Gasto en protección social. Aspectos económicos

Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO Escuela Internacional de Alta Formación en Relaciones Laborales y de Trabajo de ADAPT Comité de Gestión Editorial Alfredo Sánchez-Castañeda (México) Michele Tiraboschi (Italia) Directores Científicos Mark S. Anner (Estados Unidos), Pablo Arellano Ortiz (Chile), Lance Compa (Estados Unidos), Jesús Cruz Villalón (España), Luis Enrique De la Villa Gil (España), Jordi García Viña (España), José Luis Gil y Gil (España), Adrían Goldin (Argentina), Julio Armando Grisolia (Argentina), Óscar Hernández (Venezuela), María Patricia Kurczyn Villalobos (México), Lourdes Mella Méndez (España), Antonio Ojeda Avilés (España), Barbara Palli (Francia), Juan Raso Delgue (Uruguay), Carlos Reynoso Castillo (México), María Luz Rodríguez Fernández (España), Raúl G. Saco Barrios (Perú), Alfredo Sánchez-Castañeda (México), Michele Tiraboschi (Italia), Anil Verma (Canada), Marcin Wujczyk (Polonia) Comité Evaluador Henar Alvarez Cuesta (España), Fernando Ballester Laguna (España), Francisco J. Barba (España), Ricardo Barona Betancourt (Colombia), Miguel Basterra Hernández (España), Carolina Blasco Jover (España), Esther Carrizosa Prieto (España), Mª José Cervilla Garzón (España), Juan Escribano Gutiérrez (España), María Belén Fernández Collados (España), Alicia FernándezPeinado Martínez (España), Rodrigo Garcia Schwarz (Brasil), Sandra Goldflus (Uruguay), Miguel Ángel Gómez Salado (España), Estefanía González Cobaleda (España), Djamil Tony Kahale Carrillo (España), Gabriela Mendizábal Bermúdez (México), David Montoya Medina (España), María Ascensión Morales (México), Juan Manuel Moreno Díaz (España), Pilar Núñez-Cortés Contreras (España), Eleonora G. Peliza (Argentina), Salvador Perán Quesada (España), Alma Elena Rueda (México), José Luis Ruiz Santamaría (España), María Salas Porras (España), José Sánchez Pérez (España), Esperanza Macarena Sierra Benítez (España), Carmen Viqueira Pérez (España) Comité de Redacción Omar Ernesto Castro Güiza (Colombia), Maria Alejandra Chacon Ospina (Colombia), Silvia Fernández Martínez (España), Paulina Galicia (México), Noemi Monroy (México), Maddalena Magni (Italia), Juan Pablo Mugnolo (Argentina), Lavinia Serrani (Italia), Carmen Solís Prieto (España), Marcela Vigna (Uruguay) Redactor Responsable de la Revisión final de la Revista Alfredo Sánchez-Castañeda (México) Redactor Responsable de la Gestión Digital Tomaso Tiraboschi (ADAPT Technologies) Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO Volumen 9, número especial sobre Nuevas formas de protección social, 2021 @ 2021 ADAPT University Press – ISSN 2282-2313 Gasto en protección social. Aspectos económicos* Patrocinio FERNÁNDEZ GENIZ** Dolores GÓMEZ DOMÍNGUEZ*** RESUMEN: El gasto en protección social es el principal estabilizador automático desde el lado del gasto para atenuar la fase recesiva de los ciclos económicos. En los países de la Eurozona existen, desde su configuración, importantes diferencias en el gasto en protección social. Esta divergencia se ha visto acentuada con las políticas de austeridad implementadas para superar las crisis económicas que se producen tras la crisis financiera internacional. Al inicio de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, España estaba entre los países de la Eurozona con tasas más elevadas de riesgo de pobreza y exclusión social y el gasto en protección social dedicado a la lucha contra la pobreza y exclusión social tenía un peso relativo menor respecto a los países de la zona. La actual crisis ha conducido a replantearse la función que los programas de garantías mínimas de inserción juegan en la reducción de las tasas de pobreza, y a la aparición de una nueva prestación no contributiva, el Ingreso Mínimo Vital. Palabras clave: Gasto en protección social, renta mínima de inserción, ingreso mínimo vital, pobreza, exclusión social. SUMARIO: 1. Introducción 2. El gasto en protección social en la Eurozona. 3. Rentas Mínimas de Inserción. 4. Ingreso Mínimo Vital. Un análisis de los datos. 5. A modo de conclusión. 6. Bibliografía. * Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación Nacional Nuevas formas de protección social ante los cambios productivos (RTI2018-098794-B-C32). ** Profesora Titular de Escuela de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Universidad de Sevilla (España). *** Profesora Titular de Escuela de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Universidad de Sevilla (España). GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 5 @ 2021 ADAPT University Press Spending on Social Protection. Economic Aspects ABSTRACT: Spending on social protection is the main automatic stabilizer on the expenditure side to cushion the recessionary phase of economic cycles. In the countries of the Eurozone, there have been significant differences in expenditure on social protection since its inception. This divergence has been accentuated by the austerity policies implemented to overcome the economic crises following the international financial crisis. At the beginning of the health crisis caused by Covid-19, Spain was among the countries of the Eurozone with the highest rates of risk of poverty and social exclusion, and spending on social protection dedicated to the fight against poverty and social exclusion was relatively less than the countries of the zone. The current crisis has led to a rethinking of the role of minimum insertion guarantee programs in reducing poverty rates, and to the emergence of a new non-contributory benefit, the Ingreso Mínimo Vital. Key Words: Spending on social protection, minimum insertion income, ingreso mínimo vital, poverty, social exclusion. PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 6 www.adapt.it 1. Introducción La protección social constituye una parte fundamental del Estado del Bienestar y los instrumentos desarrollados para cumplir con esta función cubren determinados riesgos de la población como son el desempleo, la enfermedad, la incapacidad, la vejez, la salud-enfermedad y problemas estructurales crecientes como pueden ser la desigualdad y la pobreza. Además, la protección social es el principal estabilizador automático desde el lado del gasto para atenuar los ciclos recesivos en la economía. En este siglo, se han producido en Europa dos importantes crisis económicas de naturaleza bien distinta, la primera de ellas se produce tras la crisis financiera internacional 1 y tiene su origen en el sector financiero, y la segunda, cuando todavía algunos países no se habían recuperado de la primera, tiene su origen en una crisis sanitaria. Los efectos adversos que las crisis producen en la población, fundamentalmente en términos de empobrecimiento, serían mayores sin las funciones de protección social. No obstante, en el entorno de la Unión Europea y de la Eurozona existen diferencias en materia de protección social, no tanto en cuanto a las funciones que cubren como en la evolución experimentada y el esfuerzo, en términos de gasto, que cada país destina. En España, el Estado de Bienestar comienza a desarrollarse plenamente con la llegada del periodo democrático, mientras que, en las democracias europeas, su desarrollo se había producido en la primera mitad del pasado siglo y acelerado tras la segunda guerra mundial 2 . Este desarrollo tardío ha implicado, para el caso de España y de otras democracias de posterior incorporación a la Unión Europea (UE), un diferencial con respecto a las economías del centro y norte de Europa, que en materia de protección social suponía entre 4 y 5 puntos menos de gasto en proporción al Producto Interior Bruto (PIB) con anterioridad a que se iniciara el proceso de convergencia que nos llevó a la integración en la Unión Monetaria 3 . Los ajustes necesarios para cumplir los criterios de convergencia hicieron que los gastos en protección social no pudieran acomodar su crecimiento para converger con las economías más avanzadas de la UE, presentando en el año 2000 un diferencial de 6 puntos menos de gasto sobre PIB que la UE 4 . 1 En España se fecha en el periodo 2008-2013. 2 Vid. F. COMÍN, El desarrollo del Estado del bienestar en España, en Historia y Política, 1999, n. 2, pp. 7-38, y F. COMÍN, L. GALVEZ, De la Beneficencia al Estado del Bienestar, pasando por los seguros sociales, en Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 2010, n. 4, pp. 9-18. 3 Vid. R. DÍAZ-REGAÑON GARCÍA-ALCALA, Gasto en Protección Social en la Unión Europea. Un análisis Necesario, en Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, 2001, n. 4, p. 112. 4 Formada en aquel momento sólo por 15 estados. GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 7 @ 2021 ADAPT University Press No obstante, y pese a imperar políticas de contención de gasto, en los países del sur de Europa se llevaron a cabo reformas en materia de protección social que permitieron ampliar la cobertura en determinadas funciones, como la atención a las familias y la dependencia 5 . A finales de la primera década del presente siglo, la mayor parte de las economías europeas, fundamentalmente las del sur de Europa, sufren los efectos de las crisis económicas que siguen a la crisis financiera internacional de 2007. Durante el periodo de desarrollo de la crisis, que en el caso de España se prolonga hasta finales de 2013, los gastos sociales de determinadas funciones se incrementan como consecuencia de la fuerte elevación del desempleo y también como consecuencia del creciente peso de las pensiones de vejez fruto del envejecimiento de la población. Al tiempo, se precariza el mercado laboral e incrementan las tasas de pobreza, consecuencia de las políticas de austeridad 6 y el déficit en programas de garantía de ingresos mínimos. Las consecuencias en España son un incremento de la desigualdad y del riesgo de pobreza y exclusión social de la población 7 . Aunque iniciado el periodo de recuperación se reducen los indicadores de desigualdad y de riesgo de pobreza y exclusión, en 2019 no se había logrado volver a los valores previos a la anterior crisis económica. En 2019, año previo a la declaración de la pandemia de la Covid-19, el índice de GINI se situaba en España en 33, algo más de un punto por encima del dato de 2007. El indicador de pobreza y exclusión social armonizado a nivel europeo se situaba en 25,3, un punto y medio por encima del dato de 2008. Aunque el indicador de desigualdad se ha reducido en 2020 hasta el 32,1, no ha sucedido así en el de pobreza, que ha aumentado hasta el 26,4 8 . La evolución del AROPE antes de la pandemia indica que no se habían 5 Vid. M. PETMESIDOU, A.M. GUILLÉN, Can the welfare state as we know it survive? A view from the crisis-ridden South European periphery, en South European Society and Politics, 2014, vol. 10, n. 3, pp. 295-307. 6 Vid. J. CALERO, R. MAROTO, Los efectos del ajuste fiscal en las economías periféricas de la zona euro II: actualización, Fundación Ideas, 2013. 7 La desigualdad del ingreso, medida a través del índice de Gini, se elevó en el periodo 2007-2014 en 2,8 puntos, situándose en 2014 en 34,7, con una diferencia respecto al conjunto de la Eurozona de 3,7 puntos (la diferencia en 2007 era de 1,9 puntos). El indicador de pobreza y exclusión social AROPE (at Risk of Poverty or Social Exclusión) se elevó del 23,8 en 2008 al 29,2 en 2014, incrementándose la diferencia con la Eurozona del 2,1 de 2008 al 5,7 de 2014. 8 Datos disponibles en Eurostat. Los datos del índice de Gini pueden consultarse en EUROSTAT, Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey, en ec.europa.eu/eurostat, 14 octubre 2021, y los relativos al indicador AROPE en EUROSTAT, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex, en ec.europa.eu/eurostat, 27 octubre 2021. PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 8 www.adapt.it logrado los objetivos marcados en la estrategia 2020 en materia de reducción de la pobreza 9 . El objetivo marcado por el gobierno en este punto era la reducción de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en al menos 1.400.000 personas en el periodo 2009-2019. Sin embargo, en lugar de lograrse esta reducción, el saldo neto ha sido un aumento de 1.000.805 personas más en riesgo de pobreza y exclusión social 10 , que el desarrollo posterior de la pandemia elevaría a 12.495.000 personas en 2020 11 . En España y otros países de nuestro entorno, la crisis financiera y posterior crisis económica condicionó el desarrollo de políticas de ajuste que han incidido en las prestaciones sociales y agudizado la desigualdad y la pobreza. En esta situación, se produce la pandemia, la crisis sanitaria y la consecuente crisis económica, que, entre otros aspectos, conlleva replantearse el papel de la protección social en un entorno en el que las economías de la UE se enfrentan al envejecimiento de la población, que incrementará el número de pensionistas y el gasto en pensiones, la precarización del mercado laboral, que ha hecho aumentar la ratio de trabajadores pobres, además de las transformaciones introducidas por el cambio tecnológico y la digitalización, cuya incidencia en el mercado laboral está todavía por determinar, pero que sin un esquema de protección social adecuado que asegure el ingreso y niveles de subsistencia, puede seguir incrementando la desigualdad y la pobreza, y alejarnos de los objetivos de la Agenda 2030 12 . En los siguientes apartados de este trabajo, se analiza la evolución del gasto en protección social en las economías de la Eurozona poniéndose de manifiesto las diferencias existentes en el esfuerzo y entre las distintas funciones de gasto en la Eurozona; y se analizan los datos de los programas de gasto destinados al objetivo de reducción de pobreza en España mediante garantía de ingresos, las Rentas Mínimas de Inserción y la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital. 9 En 2010, la Comisión de la Unión Europea presentó la comunicación Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 3 marzo 2010, COM(2010)2020. Fruto del trabajo desarrollado desde cada país, en las líneas señaladas en la comunicación, fue, en el caso de España, el Programa Nacional de Reformas de 2011. 10 Vid. EAPN-ES, 10° Informe 2020. El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019, 2020, p. 8. 11 Vid. EAPN-ES, El estado de la pobreza en España 2021. Avance de resultados, 2021, p. 7. 12 Conjunto de 17 objetivos entre los que se especifican «el compromiso de erradicar la pobreza y conseguir una sociedad justa sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades» (EAPN-ES, El estado de la pobreza en España 2021. Avance de resultados, cit., p. 4). GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 9 @ 2021 ADAPT University Press 2. El gasto en protección social en la Eurozona El gasto en protección social con relación al porcentaje del PIB mide el esfuerzo que cada país hace en esta materia y se ve influenciado por el ciclo económico y por el desarrollo de catástrofes y otros sucesos adversos, como la actual pandemia, que hacen necesario destinar más recursos para cubrir determinadas necesidades de la población. Además, el gasto en protección social, del que una parte importante es el gasto en pensiones de vejez, también responde a factores como son el envejecimiento de la población. En el entorno europeo, el gasto en protección social se puede analizar, a efectos de establecer comparaciones, utilizando los datos de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) 13 . Partiendo de esta fuente, en el cuadro 1 se recoge la evolución del gasto en protección social 14 medido en porcentaje del PIB para los países de la Eurozona. En 2010, este gasto representaba el 28,6% del PIB para el conjunto de la Unión Europea 15 y el 29,3% para el conjunto de la Eurozona. Esta proporción de gasto presenta diferencia entre países, moviéndose en el año 2010 en el intervalo entre el 17,4% que presenta Estonia y el 33,2% que presentaba Francia. Por encima del dato de la Eurozona, además de Francia, estaban Alemania, Bélgica, Austria y Países Bajos, este último con el mismo valor que el de la Eurozona. España ocupaba la posición doce con un porcentaje de gasto en protección social sobre el PIB, 4,5 y 4,3 puntos por debajo del dato de la Eurozona y del conjunto de UE, respectivamente. Cuadro 1 – Gasto en protección social en los países de la Eurozona (% del PIB) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 UE 27 28,6 28,3 28,7 29,1 28,9 28,6 28,5 28,1 27,9 Eurozona 29,3 29 29,4 29,8 29,7 29,3 29,2 28,9 28,7 Bélgica 29,6 29,9 29,7 30 30 29,8 29,2 28,9 28,7 Alemania 30 28,8 28,9 29,2 29,1 29,4 29,6 29,6 29,6 13 Mediante la metodología establecida por SEEPROS (Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social) con el objeto de armonizar e integrar los niveles de protección social de los distintos Estados de la Unión Europea que cuentan con sistemas de seguridad social diferentes. 14 Recoge, además de los gastos de administración y otros gastos, los debidos a enfermedad y cuidados de salud; pensiones de discapacidad, vejez y supervivencia; prestaciones de desempleo, de ayudas a las familias y niños, de alojamiento y prestaciones por riesgo de exclusión social no contempladas entre los anteriores. 15 Se consideran los actuales 27 Estados Miembros. PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 10 www.adapt.it Estonia 17,4 15,5 14,9 14,8 14,8 16 16,4 16 16,4 Irlanda 25,1 24,5 23,9 22,9 21 16 15,8 14,8 14,2 Grecia 26,1 27,8 28,5 26,6 26,2 26,2 26,5 25,6 25,3 España 24,8 25,5 25,7 26 25,5 24,7 23,8 23,4 23,5 Francia 33,2 33 33,8 34,2 34,5 34,3 34,3 34 33,7 Italia 28,7 28,4 29,1 29,7 29,8 29,7 29,2 28,9 28,8 Letonia 18,2 15,3 14,2 14,6 14,5 14,8 15 14,8 15,2 Lituania 19,1 17 16,3 15,4 15,3 15,7 15,4 15,1 15,8 Luxemburgo 22,5 21,8 22,7 23,1 22,5 22,1 21,3 21,9 22,6 Malta 18,9 18,8 18,7 18,3 17,8 16,4 16,4 15,7 15,4 Países Bajos 29,3 29,9 30,6 30,8 30,6 29,9 29,5 29,3 28,9 Austria 29,6 28,8 29,2 29,6 29,8 29,9 29,9 29,4 29,2 Portugal 25,8 25,8 26,4 27,6 26,9 25,7 25,1 24,6 24 Eslovenia 24,4 24,4 24,7 24,6 23,9 23,8 23,2 22,6 22 Eslovaquia 18,1 17,7 17,8 18,2 18,4 18 18,4 18,2 18 Finlandia 29,1 28,7 29,9 31 31,7 31,8 31,6 30,6 30,1 Suecia 28,3 27,9 29 29,8 29,3 29 29,4 28,7 28,3 Fuente: elaboración propia basada en EUROSTAT, Expenditure: main results, en ec.europa.eu/eurostat, 18 octubre 2021 El gasto en protección social pasó a representar un peso mayor sobre el producto en los años que coinciden con el desarrollo de la crisis económica que siguió a la crisis financiera internacional, y que supuso el rescate e intervención en el caso de Irlanda, Grecia y Portugal, y el rescate financiero en el caso de España. En ese periodo incrementa el peso de los gastos ocasionados por la cobertura del desempleo y de las pensiones de vejez, dado el progresivo envejecimiento de la población que, en España, se produce con algún retraso con respecto a otros países europeos 16 . Los últimos datos disponibles en Eurostat corresponden a 2018, e indican, en la mayoría de los casos, una reducción con respecto al dato de partida 16 Vid. J.I. CONDE-RUIZ, M. DÍAZ, C. MARÍN, J. RUBIO-RAMÍREZ, Evolución del Gasto Público por Funciones durante la crisis (2007-2014): España vs UE, Documento de Trabajo FEDEA, 2016, n. 9, p. 3. GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 17 @ 2021 ADAPT University Press más elevados junto al dato de Francia y Finlandia. En esta función, cuya evolución esta muy vinculada a la evolución del ciclo económico y la situación del mercado laboral, se ha producido una disminución importante del dato para casi todas las economías, si lo comparamos con el dato de 2010 en plena crisis económica. El desempleo en España registró una tasa en 2010 del 19,9% y llegó a alcanzar en 2013 el 26,1%; en 2018 la tasa era del 15,3% 18 (gráfico 3). Gráfico 3 – Gasto en prestaciones por desempleo (% del PIB) y tasas de desempleo (2010 y 2018) Fuente: elaboración propia basada en EUROSTAT, Employment rates by sex, age and citizenship (%), en ec.europa.eu/eurostat, 13 septiembre 2021 Las prestaciones de la función familia y niños, vivienda y exclusión social se sitúan en España por debajo de la media de la Eurozona. La ayuda de la función familia fue en 2018 del 1,3%, casi un punto por debajo del dato de la Eurozona, las ayudas para alojamiento (vivienda) se situaron en el 0,1% frente al 0,4% de la Eurozona y las de exclusión social en el 0,2%, siendo en la Eurozona de media del 0,6%. Sin embargo, estas prestaciones, al margen del peso que representan en el gasto en protección social, tienen una importancia fundamental por las contingencias que cubren para mitigar la situación de pobreza, elevada en algunos países de la Eurozona (gráfico 4) y agravada por la situación de pandemia. 18 Datos obtenidos de Eurostat (Labor Force Survey) y calculados como porcentaje de la población desempleada sobre la población activa, disponibles en EUROSTAT, Unemployment rates by sex, age and citizenship (%), en ec.europa.eu/eurostat, 10 septiembre 2021. -4 1 6 11 16 21 UE 27 Eurozona Bélgica Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Malta P.Bajos Austria Portugal Eslovenia Eslovaquia Finlandia Gasto desempleo 2010 Gasto desempleo 2018 Desempleo 2010 Desempleo 2018 PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 18 www.adapt.it Gráfico 4 – Tasas de pobreza (2018) Fuente: elaboración propia basada en las estadísticas de ingresos y condiciones de vida (ILC) de Eurostat 19 Los países bálticos, España, Grecia e Italia ocupan las primeras posiciones en los indicadores de pobreza. En el indicador de riesgo de pobreza o exclusión social que incluye aspectos adicionales a las rentas monetarias, España ocupaba, en 2018, la quinta posición con el 26,1% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. De este indicador no se dispone de datos posteriores para todos los países, pero en el caso de España el indicador habría retrocedido en 2019 hasta el 25,3% y en 2020 se ha elevado 19 Los datos de tasa de riesgo de pobreza o exclusión están disponibles en EUROSTAT, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex – new definition, en ec.europa.eu/eurostat, 1° octubre 2021, y los de tasa de pobreza monetaria en EUROSTAT, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex – EU-SILC and ECHP surveys, en ec.europa.eu/eurostat, 1° octubre 2021. 0 5 10 15 20 25 30 35 Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Tasa de pobreza monetaria GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 19 @ 2021 ADAPT University Press hasta el 26,4%, lo que supone más de un punto en el año de la pandemia. La tasa de pobreza monetaria 20 , sitúa a España, en 2018, en la cuarta posición, por detrás de las economías bálticas. Un estudio de Eurostat 21 que estima la tasa de riesgo de pobreza (AROP) en la población de 18 a 64 años para 2020, concluye que para la UE en conjunto la tasa sólo se habría elevado en 0,2 puntos como consecuencia de la pandemia, en la mitad de los países el incremento habría sido moderado, pero en un grupo de países, entre los que además de España estarían otros países de la eurozona como Austria, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Eslovenia, el incremento habría sido significativo. Sin embargo, este aumento no se habría producido en el grupo de 65 años o más, protegidos por los sistemas de pensiones. Entre los países de la Eurozona se observan diferencias en el esfuerzo en materia de protección social, un cierto retroceso en el gasto, especialmente en los países más afectados por las crisis económicas posteriores a la crisis financiera internacional de 2007 y en las funciones de gasto, aunque el mayor peso se concentra, para todos los países, en el pago de pensiones de jubilación y prestaciones sanitarias. Cerramos este análisis del gasto en protección social en la Eurozona con una ordenación de los países de la Eurozona en función del PIB per cápita y del gasto en protección social por habitantes respectivamente (cuadro 4). Cuadro 4 – Ordenación de los países de la Eurozona PIB por habitante Gasto de protección social por habitante 1 Luxemburgo 80.470 1 Luxemburgo 16.030,88 2 Irlanda 58.570 2 Alemania 11.602,17 3 Países Bajos 40.000 3 Países Bajos 11.304,87 4 Austria 39.430 4 Austria 11.247,65 5 Alemania 38.100 5 Francia 11.093,24 6 Bélgica 36.380 6 Finlandia 10.352,07 7 Finlandia 34.340 7 Bélgica 10.234,43 EUROZONA 32.930 EUROZONA 9.478,69 20 Porcentaje de población con ingresos inferiores al 60% del ingreso mediano después de transferencias. 21 Vid. EUROSTAT, Early estimates of income inequalities during the 2020 pandemic, en ec.europa.eu/eurostat, 2021. PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 20 www.adapt.it 8 Francia 32.070 UE 8.709,45 9 Malta 31.650 8 Italia 8.357,40 UE 30.870 9 Irlanda 7.275,66 10 Italia 30.060 10 España 6.456,79 11 España 28.170 11 Eslovenia 5.810,55 12 Chipre 27.960 12 Portugal 5.679,61 13 Eslovenia 26.910 13 Grecia 5.192,63 14 Lituania 25.110 14 Chipre 5.005,59 15 Estonia 25.030 15 Malta 4.763,19 16 Portugal 24.130 16 Estonia 4.162,08 17 Eslovaquia 21.770 17 Lituania 4.156,57 18 Letonia 21.290 18 Eslovaquia 4.132,41 19 Grecia 20.510 19 Letonia 3.283,32 Fuente: elaboración propia basada en EUROSTAT, Main GDP aggregates per capita, en ec.europa.eu/eurostat, 21 octubre 2021, y en EUROSTAT, Expenditure: main results, en ec.europa.eu/eurostat, 18 octubre 2021 Los países con mayor PIB per cápita son los que tienen, por lo general, un mayor gasto en protección social por habitante, con la excepción de Irlanda, que ocupa la segunda posición en PIB per cápita y la novena posición en protección social por habitante. Luxemburgo, que es el país que ocupa la primera posición en ambos conceptos, tiene un gasto en protección social por habitante más de un 69% superior al dato del conjunto de la Eurozona; Alemania, que ocupa la segunda posición en gasto y la quinta en PIB per cápita, tiene un gasto por habitante, un 22% superior al de la Eurozona y sin embargo su PIB per cápita es sólo el 15,7% superior. España e Italia ocupan posiciones intermedias en ambas columnas. El PIB per cápita de España es un 14,4% inferior al de la Eurozona y su gasto por habitante en prestaciones sociales un 31,8% inferior. En la parte inferior de la tabla coinciden los países con menor PIB per cápita y menor gasto, con algunas excepciones, como es el caso de Grecia, en la última posición en PIB por habitante y en la posición 13 en gasto por habitante. GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 21 @ 2021 ADAPT University Press 3. Rentas Mínimas de Inserción Dentro de los sistemas de protección social destinados a paliar la pobreza y exclusión social, existen diferentes modelos de prestaciones de carácter económico. Por un lado, están las pensiones y las prestaciones sociales y asistenciales, vinculadas al sistema de la Seguridad social, y por otro lado, las prestaciones proporcionadas por las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, como es el caso de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI). Los programas de rentas mínimas de inserción tienen como objetivo fundamental, garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas de las personas y familias que carecen de suficientes recursos económicos. Son programas dedicados a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, en algunos casos, están vinculados a programas de inserción laboral, incorporando también el trabajo como elemento de inclusión. Este sistema de rentas mínimas se instauró en España en los años noventa del pasado siglo, en virtud de las competencias que, en el ámbito de asistencia social, les fueron otorgadas a las CCAA. En este caso, son las administraciones regionales las que toman la iniciativa de desarrollar un sistema de Rentas Mínimas. Dado que este sistema se ha descentralizado y desarrollado a nivel regional, hay diferencias sustanciales en la ordenación de esta materia en función de la región, tanto en la cuantía como en los requisitos para su obtención (edad, residencia) y en las condiciones para el acceso (duración, unidades de convivencia, número de prestaciones) 22 . A partir de los datos recogidos en los Informes de Rentas Mínimas de Inserción publicados en la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se puede analizar la evolución de las rentas mínimas de inserción por CCAA en el periodo 2010-2019. En la siguiente tabla (cuadro 5) se recoge la cuantía mínima que se puede otorgar por perceptor y la cuantía máxima por unidad de convivencia, en cada una de las CCAA así como en las ciudades de Ceuta y Melilla, tanto para el año 2010 como en el 2019, y que se ilustran en la gráfico 5. 22 Todos los requisitos que deben cumplir los perceptores de las RMI y las diferencias entre los sistemas de rentas mínimas de las distintas CCAA se pueden consultar en los Informes de Rentas Mínimas de Inserción, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 22 www.adapt.it Cuadro 5 – Cuantía mínima y máxima de la RMI por CCAA (2010-2019) Cuantía mínima Cuantía máxima 2010 2019 Variación 2010 2019 Variación Andalucía 392,65 419,52 6,84% 633,3 779,87 23,14% Aragón 441 491 11,34% 621,26 1.080 73,84% Asturias 436,41 448,28 2,72% 720,08 739,65 2,72% Baleares 396,31 457,31 15,39% 776,57 1.312,50 69,01% Canarias 472,16 486,9 3,12% 658,54 679,10 3,12% Cantabria 426,01 430,27 1% 665,64 672,30 1% Castilla-La Mancha 372,76 546 46,47% 536,77 1.100,40 105% Castilla y Leon 399,38 430,27 7,73% 532,51 699,19 31,30% Cataluña 414,12 644 55,51% 786,83 1.181 50,10% Ceuta 300 300 0% 420 420 0% Extremadura 399,38 537,84 34,67% 532,51 860,54 61,60% Galicia 399,38 403,38 1% 601,73 726 20,65% Madrid 375,55 400 6,51% 532,51 900 69,01% Melilla 379,98 458,64 20,70% 633,30 767,40 21,17% Murcia 300 430,27 43,42% 638 806,76 26,45% Navarra 633,30 623,63 -1,53% 949,95 1.247,25 31,30% País Vasco 650,19 667,05 2,59% 923,56 947,51 2,59% La Rioja 372,76 430,27 15,43% 372,76 672,30 80,36% Comunidad Valenciana 385,18 630 63,56% 621,26 990 59,35% TOTAL 418,24 486,03 16,21% 639,85 872,57 36,37% Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2011, 2012, y MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, AGENDA 2030, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2019, 2020 GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 23 @ 2021 ADAPT University Press Gráfico 5 – Variación cuantía mínima y máxima por CCAA (2010-2019) Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2011, 2012, y MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, AGENDA 2030, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2019, 2020 Se puede observar una gran disparidad entre la cuantía mínima que se concede en las distintas CCAA, en 2010 las más elevadas se encuentran en País Vasco (650,19 €) y Navarra (633,3 €), ambas por encima de los 600 €, seguidas por Canarias (472,16 €), Asturias (436,41 €) y Cantabria (426,01 €), todas por encima de la media (418,24 €). Las CCAA que en 2010 presentan una cuantía mínima menor son Ceuta y Murcia (300 €), Castilla la Mancha y la Rioja (372,76 €), Melilla (379,98 €) y Comunidad Valenciana(385,18 €). Por tanto, hay una diferencia de 350,19 € entre la que presenta la cuantía mínima mayor (País Vasco) y la que presenta la cuantía mínima menor (Ceuta y Murcia), que supone una diferencia de un 116,73% de la cuantía mayor sobre la menor. En 2019, se observa que en la mayoría de las Comunidades se ha producido un incremento de esta cuantía mínima (gráfico 6). Esta variación es especialmente destacable en la Comunidad Valenciana (63,56%) que pasa a tener en 2019 una de las cuantías mínimas más elevadas (630 €); en Cataluña 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 CUANTÍA MÍNIMA 2010 CUANTÍA MÍNIMA 2019 CUANTÍA MÁXIMA 2010 CUANTÍA MÁXIMA 2019 PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 24 www.adapt.it se produce también un incremento considerable del 55,51% y en CastillaLa Mancha del 46,47%. Gráfico 6 – Variación cuantía mínima por CCAA (2010-2019) Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2011, 2012, y MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, AGENDA 2030, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2019, 2020 En otras Comunidades, sin embargo, la variación que se ha producido es nula o prácticamente imperceptible, como es el caso de Ceuta (0%) que sigue siendo la ciudad con la cuantía mínima menor (300 €), Cantabria y Galicia (1%), Navarra, que en este caso experimenta un decremento (-1,53%), País Vasco (2,59%), Asturias (2,72%) y Canarias (3,12%), si bien, País Vasco y Navarra siguen siendo de las Comunidades Autónomas donde la cuantía mínima es mayor (667,05 € y 623,63 € respectivamente). En 2019, la diferencia entre la que presenta la cuantía mínima mayor (País Vasco) y la que presenta la cuantía mínima menor (Ceuta) es de 367,05 €, lo que supone una diferencia, en términos porcentuales, de un 122,35%. Con respecto a la cuantía máxima que se otorga por unidad de convivencia, también se aprecia disparidad en la cuantía entre las distintas Comunidades Autónomas (gráfico 7). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2010 2019 VARIACIÓN% GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 25 @ 2021 ADAPT University Press Gráfico 7 – Variación cuantía máxima por CCAA (2010-2019) Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2011, 2012, y MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, AGENDA 2030, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2019, 2020 En 2010, las Comunidades que presentan una mayor cuantía máxima son Navarra (949,95 €), País Vasco (923,56 €), Cataluña (786,83 €) y Baleares (776,57 €). Las que presentan una menor cuantía máxima son La Rioja (372,76 €), Ceuta (420 €). Por tanto, hay una diferencia de 577,19 € entre la que presenta la cuantía mayor (Navarra) y la que presenta la cuantía menor (La Rioja), que en términos porcentuales supone una diferencia de un 154,84%. Con respecto a las cuantías máximas en 2019, se puede observar que se ha producido un incremento bastante considerable en la mayoría de las CCAA, siendo Castilla la Mancha (1.100,4 €) y La Rioja (672,30 €) las que han experimentado un mayor crecimiento (105% y 80,36% respectivamente). A pesar de estos incrementos tan elevados, las Comunidades que en 2019 presenta una mayor cuantía máxima son Baleares (1.312,50 €) , Navarra (1.247,25 €) y Cataluña (1.181 €), y las que presenta una menor cuantía son Ceuta (420 €) Cantabria y La Rioja (672,30 €). 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2010 2019 VARIACIÓN % PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 26 www.adapt.it En 2019, la diferencia entre la Comunidad que presenta la cuantía mayor (País Vasco) y la que presenta la cuantía menor (Ceuta) es de 367,05 €, menor que la de 2010, lo que supone una diferencia en términos porcentuales de un 87,39%. Este incremento en las cuantías mínimas y máximas concedidas como rentas mínimas de inserción en las distintas CCAA ha dado lugar a un aumento en el gasto total ejecutado por las administraciones regionales, que ha ido acompañado a su vez por un aumento en el número de perceptores (gráfico 8 y cuadro 6) Gráfico 8 – Evolución gasto total ejecutado y total de perceptores (2010-2019) Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, AGENDA 2030, El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2019, 2020 Cuadro 6 – Gasto total ejecutado y n. perceptores (2010-2019) Gasto total ejecutado (millones €) N. total perceptores Gasto ejecutado/perceptor (€) 2010 766,73 511.295 1.499,59 2011 843,11 547.663 1.539,48 2012 854,75 556.857 1.534,95 2013 1.040,62 637.573 1.632,16 2014 1.167,03 616.885 1.891,82 2015 1.359,58 789.672 1.721,7 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millones € GASTO TOTAL EJECUTADO Nº PERCEPTORES GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 33 @ 2021 ADAPT University Press Las previsiones iniciales del gobierno en el momento de su aprobación estimaban que podrían tener acceso a la ayuda unos 2,3 millones de personas integradas en 850.000 hogares y esto supondría un coste estimado de 3.000 millones de euros. La renta garantizada oscilaría en 2021 entre 470 euros al mes para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores, o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor, es decir un 30% adicional por miembro a partir del segundo con un máximo de 220%. Para las familias monoparentales, la garantía de renta se incrementa en un 22%. En el mes de junio de 2020 se convirtieron de oficio a la nueva prestación 74.119 hogares perceptores de la prestación por hijo a cargo. El numero de beneficiarios de esa conversión fue 251.346, de los que un 54% eran menores. Además, se registraron en ese mes 344.585 solicitudes, lo que sumado a los hogares de conversión directa, si todas se hubieran aprobado, supondría casi el 50% de la estimación inicialmente realizada 33 . Los últimos datos disponibles que corresponden al mes de mayo fijan la cifra para ese mes en 260.206 perceptores (hogares), con 682.808 beneficiarios y una cuantía media mensual por hogar de 448,67 € (cuadro 8), media que resultaría inferior a la cuantía de garantía fijada para un hogar con una sola persona. Una simple operación supondría un gasto en pago de la prestación de ese mes de 116,75 millones, que si se elevara a los 12 meses del año supondría 1.401 millones de euros, algo menos del 50% del importe de gasto previsto inicialmente. Según los datos de expedientes tramitados por provincias, de un total de 1.329.945 expedientes válidos, se ha tramitado más del 81%, aprobados 276.086, es decir, el 20,75% y denegado el 77% 34 . El volumen de solicitudes sería una muestra de la sensación de vulnerabilidad de las familias y el volumen de denegación lo sería de lo estrictas que son las condiciones para el acceso. Los beneficiarios son en mayor proporción mujeres en todas las Comunidades Autónomas, para el conto nacional representan el 55,64% de beneficiarias frente al 44,35% de beneficiarios. Además, más del 44% de los beneficiarios son menores, siendo uno de los objetivos de la prestación proteger de la pobreza severa a este grupo de población. en España? El ingreso mínimo vital, en esta Revista, 2021, n. 1, pp. 140-146. 33 Estos datos se han extraído de los Informes de Rentas Mínimas de Inserción publicados en la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 34 Los datos provinciales se han extraído de SEGURIDAD SOCIAL, El Ingreso Mínimo Vital llega en mayo a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, en revista.seg-social.es, 17 mayo 2021. PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 34 www.adapt.it Cuadro 8 – Distribución de beneficiarios por sexo y edad, por CCAA (hasta mayo 2021) CCAA Total de beneficiarios Sexo Edad Hombres % Mujeres % Menores % Andalucía 217.692 97.756 44,91 119.922 55,09 86.501 39,74 Aragón 1.9378 8.743 45,12 10.630 54,86 8.149 42,05 Asturias 1.5691 6.472 41,25 9.217 58,74 6.713 42,78 Baleares 8.004 3.602 45 4.402 55 3.281 40,99 Canarias 29.128 11.867 40,74 17.258 59,25 10.164 34,89 Cantabria 7.619 3.285 43,12 4.334 56,88 3.189 41,86 Castilla-La Mancha 24.611 10.967 44,56 13.641 55,43 10.624 43,17 Castilla y león 31.621 14.192 44,88 17.427 55,11 12.340 39,02 Cataluña 46.410 20.457 44,08 25.951 55,92 21.549 46,43 Comunidad Valenciana 83.028 36.765 44,28 46.254 55,71 33.720 40,61 Extremadura 21.555 9.392 43,57 12.163 56,43 8.621 40 Galicia 32.213 13.833 42,94 18.379 57,05 12.261 38,06 Madrid 70.482 31.339 44,46 39.139 55,53 30.974 43,95 Murcia 24.748 11.149 45,05 13.597 54,94 10.581 42,75 Navarra 9.780 4.258 43,54 5.521 56,45 4.336 44,34 País vasco 2.5546 11.602 45,42 1.3943 54,58 5.962 23,34 La Rioja 4.499 2.037 45,28 2.462 54,72 1.907 42,39 Ceuta 5.129 2.422 47,22 2.701 52,66 2.316 45,16 Melilla 5.674 2.710 47,76 2.964 52,24 2.765 48,73 TOTAL 682.808 302.848 44,35 379.905 55,64 275.953 40,41 Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, IMV. Principales datos según comunidad autónoma y provincia, 2021 Finalmente, en el cuadro 9, se recoge la distribución de la prestación por tipo de hogar, extrayéndose de una rápida lectura de estos datos, en consonancia con lo anterior, que, para todas las comunidades autónomas, las prestaciones recaen, en más del 50%, en hogares con menores. Para el GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 35 @ 2021 ADAPT University Press conjunto del país, la proporción de hogares con menores es del 61,76%, este porcentaje se sitúa en el 79 y 76,6% para las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, respectivamente, y por encima del 71% en las Comunidades de Asturias y Cataluña. Si se calcula de porcentaje de beneficiarios de cada territorio sobre su población, serían Melilla y Ceuta, con el 6,5% y el 6,1%, respectivamente, y Andalucía y Extremadura, con el 2,6 y 2%, respectivamente, los que tendrían una mayor cobertura relativa de su población. El porcentaje de beneficiarios de la población de cada comunidad en riesgo de pobreza y exclusión social nos indica que la nueva prestación sería percibida por más del 15% de la población en esta situación en Ceuta y Melilla, pero sin embargo, la tercera posición en cobertura de este grupo de población por la nueva prestación la ocupa la Comunidad Foral de Navarra, el 12,3% de la población en riesgo recibe la nueva prestación, y sin embargo es la comunidad con el indicador AROPE más bajo (sólo del 12). Por el contrario, en Extremadura con un AROPE del 38,7%, solo estaría cubierta por la prestación el 5,2% de su población en riesgo. Las cuantías medias más altas por perceptor se registran en Madrid (524,12 €) y Navarra y Asturias, ligeramente por encima de 514 €. Más del 28% de las prestaciones corresponden a hogares monoparentales. Esta proporción se eleva hasta el 40 y el 37% en Asturias y Navarra. Cuadro 9 – Prestaciones por tipo de hogar por CCAA (hasta mayo 2021) CCAA Número de Prestaciones Hogares monoparentales Otros Hogares con menores Hogares sin menores % Hogares con menores Andalucía 80.034 21.523 30.141 28.370 64,55 Aragón 7.212 1.924 2.432 2.856 60,40 Asturias 6.195 2.503 1.909 1.783 71,22 Baleares 3.236 778 966 1.492 53,89 Canarias 12.980 4.329 2.650 6.001 53,77 Cantabria 2.840 915 1.015 910 67,96 Castilla-La Mancha 8.828 2.721 3.328 2.779 68,52 Castilla y León 12.475 2.888 4.050 5.537 55,62 PATROCINIO FERNÁNDEZ GENIZ, DOLORES GÓMEZ DOMÍNGUEZ 36 www.adapt.it Cataluña 16.203 5.285 6.380 4.538 71,99 Comunidad Valenciana 31.602 8.730 10.779 12.093 61,73 Extremadura 8.290 2.506 2.827 2.957 64,33 Galicia 1.3224 4.003 3.695 5.526 58,21 Madrid 2.4726 7.024 9.467 8.235 66,69 Murcia 8.619 2.489 3.382 2.748 68,12 Navarra 3.695 1.368 1.039 1.288 65,14 País Vasco 15.405 3.032 1.313 11.060 28,21 La Rioja 1.702 464 558 680 60,05 Ceuta 1.397 364 707 326 76,66 Melilla 1.543 455 765 323 79,07 TOTAL 260.206 73.301 87.403 99.502 61,76 Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, IMV. Principales datos según comunidad autónoma y provincia, 2021 5. A modo de conclusión El periodo entre crisis acentuó las diferencias en materia de protección social entre las economías avanzadas del Centro de Europa y las periféricas del sur. A su tradicional retraso, en algunos casos motivado por el desarrollo más tardío del Estado del Bienestar, se une el provocado por la política de austeridad implementada en la crisis económica que se desencadena a partir de la crisis financiera internacional. En España, por un lado, el gasto en protección social no fue suficiente para contener el aumento de la pobreza, y por otro, cuando se inicia la recuperación, la reducción del desempleo se produjo en empleos más precarios y con menores salarios, lo que condujo a que la recuperación del empleo no se tradujera en igual medida en la reducción de las tasas de pobrezas. Además, el gasto destinado a exclusión social, no contemplado en las funciones más arraigadas (pensiones, sanidad, desempleo), representaba una proporción muy pequeña. Los programas de garantías de ingresos han sido fundamentalmente competencia de las Comunidades Autónomas, sin que existiera una mínima armonización nacional, por lo que convivían 17 sistemas diferentes, que no GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL. ASPECTOS ECONÓMICOS 37 @ 2021 ADAPT University Press cumplían la función de redistribución hacia la población más vulnerable e introducían un cierto grado de inequidad entre territorios. Aunque estaba en el acuerdo del gobierno de coalición, la crisis sanitaria y como consecuencia, la crisis económica aceleró la implantación de una nueva prestación monetaria no contributiva del sistema de Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital, que implanta una renta garantizada mínima, a nivel nacional, para la población en condiciones de pobreza. Cuando se aprobó la prestación, se estimó que 850.000 hogares podrían ser beneficiarios de la misma. Según los últimos datos disponibles, el 30,6% de los hogares ya lo son. Tendrá que transcurrir más tiempo, para que una mayor disponibilidad de datos permita un análisis más riguroso sobre la incidencia de esta nueva prestación en la reducción de la pobreza. 6. Bibliografía ÁLVAREZ CORTÉS J.C. (2020), Una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social: el ingreso mínimo vital. Análisis del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, en Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, n. 56 ARÉVALO QUIJADA M.T., FERNÁNDEZ GENIZ M.P., GÓMEZ DOMÍNGUEZ D. (2020), Fundamentos económicos de la renta básica universal y del trabajo garantizado, en Trabajo, vol. 38, pp. 122-138 CALERO J., MAROTO R. 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En colaboración con el DEAL – Centro de Estudios Internacionales y Comparados del Departamento de Economía Marco Biagi (Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia), ADAPT ha promovido la institución de una Escuela de Alta formación en Relaciones Laborales y de Trabajo, hoy acreditada a nivel internacional como centro de excelencia para la investigación, el estudio y la formación en el área de las relaciones laborales y el trabajo. Informaciones adicionales en el sitio www.adapt.it. Para más informaciones sobre la Revista Electrónica y para presentar un artículo, envíe un correo a [email protected]