Piedra, papel y tijera. Vivienda y gestión del asentamiento de la población Rrom / gitana rumana en el área metropolitana de Barcelona (2006-2014)

REVISTA ANDALUZA DE ANTROPOLOGÍA. NÚMERO 7: GITANOS/ROMA: AUTO-PRODUCCIÓN CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN HISTÓRICO-POLÍTICA SEPTIEMBRE DE 2014 ISSN 2174-6796 [pp. 102-129] http://dx.doi.org/10.12795/RAA.2014.i07.06 Fecha de Recepción: 07-06-2014 Fecha de Aceptación: 22-08-2014 PIEDRA, PAPEL Y TIJERA. VIVIENDA Y GESTIÓN DEL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN RROM / GITANA RUMANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (2006-2014). Óscar López Catalán Universidad Autónoma de Barcelona Resumen La población rrom (gitana) rumana en el Área Metropolitana de Barcelona ha sido objeto cíclicamente de atención en relación con la vivienda por parte de los medios (particularmente en los momentos previos a unas elecciones). Dicha población, presente fundamentalmente en Badalona y Santa Coloma de Gramenet vive mayoritariamente en pisos; y es precisamente en este último ámbito en el que se concentran la mayor parte de las problemáticas que sirven como escenario para el conflicto (sobreocupación, acumulación de chatarra, etc.) sea éste más o menos magnificado por los actores políticos y los medios. Sin embargo, pocas veces las narrativas sobre el mismo van más allá de una esencialización cultural, analizando en profundidad los factores que intervienen en el acceso a la vivienda de dicha población. La intención de este texto, además de analizar someramente cómo se están construyendo dichos discursos, es ofrecer una visión concreta de la interrelación de diferentes factores y sus consecuencias sobre la propia población a partir de un trabajo etnográfico realizado en los últimos siete años. Palabras clave Gitanos, Rumanía, Vivienda, sobreocupación, gestión local 103 Abstract Romanian Roma population in the Metropolitan Area of Barcelona have cyclically been given visibility by media in aspects related with housing (particularly prior to elections). The majority of this population, residing mainly in Badalona and Santa Coloma de Gramenet municipalities, inhabits in flats; and it is precisely this subject the one that concentrates most of the issues pointed out as conflictive (overcrowding, scrap metal collection, and so on) being it magnified or not by the political actors and the media. However, almost never the narratives about that situation go beyond a cultural essentialism, analyzing in depth the factors that intervene in access to proper housing for that population. The aim of this text, aside of briefly analyze how these discourses are being constructed, is to offer a concrete perspective of the interrelation of different factors and their consequences on the population itself, using data from an ethnographic fieldwork conducted in the last seven years. Keywords Roma, Romania, Housing, Overcrowding, Local Management 1. Introducción y aspectos metodológicos Desde el primer asentamiento de familias rrom rumanas, en los años 2002-2003 (ver, por ejemplo, Peeters, 2005; Vincle, 2006; Pajares, 2006; López y Sáez, 2009) en el Área Metropolitana de Barcelona1, uno de los aspectos que se han señalado con frecuencia como conflictivos es el de la vivienda (generalmente conectado bien a conflictos en el espacio público del barrio, bien a la cuestión de la sobreocupación). Aparte de la visibilidad que, en relación con otros temas (como por ejemplo los trabajos de tipo marginal, la política europea o las actividades ilegales) ha tenido la población gitana rumana en los medios de comunicación, este aspecto concreto ha sido recurrente en los debates y campañas políticas y en concreto en dos momentos determinados, la campaña municipal en 2007 y las elecciones al Parlament de Catalunya (2010). En consecuencia, el planteamiento de políticas a diferentes niveles sobre esta temática y/o población, en lugar de abordar otros factores desde un marco relativamente explícito, coordinado y coherente, se han llegado a constituir como reacciones bien a situaciones de urgencia, bien al propio conflicto y 1. Fundamentalmente en Sant Roc (Badalona), posteriormente en los barrios que componen Serra d’en Mena (Badalona y Santa Coloma de Gramenet) y en menor medida en diversos barrios de Barcelona. Más allá de su carácter institucional, que incluye un territorio mucho más amplio, menciono aquí el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para indicar que la investigación se ha realizado tanto en Barcelona como en algunos municipios adyacentes. 104 al juego político asociado. Además, y como un factor fundamental en las dinámicas de exclusión, el rol de la vivienda e infravivienda ha sido y es fundamental en el arraigo en el territorio (en aspectos legales como el empadronamiento y la residencia) y en la movilidad (o el supuesto nomadismo; otro de los discursos habituales sobre la población rrom). Sobra decir que la vivienda es un elemento central en las condiciones de vida de la población rrom rumana (como en las de cualquier otra) y, su acceso, uno de los problemas fundamentales a afrontar en el proceso de migración y asentamiento. Como veremos, es también un aspecto con implicaciones profundas en otros ámbitos, como por ejemplo el legal, además de condicionar directa o indirectamente tanto el acceso a ciertas posibilidades socioeconómicas o derechos básicos como la propia situación del mercado de vivienda (Onrubia, 2010). Es, además, un elemento en el que se combina un desconocimiento de las condiciones de vida de esta población y un claro imaginario negativo sobre ella, que se puede observar con claridad en los medios de comunicación y las declaraciones de los diferentes actores. El texto usa como fuente, básicamente, información proveniente de un trabajo de campo etnográfico realizado durante todo ese periodo, vinculado a mi investigación doctoral y a otros proyectos2. Ésta proviene de la observación participante con la propia población y de la realización de entrevistas que entre sus elementos incluían la cuestión de la vivienda. Es importante destacar que el trabajo de campo se realizó de una forma fundamentalmente horizontal, con un importante componente de trabajo de calle y en otra diversidad de contextos, y sin mediación de otras instituciones o actores. En otras palabras, se trató de huir tanto de modelos de investigación basados en información de segunda mano (entrevistas a expertos, sumarización de informes) como de aquellos que, sin profundizar suficientemente en el contexto, tratan de obtener y generalizar datos rápidamente con un número reducido de entrevistas, generalmente a los perfiles más participativos o más accesibles (por ejemplo a través del movimiento asociativo). La focalización en el trabajo de campo etnográfico abordó elementos muy diversos, pero entre ellos pronto adquirió fuerza la temática de vivienda: los primeros momentos de asentamiento; la presencia posterior de un “mercado segmentado”, primero con pisos comprados a partir del acceso al crédito de población pakistaní (y otras) y después basado en la inestabilidad y el limbo inmobiliario creado por la crisis del ladrillo; parte de sus consecuencias (malas condiciones, precios altos, irregularidad, desalojos, situaciones de impago y embargos), así como las dinámicas de subrogación, movilidad y explotación. 2. De mi propio proyecto de investigación doctoral y de la etnografía con población rrom en el proyecto “Desigualdades Socioeconómicas y Diferencia cultural en el acceso a la salud en barrios de actuación prioritaria de Catalunya”, convenio GRAFO (UAB) y Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, dirigido por Teresa San Román y realizado en colaboración con Meritxell Sàez. 105 Todo ello se ha abordado desde una perspectiva teórica de la marginalidad y tomando como elemento central la situación de precariedad derivada de la situación en origen, el proceso migratorio, las limitaciones socioeconómicas y las estrategias utilizadas para superarlas. De cara a contextualizar dicha información, o más bien los discursos sociales y el marco político asociado con la misma, resumiré primero algunos elementos de un análisis discursivo ya recogido en otro artículo (López y Aharchi, 2012). Los datos fueron recogidos mediante una búsqueda on-line en La Vanguardia, El País y El Periódico3 realizando una selección de las noticias vinculadas con la población y los discursos que sobre ella han mantenido tanto partidos políticos como otros actores. Aparte, utilicé también dos materiales difundidos por el Partido Popular en 2007 y 2010. 2. Contexto y construcción mediática del conflicto A principios de febrero de 2007, una parte de los vecinos del barrio de La Salut (Badalona) realizaron manifestaciones contra las viviendas sobreocupadas (los llamados “pisos patera”) en los que residían “gitanos rumanos”. Mejor dicho, contra esa población, ya que la demanda fundamental era su expulsión. Los motivos más mencionados en prensa para estos hechos fueron la insalubridad, las molestias ocasionadas por la sobreocupación y, muy en relación con ellas, su comportamiento “incívico” y “delictivo”, tanto en las propias viviendas como en el espacio público del barrio. En mayo de 2007, tres meses después de estas manifestaciones, el Partido Popular (que las apoyó) publicó on-line y en 30.000 DVD destinados a los vecinos un video titulado “7 minutos”4. En él se hablaba de “la falta de seguridad, que se atribuye al incremento de la inmigración ilegal; y el incremento de los pisos patera, que perjudican el bienestar de los vecinos” (El País, 8 de mayo de 2007). Calificado por SOS racismo y otros partidos de “racista” y “xenófobo”5, fue justificado por el candidato a la alcaldía por el PP Xavier García Albiol como una manera de “dar protagonismo a la gente de la calle” (El País, 5 de mayo de 2007:p1). 3. Tres de los diarios con un mayor número de lectores en Catalunya, según la Encuesta General de Medios. La búsqueda se realizó a partir de los términos “Gitano(s)”, “Rumano(s)” y los nombres de las áreas en que se desarrolló el trabajo de campo. 4. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=JkG3zWCDuko. El análisis del video daría para otro texto completo: el sonido de sirenas mientras aparecen inmigrantes con maletas (minuto 3:54), la música utilizada en el minuto 2:54 y sobre todo al final (5:10) y la manera en que están planteadas las preguntas, por citar tres elementos. 5. El Partido Popular (PP) es el principal partido de derechas a nivel estatal, gobernando en el momento de escribir este artículo tanto el estado como diversas autonomías y municipios (entre ellos Badalona, desde 2011). SOS Racismo es una ONG cuyo principal objetivo es luchar contra el racismo y la xenofobia y que se personó como acusación en el caso de los folletos mencionado aquí. El alcalde de Badalona fue finalmente absuelto del delito de provocación al odio y la discriminación en julio de 2014. 106 [Imagen 1 – Bloques del barrio de La Salut (Badalona). Febrero de 2009.] En abril de 2010, la atención mediática volvió a centrarse en los mismos barrios: el PP de Badalona realizó un acto “informal” en un mercado público, repartiendo un folleto titulado “¿Tu barrio es seguro?”. En él, diferentes fotografías, teóricamente del barrio, mostraban acumulación de basuras, mobiliario urbano en mal estado y manifestaciones vecinales, junto con las palabras “suciedad” e “inseguridad”. Se hacía, además, mención explícita a la población gitana rumana, con una foto de una pancarta con el lema “no queremos rumanos” y otra en la que se observaban dos mujeres con el atuendo “típico” de las gitanas rumanas, sentadas en un banco. El reparto del folleto fue justificado como una denuncia de la situación de los vecinos, que desean “salir por el barrio con la seguridad de no ser acosados o atracados” (El País, 24 de abril de 2010:p6) ya que “el colectivo gitano rumano que se ha instalado en Badalona ha venido a delinquir” (La Vanguardia, 25 de abril de 2010:p3). Ese mismo día, y los siguientes, otros partidos y actores expresaron su opinión, contraria (con matices, en algunos casos) a la postura expresada por el PP de Badalona. Entre ellas, las del entonces Alcalde de Badalona (PSC), de Felip Puig (CiU), de 107 ICV y de una organización de inmigrantes rumanos6 . Poco después, el Partido Popular de Catalunya y estatal matizó (sin desautorizar) el mensaje de dicho acto, mostrándose a favor de una migración “ordenada” y defendiendo su utilidad (La Vanguardia, 25 y 28 de abril de 2010). Meses después, en septiembre de 2010, se da un nuevo episodio con la visita de una eurodiputada de la UMP, partido de Nicolas Sarkozy, a los barrios de Sant Roc y La Salut de Badalona junto con la presidenta del PP Catalán y el candidato a la alcaldía de dicha localidad. Dicha visita viene acompañada de nuevo de afirmaciones sobre la población gitana rumana, que establecía una similitud entre la situación de Francia –en esos momentos, en plena polémica por las expulsiones a Rumanía- y España, con los “mismos problemas de convivencia y seguridad” (El País, 17 de septiembre de 2010: p1), causados por la no integración, los conflictos y el “miedo” de los vecinos (La Vanguardia, 17 de septiembre de 2010: p3). Como en 2007, las noticias fueron acompañadas de declaraciones de algunos vecinos (incluidos gitanos españoles y otros ciudadanos rumanos no gitanos), dando cuenta de los problemas relacionados específicamente con esa población y mostrando su apoyo a las medidas propuestas (El País, 18 de septiembre de 2010: p5; La Vanguardia, 17 de septiembre de 2010:p13-15). Algunos elementos de construcción del imaginario negativo No descubrimos nada al señalar que lo anterior es un ejemplo de cómo la llegada y presencia de esta población, como de otras, se asocia con categorías negativas y amenazantes (delincuencia, problemas sociales o “de acogida”, la llegada masiva o la “invasión”), omitiendo una determinada lectura del contexto social o la dimensión real del fenómeno (por ejemplo, que la llegada de población rrom es muy escasa en número). Como afirma Van Dijk (2005:53), “los inmigrantes se representan estereotípicamente como infractores de la ley y las normas, es decir, como diferentes, desviados y una amenaza para “nosotros”. “Nosotros” como grupo o nación somos representados como víctimas, o tomando una iniciativa enérgica (policial) en contra de esta desviación.” Se trata, por tanto, de colectivos y personas que vienen a lesionar a la población española (o incluso a otros inmigrantes “bienintencionados”) en referencia a ese pretendido quebrantamiento de la “paz social” (Van Dijk, 2005:46). En conexión con el nuevo racismo o racismo culturalista (Stolcke, 1995; Taguieff, 1987, 1991) estos discursos suelen implicar, entre otros elementos, el esencialismo cultural, la homogeneización y oposición “nosotros”/”ellos” y la negación del “racismo clásico”. 6. Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Iniciativa per Catalunya – Verds (ICV) son partidos de ámbito catalán –los dos segundos con distintos niveles de federación con organizaciones políticas estatalesque pueden calificarse en ese orden como de un espectro conservador a uno de izquierdas. Felip Puig (CiU) era en ese momento Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 108 Como se puede observar en las declaraciones, los usos “desviados” del espacio público y de las viviendas son un elemento central, dándose, como afirma De la Haba (2004:125) una “representación predominantemente miserabilista y culturalista del “inmigrante”, por la que suele establecerse una equiparación inmediata y acrítica entre inmigración, problemas sociales y desórdenes urbanísticos. Asociación ésta que se presenta anclada no sólo en el imaginario colectivo o en las representaciones mediáticas, sino también en numerosas teorías sociales que, abierta o soterradamente, tratan de explicarla apelando a la noción de “cultura”.” Ello implica no profundizar más en los condicionantes sociales (y las condiciones de vida), para asumir acríticamente (y de una forma no exenta de contradicciones) bien que el ocupante de la vivienda –y sus características innatases único responsable, bien que el problema reside en el racismo o el poco aprecio a la diversidad cultural de los vecinos. Finalmente, como apunta Martínez-Veiga (1999:76- 77), el “discurso higiénico” puede ser sólo una estrategia añadida -a la irregularidad en la tenencia y la precariedad en las condiciones de la viviendapara justificar con una mayor facilidad un desalojo en caso que otro tipo de “presiones” no surtan efecto. Aunque requeriría de un análisis más en profundidad es necesario decir que los procesos de homogeneización han estado presentes, de forma intencional o no, en los discursos de prácticamente todos los actores, desde el propio Partido Popular hasta otros partidos y ciertas asociaciones vecinales o incluso gitanas o de migrantes, además de ser también persistentes en el tratamiento de los medios: en primer lugar, por el uso generalizado de las categorías “rumano” o incluso “inmigrantes del Este”. En segundo lugar, por ser una homogeneización de doble sentido, una oposición entre “ellos” y “nosotros”, a partir de una idea básica: la de que al hablar de los “vecinos” se habla de la totalidad de los mismos, y, más aún, que la población rrom (u otras poblaciones inmigradas) no pueden ser calificados en ningún caso como tales. Sobre todo cuando, en un recurso también muy utilizado, se apela a “los vecinos de toda la vida” como un elemento de legitimación. [Imagen 2 – Vista de Serra d’en Mena desde la C/Democràcia (Badalona). Febrero de 2014] 109 La negación del racismo clásico es también extremadamente visible: no sólo es utilizada por los “vecinos”, sino también en los discursos políticos, en los que la coletilla “no somos racistas” o “nos llaman racistas por decir lo que ocurre” aparece con mucha más frecuencia de la que reflejé en el análisis7. Ese uso del concepto de “raza” como opuesto a “cultura”, juega aquí un claro papel de legitimación social del discurso, frente a posturas formalmente más radicales que siguen defendiendo una inferioridad genética o racial. Constituye por tanto un mecanismo de defensa frente a las posibles críticas al racismo, xenofobia o antigitanismo (Marushiakova y Popov, 2013) que pueden generar los discursos emitidos, y que efectivamente se pueden calificar como tales (entre otras razones porque están utilizando la cultura de una forma igual de inmutable que la propia concepción clásica de raza). En este sentido, el elemento fundamental es el uso esencialista de la cultura en la explicación de dinámicas afectadas por factores estructurales más globales, y que en muchos casos se convierte en un argumento para el rechazo y la justificación y aplicación de políticas concretas. Ello se combina, además, con una dinámica de visibilización/invisibilización y desconocimiento compartida, en mayor o menor medida, con otros colectivos minoritarios y/o migrantes (Aramburu, 2005:35) particularmente si segmentos de los mismos se encuentran en posiciones marginales. Dicha invisibilización se expresa con claridad tanto por el hecho de que prácticamente nunca se da voz a una de las partes en la noticia (y cuando se hace, es desde unos parámetros muy determinados) como al observar las temáticas tratadas, que tienen menos que ver con las condiciones de vida en los barrios en los que residen que, por ejemplo, con el espacio público en el centro de Barcelona. La excepción es la visibilidad que se da a momentos concretos de conflicto en esas zonas, que en todo caso rara vez indagan realmente en las condiciones de acceso a una vivienda y la desigualdad socioeconómica en los barrios de la periferia. E incluso cuando se mencionan, generalmente se obvia que, como muestra Requena (2003) en un análisis de dichos barrios, se trata de procesos de “nueva marginalidad en espacios tradicionales de exclusión”. Es decir, de una serie compleja de factores interrelacionados que producen que, muy habitualmente, los barrios tradicionalmente afectados por una peor situación sean los que recojan a población recién llegada. Como afirma Prieto (2007:167), que también analiza este caso, “[l]a prensa no se hizo eco -de forma positiva- ni de las condiciones precarias o de pobreza en las que se encuentran las personas inmigrantes de origen rumano ni de la necesidad de llevar a cabo algún tipo de política social”, y se limitó a reproducir y alentar los estereotipos enunciados por las personas que protestaban y a justificar, en muchos casos, las políticas de tipo coactivo por parte de las 7. “Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor”, aseguró. “Están repartidos por varios barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas” (El país, 20 de septiembre de 2010:p3-4). Es interesante ver también cómo este argumento se repite constantemente en los comentarios de las propias noticias. 110 instituciones públicas sobre esta población y, en concreto, sobre aquella que habitaba en esas viviendas. 3. La situación respecto a la vivienda de la población rrom rumana en Barcelona El acceso a una vivienda: del mercado segmentado a la ocupación Durante el trabajo de campo efectivamente observé las malas condiciones en que en muchos de esos pisos vive habitualmente un segmento de la población rrom rumana en Barcelona. También algunos de los hechos narrados por parte de los vecinos (por ejemplo, en 2007), que indudablemente ocurren8; pero fundamentalmente las consecuencias vinculadas directa o indirectamente, como las relacionadas con la salud u otras relativas a la dificultad para el arraigo y el acceso a los servicios básicos. Todos esos elementos se han mantenido, de una forma u otra y hasta cierto punto, durante el periodo que abarca este texto. Sin embargo, como ya he mencionado, algunos parámetros en el acceso a la vivienda también han ido evolucionando junto con la movilidad de la propia población y otros factores estructurales -como los relacionados con el colapso de la burbuja y la crisis económica-, que han afectado al conjunto de la población (Rodríguez y López, 2011). [Imagen 3- Fábrica abandonada y ocupada por varias familias en Barcelona. Febrero de 2009.] 8. Me refiero en particular al tema de la chatarra. Es destacable que en todos los medios se relataban, con matices, las mismas tres o cuatro declaraciones de vecinos (tanto para 2007 como para 2010), mientras su “representatividad” –asumiendo que es la opinión de todos los vecinosno se pone en cuestión: si bien dichos discursos están muy extendidos, es importante señalarlo como un mecanismo más de legitimación. más, de nuevo, a adaptarse al modelo familiar. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha incrementado la inestabilidad de las viviendas, a resultas de los desalojos por orden judicial (con procedimientos poco garantistas, en alguna ocasión; o como mínimo muy poco sensibles con las situaciones de exclusión y la capacidad para defenderse de personas que no tienen más que esa opción) y, en menor medida, de protocolos urbanísticos de los propios ayuntamientos (por ejemplo el cese de uso por las malas condiciones de la vivienda, en principio independientemente de cuál es su situación legal19). [Imagen 6 – Puerta precintada tras un desalojo en Santa Coloma de Gramenet. Mayo de 2013] 19. Digo independientemente porque es fácil deducir que las viviendas de familias en una peor situación socioeconómica, y por tanto generalmente también las más sobreocupadas y en una situación más irregular, son las que se encuentran en peor estado respecto a su habitabilidad y las que además suelen ser más visibles respecto a los protocolos urbanísticos. 118 Cabe apuntar aquí, además, que los desalojos suelen producirse de una manera relativamente “silenciosa”, generalmente sin una resistencia activa por parte de las familias y sin que haya observado, en ningún caso, redes explícitas de solidaridad vecinal como está ocurriendo en otros casos en esos mismos barrios. En todo caso estos desalojos suelen conducir al tapiado de los pisos y a la creación de una situación de sinhogarismo momentáneo y urgencia social –más aún cuando, entre otros elementos, estamos hablando en general de familias enteras, por lo que la proporción de menores es muy alta- a la cual frecuentemente las administraciones no quieren, o no pueden, dar respuesta. Por ejemplo, no en todos los casos los servicios sociales municipales tienen conocimiento de que se va a producir un desalojo, e incluso cuando lo hacen –a veces son las propias familias, si tienen referentes, las que informan de ello a partir de ser notificados-, no cuentan con recursos, protocolos o autorización para dar respuesta (aunque sea temporalmente) a la situación de vulnerabilidad creada por el desalojo. En estos casos, generalmente, la familia soluciona por su cuenta la situación (por ejemplo en casa de un familiar o transitoriamente en situación de calle hasta que encuentra otro piso) o bien se desplaza a otro territorio o país. Dicho desplazamiento, a veces a Rumanía, es en algún caso apoyado económicamente desde algunos municipios o servicios con el pago del billete al país de origen, con el compromiso de la familia de que es un retorno relativamente estable. Se da, por tanto, una situación que a diferencia de las expulsiones en el caso francés, no es fruto directo de una política explícita y dirigida, sino consecuencia de la desprotección y la incapacidad para hacer frente a situaciones de urgencia y vulnerabilidad social, y que a veces la propia familia demanda por la gravedad de su situación. Aunque estos procesos suelen darse con más frecuencia con quienes no han conseguido establecerse de una forma estable, supone también para éstos un impacto evidente en los procesos de arraigo, por ejemplo en el itinerario educativo de los hijos. Para quienes no abandonan el territorio el nuevo acceso a una vivienda sigue haciéndose necesariamente en el mercado segmentado actual, al mantenerse las dificultades de acceso. En otras palabras: bien la ocupación o bien el acceso “mediado” (mediante pago, ya sea a quien la abandona o a quien la abre) a nuevas viviendas vacías u otras recién abandonadas, tras haber sido desalojados de una vivienda en las mismas condiciones. Y vuelta a empezar, en una dinámica que frecuentemente abarca más de un municipio y que en ocasiones implica la rotación entre los mismos pisos hasta que estos se “agotan” y se van sustituyendo paulatinamente. De hecho, en este contexto de irregularidad no hay garantía alguna de si un piso que se “compra” o al que se accede es ya objeto de actuaciones –si se ha dictado ya, por ejemplo, fecha de “lanzamiento”- o va a ser desalojado en breve. Es más, cuando ya es evidente que se va a producir un desalojo puede que el piso sea “vendido” a otros recién llegados o en una situación de urgencia, como intento de recuperar lo invertido, ignorando estos últimos que el “tiempo de vida” restante de esa vivienda ya está marcado. La necesidad de adaptarse a las barreras para acceder a un bien 119 básico de subsistencia produce por tanto, también, dinámicas de explotación y estafa a diversos niveles, que en todo caso siempre pagan los más débiles de la cadena. Gestión del asentamiento, movilidad y fronteras No obstante, estas no son, ni mucho menos, las únicas consecuencias. Como ya dije, la población rrom en Barcelona no es una recién llegada, y existen muchas familias que han estado en la misma zona, con mayor o menor estabilidad, durante años. Sin embargo, un alto porcentaje de las mismas no ha estado ni está registrada a nivel local, en el padrón20 . Como es bien sabido el proceso de empadronamiento implica formalmente un reconocimiento de la presencia y da acceso a algunos derechos y servicios básicos –salud y educación, entre otros-. Las familias rrom son conscientes de ello (y de las barreras que implican no tenerlo para la tramitación de otra documentación, prestaciones sociales, etc.). Y son también desde 2007 ciudadanos de la UE, con mucha menos presión explícita en cuanto a la irregularidad de su residencia y por tanto no aplica –al menos no de forma significativael rechazo a inscribirse por miedo a que dichos datos conduzcan a actuaciones que les perjudiquen o sean compartidos, por ejemplo, con la policía21. Por lo tanto, si el padrón no se tramita no es ni porque no se resida de forma relativamente estable ni porque no se conozca o valore el procedimiento, sino porque no se articulan los medios para ello. Cabe recordar que las administraciones locales podrían (y deberían) registrar en el censo a cualquier persona una vez detectaran que reside de forma estable en el territorio, sea cual sea su situación de vivienda22. Sin embargo, como ya apuntara el Síndic de Greuges en un informe de 2008, el padrón se está utilizando en la práctica como una estrategia de control del asentamiento y de respuesta al fenómeno de los pisos sobreocupados (Síndic de Greuges, 2008:143). Con la excepción del Ayuntamiento de Barcelona (que al menos dispone de un mecanismo, aunque imperfecto, de empadronamiento sin domicilio fijo), esta situación ha permanecido relativamente invariable en el AMB desde 2007, generalmente porque ni existen procedimientos para empadronar en casos en los que no se cumple algunos de los requisitos. En consecuencia, tanto en los casos en los que no se reconoce la presencia en un piso porque no existe 20. Entre un 40-50% sin empadronar, que en el proyecto mencionado en la segunda nota al pie, y como indican también otros estudios, es significativamente mayor que para otras poblaciones inmigradas. 21. De hecho en algún caso el intento de empadronarse, por los protocolos sobre el empadronamiento y la sobreocupación, sí que ha podido producir consecuencias negativas, por ejemplo la detección del inmueble por parte de guardia urbana. 22. Atendiendo a la Ley 7/1985, a una resolución del 4 de julio de 1997 y a la Ley 4/2000, cualquier persona viviendo en territorio español debe empadronarse y los ayuntamientos deben registrar a los extranjeros que “normalmente residen en el municipio”. El decreto también especifica que en los casos de infravivienda (chabolas, campamentos, etc.) e incluso en caso de residir en un espacio público, dichos lugares deben aparecer como direcciones válidas en el padrón, mientras designan a los servicios sociales (u otras instancias) como los actores a quien corresponde identificar y certificarlas. 120 contrato de arrendamiento -o se superan los límites establecidos de ocupacióncomo en aquellos en los que el asentamiento se produce en el espacio público, ésta práctica concreta ha implicado no hacer un esfuerzo por el arraigo (y la mejora de las condiciones de vida), sino el no reconocimiento de la presencia de ésta y otras poblaciones. [Imagen 7 - Almacén abandonado ocupado por varias familias en Santa Coloma de Gramenet. Diciembre de 2007.] Bloquear o no flexibilizar el acceso al empadronamiento no impide que sigan existiendo ni infravivienda, ni situaciones de sobreocupación ni problemas de convivencia. Es más, contribuye a las mismas, junto con la falta efectiva de intervención y determinadas construcciones discursivas. Y lo hace formalmente al menos de dos maneras, más allá de la retórica de negación de la ciudadanía que también supone: en primer lugar, incrementando las dificultades de acceso a derechos fundamentales (por ejemplo el acceso al sistema sanitario público o a la escolarización, pasando por la mayor parte de ayudas sociales). En segundo lugar, como un requisito más –durante años el fundamentalpara acceder a ciertos documentos, particularmente el Registro como Ciudadano de la Unión Europea residente, fundamental para multitud de trámites y para poder trabajar 121 por cuenta ajena23 . Dicho documento era relativamente sencillo de conseguir hasta mediados de 2012, siempre que se tuviera, además del padrón, un documento válido de identidad. Sin embargo, ha estado sujeto a ciertas condicionalidades24, que muestran también cómo la exclusión socioeconómica se construye a diversos niveles. Al haber impedido, por una parte, el trabajo por cuenta ajena durante amplios periodos de tiempo y, por otra, al exigir ahora demostrar ingresos o medios económicos para obtenerlo, se profundiza desde los niveles local y estatal en los factores que generan la exclusión y, con ella, se facilitan las retóricas de conflicto y expulsión. Como plantean Legros y Vitale (2011) para Francia e Italia, se sitúa a muchos rrom en situaciones precarias e inciertas, mientras se favorece su desplazamiento, su visibilidad en círculos mediáticos y políticos y su constitución como un problema social. Y se parece optar aquí también, aunque con estrategias diferentes, por vías que sitúan a la población rrom, de alguna manera, como personas “que no deberían estar en el territorio”, o al menos como un perfil particularmente no deseable y al que en cierto modo no debe facilitársele la estancia. En consecuencia, no parece haber inconveniente en que un desalojo o las propias condiciones de precariedad produzcan un cambio de piso o de asentamiento, siempre que el “problema” parezca desaparecer, aunque en la práctica abunde en la situación de precariedad y por tanto contribuya a reproducirlo. Con el agravante de que, además, dichas políticas son frecuentemente justificadas con la culturalización de una movilidad que, en realidad, es forzada25. Esta política, que podríamos calificar de “las desapariciones” o del “mirar hacia otro lado”, contribuye como ya he dicho tanto a una movilidad territorial –por ejemplo, entre diferentes municipioscomo a una circulación de familias de situaciones de calle a pisos y viceversa. Durante el trabajo de campo observé ejemplos muy concretos de ello, algunos de los más extremos en familias procedentes de Murgeni en una situación alternada de sinhogarismo, infravivienda y 23. Pajares (2006:259) apunta, por ejemplo: “Tampoco están siendo objeto de ningún programa específico de integración por parte del Ayuntamiento de Badalona. Los responsables del Ayuntamiento me expresaron sus reticencias a dedicar recursos para algún programa de este tipo, “porque no sabemos si desaparecerán del barrio de la noche a la mañana” (en referencia al nomadismo que se les supone a los gitanos)” 24. También conocido como “hoja verde” o NIE (a pesar de que la asignación de un Número de Identificación de Extranjeros es relativamente independiente), es en principio obligatorio para cualquier ciudadano de la Unión que quiera residir más de tres meses en otro país de la UE y acceder a ciertos derechos como tal. 25. En los periodos 2007-2009 y 2011-2013, se establecieron periodos transitorios en los cuáles dicho documento no permitía trabajar por cuenta ajena a ciudadanos rumanos. A partir de mediados de 2012, se traspuso también de forma más estricta la Directiva 2004/38/CE al ordenamiento español, hasta entonces relativamente laxo comparado con el de otros países europeos, añadiendo el requisito de mostrar medios económicos para no ser una carga para el sistema de bienestar del país receptor. En la práctica esto implica que registrarse como residente además del empadronamiento hay que demostrar también que se tienen varios miles de euros en el banco o que se tiene un ingreso regular. 122 pisos sobreocupados (ver, por ejemplo, López 2012:106), aunque como ya he comentado existe también una gran movilidad entre los segmentos de población en una situación más precaria que viven habitualmente en pisos. [Imagen 8 – Señal de tráfico en una rotonda que indica la división entre municipios. Septiembre de 2013] Sin embargo, una mirada a largo plazo muestra que buena parte de la población sigue residiendo efectivamente en el territorio, resistiendo mediante estrategias marginales y un uso –aunque generalmente muy limitadode los recursos públicos26. Como apuntan Chauvin y Garcés (2012), existe aquí una compleja y dinámica economía moral de inclusión y exclusión. Ésta se expresa, por ejemplo, en la contradicción entre la ciudadanía 26. Me refiero aquí tanto al acceso a ayudas directas o indirectas –sobre todocomo a los recursos destinados a proyectos de intervención, pasando por el uso de los servicios públicos (cuando puede accederse a ellos). 123 teórica –como ya hemos visto estamos hablando de ciudadanos de la UE que ni tan sólo pueden registrarse como tales en el país/municipio en el que viven-, y la forma en que ésta es cuestionada por las desigualdades socioeconómicas y la aplicación práctica de un marco legal en un contexto de multigobernanza; local, regional, estatal y europea (Parker y López, 2014). De hecho, como señala Delanty (2006), las fronteras existen no solo en los bordes del territorio estatal, sino también en numerosos puntos en su interior y más allá de él. Son fronteras interiores (cuyas expresiones más evidentes son el control y la precariedad en las condiciones de vida) que se manifiestan una vez se ha vencido, al menos físicamente, “la frontera clásica, la frontera norte-sur, la frontera exterior” (Pretel, 2006:50). Y estas fronteras no son únicamente físicas, sino también económicas, étnicas, legales y sociales; de acceso a los recursos y servicios básicos; legitimadas y construidas por determinados discursos dominantes. Las desigualdades y tensiones sociales entre diferentes poblaciones y zonas urbanas acotan y marcan posibilidades de promoción, bienestar y acceso; y en este intento de disponer lo urbano, para una parte de los habitantes de la ciudad, ya no se trata tanto de “estar en los márgenes físicos de la ciudad, como en los márgenes virtuales de los principios organizativos, las reglas y los procedimientos previstos” (Cottino, 2005:105). 4. Conclusiones Ni el arrendamiento sin garantías antes, ni la ocupación de pisos embargados ahora garantizan un acceso adecuado a la vivienda o una mejora de las condiciones de vida en los últimos años. Ahora bien, la presencia de población rrom inmigrada y la propia necesidad de un techo obviamente permanece: y, para bien o para mal, el volumen de pisos en manos de los bancos y los fondos de inversión es, en esta especie de limbo inmobiliario creado por la especulación y la burbuja en estos barrios, enorme. Igual de enorme que el rechazo que merecen algunas de sus prácticas: la negativa habitual a pactar ningún tipo de alquiler “social” o salida negociada; el tapiado de pisos sin aviso previo aprovechando que los ocupantes no están en él; la abrumadora superioridad de recursos en los procesos judiciales y, en definitiva, el aprovechamiento de un marco legal y político (con la connivencia o inoperancia de ciertas administraciones) poco o nada garantista en nada que no sea seguir observando la vivienda como un bien casi exclusivamente especulativo. 124 [Imagen 9 – Vista desde la C/ Circunvalación, frontera entre los municipios de Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Febrero de 2014.] El proceso especulativo en torno a la vivienda permitió, paradójicamente, la creación de un mercado segmentado de pisos que, junto con otros factores, evitó las grandes concentraciones chabolistas y de infravivienda de población rrom inmigrada en el AMB. Sin embargo, y vistas las consecuencias, esto no puede considerarse ni un éxito ni parte de un modelo de política de integración definido y efectivo: las prácticas irregulares -antes el mercado segmentado, ahora la “venta” del acceso a pisos vacíosson consecuencia de una falta efectiva de políticas públicas sociales y en torno a la vivienda. Y es esa misma ausencia de políticas la que contribuye a que sean fáciles de articular ciertos discursos porque, al situar a la población gitana rumana en los márgenes del sistema socioeconómico no resulta de “utilidad” para él, ni por tanto para el sistema político que lo sustenta (y en consecuencia puede y debe ser expulsada, directamente o mediante la inacción). A ello contribuyen, por lo tanto, no sólo los posibles réditos electorales sino también una concepción utilitarista en lo social y lo económico, desfavorable a las poblaciones que ocupan posiciones marginales. La siguiente cita de Teresa San Román es clarificadora: 125 “[N]i tan siquiera puede decirse de ellos que estén en la clase baja [,] no si los concebimos como parte del engranaje social que produce y genera plusvalía sin que sus retribuciones les permitan mucho más que reproducir la misma situación que tienen. Puede decirse de ellos que están oprimidos porque se les niega el acceso a la propia organización social, viviendo en constante tensión por la supervivencia y por su propia autoestima. Pero no son explotados, porque no dejan, estos gitanos de los que ahora hablo, ni un duro que otro pueda capitalizar. El coste es la miseria de las chabolas. Pero no es una deuda pagada por la redención de las obligaciones sociales de un sistema de clases; es tan sólo el único rincón del mundo en el que les está permitido vivir. No hay en ello ninguna liberación romántica de la supeditación; más bien se trata del resultado de una adaptación forzosa y forzada a los desechos de una sociedad que sistemáticamente, sutilmente unas veces y con descaro increíble otras, les niega la entrada, y me temo que se la negará mientras haya payos suficientes para hacer lo que se necesite hacer.” (San Román, 1991:187) También para los rrom rumanos en Barcelona la miseria ha sido, en algunos casos, la de las chabolas, pero aún más frecuentemente la de los pisos sobreocupados, la insalubridad, el no tener tarjeta sanitaria, o residencia y permiso de trabajo. Y, volviendo al conflicto, es en gran medida el mantenimiento de esa situación de desigualdad en los barrios lo que lo alimenta (o lo que es utilizado para alimentarlo), más aún en un momento de crisis, y aunque esta estrategia se realice de formas diferentes: por ejemplo, en 2007, mediante un conflicto vecinal aprovechado por un partido para situarse en el centro del juego político en una determinada área urbana. En 2010, desde la utilización de las demandas vecinales previas, sin que existiera en ese momento ningún “detonante” previo, más allá de una misma situación sostenida en el tiempo y una convocatoria electoral. Pero esta vinculación de los discursos con la gestión de la presencia en el territorio y la propia condición de ciudadanía (sean más o menos explícitas) no son patrimonio exclusivo de un partido político y no son sólo aplicables al ámbito concreto de las viviendas sobreocupadas o a la población rrom, sino también a aspectos más amplios como el acceso a derechos básicos y las dificultades para el arraigo. Prueba de ello es que la situación no difiere significativamente en la gestión de estos aspectos que se produce en diferentes territorios del AMB, que tienen o han tenido un color político diverso. Bien es cierto que en un contexto de gobernanza a diferentes niveles las posibilidades son limitadas, las responsabilidades se diluyen y son fáciles de obviar cuando hablamos de una población relativamente pequeña y desprovista de poder político, social y económico. También que los discursos y las formas pueden ser diversos e incluso aparentemente contrapuestos, mientras sus consecuencias concretas son equiparables. Pero no lo es menos que estamos hablando de cuestiones que están en la raíz del respeto a los derechos humanos fundamentales, y cuya conculcación y poca expresión en la práctica forman parte de una tendencia en aumento a nivel local, estatal y europeo: con regulaciones o prácticas 126 diseñadas ad hoc; reaccionando a conflictos concretos, estereotipos y/o alarmas sociales creadas; en definitiva diseñadas más en torno al mercantilismo, la superficialidad y el juego político que adecuándose a la mejora de las condiciones de vida de la población. No obstante, como dije antes, indudablemente el problema existe (respecto a la vivienda y respecto a cuestiones más generales), y afecta tanto a ciertos vecinos como a la propia población rrom. Sería absurdo negarlo manteniendo un discurso “buenista” o que caiga, desde una perspectiva opuesta -pero a veces con similares efectos-, en el resalte constante del valor de la “diferencia cultural” por encima de cualquier otra consideración, resolviendo la cuestión de un plumazo al describir a vecinos y partidos políticos como “racistas”. Evidentemente, no se trata de no señalar con contundencia los elementos xenófobos y antigitanos –que son muchos- en dichos discursos y prácticas, sino de articular una explicación más amplia de los mismos y de los procesos sociales que los llevan aparejados. En otras palabras, de entender que la población rrom rumana y otras están siendo situadas frecuentemente y en determinados contextos en el papel de cabeza de turco respecto a situaciones de desigualdad y déficits del estado del bienestar producidos por el propio sistema. Y que de hecho estas dinámicas están estrechamente relacionadas con agendas políticas locales, aspectos de gestión y de financiación (siempre visibles, pero mucho más en los últimos años), y con la manera en la que los actores políticos tratan de lidiar con ellas, mostrando una imagen específica a la población en general y los medios de comunicación27 (27). Una imagen que es mucho más rentable si contribuye a esencializar al “otro” y a conflictivizar la relación con él para ocultar desigualdades sociales de tipo estructural y, en definitiva, para el mantenimiento del armazón simbólico y socioeconómico que las sustenta, que en buena parte se basa en no cuestionar precisamente a quienes no sufren –y se beneficiande dichas desigualdades. 27. Por ejemplo, observé durante el trabajo de campo cómo un recurso específico para la población rrom debía cambiar de denominación por la reacción que podría provocar por las dificultades de la población en general para acceder a ese mismo recurso.