Sensibilidad, sociología y derecho: libro homenaje al profesor Dr. José Alcebiades de Oliveira Junior

Álvaro Sánchez Bravo (Editor) SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA Y DERECHO Libro homenaje al Prof. Dr. José Alcebiades de Oliveira Junior Sensibilidad, Sociología y Derecho VV.AA. Editado por: Alvaro Sánchez Bravo [email protected] Impreso en España ISBN eBook:  Maquetación, diseño y producción: Álvaro Sánchez Bravo © 2021 Álvaro Sánchez Bravo Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos. ÍNDICE APRESENTAÇÃO .............................................................................................. 13 LAUDATORIA AL PROFESOR JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA JUNIOR, CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN .................................... 15 ESTADO DE DERECHO, INFODEMIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Álvaro A. Sánchez Bravo. ........................................................................ 23 POR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL. DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS SOCIALES EN EL ORDEN GLOBAL Alfonso de Julios-Campuzano .............................................................. 67 A APLICAÇÃO DA NÃO JURISDIÇÃO PÓS COVID André Jobim de Azevedo ....................................................................... 97 DE LA PERIFERIA A LA CENTRALIDAD. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL DE DERECHO EN ESPAÑA Antonio Luis Faya Barrios ...................................................................... 117 A ATUAÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NAS QUESTÕES DOS DESCA Clovis Gorczevski ...................................................................................... 141 ANÁLISIS CRÍTICO DEL PODER CONSTITUYENTE David Sánchez Rubio .............................................................................. 157 NOTAS SOBRE O COMUM ACORDO COMO MODO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO NO DIREITO BRASILEIRO E O MUTUO ACUERDO NO DIREITO ESPANHOL. Eugenio Hainzenreder Júnior ............................................................. 185 DERECHO ADMINISTRATIVO. VISIÓN EN ÉPOCAS DE EMERGENCIA. REFERENCIA AL RÉGIMEN URUGUAYO Felipe Rotondo ........................................................................................... 211 LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Fernando H. Llano Alonso ................................................................... 235 NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E LIBERDADE SINDICAL Gilberto Stürmer ..................................................................................... 253 PANDEMIA, DESIGUALDAD Y VULNERABILIDADES EN ARGENTINA. Gonzalo Salerno ....................................................................................... 283 LA ECONOMÍA CIRCULAR, UNA REALIDAD YA EN FUNCIONAMIENTO Guadalupe Medina ................................................................................. 305 POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E INTERAÇÃO SOCIAL NO BRASIL Jacson Roberto Cervi ............................................................................ 327 CIDADANIA, RECONHECIMENTO E SOLIDARIEDADE: sinais de uma fuga João Martins Bertaso ............................................................................ 349 PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA TUTELA EFECTIVA EN LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS: INICIATIVA PARLAMENTARIA DESDE LA ÓPTICA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN LA EXPERIENCIA DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN DE MÉXICO José Luis Leal Espinoza ......................................................................... 377 AS TEORIAS DA COMUNICAÇÃO E AÇÃO COMUNICATIVA: UM REPENSAR SOBRE OS NOVOS DIREITOS Liton Lanes Pilau Sobrinho .................................................................. 393 TRIBUTACIÓN E INGRESOS BÁSICOS: CÓMO MINIMIZAR ALGUNOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Marciano Buffon ....................................................................................... 417 HACIA UNA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS Nuria Belloso Martín Universidad de Burgos .............................. 439 IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MERCADO DE TRABALHO DO BRASIL Paulo Cesar Amaral de Pauli ............................................................... 461 SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA Y DERECHO Libro homenaje al Prof. Dr. José Alcebiades de Oliveira Junior 15 LAUDATORIA AL PROFESOR JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA JUNIOR, CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN Las buenas relaciones académicas, como los buenos amigos, no entienden de fronteras ni de distancia geográfica. Entre dos países separados por el mar Atlántico, como son Brasil y España, se han forjado, desde hace casi una treintena de años, unas relaciones que superan con creces el ámbito puramente académico, pudiendo hablar con mayúscula de amistad, compañerismo, cariño, solidaridad, colaboración, y gratitud. La lejanía entre ambos países, que en los inicios del camino de la vida académica venía marcada por la inexistencia de internet, de correos electrónicos, de videoconferencias, o de los ahora tan comunes webinar, no constituyó obstáculo para ir forjando unas colaboraciones institucionales y, sobre todo y más importante, personales, que tanta satisfacción nos reportan en el momento presente. Al fin y al cabo, los “laureles” y éxitos académicos poco representan y quedan vacíos de significado si no van acompañados de los momentos vividos, no con las instituciones, sino con las personas que son la imagen humana de tales instituciones. No resulta fácil escribir unas páginas de un libro en homenaje a la trayectoria académica de una persona. No es fácil cuando tal trayectoria ha venido acompañada de un trabajo incansable, constante y desarrollando una actividad prolífica y muy respetada. Pero, más difícil todavía que resumir en unas líneas los muchos y esforzados años de estudio e investigación, dedicación a la academia, a los estudiantes, a los compañeros y a las instituciones en la que ha desarrollado su periplo profesional, resulta establecer un laudatoria a la persona que está detrás de todos esos logros académicos. Porque junto a la faceta académica está la personal, y José Alcebíades de Oliveira Junior, ha mantenido siempre una talla personal al mismo o superior nivel, de su talla académica. 16 Lejos de la figura de su homónimo, el militar y político griego Alcebíades, educado por su primo Pericles y que compartió amistad con Sócrates, y del que se ha destacado el contraste entre el talento y la educación recibida, con su deslealtad y falta de escrúpulos al servir, primero a Esparta y, después a Atenas, enemigos irreconciliables, el profesor Alcebíades ha mostrado siempre transparencia y coherencia en sus ideas así como lealtad a las instituciones en que ha desempeñado sus funciones académicas y a su misión de docente universitario. Fue en septiembre del año 1995 cuando tuve la oportunidad de conocer al profesor José Alcebíades de Oliveira Junior, en la Universidad Federal de Santa Caterina. Mi siempre recordado y muy querido Luis Alberto Warat, a quien tuve la fortuna de conocer en el V Congreso Brasileiro de Filosofía, organizado en la USP por el Profesor Miguel Reale, me invitó a acercarme a la Universidad caterinense y a conocer a sus colegas. Son esos encuentros casuales que dejan una huella en la experiencia vital, como fue en mi caso, al haber podido gozar de la amistad y de las reflexiones siempre provocadoras y agudas de Warat, como seguro que también habrá dejado una impronta imborrable en el Profesor Alcebíades. Me presentaron al Profesor De Oliveira Junior como un especialista en el filósofo italiano Norberto Bobbio. Bien fuera por ese hilo umbilical de estudio de filósofos europeos o por otras razones, la conexión académica y personal fue excelente. Oliveira Junior siempre ha sido una persona discreta, trabajadora, equilibrada, respetuosa de las ideas o líneas de trabajo de colegas que podían ser muy diferentes a las suyas. Una de las imágenes que tengo grabadas en mi mente es la del Profesor Alcebíades, en una tarde que, aunque ya de noche, con viento y lluvia, me decía que no podía irme de Florianópolis sin ver el famoso puente Hercílio Luz iluminado, puente del que, por supuesto, pude disfrutar de una magnífica vista desde una colina estratégica. Sus líneas de investigación versaban entonces sobre la teoría del derecho kelseniana y la filosofía del derecho bobbiana, en una Universidad en la que la 17 corriente de los llamados “alternativos” (Derecho alternativo) tenía su fuerza. Los contactos académicos mantenidos a lo largo de estos más de veinticinco años continuaron gracias a la generosidad académica de Oliveira Junior, quien me invitó a participar de dos libros colectivos que coordinó, respectivamente, en 1997 y en 1998 (O novo em Direito e Política, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997; y O poder das metáforas. Homenagem aos 35 anos de docência de Luis Alberto Warat, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1998), así como en otros eventos y reuniones científicas. Unos cinco años más tarde, sobre el año 2000, el Profesor Alcebíades De Oliveira Junior, con ocasión de su participación en un Congreso que se celebraba en Moscú, hacía parada algunos días en Madrid, lo que me brindó la oportunidad de poder invitarle a que impartiera una conferencia en mi Universidad de Burgos. Era la época en que Luis Alberto Warat había empezado a trabajar sobre la mediación, temática que también ha cultivado muy acertadamente el Profesor De Oliveira Junior. Ha sido una colaboración desde la distancia, con diversos encuentros presenciales a lo largo de los años en Congresos, Seminarios, Jornadas, bien fueran en Brasil o en España (Sevilla, Burgos). Las instituciones en las que el Profesor Alcebíades ha desarrollado sus actividades académicas son de las más prestigiosas de Brasil (Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Rio Grande do Sul), volviendo finalmente a la Universidad en la que se formó, la Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI, Santo Ângelo. Su visión internacionalista ha estado presente en sus actividades como gestor, en cuanto integrante del conjunto de professores fundadores do CDEA - Centro de Estudos Europeus e Alemães, Porto Alegre, -en colaboración con la UFRGS - PUC de RS-. 18 La Teoría del Derecho, la Filosofía y la Sociología del Derecho han sido las materias principales en las que se han centrado sus investigaciones. A ello hay que sumar, además de la mediación y el arbitraje, el Derecho Constitucional y los Derechos fundamentales, debiendo destacarse el meritorio capítulo de la obra colectiva "Direitos Fundamentais das Pessoas em situação de rua", que fue galardonada, en el año 2015, con el 57 Prêmio Jabuti, en la categoría de Derecho. Y es que el Profesor Alcebíades ha tenido siempre una especial sensibilidad con respecto a los colectivos vulnerables. Investigador principal de varios Grupos de Investigación (Direitos Fundamentais e Novos Direitos e Sociologia Judiciária, y Clínica de estudos interdisciplinares sobre o Direito, a Justiça e o Poder Judiciário), coordenador general do Projeto de Extensão Mediação: uma alternativa à judicialização -SAJ- UFRGS – y editor Jefe de la Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito de la UFRGS -en la que, como siempre, tuvo la amabilidad de invitarme a publicar algunos artículos-, son sólo algunos de los muchos méritos que integran un curriculum académico, trabajado con solvencia y rigor. La carrera académica universitaria, en la última década, se ha tornado excesivamente burocratizada, despertando en no pocos profesores un temor a que el tiempo, siempre escaso del que se dispone para la adecuada preparación y actualización de sus clases, para la atención a los estudiantes, para desarrollar la investigación y para una pausada lectura de tantas publicaciones valiosas que van viendo la luz, se tenga que concentrar en tareas administrativas. Se produce así un contraste entre la Universidad clásica, que conocimos de estudiantes y que alumbró nuestros primeros años cuando entramos a formar parte de la comunidad académica, con la Universidad actual. Cada una tiene sus defectos y sus virtudes, pero no cabe duda de que algunas de las esencias características de esa comunidad de saber, de la verdadera Universidad, era la clase magistral, en la que el profesor transmitía 19 sus conocimientos sobre un determinado tema, como un verdadero magister. En las ocasiones en que he podido asistir a la impartición, bien fuera de alguna clase, conferencia o ponencia, el profesor De Oliveira Junior ha puesto de relieve ese especial talento de saber comunicar, de transmitir su conocimiento a todos aquéllos que le escuchaban. No todos los grandes investigadores están dotados de esa habilidad para transmitir su conocimiento. Lo realmente relevante cuando un profesor cruza el umbral de su jubilación es poder reconocer en muchos de quiénes ahora, o bien continúan la vida académica y son brillantes jóvenes docentes o investigadores, o en operadores jurídicos que en sus actuaciones descubren esa impronta que con las clases de Teoría del derecho y de Filosofía del derecho se ha pretendido dejar: la incansable búsqueda de la justicia, la solidaridad hacia los demás, la defensa de la libertad, el argüir límites contra el poder, la inteligencia de saber aplicar principios jurídicos que permitan salvar normas injustas, el inculcar el interés por los desheredados del mundo. Esa es la mayor satisfacción que se puede tener, en percibir en quiénes has formado, que esa semilla de lucha por la justicia, ha sido entendido, ha germinado y se expandirá en todas las acciones y actos presentes y futuros que lleven a cabo. Lejos de quien se regodea contemplando sus medallas y distinciones, sus reconocimientos y premios, todos ellos méritos que quedarán en un cajón olvidados, la satisfacción del docente reside en lo que ha podido transmitir a todos esos miles de estudiantes que, a lo largo de sus años, han seguido sus clases y sus materias. También con todo aquello que en su actividad investigadora haya podido aportar al conocimiento y a la sociedad. El profesor Alcebíades viene a representar con creces esa vocación docente e investigadora. Ha sabido aunar ambas facetas, articulando esa imagen que corresponde a un “profesor de Universidad” en mayúsculas. Enseñanza, conocimiento, rectitud, 20 virtud, son algunos de los términos que bien pueden compendiar su magisterio. La jubilación no es el fin de la vida, no equivale a una “muerte civil”, y menos para un profesor cuya afán por el conocimiento, la avidez por la lectura, la emoción al descubrir una obra motivante, el deseo de seguir aprendiendo y, a la vez, comunicándolo, enseñando, continuará intacta. La vida tiene sus tiempos y sus etapas. El paso del tiempo es inexorable. Pero lo importante es haber sabido aprovechar sus emociones, sus experiencias, los encuentros que la vida universitaria favorece para descubrir amistades que durarán siempre, de compartir el dolor por aquéllos que ya no están, de sentirse apoyado, comprendido, escuchado en los momentos duros que siempre los hay. Si se ha vivido plena e intensamente todo ello, cuando llega el momento de retirarse, poder volver la vista atrás y contemplar el periplo vital con satisfacción, proporciona la serenidad y paz de espíritu tan ansiada y buscada a lo largo de la vida. Estoy convencida que el profesor Oliveira Junior es uno de esos afortunados, que se siente en paz cuando echa la vista atrás del camino recorrido y, sobre todo, se siente querido por todos quienes hemos tenido ocasión de compartirlo con él, en algunos tramos. Pero Alcebíades debe saber, que su camino no ha concluido, y que aún tiene mucho que aportar. Y que sus amigos y compañeros, seguiremos caminando junto a él durante, confiemos, un largo trayecto. Concluyo con un breve poema del insigne poeta español, Manuel Machado, para el MAESTRO, mi estimado Alcebíades. Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, 21 y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Y con dos últimas estrofas de una canción de Joan Manuel Serrat Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Nuria Belloso Martín Hospital del Rey, Burgos Julio, 2021 23 ESTADO DE DERECHO, INFODEMIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Prof. Dr. Álvaro A. Sánchez Bravo. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. Al querido Mestre, Amigo e, sobre tudo Irmão, Jose Alcebiades de Oliveira (Jr), “garrapato nas cadeiras”. 1. INTRODUCCION En un Estado de Derecho, todos los poderes públicos actúan siempre dentro de los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales 1. Conforme al art. 2 del Tratado de la Unión Europea, “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.”2  1 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión. Situación y posibles próximas etapas. COM (2019) 163. Bruselas, 03.04.2019, p. 1. 2VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA. DOUE C 83. 30.03.2010. Igualmente, conforme al art, 49 TUE, el respeto del Estado de Derecho es un requisito para imprescindible para la adhesión a la UE. 24 No obstante estos importantes valores, acontecimientos en algunos Estados miembros (por ejemplo, los casos de Polonia3 y Hungría4) han demostrado la falta de respeto a los mismos, y como la Unión Europea carece de mecanismos adecuados para responder rápidamente a las amenazas a que pueda estar sometida la democracia en un Estado miembro. El respeto a la democracia y los valores en que se fundamenta constituye, a nivel europeo, el soporte de la confianza entre los Estados y el basamento de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los derechos humanos y la democracia se refuerzan mutuamente. Si bien, los sistemas democráticos pueden manifestarse de diferentes formas, todos ellos tienen el común denominador de lograr el respeto de los derechos humanos, ya sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales5. Además, como ha señalado el CESE6 , “la Unión Europea no es sólo un mercado común; es una unión de valores comunes…Estos valores, en los que se basa la Unión Europea, constituyen el fundamento de la integración y forman parte de la integridad europea”7. Pero junto a la democracia y los derechos humanos, el Estado de Derecho constituye uno de los tres pilares de la arquitectura axiológica de la Unión, constituyendo la columna vertebral de las democracias constitucionales modernas, que derivan de las  3 Recomendación (UE) 2017/146 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, sobre el Estado de Derecho en Polonia que complementa la Recomendación (UE) 2016/1374. 4 Recomendación (UE) 2016/1374 de la Comisión, de 27 de julio de 2016, relativa al Estado de Derecho en Polonia 5 INFORME ANUAL DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO EN 2015, OPOUE, Luxemburgo, 2016, p. 34. 6 Comité Económico y Social Europeo 7 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El mecanismo europeo de control del Estado de Derecho y los derechos fundamentales”, DOUE C34, 02.02.2017. 31 todos los Estados miembros, así como a las tres instituciones fundamentales de la Unión. La Comisión acogió con satisfacción el objetivo general de la Resolución, que consiste en garantizar que los valores comunes de la UE se apliquen y se respeten. La Comisión considera, no obstante, que es preciso hacer el mejor uso posible de los instrumentos existentes, evitando los solapamientos. Una serie de agentes e instrumentos existentes ya aporta un conjunto de medios complementarios y eficaces para promover y defender los valores comunes. La Comisión seguirá valorando y aprovechando esos medios. Una de las ideas subyacentes del Parlamento fue hacer que los diferentes datos e informes existentes sobre la situación de los derechos fundamentales en los Estados miembros sean más accesibles y visibles, también en el ámbito nacional. La Comisión acogió con satisfacción esta idea, ya que otros muchos agentes –incluidos el Consejo de Europa y su Comisión de Venecia, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y las ONG– recogen información sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en los Estados miembros25. La Comisión Europea publicó el 3 de diciembre de 2020, el Primer Informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho26. Muestra que muchos Estados miembros tienen altos estándares de Estado de Derecho, pero existen importantes desafíos para el Estado de Derecho en la UE. El informe cubre cuatro pilares fundamentales con un fuerte impacto en el Estado de Derecho: sistemas  25 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Informe de 2016 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, COM (2017) 239. Bruselas, 18.05.2017. 26 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea. COM (2020) 580. Bruselas. 30.09.2020. 32 nacionales de justicia, marcos anticorrupción, pluralismo y libertad de los medios, y otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza democrática. Todos los Estados miembros cuentan con marcos jurídicos para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y los ciudadanos de la UE disfrutan de altos niveles de libertad y pluralismo. La libertad de expresión, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y el derecho de acceso a la información están generalmente consagrados en la Constitución o en el derecho derivado. El pluralismo y la libertad de los medios de comunicación son factores claves para el funcionamiento del Estado de Derecho, la rendición de cuentas democrática y la lucha contra la corrupción. Su objetivo es ampliar los mecanismos de que dispone la Unión Europea, o una nueva herramienta preventiva y poner en marcha un debate inclusivo y una cultura del Estado de Derecho en toda la UE. 3. ESTADO DE DERECHO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DESINFODEMIA La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea27, establece en su artículo 11, relativo a la libertad de expresión e información, que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de  27 Unión Europea. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. (2016/C 202/02). DOUE C 202. 07.06.2012 33 fronteras. 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. El derecho a la información se basa, como ha señalado la Unesco28, en el derecho más amplio a la libertad de expresión, el cual abarca no sólo el derecho a brindar opiniones e información, sino también el derecho a buscar y recibir este tipo de contenido. En tanto derecho, el acceso la información es particularmente importante en lo que respecta a la información oficial en poder de las autoridades públicas. El objetivo 16 de Objetivos de Desarrollo Sostenible29 llama a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, a garantizar el acceso la justicia para todos y a crear instituciones eficaces, inclusivas y que rindan cuentas en todos los niveles. Concretamente, la Meta 16,10 hace referencia a “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. En el precitado Primer Informe sobre el Estado de Derecho en la UE, en lo relativo a la a libertad de medios y pluralismo, los ciudadanos europeos disfrutan en general de elevados niveles de libertad y pluralismo en los medios de comunicación. Especialmente durante la pandemia de coronavirus, los medios de comunicación han demostrado ser esenciales para combatir la desinformación. No obstante, el informe plantea preocupaciones sobre la eficacia y los recursos adecuados, así como los riesgos de politización de las autoridades sobre los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Algunas evaluaciones de países han identificado casos en los que se han expresado serias preocupaciones con respecto a la presión política sobre los medios. Por su parte, las autoridades reguladoras de los medios de comunicación son agentes claves para garantizar el pluralismo de los  28 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf-0000370686 29 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 34 medios de comunicación. Al aplicar la regulación específica de los medios de comunicación y las decisiones políticas en la materia, su independencia de los intereses económicos y políticos y la imparcialidad de sus decisiones tienen un impacto directo en la pluralidad del mercado de la independencia política del entorno de los medios de comunicación. La independencia y competencia de las autoridades reguladoras de los medios de comunicación están establecidas por ley en todos los Estados miembros. Sin embargo, existe preocupación sobre el riesgo de politización de estas autoridades en el caso de Hungría, Malta, y Polonia. También preocupa la efectividad de algunas de estas autoridades nacionales reguladoras teniendo en cuenta los recursos de que disponen, en el caso de Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia. Las vulnerabilidades y los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación aumentan cuando la independencia política se ve amenazada por la falta una regulación que evite las injerencias políticas, o como resultado de normas que permitan a los agentes políticos poseer medios de comunicación. En los capítulos por países se han identificado una serie de casos en los que las partes interesadas han expresado serias preocupaciones, tales son las situaciones en Bulgaria, Hungría, Polonia, y Malta. En lo tocante al derecho de acceso la información, además de constituir este una condición previa fundamental para el debate democrático y el control de las instituciones públicas, es de vital importancia para los medios de comunicación y también, de forma más general, para defensa del Estado de Derecho. Se basan en la transparencia de la administración pública y de la toma de decisiones. Este derecho está garantizado en la Constitución o en el derecho derivado en todos los Estados miembros, pero algunos capítulos por país señalan obstáculos o retrasos a la hora de facilitar la 35 información. Tales son las situaciones en Chequia, Malta y Rumania.30. Por su parte, el Plan de Acción para la Democracia Europea31, surge de la constatación que la democracia en la UE se enfrenta a retos derivados del auge del extremismo, la injerencia electoral, la difusión de información manipuladora y las amenazas contra periodistas. En una democracia sana y próspera, los ciudadanos pueden expresar libremente sus opiniones, elegir a sus líderes políticos y tener voz sobre su futuro. Los ciudadanos deben poder tomar decisiones electorales en un espacio público donde puedan expresarse libremente diferentes puntos de vista. Los medios de comunicación libres, el mundo académico y la sociedad civil deben poder desempeñar su papel en el fomento de un debate abierto y libre de injerencias maliciosas, ya sean extranjeras o nacionales. El Plan de Acción para la Democracia Europea se ha concebido para empoderar a los ciudadanos y construir democracias más resilientes en torno a tres pilares fundamentales, entre los cuales se encuentra reforzar la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo. A este respecto, en los últimos años la seguridad ha seguido deteriorándose debido a las amenazas, e incluso los ataques físicos y en línea, contra periodistas en numerosos Estados miembros de la UE. Es por ello, que se propondrán un paquete amplio de medidas tendente a garantizar la seguridad de los periodistas frenar el uso abusivo de las demandas contra la participación pública, apoyar el pluralismo de los medios, e incluso, constituir un  30 COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos. JOIN (2020) 8. Bruselas. 10.06.2020. 31 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre el Plan de Acción para la Democracia Europea. COM (2020)790. Bruselas. 03.12.2020. 36 sistema de financiación sostenible para proyectos de asistencia jurídica y práctica a periodistas. El Plan de Acción para la Democracia Europea establece una respuesta global, basada en la labor actual de la UE y firmemente arraigada en los valores y principios europeos. Protege la libertad de expresión y el derecho de las personas a acceder a contenidos legales. Ahora bien, la situación de pandemia a nivel mundial ha incorporado unas medidas excepcionales que delimitan una nueva realidad en todos los ámbitos. Especialmente a considerar son las medidas excepcionales adoptadas por los Estados para hacer frente a esta situación crítica. Hay que asegurar la aplicación de las normas de derechos humanos internacionales y regionales relacionados con la libertad de expresión y la privacidad, cuando fallen en casos que involucran las respuestas de los Estados al brote de coronavirus que incidan en la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso la información, la privacidad y la seguridad de los periodistas. Cuando se recurre a la facultad de decretar un estado de emergencia para enfrentar la pandemia de coronavirus, los Estados deben cumplir con las exigencias, los criterios y los procedimientos establecidos por los instrumentos legales internacionales y regionales a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitar abusos y arbitrariedades. En los últimos meses, las autoridades de varios países declararon Estados de emergencia, restringiendo muchos de los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el acceso la información y la privacidad. Además, algunos gobiernos han aprobado leyes para combatir la desinformación, y es probable que las autoridades judiciales pronto tengan que fallar en casos relacionados 37 con la libertad de prensa y la libertad de expresión debido a estas medidas. Los sistemas de gobierno de las sociedades liberales y democráticas se vieron alterados, al menos de forma temporaria. Se postergaron campañas políticas y elecciones, las sesiones parlamentarias se llevan a cabo con un reducido número de participantes o por videoconferencia, el funcionamiento los órganos de justicia está suspendido o demorado, y el suministro los servicios públicos esenciales se ha visto seriamente afectado. En muchos casos, el derecho a la información ha quedado suspendido, lo que afecta al acceso de los ciudadanos a datos relacionados con las tasas de infección, los sistemas de realización de pruebas, los acuerdos de contratación realizados por el gobierno y el gasto de los fondos públicos durante la pandemia. Los mecanismos institucionales que constituyen la parte medular de los sistemas del Estado de Derecho y sus sistemas de equilibrio de poderes se han visto considerablemente afectados. Ésta una crisis afectado particularmente al ejercicio de la libertad de expresión, la situación en actividad los periodistas y los medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos al acceso de la información pública. Muchas disposiciones de emergencia se han utilizado para restringir directamente el ejercicio de los derechos y para introducir más controles dentro de la lógica de la necesidad de proteger la salud pública. De acuerdo con el derecho internacional, cuando surja una emergencia pública que amenace la vida de las naciones, los Estados pueden tomar medidas que deroguen algunas de las obligaciones y los compromisos relacionados con los derechos humanos, según lo establecido en los instrumentos legales internacionales y regionales, en la estricta medida en que lo exija la situación. En su Declaración del 24 de abril de 2020, sobre derogaciones del pacto en relación con la pandemia del Covid-19, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas32 ha establecido que la libertad de expresión y el acceso la información y un espacio cívico donde  32 https://search.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementSP.pdf 38 pueda celebrarse un debate público constituyen garantías importantes para asegurar que los Estados partes que recurran a las facultades excepcionales en relación con la pandemia de Covid-19 cumpla con sus obligaciones seguras normas internacionales y regionales de derechos humanos. Por su parte el 14 de julio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas33 exhortaba a todos los Estados a abstenerse de utilizar las leyes de salud pública para restringir el derecho a la libertad de opinión y expresión de manera contraria a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, entre otras cosas asegurándose de que todas las medidas adoptadas para contrarrestar las amenazas relacionadas con la salud pública se ajusten plenamente a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La adjudicación de poderes excepcionales, en especial los relacionados con el ámbito el ejercicio de importantes derechos fundamentales, aumenta la necesidad de contar con un sistema sólido de equilibrio de poderes a los efectos de evitar cualquier abuso o arbitrariedad. Además de los mecanismos tradicionales del Estado de Derecho, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información respalda una serie de conclusiones de vital importancia. Esto significa que en vez de apoyar la imposición de limitaciones o condiciones al derecho a libertad de expresión y a la libertad de información, el contexto actual de crisis de salud pública requiere que las autoridades públicas, incluido el poder judicial, brinden protección especial a los diferentes ángulos del ejercicio de ese derecho. Dicho de otra forma, la libertad de expresión y el acceso libre a la información pública deben considerarse como instrumentos poderosos para luchar contra la pandemia y mejorar la salud de la población en las diferentes circunstancias actuales34.  33 http://undocs.org/es/A/HRC/44/L.18/Rev.1 34 UNESCO. Covid-19: El papel de los operadores judiciales y la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión. DIRECTRICES. 2020 39 Estas restricciones a la libertad de expresión se justifican ante la existencia, cuestionada, incluso con virulencia, por algunos sectores sociales y políticos, de un nuevo marco comunicativo que se define como Desinfodemia, y que pondría en jaque los esfuerzos públicos y privados en la lucha contra los efectos de la pandemia a escala planetaria. Las democracias de todo el mundo se enfrentan a una proliferación de información falsa que puede desestabilizar sus instituciones democráticas y socavar la confianza de los ciudadanos. Para hacer frente a la información errónea, la desinformación y las injerencias extranjeras, son necesarias distintas respuestas políticas. Las medidas para combatir la desinformación deben evitar las prohibiciones generales sobre la difusión de información y evaluar los impactos en la libertad expresión, aplicando siempre el llamado test tripartito (ser establecidas por la ley, perseguir propósitos legítimos, y ser necesarias y proporcionales de una sociedad democrática) para evitar la conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS)35 , ha enfatizado que el mensaje correcto, en el momento correcto, a través del mensajero correcto, y a través del medio correcto puede salvar vidas; y, por consiguiente, la desinformación por los mensajes incorrectos puede costar vidas. En particular, la OMS usa el término Desinfodemia para referirse al problema de la proliferación masiva de mensajes que hace difícil distinguir entre información y contenido inadecuado (desinformación e información errónea), en el contexto de la crisis sanitaria. Se puede caracterizar como una verdadera “segunda enfermedad” que acompaña a la Pandemia, que es “una sobreabundancia de información, algunas veces precisa, otras  35 https://who.int/teams/risk-communication/infodemic-management 40 no, que dificulta que las personas encuentren fuentes fidedignas y orientación confiable cuando lo necesitan”. Mientras que la información fortalece, la Desinfodemia desempodera, al poner en peligro vidas y conducir a la confusión y la discordia. El problema del contenido falso (engañosos y excesivamente restringido, también conocido como noticias falsas o fake news) va más allá de la pandemia, tomando más relevancia en este contexto. Según los estándares internacionales de la libertad de expresión, para lidiar con este tipo de contenido deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: Las prohibiciones generales sobre la difusión de información basada en ideas confusas y ambiguas, que incluyan las noticias falsas o e información no objetiva, no son compatibles con los estándares internacionales para las restricciones sobre la libertad de expresión. Los agentes estatales no deben realizar, el promocionar, promover ni difundir declaraciones que saben o razonablemente deberían saber que son falsas (desinformación), o que demuestran una indiferencia temeraria por la información verificable (propaganda). Los agentes estatales deben, según sus obligaciones legales nacionales e internacionales, y sus funciones públicas, ocuparse de asegurar que difunden información confiable y fiable y, lo que incluya asuntos de interés público, como la economía, la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. A fin de evitar y desestimular la desinformación, y contrarrestar sus efectos negativos, las autoridades públicas deben promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios, asegurar la existencia de medios de 47 artificial: un intento de lavado de cara ante la invocación de la ética, de que pocas tecnologías escapan. Por tanto, no debemos aceptar el escenario en el que los gobiernos y los ciudadanos confíen solamente en las potestades de autorregulación de estas empresas sólo porque diga que se comprometen a actuar éticamente, de forma responsable o de cualquier otra forma atrayente que consiga distraer a los ciudadanos. Más contundente ha sido el Relator del Informe de la Cámara de los Comunes del Reino Unido41 (2019), Damian Collins, al señalar que a estas empresas no se les debe permitir comportarse como pandilleros digitales en el mundo online, bajo la consideración de que están por delante y más allá de la ley…. La democracia está en riesgo debido al ataque de desinformación malicioso e implacable contra los ciudadanos…. Necesitamos un cambio radical en el equilibrio de poder entre las plataformas y las personas. La era de la autorregulación debe llegar a su fin. Los derechos de los ciudadanos deben establecerse por ley y exigir que las empresas tecnológicas se adhieran a un código de conducta en una ley parlamentaria revisada por reguladores independientes. En el ámbito UE, el Plan de Acción contra la Desinformación de diciembre de 2018 expuso cuatro pilares para la lucha de la UE contra la desinformación: 1) Mejora de la capacidad para detectar, analizar y exponer la desinformación. 2) Refuerzo de las respuestas coordinadas y conjuntas, por ejemplo, mediante el sistema de alerta rápida de la UE. 3) Movilización del sector privado para combatir la desinformación. 4) Aumento de la sensibilización y la capacidad de respuesta de la sociedad. En octubre de 2018, Facebook, Google, Twitter y Mozilla, así como asociaciones comerciales que representan a las plataformas en línea, el sector de la publicidad, y los anunciantes firmaron el Código de Buenas Prácticas como instrumento autoregulatorio para  41 Digital, Culture, Media and Sport Committee Disinformation and ‘fake news’: Final Report Eighth Report of Session 2017–19 48 combatir la desinformación. Microsoft se adhirió al Código en 201942; el mismo año en que se han presentado los, hasta el momento presente, primeros informes de autoevaluación43. El 16 de marzo de 2020, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter y YouTube emitieron una declaración conjunta  42 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo. COM (2018) 236. Bruselas. 26.04.2018. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation 43 Desde enero, todas las plataformas han avanzado con relación a la transparencia de la propaganda política y su divulgación en bibliotecas que ofrecen herramientas útiles para analizar el gasto en propaganda de los agentes del panorama político de la UE. Facebook ha adoptado medidas para garantizar la transparencia de la publicidad relativa a cuestiones sociales, mientras que Google y Twitter necesitan ponerse al mismo nivel. Los esfuerzos para garantizar la integridad de los servicios han contribuido a reducir el alcance de los intentos de manipulación dirigidos a las elecciones de la UE, pero es necesario que las plataformas expliquen mejor el modo en que el desmantelamiento de bots y cuentas falsas ha limitado la difusión de la desinformación en la UE. Google, Facebook y Twitter declararon mejoras en el análisis de la colocación de anuncios para limitar las prácticas malintencionadas de ciberanzuelo y reducir los ingresos publicitarios de quienes difunden la desinformación. No obstante, no se ha avanzado lo suficiente en la creación de herramientas para mejorar la transparencia y la fiabilidad de los sitios web que albergan anuncios. A pesar de los logros, todavía hay aspectos que se deben mejorar. Todas las plataformas en línea deben ofrecer información más detallada que permita detectar a los agentes malintencionados y a los Estados miembros objeto de su actividad, Además, estas plataformas deben incrementar su colaboración con los verificadores de información y capacitar a los usuarios para que detecten mejor la desinformación. Finalmente, las plataformas deben ofrecer a la comunidad investigadora un acceso significativo a los datos, coherente con las normas de protección de datos personales. A este respecto, la reciente iniciativa de Twitter para liberar conjuntos de datos relevantes con fines investigadores abre el camino para facilitar la investigación independiente en torno a las operaciones de desinformación de agentes malintencionados. Además, la Comisión insta a las plataformas a que pongan en marcha sus políticas relativas a la transparencia de la propaganda política de cara a las próximas elecciones nacionales. Annual self-assessment reports of signatories to the Code of Practice on Disinformation 2019. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/annual-self-assessment-reports- signatories-code-practice-disinformation-2019 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_2914 Consultados el 25 de marzo de 2021. 49 sobre su compromiso de combatir la información falsa relacionada con el coronavirus44. No obstante, estas medidas, la realidad evidencia como las actividades adoptadas por las empresas no son suficientes para luchar contra la información falsa. Si bien las donaciones financieras para mecanismos de verificación de datos y para los medios constituyen una ayuda importante, estas cantidades suelen ser todavía bastante pequeñas en comparación con las ganancias globales de estas empresas. Además, Estas donaciones tampoco logran compensar las pérdidas de ingresos que contengan sufriendo los medios de comunicación, una tendencia que, desafortunadamente, precedían a la crisis actual45 . Por su parte, como indicado anteriormente, los Estados con el fin de adoptar medidas para contrarrestar la pandemia Covid-19 de la manera más rápida y eficiente posible, han recurrido a "poderes de emergencia" y han declarado el estado de emergencia. Se trata de regímenes especiales desarrollados para afrontar situaciones excepcionales de crisis, donde emergencia, urgencia y necesidad de las medidas a tomar requieren procedimientos rápidos que deroguen el funcionamiento normal del Estado democrático basado en controles y equilibrios y el pleno disfrute de derechos y libertades fundamentales. Por su propia naturaleza, dichos regímenes plantean un riesgo, y la historia europea demuestra que un estado de emergencia puede transformar una democracia basada en el Estado de Derecho y  44 En una publicación en Twitter, Facebook ha asegurado que tanto Microsoft, Reddit, LinkedIn, Google, YouTube y Twitter, están colaborando frente al Covid-19. "Estamos ayudando a millones de personas a mantenerse conectadas al tiempo que combatimos conjuntamente el fraude y la información errónea sobre el virus, elevamos el contenido autorizado en nuestras plataformas y compartimos actualizaciones críticas en coordinación con las agencias gubernamentales de atención médica de todo el mundo”. https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2020/03/17/5e709ef4e5fdea42598b465c.html Consultado el 30 de marzo de 2021. 45 Unesco (2020 a) 50 derechos fundamentales en un régimen totalitario, opresivo y agresivo46. Desde el punto de vista tecnológico parece consolidarse una tendencia a lo que podría denominarse de nacionalismo digital. Este aspecto es especialmente interesante, dado que, en lugar de proteger a los usuarios, la aplicación de esta soberanía nacional al ciberespacio ha propiciado que las autoridades nacionales tomen medidas enérgicas contra los derechos humanos, sin tener en cuenta las objeciones de la sociedad civil local y la comunidad internacional. A este respecto, China se constituye como el pionero en este campo y el peor abusador mundial de la libertad de Internet; no seguido muy de lejos por Rusia. Pero, lo alarmante es que este tipo de prácticas ser exclusiva de los regímenes más represivos del mundo, sino que los países de todo el espectro democrático están estableciendo sus propias fronteras digitales en una señal de que la confianza en la Internet abierta se está desgastando. Sirva como ejemplo la disputa sostenida por la administración norteamericana, bajo mandato del Presidente Trump contra Tik Tok, ByteDance y Tencent. Estados Unidos se une así, entre otros, a China. India y Rusia, países que bloquean o han amenazado con cerrar Internet, o crear el suyo propio; y hace cada vez más difícil diferenciar si las reglas que tratan de imponer se basan en una preocupación legítima de seguridad nacional o son simples expresiones de nacionalismo. Como indica Vega (2020), el claroscuro papel que representan las grandes tecnológicas en nuestras vidas no se soluciona con acciones unilaterales improvisadas, y la clase política no parece preparada para acoplar a la sociedad los grandes cambios que las empresas están imponiendo. Los representantes  46 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651343/IPOL_BRI(2020)651343_EN.pdf BRIEFING. Requested by the LIBE committee. Monitoring Group on Democracy, Rule of Law, Fundamental Rights. The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU. Consultado el 17 de febrero de 2021. 51 políticos parecen estar de acuerdo en que las grandes compañías tecnológicas constituyen un problema social que hay que acotar. Pero su capacidad y preparación para encontrar una solución es escasa. Bajo el sugerente título de La Libertad en la Red, Freedom House (2020) ha elaborado un completo informe donde constata como los gobiernos de todo el mundo han utilizado la pandemia como cobertura para expandir la vigilancia en línea y la recopilación de datos, censurar el discurso crítico único y construir un nuevo sistema tecnológico de control social. Por su relevancia y pertinencia transcribimos sus resultados. La pandemia está acelerando un progresivo declive en la libertad global de Internet. Los usuarios estamos experimentando un deterioro generalizado en los derechos y se está contribuyendo a una crisis más amplia de la democracia en todo el mundo. Porque la conectividad no es una conveniencia, sino una necesidad. Como hemos señalado anteriormente, actores estatales y no estatales, en muchos países, ahora están aprovechando las oportunidades creadas por la pandemia para constituir nuevas narrativas consistentes en, censurar el discurso crítico, y construir nuevos sistemas tecnológicos de control social. Tres tendencias pueden señalarse: En primer lugar, los líderes políticos han utilizado la pandemia como pretexto para limitar el acceso a la información. Las autoridades, a menudo, han bloqueado sitios de noticias independientes e incluso han perseguido a personas con imputaciones dudosas de difundir noticias falsas. Cuando la realidad es que fueron los propios Estados y sectores privados los que difundieron información falsa engañosa con el objetivo de difuminar los datos exactos, de atraer al público ante respuestas políticas ineficaces y colocar la culpa en los otros. Algunos Estados, incluso cortado la 52 conectividad para determinados grupos sociales, aumentando con ello aún más las brechas digitales existentes. En segundo lugar, las autoridades se basaron en la pandemia para justificar la ampliación de los poderes de vigilancia y el despliegue de nuevas tecnologías, que en muchos casos han resultado excesivamente intrusivas. Dichos procesos, a menudo, han carecido de transparencia, supervisión independiente y vías de reparación. En tercer lugar, hemos asistido un proceso que podemos denominar de “división de Internet”, en una carrera hacia la “soberanía cibernética”, con cada gobierno imponiendo sus propias regulaciones de la red de una manera que restringe el flujo de información a través de las fronteras nacionales. Llegados a este punto, la razón capital radica en determinar cuál es la responsabilidad de cada uno de estos dos sectores en disputa en lo tocante a garantizar la lucha contra los contenidos considerados inadecuados, y que actuaciones son coherentes e imprescindibles en un Estado de Derecho para salvaguardar la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos. 5. CONTROL VS. CENSURA Como ha quedado de manifiesto existe información maliciosa, y la lucha contra ella constituye también una obligación de los Estados de derecho. Ahora bien, la cuestión es dilucidar qué mecanismos son los adecuados para ello. A la vista de las medidas excepcionales de los Estados, y la cierta pasividad de las multinacionales de telecomunicaciones, ¿la solución sería el control de la Red? El acceso a Internet se convirtió en una precondición básica para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de libertad de expresión y libertad de información. De esa forma, la interrupción del 53 acceso a Internet o a parte de éste, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público… No puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional47 . Esto también es aplicable a las interrupciones en el acceso a plataformas o servicios en línea específicos. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos48, en el caso Ahmed Yildirim c. Turquía, estableció que el bloqueo de la totalidad de un nombre de dominio con el propósito de lidiar con un contenido presuntamente ilegal siempre exige “buscar si hubiera podido adoptarse una medida menos grave”. En la misma línea, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU49, ha establecido que “los mismos derechos que tienen fuera de línea las personas también deberían protegerse en línea, en particular la libertad de expresión, lo que es aplicable independientemente de las fronteras y por conducto de cualquier medio de su propia elección”… al avaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses. Específicamente sobre la situación vivida a causa de la pandemia, el Relator Especial de las Naciones Unidas50, subrayó lo siguiente: - En momentos de pandemia mundial, el acceso a Internet es un elemento fundamental de la práctica y la política de salud pública, de la información pública y hasta del derecho a la vida.  47 http://undocs.org/es/A/HRC/35/22 48 https://ddhh.es/tribunal-europeo-de-derechos-humanos/convenio-europeo-derechos- humanos/libertad-expresion/yildirim-turquia/ 49 Resolución de 4 de julio de 2018. A/HRC/38/l.10/Rev.1 50 http://undocs.org/es/A/HRC/44/49 54 - Los bloqueos a Internet durante una pandemia afectan a todos los ciudadanos que buscan información confiable. Las restricciones al acceso a Internet en tiempos de una emergencia de salud afectan a todos, desde el nivel más local hasta el nivel mundial. - La importancia del acceso digital a la información de salud resalta la profunda necesidad de ampliar la infraestructura para, en primer lugar, permitir el acceso. Como ha señalado Unesco (2020 a) algunas restricciones adoptadas en el contexto de la pandemia han limitado el derecho de las personas para acceder a la información y la capacidad de los medios de comunicación para luchar contra las falsedades. La libertad de expresión y la libertad de prensa se han limitado a través de leyes propuestas para compartir la desinformación o las noticias falsas. Estas leyes podrían tener como efecto la criminalización de los periodistas, a menudo simplemente por emitir una crítica o comentar sobre debates políticos. El derecho de acceso la información se ha visto afectado debido a la suspensión, en algunos casos, del derecho público a solicitar información. Este derecho constituye la otra cara del derecho a la libertad de prensa, y destaca la importancia de que los gobiernos pongan a disposición la máxima información posible. El acceso a Internet es igualmente importante, y, sin embargo, varios países no han logrado remediar los obstáculos preexistentes. Las intrusiones a la privacidad a través de una vigilancia aumentada (a menudo relacionada con el rastreo de contagios y la aplicación de cuarentenas), son a veces desproporcionadas, y podría correr el riesgo de continuar (permitiendo su abuso para otros fines) mucho después del fin de la pandemia. El control de la Red, por tanto, es claramente antidemocrática y atenta contra los derechos y libertades de los ciudadanos; siendo, 55 ante el exponencial desarrollo de las tecnologías, prácticamente imposible. Cuando las medidas jurídicas se hayan adoptado, probablemente las nuevas tecnologías habrán superado el marco regulatorio, y vuelta a empezar. “Sísifo en la era digital”. Las decisiones unilaterales de los Estados, basadas, en ese nacionalismo cibernético, tienen escaso valor, pero en muchos casos son improvisadas, y más cosméticas que efectivas. A mayor abundamiento, en muchos casos se ha constatado que estas medidas han tenido repercusiones desproporcionadas, y han fallado en cumplir con los requisitos establecidos para la restricción de estos derechos. Como indica Freedom House (2020), si algo ha constatado la crisis sanitaria mundial es que abordar los retos de un mundo interconectado requiere una coordinación efectiva entre los responsables políticos y la sociedad civil a nivel planetario. Las nuevas instituciones creadas en la era digital pueden manejar problemas transnacionales que no caen claramente bajo la jurisdicción de un solo gobierno garantizando al mismo tiempo que los usuarios de países más pequeños o menos poderosos tecnológicamente reciba la misma protección y atención que sus contrapartes en las grandes democracias. Por ello considera que el mejor método para evitar el surgimiento de esta soberanía cibernética parece ser el restaurar la confianza en la legitimidad y eficacia del modelo de múltiples partes interesadas existente. Esto significa, visualizar nuevos sistemas de gobernanza de Internet y plataformas que defiendan los principios democráticos de representación y participación populares. Los mecanismos actuales de autorregulación encuentran dificultades cuando el interés público se enfrenta, el interés propio de la industria tecnológica. Si bien, la escala de la discusión internacional, y de las propias plataformas líderes en el sector, dificultan la incorporación de aportes de todos los miembros del público, las organizaciones de la sociedad civil global pueden proporcionar experiencia y 56 supervisión independientes necesarias para abordar algunos de los problemas que rodean el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos. Las iniciativas futuras sobre la gobernanza de las plataformas y la moderación de contenido deberían ir más allá de la mera transparencia. Tendrá que asegurarse que las deficiencias sistémicas en materia de derechos humanos, señaladas por diversas evaluaciones independientes, se abordan y se reemplazan efectivamente con prácticas y políticas actualizadas de respeto a los derechos para toda la industria de Internet y de las telecomunicaciones. Por otro lado, resulta de capital importancia determinar cuál es el papel de las redes sociales, y plataformas tecnológicas, especialmente las grandes empresas mundiales, y su papel en la difusión y control de los contenidos de información, incluidos los potencialmente dañinos. Como ya habíamos indicado parece claro que la simple autorregulación no sirve a estos propósitos; máxime en este contexto. A pesar del compromiso expresado por las grandes empresas de tecnología de abordar adecuadamente la desinformación sobre la pandemia, la falta de una total transparencia hace difícil evaluar hasta qué punto y de formas se maneja este fenómeno. Las empresas de redes sociales redujeron o personal para la moderación de contenido y confiaron en mucha mayor medida en herramientas automáticas. Esto genera preocupaciones sobre la excesiva eliminación del contenido, e incrementa la posibilidad de cometer errores al eliminar contenido legítimo. En particular, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: deberán llevarse a cabo una diligencia debida continúa para determinar el impacto de sus políticas de contenidos en los derechos a la salud y a la vida; deben aspirar a la máxima transparencia de sus políticas; y, deben revisar especialmente sus políticas y prácticas para asegurar que los moderadores de contenido están disponibles tan pronto como sea 63 Plaza López, J. (2018) ¿Aún podemos evitar que internet se cargue la democracia?, en El País. Retina. https://elpais.com/retina/2018/11/22/tendencias/1542891648_062737.html Consultado el 8 de enero de 2021. Recomendación (UE) 2016/1374 de la Comisión, de 27 de julio de 2016, relativa al Estado de Derecho en Polonia. Recomendación (UE) 2017/146 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, sobre el Estado de Derecho en Polonia que complementa la Recomendación (UE) 2016/1374. Recomendación (UE) 2020/518 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2020 relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad anonimizados, DOUE L 114. 14.04.2020. Sánchez Bravo, A. (2017) “Algunas reflexiones sobre la crisis de refugiados en Europa: de la solidaridad a los muros”, en la obra colectiva, edic. a cargo de A. Sánchez Bravo y J. L. Mialhe, Refugiados e Migrações no século XXI: direitos fundamentais e relações internacionais, Belo Horizonte-MG, Arraes Editores. Sánchez Bravo, A., (2017 b) “Reforzar el Estado de Derecho en la Unión Europea” en Sánchez Bravo A (ed), Derechos Humanos, Ciudadanía y Globalización, Punto Rojo Libros, Sevilla, pp. 170-186. Sánchez Bravo, A. (2020 a). 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Asunto C-583/11 P Inuit TapiriitKanatami y Otros contra Parlamento y Consejo, apartado 91; asunto C-550/09 E y F, Rec. 2010, I-06213, apartado 44; asunto C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores Rec. 2002I-06677, apartados 38 y 39. Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals y AkcrosChemicals contra Comisión, Rec. 2010 I-08301, apartado 54. Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos acumulados 212 a 217/80 AmministrazionedellefinanzedelloStato contra Salumi, Rec. 2735, apartado 10. Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos acumulados 46/87 y 227/88, Hoechst contra Comisión, Rec. 1989, 02859, apartado 19. Unión Europea. VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA. DOUE C 83. 30.03.2010 Vega, J. Nacionalismo para afrontar el desafío digital, en El País. Retina. https://retina.elpais.com/retina/2020/08/30/tendencias/1598806953_815858.html Consultado el 8 de enero de 2021. Zuboff, S., (2020) La era del capitalismo de vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Editorial Planeta, Barcelona. 67 POR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL. DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS SOCIALES EN EL ORDEN GLOBAL Alfonso de Julios-Campuzano Universidad de Sevilla 1. EL PRINCIPIO SOCIAL Y LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Un análisis superficial de la historia reciente nos puede llevar a la conclusión de que el gran triunfador de nuestro tiempo es el sistema democrático como forma de organización política. Pero, desafortunadamente, no parece que esta conclusión sea del todo correcta. Cierto es que la democracia moderna -entendida como sistema de organización política que distribuye el poder entre la ciudadanía mediante formas representativas de gobiernoes hoy una realidad triunfante, generalmente extendida más allá del contexto geográfico en que vino a nacer. Pero podemos plantearnos si ese sistema de organización política responde efectivamente a las exigencias de articulación de formas esencialmente democráticas de organización social, esto es, si la democracia es, en nuestros días, un modelo de organización social que obedece a los postulados emancipatorios de libertad e igualdad reales, o si se trata tan sólo una forma de reparto de cuotas de poder entre élites dominantes1. La democracia capitalista articulada en el sistema de partidos2  1 El propio Habermas indica la degradación a la que se ve sometida la democracia en nuestro tiempo: "La democracia ya no persigue el fin de racionalizar el poder social mediante la participación de los ciudadanos en procesos discursivos de formación de la voluntad; más bien tiene que posibilitar compromisos entre las élites dominantes" (Habermas, J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Amorrortu, Buenos Aires, 1975, p. 148). 2 Aunque son muchas y variadas las definiciones que se han proporcionado del partido político como fenómeno, nos parece muy sugerente la definición proporcionada por Max  68 puede entrar en colisión con las exigencias de legitimidad del modelo democrático de organización que identificamos con el Estado social de Derecho, que llevaron a Habermas a referirse a un olvido de la idea de legitimidad en el horizonte político de nuestro tiempo3. En efecto, en las sociedades contemporáneas la idea de soberanía popular viene siendo desplazada del ámbito político en beneficio de una legitimación técnica4 por razón de la eficacia de las decisiones, que son absorbidas por el ordenamiento jurídico en función de un análisis técnico de la repercusión de las medidas en la productividad del sistema capitalista5. El problema de la legitimidad se muestra así como una de las características de nuestro tiempo, pues, en la medida en que el pluralismo procura compatibilizar las crecientes exigencias sociales, políticas y económicas de las sociedades modernas, las decisiones no atienden a las necesidades del Estado contemporáneo, cuya eficiencia presupone rapidez y flexibilidad en el proceso decisorio.  Weber en The theory of social and economic organization, The Free Press, New York, 1947, p.407; Cfr. también, Lapalombara, Joseph y Weiner, Myron, The Origin and Development of Political Parties, en Lapalombara, Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton U.P., Princeton, 1966, p. 6. Desde el punto de vista funcional resulta de obligada referencia la definición de Raymond Aron en Introduction à l'étude des partis politiques en Association française de science politique, Paris, F.N.S.P., 1949, p. 11: " La organización regular o duradera (o el grupo regular o duradero) de un cierto número de individuos de cara al ejercicio del poder, es decir, bien de la conquista, bien de la conservación del poder". 3 cit. por Pérez Luño, A.E, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1990, p.198. 4 Sobre la problemática de la tecnocracia en las sociedades democráticas de nuestro tiempo puede consultarse el volumen colectivo Tecnocracia e ideologia, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1975. 5 Sobre este mismo particular Warat pone de manifiesto que el sistema capitalista necesita de una forma de gobernabilidad sin política, de una simbología meramente retórica de la democracia en la que queden excluidas -por absorbidas pero irresueltaslas demandas sociales. En otras palabras, entiende el autor que la expansión internacional del modo de producción capitalista está intentando generar la convicción de que existe una incompatibilidad funcional -y en cuanto tal irresolubleentre el desarrollo del capital y la radicalización de la democracia a través del ejercicio pleno del Estado de Derecho (Cfr. Warat. L.A., La ciudadanía sin ciudadanos: tópicos para un ensayo interminable", Revista Brasileira de Filosofia, vol. XLII, abril-junho, 1995, pp. 142-168). 69 Esto nos revela que todo proceso decisorio ocurre en un espacio social concreto en el que actúan elementos materiales, individuales, actitudes, grupos, clases, sindicatos, influencias y presiones6. La pérdida de valor legitimador del principio de soberanía popular en el horizonte de nuestro tiempo ha vaciado de contenidos materiales las exigencias del Estado moderno en aras de la exaltación de la eficacia que, en el peor de los casos, termina por hacer abdicar al Estado de su misión emancipatoria mediante la inanición de las demandas sociales. Esa fractura entre la clase dirigente y la sociedad tiene también una consecuencia en la dinámica legitimadora del Estado desde el punto de vista de la ciudadanía: ya no importa tanto quien gobierne ni de qué manera lo haga, sino qué resultados se consigan, es decir, se produce un desplazamiento del valor de la ideología en beneficio también de la eficacia, contemplada ya desde el punto de vista individual de los intereses particulares y cuantificada únicamente desde la perspectiva mercantil del bienestar personal. Se consuma así la supeditación de los intereses públicos a los ya consagrados apetitos privados. De este modo, la soberanía popular queda vaciada: desde el poder porque las exigencias materiales han sido desplazadas por la eficacia -que no es más que una coartada de quienes intentan preservar situaciones de dominio-, desde la ciudadanía porque ya no importa que el poder se ejerza legítima -es decir, fundado no sólo en el consentimiento, sino de acuerdo con los valores colectivamente asumidos por la sociedad- y democráticamente -de acuerdo con las exigencias de participación real de los ciudadanos que el principio democrático impone-sino que también aquí el punto de vista imperante es el de la eficacia, de una eficacia interpretada en clave individual, que rechaza la afirmación de valores colectivos y otorga carta de naturaleza a las apetencias y deseos privados de los individuos. El individualismo irrumpe así en el espacio público: es el individualismo del bienestar que disuelve los vínculos de  6 Vid. Faria, J.E., Poder e legitimidade, Perspectiva, São Paulo, 1978, especialmente pp. 105- 114. 70 solidaridad social y amenaza con convertir lo político en simulacro. Quizá por ello, Byung Chul Han, ha insistido en que el hipercapitalismo de nuestro tiempo se traduce, a la postre, en la alienación definitiva de la banalización y del consumismo que cosifica al ser humano víctima de su propia libertad y despoja al hombre de su dignidad reemplazándola por el valor de mercado7. La eficacia es el nuevo valor de lo público ahora revalorizado y ensalzado desde el confinamiento en lo privado: la ciudadanía otorga su aquiescencia a quien es eficaz en el gobierno, y esa eficacia se mide por la constatación de la salud del mercado; si éste funciona, si los intercambios se multiplican y el dinero circula, la gestión habrá de recibir un placet colectivo de los consumidores ciudadanos. El Estado se subordina a la economía y en este proceso la ciudadanía pierde protagonismo y la legitimidad democrática retrocede en beneficio de una legitimación técnica de las decisiones en términos de análisis coste/beneficio. La ciudadanía conserva, eso sí, una posición última en el proceso de legitimación, pero esta legitimación no es ni fundamento ni justificación, sino únicamente la corroboración de un status desvaído de democracia sobre el que el sistema político descansa sus monolíticas e inmóviles estructuras y asienta su propia estrategia de poder que, sobre la eficacia, oculta la realidad más la exclusión, ya sea por razones étnicas, políticas, económicas o culturales8.  7 Han, B.C., La sociedad del cansancio, 2ª edic. ampliada, Herder, Barcelona, 2020, p.117. 8 El vaciamiento progresivo de los contenidos democráticos en la estructura estatal es abordado por Touraine, A., ¿Qué es la democracia?, Temas de Hoy, Madrid, 1994. En los cap. I y II (pp.19-80) se describe la situación de abdicación y de pérdida de la conciencia de ciudadanía. Para Touraine, el mundo moderno sólo puede ser recompuesto desde el sujeto como punto de conciliación entre las tendencias centrífugas de la modernidad. La racionalidad instrumental y las identidades culturales pueden actuar en un mismo sentido. La tarea de la democracia consistirá en hacer posible la unidad y la diversidad, la universalidad y el particularismo; la democracia como liberación exige recuperar la conciencia de ciudadanía y fomentar los cauces de participación, algo que está ausente en las democracias contemporáneas: "La conciencia de ciudadanía se debilita, bien porque muchos individuos se sientan más consumidores que ciudadanos y más cosmopolitas que nacionales, bien, por el contrario,  71 Se produce así una instrumentalización del poder en interés de la clase dirigente que utiliza la estructura del Estado como medio para sus fines particulares y que tiene sus más sólidos cimientos en el despoblamiento del espacio público, en el desinterés de la ciudadanía y en la manipulación de la democracia como forma de dominio de los intereses de los más poderosos. La democracia de partidos es, muchas veces, una promesa incumplida, cuya deficiente realización provoca la indignación de la ciudadanía a medida que se evidencia el carácter oligárquico y la insuficiente cualificación y honestidad de los representantes9. La seducción del consumo, de los pequeños placeres, alimenta este narcisismo del individuo que se aísla para vivir en la inmediatez del goce y el placer que banaliza al propio individuo en la sociedad digital de consumo10. El individualismo del bienestar se erige en el más firme aliado de la deserción y abandono del espacio público. Toda referencia emancipatoria queda así borrada del discurso político que, a su vez, resulta ser mediatizado por la economía; los valores se desplazan ante la invocación del primado de la competitividad, de la libertad económica o de la eficacia, y la soberanía acaba por encarnar un principio de legitimación del poder establecido: el aval popular se asocia al poder mediante una dinámica de vaciamiento de los contenidos democráticos que no resulta difícil de entender: falto el Estado de estructuras democráticas, los contenidos emancipatorios han sido descartados por exigencias técnicas de eficacia, y la soberanía opera en el reducido espacio político a través de elecciones periódicas como fundamento y  porque cierto número de ellos se sientan marginados o excluidos de una sociedad en la que ya no se sienten participar, por razones políticas, económicas, étnicas o culturales" (pp.22- 23). 9 Colomer, J.M., y Beale, A.L., Democracia y globalización. Ira, miedo y esperanza, Anagrama, Barcelona, 2021, pp.254-256. 10 En esta era digital, ese narcisismo individualista del consumo desemboca en una alienación mercantilista extrema en la que los propios individuos se convierten en mercancías. Así lo indica Buyng Chul Han: “Vivimos en unos grandes almacenes transparentes en los que nos vigilan y manejan como si fuéramos clientes transparentes” (Han, B.C., La sociedad del cansancio, cit., p. 118). 72 legitimación de la estructura económica que penetra todos los demás ámbitos vitales. La complejidad del Estado social, su volumen y extensión, hacen del aparato de poder un conjunto de estructuras autónomas que subsiste como sistema independiente de la sociedad y de los ciudadanos. El Estado no es ahora un instrumento de autoorganización, sino que, mediatizado por las relaciones de poder, cae de lleno en el terreno de las pugnas de grupos dominantes, de los tecnócratas, de la clase política y de la burocracia. Esta situación ha provocado una mutación funcional del Estado: ya no es un instrumento de liberación frente a las desigualdades y la arbitrariedad, sino que se erige en sistema independiente, se opone a la sociedad y reniega de una articulación auténticamente democrática de sus estructuras. El Estado social ha dejado de ser el guardián de las libertades y de la igualdad para convertirse en la barricada donde el poder se atrinchera y resiste frente a los embates de la sociedad. Esta situación ha sido descrita por Habermas. El Estado es desbordado por el poder y termina revelándose la contradicción que el proyecto del Estado social lleva en su seno. Quiso ser un medio, un instrumento para la realización de un proyecto social de emancipación colectiva, y teminó por ser enajenado por la economía capitalista. El Estado quedó aprisionado entre las formas que venía a dominar ahora manifestadas con nuevos ropajes: el capitalismo transnacional, los oligopolios, la burocracia, los tecnócratas... No se sometió a otro poder, pero sí que repartió el poder y acabó por generar en su seno la contradicción entre los principios y la práctica: "Hoy se ha vuelto visible la contradicción que el proyecto del Estado social como tal lleva en su seno. Su meta sustancial fue liberar formas de vida igualitariamente estructuradas que simultáneamente abriesen espacios para la autorrealización y la espontaneidad individuales; pero con la creación de nuevas formas de 79 elementos para la construcción de nuevos edificios normativos acordes con las demandas históricas de una humanidad en mutación25. El proceso de vaciamento de las propias estructuras jurídicas estatales conlleva un vaciamiento del propio orden constitucional que queda desprovisto de fuerza normativa para regular las complejas y conflictivas interacciones sociales. Al socaire de la interdependencia cada vez mayor de los procesos sociales, productivos y financieros, las nuevas formas de juridicidad transnacional (formal o informal) e internacional interseccionan con las formas clásicas de la juridicidad estatal. La constitución queda aprisionada, así, por la emergencia de un paradigma jurídico global que torna incontrolables los procesos económicos: la regulación de los mercados se aleja del ámbito público estatal y se desplaza hacia ámbitos privados inaccesibles a un control democrático. Emerge así, un constitucionalismo mercantil global cuya esencia es principalmente desreguladora; un constitucionalismo de los grandes intereses económicos transnacionales que es, por su propia configuración, anticonstitucional, pues trata de evadirse a todo control y de blindarse contra toda intervención. De esta suerte, la constitución económica del mercado global brota desde la más pura expresión de los intereses privados a nivel transnacional, incidiendo directamente en los procesos regulatorios de los Estados26. Estas interacciones sitúan al paradigma jurídico constitucional en una difícil y a la vez falsa dicotomía: la de ignorar esos procesos que trascienden su propio ámbito territorial pero que determinan la aplicabilidad del texto constitucional a riesgo de perder eficacia, o la de someterse a esos nuevos condicionamientos socio-jurídicos de carácter inter-trans-nacional e infra-estatal para seguir  25 Cfr. Sánchez Barrilao, J.F., Pluralismo ordinamental y derecho constitucional: el derecho como relaciones entre ordenamientos jurídicos, cit., pp. 46-47; cfr. también, Colomer Viadel, A., Constitución, Estado y Democracia en el umbral del siglo XXI, Nomos, Valencia, 1995, p. 31. 26 Sousa Santos, B. de, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado, Sequitur, Madrid, 1999, p. 10. 80 manteniendo un mínimo de cohesión interna del ordenamiento y una razonable pretensión de eficacia normativa. Claro que la opción por esta segunda alternativa no es gratuita, puesto que su articulación normativa reclama el recurso a una serie de técnicas jurídicas no exentas de costo en la preservación de la autonomía del poder político. Por consiguiente, el texto constitucional debilita los niveles de tutela jurídica para ciertas clases de derechos -aquellos que se vinculan al Estado-providencia por su carácter prestacional- e incrementa el número de normas programáticas cuya articulación intraordenamental resulta imposible de acuerdo con las exigencias del sistema técnico-productivo, lo cual se traduce en una privación de mecanismos de protección jurisdiccional y de defensa ciudadana de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en solemnes proclamas constitucionales. De la misma manera, la constitución se muestra ahora en este ámbito más proclive a la indefinición, mediante el uso de conceptos jurídicos indeterminados en muchos de sus preceptos, e incorpora redacciones esencialmente abiertas de su articulado, cuya interpretación queda encomendada a la propia gobernabilidad funcional del sistema mediante el correspondiente desarrollo legislativo. Se hace, entonces, evidente la insuficiencia creciente del modelo político estatal y de su correspondiente estructura jurídica para seguir garantizando niveles aceptables de igualdad material y de justicia social: el contenido prestacional de los derechos queda así fuertemente condicionado por circunstancias externas y se reaviva el debate en torno a la naturaleza constitucional de estos derechos-prestación, desempolvándose en virtud de esta quiebra parcial del modelo jurídico estatal, los argumentos aducidos en el constitucionalismo germano por Ernst Forsthoff y Carl Schmitt. Al privar de vigor constitucional a estos derechos, se vuelve a insistir en que la dimensión social del Estado corresponde al ámbito de la Administración y que constituye una distorsión inadmisible su 81 plena incorporación como derechos constitucionales dotados de una efectiva protección jurídica, subrayándose que la realización de los programas socioeconómicos debe ceñirse estrictamente al terreno político-administrativo y que, por su naturaleza, es enteramente ajeno a la normatividad constitucional, por quebrantar la garantía de igualdad formal inherentes al Estado de Derecho27. Este renacimiento del debate en torno a los derechos sociales encubre en realidad una andanada contra la constitución como paradigma regulativo que asume la tarea de la transformación social, conforme al programa keynesiano en orden a la realización plena de los derechos humanos. En este escenario, los Estados-nación pierden de manera alarmante su propia capacidad de dirección, de regulación y de control sobre los procesos socio-económicos. Estamos ante una crisis generalizada del estado-nación28: el capitalismo ha conseguido liberarse de los grilletes, zafarse de la guardia y esquivar los controles. Libre de trabas, sigue sus propios instintos, dicta sus reglas y dispone la ordenación del mundo. El Estado renuncia a sus pretensiones y se pliega a las de su contricante. Y si la racionalidad económica demanda concesiones, habrá que satisfacer sus exigencias. De este modo, el Estado se convierte en aliado del capitalismo transnacional, se arrinconan los contenidos sociales del programa  27 Pérez Luño, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit., p. 225. El cuestionamiento de los derechos sociales provoca una desmaterialización, individualización y fragmentación de éstos como consecuencia de la quiebra del modelo regulativo del programa keynesiano. De este modo, como apunta Alonso: "La subordinación parcial del Estado nacional a los mercados financieros mundiales ha hecho que las políticas sociales de los Estados centrales hayan ido dispersándose y refugiándose en ámbitos locales y municipales, desmigajándose por el territorio en función de las posibilidades políticas y económicas...de instituciones diversas que más que contar con un modelo de razón universal pública y de solidaridad orgánica y normativa para su acción, ahora se legitiman con actuaciones parciales y defensivas de corto o medio alcance (...) En suma, los derechos sociales se han transformado y recompuesto..., en el paso de un modo de regulación fordista...,fundamentalmente industrial y keynesiano, a un modo de regulación postfordista con alta diversificación de productos y mercados" (Cfr. Alonso, L.E., "Ciudadanía, sociedad del trabajo y Estado de bienestar: los derechos sociales en la era de la fragmentación", en Pérez Ledesma, M. (comp), Ciudadanía y Democracia, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2000, pp. 176-177). 28 Ianni, O., "A política mudou de lugar", en Dowbor, L., Ianni, O., y Resende, P.E.A. (eds.), Desafios da globalizaçao, 2ª edic, Vozes, Petrópolis, 1999, p. 17. 82 keynesiano, y se produce un vaciamiento de la democracia y una instrumentalización de los derechos humanos, cuya precariedad constituye una de las grandes incertidumbres de nuestro tiempo. Y es que, como ha apuntado Capella, esos nuevos fenómenos históricos sintetizados en el término globalización, "desgarran el tejido conceptual de la "teoría política" moderna"29. La teoría política tradicional ha perdido capacidad explicativa ante el empuje de este vasto conjunto de fenómenos que limitan fácticamente el propio ámbito de actuación del Estado como actor principal del orden jurídico-político30. Conviene, sin embargo, advertir que el sistema económico desafía sus propias exigencias de legitimidad al erigirse en amenaza contra el sistema de libertades de la democracia capitalista. No es ocioso recordar que el nuevo sistema de producción escapa con facilidad, a través de la desterritorialización de los centros productivos, a las pretensiones recaudatorias de los Estados, que se ven abocados, como consecuencia de ello, a una crisis financiera que amenaza los niveles de bienestar social. La descentralización productiva provoca, entonces, una crisis de la sociedad del trabajo que alcanza de lleno a los sistemas de prevención social, haciendo que se resientan los pilares del Estado del bienestar, pues como ha notado Beck, "cuando el capitalismo global de los países más desarrollados destruye el nervio vital de la sociedad de trabajo, se resquebraja también la alianza histórica entre capitalismo, Estado asistencial y democracia"31. El incremento de las expectativas vitales de la población en los países avanzados acrecienta el alcance de la crisis social, pues los  29 Capella, J.R., "Estado y Derecho ante la mundialización: aspectos y problemáticas generales", en Capella Hernández, J.R. (coord.), Transformaciones del derecho en la mundialización, cit., p. 104. 30 Capella, J.R., "Estado y Derecho ante la mundialización: aspectos y problemáticas generales", cit., p. 106. 31 Beck, U., ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Paidós, Barcelona, 1998, p. 97. Sobre la fractura entre Estado social, democracia y capitalismo cfr. también Martin, H.P. y Schumann, H., La trampa de la globalización. El ataque contra la democracia y el bienestar, 3ª edición, Taurus, Madrid, 2001. 83 Estados encuentran cada vez mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones en materia de pago de pensiones, de financiación de la sanidad y de atención a las personas mayores, lo cual obliga a reducir el costo de prestaciones sociales y la garantía de derechos con traducción inmediata en términos presupuestarios32. La amenaza a los contenidos sociales es, en definitiva, una amenaza a la libertad política y a la democracia, pues el capitalismo socialmente amortiguado no es una buena obra social, sino un hecho de Ilustración aplicada: "Se sustenta en el razonamiento de que sólo los hombres que tienen una vivienda y un puesto de trabajo seguro, y con ello un futuro material, son o llegan a ser ciudadanos que se apropian de la democracia y la convierten en algo vivo. La verdad desnuda es ésta: sin seguridad material no puede existir libertad política, ni por tanto democracia alguna"33. Estamos, como Lash y Urry han puesto de relieve, ante el fin del capitalismo organizado34. Desde esta perspectiva, la globalización se nos presenta como un reto al proceso de expansión de la racionalidad occidental que, durante siglos, pugnó por domesticar el poder, la política y la economía a través del derecho y que ahora se ve asediada por el proceso de autonomización de la racionalidad económica. La globalización se caracteriza, justamente por la pérdida de referentes, por la liberación de un sistema económico que repele toda tentativa de control desde el poder político35. La nueva era que se abre ante nuestros ojos se distingue, justamente, por la ausencia de control sobre el sistema económico: la era del capitalismo desorganizado, un capitalismo incontrolado cuya desorganización es sólo aparente, pues encubre todo un entramado normativo que se sobrepone a los ordenamientos jurídicos estatales y que condiciona  32 Mounk, Y., El pueblo contra la democracia. Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla¸ cit., pp. 235-236. 33 Beck, U., ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, cit., pp. 97-98. 34 Cfr. Lash, S. y Urry, J., The end of organized capitalism, Polity Press, Cambridge, 1987. 35 Cfr. Bauman, Z., Globalizaçao. As consequências humanas, Zahar, Rio de Janeiro, 1999, p. 67. 84 drásticamente la efectividad y el alcance de las legislaciones estatales. Es el laissez faire a nivel internacional, construido a partir de la fragilidad de los Estados para responder a estos procesos económicos globales. 4. LA CRISIS DEL DERECHO REGULADOR Y DE LA CONSTITUCIÓN DIRIGENTE Esta flexibilización de lo jurídico en el nivel constitucional se ve gráficamente reflejada con perspicacia en la idea del derecho dúctil de Zagrebelsky. Para el profesor de la Universidad de Turín, la transformación de la soberanía estatal determina una transformación del paradigma constitucional que permita su adecuación a las actuales circunstancias del Estado contemporáneo, que se ve constreñido por nuevos procesos que alteran la comprensión original de la soberanía estatal. Entre esos "factores demoledores de la soberanía", como Zagrebelsky los denomina, destacan el pluralismo social y político a nivel interno, la formación de espacios de poder alternativos de ámbito supraestatal que operan en el campo económico, político, cultural y religioso y la progresiva institucionalización de contextos que integran los poderes estatales sustrayéndolos a la disponibilidad de los Estados particulares. La independización del sistema económico y su desbordamiento transnacional revela, con diáfana claridad, la crisis del modelo de Westfalia, basado en la capacidad reguladora del Estado-nación. Como Richard Falk ha mostrado, la estructura político-institucional basada en el orden instaurado tras la paz de Westfalia facilitó el establecimiento de una elaborada arquitectura normativa durante el último medio siglo. La dinámica de la globalización, sin embargo, ha socavado la voluntad y la capacidad de muchos Estados para cumplir sus obligaciones, especialmente en lo referente a los derechos económicos y sociales. La globalización está debilitando las estructuras del Estado especialmente en relación a su capacidad para promover bienes públicos globales, su función tradicional de incrementar la calidad de vida dentro de los límites del Estado y aquella otra más 85 reciente de asistir y proteger a los más vulnerables dentro de sus fronteras36. A juicio de Zagrebelsky, el rasgo más notorio del derecho constitucional contemporáneo no es la sustitución radical de las categorías tradicionales, sino la pérdida de centralidad, lo cual comporta una decisiva mutación en el ámbito jurídico-constitucional puesto que la ciencia del derecho público se ve abocada a adecuar sus propias condiciones de trabajo: al estar privada de un punto unificador ya no puede formular sus categorías dotándolas de un significado concreto determinado a priori, sino que el significado debe ser construido37. Lejos pues de la afirmación del carácter cerrado, unívoco y predeterminado de las normas constitucionales, parece imponerse la idea de un derecho constitucional en construcción, cimentado sobre un conjunto de materiales normativos flexibles, versátiles y dúctiles que permitan la adaptación a circunstancias cambiantes, acorde con la célebre concepción hartiana de la norma como una textura abierta (as an open texture). ¿Qué papel se le reserva entonces al texto constitucional en este nuevo escenario? Siguiendo a Faria38, hemos de reconocer que las nuevas circunstancias socio-económicas y técnico-productivas determinan seriamente el papel del texto constitucional en los ordenamientos contemporáneos hasta el punto de que el modelo de constitución dirigente resulta actualmente inviable. En el periodo de apogeo del Welfare State la norma suprema ejercía la doble función de establecer, a) por un lado, un estatuto organizativo, que distribuía competencias y establecía procesos en el ámbito del  36 Falk, R., "The challenge of genocide and genocidal politics in an era of globalisation", en Dunne, T., y Wheeler, N.J., Human Rights in Global Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp. 181 y 190. 37 Cfr. Zagrebelsky, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Trotta, Madrid, 1995, pp. 10 ss. 38 Cfr. Faria, J.E., O Direito na economia globalizada, 1ª reimpr., Malheiros, Sao Paulo, 2000,, pp. 33 ss. Para un análisis de las carencias y aporías del modelo de constitución dirigente, cfr. Gomes Canotilho, J.J., "¿Revisar la/o romper con la constitución dirigente? Defensa de un constitucionalismo moralmente reflexivo", Revista Española de Derecho Constitucional, Año XV, 43, enero-abril de 1995, pp. 9-23. 86 derecho estatal, y b) por otro, un estatuto político, en el que se determinaban las directrices programáticas y principios constitucionales que debían guiar la acción de legisladores y gobernantes. Sin embargo, en la situación actual, las condiciones sociales determinan un debilitamiento de esta segunda función, agravado fundamentalmente en las dos últimas décadas y especialmente en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. Y es que la irrupción de los procesos de producción a escala global y la gradual interdependencia de los mercados financieros y de mercancías determina, sin duda, una nueva fase en el constitucionalismo contemporáneo que se ve absorbido por la fuerza centrípeta de los grandes intereses económicos transnacionales, articulados estratégicamente en estructuras de aliento global cuya capacidad de influir en el desarrollo de las políticas estatales es prácticamente ilimitada. Por eso, el debilitamiento del Estado y el desbordamiento del ordenamiento jurídico39 alcanza de lleno al texto constitucional, aunque éste siga manteniendo esa apariencia de unidad y concordancia que tan esencial resulta a la propia conformación del Estado de Derecho. Quiero decir, en suma, que el repliegue de las funciones del Estado por obra de la expansión frenética del subsistema económico, alcanza a las cartas constitucionales cuyos contenidos programáticos pierden vigor, condicionados por la gobernabilidad sistémica, cuyas reglas son establecidas por grandes instancias económicas transnacionales. Esto, obviamente, afecta a la fuerza normativa de la constitución, cuyas cláusulas sociales quedan al albur de las fuerzas imprevisibles del mercado, en la medida en que la ausencia de mecanismos efectivos de protección y tutela propicia que legisladores y gobernantes puedan sacrificar el pleno desarrollo de las ya de por sí frágiles demandas constitucionales en beneficio de la competitividad y eficiencia del sistema productivo. Queda, eso sí, incólume el estatuto organizativo diseñado en la constitución, cuyas cláusulas permanecen absolutamente indemnes, al menos desde un punto de vista estrictamente formal. Sería un insuperable ejercicio de candidez pensar que las grandes  39 Cfr. Pérez Luño, A.E., El desbordamiento de las fuentes del derecho, La ley, Madrid, 2011. 87 estructuras económicas transnacionales no afectan fácticamente al estatuto organizativo estatal; como si los dictados de las grandes instancias supranacionales no incidieran en la distribución competencial que realiza la norma constitucional. ¿Acaso las competencias del poder ejecutivo no quedan condicionadas por vía de hecho por los programas de intervención económica del Banco Mundial y por los proyectos financieros del Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué decir de la Organización Mundial del Comercio? ¿Dónde quedan las presiones de las grandes corporaciones y de los lobbies transnacionales sobre el diseño de las políticas económicas públicas? ¿No asistimos, también, de facto, a una drástica limitación competencial del estatuto organizativo del Estado constitucional? Este dominio que el sistema capitalista ejerce sobre el espacio político restringe el ámbito público y limita drásticamente el discurso democrático, cercenando con ello la capacidad de la ciudadanía para vertebrar acciones estratégicas y programas políticos específicos. De esta manera, la capacidad decisoria del Estado queda profundamente erosionada al producirse una merma de su capacidad para controlar su propio futuro democrático. Esta disminución de la autonomía estatal abre una brecha entre la dinámica de la economía política contemporánea y el principio democrático según el cual la comunidad política decide su propio futuro40. Esto quiere decir, ni más ni menos, que la democracia se convierte en reo del mercado y que la política se diluye ante la intensidad creciente y el empuje irrefrenable de las fuerzas expansivas del capitalismo, lo cual genera una sensación de frustración y desánimo en la ciudadanía que provoca la deserción de ésta del espacio público: "Se verifica así un ostensivo debilitamiento de la democracia liberal, que es reforzado, por un lado, por los procesos en curso de intensa fragmentación de la sociedad civil (…), y, por otro, por el debilitamiento de los antiguos componentes de identidad y organización colectiva (especialmente los vinculados al mundo del trabajo),  40 Huelga subrayar que esta situación se produce con mayor virulencia en los países subdesarrollados o en vias de desarrollo (Cfr. Held, D., La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, Paidós, Barcelona, 1997, p. 166). 88 derivado del efecto combinado de la reestructuración global de la producción y de la propia implementación de las reformas económicas neoliberales pro-mercado"41. La persistencia de esta situación, en cualquiera de sus manifestaciones, provoca el retroceso del Estado regulador: un modelo de Estado que surge a partir de la segunda posguerra y que se caracteriza por la planificación estatal, por la intervención gubernamental, por la utilización del derecho como instrumento de control, gestión y dirección y por políticas sociales formuladas con el objetivo de asegurar niveles mínimos de igualdad42. La globalización ha provocado la crisis definitiva del modelo keynesiano y ha sacudido los pilares del acuerdo social sobre el que se sustentaba, combinando durante décadas altas tasas de crecimiento económico, bajo desempleo e inflación y propiciando la expansión progresiva del Estado de bienestar43. Este modelo ha entrado hoy en crisis ante el avance imparable de la globalización y del desarrollo tecnológico que han creado las condiciones para una nueva fase expansión de los mercados, que han dejado de estar vinculados estrictamente al territorio. Constreñido por estas circunstancias, el Estado se ve obligado a retroceder en sus programas de acción social y económica y a abdicar de los contenidos básicos del derecho regulador, perdiendo progresivamente el control sobre sus competencias tradicionales.  41 Gómez, J.Mª, Política e democracia em tempos de globalizaçao, Vozes, Petrópolis, 2000., p. 40. 42 Cfr. Faria, J.E., O Direito na economia globalizada, cit., p. 111. Para Faria, el agotamiento del programa keynesiano se hace especialmente evidente a partir de la crisis del petróleo, de la inestabilidad monetaria y de la crisis financiera de los años 70 que agudiza los problemas de financiación de los Estados para el mantenimiento del gasto social. Como consecuencia de ello se producen la aceleración de la inflación, la caída de la recaudación fiscal, el aumento de los gastos públicos y la elevación de las tasas de desempleo, con la consiguiente ampliación de las tensiones laborales y de las presiones sindicales. Al entrar en crisis el círculo virtuoso entre crecimiento y corrección de desigualdades, el repertorio de fórmulas, métodos, estrategias e instrumentos regulatorios de las políticas keynesianas y del Estado social que las implementaba acabó agotando sus virtualidades (Cfr. Faria, J.E., O Direito na economia globalizada, cit., p. 116). 43 Cfr. Simón, P., Corona. Política en tiempos de pandemia, Debate, Barcelona, 2020, p. 137. 95 nuevo orden que comienza a emerger de forma imparable, una fuerza irresistible que trastoca y que quebranta el orden ya existente porque muchas de las viejas categorías e instituciones resultan insuficientes o anacrónicas. La globalización introduce desafíos que nos inquietan, incertidumbres que nos aturden. Afrontarlas requiere una actitud decidida por elaborar respuestas institucionales en los ámbitos jurídico, político y económico. Detener su avance imparable es, sencillamente, inútil. La única respuesta atinada es la apuesta por la construcción de formas transnacionales de democracia que aseguren las conquistas históricas que representan los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente amenazados en las circunstancias actuales55. El horizonte de la interdependencia y de la globalización, de la crisis ecológica, del desarrollo de las nuevas tecnologías, de la desregulación y de la redefinición de la estatalidad sugiere un nuevo contrato social global56 para hacer frente a los desafíos de la democracia, de la igualdad, de la libertad y de la protección del medio ambiente, desde un planteamiento realista, que huyendo de maximalismos, aspire a consolidar las conquistas ya logradas y a conjurar los riesgos que se ciernen sobre este mundo desquiciado, teniendo como objetivo el aseguramiento de las condiciones básicas para la continuidad de la especie57. El desarrollo de una sociedad civil global, el reforzamiento de la cooperación mediante la creación de espacios de decisión colectiva de carácter global requieren de un nuevo contrato social basado en el imperio de la ley, en la protección de los derechos humanos y en los principios social, ambiental y democrático de que dan vida al constitucionalismo. La democracia compleja de nuestro tiempo ha de ser necesariamente posnacional.  55 Giddens, A., La tercera vía y sus críticos, Taurus, Madrid, 2001, pp. 170-171. 56 Jeremy Rifkin aborda esta idea con una orientación fundamentalmente ecológica, referiéndose al colapso medioambiental que pronostica en: Rifkin, J., El Green New Deal Global , Paidós, Barcelona, 2019. 57 Arias Maldonado, M., Desde las ruinas del futuro. Teoría política de la pandemia, Taurus/Penguin Random House, Barcelona, 2020, p. 214. 97 A APLICAÇÃO DA NÃO JURISDIÇÃO PÓS COVID André Jobim de Azevedo1 1. INTRODUÇÃO Para iniciar, o regozijo de participação em publicação de obra em homenagem ao querido amigo , Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Professor Doutor José Alcebiades de Oliveira Junior, tão bem organizada, pelo também irmão, Prof. Dr Álvaro Sanchez Bravo. Participar dos registros e alegria em favor do grande homem e jurista que é Alcebíades é uma honra. Em tempos de pandemia, onde tudo se altera na vida, não desaparecem os conflitos. Ao contrário desafiadoramente se apresentam e demandam solução, a melhor possível. Conflitos são tão antigos quanto a própria sociedade. Como movimento, são essenciais à evolução social, ao crescimento, ao pensamento crítico e ao abandono do comodismo. De há tempos a jurisdição oficial se apresenta como forma civilizada para tanto, mas não exclusivamente. Desde muito se afastou a precária solução pela via da vindita, cujos resultados além de impróprios favoreciam, independentemente de razão ou justiça, aos mais fortes. Ao Estado delegou a sociedade o poder-dever de dizer e realizar o direito (jurisdição) e o  1 Advogado sócio de Faraco de Azevedo Advogados; Mestre em Direito pela PUCRS; Especialista em Direito Internacional Econômico pela Unisinos e em Processo Civil pela PUCRS; Professor Graduação e Pós Graduação da PUC/RS, desde 1990 nas disciplinas de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e Processo Civil; Professor convidado nas Universidades PUCPR, Universidade de Sevilha, Universidade de Burgos, Ourense e de La Laguna (Espanha). Membro do Conselho superior do Comitê de Arbitragem da OAB/RS; Diretor da Federasul; Árbitro INAMA; Ex presidente da Câmara de Arbitragem da Federasul, atual Diretor Executivo; Ex-presidente da ASRDT Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, atual diretor de relações internacionais, titular da cadeira nº2. Membro titular da cadeira nº89 da ABDT. 98 instrumento civilizado daí nascente é o Processo. E a chamada jurisdição oficial. Na primeira Constituição do País, a Imperial de 1824, acionar o Poder Judiciário era meio subsidiário do insucesso do diálogo. Parece que a lógica foi se invertendo ao longo dos séculos. Desde o final do século XX, a cultura da litigiosidade encontrou ambiente fértil para se propagar. O cenário contemporâneo das relações sociais é complexo e em vias de mudanças permanentemente, o que se reflete, por óbvio, nos conflitos e em suas soluções, também complexando-os em medida significativa. Daí os problemas no método oficial de resolução de conflitos agravam-se sobremaneira, sendo vítima de insatisfação geral. Em que pese a inegável a relação intrínseca do direito de ação com a democracia, o Poder Judiciário se mostra ineficiente, analisado tanto pelo aspecto da celeridade quanto pelo aspecto da adequação. Mais do que isso, a judicialização extremada desses conflitos, privilegia a cultura adversarial, no qual um conflito se torna uma competição baseada no modelo “perde-ganha”. A Resolução CNJ nº. 125, a Lei da Mediação (Lei nº. 13.1402015) e o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) vêm à ordem jurídica buscando recompor em termos mais próprios a finalidade maior a que se destina, a de bem resolver os conflitos postos aos efeitos da tão desejada paz social. Aqui denominei como “Não jurisdição”. A finalidade deste texto é uma abordagem crítica e ao mesmo tempo propositiva no que respeita ao processo judicial, e especialmente aos MASCS (Métodos Adequados de Solução de Conflitos) no pós Covid – em verdade ainda Covid. Rondo igualmente a avaliação da atuação do advogado neste novo contexto que assume, mais do que nunca, papel importante na efetivação da justiça. 99 2. A CULTURA DO CONFLITO Novos rumos são traçados pela busca efetiva da solução de conflitos. Da inadequação do método jurisdicional para resolução de todo e qualquer conflito à nova concepção de acesso à justiça, os chamados métodos adequados de resolução de conflitos passam a protagonizar os mais diversos foros, debates e obras de doutrina. A Arbitragem, conciliação e mediação, este último, se notabiliza pelas suas particularidades, que se constituem em verdadeiras vantagens na sua utilização. Inicie-se por advertir que, no entanto, não se trata de tema novo. O ordenamento jurídico brasileiro há muito dispõe acerca da resolução consensual de conflitos. Desde o descobrimento do Brasil. Inicialmente era prevista nas Ordenações Afonsinas (Livro III, Título XVI), nas Ordenações Manuelinas (Livro III, Títulos 81 e 82), depois nas Ordenações Filipinas. Em seguida na Constituição do Império de 1824, nos Códigos de Processo Estaduais antes de 1939, no CPC de 1973, na Lei do Juizado Especial Cível. Atualmente, a mediação encontra suporte legal na Resolução CNJ nº. 125 de 2010, no Código de Processo Civil de 2015 e na Lei 13.140 de 2015. A discordância é tão antiga quanto a humanidade. Desde o “homo sapiens” arcaico é possível verificar que os instintos sociais impossibilitavam que vivessem em grandes grupos. Grandes grupos não floresceriam porque não conseguiam concordar sobre quem deveria ser o líder ou sobre quem deveria caçar onde (HARARI, 2016, p. 35). O modo de se relacionar e de lidar com problema e questões da convivência vem sendo alterado substancialmente, desaguando numa sociedade de conflitos, como no caso da sociedade brasileira, altamente conflituosa. O tempo que nos envolve no século 21 é o da pós-modernidade, movimento social que altera drasticamente as estruturas sociais vividas na era moderna. Valores e conceitos universais antigamente apregoados passam a ser reiteradamente questionados. A era é 100 das incertezas, instabilidade e mutações em todos os âmbitos, e pelo abandono de antigas referências antes vigentes de instituições, profissões e relações. Com um discurso evidentemente heterogêneo e diverso, tal desconstrução drástica propicia um nível de tensão que reflete no modo de se relacionar. As relações sociais são, sobretudo, heterogêneas e complexas, marcadas pelo alto grau de instabilidade e pela dificuldade na manutenção de vínculos. Esther Diaz define o período pós-moderno como tensional, “La posmodernidad, por el contrario, agita las diferencias, las meclas sin respeto, las confunde sin pudor” (DÍAZ, 2000, p. 44). O discurso da sociedade moderna, a despeito dos efeitos positivos, acentua discordâncias. É nesta conjuntura que se insere um novo modelo de Estado. Após a derrocada dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha, preponderou o constitucionalismo norte-americano, que estabelece a supremacia da Constituição (PACCA, 1978, p. 53) (OLIVEIRA; MITIDIERO, 2010, p. 62). Tal pensamento passou a contagiar toda a Europa desde o final da Segunda Guerra mundial, destinado a perpetuar princípios democráticos baseados na valorização do indivíduo (NOVELINO, 2015, p. 286). Assim, se encara a dimensão substancial da democracia, revestida pelo reconhecimento da força vinculante e normativa dos direitos fundamentais individuais. É o ponto de vista substancial do Estado Democrático de Direito que exsurge democracia não mais como sinônimo de vontade da maioria, mas que encontra sustento em princípios, garantias e valores individuais que o Estado visa promover. No cenário nacional, revela-se a transição do Estado Liberal para Estado Social, acolhido pela Constituição Federal de 1988. A conscientização social em torno da valorização dos indivíduos, com uma gama de garantias e direitos, fez com que os cidadãos passassem a perseguir a consecução dos seus direitos nos organismos jurisdicionais. 101 Desta forma, os cidadãos utilizam como sustentáculo da democracia o acesso à jurisdição para proteção a lesão ou ameaça de direito, assegurado no art. 5º, XXXV da Constituição Federal. Tal princípio, comumente chamado de princípio de acesso à justiça, passou por transformações atreladas aos movimentos constitucionais. Partindo da ideia de Canotilho (2003, p. 226), que a interpretação unitária da Constituição deve ser o “ponto de orientação”, o acesso à justiça deve guardar relação com os demais direitos previstos constitucionalmente. Neste sentido, Cappelletti e Garth (1988, p. 186): A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individualmente e justos. Em obra intitulada “Acesso à Justiça”, Cappelleti e Garth dividem o movimento de acesso à justiça em três ondas renovatórias: a primeira preconiza a assistência judiciária aos podres; a segunda envolve a representação dos interesses de difusos; a terceira, os métodos “alternativos” de solução de conflitos. A primeira onda ganha rigidez com a entrada em vigor da Lei 1.060 de 1950 e, mais de cinquenta anos depois, avigorada com a instituição da Defensoria Pública, mediante a Lei Complementar nº. 80 de 1994. Vincula o direito de acesso à justiça à condição vital, não sem antes exaltar a imprescindibilidade da advocacia, frisando os obstáculos econômicos enfrentados para tanto: Afastar a “pobreza no sentido legal” – a incapacidade que muitas pessoas têm de utilizar plenamente a 102 justiça e as suas instituições – não era preocupação do Estado. (...) Os primeiros esforços importantes para incrementar o acesso à justiça nos países ocidentais concentraramse, muito adequadamente em proporcionar serviços jurídicos para os pobres. Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa. Os métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles que não a podem custear são, por isso mesmo, vitais. (...) Isso faz necessárias grandes dotações orçamentárias, o que é o problema básico dos esquemas de assistência judiciária. A assistência judiciária baseia-se no fornecimento de serviços jurídicos relativamente caros, através de advogados que normalmente utilizam o sistema judiciário formal (CAPPELETTI; GARTH, 1988, ps. 47, 58 e 67) Assegurado o acesso à justiça a todos os titulares de direito, as reformas discutidas na segunda onda trazem reflexões referentes à proteção dos direitos difusos e o (des)comprometimento dos tribunais na análise dos interesses coletivos: A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos difusos. O processo era visto apenas como um assunto entre duas partes, eu se destinava à solução de uma controvérsia entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios 103 interesses individuais (CAPPELETTI; GARTH, 1988, p. 45) Com o movimento, foi deixada de lado a visão individualista do processo do processo civil para então, preponderar a concepção social. A terceira onda, momento em que se vive, supera a concepção formal de acesso à justiça como acesso universal de ingressar com demandas judiciais individuais ou coletivas, mas revela a preocupação com a qualidade e efetividade da resposta jurisdicional. A atenção, agora, é redirecionada à reforma dos procedimentos judiciais em geral. A atividade mais importante de reforma, explicam Cappelletti e Garth, talvez se esteja verificando com respeito a tipos particulares de causas. A mediação é apontada como uma terceira onda do Direito na solução de conflitos. Nessa perspectiva, houve um deslocamento do eixo da ciência processual antes fulcrado na teoria da ação para uma perspectiva mais ampla, funcional, teleológica e instrumento da pacificação das controvérsias. Mais do que nunca o acesso à justiça guarda relação direta com os princípios constitucionais, com destaque da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da paz social. A duração razoável, primeiro, a relembrar Rui Barbosa: “justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. A paz social, pois não é esse, senão, o objetivo do direito, como já preanunciado por Ihering (1975, p. 15) que “o fim do direito é paz”. Historicamente buscando efetividade digladia-se entre as importantes diretrizes da celeridade e segurança jurídica. Elementos indispensáveis nesta equação, mas cujo equilíbrio revela-se delicadíssimo. No particular, o processo, quer cível, quer trabalhista, não mais atende aos anseios da sociedade organizada. Há muito o Estado se releva incapaz enquanto garantidor da justiça efetiva que se 104 propõe a tutelar. Desde que se afastou a precária solução pela via da vindita, a conhecida Lei de Talião, o “olho por olho, dente por dente”, ao Estado delegou a sociedade o poder-dever de dizer e realizar o direito, a chamada Jurisdição, “Juris et dictio”. O instrumento civilizado daí nascente é o Processo, que tramita sob o manto do Poder Judiciário. Acontece que o Poder Judiciário ocupa o posto de poder estatal mais ineficiente (THEODORO JUNIOR, 2004, p. 11), por muitos aspectos: morosidade, altos custos, burocracia e inadequação das repostas judiciais. No cenário contemporâneo das relações sociais, complexas e em vias de mudanças permanentemente, o que se reflete por óbvio nos conflitos e em suas soluções, consumou-se também a crença de que somente o Poder Judiciário pode dirimir os conflitos. Somados ambos os motivos, têm-se ações judiciais em números completamente desproporcionais às estruturas físicas, orçamentárias e institucionais do sistema forense. Somos um dos países, senão o maior, de mais litigiosidade do mundo. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulga anualmente, desde 2004, o Relatório Justiça em Números, que reúne as estatísticas judiciárias oficiais apuradas nos anos antecessores. O trabalho, que teve como primeiro ano-base o ano de 2003, relevam a tendência da litigiosidade. A primeira edição do Relatório Justiça em Números revela que em 2003 foram apurados cerca de 9.941.381 (nove milhões novecentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta e um) novos processos ingressados no primeiro grau, considerando somente a justiça estadual (CNJ, 2014). A última edição do Relatório disponibilizada em 2017, por sua vez, apura que no ano-base de 2016 esse número alcançou o montante colossal de 19.787.004 (dezenove milhões setecentos e oitenta e sete mil e quatro) (CNJ, 2017) somente na esfera estadual. Isso significa que em 13 anos o número de ingresso de novos processos na justiça estadual teve um aumento descomunal de 1.045% (mil e quarenta e cinco por 111 no art. 2º, VII, elenca como dever o estímulo à conciliação, prevenindo a instauração de litígios. A Lei da Mediação, neste mesmo sentido, estimula que as partes sejam assistidas por procuradores. A extensão e amplitude das alterações trazidas com a nova onda do acesso à justiça mudam significativamente a atuação da advocacia. É um passo importante em favor da responsabilidade daqueles que atuam e interferem no processo judicial, assim como nos métodos adequados de resolução de conflitos. As imposições tornam cada vez mais coercitivas, no sentido de exigir uma postura diferenciada e responsável dos advogados. A responsabilidade do advogado na mediação começa antes mesmo do contato com o cliente. Em primeiro lugar, é preciso ter prévio conhecimento acerca do procedimento para que possa avaliar a adequação aos interesses do cliente. É preciso ter a consciência do dever ético de promoção da resolução autocompositiva, assim como a utilização racional do método jurisdicional. É crucial que o advogado informe a parte sobre seus direitos e possibilidades de enfrentamento. O mundo jurídico é composto pela terminologia “juridiquês”, legislações esparsas e termos técnicos que dificulta a compreensão de qualquer pessoa alheia ao meio jurídico-científico. Com a correta informação sobre os seus direitos e respaldo jurídico que compõem a situação, é que a autonomia poderá ser usufruída de forma plena. Tudo pela clara assistência do advogado. Para além da função informativa, a presença na sessão de mediação é crucial. Ainda que não desempenhe papel de protagonista, como profissional da Justiça deve zelar pelos princípios da imparcialidade, boa-fé e autonomia intrínsecos à mediação. É sempre importante lembrar que o mediador não faz às vezes de magistrado, desempenhando papel de suma importância na condução do diálogo, mas não na imposição de solução. 112 Igualmente, é na sessão de mediação que a transação é registrada. Isso porque, a transação homologada traz os efeitos da coisa julgada, assim como acontece com as sentenças proferidas no âmbito do judiciário, ou mesmo na arbitragem. É preciso lembrar que as vantagens da eleição da mediação ultrapassam o caso. Desempenha papel importante e construtivo no abandono da cultura litigiosa e fomenta a institucionalização dos métodos adequados de resolução de controvérsias que, como já visto, traz inúmeras vantagens para a sociedade. Para avaliar a efetividade da mediação e do desempenho dos advogados nas sessões de mediação, o Ministério da Justiça em parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da comarca de Jundiaí – São Paulo, elaboraram um estudo de caso, com pesquisas de campo e empírica. Foram entrevistados os atores envolvidos, que avaliavam o serviço por meio de um formulário, no modelo proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, que é entregue ao usuário ao final da sessão. Dentre todos os entrevistados, mais de 70% dos considerou importante a presença do advogado durante a sessão de mediação. Desse percentual, 55% consideraram excelente o auxílio para melhor compreensão do caso. 29% do total dos entrevistados considerou que questão não se aplicava ao seu caso, provavelmente pelo por não terem sido acompanhados por advogado à sessão (BRASIL, 2015, p. 54). Em que pese se encontre grandes dificuldades ainda, o nível de satisfação dos usuários sobre o desempenho dos advogados na mediação é animador. Os benefícios da mediação dependem em grande escala da atuação dos advogados. A autonomia, celeridade, efetividade, imparcialidade só são alcançadas de forma substancial se as partes são instruídas e assessoradas de forma adequada durante todas as 113 fases, que vão desde os primeiros contatos com o cliente, da eleição do método ao termo de encerramento. A mediação veio para enriquecer a atuação da advocacia moderna, ampliando a gama de serviços oferecidos pelos advogados. 5. CONCLUSÃO A conclusão é firme no sentido de que rumando para tempos pós Covid e em tempos judicialização extremada no país, o problema da ineficiência do Estado na prestação jurisdicional tem raízes profundas, que não dizem respeito somente às estruturas físicas ou orçamentárias. O grande problema reside no excessivo grau de litigiosidade, característica arraigada na sociedade pós-moderna. Os conflitos desembocam volumosamente no Poder Judiciário e são resolvidos por técnicas de composição adversarial, o que gera prejuízo para toda a nação. Assim, tem sim de valer-se de meios modernos (mas não novos) – não adversariais, compositivos, judiciais e extrajudiciais – de fazer com que todos se beneficiem de uma sociedade capaz de cada vez mais desenvolver uma cultura de paz. A Sociedade pós COVID demanda soluções mais ágeis e endereçam aos MASCs, em especial à Mediação, imprescindível prestígio dos mesmos. Evidencia-se também a importante incorporação, de modo geral, pelo Novo Código de Processo Civil e pela Lei da Mediação, a acolherem o movimento atual em seu favor, refletindo o reconhecimento do Poder Judiciário da necessidade de estabelecimento de vias paralelas, não excludentes da sua atuação como órgão, para a solução dos conflitos. 114 As enormes vantagens elencadas são capazes de atrair o interesse geral para a solução de conflitos pela via da mediação, ágil e menos cargosa, mas que ainda precisa de muito trabalho para sua disseminação cultural na sociedade, e afirmação. Nesse sentido, grande função é atribuída aos advogados na institucionalização da mediação. A importância não é aí limitada, pelo contrário, o desempenho dos profissionais desde a eleição do método até a finalização do acordo se mostra imprescindível para eu todos os benefícios da mediação possam ser usufruídos. A importância da presença do advogado durante o procedimento já é palpável no dia-a-dia, diante da satisfação das partes. A indispensabilidade dos advogados para a Justiça, exaltada pela na Constituição Federal vigente, agora assume nova faceta. Enfrentar as novéis alterações pela ótica do agente do cumprimento da justiça, o advogado – é fundamental. Deve este privilegiar estas formas não jurisdicionais de solução de conflitos! BIBLIOGRAFIA AZEVEDO, André Jobim de. Direito do Trabalho, Constituição e Efetividade. In: Direito Constitucional do Trabalho: Vinte Anos Depois. Constituição Federal de 1988.In: Coord. Marco Antonio Villatore. Curitiba, Editora Juruá.2008. AZEVEDO, André Jobim de. 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Tan pronto refleja el azul del cielo ante nuestros ojos, como el barro de los barrizales que hay en el camino Estoy convencido de que lo mismo puede decirse del Derecho en general y del Derecho ambiental en particular. Sin duda acompaña a la Humanidad y refleja e intenta dar soluciones para los problemas que en cada momento histórico se presentan como más acuciantes. Esto resulta particularmente evidente en materia de derechos. Se habla de derechos de primera, segunda, tercera e incluso ulteriores generaciones. En un primer momento la mayor inquietud la suscitan los derechos civiles y políticos, con posterioridad se abre camino la necesidad de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y posteriormente derechos nuevos, entre ellos el derecho a la privacidad o el derecho que nos ocupa, al medio ambiente. Es cierto que existen vestigios de normas que parecen revelar una inquietud por el medio ambiente. Es curioso que algún autor defiende la existencia nada menos que de un Derecho administrativo 118 medioambiental romano1. Ley de las doce tablas, prohíbe enterrar o incinerar un cadáver en suelo urbano estableciendo sesenta pies de distancia para las piras funerarias. El Digesto protegía con interdictos la integridad de las cloacas públicas e incluso recoge el concepto de contaminación, considerándolo un uso injusto. Se construye el concepto de dominio público natural y se habla de las res comunes ómnium. También en España, en nuestro Derecho medieval existía algún precedente. Así en el Fuero Juzgo 2se incluyen previsiones relacionadas con el incendio de montes, tala de árboles, entre otras. En el Fuero de Madrid se prohibía la pesca en el río con veneno. Las Partidas sancionan la tala de árboles, parras o viñas o el incendio accidental o imponían restricciones a la caza o la pesca para posibilitar la conservación de las especies. Por supuesto, no puede hablarse propiamente de normas ambientales: su principal preocupación es de carácter económico y de explotación de los recursos. La primera norma moderna que cita expresamente el medio ambiente, vinculándola muy directamente a la salud de los ciudadanos, es el RAMNIP3, aprobado por Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre. El despertar de la conciencia ecológica continúa progresando y finalmente encuentra su consagración al más alto nivel. Si el  1 Algunos precedentes históricos de protección o defensa de los recursos naturales y de la salubritas en Roma. Hacia un Derecho administrativo medioambiental romano. Salvador Ruiz-Pino Revista Digital de Derecho Administrativo nº 17, primer semestre, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp.91-109 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/4831/5795 2 Cuerpo de leyes vigentes durante la monarquía visigótica, siglo VII 3 En su artículo 1 proclama que su objeto es evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes, oficiales o particulares, públicos o privados ( a todos ellos se denomina genéricamente actividades) produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes. 119 Derecho ambiental es parte del ordenamiento jurídico, desde luego participa de las notas que le son propias y en nuestro sistema kelseniano nuestro ordenamiento jurídico adopta una forma piramidal cuyo vértice como bien es sabido es nuestra Constitución. Y así el derecho al medio ambiente encuentra acomodo en la Constitución española de 1978 2. EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA El artículo 45 de la Constitución 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. En 1978 pocas Constituciones reflejaban el derecho al medio ambiente, apenas la Constitución portuguesa de 1976. El artículo 45 se fundamenta en el derecho de los ciudadanos a gozar de una calidad de vida que sea coherente con la dignidad de la persona reconocida en el artículo 10 de la Constitución. En palabras de la STC 102/1995 de 26 de junio el precepto responde al hecho de que cada cual tiene el derecho inalienable a habitar en su entorno de acuerdo con sus características culturales. 120 Al tiempo y en la medida en que nace de la constatación de que se trata de un bien en peligro, sujeto a agresiones y riesgos, la regulación constitucional nace con una finalidad esencialmente tuitiva. En palabras de la STC 233/2015 de 5 de noviembre pretende hacer frente a los fenómenos de degradación y a las amenazas de todo género que pueden comprometer la supervivencia del patrimonio natural, de las especies y, en último término, afectar negativamente a la propia calidad de vida de las personas. De ahí que no se quede en la mera regulación del derecho: en su apartado 1 lo configura como un derecho-deber. En su apartado 2 establece la obligación de los poderes públicos de convertirse en garantes de esta tutela y finalmente en su apartado 3 prevé la tutela penal, administrativa y civil frente a quienes causen daños al medio ambiente. Por otra parte, todo lo dicho, la importancia que parece dársele, contrasta con la posición del artículo 45 de la Constitución en el sistema de derechos que resulta de la Constitución. No está en el olimpo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, acreedores del máximo nivel de protección; ni siquiera está en el círculo intermedio en el que se encuadran derechos como el derecho a la propiedad privada. Recibe la consideración de principio rector de la política social y económica y por tanto conforme al artículo 53.3 de la Constitución su reconocimiento, respeto y protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Además, sólo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Por tanto, el punto de partida del desenvolvimiento del derecho al medio ambiente es precisamente ese, que nuestra Constitución no lo considera un derecho fundamental4 y por tanto no tiene la protección reforzada propia de los derechos fundamentales que resulta del artículo 53.2 y preceptos concordantes de la Constitución  4 Desde muy pronto algunos autores defienden su naturaleza de derecho fundamental, como el profesor Jordano Fraga 127 La normativa europea más relevante en materia ambiental, integrada por Directivas en su mayoría, es la siguiente: 1) Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales modificada por la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013. 2) Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 3) Directiva 2012/27/UE modificada por Directiva 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, relativa a la eficiencia energética 4) Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres de 21 de mayo de 1992 modificada por Directiva 97/62/CEE de 27 de octubre de 1997 en cuya virtud se crea la red de Lugares de Interés Comunitario y Zonas Especiales de Conservación integradas en la red europea Natura 2000. 5) Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. 6) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 128 7) Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 8) Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 9) Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 10) Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos 11) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales ( prevención y control integrados de la contaminación) 12) Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 13) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos modificada por la Directiva 2018/851/UE de 30 de mayo 14) Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos 15) Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 sobre la evaluación de los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 129 16) Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 17) Reglamento 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática ( Ley Europea del Clima) La profusión de normas que acabamos de citar y el modo en que alcanzan a prácticamente todas las facetas del Derecho ambiental nos permite concluir que en el ámbito europeo se ha acabado conformando un corpus de Derecho ambiental homogéneo para todos los Estados miembros y que realmente supone la conformación de estándares elevados de protección del medio ambiente en el ámbito europeo. En ocasiones resulta complicado por parte de las autoridades nacionales profundizar o incrementar los niveles de protección ambiental, no sólo porque como hemos dicho la normativa europea es exigente sino que buena parte de su energía y recursos se consumen luchando por transponer más o menos en plazo las Directivas. Con todo, en determinadas cuestiones y al amparo del sistema de distribución de competencias en materia de medio ambiente sí que se introducen en Derecho español por la legislación estatal o autonómica mejoras en el estándar europeo de protección ambiental si bien es cierto que más en unos ámbitos que en otros. Hay numerosos ejemplos, pensemos en la normativa en materia de espacios naturales protegidos que obviamente va más allá de la Directiva Habitats o la ampliación de los supuestos de responsabilidad ambiental respecto a los previstos en la Directiva o la sujeción a evaluación ambiental de categorías adicionales de proyectos. Junto a esta influencia más evidente del Derecho ambiental europeo existen otras que son más sutiles y a ellas nos dedicaremos en el epígrafe siguiente de esta intervención. 130 4. EL DERECHO AMBIENTAL EN ESPAÑA FRENTE A LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS La crisis financiera que el mundo sufrió en 2008 suscitó para el Derecho ambiental la necesidad de afrontar dos desafíos, la desregulación y la reversibilidad de los derechos ambientales, que plantea la cuestión de si los estándares de protección ambiental pueden en tiempo de crisis disminuirse. En cuanto al fenómeno de la desregulación, es sin duda anterior a la crisis de 2008 y no sólo afecta al Derecho ambiental, aunque el sistema de protección ambiental constituya sin duda un objetivo claro para los defensores de esta ideología. Tiene su origen en los Estados Unidos 8 y parte en su análisis de la existencia de una excesiva regulación que conlleva burocratización e ineficacia en la gestión. Pretende primar lo privado y el mercado de manera que apuesta por mecanismos como la autorregulación por parte de las corporaciones, la regulación negociada o paccionada y el replanteamiento del papel de la Administración como Administración de control y no Administración intervencionista. También esta desregulación alcanza a España, donde se concluye, no sin razón, que puede existir una excesiva burocratización. Se crea en España en 2012 la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el objetivo de establecer un programa de reforma de las Administraciones Públicas que entre otras finalidades busque una mayor simplificación administrativa eliminando duplicidades. El llamado informe CORA se presenta el 21 de junio de 2013. Estas tendencias en el ámbito del Derecho ambiental se manifiestan en la sustitución de la técnica autorizatoria para el ejercicio de actividades por la declaración responsable o comunicación previa,  8 Comienza durante la presidencia de Ronald Reagan pero continúa decididamente bajo el mandato de Clinton con el llamado Project XL “ Excellence and Leadership” 131 el impulso de los acuerdos voluntarios con la industria, el mayor papel de las entidades privadas colaboradoras como auxilio en el ejercicio de las potestades de inspección o la reforma de la Ley de Costas por la Ley 21/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral, entre otras. De entrada podemos constatar que en Derecho español la desregulación en lo que afecta al Derecho ambiental no ha tenido un alcance desmesurado. Incluso lo que cualitativamente tiene mayor alcance, que es el cambio de paradigma de control administrativo, que pasa a realizarse a posteriori, trae causa del cumplimiento de la normativa europea ( Directiva 2006/123/CE). Pero ese alcance limitado del que hablamos no sólo se refleja en esa escasez de disposiciones: incluso en las medidas desregulatorias adoptadas se refleja una cierta contención. La misma responde sin duda a que como antes anticipamos el Derecho europeo al establecer un estándar elevado de protección ambiental se convierte en una barrera infranqueable: no puede el legislador nacional desmontar ese sistema de protección ambiental sin exponerse a procedimientos de infracción ante la Unión Europea. Es simplemente impensable. Pero además, incluso en el margen que sí es disponible para el legislador nacional se aprecia una conciencia de la necesidad de atenuar el impacto sobre el medio ambiente. En tal sentido, se prevé que podrá exigirse autorización previa cuando se trate de un establecimiento físico susceptible de generar daños sobre el medio ambiente9, si bien tal excepción a la regla general ha de responder a razones imperiosas de interés general, ser proporcionada, no discriminatoria y suficientemente motivada. En los casos en los que la actividad sujeta a declaración responsable o comunicación previa supone la ejecución de un proyecto sujeto a evaluación ambiental, la misma ha de seguirse y tramitarse  9 Artículo 7.3 Ley 7/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 132 antes de poder presentar dicha declaración responsable o comunicación previa en los términos del artículo 9.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.10 Por su parte, la autocontención a la que aludíamos sí puede apreciarse en la por otra parte tan criticada por algunos sectores reforma de la Ley de Costas. Ciertamente supuso mayores facilidades para los titulares de derechos sobre edificaciones anteriores a la Ley de 1988 o prórroga de sus derechos concesionales pero no se atrevió a cuestionar la mayor, lo que resultó revolucionario en 1988: la demanialización del dominio público marítimo terrestre y la conversión de los derechos de propiedad preexistentes sobre ese ámbito en derechos concesionales limitados temporalmente. Pero como dijimos la crisis trae otro problema: la reversibilidad de los derechos. Se plantea el problema con mayor virulencia respecto a los derechos sociales. Se plantea si es posible reducir la protección del Estado del bienestar como consecuencia de los recortes, lo cual resulta controvertido. Pero también se plantea idéntica disyuntiva respecto al derecho al medio ambiente. ¿Sería posible reducir los estándares de protección de la legislación ambiental? De nuevo en este punto resulta esencial el Derecho europeo cuyo contenido, ese ius commune ambiental, vuelve a convertirse en mínimo infranqueable. Queda de manifiesto en materia de espacios naturales protegidos, respecto a los espacios integrados en la Red Natura 2000. Frente a presiones urbanísticas que pretenden  10 2. Cuando el acceso a una actividad o a su ejercicio exija una declaración responsable o una comunicación previa y de acuerdo con esta ley, requiera una evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación previa no podrán presentarse ante el órgano sustantivo antes de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. Sólo con posterioridad a dicha publicación, el órgano sustantivo, mediante resolución, admitirá la declaración responsable o comunicación previa. La declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto carecerá de validez y eficacia a todos los efectos si debiendo haber sido sometido a una evaluación ambiental no lo hubiese sido, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. 133 promover proyectos a costa de menoscabar ZEPAS o LIC la jurisprudencia europea11 y nacional se muestra inflexible: no pueden los Estados miembros reducir la superficie de estos espacios o descatalogarlos. Tal descatalogación corresponde a las autoridades europea siendo la única motivación admisible la degradación natural de los valores del espacio. Citemos últimamente la STC 134/2019 de 13 de noviembre. Frente a una ley singular autonómica que pretendía posibilitar un ambicioso proyecto residencial asentado en una ZEPA el Tribunal Constitucional no sólo reafirma el principio de que no pueden los Estados miembros reducir la extensión o la protección de estos espacios integrados en la Red Natura 2000 sino que desde el punto de vista urbanístico deja claro que el suelo de estos espacios debe necesariamente clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección inasequible a cualquier actuación de transformación urbanística. La incorporación al Derecho ambiental español del principio de no regresión se lleva a cabo por la Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética. Con todo, al definirlo en su Exposición de Motivos introduce también matices. En tal sentido, señala Desde el punto de vista medioambiental, este principio de no regresión se define como aquel en virtud del cual la normativa, la actividad de las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público, y una vez realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos que pudieran entrar en contradicción con el ambiental.  11 STJUE 13 julio 2006 en el asunto C-191/05 zona de protección especial “ Moura, Mourao, Barrancos” 134 5. EL DERECHO AMBIENTAL QUE NOS VIENE De nuevo, el futuro previsible del Derecho ambiental español se ve decisivamente determinado por el Derecho europeo y por la posición de centralidad que adquiere en el mismo la lucha contra el cambio climático. Refirámonos brevemente a los hitos fundamentales. 5.1. EL PACTO VERDE EUROPEO En 2019 se aprobó el Pacto Verde Europeo, el proyecto de política ambiental más ambicioso de la historia europea. Su objetivo es nada menos que construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social a través de una profunda transformación de la economía y la sociedad europeas. Se pretende lograr a través de un uso eficiente de los recursos que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, protegiendo y manteniendo al tiempo el capital natural de la UE así como la salud y bienestar de sus ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Estos objetivos se lograrán integrando decididamente la sostenibilidad en todas las políticas de la UE y a través de políticas específicas: 1)Mayor nivel de ambición en la acción climática desde 2030 a 2050, profundizando las actuales cifras de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 2)Suministro de energía limpia, asequible y segura basado en gran medida en fuentes renovables y descarbonizando la economía, logrando además un abastecimiento energético seguro y asequible para consumidores y empresas. 3)Economía limpia y circular a través de una plena movilización de la industria: se prevé fomentar que las empresas 135 ofrezcan productos reutilizables, duraderos y reparables, dando prioridad a la reducción y reutilización de los materiales antes de su reciclado reduciendo al tiempo los residuos. 4)Uso eficiente de la energía en la construcción y renovación de edificios 5)Movilidad más sostenible potenciando el transporte intermodal aumentando el uso del ferrocarril y de vías navegables interiores o transporte marítimo de corta distancia frente al uso actualmente predominante de la carretera. Para la movilidad privada apoyará la creación de estaciones públicas de recarga y repostaje. 6)Política alimentaria más sostenible potenciando la agricultura ecológica, la agroecología, la agrosilvicultura reduciendo el uso de plaguicidas químicos o antibióticos. Se informará mejor a los consumidores sobre origen de los alimentos, valor nutricional y huella medioambiental 7)Apuesta por los ecosistemas y la biodiversidad. 8)Contaminación cero para conseguir un entorno sin sustancias tóxicas 5.2 LA LEY EUROPEA DEL CLIMA Como instrumento normativo fundamental para llevar a efecto el Pacto Verde Europeo se dicta el Reglamento 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos 401/2009 y 2018/1999. Dicho Reglamento establece un marco para la reducción progresiva e irreversible de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero por las fuentes y el incremento de las absorciones de gases de efecto invernadero por los sumideros regulados 136 en el Derecho de la Unión. A tal efecto, establece como objetivo vinculante la neutralidad climática para 2050 de manera que en esa fecha las emisiones netas deben haberse reducido a cero. Para proporcionar el necesario asesoramiento científico sobre cambio climático se reafirma el papel del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático recado en virtud del artículo 10 bis del Reglamento 401/2009. Se establecen objetivos intermedios de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030. Considerando los riesgos inherentes al cambio climático como calor extremo, inundaciones, sequías, escasez de agua, aumento del nivel del mar, deshielo de los glaciares, incendios forestales de gran magnitud, vendavales y pérdidas agrícolas el Reglamento contempla la mejora de las capacidades de adaptación y resiliencia. Así,se prevé que tanto la Unión como los Estados miembros garanticen un avance contínuo en el aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. En tal sentido se contempla la adopción por la Comisión de una estrategia de la Unión sobre la adaptación al cambio climático . Los Estados miembros adoptarán y aplicarán asimismo estrategias y planes de adaptación nacional. Se atribuye a la Comisión que evalúe la coherencia de cualquier proyecto de medidas o propuesta legislativa con el objetivo de neutralidad climática establecido. También evaluará el cumplimiento por los Estados miembros de los objetivos establecidos. Se apuesta decididamente por mecanismos de gobernanza ambiental, indicándose expresamente que la Comisión colaborará con todos los sectores de la sociedad para capacitarlos y empoderarlos de modo que puedan emprender acciones encaminadas a lograr una transición socialmente justa y equitativa hacia una sociedad climáticamente neutra y resiliente al clima. Como actores en 143 questão de competência exclusiva dos Estados. A necessidade social e moral de uma defesa realmente efetiva dos direitos humanos, unida a uma crescente abertura da doutrina política e jurídica sobre a matéria, tornaram possível a realização, no século XX deste grande avanço da humanidade: o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos pela ordem internacional. Assim, a tutela destes direitos não é mais uma questão de competência exclusiva dos Estados, mas sim um problema de toda a comunidade internacional. Esta foi uma das grandes proezas do nosso tempo. Esta nova visão, de proteção internacional dos direitos humanos, é algo extremamente recente na história da humanidade e inicia com o término da segunda Guerra Mundial. Com a liberdade de imprensa e o desenvolvimento de modernos meios de comunicação, a comunidade internacional tomou conhecimento das barbáries e atrocidades cometidas. Atitudes que envergonhavam a própria raça humana. Isto veio a demonstrar a necessidade de uma proteção mais efetiva aos direitos humanos; o que nos levou ao processo de internacionalização desses direitos e resultou na criação de sistemas de proteção internacional, em que é possível a própria responsabilização de um Estado. O aspecto mais positivo destas ações foi a reformulação do conceito clássico de soberania como um poder ilimitado que não admite restrições ou exceções. Embora se possam citar várias manifestações importantes quanto a proteção aos direitos do homem (Magna Carta, o Bill of Rights, a Declaração Norte-americana de Independência e a Declaração Francesa) o marco histórico e definitivo para a proteção internacional dos direitos humanos foi o fim da Segunda Guerra Mundial, como uma resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo.4 Com a construção da ONU, em 1945, imediatamente se inicia um processo de reconstrução e proteção universal destes direitos, o  4 PIOVESAN, Flávia. “Direitos Humanos e Globalização” In Direito Global. SUNDFELD, Carlos Ari e VIEIRA, Oscar Vilhena (coordenadores) São Paulo: Max Limonad. 1999. p.196 144 que culmina com a aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração Universal dos Direitos do Homem, primeiro instrumento internacional geral, de caráter universal, que anuncia direitos que se reconhecem a toda pessoa”.5 Não é nosso objetivo aqui discorrer sobre a Declaração, mas como nos lembra Oliveira, esta, ainda que aprovada sem nenhum voto contrário, desde logo recebeu todas as críticas a que estão sujeitas as obras humanas: que não tinha sentido revolucionário – bradaram os socialistas do leste; que direitos econômicos e sociais não são fundamentais – clamaram os liberais do oeste. Cada setor ideológico, filosófico, religioso e político manifestou seu particular descontentamento.6 Entretanto, a mais séria discussão deu-se sobre a natureza jurídica ou o valor jurídico da Declaração. Na verdade a Declaração, por si só, não tem força cogente, pois que adotada através de uma Resolução da Assembleia Geral, que nos termos do artigo 13 da Carta das Nações Unidas, possui competência para fazer recomendações.7 Neste sentido Rezek é taxativo: “A Declaração Universal dos Direitos do Homem não é um tratado, e por isso seus dispositivos não constituem exatamente uma obrigação jurídica para cada um dos Estados representados na Assembleia Geral quando, sem qualquer voto contrário, adotou-se o respectivo texto sob a forma de uma resolução da Assembleia”.8 Igual é o entendimento de Castillo: “do ponto de vista formal, enquanto resolução da Assembleia Geral, a Declaração não é um instrumento juridicamente  5 CASTILLO, Mileya. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Valencia: Tirant lo blanch. 2003. p. 51. 6 OLIVEIRA. Almir de. Curso de Direitos Humanos. Op. Cit. p. 220/221. 7 Nos termos do artigo 13, inciso 1 da Carta da ONU, a Assembléia Geral tem competência para “iniciar estudos e fazer recomendações destinados a: b)............favorecer o pleno gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.....” 8 REZEK, José Francisco. Curso Elementar de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva. 1995. p. 224. 145 vinculante”.9 Verdross também lembra que a Assembleia Geral das Nações Unidas “não possui, a princípio, competência legislativa”.10 Assim também assevera Comparato: “Tecnicamente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma recomendação que a Assembleia Geral das Nações Unidas faz aos seus membros (Carta das Nações Unidas, artigo 10). Nestas condições, costuma-se sustentar que o documento não tem força vinculante”.11 Vale ainda lembrar que a Declaração não foi aprovada nem ratificada como tratado internacional pelos distintos Estados, de acordo com seus mecanismos constitucionais, pelo qual se obrigariam legalmente. Contudo, muitos doutrinadores encaram a Declaração como uma interpretação autorizada dos artigos da Carta das Nações Unidas relativos aos direitos humanos, e que teria, portanto, efeitos legais de um tratado internacional. Assim é o posicionamento de Azevedo para quem é possível reconhecer força cogente à Declaração, na medida em que ela se apresenta como a explicitação dos direitos humanos a que a própria Carta da ONU se refere. “Na medida em que se puder aceitar a cogência das próprias disposições da Carta da ONU sobre os direitos humanos, então será possível aceitar a cogência da própria Declaração Universal enquanto extensão ou desdobramento da Carta da ONU, explicitadora dos direitos humanos consagrados em seu texto”.12 É significativo também – mas não vinculativo - que o texto tenha sido publicado como se fosse uma lei no Journal Officiel da França.  9 CASTILLO, Mireya Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Op. Cit. p. 54. 10 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público, Madrid: Aguilar. 1961. p. 443. 11 O próprio autor declara que reconhece-se hoje, em toda parte que a vigência dos Direitos Humanos independe de sua declaração em constituições, leis e tratados internacionais, exatamente porque se está diante de exigências de respeito a dignidade humana, exercidas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não. COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Op. Cit. p. 223/224. 12 AZEVEDO, Ivo Sefton. Direito Internacional Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1980 p. 46. 146 Por tudo isso, buscou-se então a consecução de novos instrumentos de proteção, especialmente na elaboração dos Pactos de 196613 e, em decorrência vão surgindo uma gama enorme de documentos internacionais de proteção. Na América, discutimos esta questão desde o Congresso do Panamá (1826). Bradava Simon Bolívar que a América tem como destino e missão histórica ser uma terra de liberdade e oferecer ao homem um ambiente favorável a seu pleno desenvolvimento e a realização de suas justas aspirações. Sofremos muitos percalços e superamos muitos desafios até que finalmente, em abril de 1948, foi criada a Organização dos Estados Americanos. Junto com ela promulgamos também a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Atentem-se: sete meses antes que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamasse, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Contudo, a exemplo da Declaração Universal da ONU, a Declaração Americana, do ponto de vista formal, não é um instrumento juridicamente vinculante. Novos desafios, obstáculos, entraves e barreiras surgiram, mas finalmente, em novembro de 1969 os Estados Americanos aprovam a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica. Ao aprovar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, como diz Hildebrando Accioly,  13 A elaboração dos pactos foi protelada por uma série de dificuldades de ordem prática e política e, finalmente, em 16 de dezembro de 1966, a Assembleia Geral aprovou o texto dos dois pactos – Resolução 2.200A. Em 03 de janeiro de 1976, entra em vigor o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, após a Jamaica (35º Estado) haver depositado seu respectivo instrumento de ratificação, a 3 de dezembro de 1975 – nos termos do artigo 27 do Pacto. Em 23 de Março de 1976, entra em vigor o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, (Três meses após a Tchecoslováquia (35º Estado) haver depositado seu respectivo instrumento de ratificação em 23 de dezembro de 1975 – nos termos do artigo 49 do Pacto. 147 os Estados Americanos demonstraram haver “superado a fase de elaboração de princípios teóricos e das meras declarações de intenções” 14. Na Convenção, já em seu preâmbulo, os Estados reafirmam seu propósito de consolidar um regime fundado nos direitos humanos e reconhecem que os direitos essenciais do homem derivam do fato de terem como fundamento os atributos da pessoa humana, o que justifica uma proteção internacional. Embora os Estados possam (em raras e excepcionais situações) suspender algumas garantias15, expressamente obrigam-se a respeitar os direitos e as liberdades previstas na Convenção, sem quaisquer discriminações. Os direitos e garantias referidos pela convenção são basicamente aqueles denominados direitos de primeira geração ou direitos individuais: vida, hora, dignidade e integridade pessoal, proibição da escravidão e da servidão, liberdade pessoal, as garantias judiciais, o princípio da legalidade e da irretroatividade, liberdade de consciência e de religião, de pensamento e de expressão, direito de resposta, direito de reunião, de associação, de constituir família, enfim, todos aqueles direitos básicos da pessoa humana. Quanto aos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da OEA (basicamente do art. 30 ao 52), os Estados comprometem-se a adotar providência, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente sua plena efetividade......na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.16 Tratam-se, portanto, de normas programáticas, onde  14 ACCIOLY, Hildebrando, SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Manual de Direito Internacional Público. Op. Cit. p. 372. 15 Não podem ser suspensos: o direito à vida, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à integridade pessoal, a proibição da escravidão e servidão, o princípio da legalidade e da retroatividade, a liberdade de consciência e de religião, a proteção à família, o direito ao nome, a proteção à criança, o direito à nacionalidade e os direitos políticos. 16 Capítulo III. Artigo 26. 148 os Estados unicamente se comprometem a empreender esforços para assegurar tais direitos, aliás o artigo refere-se a ‘desenvolvimento progressivo’. Após a enumeração dos direitos e deveres, em sua segunda parte, a Convenção estabelece os meios de proteção. Passa então a determinar, a organização, a estrutura, as funções, a competência e os procedimentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. A seguir, no Capítulo VIII, ocupa-se da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Objeto principal de nossas reflexões. A ideia de se criar um tribunal para proteger os direitos humanos na América remonta a 9° Conferência Internacional Americana realizada em Bogotá, 1948 - quando a União Pan-Americana passa a denominar-se Organização dos Estados Americanos – OEA. Tal pretensão foi alcançada em São José quando então se aprovou a criação da referida Corte com competência consultiva e contenciosa para “conhecer sobre qualquer caso relativo a interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido”17. Os Estatutos da Corte Interamericana de Direitos Humanos foram aprovados na Assembleia Geral da OEA em La Paz, em 1979 sendo definida em seu artigo 1° como “uma instituição judiciária autônoma, cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos”18. A competência consultiva é ampla, prevê que qualquer Estado membro da OEA, parte ou não da Convenção, poderá consultar a Corte sobre a interpretação da Convenção Americana ou de outros Tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados Americanos. Também, por solicitação de qualquer Estado  17 Artigo 62.3 18 Artigo 1. Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos 149 membro a OEA, a Corte emitirá parecer sobre a compatibilidade de qualquer de suas leis internas e os instrumentos jurídicos internacionais. Quanto ao contencioso, a Corte tem competência limitada aos Estados-partes que tenham reconhecido ou que reconheçam sua competência. Conforme expressa seu estatuto, assim como a Convenção Americana. O processo inicia com a distribuição da demanda junto à Secretaria da Corte. A produção de provas e audiências ocorre da mesma forma que na ComissãoIDH, com a diferença de que na Corte as partes do processo passam a ser, de um lado o Estado-denunciado e de outro a Comissão. O processo tem duas fases, uma escrita outra oral. Na fase oral, os agentes do Estado, seus advogados ou conselheiros, apresentam o caso ao Presidente da Corte, podem também apresentar testemunhas e perícias. Todo procedimento é público, exceto se a Corte dispor o contrário. Quando a Corte decidir que houve violação a um direito ou liberdade protegido pela Convenção, determinará que se garanta ao prejudicado o gozo de seu direito ou liberdade violados. Poderá também, determinar que sejam reparadas as consequências da medida, mediante o pagamento de indenização à parte lesada. É importante ter-se claro de que a Corte não é um tribunal penal e não substitui as ações penais relativas às violações cometidas nos Estados, ela apenas julga se o Estado é ou não responsável por violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. As sentenças devem ser fundamentadas, admitindo-se a juntada de voto vencido. São definitivas e inapeláveis, contudo, havendo divergência quanto ao seu alcance, podem as partes pedir, no prazo de 90 dias, interpretação (esclarecimentos - análogo a embargos declaratórios). A sentença será lida em audiência pública depois de notificadas as partes, e será dado conhecimento a todos Estado-partes da Convenção. Havendo indenização 150 compensatória, a parte interessada poderá executar a sentença no seu respectivo país, pelo processo vigente para a execução de sentenças contra o Estado. No caso do um Estado não dar cumprimento às decisões da Corte: “de maneira especial e com as recomendações pertinentes”, em seu relatório anual, indicará o caso, e submeterá a consideração da Assembleia Geral da OEA.19 Como se observa, malgrado os inúmeros horrores cometidos, o século XX nos legou um direito internacional mais humanista, na medida em que foi concedendo uma maior proteção aos indivíduos e consequentemente um posicionamento mais central em suas preocupações e tutelas. Essa mudança foi vital para a afirmação dos Direitos Humanos, pois o indivíduo que sofre violação de algum desses direitos e liberdades e que tenha dificuldades de obter tutela de proteção ou reparação do seu próprio Estado, conta agora com sistemas internacionais de justiça, sendo um deles: o sistema interamericano de direitos humanos, e aqui nos referimos especificamente a uma corte internacional. É, sem dúvida, a evolução da humanidade, um grande avanço e uma garantia extra na proteção e na afirmação dos direitos humanos. Contudo, justamente por sua fenomenal importância, por entendermos que sua existência e atuação, é vital para a proteção dos direitos humanos, expressamos algumas angustias e preocupações: O Pacto de São José, expressa em seus artigos 61 a 65 a competência da Corte, isto é quais os casos em que ela poderá dizer o direito, no item 3 do artigo 61 está claro e expresso que “A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso, relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção, que lhe  19 Artigo 65 da Convenção 151 seja submetido, desde, obviamente, que os Estados-partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência….” É a convenção, portanto, quem dá o norte da matéria que poderá ser apreciada pela Corte, ou seja, sua competência está atrelada aos direitos e liberdades previstos na Convenção, assim como em seu Estatuto. Ao ratificar a convenção, e reconhecer a Corte, os Estados assumiram o compromisso de submeter-se a sua jurisdição para estes casos, (violações de direitos e liberdades estabelecidas no Pacto de São José). Veja-se o caso do Brasil: em 03 de Dezembro de 1998, o Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo número 89: “Aprova a solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do reconhecimento..........” A seguir, em 08 de novembro de 2002, o Poder Executivo, promulga do Decreto número 4.463, onde expressa que: Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo número 89, solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção. DECRETA: “É reconhecida como obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969, e para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998. (quando publicado o Decreto Legislativo) Ora, está claro que o Brasil, assim como os demais Estados, ao ratificarem a convenção e reconhecerem a competência da Corte, o 152 fizeram seguindo o disposto no artigo 61, item 3 da Convenção, isto é, para julgar violações de direitos e liberdades previstos na Convenção. Atualmente, levando em consideração alguns dos últimos casos que foram julgados pela Corte, é visível um movimento no sentido de alargar sua competência para matérias que, a priori, não estavam previstas quando da ratificação da mesma pelos Estadosmembros. O próprio site da Corte, expressava (recentemente alterado): “A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo que tem sede em San José, Costa Rica, cujo propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de Direitos Humanos”. Outros tratados¿ Ora, sua competência se restringe aos casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos. E mesmo na aplicação da Convenção. A Corte vem estendendo o rol de direitos justiçáveis perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E esta ampliação de sua competência passa a permitir a condenação dos Estados Partes pela violação dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Ocorre que estes direitos, previstos no Capítulo III da Convenção, referem-se a Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (não há nada sobre questões ambientais). Ali se projeta um desenvolvimento progressivo – aliás é o que diz expressamente o artigo 26 da Convenção: “Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.  255 liberdade sindical-, ratificou as convenções 98 e 154, que tratam de negociação coletiva de trabalho. Assim, com base nos fundamentos jurídicos acima expostos, a ideia do texto é examinar a Lei nº 13.467/2017, que trata da denominada Reforma Trabalhista, tendo sido publicada em 13 de julho. A fim de delimitar o tema, importante referir que a análise diz respeito aos artigos 611-A e 611-B, incluídos na Consolidação das Leis do Trabalho. A redação do artigo 611-A estabelece que a convenção coletiva e o acordo coletivo terão prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre determinadas matérias. Já o artigo 611-B trata do inverso, ou seja, arrola as matérias (direitos) que não podem ser reduzidos ou suprimidos por fazerem parte do rol de direitos fundamentais sociais trabalhistas, por serem considerados cláusulas pétreas da Constituição da República de 1988. O texto é fechado com conclusões que levam em consideração o momento atual do ponto de vista político, jurídico e social pelos quais atravessa o Brasil. Também é relevante reiterar que a análise se dá em relação a uma lei recentemente aprovada e publicada sem vetos, mas que se encontra em período de vacatio legis de cento e vinte dias. 1. Conflitos Coletivos de Trabalho Para Jean-Claude Javillier2, “os conflitos coletivos de trabalho e as negociações coletivas são inseparáveis”. Para ele, a negociação coletiva é o meio pelo qual empregadores e empregados, esses representados por sindicatos, estabelecem normas sobre as relações individuais de trabalho, sendo o único meio apto a efetivar a  2 JAVILLIER, Lean-Claude. Manual de Direito do Trabalho. Tradução de Rita Asdine Bozaciyan. São Paulo: LTr, 1988, p. 213 e 233.  256 consideração dos interesses dos trabalhadores empregados nos seus contratos de trabalho3. O espanhol Olea4 entende a negociação coletiva como composição de uma situação de conflito, pois, segundo ele, é através dela que se ajustam interesses tidos como antagônicos. O acordo, que surge de forma autônoma entre organizações de trabalhadores e empresas, pode ser facilmente alcançado pelos entes coletivos ou ser precedido de demonstrações de força, como a greve e o locaute. Para Martinez5, a negociação coletiva é “um procedimento por meio do qual dois ou mais sujeitos de interesses em conflito ou seus representantes, mediante uma série de contemporizações, cedem naquilo que lhes seja possível ou conveniente para o alcance dos resultados pretendidos”. Na visão da doutrina em geral, a ideia de conflito coletivo de trabalho confunde-se com a negociação coletiva de trabalho. Na prática, a segunda é consequência da primeira. Os conflitos de trabalho têm um divisor de águas. É da natureza humana que, aqueles que dão a sua força de trabalho para outrem, busquem sempre melhores condições de trabalho e de salário. Por outro lado, os que dispõem da atividade econômica visam lucro. Não há, em um caso e em outro, juízo de valor. Trata-se apenas de realidade oriunda da própria natureza humana. Na medida em que o trabalhador subordinado busque melhores condições de trabalho e o empregador, dono do empreendimento procure lucro, há  3 JAVILLIER, 1988. 4 OLEA, Manuel Alonso. Introducción al Derecho del Trabajo. 5 ed. Madrid: Civitas, 1994, p. 206. 5 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 882- 883.  257 um natural conflito de trabalho de ordem sociológica. Tal conflito é solucionado pelo contrato6. Esta é a linha divisória, já que os conflitos posteriores ao contrato têm natureza jurídica, ou seja, em regra se discutem cláusulas desrespeitadas ou cuja interpretação é divergente. Arouca7, por exemplo, vincula a noção de negociação coletiva mais à defesa de interesses do que à solução de conflitos. O autor reputa a negociação coletiva de trabalho como meio de defesa direta de interesses coletivos pela organização sindical de empregados ou empregadores, frisando que ela ocorre quando os entes sindicais se valem apenas da sua própria ação. Nesse sentido, conclusão favorável redundaria na convenção coletiva de trabalho. Inserem-se nesse contexto os conflitos de natureza econômica, já que, estabelecidos os parâmetros iniciais, a tendência é buscar sempre o melhor. Para Martins8 “os conflitos coletivos do trabalho podem ser econômicos ou de interesse e jurídicos ou de direito”. Os conflitos econômicos são aqueles nos quais os trabalhadores reivindicam novas condições de trabalho ou melhores salários. Já nos conflitos jurídicos tem-se por objeto apenas a declaração da existência ou inexistência de relação jurídica controvertida, como ocorre em dissídio coletivo em que se declara a legalidade ou ilegalidade da greve.”9 Para Brito Filho10 negociação coletiva é “o processo de entendimento entre empregados e empregadores visando à harmonização  6 No caso da relação individual, o contrato de trabalho; no caso das relações coletivas, as normas coletivas (acordo, convenção, sentença normativa ou laudo arbitral). 7 AROUCA, José Carlos. Curso Básico de Direito Sindical. 5 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 197. 8 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 709. 9 MARTINS, 2004, p. 709. 10 BRITO FILHO. José Claudio Monteiro de. Direito Sindical: Análise do modelo brasileiro de relações coletivas de trabalho à luz do Direito Comparado e da Doutrina da OIT – Proposta de inserção da Comissão de Empresa. 5 ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 152.  258 de interesses antagônicos com a finalidade de estabelecer normas e condições de trabalho”. Nascimento11, por sua vez, entende que: “[o] conflito não é apenas um fenômeno de dimensões sociológicas. É também um fato jurídico, estruturado em conjunto com instrumentos criados pela cultura jurídica dos povos, incluído nos sistemas de organização normativa da sociedade, indispensáveis para o equilíbrio da vida na sociedade e nas relações entre as pessoas e os grupos.” Assim, sendo o conflito de trabalho e, especialmente, o conflito coletivo de trabalho, um fato social e jurídico, é certo que existe por insatisfação, mas também é certo que existe com o objetivo fundamental de busca da paz social, o que se dá através dos instrumentos de solução previstos no ordenamento jurídico. 2. NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COMO DIREITO FUNDAMENTAL Como visto no item anterior, a ideia de conflito coletivo de trabalho acaba por se confundir com negociação coletiva de trabalho. O conflito originário, sociológico, tende a ser resolvido pela via negocial. As formas de solução ou de composição dos conflitos coletivos de trabalho são basicamente três, com suas subdivisões. Martins12 fala em autodefesa, autocomposição e heterocomposição.  11 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. 2 ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 253. 12 MARTINS, 2004, p. 710.  259 A autocomposição é a forma de solução dos conflitos trabalhistas realizada pelas próprias partes13. As fontes formais de Direito do Trabalho privilegiam a autocomposição14. É meio autocompositivo de solução dos conflitos coletivos de trabalho a negociação coletiva. O resultado da negociação pode ser a convenção coletiva de trabalho15 ou o acordo coletivo de trabalho16. A heterocomposição dos conflitos coletivos de trabalho surge ante o insucesso da negociação e pressupõe a participação de uma fonte suprapartes, com a prerrogativa de imposição da solução do conflito, à qual as partes deverão se submeter. São formas tradicionais de heterocomposição, a arbitragem17 e a jurisdição18. Cabe aqui registrar uma posição contrária à maioria da doutrina, que entende a mediação como forma heterocompositiva de solução dos conflitos coletivos de trabalho19. Nesse contexto, entende-se que a mediação seria uma forma híbrida entre autocomposição e heterocomposição dos conflitos. Ocorre que há a participação de um terceiro (em regra a autoridade regional do Ministério do Trabalho), mas não há imposição  13 MARTINS, 2004, p. 710. 14 É o caso da Constituição Federal, nos artigos 7º, XXVI; 8º, III e VI; 114, § 2º (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. DOU de 5.10.1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017).; e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos artigos 611, 611, § 1º, e 616. (BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017). 15 Art. 611, CLT (BRASIL, 1943). 16 Art. 611, § 1º, CLT (BRASIL, 1943). 17 Art. 114, § 2º, Constituição Federal (BRASIL, 1988); BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. 18 Art. 114, § 2º, Constituição Federal (BRASIL, 1988); Art. 856 a 875, da CLT (BRASIL, 1943); BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Instrução Normativa n. 4, de 8 de junho de 1993 (Cancelada pela Resolução n. 116, de 20 de março de 2003). Uniformiza o procedimento nos dissídios coletivos de natureza econômica no âmbito da Justiça do Trabalho. Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jun. 1993. Seção 1, p. 11807. 19 MARTINS, 2004, p.710.  260 obrigatória da solução apresentada pelo mediador, como ocorre na arbitragem e na jurisdição. Por fim, a autodefesa, como forma em que as próprias partes procedem à defesa dos seus interesses20. É dividida em greve21 e locaute22. As formas de solução dos conflitos coletivos de trabalho são levadas a efeito por meios legais que buscam o chamado fim normativo23. Na autocomposição, já foi referido que o meio utilizado é a negociação coletiva. Para Nascimento24, a negociação coletiva é característica do plurinormativismo do Direito, já que o seu resultado (convenção coletiva de trabalho) tem força de lei entre as partes. A Constituição da República de 1988, sétima brasileira, sexta republicana e quinta a arrolar direitos sociais trabalhistas, foi a primeira da história consitucional brasileira a inserí-los no âmbito dos direitos e garantias fundamentais25. O Título II é que trata dos direitos e garantias fundamentais. Neste título, o Capítulo II trata dos direitos sociais, sendo os direitos sociais trabalhistas encontrados no artigo 7º26. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria  20 MARTINS, 2004, p. 710. 21 Na forma do art. 2º, da Lei nº 7.783/1989, “greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador” (BRASIL. Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7783.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017). 22 “Paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados” (Art. 17, Lei 7.783/1989). O locaute é proibido no Brasil. 23 As normas coletivas (acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, sentenças normativas e laudos arbitrais são leis entre as partes). 24 NASCIMENTO, 2000, p. 267. 25 Constituição Federal (BRASIL, 1988). 26 STÜRMER, Gilberto. Direito Constitucional do Trabalho no Brasil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 27.  261 de sua condição social, entre outros, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos e trabalho, ou seja, o reconhecimento da negociação coletiva de trabalho.27 Segundo Mendes e Branco28, a Constituição brasileira de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos fundamentais: Já a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e quatro parágrafos (art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). Especificamente sobre os direitos fundamentais sociais trabalhistas, já reconhecidos, como visto acima, como cláusulas pétreas, dizem Mendes e Branco29: A Constituição contempla um leque bastante diferenciado de normas referentes aos chamados direitos sociais do trabalhador. Não são poucas as disposições  27 Art. 7º, XXVI, Constituição Federal (BRASIL, 1988). 28 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso De Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 671. 29 MENDES; BRANCO, 2011, p. 683.  262 que regulam as bases da relação contratual e fixam o estatuto básico do vínculo empregatício, conferindo destaque para situações especiais. É notório que a Constituição procurou estabelecer limites ao poder de conformação do legislador e dos próprios contratantes na conformação do contrato de trabalho. Nesse sentido, as garantias arroladas no artigo 7º. No que concerne à negociação coletiva de trabalho, esses autores consideram que, no caso do reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, o constituinte pretendeu explicitar um dever geral de proteção por parte do legislador. Referem que tal norma, assim como outras, contém diretrizes dirigidas primariamente ao legislador, ou a este e à Administração, com o objetivo de garantir a proteção necessária ao trabalhador no sentido de criar disciplina normativa apta ao reconhecimento e aplicação das convenções e acordos coletivos. Destacam, ainda, que: “(...) não se pode falar em um direito subjetivo em face do empregador, mas mais precisamente, de deveres de proteção que devem ser satisfeitos e implementados pelo legislador e pela administração. É possível que tais deveres estarão a reclamar continuamente normas de organização e procedimento.”30 Tal circunstância denota que devem haver ajustes de acordo com a necessidade social do momento. É possível, portanto, alterar as regras que regulam as relações de trabalho e de emprego, preservando-se o caráter de cláusulas pétreas dos direitos arrolados no artigo 7º da Constituição.  30 MENDES; BRANCO, 2011, p. 684-685.  263 No contexto da dignidade da pessoa humana, também os direitos fundamentais têm papel essencial, entre os quais os direitos sociais trabalhistas, com ênfase na organização sindical e na negociação coletiva de trabalho. Este é o pensamento de Sarlet31: Também os assim denominados direitos sociais, econômicos e culturais, seja na condição de direitos de defesa (negativos), seja na sua dimensão prestacional (atuando como direitos positivos), constituem exigência e concretização da diginidade da pessoa humana. O reconhecimento jurídico-constitucional da liberdade de greve e de associação e organização sindical, jornada de trabalho razoável, direito ao repouso, bem como as proibições de discriminação nas relações trabalhistas (e aqui fixamo-nos nos exemplos mais conhecidos) foi resultado das reivindicações das classes trabalhadoras. Sobre negociação coletiva, já na primeira metade do século XX, Carnelutti32 abordava a sua construção e origem: Il regolamento collettivo, norma o sistema di norme che disciplinano tutti i rapporti di lavoro compresi in uma data categoria, nasce da uno di questi tre fatti: il contratto (colettivo), la ordinanza (corporativa), la sentenza (del magistrato di lavoro). Queste sono pertanto le sue fonti, come la legge (meglio forse l´atto legislativo) e la consuetudine sono nell´ordine vigente, le fonti della norma giuridica vera e propria. Quando si dice che el regolamento giuridico nasce dal contratto, dalla ordinanza o dalla sentenza e, allo  31 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 92. 32 CARNELUTTI, Francesco. Teoria del Regolamento Collettivo dei Rapporti di Lavoro. 7º migliaio. Milan: Padova, 1936, 136.  264 stesso modo, che na norma giuridica nasce dall´attto legislativo o dall´uso, i quali perciò ne constituiscono le fonti, si parla in modo figurato. In realtà il regolamente collettivo no è se non la espressione della efficacia che a questi fatti riconosce l´ordine giuridico, come la norma giuridica è l´espressione della eficacia che altre norme superiori, o, al sommo, la conscienza comune attribniscono agli altri fatti ora ricordati. Com la stessa figura si dice che la luce sorge dalla lampada o l´ombra del corpo opaco. Fonte del regolamento collettivo è dunque il fatto, a cui la legge attribuise la efficacia caratteristica di quel regolamento. A negociação coletiva de trabalho e a fonte formal dela decorrente – convenção coletiva de trabalho - têm uma base conceitual equânime na doutrina internacional. Por outro lado, verifica-se que, a par do fato de ser a negociação coletiva de trabalho um direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, a sua estrutura é moldada no Brasil e em outros ordenamentos jurídicos, de modo a inserí-la no contexto social, econômico e contemporâneo das necessidades sociais. Isto, por si só, evidencia a necessidade de adaptação do direito à realidade social. De outra parte, é importante salientar o fato de que, nas relações coletivas de trabalho previstas no sistema constitucional brasileiro, a representação da categoria profissional (empregados) se dá, obrigatoriamente, pela entidade sindical33. Este fato afasta a hipossuficiência dos empregados no âmbito coletivo. Entende-se como uma forma de aplicação do princípio da proteção (que é um  33 Art. 8º, VI – é obrigatória a participação dos sindicatos na negociação coletiva de trabalho (BRASIL, 1988).  271 sindicatos convenentes. O parágrafo primeiro, do artigo 611 da CLT, dispõe que: §1º. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho59. Assim, em menor escala, o sindicato dos trabalhadores poderá negociar com uma ou mais empresas, para estipular regras aplicáveis às relações de trabalho naquelas empresas. Apesar de posições em contrário, entende-se que o dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, já que o artigo 7º, inciso XXVI da Constituição reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho60. Assim, quando o artigo 8º, inciso VI, determina ser obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, é certo estar se referindo ao sindicato dos trabalhadores (categoria profissional)61. O artigo 616, da CLT, determina que “os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva, que visa a convenção ou o acordo coletivo de trabalho. Registre-se, ainda, que nos termos do artigo 620, da CLT, as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Isto porque, sendo especial, em regra o acordo prevalece sobre a convenção. Todavia,  59 §1º do Art. 611, CLT (BRASIL, 1943). 60 Art. 7º, XXVI, Constituição Federal (BRASIL, 1988). 61 Art. 8º, inciso VI, Constituição Federal (BRASIL, 1988). Ver STÜRMER, 2007, p. 67 e seguintes.  272 em face do princípio protetor, no Direito do Trabalho vige a regra da norma mais favorável ao trabalhador, o que explica a regra prevista no artigo 620 da CLT62. O sistema sindical brasileiro desenvolveu-se sob os nefastos mantos do corporativismo e do intervencionismo. Embora signatário da OIT desde a sua criação em 1919, o Brasil não recepcionou a principal Convenção da entidade, qual seja, a de nº 87, publicada em 1948 e que dispõe sobre liberdade sindical63. Foi somente com a promulgação da atual Constituição Federal, em 05 de outubro de 1988, que alguma luz de liberdade sindical surgiu no horizonte.64 O artigo 8º da Constituição Federal dispõe que é livre a associação profissional ou sindical e determina que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical65. Ocorre que o sindicalismo nacional ainda sofre com o intervencionismo e com a ausência de liberdade plena. Os traços marcantes são os seguintes66: unicidade sindical: segundo o artigo 8º, II, da Constituição Federal67. A alternativa, através de emenda constitucional, seria o pluralismo ou até a unidade sindical, onde os sindicatos se unem sem imposição estatal.  62 Art. 620, CLT (BRASIL, 1943). Ver RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p. 53. 63 Convenção da entidade, qual seja, a de nº 87, publicada em 1948 64 BRASIL, 1988. Ver STÜRMER, 2007, p. 67 e seguintes. 65 Art. 8º, caput e inciso I, Constituição Federal (BRASIL, 1988). 66 STÜRMER, 2007, p. 67 e seguintes. 67 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; (...) (BRASIL, 1988)  273 enquadramento sindical por categoria: segundo o artigo 570 e seguintes da CLT, o enquadramento sindical no Brasil se dá por categoria idêntica, similar ou conexa68, o que quer dizer que um trabalhador ou um e* mpregador que exercem determinada atividade (por exemplo, ramo metalúrgico), não podem ser representado por outro sindicato que, por ventura, lhes seja mais representativo69. Alteração legislativa, em conjunto com as modificações constitucionais acima citadas, resolveria a questão. contribuição sindical compulsória: prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT, existe desde 1940 e fere de morte o princípio da liberdade sindical e também a regra constitucional que diz que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato70. Os trabalhadores, os autônomos, os profissionais liberais e os empregadores são obrigados a contribuírem para o sistema sindical71. Tal circunstância, além de ser contrária à liberdade, faz com que se mantenham sindicatos que não são representativos, quando não verdadeiros fantasmas. A modificação depende de alteração na lei, mas, mais do que isso, depende da superação do lobismo, do conservadorismo, do corporativismo e do intervencionismo que emperram o sindicalismo no Brasil.  68 Nos termos do parágrafo único, do artigo 570, da CLT, “quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do quadro de atividades ou profissões.” (BRASIL, 1943) 69 Por tal circunstância entende-se que, salvo exceções, o Capítulo II, do Título V, da CLT, que trata do enquadramento sindical e abrange os artigos 570 a 577, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1943). 70 Art. 8º, V, da Constituição Federal. (BRASIL, 1988) 71 Art. 580 e incisos, da CLT. (BRASIL, 1943)  274 efetivo exercício do direito de greve: a Constituição Federal prevê o direito nos artigos 9º (trabalhadores privados) e 37, VII (servidores públicos). Os servidores públicos ainda não têm legislação que regulamente o direito. Os trabalhadores privados têm o seu direito de greve regulado pela Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989,72 mas a liberdade ao exercício do direito ainda é muito reprimida. O que não se pode olvidar é que, mais do que um fato jurídico, a greve é um fato social. Estes são alguns exemplos da ausência de liberdade sindical no Brasil. Entende-se que a Emenda Constitucional nº 45/2004 deu uma oportunidade jurídica impar para o advento da liberdade sindical no Brasil73. O novo parágrafo 3º, do artigo 5º, dispõe que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais74. A Convenção 87 da OIT que trata de liberdade sindical75 é, de fato, um tratado sobre direitos humanos. Havendo vontade política para superar a questão formal, o status de emenda constitucional abriria as portas para o pluralismo sindical, o fim do enquadramento, da contribuição compulsória e do poder normativo76. Para finalizar, propõe-se um conceito de liberdade sindical, onde efetivamente não há lugar para a unicidade sindical, o  72 Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989 (BRASIL, 1989). 73 BRASIL. Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. 74 Ver STÜRMER, Gilberto. A Liberdade Sindical na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e sua relação com a Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 64-65. 75 OIT, 1948. 76 STÜRMER, 2007, p. 67 e seguintes.  275 enquadramento sindical, a contribuição compulsória e o poder normativo da Justiça do Trabalho77: direito de trabalhadores, entendidos como tal empregados, empregadores, autônomos e profissionais liberais, de livremente constituírem e desconstituírem sindicatos; de individualmente ingressarem e saírem dos sindicatos conforme seus interesses e sem limites decorrentes da profissão à qual pertençam; de livremente administrarem as organizações sindicais, constituírem órgãos superiores e de associarem-se a órgãos internacionais; de livremente negociarem sem qualquer interferência do Poder Público (executivo, legislativo ou judiciário); e de livremente exercerem o direito de greve, observadas as formalidades legais; tudo isso sem limitação de base territorial e num regime de pluralismo, sendo o sistema financiado única e exclusivamente pelas contribuições espontâneas por eles mesmos fixadas. Não há dúvida, portanto, que a constante busca pela efetivação dos direitos sociais previstos na Constituição da República de 1988, mais especificamente nos seus artigos 7º e 8º, passa no Brasil, necessária e obrigatoriamente pela implantação da liberdade sindical. O espaço para negociação coletiva deve ser ampliado. Este é, de fato, um grande mérito da proposta de reforma trabalhista. Discorda-se da expressão “negociado X legislado”, muito utilizada na mídia. Não é disso que se trata. A Constituição da República, no seu núcleo fundamental, permanecerá incólume. A própria legislação infranconstitucional será o estatuto jurídico das categorias que não negociarem.  77 STÜRMER, 2007, p. 60-61.  276 4. CONCLUSÃO Examinaram-se os conflitos coletivos de trabalho, suas definições a partir da proposta conceitual de autores eleitos como base teórica. Também se destacou a ligação do conflito com as suas formas de solução, especialmente a autocompositiva negociação coletiva de trabalho. No ordenamento jurídico brasileiro atual, a negociação coletiva de trabalho está no rol dos direitos fundamentais sociais trabalhistas. Assim, portanto, a negociação coletiva de trabalho é um direito fundamental da classe trabalhadora. Este direito não altera o fato de que há direitos que não podem ser objeto de negociação coletiva por se tratarem de clásulas pétreas. Os conflitos coletivos de trabalho têm origem sociológica antes de jurídica. O sistema legal brasileiro privilegia a negociação coletiva de trabalho como meio de solução dos conflitos e as convenções e acordos coletivos de trabalho como resultado da autocomposição. No âmbito internacional, o Brasil ratificou as convenções 98 e 154 da OIT, privilegiando a negociação coletiva de trabalho como direito. Infelizmente o mesmo não ocorreu com a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que pavimenta o caminho para a liberdade sindical. Para melhor aproveitamento da negociação coletiva no sistema brasileiro, deve ser implantada a liberdade sindical plena, recepcionando a Convenção 87 da OIT, e estabelecendo o pluralismo sindical, o enquadramento sindical livre, o fim da contribuição  277 sindical compulsória, a abertura ao direito constitucional de greve e a efetiva extinção do poder normativo da Justiça do Trabalho. A adoção da Convenção 87 da OIT, que é um tratado internacional de direitos humanos, deveria se dar através do instrumento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda nº 45/2004. Nesse contexto, certamente seria aberto um caminho de implantação efetiva dos direitos sociais preconizados pela Carta. A proposta do texto, por outro lado, em uma ideia de delimitação do tema, foi, a partir das discussões e bases teóricas iniciais – conflito coletivo de trabalho, negociação coletiva de trabalho como direito fundamental e exame das normas internacionais sobre negociação coletiva de trabalho, examinar o contexto da sistemática no Brasil. O importante é focar nas possibilidades de que a negociação coletiva de trabalho, como direito fundamental dos trabalhadores que é, abrir horizontes a fim de adaptar o Direito do Trabalho ao mundo real. Ao contrário do que muitos pregam, não há falar em fim do Direito do Trabalho ou em acabar com a CLT. O que a reforma pretende, sim, é inserir o Direito do Trabalho ao mundo do trabalho contemporâneo, já que o direito sempre corre arás do fato social. Assim como a lei, os textos científicos devem guardar relação com a realidade, sob pena de não serem reconhecidos por ela. O que se pretendeu aqui, foi demonstrar que a negociação coletiva de trabalho, direito fundamental existente desde a origem da atual Constituição, tem espaço para se adaptar às novas realidades que  278 se apresentam e que impõem uma análise e um reconhecimento aberto, quer pelo intérprete, quer pelos atores sociais. 5. REFERÊNCIAS AROUCA, José Carlos. Curso Básico de Direito Sindical. 5 ed. São Paulo: LTr, 2016. BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei nº 13.467/2017. Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076>. Acesso em: 14 jul 2017. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. DOU de 5.10.1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Decreto nº 33.196, de 29 de junho de 1953. Promulga a Convenção relativa à Aplicação dos Princípios do Direito de Organização e de Negociação Coletiva, adotada em Genebra, a 1º de julho de 1949. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-33196-29-junho-1953-337486-norma- pe.html>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Decreto nº 1.256, de 29 de setembro de 1994. Promulga a Convenção nº 154, da Organização Internacional do Trabalho, sobre o Incentivo à Negociação Coletiva, concluída em Genebra, em 19 de junho de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1256.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em:  279 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017 BRASIL. Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7783.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 277 do TST. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SUM-277>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Instrução Normativa n. 4, de 8 de junho de 1993 (Cancelada pela Resolução n. 116, de 20 de março de 2003). Uniformiza o procedimento nos dissídios coletivos de natureza econômica no âmbito da Justiça do Trabalho. Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 jun. 1993. Seção 1, p. 11807. BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2017 - Reforma Trabalhista. Disponível em:  280 <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129049>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 590415 - Recurso Extraordinário. Relator Ministro Roberto Barroso. Acordão publicado no DJE 29/05/2015, Ata nº 78/2015. Brasília: DJE nº 101, divulgado em 28/05/2015. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2629027>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 895759 - Recurso Extraordinário. Relator Ministro Teori Zavascki. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2629027>. Acesso em: 10 abr. 2017. BRITO FILHO. José Claudio Monteiro de. Direito Sindical: Análise do modelo brasileiro de relações coletivas de trabalho à luz do Direito Comparado e da Doutrina da OIT – Proposta de inserção da Comissão de Empresa. 5 ed. São Paulo: LTr, 2015. CARNELUTTI, Francesco. Teoria del Regolamento Collettivo dei Rapporti di Lavoro. 7º migliaio. Milan: Padova, 1936. JAVILLIER, Lean-Claude. Manual de Direito do Trabalho. Tradução de Rita Asdine Bozaciyan. São Paulo: LTr, 1988. MARTINS, Sergio Pinto. 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LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA Y LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PREFERENTE Este sintético análisis puede comenzar adelantando que es prácticamente coincidente la doctrina que afirma que el tratamiento constitucional a la igualdad (originariamente art. 15 y especialmente art. 16 de la Constitución Argentina de 1853/60), ha sido considerablemente ampliado y enriquecido en los últimos años con los aportes de los arts. 14 bis (1957), y los arts. 37, 43, 75, inc. 17, 19 y 23 (1994)8. Debemos agregar los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, incorporados con jerarquía constitucional, que han contribuido significativamente a reforzar el plexo normativo en materia de tutela de este principio/derecho fundamental del constitucionalismo9. Establece el art. 75 (inc. 23) que: corresponde al Congreso… “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en  7 “La situación ha afectado de forma desproporcionada a las regiones con unos sistemas sanitarios más frágiles, con grandes bolsas de población vulnerable y con unos contextos socioeconómicos que dificultan las medidas de confinamiento. Tal es el caso de América Latina, una región de 650 millones de personas en la que el coronavirus está exacerbando las desigualdades existentes y ensañándose con las personas y las comunidades que vienen padeciendo vulnerabilidades desde hace mucho tiempo, como las mujeres, las personas migrantes y las comunidades indígenas”. Instituto de Salud Global Barcelona. www.isglobal.org. 8 MEDINA, Graciela: “Vulnerabilidad, control de constitucionalidad y reglas de prueba”. Revista LA LEY, 2016-F. 9 Por ej.: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 2); Declaración Universal de DD. HH. (Arts. 1º y 7); Convención Americana sobre DD. HH. (Arts. 1.1., 1.2, 24); Pacto I. de DESC (Arts. 2.2, 3); Pacto I. de D. Civiles y Políticos (Arts. 2.1, 3, 24, 26, 27).  288 particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”. El constitucionalismo social postula, a grandes rasgos, que el Estado no debe permanecer impasible esperando que el mercado sea quien genere condiciones de igualdad real. Debe abandonar su rol abstencionista e indiferente, y comprometerse activamente para remover los obstáculos estructurales de carácter económico, cultural y social que impiden el efectivo goce de los derechos. Se asume entonces la convicción de que sin igualación de las condiciones sociales de existencia, la pretendida igualdad ante la ley es utópica y/o engañosa10. El principio de igualdad se vio fortalecido a partir de 1994. A través del citado art. 75 inc. 23 la CN promueve la implementación de medidas de acción positiva que deben atender preferentemente la situación de grupos identificados como especialmente sensibles y desaventajados, destinatarios de acciones que promuevan una mayor posibilidad de goce y ejercicio de derechos fundamentales. Consideramos pertinente recurrir a un importante sector de la doctrina que, en los últimos años, ha comenzado a proponer la necesidad de un análisis, interpretación y aplicación de la igualdad con una mirada estructural y no solamente la óptica individual como venía prevaleciendo. Para SABA, la visión estructural se incorporó con el objetivo de comenzar a dar respuestas a la falta de acceso a derechos que padecen muchos grupos de personas debido a una práctica social compleja y sistemática, cargada de prejuicios y creencias, que desplaza a mujeres, personas con discapacidad, indígenas u otros  10 ROSATTI, Horacio: “Tratado de Derecho Constitucional”. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, págs. 169 y ss.  289 grupos excluyéndolos de empleos, funciones, actividades, espacios, servicios, etc.11. El autor propone distinguir entre la idea tradicional de igualdad como no-discriminación y la igualdad como no-sometimiento. Consiste en la incorporación de una nueva estrategia, complementaria al ideal constitucional de igualdad, que permite la posibilidad de que el Estado realice distinciones y justifique la adopción de medidas tendientes a la búsqueda de una igualdad estructural, evitando la conformación o consolidación de grupos que excluyen sistemáticamente a otros impidiendo el goce y ejercicio de sus derechos. Las dos miradas no se excluyen; todo lo contrario, se necesitan y, de algún modo, se complementan y monitorean una a la otra. A nosotros nos interesa concentrarnos, en esta oportunidad, en la estrategia que aconseja preocuparse por la desigualdad estructural y la subordinación sistémica que se advierte de determinados grupos en situación de vulnerabilidad en nuestra sociedad, para observar además el alto nivel de impacto sufrido por algunos de estos sectores en tiempos de pandemia. Y es el modelo que, como venimos mostrando, se ha pretendido plasmar en 199412. El Estado, y los particulares, deberán evitar que por acciones u omisiones se consoliden o acentúen estas situaciones de subordinación y, además, deberán implementarse medidas que garanticen la disminución de las desigualdades. Para GROSMAN, la igualdad real de oportunidades que contempló la CN a partir de la reforma es la igualdad estructural de oportunidades. Presta atención a la estructura social y aspira a modificarla mediante la provisión de beneficios sociales financiados con  11 SABA, Roberto: “Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?”. Siglo veintiuno. Bs. As. 2016. 12 SALERNO, Gonzalo: “Constitución de la Nación Argentina. A 25 años de la reforma de 1994. Evolución doctrinal y jurisprudencial”. Coord. MANILI, Pablo. Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Hammurabi, Buenos Aires, 2019.  290 fondos públicos13. Más que una faceta de la igualdad antidiscriminatoria, o una idea complementaria, para el autor es un paradigma más amplio y superador14. Es un ideal social y colectivo de desarrollo humano, un mandato que fue incorporado en 199415. El Estado se propone no mantenerse neutral e indiferente ante la vulneración de derechos de las minorías desaventajadas. No debiera contentarse con ofrecer igualdad de oportunidades en el punto de partida sin prestar atención a los resultados que luego se obtienen y, por tanto, al mayor o menor aprovechamiento de esas oportunidades supuestamente garantizadas al inicio. Deberá procurar una mirada más social del fenómeno discriminatorio, con su complejidad, que se armonice con los demás ideales constitucionales y que acompañe al sector de atención prioritaria hacia la satisfacción de sus necesidades16. En este sentido, considera CAYUSO que la norma que estamos analizando introdujo el concepto jurídico indeterminado de igualdad real de oportunidades con la meta u objetivo de alcanzar la igualdad fáctica considerada, de tal modo, un fin constitucionalmente legítimo. Reconoce al Estado como sujeto obligado a su implementación17. Para FREEDMAN, según el esquema de tutela de la igualdad luego de la reforma de 1994, debe garantizarse que los grupos desaventajados accedan de igual manera a la educación, a la enseñanza, al  13 HOLMES – SUNSTEIN: “El costo de los derechos”. Siglo veintiuno, Bs. As., 2011. 14 GROSMAN, Lucas S.: “Escasez e Igualdad. Los derechos sociales en la Constitución”. LIBRARIA, Bs. As., 2008, pág. 79. 15 ABRAMOVICH, Víctor – COURTIS, Christian: “Los derechos sociales como derechos exigibles”, Ed. Trotta, Madrid, 2014. 16 ROSSETTI, Andrés – ÁLVAREZ Magdalena: “Derecho a la igualdad. Un análisis desde el método de casos”. Advocatus, Córdoba, 2010. 17 CAYUSO, Susana en SABSAY, Daniel A.: “Tratado Jurisprudencial y doctrinario”. LA LEY, 2010, Tomo I, Págs. 489 y ss.  291 ejercicio de la función pública, a los cargos electivos, y participen de forma igual en las cuestiones públicas18. Reafirma MAURINO la valoración que venimos haciendo del cambio cualitativo consagrado en nuestra Carta Magna, en 1994. Destaca, por un lado, la incorporación explícita de la igualdad de oportunidades como valor constitucional y la correlativa habilitación de las acciones afirmativas como medidas legítimas para neutralizar y rectificar situaciones, prácticas o patrones de desigualdad. Por el otro, la asignación de jerarquía constitucional a los Tratados de DD.HH.19 y la inclusión de una vía procesal específica, como el amparo colectivo, para la tutela antidiscriminatoria20. De la misma manera, el sistema interamericano no sólo propone una noción formal de igualdad, limitada a exigir criterios de distinción objetivos y razonables y, por lo tanto, a prohibir diferencias de trato irrazonables, caprichosas o arbitrarias, sino que avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas afirmativas de equiparación. La CIDH ha sostenido que, de acuerdo con la normativa interamericana para garantizar la igualdad y el principio de no discriminación, los Estados están en la obligación de adoptar medidas de  18 FREEDMAN, Diego en: “La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino”. ALONSO REGUEIRA, Enrique, (Director). LA LEY. Bs. As. 2013. 19 Además de las cláusulas antidiscriminatorias en tratados generales de DD.HH. -que referimos- podemos destacar también aquellos instrumentos específicos, dedicados a la protección de grupos sociales que -por distintos motivoshan requerido una protección reforzada que vaya más allá de la enunciación genérica de la prohibición de discriminación. Por ej.: la Convención sobre la eliminación de discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para la Eliminación de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana de protección de los adultos mayores. ABRAMOVICH, Víctor – COURTIS, Christian: “Los derechos sociales como derechos exigibles”, Ed. Trotta, Madrid, 2014. 20 MAURINO, Gustavo: “Pobreza y discriminación: la protección constitucional para los más humildes”, en “El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario”. ALEGRE y GARGARELLA (coord.). Lexis Nexis, Bs. As., 2007.  292 acción afirmativa y de establecer distinciones basadas en desigualdades de hecho para la protección de quienes deben ser protegidos. Caso contrario, la omisión de medidas positivas para revertir o cambiar las situaciones discriminatorias, de iure o de facto, en perjuicio de determinado grupo de personas, genera la responsabilidad del Estado21. Ya veremos reforzado este mandato de actuación positiva con respecto a los sectores más perjudicados por la pandemia. 3. VULNERABILIDAD AGRAVADA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Sabemos que la vulnerabilidad se relaciona con la situación o condición de las personas que le impide gozar y ejercer sus derechos humanos en un pie de igualdad con otras. A su vez, la pertenencia a grupos históricamente discriminados o desaventajados le debiera asignar un estatus que correspondería considerarse preferencial o prioritario al momento de la sanción de las normas, la definición y ejecución de políticas públicas y las decisiones judiciales. Los obstáculos que deben enfrentar cotidianamente las personas, grupos y colectividades que viven en situación de pobreza se amalgaman entre sí, generando: condiciones de trabajo degradantes y peligrosas; viviendas insalubres; alimentación inadecuada; enfermedades; etc. Todos estos factores repercuten gravemente en el goce efectivo de los derechos22.  21 La CIDH ha analizado situaciones de discriminación estructural y ha señalado que: “los principios generales de no discriminación e igualdad” reflejados en los artículos 1 y 24 de la Convención Americana requieren la “adopción de medidas destinadas a superar las desigualdades en la distribución interna y las oportunidades”. Por su parte, la Corte Interamericana ha interpretado que los Estados deben adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas”. 22 Aunque las personas que viven en la extrema pobreza no pueden reducirse simplemente a una lista de grupos vulnerables, la discriminación y la exclusión figuran entre las principales causas y consecuencias de la pobreza. Las personas que viven en la pobreza sufren a   293 Estas limitaciones se agravan cuando existe acumulación o intersección de situaciones de vulnerabilidad, en el caso de grupos históricamente discriminados como mujeres, niños, indígenas, migrantes, afrodescendientes, personas con discapacidad, colectivo LGBTIQ+, entre otros, sumada la condición de pobreza23. Todos estos factores se evidenciaron, como ya dijimos, notablemente profundizados en estos tiempos de pandemia. Las circunstancias de vulnerabilidad se vieron agravadas y los grupos desfavorecidos sufrieron desproporcionadamente los efectos lesivos de este fenómeno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció oportunamente: “La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto  menudo desventajas y discriminación basadas en la raza, el sexo, la edad, la etnia, la religión, el idioma y otras condiciones. Las mujeres suelen tropezar con mayores dificultades para obtener acceso a ingresos, bienes y servicios, y son particularmente vulnerables a la extrema pobreza, al igual que otros grupos, tales como los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, las minorías, las personas que viven con el VIH/SIDA y los pueblos indígenas. Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos, 27 de septiembre de 2012, Resolución 21/11. 23 CIDH: Informe sobre pobreza 2017. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf.  294 socioeconómico del COVID-19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad”24. En este sentido ya se había expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia”25. Excede el marco del presente trabajo realizar un pormenorizado desarrollo de cada uno de los grupos vulnerables especialmente afectados por la pandemia, y que merecen una atención o tratamiento prioritario. Solamente podemos ofrecer en esta oportunidad una breve descripción y caracterización de algunos de ellos. Así, con respecto a las mujeres podemos advertir con gran preocupación que, en tiempos de pandemia y de máximas restricciones a la movilidad de las personas, se produjo en contexto de aislamiento un significativo y dramático aumento de la violencia de género en todas sus manifestaciones, femicidios,  24 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 4/2020. Derechos Humanos de las personas con COVID-19. Julio de 2020) 25 Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20. Abril 2020.  295 abusos sexuales, violencia familiar contra mujeres, niñas y adolescentes26. La carencia o disminución de mecanismos de denuncia, de protección, o de instancias procesales pertinentes provocó que esta situación fuera más crítica todavía. Por otra parte, se evidenció un marcado aumento de la carga de trabajo en el hogar por parte de la mujer, por lo tanto la pandemia agravó aún más el reparto desigual de tareas no remuneradas en casa27. Además, las situaciones de precariedad laboral e informalidad repercutieron en millones de personas, afectando en mayor medida a mujeres28. En definitiva, la pandemia ha provocado un lamentable agravamiento de la desigualdad estructural de la mujer, con todas sus consecuencias29. Asimismo, la población migrante, refugiada, desplazada y apátrida de la región también padeció una grave multiplicación de sus vulnerabilidades en el contexto de la pandemia. Se enfrentaron a serias dificultades o carencia absoluta de acceso a servicios médicos  26 En contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. El impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar una pareja violenta así como mayor riesgo de explotación sexual. Oficina Regional de ONU - Mujeres para las Américas y el Caribe. https://lac.unwomen.org/es 27 “Con la irrupción de COVID–19, la limitación de la vida cotidiana a la esfera doméstica, sumado a la suspensión de las clases presenciales, el cierre de todos los espacios de crianza, enseñanza y cuidado y la necesidad de atender a las personas mayores obligó a las familias resolver una carga de cuidado duplicada. Esta carga afecta especialmente a las familias de bajos ingresos por la tenencia de niñas/os pero también porque sus configuraciones presentan una menor posibilidad de resolver estas tensiones (por ejemplo, los hogares monomarentales). Dado que las responsabilidades de cuidado recaen de forma casi exclusiva sobre las mujeres, este incremento amenaza con exacerbar las desigualdades de género”. CIPPEC. https://www.cippec.org/textual/radiografia-de-la-pobreza-quienes-son- los-mas-afectados-por-la-crisis-de-la-pandemia/ 28 CIPPEC. https://www.cippec.org/textual/radiografia-de-la-pobreza-quienes-son-los- mas-afectados-por-la-crisis-de-la-pandemia/ 29 “Los Derechos de las Mujeres en la región en épocas de COVID-19: Recomendaciones para promover políticas con justicia de género”. https://equis.org.mx/projects/derechosde-mujeres-region-en-epocas-covid19/  296 de todo tipo. Fueron y son víctimas de situaciones de inseguridad, hacinamiento, falta de acceso a agua, saneamiento e higiene o el mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género, entre otras amenazas, en los campamentos o asentamientos precarios donde tuvieron que permanecer muchos meses. La pandemia significó el empeoramiento de las condiciones de vulnerabilidad a las que se encuentran expuestas las personas migrantes, la atención a la salud se enfocó en los nacionales limitando el acceso de servicios primarios y vacunación a los extranjeros y se incrementaron los discursos xenófobos que señalaron a las personas migrantes como responsables del ingreso y contagio del virus. La crisis económica implicó la pérdida de empleos y aumento de los índices de pobreza, precarizando el acceso a recursos esenciales de alimentos y medicación. Por otro lado, la paralización del sistema judicial y administrativo conllevó al retraso de los procesos legales de deportación generando detenciones indefinidas y vulnerando garantías procesales30. El desplazamiento humano en los últimos años se caracteriza por ser involuntario y multicausal, es por ello que las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras impuesto por los Estados a raíz de la pandemia no detuvieron ni detienen los flujos migratorios. Las medidas estatales que prohíben o condicionan el ingreso al territorio, tales como la exigencia de presentar carnet de vacunación completo con determinados tipos de vacunas, implican necesariamente que las personas no vacunadas o que recibieron dosis no aceptadas por el país de destino, ingresen en condiciones de irregularidad y se encuentren expuestas a mayores precariedades.  30 CEPAL (2020), Los efectos del COVID 19: una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46353/S2000618_es.pdf?sequence=4&isA- llowed=y  303 •GIL DOMÍNGUEZ, Andrés: “Neoconstitucionalismo y derechos colectivos”, Ediar, Bs. As., 2005. •GROSMAN, Lucas S.: “Escasez e Igualdad. Los derechos sociales en la Constitución”. LIBRARIA, Bs. As., 2008. •HOLMES – SUNSTEIN: “El costo de los derechos”. Siglo veintiuno, Bs. As., 2011. •INADI – APDH: “Discriminación. 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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO El término “sostenibilidad1” se ha consolidado y desarrollado desde 1972 hasta la segunda década del siglo XXI. Inicialmente, enfocado a la integración del medio ambiente en la economía y extendiéndose cada vez más hacia su inclusión tanto en al ámbito económico como en el social. Han transcurrido ya más de veinte años desde la publicación del Informe Brundtland de Desarrollo Sostenible2 y desde la celebración en Rio de Janeiro por Organización de Naciones Unidas de la Cumbre de la Tierra en 1992 y en junio de 2012; con la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o Río+20. Cumbre en  1 Para la RAE, sostenibilidad es calidad de sostenible, término que define como: “Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”. 2 Es conocido como Informe Brundtland al Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: "Nuestro futuro común", emitido el 4 de agosto de 1978. El nombre lo recibe de la presidenta de la esta Comisión la noruega Gro Harlem Brundtland. Disponible en: http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD- Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf. Última visita 2/12/2019.  306 la que se concluyeron lo insuficientes que fueron los progresos alcanzados, los desiguales avances desde Rio 92 y se analizó el impacto de las distintas crisis actuales en los países desarrollados. Finalmente, el debate se centró en la economía verde y se comenzaría a dar un impulso al desarrollo sostenible con base en un marco institucional fortalecido, que garantizaría la coherencia y coordinación de las actuaciones sin duplicidades. Con anterioridad a la Cumbre Rio+20, en 1999, la Unión Europea ya se había planteado la Estrategia Comunitaria de Desarrollo Sostenible, que fue revisada en los años 2001, 2006 y 2007. Año de la aprobación, en noviembre de 2007, de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. A partir de estas fechas, tanto el contexto económico como el social ha variado significativamente, porque la realidad económica ha evolucionado a una rapidez muy superior a la realidad social y política frenada por la crisis económica y financiera iniciada en el año 2008; así como la ambiental y endémica3, factor que ha puesto de manifiesto la debilidad de la economía europea y la española. Todos estos factores originan la aparición de la Agenda 2030 como conjunto de medidas a alcanzar en un plazo de quince años y adoptadas por los líderes de los Estados del mundo con objetivos globales muy claros: “erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”. Siendo requisito imprescindible para la eficacia de la propuesta de la Agenda que todos los sectores estén implicados: “los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted”4. En esta Agenda 2030 se incorporan diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Fin de la pobreza. Hambre cero. Salud y  3 Jiménez Beltrán, D; Jiménez Herrero, L. M. y de la Cruz Leiva, J. L. (2017): “Claves para un nuevo modelo productivo sostenible”. Belén Sánchez, A. (coord.): Informe sobre sostenibilidad en España 2016. Madrid, Fundación Alternativas, pp. 10-18. 4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  307 bienestar. Educación de calidad. Igualdad de género. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsables. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos. En octubre de 2018, la Fundación EU-LAC publica5 que de los 17 ODS, solo seis tienen relación directa con la Economía Circular, objeto de estudio de este texto. Nos referimos a la energía no contaminante, al empleo decente, a la innovación en la industria, la producción y consumo responsables, la acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres. Objetivos todos que pueden ser viables y reales, con la colaboración de todos los Gobiernos, con más recursos y esfuerzo en aquellas áreas de desarrollo sostenible y más financiación para investigación de producciones responsables. En estos días que vivimos de restricción social, económica y laboral es oportuno poner el acento en estos objetivos, en no utilizar la pandemia del COVID- 19, como señalan desde la ONU6, como excusa para rebajar las medidas y, por ejemplo “escudarse en el coronavirus para revertir sus políticas medioambientales”. Además, se apunta a que “la deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, el cambio climático y otros tipos de degradación ambiental aumentan el riesgo de futuras pandemias, elevando la probabilidad de graves violaciones de los derechos humanos”. Como afirma el profesor Sánchez Bravo (2021) en su estudio sobre la “Biodiversidad en Europa Estrategia 2030”, publicado en su libro “De Sevilla a Filipéia”, es el momento de reflexionar sobre las medidas a adoptar  5 https://eulacfoundation.org/es/buscar?search_api_fulltext=ODS+y+Econom%C3%ADa+circular 6 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472912.  308 para “salvaguardar nuestra naturaleza y a nosotros mismos como seres biológicos”. En consecuencia, en la actualidad, estamos en el momento oportuno para desarrollar una nueva estrategia regional de desarrollo sostenible, respondiendo de esta forma a los retos que ha de afrontar la región andaluza en el momento presente y poniendo en práctica tanto las conclusiones de la cumbre de Rio+20 como los compromisos de la Agenda 2030. Concretamente la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 20307 (EADS 2030). Teniendo en cuenta que la actual coyuntura social y económica obliga a las Instituciones a realizar un esfuerzo extra para de esta forma impedir el retroceso en los avances logrados en el medio ambiente. 2. ESTADO ACTUAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (EADS 2030) se ha concebido como un instrumento de orientación de las políticas andaluzas mediante la definición de líneas de actuación y áreas que se han considerado estratégicas para el desarrollo sostenible. El diseño de estas líneas de actuación se ha realizado a partir de dos ideas centrales sobre las que se fundamenta el conjunto de la Estrategia, en consonancia con las resoluciones de las cumbres de la tierra de Naciones Unidas y entroncada con la problemática que afronta Andalucía, como es la promoción de una economía verde y el refuerzo de la cohesión e inclusión social. Ambas ideas centrales se basan en la consideración de que la sostenibilidad ambiental y social sólo se puede alcanzar con una sociedad cohesionada y que la elección de un modelo económico adecuado es determinante para lograr la implantación del desarrollo sostenible. Este se puede dividir en dos aspectos: Una primera etapa que establece el marco de directrices para la aplicación de las líneas de  7 Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (BOJA nº 119 de 21/06/2018).  309 actuación en propuestas públicas y privadas que dan respuesta al Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030. En esta primera etapa, se cuenta con la aprobación de esta Estrategia y el programa de seguimiento y evaluación periódica, previstos en el documento. En una segunda etapa, se aborda el plan de actividades de sensibilización ambiental para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas 8 , que da respuesta al Acuerdo de 25 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza para el cumplimiento de los ODS. Esta segunda etapa se inicia con la aprobación de esta Estrategia y culminará con la aprobación del plan de acción para el cumplimiento de los ODS en Andalucía.  8 Como Cumbres de la Tierra son conocidas las siguientes: Cumbre de la Tierra de Estocolmo (1972), Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (2002) y Cumbre Río+20 (2012). *UiILFR )XHQWH:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ^ϯϬ  310 Para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible, como es la EADS 2030, en el marco de la incertidumbre que caracteriza esta segunda década del siglo XXI, se requiere enunciar previamente unos principios guía para definir unas líneas de actuación vinculadas a la sostenibilidad. Y son estos principios en los que se basa la política de medio ambiente de los países de la Unión Europea9: cautela, acción preventiva, corrección de los atentados al medio ambiente en la fuente misma y el de quien contamina paga10. En el marco de las perspectivas para el desarrollo sostenible antes citadas y en el contexto de crisis económica y de cambio global actual, el objetivo de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 es: orientar y reforzar las políticas e iniciativas públicas y privadas con incidencia en la comunidad autónoma andaluza, hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en la transición a una economía verde y en la integración de las dimensiones ambientales, económicas y sociales. Que mostramos en el siguiente gráfico 1. En este contexto, el 25 de mayo de 2021 el Consejo de Ministros español aprobó el I Plan de Acción de Economía Circular 2021 – 2030 (PAEC)11, previsto en la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC)12 y Planes de Acción y que, junto a la inminente  9 Parlamento Europeo (2019): “La política de medio ambiente: principios generales y marco básico”. Fichas técnicas sobre la Unión Europea – 2019. Disponible en la página de la UE: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.5.1.pdf 10 En la UE, este principio aplica por medio de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DOUE n° L 143 de 30/04/2004) OCDE (2015): Hacia el crecimiento verde: Un resumen para los diseñadores de políticas. Paris. Organización para el Desarrollo Económico, pág. 4 11 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-i-plan-de acci%C3%B3n-de-econom%C3%ADa-circular-con-un-presupuesto-de-1.529-millones-de- euros/tcm:30-526709 12 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circu- lar/estrategia/  311 Ley de Residuos y Suelos Contaminados13, y la próxima Ley de Economía Circular Andaluza, conforman el Paquete normativo en materia de Economía Circular. Originariamente, el concepto de Economía Circular fue introducido en 1989 por los economistas británicos David W. Pearce y R. Kerry Turner14 en su libro “Economics of Natural Resources and the Environment”. El concepto de Economía Circular surge como una filosofía de organización de sistemas basada principalmente en el comportamiento de los seres vivos de la naturaleza (Balboa y Somonte, 2014), que consumen y obtienen los productos sin generar desechos. Esto es, estamos ante un modelo cíclico que se realimenta continuamente y en el que no existen residuos. Basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje. Ilustramos el concepto con el gráfico 2: Economía Circular. Fuente: 2021 ENVIRALL Consultoría Ambiental Estratégica.  13 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos%202020%20anteproyecto%20de%20ley%20de%20residuos%20y%20sue- los%20contaminados.aspx 14 Pearce, D.W, y Turner, R.K. (1990): Economics of the Natural Resources and the Environment. London, UK, Harvester Wheatsheaf.  312 3. CRISIS DEL MODELO ECONÓMICO LINEAL El modelo económico circular nace como sustitución al modelo económico de economía lineal establecido a partir de la segunda mitad del siglo XVIII con la Revolución Industrial, que consistía en la transformación de materia prima mediante una cadena de producción para su consumo y posteriormente convertirla en residuo. Modelo que, en la actualidad, está llegando a su fin porque no puede haber un flujo constante de materias primas para su transformación posterior en productos y servicios. Este modelo económico no es ya viable por varios factores –como establece la Fundación Ellen MacArthur15– como la escasez de recursos que son limitados y por los desequilibrios sociales que origina una vez que sumamos todos los costes reales que intervienen en la elaboración de un producto final. Hay un interesante artículo publicado por la BBC16 en agosto de 2019, en el que se pone de manifiesto, precisamente, este desequilibrio social. Como consecuencia de la globalización, podemos conseguir productos –sobre todo textil– en la red, a precios extremadamente bajos. Pero, ¿quién paga realmente esta cuenta? Trabajadores de Etiopía o Bangladesh, con sus condiciones laborales, calidad de vida, entorno y salud. Se nos plantea, en consecuencia, un problema de justicia social. De otro lado, el informe de octubre de 202017 realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAC), concluye que hay una relación inversa entre la economía circular y la tendencia a la obesidad debido al consumo de alimentos ultraprocesados y con nutrientes inadecuados. De hecho, en noviembre de ese mismo año la Organización Mundial de la Salud (OMS)18 publica un documento en el que propone políticas  15 https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto. 16 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49268325. 17 http://www.fao.org/home/search/es/?q=economia%20circular 18 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm  319 La segunda modalidad es ofrecer junto a la venta de un determinado producto, un servicio al cliente. Modelo objeto + servicio. No se vende solo un producto, sino que se ofrece un producto + un servicio. La ventaja fundamental de esta modalidad como afirma (Vázquez, 2013) es que mientras el producto físico en casa del consumidor no se puede modificar, los servicios en Internet asociados al mismo sí. De hecho, se adaptarán y mejorarán, según los pedidos que realice el cliente de este servicio asociado al producto. El fabricante se acomodará a las elecciones del usuario según sus necesidades y alargará la vida del producto considerado como un tándem: producto + servicio. El sistema continuamente obtiene datos sobre el uso de ese servicio por parte de los clientes porque no se pierde la trazabilidad del producto; antes los fabricantes solo podían conseguir datos sobre los productos que vendían mediante encuestas o cuantificando las reclamaciones, si había. Concluye el autor que, gracias a los datos acumulados por el sistema, el fabricante –que será un proveedor de servicios– obtiene informaciones sobre dónde radica el valor de sus producciones para adaptar su oferta de servicios y sus políticas de precios, sin modificar el producto. En la figura 3, mostramos la evolución de los dispositivos a los que estamos conectados. Fuente: Evans, D. “The Internet of Things. How the next evolution of the Internet of Things is changing every thing”. Cisco White Paper, abril 2011.  320 Empresas de reciclaje. Mediante sinergias entre empresas, utilizan los residuos de otras empresas como recurso. Un ejemplo lo tenemos en Wiper and True29, en Bristol, que creó la Bread Pudding, recuperan todos los recortes de pan de una fábrica de Yorkshire y restos de pan de panaderías cercanas para fabricar cerveza. La puesta en práctica de la Economía Circular para las nuevas empresas que acceden al mercado es relativamente sencilla porque sólo tienen que diseñar los productos y servicios que ofrecen de manera que las materias primas conserven su valor siempre. Esto es, que las materias primas que empleen sean recuperables; si no, no interesan. Para el caso de las empresas que ya funcionan en el mercado, si desean seguir operando en él deben adaptarse utilizando las cadenas de valor. Las cadenas de valor. Para empresas que ya operan en el mercado y se quieren subir al tren de la Economía Circular. Este concepto lo introdujo el profesor Michael E. Porter de la Universidad de Hardward en 1985 en su libro “Competitive Advantage”. Se utiliza para medir la ventaja competitiva de una empresa en el mercado y consiste en cuantificar todos los factores que intervienen en la elaboración de un determinado producto o servicio, para poder reducir su coste y de esta forma aumentar la rentabilidad de la empresa. Reducir su valor en la cadena de producción aplicando todas las estrategias tecnológicas y de diseño que ofrece la Economía Circular y que acabamos de exponer. Reparación, Remanufactura, Reaprovechamiento y Refabricación. Reaprovechamiento, consiste en darle una segunda vida al producto con otro uso o el mismo uso con otro diseño. La  29 https://www.infobae.com/america/mundo/2017/12/12/convertir-el-pan-en-cerveza-una- solucion-de-los-ingleses-es-un-modo-de-acabar-con-el-derroche-de-este-alimento/  321 remanufactura, que consiste en utilizar los componentes de distintos artículos para hacer uno nuevo. La refabricación consiste en que es el propio fabricante el que fabrica. Con piezas de distintos aparatos y hace uno nuevo. Con las mismas garantías que si lo estuviese estrenando (esa es la clave). Hay empresas cuyo modelo de negocio es la reparación. Cuentan con una red de talleres especializados que hacen que su producto sea reparable y se pueda devolver al mercado. Un ejemplo de este modelo lo tenemos con Retuna30 en Suecia, fue el primer centro comercial de productos reparados. El centro comercial dispone de un almacén en el que los trabajadores reciben y clasifican las mercancías entrantes y las seleccionan. Se envían a distintos talleres para su reparación o impresoras 3D para aquellas piezas que ya no existen. Posteriormente se ponen a la venta en una de las catorce tiendas que dispone el centro comercial. Venden todo tipo de productos que podría vender un centro comercial como muebles, ordenadores, móviles, equipos de audio, juguetes, bicicletas, mobiliario. El centro ofrece un servicio de cafetería y un restaurante ecológico, salas para conferencias y un aula en el que se debate sobre el reciclaje y la economía circular. Dispone de un espacio para compostaje. El abono se elabora con restos de comida de restaurantes y cafés y se convierte en abono que se utiliza para cultivar cultivos en centros comerciales o para la venta. La reventa. Que se lleva haciendo mucho tiempo con los libros y es muy popular ahora con distintas aplicaciones. Se conoce ahora como la “sharing economy”. Gracias a las redes sociales y las apps,  30 https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/centro-comercial-productos-reciclados.aspx  322 es posible conectar personas con intereses similares para comprar y vender productos que ya no usan. 6. CONCLUSIONES La transformación del mercado a una economía circular es crucial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados; con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26, que tendrá lugar en Glasgow en octubre de 2021. Como apuntábamos al inicio en el título del artículo la economía circular ha dejado de ser una opción y ya es una realidad que está en marcha. Todo aquel individuo o empresa que decida no participar se quedará fuera del mercado y no será competitivo porque la economía –a partir de este momento– comienza a ser circular. Teóricamente sabemos que la economía circular funciona, pero para que cambien las piezas en el mercado, hay que tener una visión sistémica sobre el impacto de la empresa en el mercado. En el que la innovación en materiales es el campo central para el mantenimiento de los recursos. Para que estos materiales sean reutilizables y se puedan reutilizar. En consecuencia, queda aún mucho margen para la tecnología y el diseño. En consecuencia, estamos ante el final del ciclo del modelo económico actual de producción de un mayor número de productos y a un precio cada vez menor, porque los recursos materiales sabemos que finitos, por los problemas ambientales asociados, por la volatilidad31 de los precios en el ámbito económico y la inestabilidad en las cadenas de los suministros. El próximo mes de septiembre de 2021, se aprobará en el Parlamento Andaluz la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA)  31 https://www.solarnews.es/2020/09/08/volatilidad-de-precios-y-de-suministro-principal- enemiga-de-la-economia-circular/  323 32 y sostiene la actual Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que “viene a dar posibilidades económicas y de empleo verde a través de este modelo que supone un nicho de negocio medioambientalmente sostenible para el futuro”. 6. BIBLIOGRAFÍA Comisión Europea (2019): Documento de reflexión "Hacia una Europa sostenible para 2030" (COM (2019) 22). Bruselas. González Ordaz, Gilberto Israel, & Vargas-Hernández, José G. (2017). La economía circular como factor de la responsabilidad social. Economía Coyuntural, 2(3), 105-130. Recuperado en 24 de agosto de 2021, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S2415-06222017000300004&lng=es&tlng=es. Jiménez Beltrán, D; Jiménez Herrero, L. 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London, UK, Harvester Wheatsheaf. Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DOCE nº L 342/1, de 22/12/20019).  325 Ruiz Malbarez, Mayra y González, Zilath (2011). “La responsabilidad social empresarial y la obsolescencia programada. Saber, ciencia y libertad, pp. 127-135. Sánchez Bravo, A. (2021). “la Biodiversidad en Europa Estrategia 2030”, “De Sevilla a Filipéia”. Sevilla, Punto Rojo Libros, PP 167-206. Vázquez, J. I., "Horizontes y desafíos de Internet de las cosas", en C@mbio: 19 ensayos clave sobre cómo internet está cambiando nuestras vidas, Madrid, BBVA, 2013.  327 POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E INTERAÇÃO SOCIAL NO BRASIL. Jacson Roberto Cervi1 1. INTRODUÇÃO O atual status quo ambiental denuncia a necessidade de reflexão a respeito do estilo de vida e da noção de desenvolvimento ainda prevalentes. A crise ambiental contemporânea e sua superação estão a exigir mudanças profundas e permanentes, a ponto de se caracterizar o momento presente como de transição paradigmática, em que um paradigma tradicional de desenvolvimento (centrado na economia e na dominação do homem em relação a natureza) é confrontado por um novo paradigma (sustentável), fundado na qualidade de vida e no cuidado2. A transposição de um para outro modelo de sociedade exige cooperação global, com a contribuição de todos os setores do conhecimento, inclusive do Direito. No Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente, materializada na Lei 6.938/81, além de estabelecer uma rede de gerenciamento estatal ambiental, nos diversos níveis, através do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), criou uma série de instrumentos para implementação de uma política ambiental a nível nacional. No entanto, 40 anos depois de sua implementação, ainda são evidentes as deficiências na efetivação dos referidos instrumentos, o que tem levado à ocorrência de danos ambientais irreversíveis e à inúmeros  1 Doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, com estágio doutoral na Universidade de Sevilha-Espanha. Pós Doutorado em Jurisdição Constitucional e Meio Ambiente na Universidade de Passo Fundo. Professor da Graduação e do PPGD, Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI -, Campus de Santo Ângelo/RS. Membro do Grupo de Pesquisa Novos Direitos na Sociedade Globalizada. Advogado. E-mail: jrcerv[email protected]. 2 Sobre o paradigma do cuidado consultar: CERVI, J. R.; HAHN, N. B. . O cuidado e a ecologia integral. Revista Direito Culturais - URI Santo Angelo, v. 12, p. 149-172, 2017.  328 conflitos socioambientais, muito em função de fatores como a descontinuidade das políticas públicas e a complexidade da configuração do SISNAMA, mas também devido a carência de informação e falta de participação cidadã. O Grande problema do Direito Ambiental brasileiro e internacional não está na falta de normas, mas sim no baixo nível de efetividade das mesmas. Não há lei no mundo que resolva as questões ambientais se não houver espírito de cooperação global, um objetivo comum em prol de uma ética planetária. Só assim, o paradigma do desenvolvimento sustentável será algo atingível. A participação dos cidadãos está relacionada com a concepção de democracia, não apenas à base de procedimentos e sim do envolvimento dos cidadãos e a responsabilidade cívica de cada membro da comunidade. Portanto, a ideia de democracia não se restringe a sua forma representativa, necessitando ser ampliada para modelos cada vez mais comuns de participação direta, nas quais as pessoas tenham a oportunidade de opinar e também deliberar, juntamente com os seus representantes, sobre questões de interesse comum. 2. POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DEMOCRACIA NO BRASIL Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a questão ambiental ganhou novos contornos, passando a ser tratada como matéria de direito fundamental, essencial a sadia qualidade de vida e ao desenvolvimento humano. A CF/88 impulsionou o Brasil rumo a um modelo de desenvolvimento mais sustentável do ponto de vista ambiental, com a definição e realização de uma política Nacional para o meio ambiente. Nesse sentido: Na verdade, saímos do estágio da miserabilidade ecológica constitucional, própria das Constituições liberais anteriores, para um outro, que, de modo adequado, pode ser apelidado de opulência ecológica  335 novas estruturas jurídicas que visem maior transparência e efetividade dos instrumentos de participação cidadã. A clássica teoria moderna do Direito, assentada no universalismo, individualismo, igualdade, segurança e centralidade política, enclausurada em ideais formalistas e tecnicismo empírico, tem se revelado de eficácia limitada para responder às crescentes necessidade da vida humana. Embora novas formas de regulação social tenham alcançado alguns desdobramentos significativos, observase que o surgimento de processos inovadores, fundados na pluralidade de fontes, apresentam descontinuidades, impasses e reordenações, características de um tempo de transição. Nesse sentido, o fenômeno do Pluralismo Jurídico Comunitário-Participativo, busca resgatar mais uma vez o debate sobre o poder de ação da comunidade, de novos direitos, de diversidades étnico-culturais e à produção de alternativas jurídicas.13 Na grande maioria das situações, os espaços de participação oficiais, regulamentados por normas estatais, são massivamente dominados por representantes do Governo e a participação cidadã é utilizada como forma de legitimação dos interesses do Estado, os quais nem sempre refletem a vontade popular. Já os fóruns e reuniões organizadas pela sociedade civil, como o caso do Fórum Social Mundial, embora sejam criticados por refletir a ideologia de partidos de esquerda, consistem em eventos democráticos onde se debatem os principais aspectos ideológicos e interesses econômicos que atentam aos direitos humanos, em especial o direito a um meio ambiente equilibrado. Além disso, embora sem caráter deliberativo e qualquer poder de submissão estatal, eventos  13 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. IN: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs). Os “novos” direitos no Brasil: natureza e perspectivas. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 7.  336 dessa natureza têm por virtude irradiar à sociedade mundial um reforço da consciência cívica ambiental. Como consequência, em termos ambientais hoje, no Brasil, não se pode afirmar com segurança se as normas e políticas públicas de atuação do Estado refletem o desejo da sociedade. A carência de diálogo e debates sobre as convicções das pessoas, somada à baixa participação popular nas esferas existentes, geram profundas dúvidas a respeito da representatividade dos representantes do povo. Considerando que a legislação ambiental brasileira, do ponto de vista técnico, pode ser considerada como uma das mais modernas do mundo, possíveis dissonâncias entre essa qualidade formal e sua baixa efetividade ou aceitação popular, podem indicar a carência de políticas públicas para demonstrar seu valor, bem como políticas que incentivem a participação e deliberação popular na efetivação das mesmas. 3. O ECOMUNITARISMO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA No Brasil, a participação e o acesso a informação são princípios basilares do Direito Ambiental. Além disso, o ordenamento jurídico pátrio, embora não contenha um procedimento específico para as questões afetas ao meio ambiente, possui valiosos mecanismos de acesso à justiça para proteção de direitos fundamentais, a exemplo da ação popular e da ação civil pública. A participação comunitária nas questões ambientais encontrou guarida no princípio de número 10 da Declaração do Rio de 1992. O princípio implica na necessidade de cooperação entre Estado, mercado e cidadãos para a solução dos problemas ambientais. Embora o Estado concentre o poder de polícia administrativa e gestão ambiental, não possui condições de, sozinho, fiscalizar todo o  337 território para evitar abusos ecológicos. Logo, é premente o envolvimento de todos os setores sociais através do pleno exercício do direito de cidadania, amplamente previstos pela CF, mediante garantias como o acesso à informação (art. 5º, XIV e XXXIII), livre manifestação do pensamento (art. 220), acesso à educação ambiental (art. 225, § 1º, VI), dentre outros. A CF/88 contemplou esse princípio no caput do seu artigo 225, ao estabelecer como dever de todos, Estado e coletividade, a defesa do meio ambiente. No entanto, a baixa efetividades dos princípios da informação e participação ambiental, impedem que o debate social no Brasil evolua rumo a uma transição no modelo de desenvolvimento econômico. Com isso, a velha ordem fundamentada da falsa dicotomia público privada, ainda prevalente, torna-se obstáculo para um debate mais amplo e democrático entre os diversos setores da sociedade. Como resultado, a temática ambiental fragmenta a sociedade quanto deveria representar exatamente o contrário, a união de esforços em prol do bem comum, a sustentabilidade da própria vida. José Alcebíades de Oliveira Júnior, ao analisar participação social na PNMA, no caso específico do licenciamento ambiental, através das audiências públicas, conclui que a aplicação do direito ambiental sem diálogo pode trazer consequências irreparáveis ao meio social. Nas palavras do citado jurista: Diante da leniência e/ou da tentativa de submissão das demais culturas, por um direito oficial importado e muitas vezes de natureza genérica e que não percebe as diferenças, diríamos que o único caminho para se evitar a desintegração social e a destruição ambiental é o diálogo, perfeitamente possível em nível de administração pública, desde que municiada com as  338 condições financeiras e humanas necessárias, o que, aliás, parece ainda não ser prioridade no Brasil.14 Porém, referidas políticas carecem, muitas vezes, de uma maior interação social. Não há como desvincular a participação da sociedade na condução das políticas públicas. Contudo, a concretização desse princípio deve considerar os perigos de distorções de funcionalidade, a exemplo da corrupção, falta de coordenação, além do domínio governamental ou do mercado, os quais podem levar a desvios de finalidade. A interação entre a sociedade e o Estado para a condução de políticas públicas, mais do que um bom instrumento para a eficiência e legitimidade dessas políticas, é, no direito brasileiro, um princípio constitucional, um imperativo repetitivo e refletido nas normas infraconstitucionais de organização da Administração Pública.15 Uma participação mais efetiva, desde que exercidos com transparência, garantindo-se o direito de acesso à informação, pode representar maior legitimidade social as políticas públicas, uma vez que fundamentadas nos valores e convicções morais dos cidadãos. Além disso, políticas públicas que promovam a participação e a inclusão social acabam por fomentar o desenvolvimento econômico sustentável, pois, ao viabilizar a participação de todos, torna os cidadãos responsáveis uns pelos outros, inclusive com relação à garantia do mínimo existencial para uma vida digna.  14 OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Proteção ambiental e complexidade na pós-mo- dernidade: caminhos para soluções dialogadas de conflitos. IN: Revista de Direitos Culturais. Santo Ângelo: EDIURI, 2010. P. 109. 15 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das Políticas Públicas. In: BUCCI, Maria P. D. (org). Políticas públicas: reflexos sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 163-176. P. 176.  339 Em termos ambientais, essa nova ordem social baseada na participação efetiva e ampla da comunidade, tem sido definida como ecomunitarismo, ou seja: Ecomunitarismo é a ordem socioambiental pós-capita- lista na qual os seres humanos reconciliem-se entre si para permitir e incentivar o desenvolvimento multifacetado de cada sujeito, e se reconciliem com o restante da natureza, mantendo face a ela uma atitude permanente de preservação e regeneração. É a ordem socioambiental utópica, capaz de se articular com base nas três normas da ética e de manter-se pela postura de seres humanos em atitude com a libertação, é uma ideia guia que dá o norte para onde caminhar.16 As três normas éticas a que o Autor faz referência, dizem respeito à liberdade de decisão, a busca da verdade e a interação do ser humano com a natureza. O ecomunitarismo, representa uma forma diferenciada de pensar, agir e se relacionar com o meio ambiente, considerando aspectos ecológicos, políticos, econômicos e sociais, de forma descentralizada, participativa e solidária, criando condições para uma verdadeira revolução socioambiental.17 Portanto, considerando que a participação requer a implementação de um novo modelo de Estado fundado na inclusão social, bem como de regras jurídicas dialogadas e não impostas, cuja efetividade exige transformações profundas, conforme visto, concluise pela necessidade do desenvolvimento de uma consciência cívica a ser alcançada através de uma “democracia participativa e  16 VELASCO, Sirio Lopez. Introdução à educação ambiental ecomunitarista. Rio Grande: Ed. Da FURG, 2008. P. 17-18. 17 SILVA, Neuza Maria Corrêa da. Avaliação do processo de descontinuidade da implantação da Agenda 21 em Pelotas, sob o olhar da Educação Ambiental Ecomunitarista e das Políticas Públicas. 2009. 152 F. Tese de Doutorado (Programa de pós-graduaçao em educação ambiental). Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2009. Disponível em: http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/cp137277.pdf. Acesso em: 19 de abr. de 2014. P. 29 e 32.  340 dialogada”18. Contudo, tal modelo de gestão pública requer uma forma de atuação mais descentralizada, mediante a instituição de políticas públicas que valorizem os movimentos sociais. Nas sociedades informatizadas contemporâneas, o poder já não reside no exercício da força e sim no uso de informações que permitem influenciar e controlar as atividades dos cidadãos. Daí que as possibilidades de intervenção nos processos sociais, econômicos e políticos, sejam determinados pelo acesso à informação. A informação sucede o poder e este pode se tornar decisivo quando transforma informações parciais e dispersas em informações de massa e organizadas. Manifesta-se, assim, a necessidade de uma regulação jurídica deste processo, que conjugue o desenvolvimento tecnológico e científico, com a inescusável defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos.19 Além desses instrumentos constitucionais, no âmbito da legislação ambiental, existem outros que objetivam a participação popular. O princípio da participação é materializado nos diversos conselhos e comitês, instituídos com o intuito de garantir a inclusão de atores sociais nos espaços de deliberação. Também a previsão de audiências públicas, inclusive com caráter obrigatório, integra a aspiração democrática da gestão ambiental. Ainda, soma-se a isso a difusão da informação ambiental, a qual deve ser completa e acessível. No entanto, em muitas situações, os espaços de participação oficiais, como os Conselhos, são massivamente dominados por representantes do Governo e a participação cidadã é utilizada como forma de legitimação dos interesses do Estado. Tais espaços devem ser democratizados. Além disso, a consolidação da inserção  18 OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Proteção ambiental e complexidade na pós-mo- dernidade: caminhos para soluções dialogadas de conflitos. IN: Revista de Direitos Culturais. Santo Ângelo: EDIURI, 2010. P. 109. 19 BRAVO, Álvaro Sánchez. A nova sociedade tecnológica: da inclusão ao controle social. A Europa é exemplo? Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010. P. 16.  341 ativa requer a ampliação de fóruns de deliberação com características mais horizontais, onde se debatam as dificuldades e possibilidades do direito a um meio ambiente equilibrado no contexto da globalização e outros temas de interesse público. Sem caráter formal oficial e sem submissão ao Estado, eventos dessa natureza tem por virtude irradiar à sociedade um reforço da consciência cívica ambiental. Em matéria ambiental hoje, no Brasil, as normas e políticas públicas carecem de maior legitimidade social. Muito já foi conquistado. É preciso avançar. Nesse sentido, visando uma maior legitimidade social das políticas públicas ambientais, através da participação mais ativa dos cidadãos, deve-se promover um maior acesso à informação e transparência no processo de tomada de decisão. O amplo acesso a informação e a participação cidadã consistem nas condições para a transformação paradigmática. Para que isso seja viável, além da premência de uma relação horizontal entre os Estados tomados pelo espírito de universalidade e de assistência mútua, faz-se indispensável a participação massiva da sociedade. Dentre os setores sociais relevantes, muitos autores destacam a importância das organizações não-governamentais enquanto meio de mobilização da sociedade civil para cobrar do Estado políticas públicas ambientais e auxiliá-lo na implementação das mesmas. Além de terem influenciado decisivamente na evolução do movimento ambientalista no Brasil, as ONGs ocupam atualmente posição de destaque na atividades ligadas à gestão dos recursos naturais, ora atuando supletivamente na função fiscalizadora do Estado, a qual encontra-se fortemente debilitada, ora auxiliando como suporte técnico-científico na implantação de mecanismos eficientes de preservação/conservação.20 Diante disso, o papel dos movimentos sociais é salutar para a instituição de um círculo virtuoso em prol da transformação do  20 FURRIELA, Rachel Biderman. Democracia, cidadania e proteção do meio ambiente. São Paulo: Annablume, 2009. P. 142.  342 paradigma de desenvolvimento. A legislação ambiental, diuturnamente burlada para atender a interesses oligárquicos, empresariais e até mesmo governamentais, contém os instrumentos para se implementar uma nova concepção de vida e de desenvolvimento. No entanto, carece que o homem pós-moderno, tecnológico e comunicativo dos dias atuais, abandone sua posição tradicional de senhor possuidor e controlador da natureza, para fazer parte dela. Um ser mais livre da dependência do mercado, que atue a serviço das pessoas e do bem estar de todos. 4. CONCLUSÃO A correta condução das questões ambientais passa necessariamente pelo fortalecimento da democracia. Para que a política ambiental brasileira se desenvolva e concretize nos marcos dos princípios da sustentabilidade socioambiental, ou seja, prudência ecológica, eficiência econômica e inclusão social é indispensável a participação comunitária e o diálogo. É a participação e o diálogo aberto, dos diferentes interesses e pontos de vista, que podem proporcionar um ambiente de convergência e cooperação. A atual política ambiental, não raras vezes, segue as exigências do mercado. Alterar essa ordem requer a incorporação de novas forças, que tencionem o Estado na perspectiva da democratização e da opção por uma relação mais harmônica com a natureza. A participação comunitária é fundamental para que as normas e políticas públicas ambientais, alcancem a necessária legitimação social e assim atinjam seus propósitos. A consolidação da inserção ativa das comunidades requer a ampliação de fóruns de deliberação com características mais horizontais, onde se dialogue sobre os aspectos ideológicos e interesses econômicos que subjazem às questões sociais, as dificuldades e possibilidades do direito a um meio ambiente equilibrado no contexto da globalização e outros temas de interesse público. Sem caráter formal oficial e sem submissão ao Estado, eventos dessa natureza têm por virtude irradiar à sociedade mundial um reforço da consciência cívica ambiental, a qual  343 passa a desempenhar um papel relevante na definição e efetivação das políticas públicas ambientais. Diante dos gigantescos desafios da sociedade global contemporânea, a exemplo das questões ambientais, a necessidade de ações coletivas exige a renovação do espírito comunitário pautado na solidariedade social e na sensibilidade ambiental. As artificialidades das relações humanas, próprias de um modelo de desenvolvimento individualista e predador, precisam ser substituídas pela instituição de um processo de integração social, com a internalização de valores compartilhados, fundantes de uma consciência coletiva capaz de transformar crenças e condutas em nome de uma nova ordem social mais humana, democrática, sustentável e responsiva, preceitos assentados na Constituição Federal Brasileira. Os avanços legislativos não devem levar à ilusão de que os problemas ambientais estão equacionados, pois a norma pode ter sua eficácia limitada por vários fatores alheios ao direito, dos quais se destaca a maior ou menor aceitação por parte da sociedade. Além de expandir os estudos científicos para subsidiar as políticas públicas ambientais, o que pode ser conseguindo através de maior aproximação com institutos e universidades via aumento do fomento à pesquisa, o Brasil carece de políticas de difusão da informação ambiental e dos direitos e deveres dos cidadãos. A implementação desse princípio demanda a superação de alguns desafios, a exemplo da maior interação das políticas ambientais com outras políticas sociais e de desenvolvimento econômico, o estabelecimento de uma periodicidade para atualização/divulgação dos indicadores ambientais e o compartilhamento desses indicadores com estados e municípios. A participação, embora seja requisito essencial do Estado Democrático de Direito e reconhecido como princípio do Direito Ambiental Internacional, ainda encontra obstáculos para a sua real efetivação. As causas dessa realidade não residem em um ou outro  344 setor, havendo resistências diversas. Por parte de agentes do Estado há a alegação dos altos custos da viabilização de tal desiderato, somado ao receio de dividir o exercício do poder com os cidadãos, fruto de um entendimento equivocado sobre o suposto antagonismo entre democracia representativa e participativa/deliberativa, quando, na verdade são formas complementares. Entre os agentes do mercado, a ótica comum é de que a participação é sinônimo de burocratização dos processos de licenciamento ambiental, os quais podem se tornar infindáveis e de pouca eficácia, comprometendo a competitividade das empresas. Entre os cidadãos comuns, a insuficiente disposição de participar está vinculada a fatores como o baixo interesse pela política, a falta de empoderamento, além da carência de informação e de consciência em relação aos direitos de transparência e participação, bem como a cultura política dominante moldada na democracia representativa. Assim, esta participação deve ser assegurada desde o princípio, da preparação, passando pela modificação ou revisão até a implementação de planos ou programas. Só assim, com ampla e efetiva participação, poderemos ventilar a possibilidade de redefinir a cultura capitalista dominante rumo a uma economia hipocarbônica. 5. REFERÊNCIAS BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Publicado no D.O.U. de 02.09.1981. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 01 de julho de 2021. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/informacoes-ambientais/plano-de-dados-aber- tos/item/8215-sistema-nacional-de-informa%C3%A7%C3%A3o- sobre-meio-ambiente.html. Acesso em: 30 de agosto de 2021.  351 Pressupondo tais situações como reais, se coloca uma questão básica inicial: se seria possível nessas circunstâncias desfavoráveis, de perplexidade, de passividade e medo, a transição para uma cidadania sensível e solidária, de vez que a cidadania exige consciência pluridimensional a respeito das condições de possibilidades de a cidadania monitorar o poder instituído na direção de uma civilidade sustentável. Pensar democracia e cidadania hoje implica refletir uma possível convivência humana de cuidados locais-globais; intra, inter e transculturais, de um conviver respeitoso e solidário; trata-se de uma cidadania como prática dos direitos humanos. Em tempos difíceis, é prudente verificar as condições de possibilidades de materializar um estado de dignidade humana, de projetar uma fuga para a cidadania. 2. FRAÇÕES DE UM DESPERTAR As ações e as práticas que vão desenhando o perfil de uma nova cidadania não decorrem necessariamente do Estado, de um vínculo político de subordinação como foi concebida a cidadania moderna de modelo nacional. A cidadania de substancialidade solidária prepondera à vincularidade de uma pluralidade de instituições e entidades que compõem a sociedade civil.5 São matrizes difusas, plurais e diversificadas de uma nova forma de atuação cidadã. Entendo que essa nova forma de realização e de atitudes humanas transcende ao modelo tradicional, que fez do cidadão um sujeito passivo de obediência a um poder político. A solidariedade toma a forma multifacetada das experiências humanas concretas dá nova dimensão à prática dos direitos humanos na proposta de uma cidadania de potencial de poder político real; um caminho de esperança nestes tempos de descaso social, de catástrofes ambientais e de pilhagem ao erário público. Quero dizer que estamos diante de uma pluralidade de novos tipos de poder político civil. Como vimos, são  5 Refiro-me à pluralidade de Associações populares, aos Clubes de Serviços, aos Programas de proteção da vida, tipo Pastoral da Criança, dos Médicos sem Fronteiras, do Projeto Rondon. A todos os serviços de voluntariado que atuaram e/ou atuam nos espaços municipais, estatais e mundiais, todos praticam ações de solidariedade substancial, todos esses atores protagonizam cidadania.  352 ações de voluntariado, comitês populares, dentre tantas outras formas de solidariedade social, são gestores de cidadania. Nessa linha, este texto se dedica a uma reflexão sobre as condições de possibilidades de uma ideia de cidadania adequada às sociedades complexas e multiculturais, levando em conta as diferenças que são características das sociedades humanas, de modo especial, as desigualdades internas que se alargam em países latino-americanos, por exemplo. No nível pragmático, considerando tais circunstâncias, a proposta de conceber o cidadão como um sujeito concreto envolvido nas práticas sociais cotidianas numa sociedade que pode ser definida como de risco6(risikogesellschaft), articula cidadania, reconhecimento e solidariedade social. De tal modo, a cidadania é tomada como prática dos direitos humanos, e os direitos humanos como base de um projeto emancipatório em nível local e global. No período de tempo em que vivemos, a cidadania aqui é pensada como realização individual e coletiva num espaço translocal: local, nacional e global. Mas sem deixar de considerar a sua realização num contexto problemático e complexo. A cidadania, não somente expande suas áreas de atuação, basicamente transforma sua materialidade, a sua maneira de atuação e sua maneira de realização. Porém, no nível teórico, quero ter o cuidado em não trafegar pelos territórios sociais minados de hierarquias, seleções e discriminações, que cultuam posturas fechadas de características mais ou menos nacionalistas. Pensar nas possibilidades que proponho, implica um esforço agudo de sensibilidade. A cidadania moderna se fez na perspectiva igualitarista, que potencializou a comunidade matematizada pelo poder político: cada cidadão vale um voto; o cidadão como fonte do autogoverno interno, fonte das regras as quais obedece. Contudo, no plano ideológico esse modelo de cidadania é sustentado na negação dos outros, dos diferentes, dos estranhos/estrangeiros. Desconstruir essa acepção de cidadania  6Ulrich Beck: a sociedade de risco se concebe pela distinção entre uma sociedade que visa repartir o produto do desenvolvimento para todos, para atender as condições de acesso aos bens e aos serviços de ordem material, e uma sociedade onde a questão a ser resolvida é a do medo.  353 normativista e ideologizada, que parte de uma abstração, que transformou o cidadão num complexo de condutas imputadas,7 e introduzir em seus genes a diferença e a alteridade como forma de conviver na diversidade de culturas, das crenças e da pluralidade dos valores, implica tolerância, reconhecimento e solidariedade. Tal arquitetura moderna pode ser mais bem percebida com auxílio do saber da psicanálise. Pois bem, restaram desveladas as promessas idealizadas de amparo original, que vieram lacradas no interior de um pacote semântico, que trouxe cidadania e nacionalidade amalgamadas, uniu cidadania e identidade nacional à semelhança de um condão umbilical. Ao pensar em sociedades de extremas desigualdades, como a nossa, antecipo um primeiro destaque: uma ideia de cidadania que desde longo período legitima o controle social àqueles grupos dotados de poder e força, os quais selecionam, classificam e controlam a conduta dos segmentos mais fragilizados, está perdendo seu sentido e sua força de controle diante da complexidade e da proporção numérica dos “desviantes”. Condutas desviantes são aquelas tipificadas pelas leis das penas. São os critérios morais e jurídicos pelos quais se potencializa a criminalização dos delitos daqueles segmentos sociais dominados ou não reconhecidos quando confrontados no conjunto de fatores valorativos, que faz a medida da seletividade em sociedades capitalistas. No entanto, o contingente de desviantes aumenta na proporção em que aumentam os marginalizados e os esquecidos da cota pessoal, que estão a merecer da riqueza social produzida. Retomando, entendo que uma sociedade de cidadania se sustenta a partir do reconhecimento das diferenças e da diversidade que caracteriza em nossos dias a cartografia cultural humana. Sociedades pluralistas como as atuais, requerem sujeitos do reconhecimento da diversidade cultural, e nesse sentido o pluralismo não significa só a coexistência de ideias divergentes, mas a construção de mecanismos para dar acesso a todos os indivíduos e grupos sociais aos bens e aos serviços que o desenvolvimento enseja. O conjunto de fatores que faz digna a  7 Ver Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen.  354 vida da pessoa humana, não se reduz a um grupo de cidadãos [masculinos] nacionais como fez ver a primeira Declaração de direitos francesa, nem, atualmente no Brasil, como quer deixar ver o acesso a uma cesta básica por doação. De algum modo, há que restar ressignificada a cidadania como um instituto de potência inclusiva, de respeito à igualdade e respeito às diferenças; descontaminada dos critérios excludentes, de hegemonia, de seletividades e segregações. A cidadania tende a ser entendida como um locus de vincularidades, de respeito, de proteção e de cuidados mútuos. Uma sociedade que sobrevive de políticas sociais doadas, por uma classe de profissionais da política, não viabiliza à formação em cidadania, mas a manipulação e a submissão do sujeito. A cidadania apresenta uma dimensão poradoxal. As duas principais dimensões de cidadania, a jurídica e a política, vão incorporando novas significações. A dimensão jurídica se sustenta na pretensão de uma sociedade justa e que comporta formas desejadas de reconhecimento individual e coletivo. Para Touraine, “a reivindicação de justiça é em primeiro lugar um protesto contra a injustiça”.8 É nesse sentido que essa dimensão se legitima a partir da validação jurídica e envolve o pertencimento social do cidadão. Uma pertença que se justifica pela vinculação do cidadão a um padrão material concreto, de onde extrai as condições substanciais para uma vida digna. Já a dimensão de potencial político está associada às lutas sociais. A primeira legitima o exercício dos direitos, tendendo a garantir, redistribuir e incorporar os avanços sociais, inclusive aqueles de natureza material e simbólica. A dimensão política funciona como um conjunto de condições de lutas daqueles que estão excluídos e/ou esquecidos socialmente, sempre que as formas de vida se tornam intoleráveis caracterizando um quadro de indignidade. Ao se afirmar como um processo, a cidadania tem assumido uma dinâmica própria, vindo a solidificar seu vínculo com os direitos humanos enunciados na Declaração Universal de 1948. A partir daí a cidadania  8 TOURAINE (1999: 308).  355 selou seu compromisso maior com a dignidade da pessoa humana. Este fato deu à cidadania as condições de justificar sua vincularidade à pluralidade das práticas sociais, que são próprias da diversidade das culturas, das crenças e dos valores humanos. Ainda que o/a cidadão/ã possua seu vínculo privilegiado de proteção com seu Estado nacional, tais vincularidades posicionais9 a complementa e a reforça, pois dizem respeito à formação e à mutação permanente que caracteriza a atual forma de sociedade. No sentido em que Scherer-Warren dá aos Movimentos Sociais: “é um conjunto mais ou menos abrangente de práticas sociopolítico-culturais que visam à realização de um projeto de mudança [...], resultante de múltiplas redes de relações sociais entre sujeitos e associações civis”.10 Fazer política implica uma multiplicidade de demandas identificatórias em defesa de todas as formas de vida. Neste aspecto, os direitos humanos funcionam como um referencial ético para a cidadania. Essas vinculações mútuas entre pessoas e coletividades de pessoas estariam se tornando pontos de convergência para novas formas de realizar a cidadania; são ações difusas que refletem sobre o processo hegemônico global, o qual possui características comprovadamente predatórias sobre o meio ambiente e os ecossistemas naturais e culturais. As identificações que se estão fazendo em redes (Hall) são de natureza não fixas, sendo suspensas e transitórias, articulam-se entre diferentes posições, que se compõem de pessoas e/ou de coletividades que se envolvem e lutam por reconhecimento social e político de seus direitos fundamentais, por exemplo. Uma fuga da ideia legalista e de exclusividade da cidadania,11 que dimensionou e ideologizou a construção das condições de negação do outro,  9 HALL, S., op cit., 2001, p. 81 chama aqueles movimentos de “formações de identidades que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas de sua terra natal”. 10 SCHERER-WARREN, Ilse (1999: 15-16). 11 A proposta é um trânsito da concepção de cidadania vinculada à ideia de identidade centrada em valores particulares, característica de nacionalidade moderna de cunho liberal individualista.  356 do estrangeiro, por (des) equiparação. Não somente selecionou, discriminou e negou ao estrangeiro direitos humanos, também justificou a seletiva participação na vida política do Estado do próprio cidadão nacional. Com isso, desidratou seu potencial político, restringindo-o a capacidade de votar e de ser votado. Por essa via, o Estado seleciona, na forma da lei, aqueles que podem exercer os direitos políticos e participar do poder social instituído. Dizendo diferente, de alguma forma o sistema seleciona aqueles que podem desfrutar dos benefícios da vida comunitária.12 A cidadania com vínculos nos direitos humanos não se vê restrita ao exercício do voto, à nacionalidade ou à prestação obrigatória de alguns serviços. No Brasil, a cidadania é um dos fundamentos da República Federativa, assim como é a dignidade e o desenvolvimento humano, que densificam as liberdades e todo o elenco dos direitos que constitui a sociedade política, solidária e humanizada. A partir daí, o Estado brasileiro e sua instrumentalidade institucional foi transformado em sujeito de obrigação social, 13e está para manter, garantir e promover, na medida da dignidade da pessoa humana, todos os direitos de liberdade, de igualdade e de diferença, mais aqueles sociais (coletivos e difusos), sob bases de desenvolvimento material, para dar substancialidade à cidadania. As condições de materialidade fática que requer a realização da cidadania resultam da efetivação de um conjunto de direitos e de obrigações fundamentais sociais, (individuais e coletivas), sob a óptica da proporcionalidade e do equilíbrio que demandam os interesses individuais, coletivos e sociais. Trata-se de uma cidadania onde o sujeito/cidadão é concebido como um ser concreto, para além de uma abstração jurídica; a pessoa humana enquanto sujeito de direitos universais não pode mais ser reduzida somente a um ponto de convergência de normas estatais. Trata-se de viabilizar uma cidadania solidária, de apostar  12 No Brasil, com o advento dos novos direitos fundamentalizados na Constituição Federal de 1988, não é mais possível sustentar tal compreensão de cidadania. 13 Mesmo considerando sua limitação semântica, faço uso da categoria Sujeito de Obrigação Social, ou “Estado de Obrigação Social”, considerando aquelas obrigações próprias do Estado Social.  357 em práticas sociais e culturais aferidas na perspectiva da dignidade humana. 3. DIREITOS HUMANOS DA CIDADANIA Os direitos humanos não pertencem aos Estados. Os Estados são aparatos institucionais necessários para sua proteção. Os direitos humanos são mecanismos protetivos de pertence a sociedade humana. Em um primeiro plano, são instrumentos de defesa contra as estruturas de poderes públicos e privados que tendem a violar a dignidade de pessoas e de grupos humanos. Uma política de cidadania que pratica os direitos humanos envolve o reconhecimento social, a inclusão e a dignidade de todos e de cada um, sem segregações, e ancora um modo de organizarse da sociedade no âmbito da qual os direitos funcionam como condição para a liberdade, a igualdade, a solidariedade, o respeito às diferenças, à participação efetiva no encaminhamento das questões coletivas, sem a necessidade de os cidadãos dependerem de delegações rotineiras excessivas. Assim, entende-se os poderes, públicos e privados, limitados pelos direitos humanos fundametalizados no ordenamento jurídico da maioria dos Estados ocidentais. Ainda que isso não seja suficiente para controlar de forma efetiva as relações opressivas dos poderes sociais, esse fato tratou de retirar a legitimação da ação abusiva dessas estruturas; estruturas que, se não controladas, tendem violar de forma continuada, numa relação desproporcional de forças, pessoas e grupos de pessoas. Desse modo, os direitos relativos à pessoa humana, no entendimento de Douzinas (2009), estão ligados aos movimentos humanos e as suas formas jurídicas. Se os movimentos sociais são formas de reação as exigências excessivas dos poderes, neste momento estão em desvantagem numa escala global. A esse respeito, Douzinas argumenta: “a democracia e o Estado de direito são cada vez mais usados para garantir que as  358 forças econômicas e tecnológicas não estejam sujeitas a qualquer outro fim que não o da sua própria expansão continuada”.14 É nesse sentido que a cidadania, enquanto uma “política” dos direitos humanos, tende a legitimar os cidadãos no direito de agir em defesa da vida e apostando numa sociedade que pode se sustentar em cuidados mútuos; reconhecer o direito à diferença, considerar as culturas particulares, suas diversas dimensões espaciais e temporais, local e global, com suas respectivas articulações e inter-relações. Ainda que o Estado Constitucional Democrático esteja sendo desviado para atender às forças do Mercado, em seu viés econômico e financeiro. Destaco, a legitimação da vida social se viabiliza tanto pelo respeito à soberania popular, como expressão maior do conceito de sufrágio universal, tanto quanto por um ordenamento ético e juridicamente aferido pela dignidade e pelos direitos humanos fundamentalizados. Para Habermas, a legitimação pelos direitos humanos envolve uma nova maneira de agir do cidadão, que os toma para viabilizar uma defesa ética da não conquista predatória, 15 em defesa da dignidade de todos os diferentes agrupamentos sociais, e no dever de compartilhar cuidados para preservarem-se de uma determinada forma de desenvolvimento capitalista de produção e de acumulação desmedida. 16 Em trânsito para um estado de solidariedade social, ambiental e de interações humanas que se sustentam pelo reconhecimento da diversidade cultural, a cidadania, além de possuir uma forma procedimental, potencializa a dignidade a cada grupo e a cada pessoa, repercutindo a dignidade na medida da equiparação igualitária humana; a solidariedade como relação recíproca de cuidados entre iguais e diferentes.  14Douzinas, Costas. O fim dos direitos humanos. Editora Unisinos, São Leopoldo. 2009. Op. cit.p. 25. 15 HABERMAS. Sobre a Legitimação pelos Direitos Humanos. In: MERLE; MOREIRA (org.), et al., op. cit., p. 67. 16 WALERSTEIN, op. cit., 2002b.  359 Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão17 até se chegar à Declaração Universal dos Direitos do Homem, 18 a cidadania agregou e potencializou um complexo de direitos originados das demandas históricas, pelo menos sobre três características fundamentais: uma primeira característica da cidadania foi a de potencializar a liberdade ao cidadão moderno, inicialmente ao burguês, e que resultou mais tarde nas condições de possibilidades de legitimar os governos democráticos. 19 Todavia, nestes tempos em que o óbvio se torna fundamental, a questão da igualdade vem se consolidar por meio dos direitos sociais, âmbito onde o sujeito de direitos toma forma a partir de sua situação concreta no contexto social. Essa segunda dimensão dos direitos humanos – os direitos sociais e econômicos e culturais – proporcionou ao cidadão ir além das garantias individuais, visou atender comunidades e grupos: o coletivo. 20 Assim, além das garantias individuais fundamentais (a vida, as liberdades de religião, opinião etc.), a cidadania que se origina nesse âmbito surge ligada à realização do bem-estar individual e coletivo e dos serviços sociais qualificados para minimizar a desigualdade concreta. A cidadania social consiste na promulgação de uma ordem constitucional  17 A Assembleia Nacional Francesa aprovou em 26 de agosto de 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento se tornou símbolo do que se chama hoje de direitos humanos. Cfe. anexo B, p. 314. 18 A resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948, reafirmou e atualizou a primeira Declaração de Direitos Francesa, e deu ênfase aos direitos de solidariedade no sentido de congregar todos os povos. 19 LEFORT, op. cit., 1987, p. 54. A questão dos Direitos do Homem é defrontada por Lefort a partir de três paradoxos: Na primeira figura do paradoxo, a “sociedade é concebida doravante como uma sociedade de homens livres e iguais, sociedade idealmente una nesse sentido e homogênea [...]. Segunda figura do paradoxo: os direitos do homem são enunciados; eles o são como direitos que pertencem ao homem; porém, simultaneamente, o homem aparece através de seus mandatários como aquele cuja essência é enunciar seus direitos [...]. Terceira figura do paradoxo: os direitos do homem aparecem como os dos indivíduos, os indivíduos aparecem como tantos soberanozinhos independentes, cada qual reinando sobre seu mundo privado, como tantas micro-unidades desfeitas do conjunto social; mas esta representação destrói uma outra: a de uma totalidade transcendente às suas partes”. 20Direitos do trabalhador, educação, saúde, segurança e justiça, lazer, assistência aos desempregados, previdência social, proteção à maternidade Constituição Federal do Brasil, art. 5º , 6º , 7º , 170º , 182º , 225º , e outros.  360 que pretende a igualdade como ponto fundamental e visa resgatar a questão da justiça social. Para Marshall (1967:94), a ampliação dos serviços sociais resulta no enriquecimento geral da substancia real da vida civilizada. Não é somente um meio de igualar as rendas, mas de equiparar os indivíduos no seu todo. Segundo ele, são os serviços oferecidos pelo Estado e não aqueles que se pode comprar no mercado, que se tornam a medida de uma sociedade de bem-estar. A qualidade dos direitos sociais e suas expectativas legitimam e asseguraram, assim, a manutenção de uma vida digna ao cidadão. E legitima o sistema no seu aspecto de justiça social. Ao contrário, uma sociedade de pilhagem global (Beck, 2000) ignora sumariamente a cidadania, pelo fato de negar o direito devido em função do não reconhecimento do cidadão como componente da partilha dos bens gerados pelo desenvolvimento. Neste aspecto, essa negação precariza de diferentes modos os direitos individuais, os coletivos sociais e os solidários. Volto a Marshall: a cidadania e o sistema capitalista entraram em guerra no século XX. Em especial, os direitos humanos sociais e culturais, irradiaram seus valores as relações privadas e públicas, juridicamente, subordinam o mercado à justiça social; a livre barganha fica sujeitada aos direitos (Marshall, 1967: 103). Contudo, os direitos não estão podendo conter a ferocidade e a velocidade da pilhagem. Na guerra da qual fala Marshall, o cidadão vai se tornando órfão em relação à proteção estatal. Parece evidente que o Estado não tem podido limitar a proporção do ganho pessoal de alguns poucos, nem cumpre, por esse motivo, o seu dever público. Para os propósitos de uma sociedade de cidadania, vale a lembrança: “Em termos de organização política, libertação significa a sujeição do poder à razão da lei”.21 A dimensão dos direitos do Homem que mais se universalizou, inclusive foi determinante no sistema internacional, como se refere Wallerstein,22 foi a liberdade, surgida em sua versão moderna no século XVIII, como  21 Costas Douzinas ao comentar as Criticas de Kant, op. cit. P. 23. 22 WALLERSTEIN, op. cit., 2002a. Cf. cap. 7 “O fim de qual modernidade?”.  367 grupos fechados, não é uma solidariedade mafiosa, ela é concebida no sentido de responsabilidade social, de responsabilidade para com o outro, do cuidado indispensável àqueles bens e valores comuns que giram em torno de uma vida digna para todos e para cada um. A solidariedade se concretiza por atitudes e por ações que resultam em proteção e em promoção da pessoa humana, em frente às dificuldades que se afirmam enquanto constrangimentos internos e externos às relações no cotidiano da vida dos indivíduos. Como se refere Ilsen Schrer-Warren ao conceber os valores de solidariedade como ideias-força da participação: “A solidariedade, definindo-se pelo princípio de responsabilidade individual e coletiva com o social e o bem comum, cujas implicações práticas são a busca da cooperação e da complementaridade na ação coletiva e, portanto, para o trabalho em parceria”.33 Assim, cidadania não é somente distribuição de direitos por nacionalidade, por raça, por etnia ou por qualquer outra forma de justificação de privilégios para alguns e de opressões e segregações a outros tantos. As diferenças não podem mais servir de pressuposto para dividir a humanidade por raças, cores, cultura entre tantas outras maneiras de selecionar e classificar. A cidadania vai se ampliando para a sociedade humana. A cidadania como uma maneira de praticar os direitos humanos, a solidariedade como responsabilidade para com o outro e o reconhecimento da diversidade que compõe os indivíduos e as comunidades humanas formam um conjunto de ingredientes teóricos que, articulados de forma não dissociados, funcionam para potencializar um pensar novo a respeito da cidadania. Geram sinergias à cidadania. Estamos diante de categorias que modificam a força semântica da concepção de cidadania, vinculando-a, com certeza, a pessoa humana nas suas múltiplas formas de viver a vida individual e coletiva. Na minha compreensão, para que a cidadania possa se tornar uma mediadora em sociedades multiétnicas, plurais e diversificadas, para potencializar a realização  33 SCERER-WARREN, Ilse (1999:62). [Document text truncated for crawler view.]