Momento de definiciones. El Instituto Nacional de Antropología e Historia emplazado en su razón de ser ante las iniciativas de megaminería tóxica: una narrativa y análisis de caso en México

188 MOMENTO DE DEFINICIONES. EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EMPLAZADOEN SU RAZÓN DE SER ANTE LAS INICIATIVAS DE MEGAMINERÍA TÓXICA: UNA NARRATIVA Y ANÁLISIS DE CASO EN MÉXICO Paul Hersch Martínez Lilián González Chévez Se describen y analizan algunas tensiones actuales generadas por el modelo extractivo radical en las políticas públicas, entre el polo del sometimiento neocolonial y el polo del interés colectivo focalizado en la defensa del patrimonio biocultural, a propósito de un caso que implica al Instituto Nacional de Antropología e Historia en México ante iniciativas de megaminería tóxica. El modelo extractivo pone a prueba la coherencia entre el discurso sobre la preminencia del bien común y los hechos, revelando tensiones preexistentes al interior de las instituciones públicas. Esta situación amerita definiciones operativas categóricas, acordes con el cometido institucional de la preservación del patrimonio cultural, requerida de articulación con movimientos sociales y del involucramiento del personal académico. El caso nos habla de una institución atrapada en el tránsito al extractivismo masivo que va impactando a las instancias públicas que aún mantienen su carácter social, y que lo emplaza en una situación para la cual no está preparada, ni en su normatividad, ni en su articulación social, ni en su perfil de recursos humanos, pues sus prioridades actuales se encuentran sometidas a presiones que atentan a su mandato. Cuando se comprende la relevancia y singularidad de la institución, resulta inexcusable protegerla partiendo de su encomienda misma, ajena a las contingencias políticas cambiantes y a las presiones que la están poniendo a prueba. Introducción ¿De qué fe en el futuro se puede hablar cuando lo único que progresa es la tecnología? ¡La ética, la moral y el humanismo pertenecen a la edad de piedra! El fascismo ha hecho resurgir las atrocidades de la época primitiva, hemos retrocedido cincuenta mil años… Vasili Grossman Las palabras de Sofía Ósipovna, personaje de Grossman, a propósito del sitio de Leningrado, nos permiten esbozar de inicio el punto medular de que trata la siguiente presentación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es una instancia del gobierno federal en México, fundada en 1939 con el propósito de investigar, preservar, proteger y difundir el patrimonio cultural del país. La institución se generó –a la par de otras como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de las Bellas Artes– en el marco de una política social emanada de la Revolución Mexicana de principios del Siglo XX, y cuyos principios reivindicatorios del bien común fueron ampliamente impulsados en el gobierno de Lázaro Cárdenas. 189 Casi ochenta años después y bajo el cometido institucional que lo ampara, el INAH tiene a su cargo más de 110,000 monumentos históricos edificados entre los siglos XVI y XIX y más de 46,000 sitios arqueológicos en todo el territorio nacional. A su vez, la cifra de museos a su cargo rebasa el centenar y cuenta con dos centros de formación superior en antropología e historia -uno en la Ciudad de México y otro en Chihuahua- y uno más en conservación, restauración y museografía. Con el paso de los años, la aproximación al patrimonio cultural como eje identitario de la institución ha ido evolucionando, y hoy se puede afirmar que al trascender una visión estática y cosificada de ese patrimonio, se destaca no sólo su amplitud y su imbricación con la vida cotidiana y actual de las colectividades, sino cada vez más su estrecha vinculación orgánica con la diversidad biológica del país, lo que hace posible la diversidad cultural misma, y el papel fundamental de la participación social en el cometido mismo de la institución. Así, la relevancia de la encomienda institucional del INAH se basa en el carácter identitario de ese patrimonio biocultural, que no sólo dota de orientación y sentido en su pluralidad y en su conjunto a la nación mexicana, sino que constituye un elemento crítico para la sobrevivencia de su población. Sin embargo, estos principios institucionales de origen se encuentran hoy emplazados por políticas públicas que, al serle contrarias, vulneran la función del INAH en varias de sus vertientes. Este trabajo se ocupa de una de ellas, aportando, se pretende, mediante la narrativa contextualizada de un estudio de caso, elementos para una reflexión hoy pertinente. La tensión en torno al alcance de la cultura El hecho de que la institución pública encargada de velar por la integridad del patrimonio cultural del país lo comprenda desde una perspectiva amplia y en el marco del interés colectivo, obviamente no significa que existan otras aproximaciones a la cultura que la conciben, en síntesis, como un rubro de oportunidad comercial acotado a su dimensión explotable, como un cúmulo de vestigios de interés turístico, de costumbres exóticas o peculiares, y reducido a menudo a la connotación de la “alta cultura” característica y exclusiva de una clase social, en una perspectiva ajena a la concepción gramsciana de que no existen pueblos ni individuos sin cultura. De tal aproximación estática e instrumental deriva un alcance reduccionista del patrimonio cultural, funcional a su mercantilización. Sin embargo, como se puede comprender ante la naturaleza global de los megaproyectos actuales que se definen y abordan más adelante, ni siquiera en esa concepción cosificada y folclorista, el “patrimonio cultural” sale librado de afectaciones severas ante procesos que atentan contra la integridad física misma de los emblemáticos vestigios arqueológicos a conservar y visitar. La construcción de una realidad jurídica funcional al extractivismo Ahora bien, desde fines de la década de los ochenta del siglo pasado, diversos países de América Latina iniciaron reformas económicas e institucionales para favorecer el ingreso de capitales extranjeros, enfatizando en la liberalización económica, en los mecanismos de mercado y en el papel protagónico de las empresas privadas frente al Estado. En ese marco, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron adquiriendo mayor peso en la definición de las 190 políticas económicas nacionales, para ofrecer al capital extranjero no sólo estabilidad económica, sino un marco legal favorable a la entrada de capitales (Sánchez Albavera y cols, 1999). Se incrementó así la participación de la inversión extranjera directa en el financiamiento externo, favorecido ello, a su vez, por los ingresos de capital derivado de las privatizaciones. Entre los factores que modelaron desde entonces a la inversión minera y han propiciado el impulso a la minería de tajo abierto por metales, se encuentra la eliminación de barreras a la inversión extranjera, la “modernización” de los regímenes de concesiones mineras y el otorgamiento de “mayor seguridad a los derechos mineros” (Sánchez Albavera y cols, 1999; Sariego, 2009). Éstos últimos elementos se explican a su vez porque, como parte de ese proceso, dichos organismos financieros internacionales, con la participación de poderosos consorcios mineros, aplicaron una política de presión a las instancias legislativas de diversos países latinoamericanos, impulsando un marco legal permisivo que facilitase el desarrollo y diseminación de una modalidad de minería altamente devastadora en varios sentidos, denominada por ello “megaminería tóxica”. Por razones de extensión de este trabajo, no detallaremos aquí esos procesos de devastación múltiple. Entre los principios que configuraron ese nuevo ambiente jurídico propicio para la inversión minera foránea figura la “no discriminación al capital extranjero”; así, en México y mediante el TLCAN se eliminaron restricciones a la inversión extranjera antes existentes, de modo que desde su implementación las empresas extranjeras pueden detentar hasta el 100% del capital de las sociedades mineras (Albavera y cols, 1999). A su vez, los regímenes concesionales permiten acceder a la exploración y explotación de minas mediante un registro de títulos mineros; y si bien la minería se ocupa de un recurso natural cuyo dominio es ejercido por el Estado, “las leyes de inversión extranjera son de aplicación en todo aquello que no contradiga lo establecido por las disposiciones mineras propiamente dichas” (Albavera y cols., 1999:13); una pregunta obligada es hoy, entonces, ¿quién es el beneficiario de tal dominio?, y es que, a su vez, en México, salvo el previo pago de impuestos mínimos, no existen restricciones de ninguna índole para la extracción de las remesas (dividendos, regalías y movimientos de capital) que obtienen las empresas mineras extranjeras. En tanto, la mayoría de los países de América Latina también eliminaron requisitos de operación para dichas empresas, que anteriormente implicaban la compra de insumos locales, las preferencias a la ingeniería nacional y a la contratación de personal local (Albavera y cols, 1999:14). Así, como la esencia de lo que nos ocupa tiene que ver con la tensión entre el ámbito del bien común y el ámbito del interés privado, nos topamos con una contradicción de base, y es que si bien todas las legislaciones mineras de América latina sin excepción plantean el “dominio absoluto, inalienable e imprescriptible del Estado sobre las minas”, la concesión o título minero constituye una forma especial de propiedad diferente a la propiedad privada plena, porque se refiere al uso y usufructo de una riqueza perteneciente al Estado, otorgada sobre una base de derechos y obligaciones; así: Se trata de un título que permite identificar la riqueza potencial, explotarla de manera armónica con la preservación del patrimonio natural y disfrutar de 191 la venta de un producto que encierra un valor agregado, variable según el grado de transformación, fruto del esfuerzo del titular de dicho derecho (Albavera y cols, 1999:18; negritas añadidas) Nótese en el texto previamente citado, que si la concesión minera supone una “explotación armónica” con la preservación del patrimonio natural, el concepto de patrimonio cultural se encuentra ausente, lo que denota el alcance que se le otorga como tal en la legislación minera. Así, siendo que todas las legislaciones mineras de América Latina consideran al desarrollo de la minería como un asunto de interés público, de utilidad pública o de interés social, no sobra destacar algo elemental, y es que ese “dominio del Estado” resulta altamente cuestionable, pues por la naturaleza misma de la modalidad extractiva de metales mediante explotaciones a tajo abierto con lixiviación, no sólo es técnicamente imposible una “explotación armónica” y la “preservación del patrimonio natural”, sino que la legislación, al propiciar el despojo en diversas dimensiones, vulnera frontalmente el principio mismo de la “utilidad pública”, confinándolo al terreno de la mera retórica. Resulta significativo que tan elemental contradicción persista, denotando la preponderancia naturalizada de la lógica mercantil en las políticas públicas actuales. El término de “megaminería tóxica” concierne a un tipo de explotación intensiva impulsada desde inicios del siglo XX en los Estados Unidos por Daniel Jackling, consistente en la extracción masiva de materiales del subsuelo en superficies abiertas, para ser molidos y luego sometidos a un proceso de lixiviación con uso de sustancias tóxicas destinado a separar metales. La propuesta técnica de Jackling corresponde, en el ramo de la minería, a un proceso general de masificación en la producción y abasto de materiales, necesario para satisfacer la intensificación masiva del consumo, proceso que se se ha ido extendiendo progresivamente no sólo en la producción fabril, sino en la agricultura, la ganadería, la pesca, la producción de madera y otros rubros (LeCain, 2009). Estos procesos intensivos han implicado a su vez que la intensificación derive en procesos de destrucción y depredación ambiental que han llegado a niveles inauditos y de consecuencias irreversibles. Jackling generó su modelo, emblemático de la intensificación actual del extractivismo, orientando su atención en un metal a su vez significativo: el cobre. La primera explotación en que se aplicó dicho modelo fue la mina Bingham, al sur de Salt Lake City, en Utah. Como señala LeCain (2009), el alambre de cobre fue esencial en el proceso de electrificación de Estados Unidos, y ésta, determinante a la vez en su industrialización. El modelo de minería a tajo abierto con lixiviación, a pesar de ser altamente depredador, aceleró y abarató el proceso de extracción de cobre y sirvió como pivote en el abasto masivo requerido en el arranque de la industria eléctrica y automotriz, así como en la provisión de insumos para la Primera Guerra Mundial, y sería luego aplicado en otras regiones y a otro tipo de metales. Así, la primera mina mexicana en que esa tecnología se aplicó fue la de Cananea, en Sonora, la cual cuenta con las segundas mayores reservas de cobre metálico en el mundo 1 . 1 Véase: http://www.mining-technology.com/features/feature-the-10-biggest-copper-mines-in-the-world/ 192 Foto 1. Extracción actual a tajo abierto con lixiviación en Cananea, Sonora. Fuente: http://www.labartolina.com.mx/bartolina/cananea/mineria-a-tajo-abierto-en-cananea-una-de-las- mas-peligrosas/ El modelo de tajo abierto se aplicó ahí precisamente en la Segunda Guerra Mundial ante los ingentes requerimientos de cobre: A causa de la gran demanda de cobre en los Estados Unidos […] en Cananea […] se gestó a partir de 1942 un proceso de innovaciones tecnológicas de enormes dimensiones. El gobierno norteamericano, a través de una de sus agencias compradoras de metales […] otorgó a Anaconda en octubre de 1942, un crédito por más de 18 millones de dólares […] destinados a ampliar y modernizar las operaciones y plantas de Cananea […] La modernización de las operaciones […] incluyó […] la apertura de la explotación de un tajo a cielo abierto y la construcción de una nueva planta concentradora, diseñada para tratar diariamente 12,000 toneladas de mineral de baja ley. Se iniciaba así una nueva era productiva en el Mineral de Cananea, caracterizada por el abandono progresivo del sistema tradicional de trabajo en las minas subterráneas y la implantación del proceso de extracción por medio de tajos… (Sariego, 1988: 257; negritas añadidas) Los megaproyectos y su creciente relevancia Cabe señalar que el auge de la instalación de megaproyectos específicos, en el caso de América Latina, constituye una expresión del magno megaproyecto de la colonialidad, entendida ésta como el ordenamiento social vigente, emanado de la época colonial y caracterizado por la jerarquización impuesta y naturalizada de seres humanos, saberes, lugares y subjetividades (Restrepo y Riojas, 2010). Sin embargo, conceptualizados de manera más específica, los megaproyectos a que nos referimos aquí, incluidos los mineros, se caracterizan hoy por: a) plantearse a gran escala; b) impulsarse con gran inversión económica; c) desarrollarse en periodos muy cortos; d) desatar procesos radicales de transformación social y espacial; e) ser animados por dinámicas exógenas a las 193 comunidades, es decir, las decisiones se toman al margen de las comunidades que afectan, y f) presentarse a menudo como realidades técnicas que sólo están al alcance o pueden ser entendidas por especialistas (Gutiérrez y Emanuelli, 2014). Como elemento de contexto, el gráfico siguiente muestra el incremento de los conflictos socioambientales en México, que caben en general en dicha caracterización, partiendo de revisiones recientes: Fuente: Toledo y cols. (2014): http://laecologiaespolitica.blogspot.mx/2014_09_01_archive.html A su vez, de 177 municipios que presentaban conflictos socioambientales por megaproyectos en México, 71 correspondían entre 2009 y 2013 al ramo de minería (Toledo y cols., 2014) 0 50 100 150 200 250 300 350 FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE 2011 2012 2013 2014 Gráfico 1: Conflictos socioambientales registrados en México, 2012-2014. 194 (Gráfico 2): Fuente: Toledo y cols. (2014): http://laecologiaespolitica.blogspot.mx/2014_09_01_archive.html La confrontación de visiones contrastantes de un mismo territorio Ahora bien, la tensión existente entre las políticas actuales de apertura del territorio a las iniciativas megamineras y el cometido de instituciones gubernamentales orientadas directa o indirectamente a la salvaguarda del patrimonio biocultural del país se pone de manifiesto cartográficamente, al confrontar dos visiones contrastantes de la realidad geográfica del mismo territorio, lo que a su vez denota el carácter de dichas instituciones como referentes de ordenamiento territorial (Mapa 1). Cabe destacar que las áreas en que no aparecen zonas arqueológicas no implican necesariamente su ausencia, sino que denotan exploraciones pendientes 2 . 2 Un elemento de base que propicia este tipo de situaciones es la insuficiencia presupuestal para la exploración arqueológica, manifiesta en la vastedad de áreas grises del Mapa 1 ya presentado. Esta insuficiencia supedita a la investigación arqueológica al patrocinio externo, tal como sucede en la confección de las mismas MIAs e inclusive en otras ramas del conocimiento, como es el caso de la investigación clínica biomédica, de tal forma que el interés del patrocinador en los resultados de aquello que está pagando juega un papel que no puede ser soslayado, cuando no hay una revisión crítica de sus implicaciones. Ese patrocinio no sólo puede provenir de empresas particulares, sino de otras instancias públicas. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AGRICOLA BIOTECNOLÓGICO ENERGÉTICOS FORESTAL HIDRÁULICOS MINEROS RESIDUOS PELIGROSOS Y RELLENOS SANITARIOS TURÍSTICO URBANO NÚMERO DE CONFLICTOS Gráfico 2. Conflictos socioambientales registrados en México por Categoría (2012-2014) 195 Mapa 1. Concesiones de minería y zonas arqueológicas en México. Fuente: Cedeño (INAH) con datos de INAH y Sría. de Economía (2012) En este sentido, cabe retomar lo propuesto por Sariego (2009), cuando precisa tres momentos históricos de la minería en el país como fronteras sucesivas de la misma: la primera concretada en los reales de minas en la época colonial española, dando cabida a una integración que derivó en ciudades como Guanajuato, Zacatecas o Taxco; la segunda, correspondiente a la minería por minerales para derivaciones industriales, remite a desarrollos mineros más recientes, de finales del Siglo XIX y principios del XX, con propietarios mayoritariamente ingleses y norteamericanos y en forma de enclaves con menor integración, como es el caso de Nueva Rosita o Cananea, y una tercera frontera, que es la que nos ocupa, en expansión actual y cuyo impulso corresponde a empresas principalmente canadienses en un modelo extractivista radical de afectaciones múltiples (Sariego, 2009: 185 y ss). Ello a su vez remite a lo mencionado por Sassen, sobre el proceso en virtud del cual una economía global corporativa impone la intensificación de geografías hegemónicas, la desnacionalización de lo nacional y la globalización de lo local (2007). Este mismo elemento denota a su vez la jerarquización de los lugares, característica de la colonialidad. La confrontación de miradas contrastantes sobre un mismo territorio se plasma en conflictos como la afectación que desencadenan las iniciativas de minería tajo abierto en la integridad de zonas arqueológicas y/o de relevancia histórica particular, manifiesta en diversas regiones del mundo, resultando en motivo de preocupación creciente, con ejemplos como los de Rosia Montana en Rumania (Els, 2013; Anónimo, 2013a; Jamasmie, 2016), Mes Aynak en Afganistán Zonas arqueológicas descubiertas Concesión vigente Concesión cancelada 196 (Najimi, 2011; Anónimo, 2013b; Stein, 2015) o el de áreas sagradas apache en Oak Flat, Arizona (Zorich, 2014; Davidson, 2016). Estas lecturas diferenciales y a menudo mutuamente excluyentes de lo que es un mismo lugar se reflejan a su vez en el sentido y el alcance del ordenamiento territorial, máxime cuando los conceptos de ordenamiento ambiental y ordenamiento territorial no deben ser entendidos de manera aislada (Bayona- Molano, 2016), y es que un elemento clave en ambos refiere al patrimonio biocultural, que va más allá del alcance ambiental entendido de manera descontextualizada. Es decir, el territorio ha de comprenderse de manera multidimensional. Por ello y su vez, la exclusión de la población respecto a la toma de decisiones relativas a su territorio denota el alcance meramente discursivo, no sólo del derecho a la autodeterminación de los pueblos, sino de la democracia en sí. El INAH como ordenador territorial En cuanto a los territorios, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) postula la necesidad de “planificar la sostenibilidad”. Sin embargo, y de nuevo, el concepto de la sostenibilidad, usualmente entendido en su dimensión ambiental, en su amplitud, tiene una vertiente cultural y sanitaria insuficientemente atendida. En ese contexto, debe reconocerse que el INAH en México, a casi ochenta años de su creación, aun cuando recurriendo a otros términos, ha instrumentado una política de sostenibilidad respecto al patrimonio cultural y lo ha hecho por varias vías, lo que conlleva su papel como ordenador territorial. Este papel institucional, manifiesto de manera más emblemática en la preeminencia de la protección de asentamientos meso y arido-americanos ante diversas iniciativas de transformación territorial, adquiere hoy connotaciones críticas. Y es que si bien el ambiente es el soporte fundamental para el ordenamiento del territorio, dado que éste remite a los medios de la vida, el tratamiento sectorizado y no armónico de las políticas ambientales y territoriales genera conflictos de competencias (Bayona-Molano, 2016), exacerbados hoy por la colonialidad, a través de la exclusión histórica de las comunidades y la invisibilidad construida de la dimensión cultural de los territorios ante la llegada de megaproyectos. Sin embargo, existen referentes posibles para un ordenamiento territorial incluyente, como un caso en Colombia de colaboración exitosa en un proceso de planificación y protección del patrimonio ambiental, entre una corporación autónoma regional y una organización indígena, planteado bajo la idea de “empoderar a las comunidades sobre el conocimiento, evaluación y usos sostenibles de los recursos naturales, en armonía con sus planes de vida”, respetando y recuperando el conocimiento ancestral y las prácticas culturales […] sin que riñan en este escenario las competencias y visiones de los dos actores, convirtiéndose en una experiencia de intercambio de conocimientos, compartidos y complementarios. A partir de este ejercicio, se han identificado de manera conjunta problemas como los monocultivos, la contaminación hídrica y la extracción maderera y minera descontrolada (Bayona-Molano, 2016: 126; Corantioquia, 2015) 203 Foto 2. Zona arqueológica Los Filos-Mezcala al lado de uno de los tajos en la explotación minera de Goldcorp, Carrizalillo, Guerrero, 2010-2012 Fuente: Mijangos, M.A. Fotos 3-4 Elementos de la zona arqueológica Los Filos-Mezcala, Carrizalillo, Guerrero, 2010- 2012 Fuente: Mijangos, M.A. Zona Arqueológica 204 Foto 5. Destrucción de la zona arqueológica de Los Filos-Mezcala. Explotación minera de Goldcorp, carrizalillo, México, 2012. Fuente: Mijangos, M.A En ambos casos, uno a pesar de la oposición de investigadores del INAH y otro gracias a la anuencia proactiva de otros investigadores de la misma institución, la afectación resultó favorecida por la ausencia de protocolos integrales de una política clara, común y definitoria a nivel institucional. Conclusiones Así, ¿en qué deriva el caso someramente presentado? Partiendo de una figura procedente de procesamientos fotográficos hoy en desuso, el modelo de extracción intensiva opera como revelador de una imagen antes imperceptible, compuesta por diversos elementos, entre los cuales cabe resaltar la carencia de actualización institucional frente a un reto múltiple, y por consiguiente, la de un proceso definitorio necesario ante ese reto. La alusión al origen y naturaleza de la megaminería tóxica es pertinente, porque en la confrontación a que nos referimos, dos elementos del modelo extractivista radical emergen en su relevancia, contrastante con el sentido y alcance del INAH. Son su vertiente de intensidad y de ritmo, es decir, el carácter masivo y acelerado del proceso destructivo y por tanto del despojo que lo define. No es de extrañar que la institución pública encargada de atender y preservar las raíces de los procesos civilizatorios que configuran nuestro presente, se tope de frente con un modelo que atenta radical e irreversiblemente contra la integridad de los territorios que son mucho más que depósitos de minerales puestos a disposición de quienes los quieran arrebatar. 205 La singularidad identitaria encomendada al INAH no es masificación, al tiempo que los ritmos que reclama esa encomienda institucional no son en absoluto los propios de la demanda a que responde el extractivismo radical. La cadena de montaje exige automatización y subordinación a una racionalidad ajena a la que entendemos como propia de la diversidad biocultural de un país. En una escala más particular, por ejemplo, el trabajo de investigación en cualquiera de las ramas del INAH es, retomando a Wright Mills, un trabajo eminentemente artesanal; un proceso de aproximaciones sucesivas extraño a la imagen de una cadena de montaje prefigurada, niveladora de identidades, uniformizante y perfectamente cronometrada de acuerdo con el programa eminentemente económico que el capitalismo y la colonialidad imponen hoy, y no sólo ajeno a la dinámica de la vida misma, sino directamente antagónico a ella. El caso nos habla de una institución atrapada en el tránsito de la modernidad que va impactando a las instancias públicas que aún mantienen su carácter social, y que la emplazan en una situación para la cual no está preparada, ni en su normatividad, ni en su perfil de recursos humanos, pues sus prioridades actuales se encuentran sometidas a cometidos contrarios a su encomienda. Cuando se comprende la relevancia y singularidad de una institución como el INAH, resulta fundamental protegerla partiendo de su encomienda misma, ajena a las contingencias políticas cambiantes y a las presiones que la están poniendo a prueba. La tensión existente entre las políticas públicas de apertura gubernamental irrestricta a megaproyectos –en este caso a iniciativas de megaminería tóxica– y el cometido institucional de defensa de la integridad biocultural del país, de no ser reconocida y abordada, lleva al abandono inercial y soslayado de ese cometido, cuando se soslaya la necesidad permanente de actualizarlo a partir de su fundamentación. Sin embargo, estas tensiones pueden derivar en una dinámica que posibilita paradójicamente una revaloración de sentido compartido entre las comunidades y las instituciones relacionadas con la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural, destacando en ello la relevancia crítica de los procesos de genuina participación social. En una misma institución, en un extremo se encuentra una perspectiva desarrollista y colonial, anuente a las iniciativas extractivistas y de corte verticalista y autoritario, la cual reproduce desde una racionalidad instrumental la desinformación deliberada inherente a esas iniciativas y el sometimiento a lineamientos ajenos al bien común, a la integridad de los territorios y a la defensa del patrimonio biocultural; en el otro extremo se perfila una perspectiva dialógica que cuestiona ese desarrollo y plantea la necesidad esencial de una vinculación orgánica con la población a nivel local que es su razón de ser, reconociendo la dimensión integral de los territorios y su articulación con el patrimonio en su dimensión biológica y cultural. Como ejemplo de lo primero han quedado de manifiesto medidas de permisividad aplicadas para favorecer a la empresa que fueron oportunamente rectificadas y como ejemplo de lo segundo, la implementación de grupos de trabajo y de medidas de difusión fundamentada, como es el caso de la exposición itinerante sobre el tema ya referida. Dicha tensión no se encuentra aún resuelta, como tampoco los factores contextuales que la posibilitan. 206 La diversidad de factores y efectos en juego genera una dinámica compleja, no sólo en las comunidades afectadas y afectables, sino en las instituciones públicas que resultan emplazadas entre el cumplimiento de su cometido y la realidad del sometimiento colonial actualizado. La intensificación actual del patrón extractivista propio del capitalismo en su fase actual y de la colonialidad que le es cosustancial, pone de manifiesto tensiones de diverso tipo y alcance, no sólo en términos de la perspectiva instrumental respecto a los territorios y a su relación con el entorno ambiental, sino al origen y sentido mismo del Estado y sus instituciones. El equilibrio relativo entre el modelo económico dominante y las políticas públicas emanadas de definiciones históricas del Estado, donde se concretaban principios de bien común, ha llegado a una situación insostenible en México. En ese marco, una respuesta requerida remite al papel de los investigadores en coherencia con su encomienda pública, documentando posibles contradicciones, y de ahí la proposición fundamentada de alternativas de defensa del patrimonio biocultural, en conjunto con la población, lo que deriva en la propuesta de generar protocolos de actuación, de naturaleza participativa y transdisciplinaria, que permitan un monitoreo integral de los procesos. El INAH, sin la participación genuina de la población, no puede enfrentar estos retos. Desde la perspectiva formal de sus funciones, el INAH, en tanto que un ordenador territorial, ha de generar y aplicar una lectura para la defensa conjunta de los territorios basada en su cometido institucional; constituye así un ordenador además continuado, permanente, dada la naturaleza dilatada e integral de su cometido, que implica una doble amplitud espacial y temporal, al abarcar toda la extensión territorial de la nación y a su vez un vasto radio temporal, que no tiene que ver con el apremio característico del despojo.. Así, dota de sentido al Estado mismo y es un punto der referencia de sus instituciones, incluso de sus dependencias más “técnicas” en áreas tan definidas como la salud, la agricultura, la educación o la economía. Ante todas ellas, el INAH tiene algo sustantivo que aportar en su sentido y alcance. Los ordenadores territoriales, entendiendo aquellas instancias gubernamentales que velan en alguna de sus vertientes por la integridad del patrimonio y la diversidad biocultural, se encuentran así emplazados por las aproximaciones meramente instrumentales del territorio propias de la colonialidad. El patrimonio biocultural y la diversidad que lo sustenta, constituye así un referente básico de ordenamiento territorial, cuya concreción depende directamente de su sinergia con procesos de genuina participación social. 207 Bibliografía Amador Tello, Judith (2013), “El INAH, presa de las mineras”, Proceso, 20 de julio, en: http://www.proceso.com.mx/347861/el-inah-presa-de-las-mineras-2 _______ (2015), “Exposición muestra daños de la minería a tajo abierto”, Proceso, 10 de abril, en: http://www.proceso.com.mx/400825/exposicionmuestra-danos-de-la-mineria-a-tajo-abierto Anónimo, (2013a), “Open Pit Mining”, Rosia Montana Cultural Foundation, Protecting the Heritage of Romania through Sustainable Development, enero 18, en: http://rosia-montana-cultural-foundation.com/open-pit-mining/ _______ (2013b), “Mes Aynak: A Story of Courage and a Priceless World Treasure in Afghanistan”, Popular Archaeology, 11,junio, en: http://populararchaeology.com/issue/june-2013/article/mes-aynak-a-story-of-courage-and-a- priceless-world-treasure-in-afghanistan Bayona-Molano, Paola A. 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