Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina)

ISSN 2173-125X Cómo citar: Hessling Herrera, Franco David y Belmont Colombres, María Eugenia (2022). Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina), Hábitat y Sociedad, 15, 211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10 Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina) HABITAT AND DIGNIFIED LIFE FROM THE SOCIO-TECHNICAL ALLIANCES OF THE WICHÍ COMMUNITY OF SAN IGNACIO DE LOYOLA (SALTA, ARGENTINA) Franco David Hessling Herrera Universidad Nacional de Salta (Argentina) [email protected]. 0000-0002-9921-7482 María Eugenia Belmont Colombres Universidad Nacional de Salta (Argentina) meugeniabelmontc[email protected]om 0000-0001-7689-7094 Recibido: 09-12-2021 Aceptado: 26-04-2022 Resumen A partir de la intervención de una compañía en la comunidad wichí San Ignacio de Loyola se creó una alianza socio-técnica que pervive hasta hoy y que acarreó cambios en los flujos económicos de la zona y también modificaciones estructurales en las condiciones de hábitat, en particular, el acceso a la energía eléctrica domiciliaria y al agua corriente a través de pozo. El caso demuestra cómo las alianzas socio-técnicas pueden inscribirse dentro de procesos asistencial-paternalistas, sin por ello dejar de traer beneficios a las poblaciones que forman parte de esas trayectorias. Proponemos incorporar una mirada interseccional a la perspectiva socio-técnica para contribuir no sólo a una mejor comprensión de este tipo de casos sino también a un más eficiente desarrollo de artefactos y soluciones. Para este artículo se realizó un trabajo de campo que incluyó notas, recuperación de documentación y entrevistas a informantes clave. Summary Since the intervention of a company in the Wichí community of San Ignacio de Loyola, a sociotechnical alliance was created that survives to this day that led to changes in the economic flows of the area and also to structural modifications in the habitat conditions, in particular, access to household electricity and running water through a well. The case demonstrates how sociotechnical alliances can be part of paternalistic welfare processes, without thereby ceasing to bring benefits to the populations that are part of these trajectories. It is proposed to incorporate an intersectional look at the socio-technical perspective to contribute not only to a better understanding of these cases but also to a more efficient development of artifacts and solutions. For this article, a fieldwork was carried out that included notes, documentation retrieval and interviews with key informants. Palabras clave Sistemas tecnológicos, Responsabilidad Social de las Empresas, Globalización, Derecho al agua, Derecho a la energía. Keywords Social technological systems, Corporate Social Responsibility, Globalization, Right to water, Right to energy. María Eugenia Belmont Colombres Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10212 1. Introducción: San Ignacio de Loyola y la Fundación Molino Cañuelas La Comunidad San Ignacio de Loyola está apostada a la vera de la ruta nacional 811 que conecta, en un tramo recto de 200 kilómetros, a Salta con Formosa (de Embarcación a Ingeniero Juárez), todo dentro del norte argentino. Se trata del Chaco salteño, parte del Gran Chaco que Argentina comparte con Paraguay, Bolivia y Brasil y que está consolidado como una de las formaciones ecosistémicas más importantes del cono sur. San Ignacio ocupa unas 1500 hectáreas entre el departamento Embarcación y la localidad de Hickmann (Iñigo Carrera, 2010)2. San Ignacio está a unos 15 kilómetros de Hickmann, que también está al costado de la ruta nacional 81, es jurisdicción de Embarcación y cuenta con una población equilibrada entre criollos y wichís –los primeros son hijos de mestizos mientras que los segundos forman parte de la etnia que lleva el mismo nombre, wichí. Sin embargo, unos kilómetros atrás de Hickmann, a la misma altura pero más lejos de la ruta, están las comunidades wichí La Paloma, Árbol Solo y La Golondrina.3 En la comunidad San Ignacio funciona una cooperativa textil apalancada por la Fundación Molino Cañuelas. Los “hickmeños” que trabajan en la cooperativa LHAKA son un grupo social relevante dentro de la dinámica de la comunidad San Ignacio de Loyola. La mayor parte de los “hickmeños” que viajan, a veces a diario, para trabajar en el taller de la marca LHAKA son criollos. Muchos van rotando su domicilio entre Hickmann, San Ignacio, La Golondrina, Árbol Solo y La Paloma, pleno reflejo de la concepción circular y ampliada del espacio que caracteriza a las comunidades originarias de la región chaqueña (Buliubasich y González, 2009; Flores Klarik, 2015; Leake, 2010) (fig. 1). San Ignacio de Loyola se fundó hace alrededor de veinte años, cuando a través del cacique Dino Salas se obtuvieron los terrenos por medio de una donación de la Iglesia Anglicana. Salas es descendiente de caciques y con perfil de liderazgo desde muy joven. De hecho, según él mismo rememora, también formó parte de la conformación de La Paloma, una de las comunidades que linda con Hickmann. Como la mayoría de las comunidades wichí que hoy en día están apostadas en territorio salteño, los antepasados de Salas y los miembros de la comunidad estaban radicados alrededor de Hickmann y luego se reubicaron. La mayoría estaban desplegados a la vera del rio 1 Ruta trasnacional que agiliza la conexión comercial entre Argentina y Paraguay. 2 El territorio fue donado por la Iglesia Anglicana hace unos 20 años. La iglesia anglicana interviene en la zona desde mediados del siglo XIX. Juntamente con el ingenio El Tabacal, ahora propiedad de la Seaboard, son las instituciones no gubernamentales de más larga data en el Chaco salteño. La iglesia anglicana siempre estuvo especialmente vinculada a las comunidades de pueblos originarios. Su grado de intervención decayó notoriamente tras la Guerra de Malvinas, de 1982, en la que se enfrentaron Argentina y el Reino Unido, donde se encuentran las máximas jerarquías del anglicanismo –por ejemplo, el arzobispado de Canterbury. A fines de los 90, el anglicanismo a través de ciertas fundaciones que actúan bajo su égida le donó las tierras a Dino Salas, cacique de San Ignacio, para que emplace una comunidad de familias wichí. 3 La frontera material tomada por la población es la vía del ferrocarril. De un lado se ubica el pueblo y del otro lado están las tres comunidades: La Paloma, Árbol Solo y La Golondrina. La posesión de las tierras de esas comunidades tiene diversas trayectorias: dos de ellas fueron otorgadas por el gobierno de Salta -800 hectáreas– mientras que Árbol Solo se montó en tierras cedidas por un expropietario italiano. Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina) Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10 213 Bermejo y fueron desplazados por los arbitrios del modelo civilizatorio occidental y su esquema extractivista y etnocida, esquema que no sólo afectó a los pueblos originarios sino también a los criollos. En algún sentido, ese modelo –especialmente desarrollado a partir del monocultivo de la soja, desde la década del 90– fue también desarticulando las relaciones que existían entre criollos y originarios, como las que rememora Nilda Torres (73), una criolla de Hickmann: ࢒NT: Porque... pongamos todos los aborígenes. Años antes era que el ferrocarril necesitaba postes, necesitaba los durmientes. Entonces, la gente criolla lo ocupaba al aborigen para cortar madera y traían para acá, para el ferrocarril. Lo ocupaban también para el campo, hacer mangas, hacer corrales. Los aborígenes también posteaban. ࢒MEB: ¿En qué año los ocupaban para las vigas? ࢒NT: Para las vigas ha sido en el año 47, 46... Por ahí debe ser. ࢒MEB: ¿Ahí ellos venían y se instalaron para trabajar con las vigas? ࢒NT: No, no... En los puestos trabajaban. ࢒MEB: ¿Ellos vendían la madera? ࢒NT: Ellos vendían... no vendían, sino que mi papá tenía finca y bueno los ocupaba a los aborígenes para cortar eso y a esa madera la vendían aquí, al ferrocarril. Mi papá era como contratista...compraba aborígenes aquí, por ejemplo, Fidencio. El padre de Fidencio ha sido de una cuadrilla que nosotros le decíamos “la cuadrilla los negritos”. ࢒MEB: ¿Por qué le llamaban así? ࢒NT: Porque “la cuadrilla los negritos” eran muy ariscos los indios esos. Esos no llegaban a las casas. Pongamos yo... mi papá ocupaba dos o tres aborígenes de esa Figura 1 Gran Chaco (región marcada en verde). Fuente: https://es.wikipedia.org/ wiki/chaco_boreal#/media/archivo:granchacoapproximate.jpg María Eugenia Belmont Colombres Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10214 cuadrilla y bueno él le daba la ración, le daba mercadería y todo y ellos se iban al fondo de la finca y ahí hacían chocita y ahí vivían. Pero ellos no se entreveraban con la gente blanca, nada. Y las aborígenes hacían tinajas, botijas, yica, fergones colchas, muchas cosas que traían los varones para vender4 (fig. 2). La comunidad no tiene una escuela primaria propia, aunque existe una que se encuentra justo a mitad de camino entre San Ignacio e Hickmann. La escuela se llama “El Tasil” y asisten tanto niños de la comunidad indígena como de los puestos de alrededor. Entre Hickmann y San Ignacio se comparte, sí, una escuela secundaria. El principal movimiento económico de la zona es una cooperativa textil instalada y sostenida por la Fundación Molino Cañuelas (FMC), que interviene en la zona en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la compañía que lleva el mismo nombre. El trabajo de la FMC empezó hace más de un lustro. Como actividades económicas anexas se practica la labranza en las fincas de terratenientes, la crianza propia de animales, el tejido de chaguar, la agricultura a escala familiar, trabajos municipales, docencia bilingüe y tareas de ordenanza de la escuela. También existe la extracción de madera y es una de las actividades que genera tensión entre los pobladores, ya que se sobrevenden “guías” (habilitaciones) para el desmonte. Generalmente las “guías” se venden a otros comerciantes y la mayoría de las veces hay una sobreventa. La circulación y los contactos entre los miembros de la comunidad indígena San Ignacio y los habitantes de Hickmann y alrededores es cotidiana, tanto por la escuela secundaria compartida como por ciertos hechos tales como que en la comunidad wichí no hay almacenes, centro de salud, destacamento policial ni delegación municipal de Embarcación. A esta última, apostada en Hickmann, llegan las boletas de luz, y es allí mismo, un día a la semana, donde se reciben los pagos. El emplazamiento de la comunidad en una zona rodeada de fincas de gran magnitud hizo que el avance de la frontera agrícola se vuelva una amenaza permanente. No es, como se pretende mostrar a veces, una cuestión meramente cultural: hay determinantes de carácter económico bien claras (Flores Klarik, 2015; 2019). La concepción sobre la tierra y el bienestar de la comunidad wichí dista de la criolla en tanto que tienen una apropiación del espacio ampliado por su tradición de recolectores y se sirven de la naturaleza considerándola una deidad (Pachamama), es decir, tienen una racionalidad agroecológica del aprovechamiento, no de la explotación. El monte es una particular fuente de madera, que se usa tanto para construcciones habitacionales como para leña que tiene múltiples funciones, entre las más destacadas, calefaccionar, cocinar y servir para el aseo. Sin embargo, tanto criollos como originarios padecen el avance agroindustrial, que no sólo los desplaza, sino que empeora condiciones de los suelos, quita barreras de vientos y provoca la desviación de las aguas subterráneas. Los grandes propietarios disponen de altas tecnologías para acceder a napas y desviar lechos de ríos. Varios de los criollos comentan que los padecimientos de sequía e inundaciones se deben al desmonte realizado por los nuevos dueños de las tierras. 4 Entrevista realizada por la antropóloga María Eugenia Belmont. Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina) Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10 215 Actualmente la movilidad de los miembros de la comunidad se ha reducido, son pocas las familias que se trasladan seguido y la mayoría de las veces a partir de las posibilidades laborales que se van presentando. Las casas de material de nylon, madera y adobe permiten el traslado rápido y expeditivo de la vivienda. Los planes de viviendas para las comunidades hechas de material y con una distribución occidental han modificado la manera de habitar y el sentido de pertenencia de las comunidades. Es importante aclarar que las viviendas son administradas a nivel comunitario y que si una familia se ausenta por muchos años el cacique está obligado a reasignar esa unidad habitacional a otra familia. El avance de los desmontes en Salta, que tuvo al Chaco salteño entre sus lugares de mayor expansión, arrolló hectáreas de árboles que podrían haber servido para décadas de aprovechamiento cotidiano de las comunidades que habitan el lugar (Leake, López, Leake, 2016). En los alrededores de la comunidad San Ignacio se encuentran fincas de sembradío de áreas excelsas, por lo que las características históricas de la forma de apropiación del espacio de los wichí se vuelven imposibles de realizar. Se sabe que los desmontes avanzaron en Salta especialmente durante el último período de gobierno de Juan Carlos Romero (2003-2007) y los primeros de Juan Manuel Urtubey (2008-2014), aun con la Ley Nacional de Bosques Nativos en vigencia (ley argentina 26.331) (fig. 3). En aquellos años de deforestación indiscriminada (2003-2015), el cacique Salas fue la cara visible de un reclamo que estuvo acicateado por ONGs, tanto ambientalistas como religiosas. El apalancamiento fue tal que el cacique de San Ignacio recuerda como proeza su discurso frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando los desmontes en los alrededores de la ruta nacional 81. Frente a esa intervención, y siempre por la visibilización en medios nacionales ganada de la mano de las ONGs que impulsaban la delación, el propietario de Molino Cañuelas tomó contacto con el cacique de la comunidad (fig. 4). La decisión del propietario de Molino Cañuelas no fue por pura filantropía o mecenazgo, fue un reflejo político que, con el tiempo, tomó forma de Responsabilidad Social Empresarial. Molino Cañuelas (MC) tenía fincas en los alrededores de la comunidad San Ignacio, por lo que las denuncias de Salas por desmontes, por elevación, cayeron directo en los latifundistas, MC entre otros. A sabiendas del usufructo que ya venía haciendo la compañía en la zona, el dueño de MC ofreció al cacique emplear a wichís Figura 2. Nilda Torres (73). Fuente: fotografía de Fernando Cata (colaborador en campo) María Eugenia Belmont Colombres Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10216 en las tareas de sus fincas e iniciar un proyecto social en la comunidad San Ignacio. Salas prestó su acuerdo y la compañía creó la Fundación Molino Cañuelas (FMC) con el propósito de desarrollar un proyecto de intervención social en la Comunidad San Ignacio de Loyola, que actualmente se materializa en la ya mencionada cooperativa textil LHAKA. Desde entonces y hasta la actualidad se viene desarrollando esa intervención. La investigación que se presenta en este artículo se concentra hasta el período actual, pero no puede considerarse acabada puesto que todavía continúa la intervención de la FMC en la comunidad. Para este trabajo se persigue el objetivo de analizar de modo pormenorizado el proceso de vinculación entre la comunidad San Ignacio y la FMC posando la mirada especialmente en el hábitat, a través del acceso a viviendas adecuadas (art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). En este texto en particular se expone un recorrido sobre cómo ha sido el proceso hasta el momento y la importancia de la FMC en el acceso de los miembros de la comunidad al agua y a la energía, derechos instrumentales del mencionado derecho humano a una vivienda adecuada. 2. Marco teórico-metodológico: hacia una perspectiva sociotécnica e interseccional Pensar la tecnología a partir de cómo se construye, y no de qué es, es fundamento de la sociología de la tecnología de índole constructivista (Pinch y Bijker, 2008). En lo central, ese enfoque entiende que los procesos de diseño e implementación de la tecnología son más importantes que saber qué es la tecnología a ciencia cierta. El constructivismo se conjuga con la perspectiva socio-técnica y se dan a la tarea de pensar la tecnología en los procesos de problema-solución de las sociedades (Íbid.; Thomas, Fressoli y Lalouf, 2008). Las tecnologías sociales se inscribieron, desde un punto de vista analítico anclado en el constructivismo, en dos grandes tradiciones: de transferencia y de co-construcción. Esas dos maneras de encarar procesos de diseño e implementación de tecnologías encaminaron a los grupos de I+D, no sólo públicos o científicos, a trayectorias sociotécnicas diferentes. En las experiencias en las que predomina una mirada transferencista, los grupos abocados al desarrollo tecnológico pre-diseñan los dispositivos antes de saber dónde se utilizarán y muchas veces consideran que el fracaso en la implementación se explica unilateralmente por el mal empleo que hacen los usuarios, como en la primera fase del caso de Lavalle y el Grupo Cioppe, en Mendoza (Fressoli, et. al., 2013).5 En las 5 Un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mendoza (Argentina) encaró en 2008 un proyecto de investigación y desarrollo de equipamientos de energía solar para contrarrestar los problemas de acceso a la energía y al agua que había en Lavalle. Desde una óptica transferencista, los integrantes del Grupo Cliope llevaron a la comunidad de Lavalle esos equipamientos. Finalmente, no fueron utilizados por gran parte de las poblaciones de Lavalle, lo que, en un primer momento, fue interpretado por los académicos como un uso “equivocado” o sin conciencia de la tecnología ofrecida. Más Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina) Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10 217 situaciones en las que impera una mirada de co-construcción, los grupos abocados al desarrollo tecnológico tanto como los destinatarios específicos cooperan y negocian, generando dinámicas socio-técnicas de aprendizaje mutuo que, en el mejor de los tarde, el persistente fracaso obligó a los investigadores del Grupo Cliope (UTN-Mendoza) a reencausar su trabajo incluyendo otros actores que también trabajaban en la comunidad de Lavalle. Figura 3. Áreas desmontadas en el Chaco salteño hasta 2015. Fuente: “La deforestación del chaco salteño (2004- 2015)” de Andrés Leake, Omar Enrique López y María Cecilia Leake. María Eugenia Belmont Colombres Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10218 casos, derivan en alianzas socio-técnicas. Esas dinámicas se orientan a incrementar la adecuación socio-técnica a medida que se va desarrollando el proceso, tal el caso de Yogurito, en Tucumán, Argentina (Bortz, 2017)6. Una y otra mirada asumen dos concepciones sobre los procesos tecnológicos y sus dispositivos: tecnologías apropiadas o tecnologías sociales, estas últimas, pensando en escenarios ideales, terminan por configurar “redes de tecnología social” (Dagnino, Cruvinel Brandao y Tahan Novaes, 2009). Tomar a la tecnología de una u otra manera implica no sólo trascender la mirada determinista sobre qué es la tecnología y ocuparse de las construcciones en torno a su implementación, sino además ir más allá de la tecnología como dispositivo o producto y pensarla como artefacto, humano y no humano, diferente a lo estrictamente natural7. Para aprovechar el potencial de la teoría artefactual es requerimiento adoptar “flexibilidad interpretativa” (Bijker en Thomas y Buch, 2013), lo que permitirá pensar que la humanidad también es tecnología, ya que las formas de organización social son tecnologías y los humanos pergeñamos y formamos parte de esas formas de organización colectivas, sin posibilidad de renunciar. Sin flexibilidad interpretativa se carece de chances para situar los análisis de la realidad a partir de un enfoque sociotécnico y constructivista en el que cada experiencia se ancle en su debido contexto. La posición artefactual habilita a pensar en sistemas tecnológicos complejos donde se refleja la interacción situada entre esos artefactos y se va probando el funcionamiento o 6 Se conoce como “Yogurito” a un alimento probiótico desarrollado por el instituto científico CERELACONICET, de Tucumán, Argentina y que se dio en el marco de una alianza socio-técnica con el Ministerio de Desarrollo Social de esa provincia argentina. La dinámica de adecuación que demostraron los actores de participaron de esta trayectoria desembocó, en 2020, en que el producto se proyecte hacia todo el país. 7 La teoría artefactual hace un reduccionismo sobre lo natural y traza una dicotomía entre lo natural y lo cultural, donde no sólo sitúa lo tecnológico sino también lo artístico, lo religioso, lo ético y lo sociológico, entre otros campos. Los artefactos, humanos y no humanos, quedan del lado de la cultura. Para desarrollar la idea de sistemas tecnológicos se hacen comparaciones con la idea de sistemas complejos que, en el campo de la biología, desarrolla Bertalanffy. Los sistemas tecnológicos, no obstante, tendrían operatividad a través de y en los artefactos, a diferencia de los sistemas biológicos, que actúan en y son actuados por la vida natural. Figura 4. Dino Salas, cacique de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola, exponiendo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fuente: https://www.cij. gov.ar/nota-562-se-realiz- -audiencia-p-blica-en- caso-por-bosques-salte- os.html#showfotos Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina) Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10 219 disfuncionalidad de los dispositivos a partir del uso que hacen las comunidades, y de las variantes de adecuación socio-técnica que van surgiendo. A ello conviene añadir, para cada análisis en particular, las características técnicas de los dispositivos en cuestión y los grupos sociales relevantes que intervienen en cada trayectoria socio-técnica de los sistemas tecnológicos (ibíd.). Para completar lo que se recupera de la perspectiva socio-técnica habría que añadir la teoría actor-red de Bruno Latour y Michel Callon (Callon en Thomas y Buch, 2013) y la noción de “resistencia socio-técnica” propuesta por los colombianos Andrés Valderrama y Javier Jiménez (Garrido, Thomas y Becerra, 2018). La teoría del actor-red se complementa con la perspectiva artefactual que hemos visto y da lugar a pensar las formas de organización social como lo que Hughes (1986) llamaba “sistemas tecnológicos”. En cuanto a la categoría de “resistencia socio-técnica” se la toma en dos sentidos: por un lado, para analizar en qué medida la relación entre la FMC y la comunidad wichí San Ignacio se forja como “alianza socio-técnica” a partir de operaciones de adecuación causadas por tensiones, propuestas y reconfiguraciones, y, por otra parte, en tanto que es una categoría que habilita a pensar los sistemas tecnológicos, como vínculos actor-red, como escenarios atravesados por relaciones de poder (Garrido et. al., 2018). A esa perspectiva socio-técnica habría que añadir una categoría central para la propuesta de este artículo: interseccionalidad. Se trata de un concepto elaborado por los movimientos feministas y la teoría de género, que halla sus orígenes en un trabajo de1989 de la constitucionalista Kimberlé Crenshaw (La Barbera, 2016). Con la idea de interseccionalidad se pretendió que los estudios sobre las desigualdades de género involucren también otras variables que complejizan los escenarios de subalternidad: raza, etnia, pobreza, entre otras. En un caso de análisis como el que se propone en este artículo el enfoque interseccional resulta imprescindible para entender la alianza socio-técnica entre la comunidad wichí San Ignacio y la FMC, puesto que además de tratarse de una comunidad originaria, San Ignacio tenía una serie de privaciones que permitieron que la FMC establezca su intervención como garante de ciertos derechos humanos (como el acceso al agua y la energía, por ende, a la vivienda adecuada) y así generar un vínculo de confianza que excede lo estrictamente técnico y económico. Poner en diálogo el enfoque interseccional con la perspectiva sociotécnica es la apuesta conceptual más audaz de este trabajo. Entonces, los prismas teórico-metodológicos desde los que se analizará la experiencia de la comunidad San Ignacio de Loyola son la sociología de la tecnología constructivista de la perspectiva socio-técnica y la mirada interseccional. Epistemológicamente se toma partido por la mirada de co-construcción de los dispositivos y sistemas tecnológicos, donde intervienen artefactos humanos y no humanos, y se presentan interacciones que dan lugar a diseños y usos de productos y dispositivos. En esa interacción puede haber funcionamiento o no de los sistemas tecnológicos y correcciones de adecuación8. Esas 8 Desde la perspectiva socio-técnica, el funcionamiento o no de la tecnología, artefactual y sistémica, remite no únicamente a la eficiencia técnica de la innovación en sí, sino a la asimilación social que ésta tenga. Pensar en el funcionamiento de una innovación o un sistema tecnológico implica, entonces, reflexionar María Eugenia Belmont Colombres Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10226 3.1.3. El acceso a la energía y al agua como derechos humanos La energía y el agua son dimensiones constitutivas de lo que se considera una vida digna a nivel habitacional. En el marco internacional de los derechos humanos, tanto la energía como el agua han sido entendidos como prerrogativas, con especial relevancia para garantizar un derecho consagrado ya en la Declaración Universal de 1948: la vivienda (art. 25). Los alcances de ese derecho humano declamado en 1948 tuvieron peso vinculante para los estados con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). En su artículo onceavo dice: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento (p. 2). En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en particular, que es el que genera vínculos directos para el estado argentino, el derecho al agua y a la energía han sido reconocidos en fallos de la Corte IDH. Eso sentó doctrina y bajo esa trayectoria es que se considera el acceso al agua y a la energía como derechos instrumentales del derecho humano a la vivienda adecuada. En particular sobre el derecho al agua, las consideraciones de derechos humanos lo relacionan con una vida adecuada y una vivienda adecuada, pero también con una vida sana, productiva, digna y con una nutrición correcta. Para todas esas metas se necesita necesariamente el acceso al agua. En su más reciente sentencia al respecto, la Corte IDH ha llegado a emparentar la provisión de agua con derechos culturales: “El derecho al agua puede vincularse con otros derechos, inclusive el derecho a participar en la vida cultural, también tratado en esta Sentencia” (Fallo Lakha Honhat de la Corte IDH, febrero de 2020). Figura 5. Alcides Molina en la cooperativa textil de la marca LHAKA. Fuente: fotografía de Fernando Cata (colaborador en campo). Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina) Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10 227 El derecho a la energía se ha enunciado también hace relativamente poco en las sentencias de la Corte IDH. El fallo de la Corte Interamericana en el caso Río Negro vs. Guatemala (2012), en su párrafo 284 establece que el estado guatemalteco “deberá garantizar la provisión de energía eléctrica a los habitantes de la colonia Pacux a precios asequibles”. En un informe de revisión de cumplimiento de esa sentencia, la misma Corte Interamericana avanza en su concepción sobre este derecho al considerar que como “el Estado los desplazó de sus tierras en Río Negro para inundarlas y construir la central Chixoy que genera energía eléctrica (…) lo adecuado es que les garantice la energía eléctrica de forma gratuita”. Por eso se ha considerado que los dos subsistemas tecnológicos principales de la comunidad San Ignacio tienen que ver con la alianza socio-técnica con la FMC. El primero, decíamos, es la cooperativa textil y su marca LHAKA, y el segundo todo aquello que no tiene que ver con ese emprendimiento. Entre todo eso se encuentra el pozo de agua y el acceso a la red eléctrica, ambas cuestiones conseguidas a través de la FMC. 4. Conclusiones: tecnología y globalización, entre dominación y emancipación La tecnología ha ido embragada a ideas muy arraigadas al pensamiento occidental global –no sólo a Occidente–, tales como el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico y la civilidad. Los imaginarios puestos en circulación por el pensamiento occidental, como los de inclusión y desarrollo, fueron acogidos tanto por grupos de izquierda como de derecha, dentro de lo que los decoloniales llaman el Norte Global. En la actualidad, en Argentina, Maristella Svampa es una referente intelectual en denunciar esa mancomunidad imperialista y sus grandes discursos de dominación (Svampa, 2010). Grandes discursos que, siguiendo a Jasanoff y Kim (2009), podríamos describir como “imaginarios socio-técnicos”. El “desarrollo tecnológico” reclama ser repensando tanto como los ecologistas demandan que se replantee al “desarrollo sustentable”. Sin embargo, la necesidad de nuevas soluciones para nuevos y viejos problemas es tan innegable como la urgente concientización sobre el deterioro medioambiental a partir del Antropoceno (Svampa y Viale, 2020). Pensar la tecnología en un marco artefactual de interacciones con el medio permite dejar atrás la idea de que sólo puede ser utilizada como forma de dominación. Sin dejar de reconocer lo que advierte el propio Thomas en 2012 (citado por Garrido, 2018), sobre que “toda tecnología es política”, no debe por ello creerse que sólo puede estar vinculada a políticas de dominación, yugo u opresión. Los dispositivos, artefactos y sistemas tecnológicos siempre tienen implicancias políticas, pero no siempre ni necesariamente están del lado del imperialismo. Advertir eso no tiene por qué llevarnos a otra idea igualmente desenfocada: el determinismo tecnológico, el romanticismo sobre la tecnología. Puede llamársele “mito tecnolátrico” María Eugenia Belmont Colombres Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10228 (Gutiérrez Escudero, 2021) o “mito tecno-optimista” (Ecologistas en Acción, 2019) y siempre refiere a la confianza desmedida en las bondades de la tecnología, sean políticas, técnicas o de cualquier especie. Esta perspectiva determinista y desbordante de optimismo tecnológico es tan limitada como la posición de que la tecnología y el desarrollo tecnológico siempre están atados a intenciones de dominación e imperialistas. La tecnología también puede formar parte de procesos de emancipación, sin creer por eso que, de modo aséptico, salvará a la humanidad de algunos de sus desastres contemporáneos conspicuos como la desigualdad y el deterioro medioambiental. Para una perspectiva justa de la tecnología dentro de procesos de emancipación que tiendan a un cosmopolitismo insurgente, es decir, a una globalización desde abajo (Santos, 2009), la perspectiva socio-técnica debe hacerse permeable a la interseccionalidad. Se debe incorporar miradas interculturales, de género e inclusivas con la discapacidad – entre otras– en los análisis, diseños e implementaciones de tecnología. La perspectiva socio-técnica interseccional que se propone en este trabajo obedece a la imperiosa necesidad de resignificar el rol de la tecnología en los procesos de globalización actuales. Para ello, lejos de pensar la globalización como un fenómeno monolítico y solamente occidental, se hacen propias las ideas de Boaventura de Souza Santos (ibíd.), quien describe los procesos de globalizaciones posibles en dos sentidos: desde abajo y desde arriba. Los primeros resultan en “localismos globalizados”, mientras que los segundos conforman “cosmopolitismos insurgentes”. Estos últimos son el horizonte para una “sociedad posindustrial” en la que se acaben el “imperialismo cultural y el epistemicidio” que denuncia Santos. El sistema tecnológico que representa la comunidad San Ignacio de Loyola en mucho depende de la alianza socio-técnica que ha establecido desde hace algún tiempo atrás con la FMC. La alianza socio-técnica entre la FMC y la comunidad San Ignacio de Loyola vino luego de un proceso de lucha contra los desmontes encarado por los miembros de la organización wichí a través de su cacique. Ambas partes se benefician de la alianza, de un lado por el desarrollo de fuerzas productivas y acceso a derechos humanos como el agua y la energía, y del otro, por encuadrar esa intervención como RSE, o lo que Vicente Gutiérrez Escudero (2021) llama “greenwashing”. Por eso, no puede leerse esa alianza como la mera intención colonizadora de la compañía, con grandes haciendas en la zona y responsable de gran parte de los desmontes, o como pura conquista de la comunidad originaria apostada allí. Se trata de una alianza forjada al calor de intereses y necesidades mutuas que, sin embargo, bien puede ser vista como una forma de “globalización desde arriba” (Santos, 2009), ya que se sostiene por inversión –en dinero y equipamiento– de la FMC. La intervención reproduce un modelo de asistencialismo/paternalismo propio de los estados cuando auxilian y trabajan con comunidades de pueblos originarios. Por Hábitat y vida digna a partir de las alianzas socio-técnicas de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola (Salta, Argentina) Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10 229 eso, el rol de la FMC ha sido suplir acciones que deberían haber sido garantizadas por el estado, como el acceso a los derechos humanos antes mencionados. Esa acción se realizó sin cambiar la mecánica histórica con la que el Estado se ha vinculado con esos pueblos: cuando no los desplaza o los oprime, los asiste de modo caritativo. Aunque la intervención ya lleva más de un lustro, se puede anticipar que sin FMC la cooperativa textil dejaría de funcionar puesto que la mayor parte de las ventas se consiguen, todavía hoy, a través de gestiones de la fundación. Y, como hemos dicho, la cooperativa en sí es el principal subsistema tecnológico que se derivó de la alianza socio-técnica analizada. Ese subsistema tecnológico se desarrolló luego de algunos intentos productivos preliminares, la bloquera y las artesanías en chaguar, que, por razones que escapan a este artículo, generaron procesos de “resistencia socio-técnica” (Garrido, Thomas y Becerra, 2018). Sin entrar en detalles, es suficiente con decir que esos procesos de resistencia tuvieron similitud a lo ocurrido en BioBio, Chile, donde se dio el desarrollo de un sistema tecnológico alternativo al propuesto originalmente (Íbid.). Para que la experiencia trascienda características de un “localismo globalizado” y se constituya en un proyecto emancipador (Santos, 2009; 2010) primero que nada debería desplazarse de la lógica asistencial-paternalista. Si bien esa lógica ha venido funcionando relativamente bien, en términos estrictamente técnicos, no ha causado la posibilidad real de que la comunidad, sin la presencia de la FMC, mejore su circuito económico y tienda a la autarquía. Hay otros cambios que trajo esta alianza, como el acceso al agua y a la energía eléctrica, que se arraigaron ya en la comunidad y permanecerán, aunque la FMC se retire de la zona y se acabe la alianza socio-técnica. El subsistema tecnológico habitacional se modificó sustancialmente y generó nuevas prácticas especialmente en las generaciones jóvenes. Ello se observa especialmente en los consumos culturales: el uso de redes sociales y de contenidos audiovisuales, entre otras cosas. El acceso a energía tanto como la conectividad wifi y la recepción de línea Personal (desde 2018) se combinan para resultar en nuevas pautas de vida. Al respecto del acceso al agua puede decirse que igualmente trajo cambios en los modos de vida y también puede subrayarse que todavía acarrea ciertos conflictos: quién suministra y administra la electricidad de la bomba eléctrica es un tema no resuelto, no todos disponen de medios para almacenar el agua como corresponde. Después de la creación del pozo a manos de la FMC, la empresa estatal Aguas del Norte prometió mejorar la infraestructura, pero hasta el momento no ejecutó ni una obra. Como alianza socio-técnica, desde un punto de vista interseccional, el caso analizado se acerca más a un proceso de “localismo globalizado” más que como “comspolitismo subalterno”. Es el tipo de trayectorias que Thomas, Becerra y Bidinost (2019) describen: Las alianzas socio-técnicas son coaliciones auto-organizadas. Aunque en algunos casos es posible registrar acciones de planificación parcial (en el mismo sentido María Eugenia Belmont Colombres Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 15, noviembre de 2022, Universidad de Sevilla, pp.211-232. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.10230 que, por ejemplo, se planifica una coalición política). Por ejemplo, una gran empresa monopólica transnacional o un gobierno pueden tener poder suficiente como para construir el funcionamiento de sus sistemas tecnológicos, inhibiendo (destruyendo una alianza local rival) o subordinado (incorporando los elementos de la alianza local a su propia alianza) los desarrollos artefactuales de emprendimientos locales de menor escala (p. 143). El asistencialismo que todavía predomina es reconocido por el propio Alcides Molina, wichí miembro de la cooperativa: ࢒MEB: ¿Cuál pensás que es el horizonte que guía a la cooperativa? ࢒AM: El fin último pensamos... bueno yo mi idea era que sea que la gente maneje su propia empresa. Que sea formada. Sin necesitar que la M o la C –integrantes de la FMC– nos tengan que estar ayudando. La idea es que, entre todos, todos los que son de la comunidad, debamos manejar, que no dependemos de nadie. No depender de ningún otro tipo de gente. Este tipo de alianzas socio-técnicas en las que no está implicado el estado ni los grupos científicos de I+D encierran las contradicciones típicas de la lógica mercantil desde la que se impulsa la RSE. Sin embargo, pueden redundar en mejoras concretas en las formas de vida y organización social de las comunidades-objetivo, lo cual impacta en desarrollos de sistemas y subsistemas tecnológicos que funcionan con mayor adecuación. A partir del caso analizado, puede concluirse que para que eso ocurra con mayor frecuencia es necesaria una mirada socio-técnica interseccional, que piense las soluciones tecnológicas a partir de considerar el desarrollo con una racionalidad emancipadora y crítica y no únicamente desde una racionalidad liberal-occidental. Las soluciones tecnológicas, para ser tales, reclaman interseccionalidad en su diseño e implementación. Referencias bibliográficas Bortz, Gabriela (2015): Biotecnología, (des)nutrición y desarrollo local: aprendizajes, producción de conocimiento y políticas públicas en la trayectoria del “Yogurito Escolar” (Tucumán, Argentina), IV Escuela Doctoral Iberoamericana de Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tecnología, Valparaíso, 7-10 de julio de 2015. Buliubasich, Catalina y González, Ana (Eds.) (2009). Los Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta: La posesión y el dominio de sus tierras. Departamento San Martín. Salta: CEPIHHIA. 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