaciones de interdependencia y competencia entre payos y gitanos en el espacio residencial que promueven los realojos. Como apuntaban López Varas y Fresnillo: Los discursos de la segregación se intensifican a través de la figura del acoso y del cerco. Con las políticas de realojo, la representación de la amenaza de la marginalidad se percibe mucho más próxima y dotada de mayor intensidad, hasta el punto de sentirse que existe un riesgo real de que el propio espacio social se vea invadido por el crecimiento de los grupos marginados […] Se focaliza la percepción de la amenaza de contaminación del propio espacio en los grupos marginales, que han dejado de permanecer apartados en la periferia de la ciudad para introducirse en las capas centrales del cuerpo social […] Esta percepción de avance del ámbito marginal sobre el grupo mayoritario comporta una inversión de las posiciones de dominación/ subordinación en las relaciones sociales entre mayoría paya y minoría gitana, según la cual, a pesar de las apariencias formales, serían los gitanos los que ejercerían el dominio sobre los payos en el plano de la convivencia vecinal en los barrios (López Varas y Fresnillo, 1995: 86- 88). “poblados-margen”, esto es, a familias gitanas que habían quedado fuera de las anteriores grandes operaciones de realojo (Gaviria et al, 1991: 71).
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 54 Ahora bien, aunque los cuatro discursos expuestos representen manifestaciones de las nuevas relaciones de interdependencia y competencia interétnica que se configuran en la época analizada, todos ellos reproducen, a su vez, los tres elementos tradicionales del prejuicio hacia las minorías que se manifiesta en muchos procesos de exclusión residencial. Los primeros dos elementos, también omnipresentes en el caso del rechazo a la población gitana, serían la “sobrerepresentación” y la “asimetría”: la tendencia a juzgar al conjunto del colectivo a partir de los comportamientos execrables e imágenes desviantes que proyectan las fracciones menos nómicas de la minoría, identificándose en cambio la mayoría excluyente a partir de su sector más ejemplar o nómico. Esta sociodinámica de la estigmatización, que frente a lo que tiende a suponerse no es un fenómeno privativo de las relaciones y lógicas de exclusión entre grupos étnicos (Elías y Scotson, 1997: 223; Elías 1965/2003), se ve si cabe reforzada por las todavía desproporcionadas cifras de personas de la comunidad gitana en la llamada “cultura de la pobreza”. Esto fomenta el tercer elemento del prejuicio: el “error de atribución intrínseca”: la tendencia a incurrir en atajos culturalistas que llevan a atribuir a particularidades culturales o idiosincracias grupales previamente sustancializadas la existencia de comportamientos y rasgos negativos que, sin embargo, son muchas veces consecuencia de situaciones y condiciones estrictamente sociales, como las generadas por la pobreza y la experiencia histórica de exclusión. Fenómeno éste último difícil de aprehender si no se tiene en cuenta el papel que en diferentes momentos y de diferente manera ha jugado el Estado. Éste contribuye, tanto a la reproducción y naturalización de jerarquías y divisorias interétnicas, como en la modificación posterior de las condiciones de exclusión que, en cambio, las poblaciones mayoritarias seguirán esperando, reivindicando y defendiendo en forma de resistencias a la inclusión étnica. Como – quizás de manera algo determinista– apuntó el malogrado autor que más me ha ayudado a pensar sobre las relaciones con la comunidad gitana en la España reciente: Cuando el Estado retira su apoyo tácito o expreso a una serie de prácticas excluyentes, los grupos de la clase inferior tropiezan con dificultades crecientes para sostenerlas a través de sus propios esfuerzos de organización. En estos casos, se ven obligados a recurrir a tácticas molestas y ruidosas basadas en la solidaridad y en la acción colectiva, en lugar de hacerlo mediante los medios distantes e impersonales de la ley y el Estado (Parkin, 1984: 141). 5. Conclusiones La consolidación de la democracia en España, con la ampliación de los límites étnicos de las políticas sociales que ella conlleva, supondrá una nueva etapa en el tratamiento de la comunidad gitana por parte de las agencias estatales. Ello se
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 55 materializa, hemos visto, en la multiplicación de proyectos de realojo para una gran mayoría de familias gitanas en situación de exclusión residencial a finales de los setenta, cuando ya el tradicionalmente amplio problema de chabolismo en España se había transformado en un problema social etnificado. Los factores que promueven las políticas de realojo a partir de los ochenta son diversos, aunque aparecen la mayoría de las veces imbricados. En las operaciones de realojo influirán, tanto objetivos de inclusión social, como prioridades de ordenación y explotación capitalista del territorio ocupado por chabolistas de etnia gitana. Pueden también distinguirse diferentes fases en los realojos. Durante la primera fase a lo largo de los ochenta –cuando mayor volumen de población es realojada– prevalecerá un modelo de realojo de chabolistas que, si bien supone una intensificación de la interdependencia interétnica, tiende a mantener la concentración de las familias gitanas en el espacio urbano. En cambio, durante los noventa esas fórmulas serán cada vez más cuestionadas y progresivamente descartadas. Progresivamente se adoptará como norma general a la hora de realojar –no exenta de sombrías y extemporáneas excepciones– la dispersión de cupos limitados de familias gitanas entre viviendas no gitanas. Aunque desarrollada bajo diversas fórmulas, la política pública de realojos ha transformado ampliamente las condiciones residenciales de amplias franjas de la población gitana. Ya a comienzos de los noventa diversos estudios revelaban que la unidimensional y estereotipada imagen de la comunidad gitana como colectivo chabolista –algo que sí definía bien en cambio las condiciones residenciales de la mayor parte de los gitanos urbanos durante el tardofranquismo– no casaba con la diversidad de alojamientos de los miembros de esta etnia. Las últimas investigaciones, ya en el siglo XXI, siguen desmontando tópicos sobre los hábitats gitanos, mostrando la consolidación de la heterogeneidad residencial de la comunidad gitana pese a los problemas señalados en este artículo. Por otro lado, la tradicional división étnica del espacio urbano ha sido hasta hace pocas décadas un hecho limitativo de la convivencia intercultural; pero también de la competencia y del conflicto interétnico entre gitanos y no gitanos en el espacio urbano. Así, un efecto no deseado aunque previsible de las políticas de realojo desarrolladas durante la democracia, ha sido la configuración y expansión de nuevas relaciones de interdependencia y competencia interétnica, así como la extensión de nuevos frentes de tensiones y agravios entre una minoría étnica estigmatizada como los gitanos y una mayoría de vecindarios de clases populares que rechaza los “efectos de arrastre” y el poder estigmático de la presencia gitana. Así, en los escenarios de realojos se multiplican estrategias de exclusión competitiva sustentadas en lógicas y discursos segregativos; pero también en marcos de significados para la protesta más legítimos, como la denuncia de la desigualdad de trato entre barrios ricos y pobres a la hora de realojar.
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 56 Lo sucedido en España con los realojos de gitanos permite extraer una lección: la dificultad de lograr la aceptación y convivencia con grupos a cuya racialización y exclusión contribuyó anteriormente la política del Estado. Incluso en la democracia, las operaciones de realojo que preservaban la marca étnica contribuyeron a solidificar estigmas que dificultaron, posteriormente, la aceptación vecinal de los gitanos incluso cuando se aplican fórmulas más avanzadas de realojamiento, como las que se basarán en la dispersión de cupos limitados de familias gitanas entre vecindarios mayoritarios, y a través de viviendas en altura adquiridas por las administraciones en el mercado inmobiliario. No obstante, habría razones para apostar por estas fórmulas de realojo en dispersión tan tardíamente asumidas por las administraciones españolas. Las mismas, al incluir a grupos reducidos de familias entre diversos barrios, desmoronan las legitimidades frecuentemente manejadas por quienes rechazan y denuncian los efectos negativos de la concentración de gitanos en “sus” barrios. Cuando un realojo implica a una o varias familias por bloque –en vez de a centenares concentradas en un punto del barrio–, aumentan las dificultades para el reclutamiento y la acción colectiva antigitana, como también muestra el análisis de los efectos conflictivos de los programas de inclusión escolar de menores gitanos en la España reciente (Río Ruiz, 2005). Además, los realojos en dispersión ayudan a neutralizar la discriminación asociada a lo que se conoce como “efectos de lugar”. La multidimensional desigualdad de trato a la que siguen exponiéndose ciudadanos gitanos –a la hora de buscar empleo, por ejemplo– aumenta cuando un miembro de una minoría estigmatizada procede, además, de un enclave estigmatizado. Bien lo saben muchos ciudadanos –gitanos y no gitanos– cuyo currículum reposa en la basura nada más ser reconocido su marcado lugar de residencia. En suma, la experiencia del proceso de realojamiento de la comunidad gitana en España, cuyo periodo crítico es el analizado en este artículo, podría aportarnos lecciones sobre malas y buenas prácticas institucionales de realojo. Ellas debieran servir para orientar las intervenciones necesarias sobre las actuales condiciones residenciales de otros colectivos estigmatizados y en situaciones de máxima relegación residencial, como sucede actualmente con colectivos inmigrantes y con el cada vez mayor número de familias gitanas extranjeras que reproducen condiciones de máxima relegación y exclusión residencial. Tarde o temprano, los costes de la exclusión social acaban socializados entre todos los sectores mal situados en la lucha por la distribución. La materialización política de discursos como el de “los españoles primero”, del cual también participan en nuestros días muchos gitanos frente a inmigrantes y otros gitanos extranjeros, es una forma injusta, pero también ineficaz, de afrontar los problemas de convivencia interétnica.
Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos… 57 Bibliografía ALGUACIL, Julio y DENCHE, Concha (1991) “La experiencia de los barrios de remodelación y las políticas de realojamiento”. Documentación social, No. 85, pp. 139-151. ALVÁREZ, Albert., IGLESIAS, David y SÁNCHEZ, Joan. A (1995) Sabor a rumba. Identitat social i cultural del gitanos catalans. Barcelona: Pagés. ARIAS, Felix (2000) La desigualdad urbana en España. Madrid: Ministerio de Fomento. BALIBAR, Étienne y WALLERSTEIN, Inmanuel (1991) Raza, nación y clase. Buenos Aires: Iepala. BJÖRKLUND, Ulf (1986) “World-system, the Welfare State and the ethnicity” Ethnos, No. 51, pp. 285-306. BOURDIEU, Pierre (1999) “Efectos de lugar”, En: Bourdieu, Pierre. (ed.). La miseria del mundo. Madrid: Akal, pp. 119-124. CASTELLS, Manuel (1986) La ciudad y las masas. Madrid: Alianza. CEA D’ANCONA, Mª Ángeles (2004) La activación de la xenofobia en España. ¿Qué miden las encuestas? Madrid: CIS. CIS (2005) “Barómetro de opinión”, Nov. 2005, No. 2625 Disponible en: http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=5118. Acceso 19 de febrero 2013. CIS (2007) Encuesta sociológica a los hogares de la población gitana. Disponible en:http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=782 0&cuestionario=9034&muestra=14325. Acceso: 21 febrero de 2013 CORTÉS ALCALÁ, Luis (1995) La cuestión residencial. Madrid: Fundamentos. DÍAZ ORUETA, Fernando y LOURÉS SEOANE, María L. (2003) “La ciudad postfordista: economía cultural y recualificación urbana” Revista de Economía Crítica, No. 2, pp, .105-121. ELÍAS, Norbert (1965/2003) “Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros” Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Texto Clásico. No. 104, pp. 219-251. ELÍAS, Norbet y SCOTSON, John L. (1994) The established and outsiders. Londres : Sage. FOESSA (2008) VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid : Cáritas.
Río Ruiz, Quid 16 N°4 (34- 61) 58 FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España, 2007. Madrid : Fundación Secretariado General Gitano.En :http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda/archivos/mapa0 1.pdf. Acceso : 13 mayo 2014. GARCÍA, Ángel (2011) “La reconversión de los problemas de vivienda de la comunidad gitana: de la chabola a la vivienda inadecuada”. En: LAPARRA, Miguel (Coord.) (2007) Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pp. 149-177. GAVIRIA, Mario, LAPARRA, Miguel, FERRER, Javier y AGUILAR, Manuel (1991) Vivienda social y trabajo social. Madrid: Editorial Popular. GIEMS (1976) Gitanos al encuentro de la ciudad. Del chalaneo al peonaje. Madrid: Edicusa. GRUPO P.A.S.S. (1991) Mapa de la vivienda gitana en España. Madrid: Asociación Secretariado General Gitano. INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA APLICADA–VÁZQUEZ, José M. (1990) Estudio sociológico: los gitanos españoles, 1978. Madrid: Asociación Secretariado General Gitano. JARGOWSKI, Paul y BANE, Mari Jo (1991) “Guetto poverty in the United States, 1970-1980”. En JENCS, C. and PETERSON, P. The urban underclass. Washington, DC: The Brookings Institution, pp. 235-273. LAPARRA, Miguel (Coord.) (2007) Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. LAPARRA, Miguel (Coord.) (2011) Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis constratado de la Encuesta del CIS a hogares de población gitana 2007. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. LEAL, Jesús (2003) “Segregación social y mercados de vivienda en las grandes ciudades” Revista Española de Sociología, No. 2, pp. 59-76. LÓPEZ VARAS María L. y FRESNILLO PATO, José L. (1995) Margen y periferia. Representaciones ideológicas de los conflictos urbanos entre payos y gitanos. Madrid: Secretariado General Gitano. MARCOS SANZ, Ramón (1995) “Mapa de la vivienda gitana en España”. En: Actas del I congreso nacional: los gitanos en la historia y la cultura. Granada: Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, Junta de Andalucía, pp. 210-221