Capitalismo, Globalización e Ideología

Capitalismo, Globalización e Ideología Álvaro Sánchez Bravo (editor) Capitalismo, Globalización e Ideología VV. AA. Editado por: Álvaro Sánchez Bravo [email protected] Impreso en España ISBN: 978-84-18829-38-3 Maquetación, diseño y producción: Álvaro Sánchez Bravo © 2021 Álvaro Sánchez Bravo Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos. Capitalismo, Globalización e Ideología ÍNDICE PRÓLOGO .............................................................................. 7 GLOBALIZACIÓN Y CAPITALISMO. UNA APROXIMACIÓN MARXIANA Álvaro Sánchez Bravo ........................................................ 9 ¿PUEDE LA TRIBUTACIÓN REDUCIR LA DESIGUALDAD DE INGRESOS Y RIQUEZA? Marciano Buffon .............................................................. 29 LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA SEMIÓTICA DEL NUEVO PARADIGMA CONTEMPORÁNEO GLOBAL: UNA VISIÓN IDEOLÓGICA DESDE EL DISCURSO DEL CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO José Luis Leal Espinoza .................................................... 55 A PROMESSA (IN)CUMPRIDA DO CAPITAL: AS LIÇÕES DE PIKETTY PARA A PROMOÇÃO DE UMA IGUALDADE INTERGERACIONAL/UNIVERSAL Gabriela Telles, Luiz Felipe Scholante y Vinicius de Oliveira Barcellos ........................................... 73 GLOBALIZACIÓN Y REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA ANTE LA CRISIS DEL PARADIGMA HUMANISTA Fernando H. Llano Alonso ............................................... 99 TRIBUTAÇÃO NA ERA DA ECONOMIA DO CONHECIMENTO: A CONSTANTE SAGA PELA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DE RENDA Priscila Anselmini ........................................................... 137 TRABAJO, VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DIGNAS DE VIDA David Sánchez Rubio ..................................................... 161 TRABAJO DECENTE Y GLOBALIZACIÓN Esperanza Macarena Sierra Benítez ................................ 195 É POSSÍVEL SE TER JUSTIÇA EM MUNDO GLOBALIZADO E CAPITALISTA(?): A JUSTIÇA FISCAL COMO ELEMENTO UNIFICADOR DO COMBATE À DESIGUALDADE Victor de Almeida Conselvan ......................................... 249 IDEOLOGIA EM PIKETTY: FUNÇÃO JUSTIFICADORA DA DESIGUALDADE HISTÓRICA Edson Luís Kossmann .................................................... 269 7 PRÓLOGO El mundo cambia. La forma de vivirlo, entenderlo y explicarlo, también. En este contexto se escribe y publica “Capitalismo, globalización e ideología”, con el Profesor Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Álvaro Sánchez Bravo, a la cabeza de este nuevo proyecto. La revolución tecnológica, la importancia del capital, las condiciones dignas de vida y trabajo o la justicia fiscal son conceptos que diferentes expertos y profesionales de la materia desgranan a lo largo de esta obra, única en cuanto a contenido y formato, con la calidad propia de personas altamente competentes que buscan razonar y comprender la sociedad que nos rodea. “Capitalismo, globalización e ideología” es el punto de partida de un plan mayor. Este libro marca el inicio de “Alma Mater”, una nueva colección universitaria que recoge nuestro sello principal y que tiene como objetivo divulgar y distribuir los estudios e investigaciones de expertos de áreas diversas. Precisamente son estos libros de investigación los que nos motivan a seguir en el camino del mundo editorial, con la intención de continuar descifrando los contenidos y magnitudes del mundo real y dar voz a aquellos que la merecen. Iván Parrilla. Director General de Punto Rojo Libros. 15 En el plano económico, frente a la antigua confrontación entre países ricos y pobres, o en vías de desarrollos, los nuevos espacios económicos se integran entorno de grandes núcleos financieros del hemisferio norte y en algunos países emergentes, ya auténticas potencias económicas, pero no en cohesión social, desde la que se adoptan las grandes decisiones económicas planetarias, se imponen condiciones a los Estados para participar en el comercio mundial, se celebran acuerdos de libre comercio, que refuerzan su hegemonía, y se distribuye la riqueza acumulada atendiendo a criterios de geoinfluencia, y no de redistribución humanitaria. La mundialización del capital se ha basado en la derivación de una gran parte de los procesos materiales de producción en países con bajas exigencias laborales y salarios reducidos, mediante la inversión directa de capitales que es aplaudida, como símbolo e integración en la globalización, por dirigentes, cuando no dictadores, sátrapas y enemigos de sus pueblos. Los sectores públicos y privados rentables, y sólo ellos, son privatizados, debilitando a las organizaciones sindicales y/ o de clase, incrementando la inseguridad y el temor entre los trabajadores, reduciendo los salarios, y generando enormes flujos de plusvalías desde los proletarios hacia los grandes empresarios. Desde el punto de vista del Estado, como hemos visto, ya debilitado en sus funciones como Estado de bienestar, se sustituye el capital privado por el público para la satisfacción de los servicios públicos básico, y en esto, los ciudadanos, se ven desposeídos de los mismos, al responder la dinámica económica, no a proteger a los ciudadanos, sino sólo a aquéllos que tienen capacidad de pago para poder asumir los costes de 16 estos servicios, a los que la privatización, en irónica y desvergonzada caracterización, presenta como más rápidos, modernos y eficaces. Como certeramente afirma Marx, “la forma que cobra la cosa pública en un Estado que no es el de la cosa pública, sólo puede ser una monstruosidad, una forma que se miente y se contradice a sí misma, una forma aparente, que terminará por mostrar lo que es”. Además, la deslocalización – entendida, como explotación de las condiciones laborales paupérrimas descritas anteriormente-, determina que el elemento material del Estado, su territorio, sea también irrelevante, pues los límites físicos, jurídicos y administrativos se difuminan. Los grandes grupos financieros y productivos, transnacionales, son más poderosos que los Estados y acaban superponiéndose a ellos. Asistimos a un espacio único de competencia, en régimen de oligopolio (la gran industria, en expresión marxiana), que se sustenta en gigantescos grupos financieros e industriales que dominan la tecnología, los mercados y, que no conformes con eso, a través de alianzas, fusiones y demás ingeniería financiera, reafirman y amplían su poder económico y social. Al referirse a esta competencia, y pese a las medidas protectoras que el propio Marx reconocía6, expone lucidamente como “...la gran industria universalizó la competencia(ella misma es la libertad práctica de comercio, en ella el arancel protector no es sino un paliativo, un arma defensiva en la libertad de comercio)desarrolló los medios de comunicación y el moderno mercado mundial, puso el comercio bajo sus dicta- 6 MUÑOZ, J., Karl Marx. Textos Selectos y Manuscritos de París. Manifiesto del Partido Comunista. Crítica del Programa de Gotha, Editorial Gredos, Madrid, 2011. 17 dos, transformó todo capital en capital industrial, y con ello hizo posible la rápida circulación (la formación del sistema monetario) y la centralización de los capitales. Mediante la competencia universal obligó a todos los individuos a tensar máximamente sus energías. Destruyó hasta el límite de lo posible la ideología, religión, moral, etc., y allí donde no lo consiguió, hizo de ella una mentira palpable. Creó por vez primera la historia universal, en la medida en que la satisfacción de sus necesidades hizo depender a toda nación civilizada y a todo individuo de ésta del mundo entero, poniendo punto final al tradicional aislamiento y carácter exclusivo de las diferentes naciones solas” Muchos Estados quedan reducidos a un cascarón, cuya supervivencia al menos testimonialmente como miembro de la comunidad de naciones, se sostiene concediendo ventajas fiscales, degradando a sus propios trabajadores, ante el anuncio de entrar en el club de los países industrializados, desarrollados, no comprendiendo que están más dominados y oprimidos que nunca, que son el sur, del Sur…. “la gran industria no alcanza en cada localidad de un país la misma cota de desarrollo…Y de modo similar influyen los países en los que se ha desarrollado una gran industria sobre los plus ou moins no industrializados en la medida en que éstos se ven arrastrados por el intercambio mundial a la lucha de la competencia universal”. Además, las grandes empresas aprovechan las lagunas existentes en las normas internacionales y trasladan sus beneficios a jurisdicciones con fiscalidad reducida, en lugar de tributar allí donde produce y vende. Estas estrategias privan de ingresos fiscales a las administraciones públicas de los países, contribuyen a la injusticia y crean una integración mundial de la que se benefician mayormente las grandes multinacionales 18 y los ciudadanos más ricos, aumentando la brecha de desigualdad mundial. Cuando hablamos de paraísos fiscales, y siguiendo a Casanova, no debemos pensar sólo en Estados insulares o de extensión reducida donde las grandes fortunas escoden su dinero, generalmente procedente de actividades ilícitas, o cuando menos, dudosas. Pero la evasión fiscal está más cerca de lo que podemos pensar. Si asumimos lo establecido por la OCDE, paraíso fiscal es «país con impuestos muy bajos o inexistentes, que es usado por empresas para evitar pagar impuestos que de otro modo se habrían pagado a países con impuestos más elevados», y añade que se caracterizan por elementos como la falta de transparencia y la opacidad7. 7 Esta doble dimensión (bajos impuestos y opacidad) da pie a diferenciar entre dos tipos distintos de fraude fiscal. En primer lugar, y como consecuencia de la opacidad bancaria, grandes sumas de dinero perteneciente a personas físicas están depositadas en paraísos fiscales. Según cálculos del economista Gabriel Zucman, la cantidad alcanzaba los 7.600 billones de dólares en 2014, que equivalen a un 8% de la riqueza mundial en manos de los hogares. El 80% de este dinero no fue declarado en sus países de origen. Esto supuso una pérdida de 190 billones de dólares en tributos a nivel mundial, que deberían haber sido recaudados mediante impuestos sobre la renta (65%), sucesiones (30%) y patrimonio (5%). En segundo lugar, existe otra gran vía algo menos conocida con la que empresas multinacionales evitan pagar los impuestos que les corresponderían. Se trata de un mecanismo conocido como ‘erosión de la base imponible y traslado de beneficios’ (BEPS, por sus siglas en inglés), y afecta de lleno a la Unión Europea. Esta forma de engaño fiscal, a veces llamada elusión, no es estrictamente ilegal, en parte porque la legislación no está adaptada a la creciente digitalización de la economía. El BEPS consiste en explotar vacíos legales y desajustes entre legislaciones para trasladar artificialmente beneficios a jurisdicciones donde éstos tributen menos. Esto lo aprovechan rutina- 19 A menudo se justifican las reducciones en el impuesto de sociedades con el argumento de que atraen a grandes empresas y, con ello, favorecen la actividad económica. Sin embargo, los datos muestran que lo único que las empresas trasladan es la contabilidad de los beneficios. Ello hace que los beneficios aumenten de una manera impresionante, pero no su actividad económica. Con la bajada o supresión de impuestos, especialmente el de sociedades, los paraísos fiscales consiguen atraer ingentes cantidades de fondos al atraer beneficios contables a sus jurisdicciones. Ello genera la consecuencia de que los países que no son paraísos fiscales, dejan de recaudar un dinero que, en justicia, les pertenecería. Como indica, igualmente Casanova, Esto implica, por ejemplo, que cuentan con menos recursos para sostener los servicios públicos. Este tipo de prácticas erosionan el contrato social, al ser consideradas injustas por los ciudadanos que, en su inmensa mayoría, sí pagan los impuestos que les corresponden. Además, tienen efectos reales directos sobre los ciudadanos, ya que limitan las capacidades de los gobiernos para fijar sus impuestos libremente, puesto que la posibilidad de declarar beneficios en otro país presiona a la baja los impuestos de sociedades, pero no otros como el del trabajo. Esto provoca que los gobiernos se vean riamente grandes multinacionales, que manipulan los precios a los que comercian internamente, utilizan préstamos internos para ajustar sus cuentas o sitúan bienes intangibles estratégicamente para terminar declarando sus beneficios en países con bajos impuestos y, así, pagar los mínimos posibles. Casanovas, E. Paraísos Fiscales: un desafío para la Unión Europea. https://agendapublica.es/paraisos-fiscales-un-desafio-para-la-union-euro- pea%ef%bb%bf/ Consultado en 26 de abril de 2021. 20 obligados a compensar estas pérdidas subiendo otros impuestos como este último, lo que conlleva pérdida de progresividad en el sistema impositivo y aumentos de la desigualdad8. Los impactos de la globalización liberal también se han dejado sentir en los aspectos sociales, pues además de los nuevos escenarios de transnacionalización del capital, se han alterado sustancialmente la redistribución de la riqueza y el poder; en fin, la base social de los sistemas democráticos, como hasta ahora los habíamos conocido. Porque en todo periodo de crisis (desde la perspectiva marxista, crisis puede entenderse como la paralización de los resortes que rigen y posibilitan el funcionamiento de la sociedad. A mayor abundamiento, Jacobo Muñoz, explicita como hay que distinguir entre una crisis general, cuyo único desenlace podría ser la transformación de la sociedad y una crisis o colapso parcial, inseparable de fenómenos tales como los ciclos político-económicos, constitutivos del capitalismo que llevan a que períodos de prosperidad, al menos aparente, sean sustituidos por otros , caracterizados por intensas depresiones de la actividad económica) siempre hay grupos que se enriquecen, que se aprovechan de las externalidades negativas del sistema, que prosperan ante la miseria de los otros: especuladores, fondos de inversión, traficantes de toda índole, hacen su fortuna sobre la agonía de los ciudadanos impotentes ante un sistema jurídico-social que impone la aplicación de la ley sin consideración a las causas exógenas que les llevaron a la miseria. La crisis de los sistemas financieros capitalistas se resuelve 8 Ibíd. 21 con más capitalismo, los impuestos se destinan a tapar los agujeros de los disparates especulativos de bancos y demás entidades lacayas del capital. Pero no es un movimiento espontaneo, surgido ex novo. Es el producto de una nueva ideología social que tiene en el culto al beneficio rápido, a la especulación, a la insensibilidad ante los problemas ajenos, su alfa y omega. Aparece una nueva casta: neoburgueses, nuevos ricos, que imponen modas, conductas y alardean de su riqueza y poder. Y ello es posible, por la desaparición acelerada de las clases medias, junto a la concentración creciente de riqueza y poder de las nuevas élites dirigentes. Élites que determinan las formas de consumo, de relacionamiento, de entender del mundo, de implementar los valores sociales; cuando no, de la ausencia de cualquier ética que no sea el culto al dinero y al poder que lo sustenta. En la Ideología alemana9, Marx plantea certeramente como “las ideas de la clase dominante son, en cada é poca, las ideas dominantes, o lo que es igual, la clase con la que se identifica el poder material dominante en la sociedad es la clase que, al mismo tiempo, ejerce el poder espiritual en ella dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material, goza con ello, a un tiempo, de la capacidad de disposición sobre los medios de producción espiritual, de tal modo que las ideas y pensamientos de quienes carecen de medios de producción espiritual le vienen, por término medio, sometidos. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, de las relaciones materiales dominantes concebidas como pensamientos; o sea, los pensamientos de su dominio. Los individuos que forman la clase dominante, entre otras cosas, conciencia de ello y en ello piensan; en la medida, pues 9 MARX, K. y ENGELS, F., La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo, 1974. 22 en que dominan como clase tienen también y determinan el alcance global de una época histórica, va de suyo que lo hacen en toda su extensión, dominando, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su época; de ahí, en suma, que sus ideas sean las ideas dominantes de la época”. “En efecto, -dice Marxcada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de la universalidad, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta”. Se consolida sí el pensamiento único imperante en la nueva sociedad neoliberal, mientras las referencias culturales de los pueblos, y sus sistemas axiológicos, se ven sumergidos en el pensamiento dominante, hegemónico. Pero ni siquiera esto sería suficiente, sin que el control del poder en determinados grupos, que, sin poder denominarse clase en clave marxista10, se basara sobre el control, la determinación del contenido y la extensión de la información. 10 Dos características básicas pueden entenderse de clase: una negativa y una positiva. En el 18 de Brumario de Luis Bonaparte Marx10 define, en efecto, una clase plenamente constituida en los siguientes términos: <<En la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, aquéllas forman una clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna organi- 23 El escenario actual globalizador neoliberal está dominado por las grandes multinacionales tecnológicas, que son los auténticos dueños y guardianes del mercado, de la comunicación y su contenido, y hasta, de los derechos de los ciudadanos. Es lo que Shosana Zuboff11 (2020) denominó “capitalismo de vigilancia”. Y es que, como señala Bartlett12 , tenemos una antigua democracia analógica con instituciones, reglas y normas que fueron diseñadas para un mundo offline. Y, por otro lado, contamos con una tecnología digital que no sigue esa misma lógica, así que nos topamos con un problema de incompatibilidad. Se refuerza de nuevo, por tanto, la ya clásica discusión acerca de los límites y potencialidades de los avances tecnológicos, y su relación con el ejercicio democrático del poder. Por un lado, se alzan voces manifestando que parecen no haberse tomado en consideración los efectos negativos de la zación política, no forman una clase>>. MARX, K. y ENGELS, F., Obras escogidas. Madrid, Fundamentos, 1975. 2 vols Cuando en Miseria de la Filosofía10 describe el sufrimiento de la clase obrera, Marx escribe, en cambio: <<En principio, las condiciones económicas habían transformado la masa del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses comunes. Así, esta masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero no todavía para sí misma. En la lucha […] esta masa se reúne, constituyéndose en clase para sí misma. Los intereses que defienden llegan a ser intereses de clase>>) MARX, K., La miseria de la filosofía. Madrid, Aguilar, 1973. 11 Zuboff, S., La era del capitalismo de vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Editorial Planeta, Barcelona, 2020. 12 Bartlett, J. The people vs, Tech: how the Internet is killing democracy (and how we save it), London: Ebury Press, 2028. 24 revolución digital cuando se nos prometió que su naturaleza universal horizontal y fácilmente accesible, la haría un idílico espacio de participación ciudadana. La tecnología ha ido avanzando, pero probablemente nosotros los ciudadanos hemos fallado en la correcta consideración de los nuevos entornos tecnológicos. Se pensaba que las leyes abrirían nuevos cauces para participar en las decisiones políticas dando voz y presencia a grupos sociales que hasta el momento disfrutaban de escasa representatividad social y mediática. Por otro, se asiste entusiásticamente a los avances tecnológicos como modelo liberador de las penurias y limitaciones humanas. Internet, y las grandes redes de telecomunicaciones, permitirán una verdadera comunidad de comunicación e interacción, contribuyendo a mayores niveles de democratización y de igualdad social. Ahora bien, aquí no caben posiciones pesimistas, ni entusiastas si no entendemos los actores que participan y controlan estos procesos, y si nos encontramos con la paradoja de que pretendiendo defender los derechos de los ciudadanos, los cercenamos apelando a falsos nacionalismos, tutelas estatales y protección de intereses superiores, que, generalmente, ni se explican ni se justifican. El modelo de negocios en las redes sociales es considerado por una parte de los usuarios como gratis, pero de hecho no lo es. Pagamos con datos y publicidad. Así, como señala, nuevamente, Bartlett, todo incentiva a las compañías a mantenernos enganchados el mayor tiempo posible y a seguir realizando pruebas a escala industrial para captar y mantener nuestra atención. El resultado es una democracia cada vez más incapaz 31 Tomando todo esto en cuenta, en la parte final de este trabajo se examinan algunas propuestas presentadas en el plano internacional, principalmente mediante estudios del economista francés Thomas Piketty, que serían tendencialmente útiles para enfrentar uno de los problemas más cruciales de la actualidad y, probablemente, determinante en el futuro que se avecina, especialmente después superar la terrible Pandemia que aún asola el mundo. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO COMO REDUCTOR DE LA DESIGUALDAD Corresponde aclarar, inicialmente, que no se ignora, ni se rechaza la tesis de que el crecimiento económico se trata de un motor capaz de movilizar los mecanismos que engendran sociedades menos desiguales y, por lo tanto, más harmoniosas y unidas, sin que haya una participación directa del Estado en tal proceso. No obstante, para que esto suceda existe la necesidad de una improbable fundición de elementos que busque materializar esa reacción espontánea. Explica Piketty que, “desde un punto de vista estrictamente lógico, la única fuerza compensatoria “natural” –o sea, fuera del ámbito de cualquier intervención pública– es, una vez más, el crecimiento” (Piketty, 2014, 545). De ahí que “cuanto más grande sea el crecimiento mundial, más el salto de los grandes patrimonios permanecerá moderado en términos relativos, en el sentido de que sus tasas de progresión no serán desmedidamente más altas que el crecimiento promedio de los ingresos y de las riquezas” (Carabaña, 2016. p. 172). 32 Una vez que el crecimiento económico mundial fue del orden del 3,5 % al año, durante el período de 1990 a 2012 –un ritmo que podría prolongarse de 2012 a 2030– “El ascenso de las fortunas mundiales más grandes sin duda será un fenómeno visible”, aunque menor de lo que sería con un crecimiento mundial del 1 % o del 2 % al año”. (Piketty, 2014, 545). Por esta razón, el autor alertó que mantener un crecimiento económico medio (por muchos años) por debajo de la efectiva remuneración al capital podría llevar a niveles de desigualdad que, cuando fueron verificados en el pasado, fueron seguidos de brutales conflictos y guerras, que –al final– habían reducido forzosamente la desigualdad, especialmente por la destrucción de patrimonio y propiedades privadas acumuladas durante el descompás entre crecimiento y remuneración al capital. El cuestionamiento que ahora se impone es si se está viviendo el tiempo de retroceso rumbo a los niveles de desigualdad existentes en la Europa anterior a la Primera Guerra. De hecho, seríamos testigos, como afirma Piketty, de “un capitalismo enloquecido, a tal punto que la concentración de la riqueza llega a los valores de 1900-1910 e incluso los impuestos sobre el capital que gobernaron el siglo XIX siquiera se aplican” (Piketty, 2014, contraportada). Puede decirse que la primera gran crisis del capitalismo globalizado del siglo XXI, desencadenada alrededor del año 2008, “mostró que el patrimonio privado aumentó sin control, mientras que los salarios y la producción apenas crecieron durante los últimos treinta años”. Además, concluye el autor, “por razones de ideología o incompetencia, muchos Estados 33 aumentan la carga tributaria sobre el trabajo y subsidian una casta de rentistas” (Piketty, 2015, contraportada). Es cierto que un crecimiento económico robusto tuvo un efecto positivo en la lucha contra la pobreza extrema, tal como se puede constatar en China, India y también en Brasil durante casi una década y media en este siglo, aunque con respecto al último haya otros factores indicados como efectivos en este proceso (programa de renta mínima, aumento del salario mínimo por encima de la inflación, etc.). Como lo advierte Carabaña, sin embargo, el “crecimiento económico tiende a reducir la pobreza, pero generalmente no reduce la desigualdad, ya que los ingresos de todas las clases generalmente aumentan en la misma proporción”. Para reducir la desigualdad sería necesario “un crecimiento asimétrico, diferenciado en favor de los más pobres” (Carabaña, 2016. p. 172). Al contrario, lo que se observa en muchos casos es que ciclos de crecimiento provocaron el aumento de la desigualdad, pues generalmente los más pobres no fueron “capaces” de asegurar para sí los mayores beneficios proporcionados por el crecimiento. Es más, vale referir que la mejoría en la distribución global de ingresos se debe, esencialmente, al progreso de los países asiáticos, especialmente de China, en los últimos años. Las altas tasas de crecimiento permitieron que centenas de millones de campesinos salieran de la más extrema pobreza. Esto es verdad, sin embargo las desigualdades dentro de estos países aumentaron considerablemente. En realidad, lo que sucede es un crecimiento de las clases medias de tales sociedades, diferente de lo que ocurre en los países más avanzados (Leal, 2016). 34 Es cierto que, en un primer momento, una reducción más abrupta de la pobreza produce efectos más visibles sobre la desigualdad, pero estos efectos van “menguando” con el tiempo, pues las condiciones necesarias para una efectiva y permanente reducción de la desigualdad nunca se materializan. Incluso aunque haya, por lo tanto, un crecimiento económico que supere la barrera de la remuneración media al capital (5 % al año), es improbable que, tan solo por ello, ocurra un cambio robusto y duradero en la desigualdad. Por esta razón, difícilmente ocurren procesos de recrudecimiento de la desigualdad sin que haya una acción estatal, la cual se da bajo el enfoque de la recaudación o del gasto público. En otras palabras, la estructura que integra la recaudación incluye, por un lado, lo que se hará con los recursos recaudados y, por otro, de quién serán cobrados los tributos que constituyen el total de la recaudación. EL PAPEL DEL ESTADO EN LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD Para bien o para mal, se afirma que en lo que respecta a la desigualdad existe un innegable papel que el Estado debe desempeñar, sea en el sentido de cumplir su clásica función (minimizarla), o lo contrario. Es cierto que formalmente los Estados, por lo general, asumen el compromiso de minimizar la desigualdad, fruto natural del predominante modelo capitalista de producción. Sin embargo, muchas de las acciones estatales terminan causando mayor desigualdad y privilegiando actores políticamente mejor situados. 35 Sobre ello, Stiglitz es enfático al hacer una analogía: “podríamos querer que la velocidad de la luz fuera más rápida, pero no hay nada que podamos hacer al respecto”. Dentro de esta visión, “la desigualdad es, en gran parte, el resultado de las políticas gubernamentales que moldean y dirigen las fuerzas de la tecnología y del mercado, como también otras fuerzas sociales más amplias”. Como consecuencia, según él, es posible alternar esperanza o desespero: “esperanza porque ello significa que esta desigualdad no es inevitable, y que cambiando las políticas podemos conseguir una sociedad más eficiente e igualitaria; desespero porque los procesos políticos que moldean esas políticas son tan difíciles de cambiar” (Stiglitz, 2013. p. 150). Por esta razón Atkinson afirma que “crucialmente, no acepto que el aumento de la desigualdad sea inevitable; no es un mero producto de fuerzas ajenas a nuestro control”. De acuerdo con él, “existen medidas que pueden ser tomadas por los gobiernos, actuando individual o colectivamente, por empresas, por sindicatos y por organizaciones del consumidor” y, además, “también por nosotros, como individuos, para reducir los actuales niveles de desigualdad” (Atkinson, 2015. p. 360). El capitalismo, aún globalizado, no consigue prescindir del Estado. Las crisis les son comunes, especialmente cuando se presenta con el formato de la “casi suicida” cara neoliberal. La Gran Crisis de 2008 fue el ejemplo más incontestable de esta dependencia, aunque parezca haber producido poco aprendizaje, pues si es común ver la historia longincua de una forma más distorsionada, hay poca explicación para olvidarse de lo que todavía está al alcance del retrovisor. 36 Al extremo, es posible afirmar que la faceta radical del neoliberalismo es francamente anticapitalista, por la sencilla razón de que sus efectos más visibles son tendencialmente letales al propio capitalismo, tanto que actores importantes han “llevado a serio” los riesgos apuntados y han propuesto soluciones que puedan minimizar la propia desigualdad aquí abordada o el calentamiento global, pues consideran que son los dos riesgos sistémicos del capitalismo. En todas las propuestas, está la participación del Estado, pero no aquel modelo nacionalista presente en el siglo XX, que el extremismo nostálgico imagina que pueda ser revivido. En un mundo globalizado, cualquier solución propuesta pasará por un filtro amplio y colectivo. Aunque haya espacio para decisiones locales, estas serán más eficientes cuando estén conectadas con otras a nivel internacional. Parece ser inequívoco que “aumentar los ingresos de los más pobres tiene efectos positivos inmediatos sobre todos los tipos de pobreza, y al mismo tiempo reducen la desigualdad”. (Carabaña, 2016. p. 106). De hecho, esto fue inequívocamente demostrado en Brasil mediante la adopción, a principios de los años 2000, de un amplio programa de ingresos mínimos (bolsafamília) y con aumentos reales sobre el salario mínimo. Indiscutiblemente, tales medidas tuvieron impacto decisivo en la mejora del coeficiente de Gini hasta 2014. Esto también pudo constatarse en varios otros países de América Latina. Sin embargo, vale enfatizar que la reducción de la desigualdad como consecuencia de la reducción de la pobreza extrema, tiene un efecto temporal. Y esto se comprobó tanto en 37 Brasil como en Latinoamérica. En un primer momento, la política dedicada a reducir la pobreza produce un efecto inmediato en la desigualdad, pero este efecto tiende a neutralizarse con el tiempo, pues las políticas redistributivas están limitadas, incluso, por cuestiones presupuestarias. Es obvio que la desigualdad de ingresos sería fuertemente reducida en Latinoamérica, y específicamente en Brasil, si los gobiernos pudieran ofrecer un programa de ingresos mínimos que asegurara a todos un nivel de ingreso diario superior a lo que la ONU coloca como nivel de pobreza, por ejemplo, lo equivalente al ingreso per cápita diario de $5,50. Sin embargo, se hace necesario indagar acerca de la existencia de recursos suficientes para enfrentar esta tan significativa brecha social, construida a lo largo de la historia, en un país de más de 200 millones de habitantes. Esto no significa que, entre las prioridades, la lucha contra la pobreza extrema no deba ocupar un espacio central, y tampoco que todas las acciones posibles para tal intento ya se han implementado, principalmente en el caso de Brasil, donde el estudio del IBGE de 2019 indicó la existencia de 55 millones de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, y calculó que fueran necesarios 10 mil millones de reales por mes para suplantar esta condición de “hiato de la pobreza”.3 3 Síntese de indicadores sociais 2018: uma análise das condicões de vida da populacão brasileira. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponible en: <https://agenciadenoti cias.ibge.gov.br/media/com_me- diaibge/arquivos/ce915924b20133cf3f9ec2d45c2542b0.pdf>. Fecha de acceso: 6 ene. 2019. 38 Más allá de esta inequívocamente necesaria acción estatal, se debe examinar si la tributación tiene la virtud de minimizar la desigualdad de ingresos y riqueza. Este es el abordaje a partir de ahora. LA POSIBILIDAD Y EL FORMATO DE UNA TRIBUTACIÓN QUE REDUZCA LA DESIGUALDAD Como se puede constatar en el análisis precedente, existe una relativa mayoría que sustenta la posibilidad de que el Estado pueda adoptar políticas públicas potencialmente útiles con el objetivo de reducir la desigualdad, tanto por la vía del ingreso como por la vía del gasto público. Es indudable que la vía del gasto es más efectiva en el intento igualitario, aunque esto no significa que la capacidad redistributiva de la recaudación pueda ser despreciada, o que no haya legitimidad para implementarla. Aunque la tributación pueda ser entendida como un instrumento tendencialmente útil para reducir la desigualdad de ingresos y riqueza, típico fruto de una sociedad capitalista, no es posible imaginar que solo mediante el cobro de tributos y el empleo republicano y redistributivo de los recursos, puedan construirse sociedades con reducidos niveles de desigualdad, como, por ejemplo, se presentan, hoy, aquellas levantadas en el Norte de Europa. Con las consideraciones expuestas, volvemos a examinar cómo el Estado puede, mediante la tributación, influenciar la cuestión de la desigualdad de tal forma que esta pueda ser minimizada, principalmente con respecto a regiones o países en 39 los que esta se manifiesta incisiva y refractariamente a medidas que buscan enfrentarla. En lo que respecta exclusivamente a Latinoamérica, la región más desigual del mundo, estudios basados en informaciones sobre Estados miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) muestran que los impuestos directos y transferencias de dinero serían mecanismos eficaces para reducir la desigualdad. No obstante, en algunos países las políticas fiscales tienen un efecto limitado sobre la desigualdad de ingresos. El efecto redistributivo del impuesto a las ganancias de individuos se acerca a cero en Latinoamérica, donde se observa una reducción insignificante en el coeficiente de Gini y una tasa media efectiva de impuesto baja, lo que sería un reflejo de las debilidades estructurales de los sistemas fiscales de la región según estudios del Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG).4 Con respecto a la región, un estudio reciente del Banco Mundial cuestiona: “¿hasta qué punto es posible reducir la desigualdad y la pobreza mediante impuestos y transferencias en Latinoamérica?” En un amplio análisis de la incidencia tributaria de las áreas urbanas de Argentina, donde viven tres cuartos de la población del país, como también de Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, el estudio concluyó que los impuestos personales generan pocos resultados positivos en términos de redistribución; mientras que los impuestos indirectos, cuando se los toma en cuenta, los ingresos netos de los pobres y de las 4 Desigualdad y redistribución: impuestos y transferencias. Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG). Disponible en: <https://ipcig.org/pub/esp/OP342SP_Desigualdad_y_redistribucion_im- puestos_y_transferencias.pdf>. Fecha de acceso: 20 ene. 2019. p. 1. 40 personas que están en una situación próxima a la pobreza, pueden generar efectos menores que transferencias en dinero.5 Este estudio está en perfecto acuerdo con otros, la CEPAL, el BID, el IBGE e IPEA (estos dos últimos específicamente con respecto a Brasil) muestran que, aunque los tributos puedan desempeñar un papel positivo para fines de reducción de desigualdad, los contornos vigentes con respecto a impuestos incidentes sobre los ingresos y sobre el patrimonio están trazados en un sentido opuesto al referido objetivo. Como si no fuera suficiente, la imposición de los tributos indirectos sobre el consumo ha correspondido a un factor de inducción a la desigualdad, debido a su fuerte carácter regresivo. Con los ojos puestos específicamente en la Unión Europea (principalmente España), Carabaña sustenta que las transferencias estatales reducen la pobreza y la desigualdad. En lo que respecta a la progresividad en la recaudación, “o sea, cuál es la clase que paga la cuenta de lo que se transfiere a los pobres”, sustenta que “influye en la desigualdad, pero no en la pobreza”. Según él, para alcanzar el doble intento, en el sentido de reducir la pobreza y la desigualdad a los niveles mínimos de la historia, “sería suficiente aumentar los impuestos en dos puntos de la renta total, algo que se ha hecho sin mucha dificultad en los últimos seis años, y redistribuir el producto 5 La desigualdad bajo la lupa. Banco Mundial. Disponible en: <http://documents.worldbank.org/curated/pt/578841468160521995/pdf/714000BRI0SPAN0Box0379795B00PU- BLIC0.pdf>. Fecha de acceso: 20 ene. 2019. 47 con informaciones confiables, producidas por los gobiernos mundiales, entidades e institutos internacionales sobre los patrimonios y las fortunas presentes en su territorio nacional. O sea, existe la necesidad de un amplio, general intercambio de informaciones en un plano internacional, parecido, por ejemplo, como sucede hoy con la implementación del Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA).9 Para que este contexto sea factible, sería necesario que tales patrimonios fueran declarados por el contribuyente como sucede, en muchos países, con la tributación sobre las ganancias. El ciudadano indica sus activos y pasivos mediante una declaración previamente cumplimentada que la administración fiscal envía. Los valores de sus bienes tendrán como base los valores de mercado, que admitirán contestación, en el caso de que el contribuyente consiga justificar que el valor efectivo no coincide con aquel que consta en la declaración previamente cumplimentada (Piketty 2014, p. 506). Además, para lograr la transparencia financiera es importante que se incluyan en las declaraciones previamente cumplimentada los activos detenidos, como también las transmisiones bancarias realizadas en bancos nacionales e internacionales. De esta forma se pone fin a los paraísos fiscales o, por lo 9 Se trata de un acuerdo celebrado entre Brasil y los Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2014, a través del que los dos países se comprometieron en crear juntos una infraestructura eficaz para enviar automáticamente informaciones sobre cuentas mantenidas en instituciones financieras ubicadas en sus territorios. El acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional el 25 de junio de 2015, a través del Decreto Legislativo nº 146, del 25 de junio de 2015, y promulgado por la presidencia de la República mediante el Decreto nº 8.506, del 24 de agosto de 2015, entrando en vigor el 25 de agosto de 2015. 48 menos, se minimiza su poder, (Piketty 2014, p. 509) por las razones antes expuestas. A fin de reconocer la casi insuperable dificultad de instituir un Impuesto Mundial sobre la Riqueza, Piketty sugiere que haya una institución escalonada del impuesto, en la que, inicialmente, se colocaría en práctica en una escala continental o regional, organizando la necesaria cooperación internacional mediante acuerdos regionales (Piketty 2014, p. 638). Esto es necesario, ya que en el futuro poco espacio habrá para acciones desconectadas del entorno; los nacionalismos serán forzosamente condenados al ostracismo y la “cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad” (art. 4, inciso IX de la Constitución Brasileña) será la “utopía” de la que la aproximación sobrevendrá más factible. Trazando un esbozo del impuesto sobre la riqueza en una etapa regional, Piketty sugiere que sus alícuotas, en una experiencia en el contexto europeo, deberían incidir sobre todo el patrimonio, preconizando la adopción de los siguientes porcentuales: a) 0 % para patrimonios inferiores a 1 millón de euros; b) 1 % para patrimonios entre 1 y 5 millones de euros; y c) 2 % para patrimonios de más de 5 millones de euros, que, reiterando, se aplican al contexto europeo (Piketty 2014, p. 514). Como es evidente, las alícuotas sugeridas son relativamente moderadas, a pesar de tener la virtud de generar ingresos bastante significativos, incluso se las podría utilizar para minimizar la deuda pública, que, hoy en día, constituye un problema de especial importancia para llevar a cabo los objetivos del Estado de Bienestar Social (Piketty 2014, p. 528). O 49 sea, más allá de financiar acciones estatales que puedan minimizar la desigualdad remanente dentro del bloque europeo, cuyo coeficiente medio de Gini gira alrededor de 0,30, el impuesto sobre la riqueza tendría, en este contexto, una función profiláctica de control de la deuda pública, evitando, de esa forma, los indeseables efectos recientemente soportados por varios países del bloque. De cualquier forma, las propuestas defendidas en la vasta obra de Piketty no se agotan en lo antes descrito. En un libro publicado recientemente (Capital e Ideología), el autor francés reitera y profundiza la defensa de una fiscalidad progresiva sobre la propiedad y circulación de capital (Piketty, 2019, p. 1155), como también sustenta que a nivel local se deban exigir tres impuestos progresivos: sobre las ganancias, patrimonio y herencia (Piketty, 2019, p. 1162). Según lo que defiende el economista francés, para evitar una concentración excesiva de capital, los impuestos progresivos sobre las herencias y ganancias deben seguir desempeñando en el futuro el papel que desempeñaron durante el siglo XX, con tasas que durante décadas alcanzaron y superaron del 70 al 90 por ciento en las franjas más altas de la renta y riqueza, principalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido (Piketty, 2019, p. 1156). No obstante lo expuesto, la experiencia histórica indica que estos impuestos no son suficientes, por lo que deben ser complementados con un impuesto progresivo sobre el patrimonio, justamente por ser una herramienta central para garantizar una verdadera circulación de capital. (Piketty, 2019, p. 1157). Esto sucede, según el autor, porque comparativamente 50 con el impuesto sobre las ganancias, el impuesto sobre el patrimonio es menos evadible, especialmente en el caso de las grandes fortunas, cuya ganancias tributable obtenida representa, en general, una fracción poco significativa. Teniendo todo esto en cuenta, si la progresividad se aplica solamente con respecto a la tributación de las ganancias, de forma casi automática, los grandes patrimonios se someterán a impuestos pocos expresivos en relación con el valor total de la riqueza acumulada (Piketty, 2019, p. 1157). Relativamente a los impuestos sobre las herencias, Piketty también sustenta que la tributación del patrimonio sería más efectiva en el intento de minimizar la desigualdad. Es así porque la tributación del patrimonio se adapta más rápidamente a la evolución de la riqueza y la capacidad económica del contribuyente. Tal como ejemplifica, “no vamos a esperar que Mark Zuckerberg y Jeff Bezos lleguen a los noventa años y transfieran sus riquezas para comenzar a cobrarles impuestos”. O sea, los impuestos sobre las herencias no serían un buen instrumento para someter a tributación grandes fortunas construidas más recientemente, razón por la que un impuesto anual sobre el patrimonio cumpliría mejor esta finalidad, especialmente en un momento en el que la expectativa de vida aumenta considerablemente. CONSIDERACIONES FINALES Como puede verse, este trabajo no se ocupó del asunto más indiscutiblemente relevante en la actualidad: la Pandemia. Podemos pedir, incluso, las debidas disculpas a los lectores que han llegado hasta aquí por no abordar tal tema, incluso porque es razonable decir que después de la pandemia será 51 prácticamente necesario reescribir los estudios anteriores a ella, debido a su incontestable y trágica grandiosidad. Se tomó la decisión, sin embargo, de no abordar la Pandemia porque no se puede decir que haya sido superada, principalmente en países como Brasil, que adoptaron un verdadero “script cinematográfico macabro”, capaz de acentuar enormemente la tragedia inacabada. La historia está siendo producida y será contada más adelante. Las acciones criminosas habrán de ser castigadas ejemplarmente, en especial, por el hecho de que, increíblemente, los propios gobernantes han perpetrado buena parte de ellas. De cualquier forma, si antes de la COVID-19 la adopción de políticas públicas dedicadas a minimizar las desigualdades ya eran necesarias, ello se ha vuelto, en la actualidad, más urgente e impostergable. Esto sucede porque, entre tantas consecuencias socialmente indeseables, el proceso de aceleración de la pobreza y de la desigualdad es vuelve casi incontrolable en Latinoamérica y en el país que más patrocinó acciones en favor de la propagación del virus. Por lo tanto, discutir mecanismos tributarios que se destinen a minimizar el proceso de exclusión, que puedan ser un “dique de contención” para la degradación social y la ruptura democrática que esta pueda causar, constituye uno de los temas más actuales y que necesitan ser pensados en este trágico tiempo. Lo que estamos haciendo aquí, más que nunca, determinará el futuro y parece que el peso de esta responsabilidad, al mismo tiempo que pueda asustar, nos permite cultivar la 52 esperanza de que podemos, sí, construir a partir de estos escombros una sociedad más fraterna, harmoniosa y unida. ¡Adelante, Hermanos! REFERENCIAS ATKINSON, Antony B. Desigualdade: o que pode ser feito? São Paulo: LeYa, 2015. CARABANÃ, Julio. Ricos y Pobres: la desigualdad económica en España. Madrid: Editorial Catarata, 2016. Desigualdad y redistribución: impuestos y transferencias. Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG). Disponible en: <https://ipcig.org/pub/esp/OP342SP_Desigual- dad_y_redistribucion_impuestos_y_transferencias.pdf>. Fecha de acceso: 20 ene. 2019. p. 1. GALEANO, Eduardo. Las palabras andantes. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1993. La desigualdad bajo la lupa. Banco Mundial. Disponible en: <http://documents.worldbank.org/curated/pt/578841468160521995/pdf/714000BRI0SPAN0Box0379795B00P UBLIC0.pdf>. Fecha de acceso: 20 ene. 2019. LEAL, José Luis. Desigualdades: La redistribución por la vía de impuestos es un camino para reducir los desequilibrios, pero tiene poco recorrido El País. Sábado, 17 de diciembre de 2016. Disponible en: <https://elpais.com/economia/2016/12/15/actualidad/1481816199_717754.html>. Fecha de acceso: 20 ene. 2019. Síntese de indicadores sociais 2018: uma análise das condicões de vida da populacão brasileira. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponible en: <https://agenciadenoti cias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ce915924b20133cf3f9ec2d45c2542b0.pdf>. Fecha de acceso: 6 ene. 2019. STIGLITZ, Joseph E. O preço da Desigualdade. Lisboa: Bertrand Editora, 2013. PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Río de Janeiro: Intrínseca, 2014. 53 PIKETTY, Thomas. La crisis del capital en el siglo XXI: crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco. Barcelona: Ed. Anagrama, 2015. PIKETTY, Thomas. Capital e Ideologia. Barcelona: Planeta, 2019. 55 LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA SEMIÓTICA DEL NUEVO PARADIGMA CONTEMPORÁNEO GLOBAL: UNA VISIÓN IDEOLÓGICA DESDE EL DISCURSO DEL CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO José Luis Leal Espinoza1 Universidad Autónoma de Coahuila INTRODUCCIÓN El conflicto “olvidado” del constitucionalismo social son las relaciones de género y la división sexual del trabajo, eje en 1 Doctor en Filosofía (PhD) con especialidad en Derecho Constitucional y derechos fundamentales por la Universidad de Alicante, España. Especialista en Justicia Constitucional y Argumentación Jurídica por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Catedrático Investigador a Tiempo Completo y Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Miembro Numerario del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales, España. Asesor Jurídico de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México. Correo electrónico: [email protected] 56 donde se asienta el Estado Social (Asensi, 2015, 12). El cambio constitucional, que no puede más que articularse a través del mecanismo de reforma del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de incorporar este conflicto “olvidado”. Y eso supone introducir cambios profundos en todo el texto constitucional y no meras operaciones simbólicas de maquillaje. Un cambio constitucional desde la perspectiva de género no es la eliminación de la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona. Supone cambios más profundos, que se exponen en los puntos siguientes (Sevilla, 2015, 85). Ni todo lo que se considera privado lo es, ni tampoco todo lo que se considera público es tal. Mantener esta división tiene consecuencias para la vida de las personas y las relaciones de poder que entre ellas se establecen que contradice los elementales valores de libertad y de igualdad (Esquembre, 2015, 4). No es un asunto privado lo que se produce en las familias: a) son las mujeres el “Estado del bienestar” allá donde no llega el Estado del bienestar (se desarrolla en punto 4); b) la violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo tiene su origen en la tradicional concepción de la familia y lo privado (De Cabo, 2015, 8). 63 - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): recomienda el empleo de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad real entre mujeres y hombres. Los artículos 2 a 4 exhortan a la eliminación de la discriminación en la participación política de las mujeres a través de medidas legales y acciones afirmativas. - Estrategias de Nairobi (1985): recomiendan asegurar una participación igualitaria de las mujeres en los cuerpos legislativos nacionales y locales, así como en el nombramiento, la selección y promoción en puestos de alto nivel en organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. - Plataforma de Acción de Beijing (1995): recomienda garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Asimismo, alienta a los partidos a que integren mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos. - Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000): reconocen la importancia de lograr una representación igualitaria de hombres y mujeres en la vida pública. El tercer ODM, “promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres”, considera el porcentaje de mujeres en los parlamentos. - Consenso de Quito (2007): los países de América Latina y el Caribe se comprometieron a tomar medidas para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad de género. 64 - Consenso de Brasilia (2010): reafirma el compromiso de los países de la región con la paridad de género en todos los ámbitos (públicos y privados). - Hacia una nueva meta: la paridad. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Quito (2007), los Estados miembros reconocieron a la paridad como “uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres” (Consenso de Quito). Recomendación general No. 19 de la CEDAW (1992): define a la violencia como una modalidad exacerbada de discriminación que menoscaba o anula el disfrute del conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales. Recomienda que los Estados parte: - Adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo. - Velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencias protejan a todas las mujeres y les proporcionen protección y apoyo adecuados. - Alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia. 65 - Adopten medidas eficaces en los programas de educación que ayuden a suprimir prejuicios que obstaculizan el logro de la igualdad de la mujer. - Adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de mujeres y la explotación sexual. - Establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia, entre ellos refugios, rehabilitación y asesoramiento. - Garanticen que en las zonas rurales los servicios para víctimas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas. Plataforma de Acción de Beijing (1995): llama a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, e incorpora esta problemática como objetivo estratégico. Asimismo, recomienda la adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita crear familias, comunidades y Estados libres de violencia contra las mujeres. Entre la extensa lista de medidas sugeridas en la Plataforma se pueden destacar: - Promover la integración de una perspectiva de género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer; alentar y aplicar medidas y programas destinados a desarrollar conocimientos y propiciar la comprensión de las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia 66 contra la mujer entre los responsables de la aplicación de esas políticas. - Formular y aplicar, a todos los niveles apropiados, planes de acción para erradicar la violencia contra la mujer. - Asignar recursos suficientes en el presupuesto del Estado y movilizar recursos para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer, incluso recursos para la aplicación de planes de acción en todos los niveles apropiados. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994): los Estados parte convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia (capítulo III sobre deberes de los Estados). Por ejemplo: - Establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia, así como mecanismos para asegurar su acceso a resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación. - Fomentar la modificación de patrones socioculturales en el proceso educativo. - Suministrar servicios especializados y apropiados de atención, programas eficaces de rehabilitación y capacitación. - Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, y evaluar la 67 eficacia de las medidas para su prevención, sanción y eliminación, etcétera. - Declaración del Milenio (2000): los Estados parte se comprometen a luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la CEDAW. Los ejes transversales de la agenda propuesta son los siguientes: - Armonización del modelo de control constitucional conforme convencionalidad internacional en materia del principio pro persona. - Fórmulas de profundización democrática: mecanismos de democracia directa y participativa de las mujeres para una igualdad efectiva. - Políticas públicas orientadas: consolidación y desarrollo del marco legislativo en materia de género. - La igualdad de las personas: Mujeres y hombres son sujetos de ese pacto. Las consecuencias de la división públicoprivado de los espacios donde se producen y reproducen las distintas relaciones humanas. - Los derechos asociados a esa igualdad: redefinición de las listas de derechos y revisión del concepto derecho fundamental; lo que esconde la igualdad formal de mujeres y hombres: la construcción de subjetividades jerárquicamente organizadas. 68 - Paridad en los órganos decisorios: no existe modelo de gobierno sólido en una democracia avanzada sin presencia paritaria de mujeres y hombres en cualquier pacto fundacional. - Participación ciudadana en la toma de decisiones. Mecanismos o vías de participación ciudadana en la toma de decisiones por parte de la Administración. - Reconocimiento y garantía en la Constitución de políticas públicas orientadas a la realización de la solidaridad y la igualdad; especialmente dirigidas a los grupos vulnerables (mujeres, indígenas, jóvenes, mayores, extranjeros, jubilados…) en todos los niveles de gobierno y en sinergia con los pactos, convenios y tratados en materia de derechos humanos. - Reconocimiento de un derecho a una vida sin violencia. - Reconocimiento de la paridad como instrumento básico para una democracia completa. - Reformulación del concepto de familia. - Reconocer otras formas de familia y derechos reproductivos. - Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. - Reconocimiento y aplicación de políticas públicas en materia de diversidad sexual y libre desarrollo de la personalidad. 69 - Hermenéutica de los Derechos Humanos de las mujeres (civiles, políticos, sociales, colectivos) deben tener las mismas garantías tanto a título individual como en sus desarrollos legislativos y normativos. La estricta necesidad del sometimiento a las cláusulas de conexidad, progresividad y universalidad (no regresividad). CONCLUSIONES Consideramos pertinente ponderar el principio de individualización en la eficacia de las políticas públicas a los derechos humanos de las mujeres y personas de identidad de género femenino víctimas de violencia, toda vez que los protocolos internacionales en la materia facultan a los Estados a elaborar razonamientos legales y jurídicos de casos particulares para la construcción del precedente que permita recepcionar la norma internacional con el derecho interno. La obligación de las y los servidores públicos, las dependencias y entidades del gobierno de atender y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar una respuesta eficiente, eficaz, oportuna, responsable e individual desde el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género, cumpliendo con los parámetros que determina el artículo 1º Constitucional, párrafo segundo, para la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia. Esta reflexión sobre la actual estructura institucional, permite establecer variables en cuanto a la necesaria transición de un modelo garantista y defensor de derechos humanos de las 70 mujeres en aras de establecer los principios democráticos de igualdad, eficacia, y debido proceso a través de una científica y especializada aplicación de la justicia por parte de fiscalías expertas y sensibles a la cuestión de género y con instrumentos legislativos pertinentes y ponderados que vinculen y enriquezcan la actividad del juez constitucional, mediante una adecuada recepción de la convencionalidad, legitimándose e instaurándose bajo los principios del constitucionalismo crítico contemporáneo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS x Asensi Sabater, José.1998. La época constitucional. Tirant lo Blanch, España. x _____ 2015. Grupo de reflexión y estudio para el cambio constitucional en Constitucionalismo Crítico: Liber Amicorum en Honor al profesor D. Carlos de Cabo Martín, Tirant lo Blanch, España. x Atienza Rodríguez, Manuel. Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta. 2015. España. x Cabo Martín, Carlos De. 2015. Grupo de reflexión y estudio para el cambio constitucional: en “Constitucionalismo Crítico: Liber Amicorum en Honor al profesor D. Carlos de Cabo Martín”, Tirant lo Blanch, España. x Carbonell Sánchez, Miguel. 2010. El canon neoconstitucional. Editorial Trotta. España. x CEDAW. 1992. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas. x CEPAL. 2010. Acuerdos del Consenso de Brasilia. División de Asuntos de Género. https://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/6/41846/P41846.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt 71 x Convención Americana de los Derechos Humanos. 1969. Organización de los Estados Americanos. Costa Rica. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ameri- cana_sobre_derechos_humanos.htm x Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr x CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente), 2020. México. x Décima Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Consenso de Quito. 2007. Ecuador. http://www.feim.org.ar/pdf/conferencias/quito/consenso_quito.pdf x Esquembre Cerdá, M. 2015. Grupo de reflexión y estudio para el cambio constitucional. En Constitucionalismo Crítico: Liber Amicorum en Honor al profesor D. Carlos de Cabo Martín. Tirant lo Blanch. España. x Gaceta Parlamentaria 2019. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. www.cddhcu.gob.mx x Gaceta Parlamentaria. Senado de la República. www.senado.gob.mx x Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2019, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf x Leal Espinoza, José Luis. 2019. Ética Judicial en Iberoamérica: una aproximación desde la argumentación jurídica. Dykinson. España. x Naciones Unidas. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf x Naciones Unidas México. 200º. Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del- milenio/ x Naciones Unidas. 1976. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 72 x ONU Mujeres. Conferencias mundiales sobre la mujer. https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmentalsupport/world-conferences-on-women x ONU Mujeres. La Plataforma de Acción de Beijing: inspiración entonces y ahora. https://beijing20.unwomen.org/es/about x Prieto Sanchís, Luis. Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial, Marcial Pons, 2007, p. 8. España. x Sevilla Merino, J. 2015. Grupo de reflexión y estudio para el cambio constitucional: en “Constitucionalismo Crítico: Liber Amicorum en Honor al profesor D. Carlos de Cabo Martín”, Tirant lo Blanch, España. x Suprema Corte de Justicia de la Nación. www.scjn.gob.mx x Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. https://www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm 79 garantindo os benefícios da cidadania somente àqueles que possuíam uma certa quantia de riqueza. (NUNES, 2017). Se neste período formou-se um certo consenso quanto à importância do princípio da igualdade não apenas como uma mera proteção contra o arbítrio do Estado, mas sim como a exigência de promoção de políticas públicas redistributivas, a realidade traz à tona a não-superação do paradoxo capitalista. Embora seja considerada um direito humano, o que se vê na prática é a grande dificuldade de concretizar a igualdade inclusive na sua característica mais básica. Seguidas são as denúncias de casos de racismo, homofobia, violência contra as mulheres, as quais passados mais de dois séculos dos movimentos revolucionários, ainda não se consegue evitar. Ao mesmo tempo, as desigualdades sociais, sejam elas econômicas, raciais, de gênero, estão na pauta dos principais países do mundo, pois, finalmente, parece que as sociedades, em sua grande maioria, não as entendem mais como justificáveis. Há a premente necessidade de universalização da igualdade material, compreendida aqui como a garantia de condições mínimas para uma vida digna e de oportunidades reais de ascensão social. Se o mundo está em momento de metamorfose, a questão das desigualdades, seja na perspectiva dos benefícios quanto na perspectiva dos malefícios, deve ser uma pauta central. (BECK, 2018). Que a desigualdade excessiva é um problema a ser enfrentado, não restam discussões, inclusive pelo seu caráter prejudicial ao próprio capitalismo. (STIGLITZ, 2014). Na realidade, como bem alerta Piketty (2014), a desigualdade é um forte problema para a coesão social, pois quando se 80 atinge níveis muito altos de desigualdade de riqueza, há uma tendência ao desencadeamento de conflitos sociais. No mesmo sentido, Scheidel (2020) aponta que, na história, somente houve reduções significativas de desigualdade mediante eventos violentos, tais como guerras, movimentos revolucionários, pandemias e a falência estatal. Assim, o capitalismo encontra-se contra a parede, com a necessidade de enfrentar um dos seus principais paradoxos: o da igualdade. O grande desafio nesta metamorfose é conseguir atingir tal resultado por um caminho não-violento, ainda mais considerando os impactos ocorridos em razão da pandemia de covid-19. O mundo vem se esforçando neste sentido, com a adoção da Agenda 2030, que traz uma preocupação importante do combate às desigualdades sociais, seja quanto à concentração de benefícios ou de riscos. Ao estabelecer o desenvolvimento sustentável como um objetivo para o futuro, os países fixam um ideal normativo de uma sociedade que funciona bem, preocupada com o bem-estar dos cidadãos, desta e das futuras gerações. O desenvolvimento sustentável exigirá uma atuação conjunta para a solução de problemas complexos, com a atenção para as suas quatro perspectivas: econômica, social, ambiental e de boa-governança. (SACHS, 2017). Assim, há uma preocupação marcante com a desigualdade, nas suas mais variadas formas, sejam as desigualdades econômicas, de acesso à educação, raciais, de gênero etc., com o intuito de ampliar a inclusão e a participação ativa dos cidadãos na sociedade, garantindo-lhes a plenitude do exercício de suas capacidades e liberdades. Não é uma tarefa simples, mas também não é impossível. Há mecanismos e formas de atuação da sociedade e do Estado que permitem a redução das 81 desigualdades sociais e é o que se passa a analisar na sequência. A EDUCAÇÃO COMO CONDIÇÃO EMANCIPADORA DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES Em 1869, o célebre Victor Hugo, defensor, ao seu tempo, dos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, tem publicada sua obra “O Homem que ri”, escrita há mais de um século e meio, mas assustadoramente contemporânea, principalmente no tangenciamento da iniquidade gerada por um Estado aristocrático que é omisso à concentração de renda. Nessa obra, o personagem “Gwinpleane” é um menino sequestrado, deformado e abandonado pelos “comprachicos”, sozinho na Península de Portland, ele é um resto, nas palavras de Victor Hugo, “um resto que escapa à linguagem humana, primeiro um resto da natureza e depois um resto da sociedade”. Mais tarde, em uma reviravolta espetacular da narrativa, o menino que outrora fora abandonado, passa a compor a Câmara dos Lordes e, em seu primeiro discurso, denuncia: “o gênero humano existe” (HUGO, 2019 p. 63;461). Essa denúncia de Hugo ainda hoje revela a crise humanitária a ser enfrentada, cujas amarras apontam para a necessidade de repensar o fazer jurídico e as formas de atuação da sociedade e do Estado a fim de permitir a redução das desigualdades sociais O mundo globalizado do século XXI exige cada vez mais do Direito, e as transformações sociais já não são supridas mais pela dogmática jurídica. Nas palavras de Warat (1984, p. 107), é preciso ultrapassar a já ultrapassada ideia de “senso comum teórico do Direito” e abandonar o apego a uma 82 concepção jurídica do mundo, tratando o Direito como uma concepção social-histórica, que tenha a “constituição do coletivo como prática da autonomia.” Em vista disso, o escopo deste capítulo é apontar o papel da educação como fonte possibilitadora para a redução das desigualdades sociais e intergeracionais, de forma a contestar a narrativa meritocrática criada para justificar a cadeia desigualitária que cerca a educação. Tal iniquidade acelera-se em meio à pandemia, mas já mostrava sua crueldade antes dela, consequência da inabilidade de uma governança responsável e pensada para o conjunto social e não apenas para o topo da pirâmide. Como já apurado anteriormente, Piketty (2020) afirma em sua obra que “toda a sociedade humana precisa justificar suas desigualdades” e que, assim, encontra motivos para a existência dessas. Sua pesquisa traz uma esclarecedora construção dos processos históricos que produziram um conjunto de discursos e ideologias que legitimaram e ainda legitimam a desigualdade. Na educação, pois, predomina a narrativa meritocrática, caracterizada por práticas discriminatórias e por uma violenta desigualdade étnica, fundamentada em uma igualdade de oportunidade para poucos, sobretudo na falta de interesse por medidas que permitam modificar a distribuição de renda por meio do acesso igualitário à formação não somente na educação básica, mas também no ensino superior. Segundo o economista, o caráter emancipatório da educação sempre foi causa de muita preocupação entre as elites e sua não universalização, durante muito tempo, foi uma estratégia puramente ideológica. Na França, por exemplo, mesmo 83 depois da Revolução, que cria os ideais de fraternidade, igualdade e liberdade, há o descompasso entre promessas revolucionárias e a realidade. Quando a França finalmente institui um imposto progressivo sobre a renda em 1914, ele não serviu para financiar escolas nem serviços públicos – e assim concretizar a tão sonhada igualdade – os recursos foram utilizados para financiar a guerra contra a Alemanha, porque as elites políticas e econômicas da Terceira República, no final do século XIX e início do século XX, abusavam do argumento de que a França já teria se tornado igualitária por conta da Revolução. (PIKETTY, 2020). Além do berço da Revolução, o autor cita também os Estados Unidos, que entre 1820 e 1840, retardaram a emancipação pela educação quando em alguns estados puniam severamente quem ensinasse os escravos a ler, uma vez que havia um crescente demográfico no número destes e se passa a temer revoltas. O Haiti, por sua vez, teve que arcar, durante mais de um século, com uma dívida milionária destinada a indenizar os proprietários de escravos franceses, em 1825, para que se reconhecesse sua independência. Inclusive, atualmente, há pedidos, por parte do governo Haitiano, de que a França compense essa “venda da liberdade” por meio de uma compensação de financiamento em educação. (PIKETTY, 2020). No seu embasamento histórico, Piketty (2020) evidencia que só a partir do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, inicia-se um processo de forte progressividade tributária na Europa e nos Estados Unidos, o qual contribui para acabar com a extrema concentração de propriedade e de renda, suscitando uma redução da desigualdade, muito também por conta de maiores gastos com o bem-estar social, principalmente na 84 Europa. Na verdade, esses países, receosos com o advento do regime comunista, obrigam-se a alargar o investimento em áreas sociais para assim combater o comunismo. Tem-se, então, em 1950-1980, uma fase denominada pelo autor de “era de ouro da social-democracia”, que favorece muito o combate contra o analfabetismo e a universalização da educação. Outrossim, esse investimento em educação encontra conveniência da demanda maior por mão-de-obra qualificada e alfabetizada, que domine os processos de fabricação na Segunda Revolução Industrial. Portanto, para Piketty (2020), é possível falar de progresso humano, porém ele acontece de forma não linear e, doravante a década de 80, com a ascensão do liberalismo, há uma estagnação dos investimentos públicos, como a educação, a qual coincide com o aumento da desigualdade na Europa e nos estados Unidos. Torna-se conspícuo que o progresso em educação permite o desenvolvimento econômico e o progresso humano. Assim, a emancipação por meio da educação e da difusão do saber deve ser o fulcro estrutural de todo o projeto de uma sociedade que se intitula justa. Para Hanna Arendt (2020, p.12), “o que quer que toque a vida humana ou mantenha uma duradoura relação com ela assume imediatamente o caráter de condição da existência humana”. Podemos dizer, então, que a emancipação do ser humano pela educação está em sua própria condição humana. O dever do Estado, segundo Buffon (2019), é garantir que essa condição seja íntegra. Se o Estado existe em razão do homem, cabe, então, a oferta de um “mínimo existencial” que 85 concretize a maior eficácia aos direitos sociais de cunho prestacional cujo objetivo seja assegurar uma vida digna. A educação é inerente a este processo, pois possibilita o enfrentamento a uma sociedade desigual na medida em que garante igualdade de oportunidades. Diante desta constatação, resta lembrar que, em 2020, diante da pandemia da covid-19, o fechamento de escolas devido à covid-19 atingiu mais de 1,5 bilhão de educandos em mais de 190 países: 87% da população mundial de estudantes. (UNESCO, 2020). Em países como o Brasil, por exemplo, a rede pública de ensino é responsável por 74,7% dos alunos na creche e pré-escola; 82,0% dos estudantes do ensino fundamental regular e 87,4% dos que estão no ensino médio regular. Isso mostra que a maioria dos estudantes brasileiros, hoje, é prejudicada pela pandemia por conta da dificuldade de acesso aos insumos necessários para a continuação das atividades pedagógicas não presenciais. Compreende-se, pois, que uma política pública promotora do acesso universal a plataformas virtuais de ensino, contemplaria a quase totalidade dos estudantes da rede básica de ensino. (IBGE, 2019, p.5). Como forma de atuação a essa dura realidade, o direito em nível internacional, como já visto no primeiro capítulo, engloba a Agenda 2030 (NAÇÕES UNIDAS, 2015), a qual está intrinsecamente ligada com a busca por maior equidade e traz três objetivos relevantes para esta pesquisa: “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos (ODS 4); “aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para ofe- 86 recer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020” (ODS 9.c);“reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles” (ODS 10). Os objetivos supracitados podem significar a oportunidade de educação para muitos estudantes, cujo fim está na consolidação dos princípios da igualdade e da liberdade. Amartya Sen (2010) corrobora o preceito de desenvolvimento como liberdade, estabelecendo, em sua obra, a educação como liberdade substantiva, a qual não se trata somente de uma avaliação de êxito ou fracasso, mas de um determinante de iniciativa individual e da eficácia social. A acentuação de mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si e poder influenciar o mundo, ou seja, pontos estratégicos para o processo de desenvolvimento. Nessa perspectiva, uma melhora significativa em educação pode ajudar a auferir rendas mais elevadas e maior participação política. Ao negar essa oportunidade, seja pela falta de acesso em tempos de pandemia, seja pela falta de investimentos, a qualquer grupo, tem-se uma violação às condições fundamentais da liberdade participativa e da igualdade. O analfabetismo, por exemplo, pode ser uma barreira para a participação em atividades econômicas como também políticas, quando não se pode ler os jornais ou se comunicar por escrito com envolvidos em atividades políticas (SEN, 2010). Como visto, a educação é estratégica para a redução das desigualdades, para a afirmação do compromisso da sociedade com a democracia, uma vez que ela viabiliza maior participação política, e promove maior equidade intergeracional, uma vez que o “capital educacional” também é considerado 87 como herança que fortalecerá a luta contra a desigualdade e por uma sociedade mais justa, que tem por forte princípio permitir o maior acesso possível a bens fundamentais a todos os seus membros. A emancipação acontece quando se tem democratização do conhecimento, e quando esse conhecimento promove, para além da instrumentalização para o mercado de trabalho, uma formação humana baseada no princípio da solidariedade, na busca constante por justiça que permita ao outro se entender como parte de uma sociedade, e não de uma ilha, em que as políticas públicas valorizem o princípio da dignidade humana preceituado na ordem jurídico-constitucional de qualquer Estado Democrático, como delineado a seguir. O PAPEL DA TRIBUTAÇÃO PARA DESVELAR A CRUEL DESIGUALDADE DO SÉCULO XXI As características democráticas dos Estados ocidentais atuais carregam em si a ideia de que o ser humano é um animal solidário, que vive em sociedade e, portanto, é portador de duas características: liberdade (como direito) e responsabilidade (como dever). É dizer, a responsabilidade de alguns indivíduos manifesta-se justamente como a garantia de liberdade de outra parcela da sociedade (NABAIS, 2015). Surge, assim, a ideia de solidariedade que fundamenta os Estados Democráticos atuais. Diante desse pressuposto, sob uma perspectiva funcionalista, os Estados Democráticos justificam-se na obtenção de certos fins voltados a uma ideia abstrata de mínimo bem-estar 88 social universal para a população - cuja concepção de forma concreta se extrairá somente a partir da política, como espaço privilegiado para a realização de um consenso mínimo social - , garantindo direitos intrínsecos à própria existência humana. Pressupõe-se, a partir disso, a prestação de certas atividades pelo Estado destinadas a garantir tais direitos. Nesse sentido, os Estados democráticos são chamados a realizar ações públicas ligadas à concepção de dignidade humana, as quais se consideram como fundamentais para a sociedade, destacando-se os serviços públicos que demandam a atuação estatal, por meio da formulação de suas políticas públicas, independentemente de qualquer remuneração. Exemplificam-se, assim, as atividades relacionadas à educação, saúde e seguridade social. A concretização destes direitos mínimos que devem ser garantidos, sejam eles sociais, culturais ou econômicos, tem seu início nas receitas estatais, obtidas principalmente pela tributação, e o seu fim na realização de despesas que sirvam para reduzir desigualdades, e garantir uma existência digna a toda sociedade. Portanto, a tributação representa o começo de uma cadeia econômica que refletirá na atuação do Estado enquanto garantidor destes direitos ligados à ideia de dignidade humana. Pela sua finalidade e função dentro da estrutura organizacional política que a tributação, como dever fundamental que é, tem como razão de ser da manutenção da dignidade da pessoa humana. 95 A presente pesquisa, que tem por base o projeto de um “socialismo participativo” trazido na última obra de Piketty, “Capital e Ideologia’, aponta para um repensar uma nova forma de organização da globalização, com tratados de codesenvolvimento, os quais incluam objetivos quantificáveis de justiça social, tributária e climática. Sobretudo, rompendo com narrativas desigualitárias que em nada acrescentam para a construção global de Estados Democráticos alicerçados nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. REFERÊNCIAS ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução Roberto Raposo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2020. BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. BINGHAM, Tom. The rule of law. London: Penguin Books, 2011. E- book. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A construção política do Brasil: sociedade, economia e Estado desde a Independência. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 34, 2016. BUFFON, Marciano. Tributação, desigualdade e mudanças climáticas: como o capitalismo evitará seu colapso. Curitiba: Brazil Publishing, 2019. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. HUGO, Victor. O homem que ri. Tradução Regina Célia de Oliveira. São Paulo: Martin Claret, 2019. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua- 96 PNAD. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/Pvisualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf. Acesso em: 27 jul.2020. LEFEBVRE, Georges. 1789: o surgimento da revolução francesa. 3. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. LOSURDO, Domenico. Contra-história do liberalismo. Aparecida: Ideias e Letras, 2006. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. 25. tir. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2015. NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos: contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2015. NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/a genda2030/. Acesso em: 04 ago. 2020. NUNES, Antônio José Avelãs. A revolução francesa: as origens do capitalismo – a nova ordem jurídica burguesa. Belo Horizonte: Fórum, 2017. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). Coronavírus: UNESCO reúne organizações, sociedade civil e setor privado em coalizão pela aprendizagem, em 30 mar. 2020. Paris: UNESCO, 2020a. Disponível em:.https://nacoesunidas.org/coronavirus-unesco-reune-organiza- coes-sociedade-civil-e-setor-privado-em-coalizao-pela-aprendiza- gem/. Acesso em: 03 ago. 2020. PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020. PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. SACHS, Jeffrey D. A era do desenvolvimento sustentável. Lisboa: Actual, 2017. SCHEIDEL, Walter. Violência e a história da desigualdade: da idade da pedra ao século XXI. São Paulo: Zahar, 2020. E-book. 97 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Bolso, 2010. E-book. STIGLITZ, Joseph. O preço da desigualdade. Lisboa: Bertrand, 2014. TIPKE, Klaus, YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: Malheiros, 2002. WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. Colaboração de Leonel Severo Rocha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1984. 99 GLOBALIZACIÓN Y REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA ANTE LA CRISIS DEL PARADIGMA HUMANISTA Fernando H. Llano Alonso Catedrático de Filosofía del Derecho Universidad de Sevilla [email protected] Sumario: 1. Introducción. 2. De la cuarta revolución industrial al gran reinicio: el enfoque transhumanista de Klaus Schwab. 3. El capitalismo de las partes interesadas y la crisis de la gobernanza global. 4. La falacia tecnologicista y la gobernanza global democrática. 5. ¿Es el capitalismo de la vigilancia una “distopía académica”? 6. Conjurando el riesgo de una tecnocracia digital: el desarrollo tecnológico sostenible en el marco de la Unión Europea. INTRODUCCIÓN En la actualidad, la globalización y la revolución tecnológica vienen a ser como términos complementarios que forman parte de una misma ecuación. Parafraseando a Zygmunt Bauman se podría decir que, lejos de homogenizar la condición humana, la anulación de las distancias tiempo y espacio tiende a polarizarla. A propósito de las consecuencias humanas de la globalización en la era digital, Bauman ha denunciado con rotundidad la trampa que suponen para el individuo las redes sociales controladas por las elites político-económicas y el impacto sobre los derechos y libertades de los ciudadanos: 100 Las elites viajan por el espacio y a mayor velocidad que nunca, pero la envergadura y la densidad de la red de poder que tejen no dependen de esos desplazamientos. Gracias a la nueva “incorporeidad” [bodylessness] del poder sobre todo en su forma financiera, sus dueños se vuelven extraterritoriales, aunque sus cuerpos permanezcan in situ (Bauman 1998: 19). Para el pensador polaco, la movilidad adquirida a través de la Red por los grandes inversores de capital implica que el poder económico y empresarial se desconecta de forma inédita, drástica e incondicional de sus obligaciones con los empleados, en particular, y del deber de contribuir a la vida cotidiana y al sostenimiento de la comunidad en general. Por eso, la nueva libertad del capital le recuerda a Bauman el absentismo de los grandes terratenientes de antaño, cuya infausta memoria se debe a su menosprecio y absoluta desatención hacia las necesidades de las poblaciones que los alimentaban, de ahí el rencor que esta inhibición generaba entre los más humildes y vulnerables. Pero, a diferencia de los terratenientes absentistas [absentee landlords] cuya libertad de actuación no era omnímoda en la medida en que se sometían a unos límites legales, los capitalistas y corredores de bienes raíces de nuestro tiempo no ven restringida la movilidad de sus recursos (que ahora son líquidos) dentro de unos límites legales reales, salvo los que el poder administrativo de los Estados de Derecho sea 101 capaz de imponer sobre la libertad de movimiento del capital y el dinero (Bauman 1998: 9)1. Según Ulrich Beck, lejos de implicar el final de la política, la globalización conlleva, en realidad, una repolitización de aquellos espacios a los que ha renunciado o de los que se han retirado el Estado social de Derecho y sus actores sociales. Según el sociólogo alemán, la irrupción de la nueva retórica de la globalización (de la economía, de los mercados, de la competencia por un puesto de trabajo, de la producción, de la prestación de servicios y las distintas corrientes en el ámbito de las finanzas, de la información y de la vida en general) ha motivado la disolución “bajo el sol del desierto de la globalización” de los presupuestos del Estado asistencial y del sistema de pensiones, de la ayuda social y de la política municipal de infraestructuras, así como el poder organizado de los sindicatos, el sistema de negociación de autonomía salarial, el gasto público, el sistema impositivo y la “justicia impositiva”. En suma, se pregunta Beck: ¿Por qué la globalización significa politización?, y responde: Porque la puesta en escena de la globalización permite a los empresarios, y a sus asociados, 1 Me gustaría advertir que mi referencia a la globalización económica no se circunscribe solo a su acepción neoliberal, de hecho caben otras alternativas como, por ejemplo, la interpretación contrahegemónica que hace de la globalización Boaventura de Sousa Santos, el cual sostiene un modelo o fórmula alternativa de globalización comprometida con la lucha contra la exclusión social que se apoya en una redistribución de los recursos simbólicos, culturales, políticos, sociales y materiales fundada sobre los principios de igualdad y reconocimiento de la diferencia (Santos 2002: Caps. V y IX; 2005: 29- 30). 102 reconquistar y volver a disponer del poder negociador política y socialmente domesticado del capitalismo democráticamente organizado. La globalización posibilita eso que sin duda estuvo siempre presente en el capitalismo, pero que se mantuvo en estado larvado durante la fase de su domesticación por la sociedad estatal y democrática: que los empresarios, sobre todo los que se mueven a nivel planetario, puedan desempeñar un papel clave en la configuración no sólo de la economía, sino también de la sociedad en su conjunto, aun cuando “sólo” fuera por el poder que tienen para privar a la sociedad de sus recursos materiales (capital, impuestos, puestos de trabajo) (Beck 1997, 14). La política de la globalización conlleva una estrategia económica transnacional que pretende la eliminación de todas las trabas a la inversión en un mercado desregularizado (negociación con los sindicatos, normativa ecológica, asistencial y fiscal…). En definitiva, lo que buscan los representantes económicos con su retórica globalizadora es desmantelar la política social estatal para realizar la utopía del Estado mínimo, con lo que -como advierte Beckparadójicamente, “a menudo ocurre que se responde a la globalización con la renacionalización” (Beck 1997, 15). En los últimos años, la estrategia económica y política del proceso globalizador ha hallado un aliado natural en el proyecto transhumanista. Tanto en la globalización como en el transhumanismo se postula un nuevo paradigma tecnológicocientificista superador del paradigma humanista. El resurgir 103 de este nuevo cientificismo del Tercer Milenio ha despertado un cierto optimismo tecnológico determinista y una absoluta confianza en el poder redentor de la tecnociencia y en la idea del progreso ilimitado. En este sentido, la investigación que están desarrollando los “nuevos cruzados de la fe tecnológica en el progreso” (the new crusaders of the technological faith in progress) pretende combatir con armas tecnológicas y morales los potenciales riesgos globales que acechan a la sociedad mundial contemporánea (entre otros, la globalización, el cambio climático y las catástrofes naturales que lo acompañan, la revolución digital, la eclosión de la medicina genética, o las grandes desigualdades socioeconómicas a escala planetaria). Sin embargo, lejos de ser un aliado para la humanidad, la incentivación del catastrofismo emancipador (emancipatory catastrophism) genera una sensación de falso alivio en la población mundial (en la medida en que nos exime de la responsabilidad de afrontar los riesgos globales y tomar decisiones) aunque esta catarsis social se produce a costa de ocultarnos la verdadera dimensión del proceso de metamorfosis del mundo (metamorphosis of the world) en el que ya están inmersos la humanidad y el planeta a todos los niveles. Por consiguiente, advierte Beck, se ha abierto un abismo: La cosmovisión clásica de la fe moderna en el progreso sigue guiando nuestras acciones: la creencia en el poder redentor de la tecnociencia, la idea del progreso ilimitado, del carácter inagotable de los recursos naturales, la creencia en el crecimiento económico infinito y en la supremacía política del Estado-nación. La teoría de la sociedad del riesgo ha confrontado esa creencia con su fragilidad e inadecuación teóricas a la vista de 104 los potenciales escenarios catastróficos y de las incertidumbres que se están desplegando en la actualidad, las cuales son precisamente una consecuencia de los triunfos del progreso. (Beck 2016: 62-63). La convergencia de los intereses económicos de las empresas multinacionales y de las grandes compañías tecnológicas (Big Techs) ha encontrado un centro de publicidad y difusión de sus ideas y propuestas en el Foro Económico Mundial, fundado por Klaus Schwab (el economista e ingeniero alemán que acuñó el término “cuarta revolución industrial” impulsada por el avance de la IA, la robótica y las tecnologías emergentes NBIC2, y que reúne cada año en enero desde 1971 en su sede de Davos (Suiza) a una élite mundial compuesta por líderes de gobiernos, CEOs de empresas multinacionales, presidentes de organismos internacionales, expertos en finanzas, intelectuales prestigiosos del ámbito académico y científico, personalidades del mundo de la cultura, líderes de la comunicación y representantes de la sociedad civil para abordar los principales retos y problemas que debe afrontar la humanidad en materia de salud, medioambiente y economía mundial. En la edición del Foro Davos 2021, celebrado a escasos días de cumplirse el primer año de la pandemia provocada por el Covid-19, cuyo lema fue “El gran reinicio” [The big reset], se expusieron algunas ideas inspiradas en el proyecto transhumanista aprovechando el contexto de crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia del coronavirus. 2 Acrónimo referido a la Nanotecnología, la Biotecnología, la Informática y las Ciencias cognitivas. 111 posterior a la pandemia, la salud y el bienestar se convertirán en una prioridad mucho mayor para la sociedad, sorprende la naturalidad con la que justifica el hecho de que “el genio de la vigilancia tecnológica no vuelva a meterse en la lámpara”, como si la seguridad, la salud, el bienestar y la felicidad fuesen el premio a ganar a cambio de ceder nuestra la libertad a un nuevo Leviatán tecnológico controlado por unas élites que eligen por nosotros y deciden qué es lo que más nos conviene (Schwab 2020: 191). Tras el diagnóstico que hace del estado del mundo durante la crisis sanitaria Schwab concluye que no solo los Estados nacionales han quedado desbordados a la hora de gestionar y contener la pandemia, sino que también se han puesto de manifiesto la esclerosis de la economía de mercado y de la globalización, además de la constatación de un vacío en la gobernanza global intensificado por las tensas relaciones entre Estados Unidos y China que minaron las posibilidades de poner en marcha la cooperación internacional desde la primera ola pandémica (en este sentido, el fracaso de la política de comunicación y de coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sería el mejor síntoma de la crisis de la política internacional). Ante esta situación, Schwab busca una solución tan imaginativa como la establecer “un nuevo contrato social”, cuyo contenido no solo no concreta, sino que lo hace depender, en última instancia, de las condiciones históricas y culturales de cada país. Al final, el supuesto reinicio geopolítico y tecnológico, solo queda para el influyente fundador del Foro Económico Mundial en un problema que se puede solventar a través del relativismo ético cultural, y la diferencia cualitativa entre democracias y autarquías en una simple cuestión de “gran carga emocional” (Schwab 2020: 108, 139). 112 EL CAPITALISMO DE LAS PARTES INTERESADAS Y LA CRISIS DE LA GOBERNANZA GLOBAL En su nuevo libro, Stakeholder Capitalism (2021), Klaus Schwab nos detalla los términos del nuevo contrato social que propone como alternativa al sistema de libre mercado global que se encuentra en crisis, y que se plasman en el denominado “capitalismo de las partes interesadas”. Como principio de organización global para los negocios, el concepto de partes interesadas compitió en su día con la noción de “primacía de los accionistas” defendido por uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, que se resumía en la idea de que la responsabilidad social de las empresas consiste en aumentar sus ganancias y obtener beneficios propios. Al final de su influente artículo: “The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits”, Friedman explicita esta tesis: En un libre mercado ideal que descansa en la propiedad privada, ningún individuo puede coaccionar a otro, toda cooperación es voluntaria, todas las partes en dicha cooperación se benefician o no necesitan participar. No hay valores, ni responsabilidades "sociales" en ningún sentido que no sean los valores compartidos y la responsabilidad de las personas. La sociedad es un conjunto de individuos y de otros grupos diversos que se forman voluntariamente. (Friedman 1970). El capitalismo de los accionistas se convirtió en la pauta general en Occidente a medida que las empresas se globalizaban en las décadas de los 60 y 70. A la vez que las empresas iban aflojando sus vínculos con las comunidades locales y los 113 gobiernos nacionales, éstas iban centrándose en maximizar los beneficios a corto plazo para los accionistas en marcados globales competitivos. Incluso en los países que se adhirieron al concepto de partes interesadas como principio de gobernanza fueron perdiendo poder e influencia ante las empresas los gobiernos, los sindicatos y otras partes interesadas de la sociedad civil. Sin embargo, ante la actual coyuntura pandémica y la gran oportunidad de mejora de la economía, el desarrollo sostenible respetuoso con el medioambiente y la gobernanza global que nos ofrece la cuarta revolución industrial, Schwab incluyó en la Agenda de Davos 2021 la propuesta de relanzar una versión corregida y actualizada del capitalismo de las partes interesadas que, con respecto al modelo original, mantiene su objetivo de “crear valor a largo plazo”, teniendo en cuenta no solo los beneficios de los accionistas, sino las necesidades de las partes interesadas y de la sociedad en general. Ahora bien, advierte Schwab, lo que distingue al moderno capitalismo de las partes interesadas de su primer modelo es que, sin duda, en la versión actual su apuesta es más claramente global, sitúa al planeta en el centro del sistema económico mundial, busca la equidad global y el bienestar de las personas, y considera que la salud debe optimizarse en las decisiones tomadas por todas las partes interesadas. En resumidas cuentas, concluye Schwab, frente al capitalismo de los accionistas, que centra exclusivamente sus objetivos en las ganancias o en la prosperidad de una empresa o país determinado, en lugar del bienestar de todas las personas y del planeta en su conjunto, en el nuevo capitalismo de las partes interesadas los cuatro grupos clave que las representan (gobiernos, sociedad civil, empresas y comunidad internacional) están inter- 114 conectados y comparten unos objetivos prioritarios: la felicidad, el bienestar de todas las personas y la armonía planetaria (Schwab-Vanham 2021: 178-180). La representación gráfica del modelo renovado del capitalismo de las partes interesadas sería la siguiente: Imagen inspirada en el gráfico reproducido en la página 180 del libro de Klaus Schwab y Peter Vanham, Stakeholder Capitalism, Hoboken (New Jersey), Wiley, 2021. En general, para Schwab, la globalización económica funciona mejor para todos cuando se cumplen al menos estas tres condiciones: en primer lugar, la globalización sólo puede despegar si existe un pacto social, la naturaleza a largo plazo de este pacto implica que los individuos están dispuestos a dejar a un lado consideraciones cortoplacistas o egoístas, sabiendo PERSONAS Y PLANETA EMPRESA S COMUNIDA D INTERNACI ONAL PAÍSES Y ESTADOS SOCIEDAD CIVIL 115 que ganarán a largo plazo, al igual que las otras partes interesadas que contribuyen al pacto; en segundo lugar, la globalización prospera cuando los líderes políticos encuentran un equilibrio entre proporcionar una dirección a la economía y cuidar a su pueblo, por un lado, y abrirse al mundo en términos de comercio e inversión, por el otro; por último, en tercer lugar, las sociedades se benefician de la globalización cuando la tecnología imperante en la época es congruente con las ventajas comparativas que tienen una economía y una sociedad (Schwab-Vanham 2021: 109-110). La nueva versión del capitalismo de las partes interesadas se presenta como una salida ante en un momento de cierto retroceso de la globalización (a la que, por otra parte, resulta imposible poner fin por lo estrechamente interconectada que está la economía mundial). Los procesos de desglobalización se agudizan especialmente en tiempos de grandes crisis financieras y sanitarias a nivel mundial, como la que se produjo con la pandemia del coronavirus. Entre las primeras consecuencias macroeconómicas de la primera ola de la Covid-19 que recorrió implacablemente todo el planeta, especialmente desde el mes de marzo de 2020, destaca precisamente la ralentización de la globalización acompañada de un posible factor reactivo: el renacimiento de la idea nacionalista del Estado nación. El retorno de los nacionalismos contrarios al multilateralismo y la globalización ya fue anunciado por Dani Rodrik al referirse al “trilema político de la economía mundial”. Sostiene este autor que existe una tensión fundamental entre lo que él denomina como “hiperglobalización” y la política democrática. 116 La hiperglobalización requiere el encogimiento de la política nacional y el aislamiento de los tecnócratas de las exigencias de las masas (Rodrik 2011: 208). ¿Cómo gestionar entonces la tensión entre la democracia nacional y los mercados globales? Para Rodrik hay un trilema entre los conceptos de globalización económica, democracia política y Estado nación que les hace irreconciliables. Para solventar este trilema solo cabe una de estas tres opciones: limitar la democracia para minimizar los costes de las transacciones internacionales, sin pararse a considerar los efectos perversos que la economía global produce en ocasiones a nivel local; limitar la globalización para reforzar la legitimidad democrática en el país; globalizar la democracia a costa de la soberanía nacional. Según Rodrik, solo podemos aspirar a conciliar dos de los tres términos del trilema: Si queremos hiperglobalización y democracia, tenemos que renunciar a la nación Estado. Si hemos de mantener la nación Estado y también queremos hiperglobalización, tendremos que olvidarnos de la democracia. Y si queremos combinar democracia con nación Estado, adiós a una globalización profunda (Rodrik 2011: 218-219). En el contexto actual, lo que propone el trilema político de Rodrik es que se sacrifique la globalización para preservar un cierto grado de soberanía nacional y de democracia, a este respecto, comenta Schwab, tanto el triunfo del Brexit en Gran Bretaña el 23 de junio de 2016, como la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el 8 de noviembre de 2016, son dos ejemplos demostrativos tanto 117 de la actual tendencia contra la globalización por parte de algunos países occidentales, como del grado de descontento de los votantes con la globalización, especialmente cuando la economía de su país se encuentra fuerte y en situación de alta desigualdad (Schwab 2020: 120). Sin embargo, a tenor del uso abusivo que se ha hecho de las nuevas tecnologías por parte de algunos gobiernos a lo largo de la pandemia, que en la práctica ha supuesto un recorte de libertades de los ciudadanos en aras de su seguridad, salud y bienestar, no parece que la propuesta de renunciar a una gobernanza global democrática (suma de la democracia y la globalización) a fin de de garantizar la preservación tout court de la soberanía nacional y la democracia de los Estados nación, justifique la apuesta realizada por Rodrik y Schwab a favor de la democracia y la soberanía nacional. En este sentido, como se recordará, la falta de una política sanitaria mundial bien coordinada por parte de organismos internacionales como la OMS y la Organización Mundial del Comercio (OMC) provocó una competencia feroz entre los países (muchos de ellos socios y aliados históricos) por ser los primeros en adquirir material sanitario y equipos de protección individual para sus ciudadanos durante la primera ola de la Covid-19. Esta misma lucha desesperada por proteger los intereses nacionales aún a costa de conculcar el principio de buena fe en los acuerdos firmados por las partes contratantes se puso de manifiesto durante la “crisis de las vacunas” surgida entre la Unión Europea y algunas empresas farmacéuticas que, buscando un mayor beneficio económico, en varias ocasiones exportaron subrepticiamente a países extracomunitarios parte de la producción de las vacunas reservadas contractualmente 118 por la Comisión Europea, cuya estrategia de compra mancomunada pretendía precisamente un reparto equitativo en la población de cada uno de los países miembros que evitase la competencia desleal entre socios comunitarios. Así pues, a través de esta medida de gobernanza democrática, la Unión Europea pretendió reforzar la coordinación entre países socios que, al principio de la pandemia, llegaron a cerrar fronteras unilateralmente y se negaron incluso a vender materiales sanitarios básicos a sus vecinos más necesitados. No obstante, con más frecuencia de lo que resulta imaginable y admisible, hubo momentos durante la crisis sanitaria del coronavirus en los que, debido al estado de necesidad, primó el interés nacional de los países antes que la solidaridad internacional, y en los que el afán de lucro de las empresas farmacéuticas prevaleció sobre el deber de rectitud y comportamiento debido en los acuerdos negociales. LA FALACIA TECNOLOGICISTA Y LA GOBERNANZA GLOBAL DEMOCRÁTICA En rigor, la nueva versión del capitalismo de las partes interesadas crea más incertidumbres que certezas pues parte de una suposición falaz: el sacrificio de la gobernanza global democrática (solo imaginable desde la política del consenso multilateral y en el marco institucional del sistema de Derecho Internacional) reforzaría la soberanía de los Estados de Derecho y redundaría en beneficio de sus políticas democráticas, en la medida en que se presume que ese proceso revalorizador e instaurativo de lo nacional serviría como freno a la globalización capitalista, que cuenta con instituciones coadyuvantes como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), las empresas 119 multinacionales y organismos regionales como la Unión Europea. La falacia de la tesis de Schwab y sus seguidores inspira recurrentemente la Agenda Davos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que en su 51ª edición de 2021 contó, por cierto, con el secretario del Partido Comunista Chino como invitado de honor para hablar del éxito económico de su país y de gestión de la pandemia del coronavirus. En su presentación de Xi Jinping, el presidente del WEF puso de manifiesto la importancia de China en el reinicio de la economía y la política mundial, y animó al Presidente Chino a trabajar en la construcción de una nueva era global en un mundo pacífico y próspero. Lo paradójico del proyecto del gran reinicio y del capitalismo de las partes interesadas es que ambos consideran que todos los males proceden del fracaso del sistema capitalista, del desbordamiento de los Estados de Derecho, y de la inoperancia de las organizaciones internacionales y regionales como la Unión Europea. En relación con estos tres puntos fuertes del argumentario de la Agenda de Davos 2021, comprometido con la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la pobreza y la desigualdad, podríamos hacer las siguientes observaciones: En primer lugar, parece que Schwab confunde la globalización económica y el capitalismo, como si solo hubiera un tipo de globalización (cuando no sólo es económica, sino que también puede ser cultural, social, política y tecnológica) o un único modelo de capitalismo (según el nivel de intervención estatal, cabe diferenciar, al menos, el capitalismo de Estado, el popular, el monopolista, el anarcocapitalista, el de economía 120 mixta, el de economía social de mercado…, incluso hay un capitalismo financiero y otro corporativo). Pues bien, tras decretar unilateralmente el fin del capitalismo económico vigente en el mundo anterior a la pandemia y su sustitución un “capitalismo equitativo” alternativo, Schwab sostiene que la crisis pandémica ofrece una gran oportunidad para reiniciar la economía, la política, la sociedad y nuestra forma de vida en la era pospandémica. En segundo lugar, el vacío dejado por los Estados nacionales como actores de la política internacional permitiría que fuera ocupado por una élite dirigente formada por líderes de gobiernos y del mundo empresarial que suscribirían un nuevo contrato social como “partes interesadas” del que están excluidos millones de ciudadanos. Además, este proyecto oculta un riesgo potencial y ciertamente inquietante: el remplazo de la gobernanza global democrática acorde a la racionalidad del Derecho Internacional por una oligarquía que concentraría toda la riqueza y el poder tecnológico. Al hilo de esta consideración, resulta significativo el hecho de que una de las predicciones filantrópicas de la Agenda del WEF sea precisamente la que augura la felicidad de los individuos a cambio de que no posean nada. En puridad, ese horizonte anhelado por Klaus Schwab se acercaría a un escenario más distópico que utópico para los individuos, pues con la renuncia a la propiedad se corre el peligro de perder la libertad y, con ello, también la felicidad. Frente a la propuesta redistributiva de la propiedad (que más bien parece albergar una intención de concentrar la riqueza y el poder en manos de una élite tecnocrática) valdría la pena traer a colación la idea protoliberal de John Locke sobre los derechos naturales: la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad (Locke 2003: 109-121). 127 cualquier caso, observa Zuboff, este giro que nos lleva a la sociedad enjambre, y de los individuos a los organismos, es la piedra angular sobre la que se sostiene la estructura de una sociedad instrumentaria (Zuboff 2020: 579)7. Por su parte, Pentland reelabora la utopía conductista de Skinner en Social Physics (2014), libro en el que replantea el concepto de progreso a través del “principio de la influencia social”, de acuerdo con la ley esencial de la nueva física social (Pentland 2014: 10-11). Esta influencia social que presiona y redirige la conducta social del individuo encuentra precisamente en las redes sociales el entorno adecuado para estimular tantos los patrones de influencia como los vectores de imitación que se desean implementar en aras del bien común. En esa sociedad instrumentaria, que funciona orgánicamente como un enjambre de inteligencia en red, y que se basa en la instrumentación y medición ubicuas de la conducta humana en interés de la modificación, el control y el lucro económico, el capitalismo de la vigilancia impone fácilmente su hegemonía comercial aprovechando las ventajas que le ofrece el mundo conectado en Red (Altshuler-Pentland-Bruckstein 2018: 1-14). Según el principio de eficiencia social enunciado por Pentland, es posible aspirar a una inteligencia colectiva al servicio de un bien superior; en este sentido, el flujo de ideas y el aprendizaje social tanto por la imitación como por la presión social que ejerce la comunidad sobre el individuo permitirían 7 El subrayado del término “instrumentaria” es de Albino Santos Mosquera, el traductor español de la obra de Shoshana Zuboff. 128 establecer unas leyes de la conducta social (física social) comparables a las leyes de la física (Pentland 2011: 7). En última instancia, llevar hasta las últimas consecuencias los postulados de la teoría de la sociedad instrumentaria supondría la disolución del individuo en el colectivo. A mi juicio, la propuesta de Pentland no solo implica el sacrificio de dos ideas fundantes de la democracia liberal, como son la libertad individual y la autonomía de la voluntad, o el restablecimiento de la noción orgánica de sociedad antaño defendida por los regímenes autoritarios y corporativos (es decir, la sociedad entendida como un ordenado concurso de pareceres), sino que iría incluso más allá de los límites del concepto de solidaridad orgánica de Émile Durkheim en el que, aunque prevalece la perspectiva holista, al menos mantiene la vinculación entre el individuo y la comunidad, tratando de conjugar autonomía e integración (De Lucas 1994: 23). Por último, Pentland considera que el flujo e intercambio de macrodatos en la Red nos permite ver la sociedad en toda su complejidad; es más, en un alarde de optimismo tecnologicista se atreve a hacer el siguiente pronóstico: En pocos años, es probable que tengamos ya disponibles datos increíblemente detallados (¡y continuos!) sobre el comportamiento de la práctica totalidad de la humanidad. De hecho, en su mayoría, estos datos ya existen (Pentland 2014: 10-11). En función de la velocidad con la que se produzca la transición de la sociedad liberal al modelo de sociedad instrumentaria, concluye Pentland, llegaremos al conocimiento total me- 129 diante la aplicación de las leyes de la física social y la concentración de los megadatos que suministran los individuos a las compañías que monopolizan los recursos y la capitalización de los bienes y servicios del espacio digital. Esta estrategia de control social impulsada por los mercaderes de datos y el capitalismo de la vigilancia converge con la estrategia transhumanista, uno de cuyos principales objetivos, una vez llegados al momento de la singularidad tecnológica, es el volcado de todos los datos del conocimiento humano en un superordenador (la eternidad de la mente humana a través de la Inteligencia Artificial. Siguiendo esta misma línea argumentativa, tan característica del transhumanismo tecnológico, Yuval Noah Harari revela que el valor supremo de la religión dataísta (data religion) de la que es un reciente converso es precisamente el flujo de datos (data flow). Para el dataísmo los seres humanos no son más que herramientas útiles para crear algún día un Internet de todas las cosas (an Internet-of-All-Things) que conecte todas las cosas del universo. En ese futuro dataísta imaginado por Hariri el Homo sapiens quedaría obsoleto y el humanismo liberal –cuyo proyecto de vida está basado en la singularidad, el libre albedrío y la conciencia de cada individuoperdería su sentido (Harari 2017). Con independencia del sesgo ideológico del trabajo de Shoshana Zuboff, y a la vista de las consecuencias que puede producir el desgaste de los Estados de Derecho, la sustitución de la política por la física social, y la crisis de la gobernanza global democrática a causa de la paulatina concentración del poder en manos de las oligarquías tecnocráticas y las big techs, tal vez podamos convenir que las conclusiones del estudio de Zuboff apuntan más bien a un inquietante futuro que a una 130 simple distopía académica. En este sentido, el mejor contrapeso que pueda ponerse ante el modelo de globalización transhumanista y frente al capitalismo de la vigilancia tal vez sea el que apuesta por reforzar la gobernanza global democrática, en el marco de las instituciones y organismos internacionales como regionales como la Unión Europea que se ha situado a la vanguardia de la creación de un marco jurídico específico sobre IA que, tal vez, podría servir de referencia para otras organizaciones regionales parangonables. A propósito de la necesidad de apostar por una gobernanza y unas instituciones democráticas compatibles con un capitalismo global que no lesione los derechos humanos, Thomas Piketty ha reconocido que: Para retomar el control del capitalismo, verdaderamente no hay más opción que apostar por la democracia hasta sus últimas consecuencias (Piketty 2014: 573). CONJURANDO EL RIESGO GLOBAL DE UNA TECNOCRACIA DIGITAL: EL DESARROLLO TECNOLÓGICO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA Un nuevo corpus iuris digitalis parece que está conformándose en el seno de la Unión Europea, que tiene ante sí el reto de aprovechar las ventajas de las tecnologías de IA para ganar en competitividad económica, e impulsar la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos, en un entorno neotecnológico seguro, fiable y compatible con los valores y principios que inspiran la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu- 131 ropea. Precisamente en esta dirección apunta la Comisión Europea con su propuesta de Reglamento sobre un enfoque europeo de la IA (por cierto, el primer marco jurídico de IA de la historia) que posiciona a Europa en una lugar aventajado para desempeñar un papel de liderazgo a nivel mundial en este ámbito, y que sirva también para generar confianza en los usuarios de las aplicaciones de IA, para establecer mecanismos de control a las aplicaciones de IA de alto riesgo, para reforzar la seguridad, y garantizar los derechos de las personas y las empresas8. Entre los principales textos e iniciativas normativas aprobados por las instituciones de la Unión Europea (UE) que han ido conformando el marco jurídico común para una ética de la IA, destacan: el Reglamento relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; la Estrategia Europea de Datos; el Libro Blanco sobre la IA (que a mi parecer podría considerarse la Carta Magna para la ética de la IA); las Directrices éticas para una IA fiable elaboradas por el Grupo independiente de expertos de alto nivel, hasta llegar a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los principios éticos para el desarrollo, el despliegue y el uso de la IA, la robótica y las tecnologías conexas, con el fin de garantizar la aplicación homogénea en todo el territorio de la UE de dicho marco regulador compuesto de principios éticos aplicables a cualquier tecnología de IA. 8 Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre un enfoque europeo de Inteligencia Artificial, de 21 de abril de 2021, COM (2021) 206 final. 132 En relación con la necesaria regulación de una ética de la IA responsable, sostenible y respetuosa con los derechos fundamentales, se ha planteado cómo reforzar la eficacia de la normativa europea para embridar los posibles de la IA de riesgo, como sucede, por ejemplo, con las decisiones algorítmicas discriminatorias (Zuiderveen Borgesius 2020: 1–22). A este respecto, a fin de coadyuvar a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los principios éticos recogidos por la propuesta de Reglamento, sería preciso arbitrar un régimen sancionador al que acudir ante eventuales incumplimientos. Este es el camino que parece haber emprendido la Comisión Europea al presentar su propuesta reguladora del mercado digital, concretamente con la Ley de Servicios Digitales9 y la Ley de Mercados Digitales10, provistas ambas de medidas y sanciones con el triple objetivo de frenar el monopolio y el abuso de poder de las grandes compañías tecnológicas, proteger los derechos digitales de los ciudadanos, y establecer condiciones equitativas para fomentar la innovación y la competitividad. Por su parte, el Parlamento también ha pedido normas preparadas para el futuro sobre los servicios digitales, incluidas las plataformas y los mercados en línea, y un mecanismo vinculante para abordar los contenidos ilegales en línea. Básicamente, esta petición pretende hacer de Internet un espacio más seguro para los consumidores, y conseguir que éstos dependan menos de los algoritmos, mediante una regulación 9 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2020, titulada: mercado único de los servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por la que se modifica la Directiva 2000/31/CE, COM (2020) 825 final. 10 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados impugnables y justos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales), de 15 de diciembre de 2020, COM (2020) 842 final. 133 más estricta de la publicidad dirigida, para que ésta sea menos intrusiva, requiera menos datos y no precise de la interacción previa del usuario con el contenido. Pese a su condición de soft law (entendido como un conjunto de disposiciones o actos jurídicos sin fuerza vinculante obligatoria, aunque no por ello carentes de consecuencias jurídicas o, al menos de cierta relevancia jurídica) la virtud principal que posee este importante acervo documental sobre los principios éticos de la IA como tecnología estratégica, es que ésta puede ser aplicada tanto a las empresas como a los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, siempre y cuando sea antropocéntrica, ética y sostenible, y respete los derechos y valores fundamentales. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Altshuler, Yaniv-Pentland, Alex-Bruckstein, Alfred M. 2018. Swarms and Network Intelligence in Search. Cham (Switzerland). Springer. Bauman, Zygmunt. 1998. Globalization. The Human Consequences. Cambridge. Polity Press. Beck, Ulrich. 1997. Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag. 2016. The Metamorphosis of the World. Cambridge. Polity Press. De Lucas Martín, Javier. 1994. “La polémica sobre los deberes de solidaridad. El ejemplo del deber de defensa y su posible concreción en un servicio civil” (9-88). Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 19, septiembre-diciembre. Ferry, Luc. 2017. La revolución transhumanista. Cómo la tecnomedicina y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas, trad. esp. Alicia Martorell. Madrid. Alianza Editorial. 134 Friedman, Milton. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” (12). The New York Times Magazine. September 13, 1970. Harari, Yuval Noah. 2017. Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. London. Vintage Penguin Random House. Kurzweil, Raymond. 2005. The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. New York. Viking Penguin. Llano Alonso, Fernando H. 2002. El humanismo cosmopolita de Immanuel Kant. Madrid. Dykinson-Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid. Locke, John. 2003. Second Treatise of Government (1690), En: Ian Shapiro (ed.) Two Treatises of Government and a Letter Concerning Toleration. New Haven-London. Yale University Press. Nussbaum, Martha Craven. 2010. Not for Profit. Why Democracy needs the Humanities. Princeton (New Jersey). Princeton University Press. Pentland, Alex. 2011. “Society´s Nervous System: Building Effective Government, Energy, and Public Health Systems”, MIT Open Access Articles, october 2011: <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/66256>. 2014. Social Physics. How Good Ideas Spread. The Lessons from a New Science. New York. Penguin Press. Petrella, Riccardo. 1998. “Temores de una tecnoutopía” (161-164). En: Ignacio Ramonet (ed.), Internet, el mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación, trad. esp. Juan María López de Sa. Madrid. Alianza Editorial. Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge (Massachusetts). Belknap Press. Ramonet, Ignacio. 1998a. Geopolitics of Chaos: Industrialisation, Cyberculture and Political Chaos. New York. Algora Publishing. 2018b. Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo, trad. esp. Antonio Albiñana. Madrid. Debate. 135 Rodrik, Dani. 2011. La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial, trad. esp. María Dolores Crispín Sanchis. Barcelona, Antoni Bosch. Santos, Boaventura de Sousa. 2002. Toward a New Legal Common Sense. London. Butterworths. 2005. Law and Globalization from Below. Towards a Cosmopolitan Legality. Cambridge University Press. Cambridge. Schwab, Klaus. 2016. The Fourth Industrial Revolution. Geneva. World Economic Forum. Schwab, Klaus-Melleret, Thierry. 2020. Covid-19: el gran reinicio. Geneva. World Economic Forum. Schwab, Klaus-Vanham, Peter. 2021. Stakeholder Capitalism. A Global Economy that Works for Progress, People and Planet. Hoboken (New Jersey). Wiley. Sebreli, Juan José. 1992. El asedio a la modernidad. Barcelona. Ariel. Skinner, Burrhus Frederic. 2005. Walden Two. Indianapolis. Hackett. Virilio, Paul. 1998. “Peligros, riesgos y amenazas” (155-160). En: Ignacio Ramonet (ed.), Internet, el mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación, trad. esp. Juan María López de Sa. Madrid. Alianza Editorial. Zuboff, Shoshana. 2020. La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, trad. esp. Albino Santos. Barcelona. Paidós. Zuiderveen Borguesius, Frederik J. (2020), “Strengthening Legal Protection against Discrimination by Algorithms and Artificial Intelligence” (1-22). The International Journal of Human Rights. Nº. 10. Vol. 24. 143 Segundo os dados obtidos pela OXFAM (2021), os 1.000 maiores bilionários do mundo recuperam as perdas da pandemia em apenas 9 (nove) meses, enquanto os mais pobres levarão mais de uma década para voltar ao nível que estavam antes da crise. Ainda, mesmo com o caos econômico provocado pela pandemia, estima-se que os 10 (dez) homens (brancos) mais ricos do mundo acumularam cerca de US$ 500 bilhões desde que a pandemia começou. Isso é mais do que suficiente para pagar vacina contra a covid-19 para todas e todos, por exemplo. Mangabeira Unger explica, neste sentido, que a estagnação da economia do conhecimento, com sua escassez relativa de empregos, aprofunda a segmentação hierárquica da economia. Uma proporção crescente de riqueza é produzida por uma parte cada vez menor da força de trabalho, agravando significativamente a desigualdade de renda. Por isso, a própria desigualdade de renda e a falta de distribuição de apoio, instrumentos, capacitações e oportunidades, impedem que a economia do conhecimento seja includente e se torne a rota promissora para organização de um tipo diferente de economia (UNGER, 2018, p. 79). E nesse contexto, verifica-se a importância de se adotar instrumentos, via tributação, para a redução dessas iniquidades. Conforme ensina Costa, essa realidade pode ser mudada através de alguns fatores como: [...] mecanismos de distribuição de rendas através de uma estrutura tributária progressiva, um amplo processo de reforma agrária, investi- 144 mento em políticas sociais básicas e democratização do acesso ao poder político (COSTA, 2005, p. 179-180). Portanto, mostra-se como é de fundamental importância aplicar soluções céleres e eficazes para a redução da desigualdade de renda. E no contexto da economia do conhecimento, como será que pode ser alcançado tal êxito, via tributação? Para responder tal questionamento, primeiramente é imprescindível estudar e compreender a economia do conhecimento e como ela pode refletir, não somente na sociedade, mas também no universo tributário. A ECONOMIA DO CONHECIMENTO: UM OLHAR SOB O FUTURO Muito tem se falado em economia do conhecimento, especialmente quando menciona a Quarta Revolução Industrial. Por certo, muitos confundem a economia do conhecimento com os seus produtos e serviços, como as novas tecnologias digitais e de informação. Todavia, a economia do conhecimento é muito mais abrangente e ainda é inimaginável todos os seus reflexos para a vida humana e econômica. Mangabeira Unger apresenta alguns conceitos sobre a economia do conhecimento, alegando que ela pode ser entendida como “[...] a atual prática produtiva mais avançada tem potencial para transformar radicalmente a vida humana. Pode significar mudança de grande vulto no caráter da atividade econômica.” (UNGER, 2018, p. 12). 145 Para entender o que significa a economia do conhecimento é necessário distingui-la do uso dos produtos e serviços, derivados da indústria de alta tecnologia, como computadores e tecnologias digitais. Por mais que se utilize os seus produtos, há uma diferença entre mudar o seu modo de operar. É neste ponto que se pode identificar a dita economia do conhecimento. Em um primeiro momento, “[...] a economia do conhecimento consiste na acumulação de capital, tecnologia, capacitações tecnológicas e ciência aplicados à condução das atividades produtivas.” (UNGER, 2018, p. 25-26). Ela busca a inovação permanente em processos e métodos, assim como em produtos e tecnologias. Logo, a economia do conhecimento não almeja somente produzir bens e serviços sob arranjos típicos de equipamentos e tecnologias, mas se propõe ser um paradigma de produção que continuamente reinventa a si mesma. (UNGER, 2018, p. 25-26). Neste sentido, o professor Dr. Álvaro Sanchez Bravo, afirma que o objetivo das novas tecnologias, desencadeadas pela economia do conhecimento, como a Inteligência Artificial é “[...] distinguir y extraer patrones de datos sin procesar para construir su propio conocimiento. Frente a los sistemas expertos, la solución actual no es trabajar con una base de datos de conocimiento, sino aprender conocimiento.” (BRAVO, 2020, p. 75). Todavia, ainda não está amplamente difundida na sociedade e isto dificulta, atualmente, que possa estimar os reflexos para a população e para as instituições, como o ordenamento tributário. Segundo Mangabeira Unger, na atual realidade, a 146 economia do conhecimento está restrita a vanguardas produtivas insuladas, isto é, sob gerência de uma elite empresarial e tecnológica. Apesar de aparecer em praticamente todos os setores da economia, ainda se exibe como uma “franja”, excluindo a maior parte da força de trabalho. Logo, o controle da operação está nas mãos de uma minoria, agravando ainda mais a desigualdade de renda entre as classes sociais, especialmente nas sociedades periféricas. (UNGER, 2018, p. 11-13). Nas palavras de Marciano Buffon, “[...] de la forma como actualmente está estructurada, la economía del conocimiento ha sido un elemento inductor de la desigualdad de renta y riqueza (BUFFON, 2020, p. 477). Ocurre que la economía del conocimiento, tal como ahora se presenta, se trata, pues, de un nuevo elemento inductor de la desigualdad en pleno siglo XXI, como si no bastasen aquellos heredados del siglo precedente. Eso se verifica, porque – en los términos utilizados por Unger – esa ha sido tan solo la “economía del conocimiento insular”, o sea, está tan restricta a determinados guetos (en la antítesis de la palabra), que ha sido fuente de ampliación de las elásticas desigualdades existentes en los países periféricos y aparentemente inédita en los países centrales (BUFFON, 2020, 481). Quando se refere à economia do conhecimento como insular, está-se dizendo que, apesar das empresas comercializam amplamente seus produtos e serviços, bem como o acesso a suas plataformas e redes, não é pela utilização desses produtos e serviços que uma empresa ou indivíduo passa a fazer parte 147 da prática mais avançada de produção. Por certo, a empresa pode usar esses produtos e serviços para desempenhar certas atividades com mais eficiência, mas não é detentora do conhecimento para produzir essa avançada prática de produção (UNGER, 2018, p. 11-13). Embora já seja visível as mudanças na sociedade pelas uso de seus produtos e serviços, deve-se atentar que a economia do conhecimento está estagnada/confinada. Isto porque, como visto no tópico anterior, há uma intensa desigualdade de renda global, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Isto dificulta o acesso ao conhecimento e capacitações para operar esta nova prática de produção mais avançadas. Ora, utiliza-se as novas tecnologias, mas não se sabe o modo de operá-las e modificá-las constantemente. Como prova disso, pode-se citar o acesso da população aos avanços trazidos pelas Revoluções Industriais. No estudo feito por Klaus Schwab, verificou-se que muitas sociedades ainda não têm acesso a produtos oriundos da primeira Revolução Industrial, o que impede que os efeitos da Quarta Revolução Industrial cheguem até essa população. Os efeitos das Revoluções Industriais, como a globalização, urbanização, tecnologias e mudanças climáticas, impactaram significativamente o cotidiano da população. No entanto, os dados demonstram que grande número de pessoas ainda não desfruta de todos os benefícios das últimas revoluções industriais. Por exemplo, 600 milhões de pessoas ainda vivem em fazendas de pequeno porte sem qualquer acesso a mecanização, que foi um dos grandes avanços trazidos pela Primeira Revolução Industrial (SCHWAB, 2018, p. 91). 148 Quanto à Segunda Revolução Industrial, aproximadamente um terço da população mundial não possui água potável e saneamento básico seguro. E em cerca de um sexto, o que equivale a 1,2 bilhões de pessoas, não possuem acesso à eletricidade (SCHWAB, 2018, p. 91). Estes fatos evidenciam que nem todos desfrutam dos benefícios surgidos com as revoluções industriais. Atualmente, cerca de 3,9 bilhões de pessoas não tem acesso à internet, o grande avanço alcançado na Terceira Revolução Industrial, e que é item fundamental para a implementação e uso das tecnologias advindas da economia do conhecimento (SCHWAB, 2018, p. 91-92). O acesso à internet é ainda mais precário quando analisado nos países em desenvolvimento, em que 85% da população encontra-se offline, isto é, não possuem internet em suas residências. Assim, os benefícios não precisam ser iguais entre todas as partes, mas o suficiente para que o cidadão possa ter uma vida a qual possa dar valor e que o empodere, de modo que os recursos tecnológicos possibilitem uma vida boa e digna (SCHWAB, 2018, p. 92). Atualmente, percebe-se que os países com economia bem-su- cedida possuem altos padrões de vida, com tecnologias, conhecimentos e capacidade de usar e desenvolver a tecnologia. Em contrapartida, muitos países em desenvolvimento não possuem, por exemplo, acesso a redes digitais de alta velocidade e nem habilidades avançadas com as atuais tecnologias. Esse fato, além de impedir o uso dos produtos e serviços da economia do conhecimento, impede que estes países invistam 149 em inovação, empreendedorismo, infraestrutura e industrialização. Por exemplo, as tecnologias trazidas pelas Terceira Revolução Industrial, como o celular, foram oferecidas aos consumidores, mas não houve um incentivo na inovação ou desenvolvimento desta tecnologia. Logo, isso dificultará que a economia do conhecimento se torne includente (SCHWAB, 2018, p. 94-95). O confinamento da economia do conhecimento traz consequências graves para a economia e para a sociedade. Hoje, tornou-se a mais importante causa tanto da estagnação econômica quanto do agravamento da desigualdade. Ora, os países que não possuírem habilidades tecnológicas somente poderão oferecer mão de obra a baixo custo. Ocorre que, com a Quarta Revolução Industrial se priorizará tecnologias automatizadas, como robôs, impressão 3D, que atrairão novas empresas aos países. Países sem este conhecimento e investimento em inovação tecnológica serão significativamente prejudicados. Para tanto, a Quarta Revolução Industrial e a economia do conhecimento devem ser inclusivas e permitir que os cidadãos e os países, especialmente as economias em desenvolvimento, participem do debate acerca dos avanços tecnológicos dessa nova revolução, visando não só proporcionar o acesso igualitário, mas também a diminuição das desigualdades econômicas e sociais entre a população global. Deste modo, Mangabeira Unger afirma que para superar o confinamento avançando em direção a um vanguardismo includente seria necessário “[...] retomar o crescimento acelerado 150 e começar a corrigir as fontes da desigualdade extrema na segmentação hierárquica da economia.” (UNGER, 2018, p. 71). Por isso, diante dessa nova realidade econômica-social, imprescindível o investimento em educação, qualificação e pesquisa, bem como desenvolvimento nacional, para que gere menos desigualdade e distribua mais amplamente apoio, instrumentos, capacitações e oportunidades. É nesse ponto que o sistema tributário pode contribuir, tanto para o avanço da economia do conhecimento, como para redução das desigualdades. Para o autor, Mangabeira Unger, o “[...] imposto progressivo e gasto social redistribuidor podem ser efetivos na mitigação de desigualdades geradas pelos arranjos estabelecidos da economia de mercado.” (UNGER, 2018, p. 73). Em vista disso, o atual sistema tributário também deverá se adaptar a este novo contexto, a fim de que consiga financiar o Estado para o investimento em qualificação, infraestrutura e inovações tecnológicas, bem como redistribuir de forma justa o ônus tributário em frente às mudanças provocadas por esse novo ambiente tecnológico. A TRIBUTAÇÃO COMO MEIO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DE RENDA NO CONTEXTO DA ECONOMIA DO CONHECIMENTO Diante da crescente desigualdade de renda enfrentada pela população mundial, sobretudo a brasileira, decorrente da má distribuição de renda e riquezas, indagam-se quais os instrumentos são necessários e eficazes para a solução desses problemas econômicos, sociais e até políticos? 151 A distribuição de riquezas em uma sociedade, segundo Dworkin (2005), é resultado do seu ordenamento jurídico, mas não só em relação às leis que regem a propriedade e as relações para a sua aquisição e transferência, como também em relação às normas fiscais e políticas. Assim, o combate à desigualdade social está interligado diretamente com a justiça social através de uma tributação baseada na redistribuição de renda. Não se ignora que o combate à desigualdade pode-se dar mediante a adoção de políticas públicas redistributivas, garantindo acesso à educação qualificada, por exemplo. No entanto, para fins desse trabalho o problema da desigualdade será enfrentado a partir da questão da tributária. O Estado através da arrecadação de tributos tem meios para garantir o seu custeio e com isso, concretizar o “bem comum”. Esse bem comum é a concretização de objetivos e princípios constitucionalmente postos e dos direitos fundamentais. E quanto maior o grau de satisfação desses direitos, menos desigualdade e pobreza terá o Estado (BUFFON, 2017, p. 159). Thomas Piketty, em sua obra “A Economia da Igualdade”, de 1997, já afirmava a importância da tributação como mecanismo de redistribuição de riquezas destinada à redução das desigualdades sociais: O instrumento privilegiado da redistribuição pura é a redistribuição fiscal, que, por meio das tributações e transferências, permite corrigir a desigualdade das rendas produzida pelas desigualdades das dotações iniciais e pelas forças 152 do mercado, ao mesmo tempo que preserva o máximo a função alocativa do sistema de preços. (PIKETTY, 2015, p. 85). Ademais, a redução das desigualdades pela via do sistema de redistribuição de renda através de arrecadação de impostos destinados a garantir a proteção dos direitos básicos dos cidadãos, como investimentos nas áreas de educação, saúde, aposentadoria, emprego e habitação, não é a única forma de combate à desigualdade de renda. Outra forma de redução dos níveis de desigualdade por meio da tributação é a divisão justa do ônus fiscal pela “capacidade contributiva, por meio da progressividade e da tributação sobre as grandes riquezas, a fim de evitar a concentração de renda.” (RIBEIRO, 2019). No entanto, a sociedade está constantemente em evolução e o Direito Tributário deve acompanhar essas modificações, a fim de ser um instrumento efetivo para concretização de direitos. Por isso, no contexto da economia do conhecimento, muitos são os questionamentos quanto a adaptação do ordenamento tributário às novas demandas da sociedade. Atualmente, a economia do conhecimento encontra-se na fase insular, como detectada por Mangabeira Unger, tendo a população apenas acesso aos seus bens e serviços. Só este fato já está causando profundas modificações na forma de tributar diante da valorização dos bens intangíveis, da aproximação do processo produtivo ao consumidor, da relativização da presença física e da transmutação das espécies jurídicas. 255 inegabilidade absoluto. Portanto, o que se está em pauta é aderência das teorias que se ocupam da justiça ao plano concreto. Sendo assim, o objetivo é demonstrar a necessária parametrização do teórico com a realidade. A JUSTIÇA A PARTI DOS FUNDAMENTOS DA IGUALDADE Alf Ross (2011) inaugura sua análise acerca da justiça partindo da concepção jusnaturalista em que a justiça reside em nossa consciência como princípio mais elevado do direito. De acordo com a filosofia antiga, prossegue o autor, a justiça significa a virtude suprema omnicompreensiva. Entretanto, a análise avança para compreender a justiça como princípio do direito que delimita e harmonizam os desejos, logo, o postulado de justo recai sobre a igualdade, esta que é entendida como justa (igualitária) distribuição de direitos e deveres. Ademais, a compreensão de igualdade como postulado maior de justiça, ou até mesmo como sinônimo, não pode perpetrar-se no plano ideal de referências. Isso se dá ao fato de que os pressupostos não, necessariamente, correspondem aos fatos, desse modo, ao pressupor a todos iguais condições estarse-ia desprezando a própria realidade uma vez que a plurivocidade mundana revela-se inexoravelmente desigual. Por essa razão, pressupostos (ideológicos4) que tendem a uma uniformização geral não reconhecem as diferentes po- 4 “A ideologia é nesse sentido manipulada consciente ou inconscientemente pelos grupos hegemônicos, no seu próprio interesse [...]. Em suma, penso a 256 sições jurídicas-político-sociais que instituições e pessoas ocupam no plano social/concreto. Por derradeiro, não se pode considerar injusto as desiguais posições e circunstâncias oriundas do plano fático5. Note-se que a justiça alça uma significação de igualdade. Ambas as expressões são justapostas no mesmo plano de tal forma que quando suscitada a justiça estar-se-ia referindo-se à condição de igualdade. Isso se justifica na medida em que “a liberdade e a igualdade dos cidadãos, constitutivas da comuideologia como uma concepção do mundo, do homem e da sociedade que, na medida em que contém elementos ideais que respondem a interesses de um grupo social em determinado momento histórico, orienta a conduta dos homens na sociedade e, de certa forma, legitima a ordem social pela atuação de grupos interessados, os quais dispõem dos mecanismos de controle social, entre eles o direito. Essa disposição é na verdade uma manipulação. Os grupos que detêm o poder, não de modo efêmero, mas tendendo nele permanecer, virtualmente se apossam dos meios de controle social, através da propaganda, das manifestações culturais, da definição de critérios de moralidade, dos costumes, da ciência, da filosofia enfim, e utilizando-os de forma alienada ou não, com o objetivo de tornar suas ideias, que respondem a seus interesses de classe aceita pelo maior número. Mais ainda, a substituírem na consciência a realidade concreta por uma realidade idealmente representada. [...] Todo este (sic) processo configura uma lógica de dominação, manifesta através da manipulação dos meios culturais, destacando-se aí a formação escolar e do direito, mas também a cultura como um todo, envolvendo a linguagem e o sistema semiológico estabelecido numa sociedade.” (COELHO, 2003, p. 165-136). 5 La exigencia de igualdad debe ser compreendida, por lo tanto, em un sentido relativo, esto es, como una exigencia de que los iguales sean tratados de la misma manera. Esto significa que, como un requisito previo para la aplicación de la norma de igualdad, y con independenca de ella, tiene que Haber algún criterio para determinar qué es lo que ha de ser considerado como igual (ROSS, 2011, p. 335). 257 nidade política, estão, portanto, no fundamento do justo político, em contraste com a injustiça inerente à tirania” (ISRAËL, 2009, p. 1). Sob essa perspectiva a tributação ocupa espaço bastante relevante, pois, quando se indaga de que forma se pode repartir as vantagens e os ônus oriundos da cooperação social(?) (ISRAËL, 2009), a primeira forma que se tem é a (re)distribuição de renda (ônus e bônus) via tributação. Logo, a questão que subjaz, em termos práticos, a temática da justiça é encontradiça no regime tributário de cada sociedade. Vale lembrar que o grau de emancipação e conscientização de justiça em uma sociedade muito vem a depender dos fundamentos que insculpem a justiça fiscal. Isto é, além de serem conscientes acerca do papel da tributação6, os cidadãos passam a exercer efetivamente os princípios de solidariedade7 e fraternidade8. 6 A par disso, Holmes e Sunstein (2015) concluem que os direitos dos cidadãos não são de origem divina ou natural, são construídos, e que, assim, a sua proteção e efetivação dependem do Estado (Democrático) que, por sua vez, exige da sociedade o pagamento de tributos. 7 A confluência dessas premissas enaltece o que Streck (2017b) denomina de Constitucionalismo Contemporâneo, como algo que acontece em um Estado Democrático de Direito, resultado de um constitucionalismo compromissório e transformador social que visa um ideal de vida boa. 8O objetivo é a densificação do Princípio da Dignidade da Pessoa humana e a concretização dos direitos fundamentais por meio de uma adequada distribuição do ônus fiscal, isto é, o correto emprego do Princípio da Capacidade Contributiva. Pois, a cidadania não pode ser concebida, exclusivamente, sob o enfoque dos direitos, mas, também, pelo enfoque dos deveres, incluindo o de pagar tributos, haja vista que a concretização de direitos fundamentais passa, inexoravelmente, pela natureza de cunho prestacional 258 Essa assertiva se revela verdadeira ao passo que “a cooperação social se baseia numa verdadeira “identidade de interesses”, já que todos teriam acesso a uma vida melhor do que a que resultaria do exercício solitário de suas forças” (ISRAËL, 2009, p.170)9. Sob este ponto, é importante mencionar que a identidade de interesses não pode ser interpretada à luz da ideologia capitalista globalizada sob pena de se reforçar a racionalidade/ideologia causadora da desigualdade. Portanto, recomenda-se, epistemologicamente, compreender essa identidade de interesses como um interesse público/coletivo. Inobstante os diversos matizes da igualdade, Habermas (2011), sob a perspectiva procedimental, adverte para a necessária compressão para a igualdade de fato e a igualdade de direito. Esta que por sua vez não pode ocupar o espaço daquela, pois,” a autonomia pública e privada da pessoa devem ser consideradas com escopo de permitir discursivamente a disputa política acerca dos critérios controversos da igualdade de tratamento”. Assim, a justiça possui seu conceito próprio que é inerente à igualdade. Por essa razão o Direito proporciona uma compreensão da busca pelo justo sem infiltrações que possam desfigurar aquele conceito, como se verá adiante. quando da atuação Estatal. Tal objetivo decorre do pilar da solidariedade em que o vigente modelo estatal assume (BUFFON, 2009, p. 79). 9 O mesmo autor adverte, ainda, que a identidade de interesses não revela homogênea haja vista a subjetividade que permeai o ideal de justiça da cada pessoa. Por isso, Israël menciona, conforme Rawls, a justiça como procedimento, pois a justiça não comportaria princípios de ordem teológica e metafísicos. 259 DIREITO COMO DADO CONCRETO E A SUA FORMA DE PENSAR EM JUSTIÇA FISCAL O direito é dado empírico10, desse modo, a racionalidade de justiça não pode ser transcendental ou simplesmente metafísica, por isso, cabe ao, ou no direito, afluentes de justiça (em termos concretos). Aqui, poder-se-ia alocar a teoria de justiça de Sen, visto que ele trata de forma concreta. Há, contudo, que se considerar a justiça particular, a de cada um, que se flagra no plano concreto e que por ser contrário àquela prescrita abstratamente não se coaduna, por isso, necessário é conjugar as abstrações teóricas com a realidade com o condão de verificar sua plausibilidade. Assim, pode-se concluir, preliminarmente, que as teorias de justiça que versam sobre hipóstases não produzem efeitos senão reflexivos. Quer-se dizer, a justiça, conforme Sen deve ocupar espaço na realidade, considerar as mais diversas variáveis para se tracejar uma racionalidade capaz de dar conta de muitas divergências concretas. Inobstante Rawls (1999) aduz na necessidade de reunião de condições elementares para que cada pessoa tenha capacidade de realizar seus projetos de vida. Nesse norte, há de se considerar que a tributação se relaciona diretamente com as teorias de justiça visto que esta, sob essa perspectiva, não pode 10 Nesse sentido Streck (2017c) aponta que o direito não ser considerado apenas no plano da metalinguagem, pois, neste nível não há preocupação com a realidade, com o direito em si, estuda-se apenas a Ciência do Direito e não o Direito. 260 ser tolhida pela tributação do mínimo existencial, por derradeiro, a capacidade contributiva, que orienta a atividade tributacional, revela-se como fundamento de justiça (fiscal). Por essa razão, quando da arrecadação de tributos o Estado o faz de forma desarrazoada retira do sujeito, talvez, sua pretensão individual de vida, isto se pode traduzir como um veto ao conjunto elementar para a autorrealização. Ainda, mesmo que em um plano abstrato, a tributação que não segue qualquer fundamento de justiça na prática ofende, flagrantemente, os preceitos de qualquer Estado Democrático de Direito11. Insta salienta que a capacidade contributiva também pressupõe um diretivo de equidade. Isso se explica ao passo em que a equidade se revela um princípio de justiça (ISRAËL, 2009). Ao transpor essa assertiva para o campo do direito tributário ter-se-á a tributação na medida em que o contribuinte dispõe de capacidade de pagar tributos. Noutras palavras, a justiça fiscal também se realiza, inclusive, quando não se tributa o indivíduo de que não dispõe de condições de ser tributado. Logo, não pode o Estado supor ou pressupor que todos possuem idêntica condições de adimplir com obrigações tributárias, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a desconstrução da justa repartição de bens elementares aptos a promoverem igualdade de condições para usufruir da liberdade. 11 Primeiramente, Streck (2017c) aduz que o Estado enquanto de Direito é aquele em que a política está subordinada ao Direito, pois é este quem criará espaço para o controle das decisões políticas democraticamente definidas. 261 Por isso, a igualdade é condição de possibilidade para a liberdade, pois a todos deve ser conferido um rol de liberdades básicas que permitem a inserção de qualquer pessoa na vida coletiva (RAWLS, 1999). “As desigualdades sociais e econômicas devem ser organizadas de modo que, a um só tempo, elas tragam aos mais prejudicados a melhores perspectivas e elas sejam vinculadas a funções e a posições abertas para todos, em conformidade com a justa igualdade das oportunidades” ISRAËL, 2009, p. 176). Portanto, é importante que as desigualdades econômicas e sociais favoreçam o bem-estar dos mais carentes (ISRAËL, 2009). Desse modo, a capacidade contributiva revela ferramental indispensável à prática da justiça (fiscal), pois é nela em que residem condições de nivelar não apenas o ônus tributário, mas, também, assegurar a liberdade básica de cada um. Insta salientar que, sob a perspectiva da “loteria fundamental”, trunfos naturais não seriam individuais e sim coletivos e que por isso encarregam os sujeitos detentores de trunfos como responsáveis em aprimorar o bem-estar em favor dos desfavorecidos (ISRAËL, 2009, p. 177). Cabe destacar, ainda, que a temática justiça está longe de ser linear, pois, conforme suas categorizações e razões práticas, suas espécies podem entrar em conflitos irremediáveis. Isso se justifica, bem como, verifica-se ao passo que a justiça pode ser encontradiça no âmbito privado e no público/coletivo. 262 O justo pode ser dito (definido) pela Constituição? Ao dissociar Direito de Ética, ao primeiro cabe qualquer conteúdo enquanto ao segundo, não. Dessa forma, as Constituições dos Estados de Direito, principalmente do Brasil, em que prevê a formação de uma sociedade livre, justa e solidária teriam um conteúdo Ético de tal forma que não caberia qualquer conteúdo em seu ordenamento, mas sim aquele que é eticamente jurídico. Nesse sentido, por exemplo, o Tribunal alemão trata a igualdade como proibição de arbitrariedade (Tipke; Yamashita, 2002, p. 23). Caso não se verifique critérios sólidos (comandos) na aplicação do princípio da igualdade poderá haver o rompimento com a tripartição dos poderes. Assim, o judiciário deveria advogar por tal princípio (Tipke; Yamashita, 2002, p. 24), pois, por ser ele um poder de Estado não estaria sujeito a interferências externas. A ética12 da tributação e aplicação de suas normas, logo a moral da tributação corresponde à ética fiscal (Tipke; Yamashita, 2002, 27-28). Nesse passo é possível aferir viabilidade 12 Revive-se aqui a tese de Sen, professor de Economia e Filosofia na Universidade Harvard, (tese) na qual se visualiza a economia e seus estudos divorciados da ética, teoria por meio da qual ele discorre que: “Creio que seja um reflexo do modo como a ética tende a ser vista pelos economistas o fato de afirmações suspeitas de ser ‘sem sentido’ ou ‘nonsense’ serem prontamente tachadas de ‘éticas’. A concepção singularmente estreita de ‘sentido’ defendida pelos positivistas-lógicos – suficiente para causar desordem na própria filosofia – acarretou o caos total na economia do bem-estar quando foi suplantada por algumas confusões domésticas adicionais prodigamente fornecidas pelos próprios economistas. Os filósofos positivistas podem ter se equivocado ao considerar sem sentido todas as proposições éticas, mas nem 263 da teoria propugna por Sen, pois, este insculpe uma justiça “remediável” em que se possível transgressão comportamental das pessoas e não das instituições que as cercam, isto significa dizer que arranjos institucionais não são as respostas às injustiças. O que se nota, em verdade, é o aspecto ético/comportamental das pessoas que transgridem os diálogos institucionais, por isso, no plano prático a injustiça está mais ligada aos atores (institucionais) do que propriamente aos arranjos institucionais, possivelmente justos13. Nesse ponto, a compreensão das injustiças e a sua superação reside na linguagem pública, no âmbito público e não no privado, eis aqui a razão do constrangimento de segunda ordem apto a conter a justiça particular e idealizada. DETERMINABILIDADE NORMATIVA CONCRETIZAÇÃO DO JUSTO (TRIBUTÁRIO) Para a o problema da efetivação da justiça fiscal necessário se faz a compreensão dos postulados republicanos que engendram a constituição e determinam o agir coletivo. Isto é, a capacidade contributiva, revela em dados concretos a igualdade, esta que deve ser a razão de condução e indução das políticas mesmo eles haviam sugerido que todas as proposições sem sentido eram éticas!”.(SEM, 1999, p. 47). 13 “Terceira, a presença de uma justiça remediável pode, em grande medida, estar conectada a transgressões de comportamento, e não a defeitos institucionais”. [...] “A justiça esta fundamentalmente conectada ao modo como as pessoas vivem e não meramente à natureza das instituições que as cercam” (SEN, 2011, p. 12-13). 264 fiscais, assim, a solução da injustiça tem morada no constrangimento público que sofre a vontade do Estado e das pessoas quando se trata de tributar. Significa dizer que a tributação justa não passa por outra trilha que não a igualdade, como visto, esta deve ser elevada a princípio normativo das diretrizes econômica-fiscais. Quer-se dizer, a forma como interconectar teoria e prática é definir o epicentro ou o denominador comum havido entre injustiças e suas teorizações. Portanto, o meio para isso é a parametrização dos critérios que tornem determinável a capacidade contributiva, tais como, rigorosa aplicação da igualdade sem, contudo, recair em arbitrariedade. Justifica-se essa hipótese na condição de que as teorias da justiça projetam condições que por vezes são inatingíveis ou que contrariam a prática cotidiana das pessoas (justiça privada). Pois, mesmo sendo detentor de condições mínimas ou beneficiário de arranjos institucionais é na relação pública que o sujeito verifica as injustiças. Ademais, Piketty (2019) afirma ser necessário o tratamento constitucional da justiça fiscal, ou seja, as constituições devem consagrar um mínimo de justiça fiscal sem a intervenção des juízes sobre a questão. Seria uma espécie de núcleo duro das constituições cujo enunciado seria irrefutável ou inegável. Consequentemente, a tributação seria definida a partir das demandas sociais e não a partir das reclamações do mercado. Cumpre esclarecer que o mercado tem sido hegemônico 271 todas as demais formas de discriminação, tem como fundamentos de sua justificação, argumentos que não são assim percebidas: as retóricas discursivas da liberdade e da igualdade. O tema da desigualdade social e econômica é assunto reiterado nos estudos de Thomas Piketty. Na sua obra anterior, O capital no século XXI, o autor já tratou do tema de forma profunda e complexa. Naquela obra, Piketty analisa a discrepância existente, em nível mundial, do acúmulo do capital nas mãos de poucas pessoas, e a ausência desse mesmo capital nas mãos da grande maioria da população. Analisa, portanto, o fosso que separa esses dois mundos, chamado de desigualdade. Uma importante questão que se extraiu daquele estudo precedente foi a necessidade de se compreender a motivação que faz com que aquela situação explicitada sempre tenha sido, e continue sendo, tolerada pelo conjunto majoritário da sociedade. A elaboração dessa questão resulta da compreensão de algumas conclusões a que aquele estudo chegou, mas que devem ser entendidas como premissas para a elaboração e compreensão dessa realidade. Assim, as conclusões daquela obra, levam à elaboração de questionamentos cujas respostas também foram objetos de estudos na obra agora sob análise. Ou seja: se existe um imenso acúmulo de capital por um lado, e uma falta de recursos por outro, produzindo esse colossal fosso da desigualdade; se a existência dessa desigualdade é do conhecimento de todos, tanto daqueles que dela se beneficiam, como, principalmente, daqueles que sofrem suas consequências; e se a desigualdade, nas dimensões demonstradas, é prejudicial tanto em termos 272 sociais como econômicos (realidade também comprovada por Piketty) - ou seja, a desigualdade quando muito grande, é prejudicial não apenas para aquela parcela da população que se encontra desassistida das condições necessárias para uma vida digna, mas também para o próprio processo econômico2, pois com o acúmulo exacerbado, a economia passa a ficar estancada e sem condições de seu próprio desenvolvimento – por que isso não muda? Por que essa situação de desigualdade é suportada e tolerada no transcorrer de toda a sua história? Por que não se encontra uma alternativa para a sua superação, ou por que as alternativas apresentadas não têm o poder de serem compreendidas como viáveis e necessárias para que todos possam viver de uma forma mais digna e com menos desigualdade? A análise dessa contradição é parte importante e fundamental da obra apresentada por Piketty, Capital e ideologia. Assim, um dos importantes objetos de estudo dessa obra é a motivação que faz com que a profunda desigualdade verificada permanece atual e contemporânea e não encontra (ou encontra muito pouca) resistência para a sua manutenção. 2 O autor demonstra que tanto no aspecto social como econômico, os períodos em que se experimentou maior desenvolvimento foram aqueles em que houve uma redução da desigualdade, proporcionada pela intervenção do Estado. Como exemplos dessas realidade Piketty trouxe o período do chamado estado de bem estar social (Welfare State), ocorrido entre os anos 40 e 80 do século XX. Ou seja, quando o Estado faz intervenções na economia, promovendo uma melhor distribuição da riqueza, por meio da tributação por um lado, e do atendimento dos direitos sociais para um maior conjunto social, por outro. 273 Assim, essa obra além de aprofundar os estudos da desigualdade em países e regiões periféricas e outras que passaram mais ao largo na sua obra anterior, O capital no século XXI, como o Brasil, Tunísia, Rússia, Líbano e China, em Capital e ideologia, Piketty traz a sua análise sobre a justificação que tem o poder da manutenção da desigualdade existente. Ou seja, como a desigualdade é justificada de tal modo que ela consegue se manter ao longo de toda a história. Portanto, Capital e ideologia pode ser lida como uma obra independente, mas também como uma continuação aprofundada e complementar daquela obra anterior. IDEOLOGIA EM PIKETTY A desigualdade profunda não é natural. Essa é a primeira e importante observação feita pelo autor. Ou seja, a de que a desigualdade, nas condições em que ela se apresenta, não é um fato natural; não é algo natural como se fosse um dado e mantido pela natureza das coisas; ela é sim, uma construção social. A desigualdade é resultado de decisões humanas, políticas e sociais. Ela não é naturalmente imutável, mas um dado histórico e social, politicamente decidido para que assim seja. Porém, essas decisões humanas, sociais e políticas precisam ser compreendidas e assimiladas pela sociedade como corretas; como aquelas que melhor possibilitam uma forma de vida e convivência social mais adequada e harmoniosa para todo o conjunto da coletividade. Com isso, a desigualdade precisa, portanto, de uma constante justificação. Nesse sentido, afirma que “até hoje a história de toda a sociedade é a história 274 das lutas das ideologias e da busca pela justiça”3. A história da sociedade está permanentemente permeada pela história das lutas ideológicas. É nesse sentido, que se mostra a importância da correta compreensão desse tema central: o estudo da ideologia e sua função justificadora ao longo da história. A análise das desigualdades, de suas origens e formas de manutenção, possibilitada pela justificação ideológica e, nesse caso, pela ideologia dominante. Piketty explica que a ideologia tem essa função justificadora porquê: “Toda sociedade humana precisa justificar suas desigualdades: têm de encontrar motivos para a sua existência, ou o edifício político e social como um todo corre o risco de desabar. Desse modo, toda época produz um conjunto de discursos e ideologias contraditórias que visam legitimar a desigualdade tal como ela existe ou deveria existir e descrever as regras econômicas, sociais e políticas que permitem estruturar o todo. Desse confronto, a um só tempo intelectual, institucional e político, costumam emergir uma ou 3 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia; tradução Maria de Fátima Oliva do Coutto, Dorothée de Bruchard. 1 ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020. p. 871. A afirmação foi reformulada a partir do que foi escrito por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, onde diziam que “Até hoje a história de toda sociedade é a história das lutas de classe”. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Global Editora e Distribuidora Ltda., 2015. 275 várias narrativas dominantes nas quais os regimes desigualitários vigentes se apoiam”.4 A função da ideologia é, portanto, fornecer uma justificativa para o regime desigualitário. Essa justificativa é permanentemente necessária para evitar que os questionamentos a respeito da existência e dos graves níveis de desigualdade venham a gerar conflitos sociais de tal intensidade que possam significar uma ameaça ao “edifício social” e econômico constituído e preservado daquela forma. A ideologia dominante, portanto, tem a função de justificar a existência da desigualdade. Mas não apenas justificar, ela precisa convencer de tal forma, para evitar que outra ideologia alternativa possa vir a se sobrepor a ela. Portanto, é necessário justificar a desigualdade e convencer o conjunto da sociedade e, principalmente, aqueles que sofrem suas consequências, que ela é justa, necessária e boa para todos. Essa compreensão da ideologia como função justificadora indica o conceito que Piketty se propõe a utilizar para o termo. O autor emprega a noção de ideologia de modo positivo e construtivo, “enquanto um conjunto de ideias e discursos a priori plausíveis, que visam descrever o modo como a sociedade deve se estruturar”5. Essa noção de ideologia deve considerar as suas dimensões sociais econômicas e políticas. “Uma ideologia é uma tentativa mais ou menos coerente de trazer 4 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 11. 5 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 13. 276 respostas a um conjunto de questões extremamente amplas envolvendo a organização desejável ou ideal da sociedade”6. Ideologia7, portanto, é um conjunto de ideias, que precisa se mostrar plausível, objetivando descrever - e prescrever, pois pretende a sua manutenção - uma forma estruturante da sociedade. REGIMES DESIGUALITÁRIOS Objetivando demonstrar como a desigualdade é estabelecida e mantida, com o auxílio justificador da ideologia, o autor traz alguns elementos que identifica como regimes desigualitários: o regime político, de propriedade, educacional, tributário, e de fronteira. 6 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 13. 7 Considerando os limites do presente trabalho não será desenvolvida a análise dos mais diversos conceitos de ideologia, e nem a sua constituição e definição histórica. Apenas é necessário observar que o termo ideologia está muito longe de apresentar um conceito único e consensual. Muitos autores têm se debruçado sobre o tema, o que tem produzido inúmeros entendimentos e conceitos muitas vezes contraditórios entre si. Uma melhor compreensão do tema pode ser buscada em: THOMPSON, John B. Studies in the Theory of Ideology. Cambridge, 1984; SELIGER, Martin. Ideology and Politics. Londres, 1976; CHAUI, Marilena. O que é Ideologia. 30ª ed. São Paulo: Brasiliense,1989; MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. trad. Luis Cláudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes. 2001; IASI, Mauro. Alienação e ideologia: a carne real das abstrações ideais. Marx e a dialética da sociedade civil. Marília, Oficina Universitária, p. 95-124, 2014; EAGLETON, Terry. Ideologia: uma introdução.[Tradução: Silvana Vieira, Luís Carlos Borges]. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997, entre outros. 277 PRINCIPAIS REGIMES DESIGUALITÁRIOS Entre os regimes desigualitários citados, dois são destacados como sendo os de maior importância: o regime político e o regime de propriedade. O regime político trata do conjunto de regras que estabelecem os “contornos da comunidade e de seu território, dos mecanismos que permitem que decisões coletivas sejam tomadas dentro dela e dos direitos políticos de seus membros”8. Esses contornos, envolvem as formas como cada um de seus cidadãos participa da vida política de determinada comunidade. Por exemplo, como são as condições de participação política dos cidadãos natos (nativos), diferentes dos estrangeiros; como são formadas as direções e governanças do Estado; como são as formações partidárias, a criação das leis, a formação dos parlamentos, etc. Ou seja, de que forma, em cada um dos regimes políticos, o cidadão pode participar formal ou substancialmente da formação do Estado, da produção das leis e seus respectivos alcances. O regime de propriedade estabelece as regras que o regulam. Como são determinadas as diferentes formas de aquisição e manutenção da posse e da propriedade; como, entre os diferentes grupos sociais se definem essas relações de propriedade; como e porquê alguém pode ser considerado proprietário de algo, em detrimento dos demais; como o Estado se com- 8 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 14. 278 porta no sentido da sustentação e legitimidade para determinada noção de propriedade, em detrimento de outra. Todas essas questões incluem, necessariamente, a análise sobre que papel cabe “à propriedade privada e pública, imobiliária e financeira, fundiária e mineral, escravocrata e servil, intelectual e imaterial e a regulação das relações entre proprietários e locatários, nobres e camponeses, senhores e escravos, acionistas e assalariados”9. Esses dois principais regimes desigualitários geralmente estão interligados, ou seja, eles se influenciam mutuamente, fazendo com que o regime proprietário se utilize do regime político e o regime político proteja e conceda legitimidade ao regime proprietário. Com isso, ocorre uma disparidade de condições nos diferentes grupos sociais e se potencializa o poder de quem tem a propriedade contra quem não tem. Além da propriedade de bens materiais, a estrita interligação entre esses dois regimes, faz com que o proprietário agregue uma maior capacidade de influência política, fazendo com que o Estado produza regras e mecanismos que o beneficiam.10 Em países de modernidade tardia e de um sistema democrático ainda muito frágil, essa realidade se mostra ainda mais acentuada. 9 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 14. 10 Nesse sentido, a importante observação de Dworkin, que tratando exatamente desse poder de mútua influência, afirma que: “Quem tem poder de influência sobre decisões políticas acerca da qualidade do ar que respira, por exemplo, é mais rico do que quem não tem”. DWORKIN, Ronald. A Virtude Soberana: a teoria e a prática da igualdade. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 79-80. 279 UM RETRATO DA DESIGUALDADE: BRASIL O Brasil é um exemplo contundente da (con)fusão entre esses dois regimes desigualitários. Nas democracias liberais a representação é a essência legitimadora do exercício do poder. Essa legitimidade, tem no poder legislativo - no parlamento - o seu maior potencial de verificação. Ao analisarmos a realidade brasileira, sob o prisma da interligação do regime proprietário com o político, se verifica que a análise feita, ganha contornos muito expressivos. Estudos demonstram que o parlamento brasileiro é composto majoritariamente por parlamentares que dispõe de poder econômico, ou seja, empresários-proprietários - em que pese, numericamente, sejam uma pequena parcela da população. Por outro lado, os não proprietários, os trabalhadores - que são a grande maioria da população - têm no parlamento uma pequena parcela de representação. Analisando os perfis socioeconômicos que estão nos dois extremos, verifica-se que a representação parlamentar no Congresso Nacional é de aproximadamente 240 representantesempresários11. No outro extremo, a realidade é totalmente oposta. Somando os empregados no setor privado que possuem carteira assinada, com os empregados no setor privado 11 DIAP. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Radiografia do Novo Congresso: Legislatura 2019-2023. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/send/13-radiogra- fia-do-novo-congresso/962-radiografia-do-novo-congresso-legislatura- 2019-2023 Acesso em: 29 dez. 2020. 280 sem carteira assinada, e os desempregados, encontra-se um contingente total aproximado de 60 milhões de pessoas12. Já os representantes desse extrato social no parlamento não chegam a uma dezena. A simbologia maior fica por conta do trabalhador doméstico. A atividade de empregado doméstico, por exemplo, ocupa um contingente de trabalhadores que varia entre 6 e 7 milhões de pessoas13 e não possui nenhum representante direto na chamada “casa do povo”. Nessa mesma situação, aparecem outras atividades profissionais, como empregados da construção civil, ambulantes (atividade informal), desempregados, trabalhadores ou empregados rurais (considerando que quem se identifica como agricultor não é empregado rural, mas proprietário de terra - ou arrendatários -, mesmo que da chamada agricultura familiar14), auxiliares de limpeza, caminhoneiros, serviços gerais (limpeza, conservação etc.), motoboy, 12 Esses números como se sabe, se caracterizam por uma variação constante. 13 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) et al. Retrato das desigualdades de gênero e raça - 4ª ed. - Brasília: 2011. 39 p.: il. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_trabalho_domestico_remuner ado.html . Acesso em: 29 dez. 2020. 14 Na área da agricultura já se mostra mais difícil fazer essa comparação entre pessoas envolvidas na atividade e representantes junto ao parlamento federal. Nessa área não há uma distinção clara entre as diversas categorias que se poderia enquadrar nos diversos segmentos dessa atividade. Apenas para se ter uma ideia, são 9 os parlamentares que se identificam como “agricultor”, porém, nesse conceito se encontram tanto os representantes da agricultura familiar, como os agricultores de forma geral. Esses vão desde grandes empresários do agronegócio (sem desconsiderar aqueles que se enquadram diretamente na categoria de “empresários”, conforme demonstrado anteriormente) até representantes de trabalhadores rurais sem terra. 287 faziam com que a sociedade se mantivesse em harmonia, sob pena de ser castigada pela força do sobrenatural. Os nobre e guerreiros, por sua vez, tinham a função da estabilidade social pelo uso da força física; da violência. Também os exercícios de guerra; da manutenção da integridade (ou novas conquistas) do território eram funções dos nobres e guerreiros. Assim, a segurança era fornecida pelos nobres e guerreiros, portanto, por particulares, já que a concepção contemporânea de Estado não existia; é uma construção moderna. Com o exercício dessa função de estabilidade, da segurança, de manter a sociedade em paz, a nobreza (que arregimentava seus próprios guerreiros) mantinha a sua legitimidade; a legitimidade de ser nobre, porque desempenhava uma função que era importante (vital) para o conjunto da sociedade. O terceiro Estado era formado pelos plebeus, pelos trabalhadores. Esse grupo produzia os bens materiais da sociedade com a sua força de trabalho. Assim, produzia a vida econômica; os bens e produtos que possibilitavam a sobrevivência material da sociedade. O terceiro estado era formado, portanto, pelo grupo majoritário, porém totalmente despossuído de capacidade intelectual, que era exercida do clero; e de capacidade material, que pertencia aos nobres. Assim, lhe restava apenas entender e concordar com as mensagens, orientações e justificativas produzidas pelo clero, e com a disposição de sua força física para o trabalho materialmente produtivo, em favor da nobreza. 288 A sociedade estruturada daquela forma já era ideologicamente justificada. As diferenças sociais e suas respectivas funções eram compreendidas, aceitas e toleradas, tanto sob poder da força física, exercida e mantida pela nobreza, mas também, pela justificação legitimadora exercida pela ideologia, intelectualmente produzida pelo clero. AS SOCIEDADES PROPRIETARISTAS O nascimento da sociedade proprietarista rompeu o modelo social anterior. Essa realidade se estabeleceu a partir da Revolução Francesa, com a ruptura entre a igreja, a nobreza e o Estado. O Estado passa a ser uma instituição secular e autonomia (pelo menos na pretensão dos revolucionários e no sentido formal imediato). A legitimidade do Estado passa a ser fundamentada na representação de toda a sociedade. E com isso, afasta a nobreza e o clero daquelas funções que exerciam antes, frente ao Estado. A segurança não é mais função dos nobres com seus guerreiros, e a direção intelectual não é mais função da igreja. Porém, mantém-se aqui uma questão desigualitária fundamental. A Revolução francesa foi de extrema importância para a história da humanidade, inserindo nas relações sociais e políticas elementos humanizadores (em que pese a violenta brutalidade de um período de sua história - o que faz parte de suas próprias contradições dialéticas), que foram fundamentais na construção dos princípios da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Porém, a revolução foi produzida pela emergente burguesia da época, pelos habitantes dos burgos que, a partir de suas produções próprias passaram a pretender se livrar dos jugos impostos pela nobreza, com a complacência do clero. 289 Portanto, a Revolução Francesa não foi produzida - no seu sentido da idealização intelectual - pelos pobres, plebeus, trabalhadores da classe mais inferior da pirâmide social e econômica da época. A revolução foi feita pela burguesia, em defesa de seus interesses. Assim, a partir da Revolução uma das questões fundamentais para os revolucionários era a definição das formas e do conteúdo da propriedade; ou seja, quem passa a ser proprietário e que bens são suscetíveis de serem propriedade de alguém. Essa questão tem importância especial nesse período porque os bens disponíveis até então eram, conceitualmente, pertencentes à igreja e à nobreza. Portanto, não existia, nesse sentido, a propriedade individual como uma possibilidade de conquista para qualquer pessoa; como a possibilidade de um trabalhador pobre ascender economicamente e adquirir uma propriedade. O negócio jurídico da aquisição da propriedade não existia para a sociedade que finda com a revolução francesa (ao menos não no sentido do contrato jurídico moderno). A ideologia proprietarista, dessa forma, além de se apoiar numa promessa de estabilidade social e política, também promete uma emancipação individual, estabelecendo o direito de propriedade, como acessível a todos20. Porém a promessa de um igualitário acesso à propriedade não passou disso: de uma promessa que o sistema jamais possibilitou que se concretizasse. Conforme Piketty, “... o sistema jurídico e tributário adotado na Revolução, que muito favoreceu as grandes acumulações patrimoniais, explica em larga 20 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 121. 290 medida a crescente concentração de propriedade na França no século XIX”21. Essa realidade desigualitária, fundada na ideologia proprietarista, que trata a propriedade como algo sagrado e imutável, permanece presente, embora em graus distintos, em todos os países de organização econômica capitalista. AS SOCIEDADES MERITOCRÁTICAS A sociedade desigualitária contemporânea é designada por Piketty como neo proprietarista. Essa ideologia, que teve sua gênese no final do século XX e início do século XXI, é mais complexa do que as sociedades proprietárias anteriores, por se tratar de uma ideia exacerbada de meritocracia. Portanto, tem como elemento central de legitimidade a retórica que glorifica os “vencedores” pelos seus méritos, enquanto estigmatizando os “perdedores”, pela sua falta de capacidade ou empenho. A retórica do mérito, como elemento de legitimidade é uma ideologia antiga, porém, o que faz com que assumisse atualmente uma magnitude maior, com um traço distintivo da sociedade desigualitária atual, é a culpabilização dos mais pobres22. Merece destaque - na linha da inter-relação dos regimes desigualitários acima analisados - a relação demonstrada por Piketty, do caráter de decisiva relevância que assume, na afirmação da ideologia meritocrática, a chegada da era do ensino 21 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 114. 22 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 616. 291 superior. Em 1872, Émile Boutmy descrevia a clara missão da Escola Livre de Ciências Políticas, que estava fundando: Compelidas a se submeter ao direito dos mais numerosos, as classes que se autodenominam altas só podem conservar sua hegemonia política evocando o direito dos mais capazes. É preciso que, enquanto que as prerrogativas e tradições da classe alta desmoronam, a onda da democracia se choque contra a segunda muralha erguida por méritos esplêndidos e úteis, pela superioridade imposta pelo prestígio, pelas capacidades das quais uma sociedade não pode se privar sem loucura.23 Essa declaração demonstra de forma clara que a classe alta precisa abandonar a ociosidade e inventar a meritocracia por puro instinto de sobrevivência, “caso contrário poderiam correr o risco de perder tudo pelo sufrágio universal”24. Foi a época em que o sufrágio universal masculino estava sendo restabelecido, junto com a repressão da Comuna de Paris. Assim, a meritocracia passa a ser um instrumento retórico e legitimador de proteção contra uma possível vontade majoritária advinda pelo sufrágio. 23 Boutmy, É. Quelques idées sur la creation d’une faculté libre d’enseignement supérieur, 1871. Consultar também Favre, P. “Les sciences d’Etat entre déterminisme et libéralisme. Émile Beoutmy (1835-1906) et la création de l’Ecole libre des sciences politiques”, Reuve française de sociologie, vol. 22, nº 3, 1981, p. 429-465. Apud: PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 617. 24 PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia, op. cit., p. 617. 292 Demonstra mais uma vez como a busca pela legitimidade da desigualdade é uma questão ideológica que inter-relaciona os regimes proprietários, educacional e político de desigualdade. Sob uma moldura da capacidade intelectual, do desprendimento e dedicação, os privilégios sociais se mantêm e se perpetuam, já que os mais pobres não dispõem dos instrumentos que possibilitam a preparação para acessar ao mérito e ao reconhecimento compensador e retributivo. Realidade, portanto, sempre mais contemporânea e sofisticadamente justificada pela ideologia. CONSIDERAÇÕES FINAIS A título de considerações finais da análise dessa importante obra de Piketty, pode-se concluir que o autor, em que pese tratar de um assunto denso, possibilita uma leitura fluida e leve, sem abandonar a complexidade e seriedade do assunto tratado. A análise das diversas formas de desigualdade que a história tem testemunhado - e suas permanentes justificativas - desvelam uma realidade política e culturalmente produzida, porém sempre encoberta pelo manto da ideologia, transparecendo-a, como natural e imutável. Em contraponto, após toda essa análise descritiva, Piketty prescreve elementos visando a construção de uma alternativa a esse fosso desigualitário historicamente construído: a luta pela igualdade e pela educação. Isso porque, revela o autor, não foi a sacralização da propriedade e a concentração da riqueza que fez com que a economia tenha crescido e provocado a estabilidade social ao longo de períodos determinados da história. O que proporcionou períodos de maior crescimento 293 econômico, em momentos específicos, foi a educação (o investimento em educação universalizante e libertadora), bem como, as lutas sociais. Esses, foram os motores para que ao longo da história a sociedade tenha experimentado momentos de diminuição da desigualdade, conjugado com real crescimento econômico. Nesse sentido, o autor apresenta no que denomina de socialismo participativo, uma série de propostas para a superação da profunda desigualdade que historicamente a humanidade tem experimentado e a busca de formas e mecanismos para que todos possam viver dignamente. REFERÊNCIAS BUFFON, Marciano. Tributação ambiental: a prevalência do interesse ecológico mediante a extrafiscalidade. In: STRECK, Lenio Luiz. ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de Pós-graduação em Direito da UNISINOS (mestrado e doutorado). Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS, 2012. CHAUI, Marilena. O que é Ideologia. 30ª ed. São Paulo: Brasiliense,1989. DIAP. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Radiografia do Novo Congresso: Legislatura 2019-2023. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/send/13-radiografia-do-novo-congresso/962-radiografia-do- novo-congresso-legislatura-2019-2023 Acesso em: 29 dez. 2020. DWORKIN, Ronald. A Virtude Soberana: a teoria e a prática da igualdade. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 294 EAGLETON, Terry. Ideologia: uma introdução.[Tradução: Silvana Vieira, Luís Carlos Borges]. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997. IASI, Mauro. Alienação e ideologia: a carne real das abstrações ideais. Marx e a dialética da sociedade civil. Marília, Oficina Universitária, p. 95-124, 2014. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) et al. Retrato das desigualdades de gênero e raça - 4ª ed. - Brasília: 2011. 39 p.: il. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_trabalho_domestico_remunerado.html . Acesso em: 29 dez. 2020. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. trad. Luis Cláudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes. 2001. ____; ____ Manifesto do partido comunista. Global Editora e Distribuidora Ltda., 2015. PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia; tradução Maria de Fatima Oliva do Coutto, Dorothée de Bruchard. 1 ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020. SELIGER, Martin. Ideology and Politics. Londres, 1976. THOMPSON, John B. Studies in the Theory of Ideology. Cambridge, 1984.