Las ideas republicanas en los orígenes de la democracia uruguaya

E Araucaria. Año 5, Nº 9 Primer semestre de 2003 Las ideas republicanas en los orígenes de la democracia uruguaya Javier Gallardo | Universidad de la República de Montevideo l artículo muestra la influencia de las ideas republicanas en los orígenes de la democracia uruguaya a partir del análisis del discurso y la acción de las élites doctorales actuantes bajo la democracia "de notables" de fines del siglo XIX. El tratamiento de un republicanismo histórico en el Uruguay, a la vez que arroja nuevas luces sobre la importancia acordada al espíritu público, al protagonismo ciudadano y a las virtudes cívicas en el ciclo fundacional de la democracia uruguaya, pone de manifiesto la imbricación de dicho ideario con preceptos liberales y democráticos de gobierno y de vida pública. Esta constelación de ideas comprende una fuerte adhesión a los valores del civismo republicano, la promoción de las libertades liberales, constitucionales e individuales, y la defensa de los principios y fundamentos de una democracia de partidos. El rastreo de estas genealogías ideológicas de la política uruguaya pretende sumarse a los actuales debates entre las tradiciones republicanas y liberales de pensamiento político sostenidos principalmente en el área anglosajona de la Teoría Política y de la Historia de las Ideas. Ante las más rígidas oposiciones que han animado estos debates, la ponencia destaca una combinación de dichas vertientes en la matriz docto-principista de la política uruguaya. El estudio concluye con un mitigado balance de dicho compuesto ideológico y político en el que se reflejan los problemas y dificultades del programa de fundación y enraizamiento de un republicanismo demoliberal en las coordenadas de la política moderna. En los trabajos recientes de la Teoría Política y en el terreno de la Historia de las Ideas ha venido manifestándose un renovado interés por la concepción republicana de la política. La atención que dicha concepción ha concitado remite, más que a su identificación con una forma de gobierno opuesta a los regímenes dinásticos o monárquicos, a su ancestral compenetración con la integridad de la vida pública y la política, con los valores cívicos y con una ciudadanía activa o comprometida con los asuntos comunes. Motivada por cierto malestar con los fenómenos de desafección política en las actuales democracias o con sus bajos estándares de vida cívica y de participación ciudadana, la perspectiva republicana ha abierto un frente de debates con las corrientes predominantes en los lenguajes teóricos de dichos regímenes, en particular, con el liberalismo. Para algunos cultores del civismo republicano el liberalismo es portador de nociones individualistas o atomistas de la sociedad, o vehicula una concepción procedimental o minimalista de la democracia, a las cuales se les repocha su complacencia con una realidad de deslucidas o instrumentales actividades públicas y ciudadanas. A su vez, la activación de los valores republicanos ha sido vista desde la perspectiva liberal como la celebración de una comunidad cívica de tendencias unificadoras, sofocante de la libertad individual y del pluralismo, o como nostálgicas fijaciones en supuestos "tesoros perdidos" de la convivencia pública, irreconocibles o poco atractivos para el ciudadano moderno. En el universo académico y teórico anglosajón, los debates entre diferentes teorías republicanas y liberales, referidos tanto al ascendiente que ellas tuvieron en los trayectos fundacionales de la política moderna como a las proyecciones políticas de sus gramáticas y de sus prospectos normativos, se han nutrido de posturas antitéticas o de férreas oposiciones categoriales, ante las cuales no han dejado de desplegarse diversos enfoques más comprensivos o tendientes a mostrar los puntos de contacto entre dichas teorías. En estas controversias no han dejado de pesar las distintas comprensiones y significados atribuidos al republicanismo y la variedad de elementos específicos que se han destacado para distinguirlo de otras concepciones teóricas e ideológicas[1] . En este texto pretendemos sumarnos a dichos debates a partir de la consideración de una genealogía republicana de la política uruguaya en los tramos finales del siglo XIX. Como veremos, el despliegue de un lenguaje republicano consustanciado con una reforma cívica de la política y con los valores de una activa vida pública y ciudadana despuntó singularmente entre los círculos políticos ilustrados, doctorales y "principistas", emergentes bajo la paz civil instaurada en 1872, y mantuvo su vigencia en los trayectos políticos finiseculares y de principios del novecientos, protagonizados por diversas camadas de "políticos de abolengo" o de fragua "tribunicia". El tratamiento analítico de un momento republicano en la política nacional reviste de suyo particular interés en tanto contribuya a abrir un "nuevo pasado" o a iluminar ciertos núcleos conceptuales y discursivos vigentes bajo la democracia "de notables" o en las antesalas de construcción de una democracia "de masas" en el Uruguay, aún poco explorados por la Ciencia Política vernácula y sobre los cuales pesan convencionales balances historiográficos[2] . El ideario y la acción de los diversos núcleos "doctorales" y "principistas", en efecto, no han recibido aún una debida consideración por parte de la Ciencia Política local, ni han sido percibidos en toda su complejidad por la historiografía nacional. Sus búsquedas de una íntegra vida política y ciudadana, sus exigencias en torno a una democracia de altos estándares de vida pública, sus contribuciones al desarrollo institucional y su defensa de una política partidaria principista y cívica han sido vistas como emprendimientos desarraigados de aristocracias letradas o de gabinete, impulsados al margen de las realidades de su tiempo o saldados con inútiles o desquiciadores fracasos. Gran parte del ideario y del accionar público de las élites ilustradas finiseculares que abordamos en este texto resultó así opacado por un balance desvalorizador de sus ideas, por un recuento parcial de sus actuaciones o por un "olvido" a cargo de narrativas y relatos instalados en "realidades" refractarias a sus temas y preocupaciones. Asimismo nos interesa destacar la combinación de principios republicanos, liberales y democráticos en la matriz de pensamiento y de acción política del principismo doctoral. Dicha matriz política contiene, en efecto, fuertes adhesiones a las normas de un civismo republicano, comprende firmes defensas de las libertades liberales, constitucionales e individuales, y abarca un ideario democrático sensible a la acción protagónica de los partidos políticos. El examen de esta constelación de ideas y valores, a la vez que nos revela una atenta consideración de diversos requisitos morales y políticos necesarios para mantener viva una democracia republicana, una politeia en sentido antiguo o aristotélico, evidencia las tensiones conceptuales de sus diversas perspectivas, así como los límites y disyunciones que los círculos doctos le imprimieron a dicho compuesto teórico e ideológico. Nuestro estudio está referido al despliegue de determinados lenguajes políticos y no a un cuerpo teórico sistemático, por cierto de rara existencia en la reflexión política local. Los materiales examinados conforman básicamente un discurso público "infiltrado de mundo", enunciado en el cuadro de la "república principista" de 1872-75, de donde extrajimos una serie de elementos ilustrativos de una concepción política republicana y demoliberal. En una primera sección presentamos algunos trazos descriptivos del universo político docto-principista, mientras en las tres siguientes analizamos su ideario republicano, centrándonos en sus dimensiones liberales, institucionales y democráticas. 1. La escuela política del principismo cívico uruguayo La generación de intelectuales políticos o de notables doctrinarios emergente bajo los auspicios de la paz de abril de 1872, que mantuviera dilatadas actuaciones públicas hasta los umbrales del giro democratizador del novecientos, vino a reanimar viejas preocupaciones de las élites letradas en torno a la regeneración de la política uruguaya, a la organización y el funcionamiento de las instituciones públicas y al valor y desempeño de los partidos políticos. Dichos elencos ilustrados se veían a sí mismos como "sacerdotes de la religión republicana"[3] , consagrados a transformar una "política raquítica" en una "verdadera política", confiada a la preeminencia del civismo sobre el interés particular y del patriotismo sobre los antagonismos de poder[4] . Desde la hora independentista y la adopción de la primera constitución de 1830, el país ingresó en una era de confrontaciones entre los bandos partidistas blancos y colorados, tendientes a actuar al margen o en contra de la legalidad constitucional, o pagó tributo tanto a las imperfecciones de la carta fundacional como a su imprevisión en materias políticas fundamentales. Y si bien la labor de los fundadores de 1830 y sus propósitos constitucionales concitaron un amplio reconocimiento público entre las generaciones políticas posteriores, a poco de entrar en vigencia la Ley Fundamental comenzó un largo itinerario de intentos fallidos de reforma, en cierto modo obturados por los dificultosos procedimientos reformistas previstos por la propia carta, orientada a establecer un orden inmutable, puesto a salvo de las contingencias políticas o de los cambios volátiles de la opinión mayoritaria. Los ineficaces o ignorados preceptos institucionales se veían aún más disminuidos por las falencias de una menguada entidad nacional y de un Estado carente de autoridad y de medios necesarios para el cumplimiento de sus cometidos soberanos o de orden público[5] . Las ambiciones de una reforma cívico-republicana de la política cobraron fuerza en momentos en que los tradicionales bandos "bélico-políticos", blancos y colorados (Pérez Antón: 1988), iniciaban un primer experimento coparticipativo, de distribución pactada de jefaturas políticas departamentales, y el oficialismo dominante colorado esbozaba una mayor autocomprensión de su condición partidista bajo la bandera de un gobierno de partido, consustanciada con las prerrogativas de ejercicio del poder político como "parte" de un todo, con sus propios tratos discriminantes, y no como encarnación de una totalidad política indivisa[6] . Con todo, dichos avances en términos de una política de partidos, no clausuraron la era de belicosos enfrentamientos partidarios, las acciones compulsivas de poder y los movimientos revolucionarios entrecruzados de dadivosos ejercicios de la libertad política y del patronazgo público, en un fin de siglo llamado a mentener en vilo la cuestión democrática y a encarecer las "cargas" de la política. Por entonces el país había ingresado en nuevos rumbos de modernización económica y social de la mano de una clase alta de fuerte composición extranjera, activamente consagrada a la transformación empresarial del sector agropecuario y al comercio externo (Mourat (y otros): 1969; Barrán y Nahum: 1967). La inestabilidad y la violencia políticas actuaban como serios obstáculos depredatorios de las riquezas y la producción, estimuladas por incipientes inversiones extranjeras, financieras e industriales, por el dinamismo de un nuevo empresismo rural y comercial y la diversificación de la estructura productiva agropecuaria vinculada al mercado mundial. (Caetano y Rilla: 1994, 43). Los ideales de reforma cívica de la política, se activaron además en un contexto de devaluación de "las dotes de cultura y señorío" del viejo patriciado, bajo el impacto de corrientes inmigratorias carentes de o renuentes al status cívico, en un horizonte de emergencia de nuevos intereses y conflictos de clase, de ampliación y modernización de la esfera del Estado y en medio de los ásperos pujos democratizadores sostenidos por las tradiciones partidarias populares. Las elevadas miras ilustradas de una política virtuosa, de regeneración institucional y de promoción del protagonismo público de la ciudadanía, se proyectaron a su vez en una atmósfera intelectual influida por los aires de un cientificismo positivista y evolucionista, impregnado de sospechas o descreimientos intelectuales hacia la política y en un clima aprehensivo respecto a la democracia de masas, de extendidas presunciones sobre la obsolescencia o la inconveniencia, en las sociedades modernas, del autogobierno directo o de una directa y soberana expresión de la voluntad popular. Involucrados en su juventud con los enfrentamientos bélicos de los bandos partidarios y las contiendas desatadas en torno a la política de fusión, los hombres de la élite letrada del setenta se movilizaron en base a renovados programas legalistas o institucionales o contra lo que mayormente consideraban como los principales males u obstáculos a un progreso político republicano: los excesos gubernativos imputados a una frágil institucionalidad o a su diseño concentrador y las irredentas costumbres sociales expresadas a través de caudillos y divisas históricas, carentes o necesitadas a su juicio de prospectos racionales de gobierno y administración pública. Los principios constitucionales, el pleno ejercicio de las libertades públicas y civiles, la lucha pacífica o la concordia política entre los partidos junto al perfeccionamiento de una ciudadanía formada en las contiendas cívicas o en la instrucción y la educación públicas fueron los elementos básicos de la matriz común de las distintas fracciones del principismo cívico finisecular. Caracterizados como doctores y principistas por su origen y sus títulos universitarios, por su espíritu doctrinario y su común adhesión a los principios e ideas morales como elementos fundantes de los cursos políticos, dichos círculos pretendieron desmarcarse tanto de los enfrentamientos de divisas como de la política de fusión de los bandos partidarios impulsada por las anteriores generaciones letradas, al tiempo que mantuvieron una común adhesión al pensamiento ilustrado y un correlativo rechazo al personalismo político y a la guía política de la tradición. Aunque de ascendientes idealistas y de una dogmática progenie ilustrada, impregnada de fe en el progreso y de una frondosa imaginación perfeccionista, la escuela política del principismo cívico se nutrió de una visión laica de la vida pública y del sentido político de hombres familiarizados con los negocios públicos y con las luchas partidistas. Imbuidos del espíritu político del liberalismo británico y del democratismo norteamericano, de sus trasfondos históricos y experimentales, los representantes de dicha escuela, al tiempo que imaginaron e intentaron construir una realidad política medida con los más altos estándares de su época, frecuentaron los ruedos de una vita activa republicana, de la prensa y las cátedras universitarias, de los partidos y del Estado, en los que desplegaron sus firmes vocaciones públicas (Oddone: 1956). Si bien el "apostolado político" de estos hombres se vio impregnado de doctrinarismo filosófico y jurídico, sus intervenciones públicas no se limitaron a reflejar exclusivamente un mundo de convicciones puras. Aunque su condición ilustrada no dejó de pesar en su ambición por alcanzar el gobierno de las leyes por sobre las personas, o en su afán por fundar un orden sujeto racionalmente a la legalidad universal de las ideas y los principios, la escuela política del principismo cívico contiene más bien el doble magisterio de la educación teórico-doctrinaria y de la política práctica, en su época informada por severos antagonismos políticos y agudas desarticulaciones institucionales. Y si bien en sus filas tuvieron lugar manifestaciones de dogmatismo, de doctrinarismo utópico y un extremismo intransigente, también se registran inclinaciones al compromiso y a la conciliación política, animadas por un sentido común político y una explícita sensibilidad respecto del carácter falible de los "acontecimientos humanos". Desde la paz de abril de 1872 hasta el golpe militar de 1875 y en las llamadas "cámaras principistas" que contó con una importante representación doctoral (1873-75), las huestes de políticos ilustrados, encabezados por José Pedro Ramírez, Julio Herrera y Obes, Pedro Bustamente, Agustín de Vedia, Francisco Lavandeira y Carlos María Ramírez, buscaron convertir su prédica cívica e institucional en una efectiva acción legislativa. Alineados en el Partido Colorado o en el nacionalismo blanco, o en tanto fundadores del efímero Partido Radical, estos hombres vivieron entonces su hora de mayor idealismo y de activismo ideológico sosteniendo ásperas discusiones provocadas por sus propias desavenencias de familia junto a sus más intransigentes combates partidarios y parlamentarios contra lo que un principista de nota bautizó como la política candombera, de fragua tradicional y popular, de progenie caudillista o congregada en torno a un "neto" partidismo blanco o colorado. La generalizada actitud de austera y ejemplarizante conducta republicana de estos políticos intelectuales se vio reflejada en la veneración que profesaron tanto al expresidente blanco-fusionista Bernardo Berro, como al jefe civil de los conservadores colorados, el antifusionista Juan Carlos Gómez, considerados por el "partido principista" como repúblicos ejemplares. Tras el golpe militar de 1875, que determinó la caída de la "república principista" presidida por el Dr. José Ellauri, y durante el cesarismo militarista (1875-1886), que contó con el apoyo del "candomberismo", de las fracciones caudillistas o "netas" del tradicionalismo partidario, la élite política doctoral, desplazada de las arenas legislativas y derrotada en un romántico y diletante emprendimiento revolucionario, se refugió en los círculos intelectuales y universitarios y en la prensa "de ideas", desde donde sostuvo agitados debates en torno a cuestiones religiosas y filosóficas, ligadas a los cursos por entonces vigentes de secularización del Estado y de laicización de la educación, y a las belicosas divisorias producidas entre la intelectualidad vernácula por la irrupción del cientificismo positivista. El grueso de dicho conglomerado, al que se le sumaron nuevas camadas de jóvenes universitarios, se agrupó, desde 1880, en el Partido Constitucional, vigente en las décadas del ochenta y del noventa, mientras otros destacados principistas de la primera hora pasaron a ocupar nuevos protagonismos en las filas del partidismo tradicional. Los más prestigiosos dirigentes constitucionalistas desempeñaron relevantes actuaciones en la salida del autoritarismo en 1887 y en los sucesivos gobiernos de fin de siglo, en los pactos políticos pacificadores y en los acuerdos electorales, destinados a consagrar la representación de la minoría, que contribuyeron a transformar una conmocionada república liberal, patricia y caudillesca, en una democracia de partidos y de sufragio popular masculino a principios del siglo XX[7] . En medio de las más precarias condiciones de mancomunidad política, la mayoría de estos hombres adoptó una perspectiva nacionalizadora de los orígenes y destinos del país, animada por escritos historiográficos y polémicas públicas, contribuyendo así a afirmar las claves históricas y cívicas de una autoconciencia nacional, propia de una "nación de ciudadanos". Pese a sus afinidades ideológicas con el tronco patricio de la independencia o a su identificación con un mismo ideal de elevación de una política "prosaica" y de "facción" a las alturas de un civismo liberal y del bien común, las camadas principistas finiseculares mostraron renovados compromisos democráticos frente a los diseños más unitarios y antipartidarios del viejo patriciado o tendieron a fortalecer los lazos de nacionalidad en claro deslinde con los desarraigos y escepticismos localistas de sus ancestros políticos[8] . Consustanciados con las teorías políticas y económicas liberales, desde Benjamin Constant y el doctrinarismo de la restauración en Francia hasta A. Smith, F. Bastiat y H. Spencer, los discursos de las diferentes vertientes principistas contienen expresas referencias al pensamiento republicano extraídas de los escritos de los fundadores federalistas de la democracia norteamericana y de algunos de sus publicistas, como J. V. Lastarria y F. Grimke. Las referencias republicanas remiten también a las obras de Montesquieu, Tocqueville y Jules Simon o a las orientaciones cívicas de Stuart Mill e incluyen un cercano seguimiento, en general de tonos críticos, de los avatares republicanos de la Francia posrevolucionaria. Las corrientes finiseculares herederas del patriciado criollo, como veremos en las próximas sesiones, tuvieron como denominador común la asunción de una febril defensa moral de la política y el culto al espíritu público, la promoción del ejercicio activo de las libertades políticas y el fomento de instituciones públicas fundadas en compromisos y responsabilidades cívicas de la ciudadanía. Dichas corrientes, además, defendieron republicanamente el papel constitutivo de la política democrática en los adelantos económicos y en el bienestar particular junto a la libertad pública ejercida en nombre del interés general o del bien común, como antídotos contra la corrupción de los ideales por los intereses, de la virtud cívica por los antagonismos de poder. La causa de la moralidad cívica y la excelencia pública se entremezcla además en esta corriente con la defensa de un orden constitucional y con una confianza militante en la acción y las divisorias legítimas de partido, en donde se puso de manifiesto la extendida admiración de los círculos docto-principistas hacia la evolución política inglesa y hacia la democracia americana, hacia sus respectivos cánones de constitución de los poderes públicos y de activismo partidario, de autogobierno y de ciudadanía municipal. Ciertamente el credo liberal del principismo cívico se vio resentido por un arquitectónico valor asignado a lo político y a lo público cuando éstos fueron asociados a la condena del interés particular o al papel de un Estado educador o regenerador de creencias y conductas "desviadas" del patrón moral ilustrado. El ideario democrático, por cierto, quedó más de una vez en entredicho ante el dogmatismo soberbio de un liberalismo ilustrado o de un civismo aristocratizante; el espíritu republicano y liberal, en fin, con frecuencia se reveló conciliador con las defensas de posiciones particulares y con el ataque ofensivo a otros intereses y posturas en nombre de ideales políticos trascendentes o "patrióticos"[9] . En todo caso, es en la combinación de diferentes libertad individual y para la vida privada: como un "sagrado deber" y como un "escudo". En tal sentido, y en respuesta a las críticas que por entonces se realizaban al "doctorado militante" por su atención prioritaria a las cuestiones políticas y morales frente a los imperativos del "progreso material", El Siglo sostenía[18] : Nosotros no rechazamos los adelantos materiales; al contrario quisiéramos verlos tomar vuelo en la República; pero lo que no admitimos, en manera alguna, es que se antepongan a los adelantos morales y políticos; lo que no creemos es que deba atenderse con exclusiva preferencia al progreso material, y despreciarse el progreso político, progreso real y positivo que es la base fundamental de toda civilización. Nosotros no sacrificamos un principio en nombre de otro. Deseamos su coexistencia armónica y fecunda. El progreso moral y político tiene por consecuencia necesaria el progreso material; pero el progreso material no produce necesariamente el progreso político y moral. Es por esto que creemos más importante realizar el primero [] Trabajando, pues, por el adelanto político, se trabaja por todos los adelantos [] Sin garantías y sin libertad, el trabajo, base de la riqueza, no puede progresar. ¿Y dónde puede buscarse sino en la política esas dos primordiales condiciones? [19] Tales planteos se sirven de una batería de argumentos morales y empíricos destinados a contemplar tanto los bienes de la política como la libertad individual o los diversos bienes personales, aunque la prioridad parecen tenerla los primeros. Dichos razonamientos cuestionan además una evolución compulsiva o sociogenética desde el logro del bienestar o de la seguridad material al orden político y a la democracia: La felicidad política es la base del bienestar material. El último depende de la primera, sigue sus evoluciones, cae con sus caídas, triunfa con sus triunfos. La libertad ha producido en la América del Norte un adelanto material portentoso; y el adelanto material de la Europa no ha producido, no, la libertad. En América el régimen político de la libertad ha dado por resultado el bienestar social. En Europa el régimen del despotismo ha engendrado el pauperismo, cáncer que la devora, y ha dado nacimiento a la Internacional, ola tremenda que amenaza arrastrarla entre sus torbellinos. La base de la civilización norteamericana es el adelanto político. La de la civilización europea es el adelanto material. Nosotros queremos para nuestro país la primera. Dejamos la última para los positivistas. Ocúpense todos de política y así habrán buenas instituciones y buenos gobiernos; hayan buenas instituciones y buenos gobiernos y así habrá libertad y paz, haya libertad y paz, y el progreso en todas sus manifestaciones realizará en la República sus grandiosas conquistas. Seamos libres hoy, mañana, como los norteamericanos, seremos poderosos. Esta es nuestra opinión y también las de los doctores Orientales. Esto es lo que hemos aprendido en nuestra liberal Universidad, donde no hace mucho decía un ilustrado catedrático: Sin progreso político, sin libertad el adelanto material es servilismo más o menos lujoso, esclavitud más o menos adornada[20] . Al oponer el progreso político y moral a la "civilización material", el principismo doctoral pronuncia un juicio impregnado de valores cívicos y republicanos, no exento por cierto de un aristocratismo espiritual evidenciado en sus visiones despectivas sobre una "felicidad material y provisoria". El "apostolado político" de las huestes principistas ciertamente no dejaba de nutrirse en la emergencia de la autocomprensión de una política "caballeresca" o de una moralidad categórica, austera y de servicio público, en un mundo de conflictivos intereses y valores vinculados a las distintas ocupaciones económicas, a las tradiciones criollas y a las corrientes inmigratorias, a las posiciones en el Estado y en la sociedad civil, y desde luego, a las causas de partido, en el cual dichas huestes eran juez y parte. De todos modos, y más allá de un subjetivo dualismo de valores, entre lo moral y lo adquisitivo, o al margen de una antítesis ideológica, de época o de clase, entre linaje y dinero, el principismo alienta un pensamiento categórico o experimental sobre la bondad o la necesidad de la política y de las libertades cívicas, a las que les atribuye una significación central para una íntegra vida pública y personal. En este sentido, la ilustración principista encarna una visión republicana de la política y de la sociedad. En dichas genealogías republicanas, en sus apelaciones a la moral social del deber o a una felicidad domesticadora de las motivaciones e intereses personales, anida, más que un espíritu armonizador de la virtud y el bienestar, una menguada consideración de las palancas del interés propio y de la responsabilidad individual, admitiéndose de tal modo "interferencias" públicas en las "elecciones" particulares tanto para evitar la "corrupción" o la autodestrucción del sistema de las libertades públicas e individuales como para incrementar el vigor performativo de la autoridad común y el progreso moral colectivo. En un sentido positivo, el compromiso republicano principista se articula a partir de un ideal de autogobierno y de su requisito de un ciudadano activo, confiado a su conciencia cívica o sujeto a deberes y obligaciones hacia la comunidad. Conforme a esta perspectiva, el "goce" de las libertades personales o el uso individual de las libertades comunes resultan inseparables o dependen más bien de las "ocupaciones con la cosa pública", del pleno disfrute de la "felicidad política". 3. Un republicanismo político e institucional El principismo doctrinario abrigó fuertes expectativas de regeneración del tejido social, al cual se le atribuían hábitos "viciosos" y costumbres "indómitas", cuya causa a su vez era imputada a una herencia colonial o al atraso político. En general las tribunas principistas y partidistas de la hora anatemizaron la ignorancia, las formas de vida "bárbaras" y "anárquicas", la falta de espíritu industrioso y el excesivo afán adquisitivo del mundo criollo como un compendio de defectos culturales o morales, a su vez nostálgicamente contrastado con una estilizada imagen de las artes y costumbres europeas y norteamericanas, de sus patrones de conducta moral y social. Para dar cuenta de estos "raquitismos" civilizatorios, y conforme al espíritu ilustrado de la época, los círculos intelectuales y políticos depositaron en general firmes confianzas en el expediente de "progreso" de la instrucción y de la educación popular[21] . Pero a diferencia de ciertos diagnósticos sociogenéticos, preocupados con las inercias y recomposiciones del "estado social", que enfatizaban la incompatibilidad de la indolencia y la indigencia sociales con el ejercicio del autogobierno y llamaban a corregir los "petrificados" males políticos mediante mejoras educativas y materiales, las falanges principistas insistieron en los resortes legales y formales de la vida republicana. Más que confiar en las fórmulas prepolíticas de reforma educativa de los caracteres y las conductas públicas o en el apuntalamiento económico del progreso político, el liberalismo principista del setenta se alimentó de un modelo político "jurisgenerativo" o legalista, de inducción institucional de la moral cívica, consustanciado con las virtudes de una "mecánica" de derechos y de obligaciones más proprio de un "estatuto" ciudadano que de una condición cívica absorbente de las motivaciones y ambiciones privadas o particulares[22] . Dicho énfasis político-institucional se tradujo en una impaciencia juridicista y en un ostentoso celo formalista a cargo de las representaciones principistas durante sus actuaciones legislativas del setenta. Al respecto decía José Pedro Ramírez, en pleno ardor de las luchas políticas y parlamentarias del partido principista: No tenemos vida constitucional ni hemos tenido por consiguiente ocasión de contraernos a las cuestiones constitucionales, ni tiempo para resolverlas autorizadamente con entera calma y libertad de espíritu fijando las bases de nuestro derecho práctico-administrativo. Esa es la tarea, no la menos ardua y patriótica por cierto, de las que pesan sobre los hombros de la actual legislatura [] De ahí esas discusiones frecuentes e interminables sobre el sentido verdadero de una frase de la Constitución o de la verdadera interpretación de sus preceptos con que la Cámara de Representantes ha absorbido casi todo su tiempo en el presente período. Bien necios los que por ello hagan reproches! Pobres e ignorantes políticos los que desconozcan la utilidad, la necesidad, la urgencia de aclarar las disposiciones de la ley en que están consagrados y garantidos todos nuestros derechos y toda nuestra libertad. No es tiempo mal gastado, no, el que se gasta en dar leyes reglamentarias de la constitución que protejan la libertad individual contra los abusos y desmanes inveterados de la autoridad[23] . Ante las acusaciones al "espíritu doctoral" de confinamiento en un mundo legalista distante de las causas y las soluciones positivas y materiales de los males sociales y políticos de la hora, retomadas por un amplio juicio historiográfico, Ramírez, desde el parlamento, respondía: Los que se jactan, señor Presidente, de ser positivistas, los hombres prácticos han de escandalizarse de que la Cámara a que pertenezco, pierda un tiempo precioso en dictar leyes sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, sobre las garantías individuales con que la constitución ha querido rodear la libertad y el honor de los ciudadanos, en vez de autorizar la creación de nuevas vías férreas, de decretar puentes, improvisar colonias; de tocar en fin con la vara mágica del principio autoritario la roca estéril que nos han dejado las administraciones pasadas, para que produzca por encanto los beneficios que encierra el amparo de la paz y el amparo de los poderes constituidos. Y más han de escandalizarse todavía los hombres positivistas y prácticos de que perdamos nuestro tiempo en averiguar si se violan en los ciudadanos esos principios democráticos que nuestros constituyentes promulgaron hace medio siglo, y según los cuales no es dado que la mano de la arbitrariedad pese, ni una hora, ni un momento sobre el último de los habitantes de la República, cualesquiera que sean las circunstancias que se invoquen[24] . Desde estos extremos, la enérgica acción parlamentaria principista entre 1873-75 estuvo dirigida principalmente a ordenar los poderes públicos, a estatuir las garantías individuales y la responsabilidad de los funcionarios públicos, a garantizar la legalidad electoral y a modificar la normativa de naturalización de extranjeros, incluyendo el ya referido proyecto de ley de educación popular. Muchos de los desvelos constitucionales y jurídicos del principismo cívico tuvieron poca recepción en la órbita de las luchas militantes de los partidos por el gobierno y la igualdad política[25] . Sin embargo, la sanción de una Ley de Registro Cívico, destinada a sustraer la organización electoral de las manos del Poder Ejecutivo y una reglamentación destinada a facilitar la ciudadanía de los extranjeros, ambas adoptadas durante las "cámaras principistas", no dejaron de tener resonancia en el curso de esas luchas (Diez de Medina: 1994). La Ley de Registro Cívico de diciembre de 1874, dejada sin efecto por los autoritarismos subsiguientes, estableció la inscripción cívica obligatoria, la incorporación de ciudadanos a las comisiones inscriptoras y severas penas contra los fraudes electorales. Dicha normativa significó un primer intento por abrir una brecha en el control omnímodo de los funcionarios públicos sobre el proceso electoral y marcó un importante mojón en la lucha por los registros cívicos, por su control y organización, y por consiguiente, por la depuración del sufragio y sus garantías políticas. Las representaciones principistas asimismo emprendieron una frustrada iniciativa de reforma constitucional orientada a desmontar la centralización política y administrativa, a erradicar las facultades extraordinarias acordadas constitucionalmente al presidente y la elección indirecta de este último por la Asamblea General. La agenda de temas político-institucionales activada en estas circunstancias y llamada a alimentar futuros debates públicos incluyó a su vez distintos cuestionamientos a las restricciones constitucionales a la ciudadanía basadas en la exclusión de los analfabetos o en la inhabilitación de los militares para integrar el Parlamento. Dicha "divisa" institucional fue reavivada por Partido Constitucional, fundado en 1880, bajo el régimen militar santista, y tuvo asimismo sus destacados portavoces en el seno de las corrientes partidarias tradicionales. El manifiesto fundacional del Partido Constitucional, heredero de la acción ideológica y política del civismo del setenta, en el que se incluyó una única cláusula programática referida a la descentralización departamental y a la democracia local, se centró en la cuestión de las instituciones públicas, concebidas como el principal soporte de la confianza civil y ciudadana, como "barreras para los unos, salvaguardia para los otros, lazo de unión para todos". En aquel contexto, los elencos de notables principistas bregaban por o añoraban con cierto lirismo el "reinado de las instituciones": El reinado de las instituciones, que reemplazan el capricho individual y paralizan el efecto de los extravíos del momento, con las reglas de mecánica social trazadas por la experiencia y la sabiduría de los siglos. El reinado de las instituciones, con sus libertades ordenadas, sus derechos armónicos, sus garantías tutelares, sus responsabilidades severas, sus formas mesuradas y prudentes, que constituyen a la vez el lastre y el timón de las sociedades modernas[26] . Además de las preocupaciones referidas a las libertades políticas y civiles o a las garantías y protecciones de un ordenamiento constitucional y jurídico, en los discursos principistas y en la mentalidad de la época se aprecia un marcado interés por un conjunto de instituciones de naturaleza republicana, concebidas como ámbitos de activa participación y de involucramientos públicos responsables, como escuelas republicanas de ciudadanía. El municipio, los juicios por jurado, la escuela pública y la Guardia Nacional junto al voto obligatorio y la naturalización de los extranjeros constituían por entonces una plataforma de institucionalismo republicano centrado en la figura de un ciudadano activo y eficaz, ilustrado e impregnado de espíritu público. A ese ambicionado entramado de autocontrol colectivo o ciudadano de los asuntos comunes, debe agregarse el impulso dado a las actividades de los clubes partidarios, el culto a la prensa de ideas, el aliento a sociedades de neto carácter cívico y la importancia asignada a los manuales de educación ciudadana[27] . En cuanto a la institución de la Guardia Nacional, la misma se inscribe en la tradición de las viejas repúblicas y, al igual que los jurados populares, remite a una valorización de las responsabilidades ciudadanas hacia la comunidad. Sujeta a los embanderamientos partidarios o a las contingencias partidistas de las guerras civiles (Real de Azúa: 1969), la Guardia Nacional, ya en los tiempos de esplendor de los últimos linajes patricios, estaba dando muestras de un incorregible arcaísmo. No obstante, la prosa principista se permitía cargar las tintas contra un Ejército de línea inmune a los llamados civilistas a la probidad pública y no dejaba de exaltar en cambio las virtudes de la Guardia Nacional. De ella dijo José Pedro Ramírez que era la institución más íntimamente ligada "al sistema de gobierno que nos hemos dado: el gobierno del pueblo por el pueblo"[28] . Y en los términos de la vieja tradición del republicanismo patriótico y anticesarista, escribía Julio Herrera y Obes, quien terminaría ocupando la presidencia de la República entre 1890-94: La Guardia Nacional es el verdadero ejército de un país republicano. Allí donde el pueblo es soberano, es el mismo pueblo armado el que debe encargarse de la conservación del orden público. Podrá convenir en tener una pequeña fuerza permanente que evite el inconveniente de distraer de sus tareas diarias a los ciudadanos para ir a pasar el día en un cuerpo de guardia. Pero cuando peligra la paz pública o cuando un poder extranjero amague la independencia o la honra del país, es el pueblo, el pueblo en masa, quien debe acudir a defenderse. Ay del pueblo que en casos semejantes confía su guardia y su defensa a un ejército mercenario! No de otra suerte brotan en las naciones las dictaduras; no de otra suerte se crean los poderes irresponsables; no de otra suerte florecen el militarismo y el caudillaje[29] . La reflexión más acuciante sobre el control ciudadano de los asuntos que involucran a la vida individual y colectiva, formulada con arreglo a los principios de autogobierno y en los cánones del "viejo municipio", se aprecia en estas expresiones de La Democracia: Sin el municipio, que es el teatro en que comienza y empieza a ensayarse el gobierno propio, podrán promoverse leyes liberales; pero no podrá jamás hacerse práctica la libertad. Es que el gobierno libre es una pesada carga para los ciudadanos del pueblo que lo practica; en el sentido de que, en vez de un poder paternal que vele por todos sus intereses, deben ser ellos los árbitros de sus propios destinos, los únicos jueces en sus propios negocios; librados a sus propias fuerzas para no caer en una decadencia lamentable, deben consagrar una parte de su tiempo al cuidado de los negocios públicos. ¿Cómo sacar de su atonía a ciudadanos habituados a esperarlo todo del poder central, para hacerlos compartir su tiempo entre esos negocios privados y los negocios públicos, si el terreno en que deberían dar sus primeros pasos les está completamente vedado? ¿Cómo hacer que tomen un interés activo en los negocios públicos, si no se les confía aquello que más les atañe, los intereses de su barrio, sus escuelas, sus caminos, su policía, etc., y si se hace depender su mejora de un poder completamente extraño, que desconoce sus necesidades? Si queremos, pues, que las instituciones en que se basa nuestro sistema político, sean una verdad viva, en vez de quedar como hasta aquí reducidas a letra muerta, es necesario que fundemos sobre anchas bases el gobierno municipal[30] . En definitiva, en estos planteos se distingue una perspectiva republicana de la ciudadanía, según la cual, el control de cuestiones que afectan la vida del vecindario o del municipio, la educación, la práctica de la justicia, la integración de los extranjeros, el sufragio y la defensa nacional, significan una red de concernimientos personales y colectivos, susceptible de ser acondicionada por una trama legítima de derechos, responsabilidades y deberes públicos. Detrás de estas preocupaciones, más que el cuidado de una ciudadanía protegida, administrada o librada a los servicios de un poder "central", "paternal" o "providente", emerge la concepción de un ciudadano incentivado a tomar parte en múltiples ámbitos de dirección y gestión de los asuntos comunes, acostumbrado a asumir la pesada "carga" de dirigir sus propios destinos, personales y del conjunto social. Pese a la amplitud de este entramado de derechos, de responsabilidades y de recursos de acción pública, atento a "lo más avanzado de las instituciones de otros pueblos", el mismo se circunscribe básicamente a un conjunto de dispositivos de naturaleza política. El programa principista de acondicionamiento institucional de la vida pública, ya sea por las urgencias de efectivización de una ciudadanía política o por el predominio en la época de conceptos liberales desarticuladores de lo público y lo privado, se muestra efectivamente prescindente respecto a las estructuras de desigualdad o de desintegración social, desentendiéndose de los arreglos extracívicos de la ciudadanía, fuera de algunas preocupaciones que los linajes liberal-republicanos enunciaron respecto a la educación popular, a la higiene pública o a los derechos y aspiraciones de las clases "laboriosas", difusamente defendidas[31] . Si bien el lenguaje cívico-institucionalista revela la adhesión a la figura de un ciudadano activo e interdependiente, lo hace desde una visión insularizante del terreno de la política frente a los "autónomos" intercambios individuales, concebidos ambos bajo una similar idealización o bajo sublimadas conexiones. Dichas abstracciones y recortes de lo político acaso no respondan exclusivamente a una axiomática liberal "espontaneísta" o mercado-centrista de los círculos principistas sino más bien a sus distancias respecto a los intereses y concernimientos de la sociedad civil (Barrán y Nahum: 1967), a su independencia o autonomía políticas o al escaso carácter responsivo de las actuaciones públicas en una época de restringidos y precarios ejercicios del voto o de expresiones "vicarias" de las demandas e inquietudes sociales (Real de Azúa:1981). Tales rigideces legalistas y las referidas disyunciones entre lo político y lo social, fueron objeto de severas críticas ya en los tiempos del desenlace negativo de la "república principista" y en la hora de entronizamiento del régimen militar en 1875. La política principista, sus fundamentos teóricos e ideológicos y sus restringidos horizontes institucionales, no sólo conocieron la censura de las fracciones netas y de las dirigencias partidarias tradicionales, sino que fueron objeto de discusión y revisión en el seno de los propios círculos intelectuales y políticos del principismo. Algunos de sus más conspicuos representantes, como Carlos María Ramírez y Julio Herrera y Obes, más tarde expresaron juicios críticos respecto a su actuación de la hora, reconociendo su desmedido idealismo o su rigidez política enclavada en sus dogmáticas posturas teóricas, así como la falta de prudencia y realismo político para enfrentar los desenlaces más desfavorables para su propia causa y para la política nacional (Varela y Ramírez: 1965; Herrera y Obes: 1947, 67-78). Uno de los principales fiscales y acusadores de la actuación de los elencos principistas del setenta fue Angel Floro Costa, miembro originario del Partido Radical y luego adherido al Partido Colorado. Este ferviente positivista, catedrático de Geografía y Astronomía de la Universidad del setenta, que sostenía que el "equilibrio de fuerzas es toda la ciencia política moderna", denunció la falta de atención en los trabajos legislativos de los notables doctrinarios a "las cifras y los números" y su ignorancia en materia estadística, ciencia que le parecía reunir en su seno "todas las castas virtudes que han de hacer prácticas la fraternidad de los hombres" (Costa: 1875, 29-31) A pesar de reconocer los méritos y las "dotes cívicas" de los elencos principistas, de ver en ellos "la austeridad y firmeza del hombre público, la abnegación sin tacha del patriota", Costa fue uno de sus más persistentes críticos. A propósito de la polémica en torno a la creación de un Banco Nacional en 1874, decía Costa: Permítanme mis amigos que les hable con mi habitual franqueza. Descubro con dolor que no están preparados para el nuevo género de lucha en que ha entrado el país después de la paz y que si se descuidan van a ser irremediablemente vencidos. Nuestras luchas hoy, como las que agitan a la República Argentina, como las que agitan al mundo entero, no son luchas políticas aunque en el fondo tienen el ropaje de tales: en el fondo son luchas económicas, si así puede decirse, luchas de intereses, de tendencias y aspiraciones opuestas... La sed de bienestar, de riqueza, devora todas las almas, aun las mejor templadas, las más estoicas. ¿Quiere decir esto que en el océano inmenso de intereses materiales en que se agita nuestra actividad, hayan naufragado o deban naufragar todas las virtudes? No de ningún modo, basta que las almas rectas estén sobre aviso, templadas siempre, no para contrarestar el empuje de los intereses materiales, sino para dirigirlos en el sentido de armonizarlos y satisfacer todas las aspiraciones y esfuerzos legítimos. Pero es menester que bajen de ese Píndaro de ensueños en que se embriagan con el néctar de sus ilusiones y observen la vida práctica, tomen las cosas como son y no como debieran ser, comparen y relacionen incesantemente, hagan cálculos y números, que los números no son frailes, sino muy poderosísimas e incuestionables razones y sobre todo no aspiren a hacer de nuestra pequeña patria un modelo tal de perfecciones y fantasías que sea un modelo pedantesco y ridículo[32] . Costa criticó en sus "inteligentes y espirituales amigos" sus dogmas económicos antiestatistas, su persistencia en "momificar al Estado" y su "espiritismo escolástico". Dando inicio a una saga de cuestionamientos a la escuela docta-principista inspiradas en nociones y categorías propias de un realismo sociológico, que serán retomados por otros miembros conspicuos de los círculos letrados, Costa reprochó a dicha escuela su falta de conocimientos prácticos o de formación científica y su escaso talante transaccionista. En tal sentido, contrapuso los imperativos científicos de una política ajustada a los conflictos de intereses o a las asunciones comportamentales de la economía política liberal a la visión espiritualista, en rigor moral y juridicista, de los problemas políticos y sociales del pincipismo cívico. Su argumento en torno a la necesidad de privilegiar tales imperativos remiten a su vez a las circunstancias críticas de las finanzas públicas y a la crisis presupuestal que vivió la república principista de 1873-75, paralizada entre las discordantes alternativas de las fracciones doctorales y tradicionalistas. Vale la pena citar in extenso, las afirmaciones críticas de este pionero del positivismo en el Uruguay, febrilmente consustanciado con una concepción de la política íntimamente asociada al lenguaje de una "fisiología social": de sustantivar el bien general: Un partido observa al otro hasta en los menores movimientos; cada falta que comete da origen a una acusación y así es que ambos corregirán sus faltas, desterrarán sus errores, se amoldarán a las exigencias de la época y a las necesidades del progreso, y establecida así la noble emulación, se esforzarán los partidos por sobresalir en la práctica del bien y por sobrepujar a su rival ofreciendo a la patria una suma mayor de beneficios [] Los partidos en la esfera política son como el comercio en la libre concurrencia. El monopolio es el atraso, es la estagnación, es la rutina, mientras que la libre concurrencia mejora los productos, determina la baja de los precios y favorece al pueblo que consume[43] . En sus convocatorias más militantes, los planteos principistas asimilan los ciudadanos a la condición de "partidarios" comprometidos con el "deber" de "contribuir con su concurso al triunfo de la comunidad política en la que están enrolados". Y en clásicas entonaciones cívicas, las tribunas principistas insistieron en la significación republicana de los partidos políticos y de su estructura de clubes como "escuelas de democracia": Los clubs son la verdadera escuela de la democracia, es en ellos donde nacen y se forman los hábitos republicanos y donde el ciudadano adquiere la conciencia de su fuerza y aprende a pensar y ejercer por sí mismo la acción que le corresponde en la decisión de los negocios públicos[44] . La misión de los clubs políticos no se reduce sólo a trabajar por obtener el triunfo de una lucha electoral. Creemos que su esfera de acción es mucho más vasta. Hacer al pueblo apto para la vida práctica de la libertad y de la República; enseñarle a conocer sus derechos y obligaciones[45] . A partir de un común reconocimiento de los partidos como fuentes esclarecedoras de la contingencia pública y de los rumbos gubernativos, entre las diversas vertientes principistas se manifestaron distintas apreciaciones sobre la doble dimensión representativa y gubernativa de la vida político-partidaria. Más allá de un consenso favorable a la "representación de las minorías", los círculos blanco-nacionalistas enfatizaron la representación proporcional y la coparticipación en ejercicios de gobierno, mientras los colorados acentuaron el valor de una agenda política asentada en límpidos cotejos entre la innovación y el status quo , mostrándose favorables a una política de partido o de mayorías cohesionadas, de claras divisorias y responsabilidades entre los roles de gobierno y oposición. Con todo, las corrientes ilustradas y principistas, en todas sus versiones, compartieron un mismo diagnóstico crítico sobre la combinación desquiciadora de una regla electoral mayoritaria con la amplitud de prerrogativas del poder presidencial y con el perfil excluyente y amenazante de los partidos, viendo en la conjunción de esos elementos un cultivo fatídico de germinación de las lógicas de fraude electoral, de abstención, de revolucionarismo o de marginamiento político. En el contexto del setenta, el doctoralismo se movió en la órbita de las "comunidades de partido", del coloradismo y el blanquismo, asumiendo sus respectivos alineamientos respecto a una política de partido o a la coparticipación, entrecruzados con distintos énfasis en el eje mayoría-proporcionalidad. Tales alineamientos, más que reflejar posiciones políticas específicas y recursos diferenciales de acción -de oposición en los blancos y de gobierno en los colorados-, tendieron a perfilar distintos principios de convocatoria política y ciudadana o a legitimar distintos modelos configurativos de las divisorias democráticas y de los títulos y responsabilidades de gobierno (Pareja: 1996). Los notables constitucionalistas, por su parte, se encargaron en la emergencia de prestar su concurso al tendido de puentes interpartidarios, tendieron a impulsar acuerdos políticos transicionales o la igualdad entre los partidos, sin dejar de denunciar el punto muerto de las amenazas recíprocas entre las divisas populares ni de condenar sus tradiciones "petrificadas" añorando a su vez las pacíficas alternancias gubernativas de la democracia norteamericana (Sienra Carranza: 1897). De cualquier modo, bajo la perspectiva de las huestes política ilustradas la esfera política representativa se nos muestra como un terreno abierto a todas las opiniones y a un cotejo público y transformativo entre ellas. En tal sentido decían los redactores de El Siglo, no sin dejar de evidenciar cierta prevención contra un eventual abstencionismo electoral del Partido Blanco, acicateado por uno de los habituales desbordes de los "gobiernos electores" de la época: La base del régimen representativo es la verdad de la representación. Vengan todas las opiniones, vengan hasta todas las preocupaciones a producirse públicamente, a la luz del día, en la arena legal. Renuncien así al misterio, a la conspiración y a la violencia. Buenas o malas, tienen derecho a producirse, desde que tengan su raíz en una parte del pueblo oriental[46] . En suma, en todos estos abordajes despunta la centralidad política de los partidos y la consideración privilegiada de su mediación en la construcción de las identidades ciudadanas. Bajo esta óptica, el acento puesto por el discurso republicano en el compromiso ciudadano con la política y el bien común se desmarca de la perspectiva de un mundo armonioso, compuesto de participantes directos o autosuficientes, unitario y homogéneo, exento de divisorias y de competencias democráticas. El republicanismo liberal de la hora asumió así la importancia y el valor de una libre expresión de opiniones partidarias al tiempo que confiaba en los escrutinios públicos y morales de las mismas. Sin duda estos compromisos con la política de partidos no escaparon a un dualismo, de impronta ilustrada y patricia, entre una política principista o de ideas y de tradición o personalizada. Dicha oposición, que ciertamente no llegó a absorber las mentes más políticas del doctoralismo principista, se tradujo en algunos de sus exponentes al influjo de una razón política abstracta o de un rechazo a los odios y a las pasiones de las divisas partidarias en una obsesión por disponer de partidos ab ovo fundados en ideas, en principios generales o en postulados programáticos y en un desdén por los vínculos políticos historizados, por las acreditaciones experimentales y las discriminaciones cognitivas y valorativas transmitidas o legadas por dichos vínculos y antecedentes[47] . Al margen de los diversos alineamientos y diferendos políticos de las corrientes principistas, sus comunes asunciones respecto al mundo de los partidos connotan una concepción política republicana, distante de una representación de los mismos como empresas competitivas, responsivas y agregativas de preferencias "dadas" de la ciudadanía. Bajo esta óptica, los partidos son significados como núcleos cívicos de articulación entre lo personal y lo público, como ámbitos eficaces para promover protagonismos individuales y solidaridades o lealtades colectivas en instancias gubernativas y de decisión ciudadana. La competencia política es concebida a su vez como una fiscalización perfeccionista de los partidos o como un marco animador y de decantación de las opiniones públicas. Vivir bajo la Constitución y el ejercicio activo de las instituciones comunales, en un mundo de partidos susceptibles de renovar los vínculos cívicos, de reclutar activas adhesiones ciudadanas y emular en la sustanciación del bien común, acaso resulte una descripción aceptable del fin moral que animó a las falanges principistas y constitucionales decimonónicas. Consideraciones finales La matriz de pensamiento y de acción del principismo doctoral y constitucionalista comprende un conjunto de concepciones políticas republicanas, liberales y democráticas. Dichas concepciones giran en torno a nociones amplias, a principios e ideales genéricos o se enuncian en eclécticas formulaciones, por lo que el quantum de cada una no siempre resulta del todo discernible. No obstante dicha constelación teórica o ideológica abarca un conjunto de dispositivos institucionales y de prácticas de aire familiar en la política finisecular o extraídos de las experiencias políticas más avanzadas de la época. La idea que en suma parece animar los diversos compromisos del pensamiento principista es que, al margen de un equilibrio de esas tres dimensiones de la vida pública, ella presenta magros desempeños o patologías degradantes. El ciclo político más vivo del principismo doctoral y constitucionalista pretendió así conjugar la defensa de las libertades "modernas" o liberales incluyendo ciertas transplantadas causas en favor de "negativos" frenos al poder estatal o contra intangibles individualismos bienestaristas con nociones republicanas clásicas de patriotismo y de bien común, de virtud cívica y de "felicidad pública". En esta empresa los herederos del patriciado procuraron alejarse tanto de una actitud propicia a un privatismo ciudadano o a un "goce" protegido de la libertad personal, minimizador de la política y de la vida pública, como de visiones compulsivas, monistas o monolíticas de una buena sociedad. De allí sus oscilaciones, a la hora de dar razón de las bondades del ejercicio activo y virtuoso de la ciudadanía, entre consideraciones de tipo empírico, instrumentales o consecuencialistas y postulados constitutivos "civilizatorios" impregnados de valores éticos superiores u "objetivos", lo cual revela las dificultades de la empresa cívico-principista para justificar los bienes intrínsecos de la política y las lealtades o los compromisos duraderos con la misma. En una clave liberal, el principismo cívico buscó compatibilizar o superponer el valor de las actividades políticas y de un perfeccionamiento ciudadano, sostenido en una amplia trama de protagonismos comunales y de vínculos de partido, con los núcleos básicos de moralidad liberal, de libertad y de responsabilidad individuales, y con los equilibrios moderadores de un orden constitucional. Mientras que, en las específicas entonaciones republicanas de la matriz principista, el ideal de autogobierno o el culto al espíritu público alimentaron más bien una ética social del deber y una vocación domesticadora del autointerés junto a la consideración privilegiada de las obligaciones cívicas y del cuidado de la "felicidad política". En estas ecuaciones despunta el sesgo insularizante que el principismo ilustrado pretendió imprimirle a una esfera pública informada por una moral cívica neutralizada de intereses particulares o fundada en idealistas sublimaciones tanto de la vida política como de una autónoma y espontánea regulación de los intercambios descentralizados y equilibradores de la economía o de la sociedad civil. A su vez, el empleo de un marco conceptual informado por un patriotismo envolvente o depurador de las divisorias políticas y expresado en el lenguaje de una moral pública virtuosa o trascendente, empañaron la fuerte justificación y valorización que realizara el principismo doctoral de una política de partidos, a la que concibió como la fuente principal de recursos democráticos de autoridad y de protagonismo ciudadano. Estos mitigados balances pretenden dar cuenta de la amplitud de perspectivas y de la variedad de lenguajes de la escuela política principista así como de las dificultades que dicha corriente encontró en sus emprendimientos de dignificación y de vigorización de la esfera pública y de la acción ciudadana. Dificultades ésas que trascienden la peripecia filosófica y política de un conjunto de "republicanos históricos", y remiten a las difíciles conexiones conceptuales y políticas entre liberalismo y republicanismo en las democracias modernas. Al margen de dichos balances, los mensajes y las actuaciones públicas de la escuela principista de hecho contribuyeron a delinear tendencias duraderas de afirmación y exaltación de la actividad política y de una ciudadanía "de partidos" en la vida nacional. Sus apasionadas y trabajosas combinaciones de la libertad y de la legalidad liberales con la virtud política y el perfeccionismo cívico, constituyeron una herencia de difícil gestión para las generaciones políticas posteriores, abocadas a la distribución partidaria de posiciones de poder gubernativo o estatal o inmersas en una política de partidos informada por los rasgos providentes y distributivos de una poliarquía bienestarista. Bibliografía Acevedo, Eduardo (1934): Anales históricos del Uruguay. Montevideo, Barreiro y Ramos. Aguirre Ramírez, Gonzalo (1989): La revolución del Quebracho. Montevideo, Barreiro y Ramos. Aramburú, Domingo (1898): La fraternidad uruguaya. Montevideo, Imprenta El Siglo. 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Herzog (1986) y Richard Fallon (1989); y como posiciones intermedias o de síntesis entre republicanismo y liberalismo puede consultarse a Cass Sunstein (1988), R. Dagger (1997), R. Tercheck (1997) y Frank Michelman (1986). [2] Entre los mayores cultores de dichos balances cabe mencionar a Zum Felde (1945), Pivel Devoto (1956, 1994), Oddone (1956) y Real de Azúa (1981). [3] Diario La Democracia, 12 de octubre de 1872. [4] Entre los principales estudios focalizados en las generaciones doctorales o principistas del siglo XIX cabe señalar los de Juan A. Oddone (1956), Carlos Real de Azúa (1981), Alba Mariani (1968) y Gonzalo Aguirre Ramírez (1989). [5] La constitución de 1830 estableció un régimen concentrado de autoridad [37] Ibidem . [38] Sin contar los malogrados acuerdos de 1872 entre los principistas y los "netos" del Partido Colorado, impulsados por José Pedro Ramírez, diversas figuras del principismo constitucionalista participaron de relevantes instancias acuerdistas en las últimas décadas del siglo, desde la salida del militarismo hasta sucesivos acuerdos de regulación transicional de los antagonismos de los grandes partidos. Dicha saga incluye el "Ministerio de Conciliación" de 1886, encabezado por José Pedro Ramírez, Aureliano Rodríguez Larreta y Juan Carlos Blanco, y los acuerdos electorales o de presentación de listas multipartidarias de 1887 y de 1898. La tradición cooperativa de los últimos linajes patricios escasamente abordada por nuestra historiografía abarca además la participación de principistas constitucionalistas en los gobiernos de Julio Herrera y Obes, de Juan Idiarte Borda y de Juan Lindolfo Cuestas, así como en el Consejo de Estado de este último. [39] Incluso los jóvenes principistas más refractarios a las divisas históricas, como Carlos María Ramírez y José Pedro Varela, no dejaron de organizarse en partido, siendo fundadores en 1872, del Partido Radical. [40] El purismo principista y una línea de mayores compromisos partidarios o de exploraciones negociales se enfrentaron ya en la polémica que en 1872 sostuvieron Juan Carlos Gómez y José Pedro Ramírez, el primero en contra y el segundo a favor de una alianza dentro del Partido Colorado con sus elementos "netos". Otras fervorosas contraposiciones de una intransigente moralidad republicana patriótica y trascendente al celo político y estratégico de la política partidaria correrían por cuenta de los redactores del diario La Razón a principios de la década del ochenta y de principistas constitucionalistas como Domingo Aramburú y Luis Melián Lafinur en el cambio de siglo (Pereda: 1892; Aramburú: 1898). [41] El Siglo, 18 de abril de 1872. [42] La actitud principista más compenetrada con la acción partidaria y con la reforma de los partidos existentes fue defendida resueltamente por los nacionalistas de La Democracia y los colorados de El Siglo. Este último en tal sentido expresaba: "La divergencia de opiniones, de afinidades, de intereses legítimos y de aspiraciones puede y debe existir en la República [] La libertad asegura y garante la coexistencia de esas agrupaciones de correligionarios políticos que se llaman partidos; regeneremos nosotros a esas comunidades y a las divisas personales opongamos divisas de principios y de ideas. Esto es lo que manda la voz del patriotismo" (El Siglo, 3 de mayo de 1872). [43] El Siglo, 10 de abril de 1872. [44] La Democracia, 26 de junio de 1872. [45] El Siglo, 17 de agosto de 1872. [46] El Siglo, 3 de noviembre de 1872. [47] Tales ánimos fundacionales y trascendentes se hicieron presentes en los emprendimientos patricios y "doctos" decimonónicos de "La sociedad de amigos del País", la "Unión Liberal", el Partido Radical y el Partido Constitucional. Domingo Aramburú inscribíó estos emprendimientos en una tradición nacional (en la que contabilizó las gestas independentistas y las presidencias "fusionistas" o de vocación suprapartidaria posteriores a la Guerra Grande) consustanciada con un espíritu republicano y patriótico de conciliación, de fraternidad y de concordia cívica, desplegada contra el "partidarismo crudo o exaltado" (Aramburú: 1898).