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Ética, jubileo y doctrina social de la Iglesia

Delgado Rojas, Jesús Ignacio

Abstract

Aunque son diversas las temáticas sobre las que versa la Doctrina Social de la Iglesia, en esta ocasión me centraré en algunas consideraciones que tienen que ver con la Ética y el Jubileo y, sobre todo, quisiera acercar estas cuestiones a la plasmación que reciben hoy en un Estado de Derecho contemporáneo y a su modelo político por excelencia como es la democracia. Comenzaré presentando algunas reflexiones sobre Ética y Doctrina Social de la Iglesia en el Estado de Derecho para luego pasar a relacionar estos comentarios con la democracia.

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119 ÉTICA, JUBILEO Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Jesús Ignacio Delgado Rojas Dpto. Filosofía del Derecho Universidad de Sevilla Aunque son diversas las temáticas sobre las que versa la Doctrina Social de la Iglesia, en esta ocasión me centraré en algunas consideraciones que tienen que ver con la Ética y el Jubileo y, sobre todo, quisiera acercar estas cuestiones a la plasmación que reciben hoy en un Estado de Derecho contemporáneo y a su modelo político por excelencia como es la democracia. Comenzaré presentando algunas reflexiones sobre Ética y Doctrina Social de la Iglesia en el Estado de Derecho para luego pasar a relacionar estos comentarios con la democracia. LA ÉTICA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Una nota definitoria de la Doctrina Social de la Iglesia, relevante para el asunto que nos concierne, con la que quisiera comenzar es que su misión no es la de ofrecer directrices políticas ni programas de gobierno. Su función es, más bien, enjuiciar las prácticas de los dirigentes políticos a la luz de los principios fundamentales que en ella se consagran. De la misma manera, no hallaremos en la Doctrina Social pautas precisas para un problema humano concreto, sino más bien enseñanzas inspiradoras que ayudarán y guiarán la tarea de cada individuo en el ejercicio de su conciencia y discernimiento. La Doctrina Social de la Iglesia participa de una visión de la sociedad en la que ésta se origina por la propia naturaleza social del ser humano. La sociedad no se engendra por un hipotético contrato, sino por la capacidad innatamente humana de cooperación y asociación entre semejantes. Se produce así un 120 distanciamiento de aquellas filosofías contractualistas por las que Hobbes, Locke, Rousseau supusieron un imaginario contrato social que presumiría el origen, en un momento ficticio, de la sociedad. La Doctrina Social de la Iglesia participa más bien de un enfoque aristotélico, que concibe la comunidad como el resultado de las relaciones de justicia y también de amistad social. Más que la lógica del interés liberal individualista de la modernidad, la enseñanza eclesiástica busca las raíces de la sociedad en la fraternidad humana, en los lazos de la solidaridad, la caridad y las redes de apoyo mutuo. De esta Filosofía Política que abraza la Doctrina Social de la Iglesia se deduce una idea de sociedad civil como aquel espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden o juego de reglas compartidas. La sociedad civil no es una asociación en términos jurídicos, sino un conjunto de relaciones que los ciudadanos establecen al actuar colectivamente en la esfera pública, expresando sus intereses, intercambiando información y cooperando para alcanzar objetivos comunes. Ya sabemos que la idea de sociedad civil es distinta y precede a la de comunidad política (o Estado de Derecho, que diríamos hoy). Y ello es importante para la Doctrina Social de la Iglesia. La comunidad política se refiere al conjunto de individuos y grupos dotados de cierta cohesión cultural bajo un poder soberano, lo que no se precisa en el ámbito de la sociedad civil, cuyo fin no es la organización del poder político sino la consecución de objetivos comunes de sus miembros. Cuando sociedad civil y sociedad política se (con)funden estamos ante visiones totalitarias que tienden a subordinar cualquier actuación humana colectiva bajo la esfera y dominio del Estado. Aunque son nociones relacionadas, es la sociedad civil la que sirve de soporte a la comunidad política. Dicho con otras palabras, la comunidad política –el Estado– se constituye y orienta para estar al servicio de los legítimos intereses y necesidades de la sociedad civil, esto es, su justificación deriva de su contribución al bien común. Tal y como apunta la Gaudium et spes, la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II, “la 121 comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido y del que deriva su legitimidad primigenia y propia”1. Esta caracterización acerca del bien común no se define como un mero agregado de intereses individuales ni tampoco pretende ser un bien colectivo superior o superpuesto a los intereses de los individuos, quedando los intereses de ellos anulados o en un segundo plano. El acento recae sobre los intereses humanos individuales y el bien común sirve a la realización personal, que es lo primordial, y los intereses generales y colectivos se orientan y subordinan a aquella consecución puramente humana e individual. Es por ello que decimos que la comunidad política o Estado está al servicio de los ciudadanos, y no estos al de aquél. El poder político ha de ejercitarse bajo esa premisa, respetando la fuerza moral que se desprende del postulado de la común e igual dignidad de todos los seres humanos. Los mandatarios y dirigentes gubernamentales cumplen su cometido cuando su actividad se dirige a servir al bien común y su conducta resulta negligente cuando, apartándose de aquél noble ideal, no persiguen más que espurios intereses particulares, partidistas y arbitrarios. Bajo estas premisas, al Estado, al conjunto de sus instituciones, le compete enderezar toda finalidad de su actuación a la persecución del interés general, pues, aunque el bien común es cosa de todos, señala el Catecismo de la Iglesia Católica, “corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias” 2. Toda actuación estatal debe ser llevada a cabo bajo una ponderada prudencia, a través de prácticas de gobierno que no resulten ni excesivamente paternalistas ni escasamente protectoras. Según el principio de subsidiariedad, el Estado debe dejar espacio a la iniciativa de los individuos, para que puedan poner a disposición 1 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, párr. 74, 1965. 2 Catecismo de la Iglesia Católica, III Parte, 1ª sec., cap. II, párr. 1910. 122 de la sociedad sus capacidades y talentos. Ese equilibrio entre prestaciones públicas y la libertad de los individuos es el que se logra a través del llamado Estado del bienestar, que también busca paliar las diversas formas de pobreza y de exclusión incompatibles con los derechos humanos, sin llegar a convertirse en un Estado benefactor o asistencial que anule cualquier otra actividad prestacional que no sea la que provenga del sector público. Señalaba San Juan Pablo II, en la Encíclica ‘Centesimus annus’: “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Efectivamente, parece que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado”3. Podríamos considerar así que la Doctrina Social de la Iglesia se decanta no solo por un tipo de Estado, el de bienestar, no asistencial ni paternalista/benefactor, sino que también realiza una apuesta decidida por el Estado de Derecho, en el que todos los ciudadanos e instituciones son responsables ante las mismas leyes, incluidos los dirigentes políticos, jueces y legisladores. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO Paso ahora a realizar alguna breve nota que relaciona, como apuntaba, la Ética de la Doctrina Social de la Iglesia con la democracia. Ya sabemos que todo Estado se organiza siguiendo algún tipo de régimen político. La Iglesia no se inmiscuye en determinar cuál debe ser la forma política de un país, pero sí se compromete con modelos que se ajustan mejor a los ideales por los que ella también apuesta y favorecen su realización. En ese sentido, la Doctrina Social de la Iglesia realiza una valoración 3 San Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus, 48, 1991. 123 positiva de la democracia como la mejor forma de gobierno que respeta la dignidad humana y los derechos fundamentales y, por el contrario, censura aquellos regímenes totalitarios que amenazan y limitan las libertades de los ciudadanos. Recordemos como el Papa Pío XI condenó tres sistemas totalitarios contemporáneos a su época con tres encíclicas específicas: Non abbiamo bisogno (1931), contra el fascismo italiano; Mit brennender Sorge (1937), contra el nazismo; y Divini Redemptoris (1937), contra el comunismo. La Iglesia ensalza el modelo democrático de gobierno y los sistemas de participación electoral libres, universales e igualitarios, mediante los cuales los ciudadanos eligen entre distintas opciones políticas a sus gobernantes y, a su vez, se garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios dirigentes, o bien removerlos llegado el caso de forma pacífica. Condena, sin embargo, aquellas democracias de fachada en las que, tras el nombre, solo se esconden grupos de interés que usurpan los poderes del Estado en beneficio propio y sin atención al bien común. La democracia es un sistema político que se fundamenta en unos valores morales superiores que la sustentan y le dan legitimidad. Entre ellos, el respeto a la dignidad de todo ser humano y sus derechos inviolables e inalienables y el bien común como fin y criterio regulador de la vida pública. Sin unos valores morales que la respalde, la democracia tiene riesgos. Entre ellos, desproteger la vida del ser humano, no respetar los derechos de las minorías y ser manipulada por grupos ideológicos o lobbies que sólo buscan sus intereses particulares o de partido. Un sistema democrático sano y fuerte necesita de ciudadanos activos y comprometidos con sus principios participativos e institucionales. La ética de una sociedad libre no puede ser más que la ética del pluralismo, de la comunicación y discusión y, sobre todo, de la tolerancia. Pluralismo y tolerancia como no equivalentes a un relativismo del todo vale o del todo vale igual. La Doctrina Social de la Iglesia desaprobaría esa idea vana de tolerancia entendida como mero relativismo, pues la tolerancia no puede 124 partir de la afirmación de que cualquier idea puede tener valor moral. Si así fuera, daría igual la tolerancia que la intolerancia, la cultura que protege la dignidad humana que la que permite la tortura o la esclavitud, la cultura que busca la igualdad de la mujer que la que mantiene la ablación genital. No. La tolerancia presupone el reconocimiento firme en ciertos valores objetivamente superiores (que son los que llamamos Derechos Humanos). Y la Doctrina Social de la Iglesia insiste en que el Derecho de un Estado democrático no puede desconocer ese orden moral; sino que tiene que ser un Derecho orientado a perseguir la realización de esos valores. Así lo apuntaba Benedicto XVI en su intervención ante el Parlamento alemán: “Para gran parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría puede ser un criterio suficiente. Pero es evidente que, en las cuestiones fundamentales del Derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta: en el proceso de formación del Derecho, una persona responsable debe buscar los criterios de su orientación”4. Una legislación democrática no puede desconocer un código ético sobre el que fundamentarse. De ahí que la Doctrina Social de la Iglesia abogue por una Ética que, sin confundirse con una moral maximalista, pueda en cambio adoptar unos mínimos morales con vocación objetiva y universalizable. Parece, pues, que los derechos humanos fundamentales, junto con los deberes inherentes exigibles a todo individuo, serían el mejor contenido para integrar esa ética mínima, ese mínimo moral, que por mínimo no es menos exigente. En este sentido, y con ello concluyo, el papel de la Ética que se desprende de la Doctrina Social de la Iglesia es propiciar las condiciones para un dialogo público y diverso en el que todas las voces sean escuchadas para buscar y construir esa idea de valores morales en torno a los que podamos convivir unidos y 4 Benedicto XVI, Discurso en el Reichstag, Berlín, 22 de septiembre de 2011. 125 cohesionados. Pues, como afirma el Papa Francisco en Fratelli tutti, “podemos buscar la verdad moral juntos en el diálogo”5. 5 S.S. Francisco, Encíclica Fratelli tutti, 50, 2020.