El gasto público en I+D+I en el sistema energético español

XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 1 ELGASTO PÚBLICO EN I+D+i EN EL SISTEMA ENERGÉTICO ESPAÑOL Cantos, José Mª Josemaria.ca[email protected] Balsalobre Lorente, Daniel Daniel.b[email protected] Departamento de Economía Aplicada Universidad de Castilla-LA Mancha Resumen La política energética española durante los últimos años ha estado muy sesgada hacia la sustitución de fuentes energéticas tradicionales, muy contaminantes, por otras renovables. La gran cantidad de recursos públicos que se están destinando a financiar la producción de estas energías contrasta con la creciente escasez general de recursos y con la reducida aportación pública a la I+D+i en el sector energético. Utilizando un modelo de Curva de Kuznets Ambiental, hemos obtenido evidencia sobre la relación de las políticas de I+D+i energéticas con las emisiones de gases contaminantes. Además, nuestros resultados indican que el apoyo público a la I+D+i en eficiencia energética podría ser más eficaz que el mismo gasto aplicado a la investigación en el sector de las energías renovables, aunque estos últimos resultados no son concluyentes. Palabras clave: energías renovables, eficiencia energética, gasto público en I+D+i energético JEL Codes: P28, P48, Q48 XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 2 1.- Sistema energético e intervención pública Desde las primeras décadas del S. XX en muchos países se consideró que el sistema energético constituía un sector estratégico de las economías nacionales por dos tipos de razones. Primero, porque su carácter horizontal para el resto de sectores impone la necesidad de garantizar el abastecimiento de las principales fuentes, desigualmente repartidas por el mundo, con el fin de evitar un colapso derivado de comportamientos estratégicos de los países productores (seguridad de abastecimiento). En segundo lugar, porque los requerimientos tecnológicos de la producción y distribución de muchas de las fuentes energéticas, incluso dentro del propio país, constituyen un elemento distorsionador para un mercado de libre competencia, generando posiciones dominantes capaces de alterar el precio que se obtendría en condiciones competitivas. Por lo que se refiere a este segundo motivo, es cierto que en el plano teórico cabe cuestionar el tradicional requisito de la competencia perfecta asentado en postulado de que debe darse una situación en la que concurran muchos oferentes y muchos demandantes, para acercarse más a la idea de libre competencia esbozada ya hace muchas décadas por algunos representantes de la Escuela Austríaca, consistente en la necesidad de relajar la exigencia formal de una multitud de concurrentes en ambos lados del mercado, por otra más centrada en el grado de concurrencia posible que permita las condiciones técnicas objetivas de cada mercado1. En todo caso, lo cierto es que las imperfecciones que se dan en la práctica totalidad del resto de mercados impedirían alcanzar la eficiencia en el mercado energético para la inmensa mayoría de economías actuales. El recurso a la teoría de los fallos del mercado parece inevitable en un mundo como el actual, y lo que sería exigible, en todo caso, es que la intervención pública sea eficiente. La sostenibilidad del crecimiento económico comienza a ocupar la agenda de ciertos organismos internacionales, sobre todo, a partir de la creación del Club de Roma (1968), con su primera publicación de renombre mundial en 1972, a pesar de que no ha podido contrastarse el catastrofismo que se desprendía de sus conclusiones2. Contaminación, impacto negativo sobre la población mundial y escasez de recursos energéticos, son términos que pasarían a formar parte, no solo del acervo del ecologismo como movimiento social, sino también del propio acervo de la investigación en muchos campos y, entre ellos, el económico. A lo largo de las últimas tres décadas, este movimiento en torno a la sostenibilidad ha ido permeabilizando cada vez más los objetivos de las políticas públicas, hasta el punto de que ha surgido con fuerza una tercera razón a tener en cuenta a la hora de considerar al sector energético como un sector estratégico: la necesidad de lograr una producción y un consumo de energía sostenibles, por cuanto que en ningún otro sector como en éste se personaliza de manera tan nítida el impacto medioambiental negativo de los procesos económicos. Por tanto, la acción pública en el campo energético cuenta con tres poderosas razones que la respaldan: la estratégica, la necesidad de lograr un mercado eficiente y la de controlar el impacto medioambiental, si bien, una buena parte de la última bien podría subsumirse en la segunda a modo de restricción, toda vez que implica la internalización de los costes 1 En relación con la concepción austríaca del término “competencia perfecta” acuñado desde los clásicos, véase Rothbard, M. N. (1970). 2 Véase “Los límites del crecimiento”, el primer informe de trascendencia encargado al MIT en 1972. Otros acontecimientos pioneros fueron la celebración de la primera “Cumbre de la tierra” (1972), en Estocolmo, la adopción de la “Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza” (1982), la creación en el seno de la ONU de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1983), o el denominado Informe Brundtland (“Nuestro futuro común”) en 1987. XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 3 ambientales en los procesos de producción, distribución y consumo. Desde el punto de vista formal, el ejercicio de optimización podría consistir en determinar la cantidad mínima de energía a producir (y consumir) dadas unas necesidades de crecimiento económico, sujeto a una estructura de costes determinada basada en un sistema de precios socialmente eficientes. Sin embargo, la sencillez que se desprende de la exposición del problema se encuentra tan alejada de la realidad que resultaría poco práctico, por ineficaz, aproximarse al problema de esta forma global, además de los recelos que suscita el empleo de un enfoque del tipo dictador benevolente. Es preciso, por tanto aproximarse a esta cuestión con un enfoque parcial. Cuando nos enfrentamos al problema económico de analizar una medida de política energética, se precisa ir más allá del puro resultado en términos de eficacia, una vez fijado y cuantificado el objetivo, y una vez fijados y acotados los indicadores de costes. En nuestro caso, el objeto de interés son ciertas medidas públicas (las de I+D+i) adoptadas en España con el fin de reducir las emisiones contaminantes en los procesos de producción y consumo de energía, hasta adecuarlas a las exigencias de la Unión Europea, lo que implica una drástica reducción de las emisiones que se vienen observando3. Para conseguir este objetivo final, pueden establecerse, groso modo, dos objetivos intermedios: reducir la producción y/o consumo de las fuentes energéticas más contaminantes y sustituirlas por otras más respetuosas con el medio ambiente; o bien, conseguir mejorar la eficiencia energética general del sistema económico. En cuanto al primero de estos objetivos, la sustitución de fuentes muy contaminantes (básicamente de origen fósil) puede trasladarse hacia fuentes de energía nuclear o de otras renovables, cuyas emisiones contaminantes son significativamente menores. Dos problemas surgen cuando se adopta esta estrategia: por un lado, el mas o menos presente rechazo social que ocasiona la producción nuclear, y por otro, el diferencial positivo de costes que representan el resto de fuentes renovables por unidad energética producida, lo que impulsa un aumento considerable en el coste tarifario4. Por lo que se refiere a la energía nuclear, el alto coste de planta se compensa sobradamente con los bajos costes unitarios de producción, algo que está fuera de toda duda si se computan exclusivamente los costes financieros, pero que suscita no poca controversia cuando se contemplan, siquiera en el plano formal, los costes asociados al riesgo de catástrofe, teniendo en cuenta que este tipo de cálculos son difíciles de realizar debido a las extraordinarias secuelas que provocarían, además, por tiempo indefinido. Por su parte, el uso de energías renovables tiene como contrapunto un coste unitario significativamente superior, lo que conlleva, en el mejor de los casos, que la sustitución energética eficiente no tendrá lugar sino en el largo plazo5. La intervención administrativa se enfrenta, por tanto, a una disyuntiva como la descrita, pero aún puede elegir entre interiorizar costes (allí donde es 3 Entre las normas dictadas por la UE en materia de eficiencia energética, se encuentran la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la Directiva 2006/32/CE, sobre eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. 4 Según los datos que viene manejando la patronal UNESA, tan solo el 45,6% de la factura eléctrica corresponde al consumo de electricidad, mientras que el resto debe cubrir las primas a las energías renovables (22,5%), el IVA y el Impuesto sobre la Electricidad (18,7%), anualidades abonadas a consecuencia del déficit tarifario acumulado de años anteriores (6,1%), compensaciones extra-peninsulares (3%), y conceptos varios, incluida la moratoria nuclear, Elcogas, los planes de calidad y de ahorro y eficiencia energética (4,1%). A su vez, el coste de las primas aludido es casi el equivalente al coste total de generación (24,8%), incluido dentro del 45,6%. 5 Por lo que se refiere al diferente coste financiero de producción por fuentes energéticas (en euros por MW/H), los datos proporcionados por ENERCLUB para 2008 indican un coste de 430 para la solar fotovoltaica, 84 para la eólica, 60 para el gas, 52 para el carbón, 45 para la hidráulica y 36 para la nuclear. Dicho de otro modo, el coste del KW/H de la solar fotovoltaica representa casi 12 veces el de la nuclear, 9,5 veces el de la hidráulica y 8,3 veces el del carbón. XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 4 posible) y dejar que sea el mercado el que elija el mix energético, o sustituir la voluntad del mercado promocionando un determinado tipo de fuentes renovables en detrimento de otras, a sabiendas de que este último comportamiento va más allá de la licencia obtenida con cargo a la teoría de los fallos del mercado. El segundo de los objetivos intermedios que puede plantearse la intervención administrativa es mejorar la eficiencia energética general del sistema económico, esto es, se trata de conseguir reducir la ratio de energía consumida por unidad de PIB, medido por el índice de intensidad energética, lo que automáticamente redundaría en una reducción de las emisiones contaminantes, ceteris paribus. Esta estrategia incide en el lado de la demanda, modulando la demanda final de productores y del sector residencial. En cuanto al primero, el objetivo a alcanzar es la mejora tecnológica aplicada a los procesos de producción y de distribución de energía, así como a la fabricación y/o explotación de herramientas y máquinas utilizadas en otros procesos productivos, o destinadas al uso particular. En este sentido, lo que subyace en cualquier estrategia de mejora de la eficiencia energética es el papel clave que representa el gasto en I+D+i, tanto público como privado (Mansfield y Switzer, 1994; Fernández, 2007; Hamilton y Turton, 2002; Fisher-Vanden 2004; Yuxiang y Chen, 2010; Ruiz, 2010). Por lo que se refiere al conjunto de demandantes finales de energía, puede decirse que hay dos tipos de medidas que inciden de manera especial sobre la eficiencia: la incorporación de los costes externos a la tarifa regulada, así como una adecuada estructura de la misma, de manera que evidencie de forma clara ante los agentes económicos los incentivos para perseguir un comportamiento eficiente, por un lado, y las campañas de concienciación ciudadana sobre consumo responsable (y de apoyo público, en su caso), por otro. En todo caso, en las medidas de promoción de la eficiencia energética es aconsejable no perder de vista que el uso de campañas de concienciación basadas en la sustitución subvencionada de bienes de producción o de consumo final, solo son eficientes (incluso eficaces) cuando previamente se ha establecido una escala de precios regulados que proporcione incentivos en la misma dirección que las proporcionadas por esas medidas de concienciación y apoyo directo. En relación con las medidas que deben incidir en una escala de precios finales que proporcione incentivos a la eficiencia, parece existir práctica unanimidad en la literatura económica sobre la idea de una necesaria adecuación del precio final al coste real del servicio, algo que técnicamente sería muy sencillo si los propios costes financieros en la fase de producción, transporte, distribución y consumo de la energía, reflejaran en su integridad los costes totales. Como es perfectamente conocido que esto no es así, al existir efectos externos negativos (básicamente ambientales) no computados en todas las fases citadas, una tarifa de precios finales socialmente eficiente debe incluir tal impacto negativo si se pretende que los incentivos que proporcione al consumidor vayan en la misma dirección que el resto de incentivos proporcionados por otras medidas complementarias. Ahora bien, mientras que técnicamente es posible localizar y determinar, en la mayoría de las ocasiones, los costes no financieros asociados a los procesos de producción y transporte de la energía, resulta más difícil localizar y cuantificar dichos costes asociados al consumo final cuando la energía se utiliza, a su vez, como input en la producción de bienes y servicios. Para estos casos y para el resto de casos de uso final de la energía (uso residencial), existe una herramienta que permite incorporar los efectos externos negativos a la tarifa de precios finales: los impuestos especiales sobre el consumo de energía. Si la tarifa final recoge adecuadamente los costes financieros y no financieros, entonces generará incentivos para mejorar la eficiencia energética. En caso contrario, el impacto beneficioso que pudieran tener otras medidas de XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 5 política energética sobre la eficiencia, quedarán contrarrestados y el sistema energético, en general, y los impuestos especiales, en particular, serán ineficientes. Por eso, una regulación energética adecuada requiere de una herramienta útil para lograr la eficiencia (Linares, 2002), generando incentivos en los agentes. Dentro de estos incentivos destacan los del cambio tecnológico, que permite mejoras permanentes en la eficiencia. Otra ventaja de los instrumentos de precios es que, al no reducir el precio efectivo de la energía, se elimina a corto plazo el efecto rebote, a la vez que es compatible con otros incentivos como las subvenciones públicas para la realización de inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética. El carácter irreversible de las inversiones en ahorro y eficiencia da lugar a que la percepción de una subida de precios sea más intensa que la que se experimenta ante una bajada de los mismos, reforzando la eficacia de este tipo de instrumentos. Otro tipo de instrumentos al servicio de la mejora en la eficiencia son los denominados instrumentos económicos de cantidad, donde el regulador busca reducir la cantidad consumida de energía. Se trata de medidas que imponen objetivos a las empresas distribuidoras o comercializadoras de energía, con ciertos grados de libertad para elegir la forma de alcanzar el objetivo, centrándose sobre todo en el ámbito doméstico. Sin duda, esta fórmula es marcadamente intervencionista y compleja de implantar, puesto que se precisa disponer de una valoración objetiva adaptada al mercado, que debe ir ajustándose periódicamente en función de los logros obtenidos. Incluso podría permitirse a las empresas comerciar con las ganancias de eficiencia obtenidas, previamente su acreditación a través de una especie de certificado, dando lugar a un mercado secundario6. Un tercer bloque de medidas regulatorias pasa por el establecimiento de estándares mínimos obligatorios, referidos a un nivel determinado de eficiencia mínima en equipos, edificios o procesos industriales. Frente al establecimiento de impuestos especiales o cánones, estas medidas se caracterizan porque proporcionan un menor rechazo de los agentes económicos en la medida en que son poco observables. Además, requieren una baja complejidad administrativa. En definitiva, las referidas características han hecho de estas medidas un instrumento de los más utilizados en la mayoría de países, pese a que también cuenta con desventajas, como el posible “efecto rebote” (el consumo energético global no disminuye proporcionalmente a esta mejora, e incluso podría aumentar), o el impacto socialmente regresivo, en ciertos casos7. A pesar de todo, la experiencia internacional ha consolidado estos instrumentos como habituales para conseguir mejoras en la eficiencia energética en el medio y largo plazo8. Finalmente, se encuentran las medidas destinadas a mejorar la información y la sensibilización de los consumidores por la eficiencia energética, por medio de campañas de información, la introducción de conceptos de eficiencia energética en los materiales 6 Aunque este tipo de medidas están previstas en la Directiva 2006/32/CE, la Comisión Europea se muestra muy cautelosa al respecto y todavía se está analizando si realmente se trata de una herramienta adecuada para mejorar la eficiencia energética. 7 Los requisitos de eficiencia impuestos por la normativa sobre los aparatos eléctricos pueden tener carácter regresivo cuando los individuos de baja renta prefieren recurrir a aparatos menos eficientes pero más baratos, estando dispuestos a renunciar el sobrecoste de la inversión (prefieren aparatos poco eficientes), en favor de unos mayores costes de operación (mayor consumo de energía). Este trueque ocurriría cuando el nivel de uso del aparato se encuentra por debajo de cierto umbral. 8 En Gillingham, Newell y Palmer (2009) se concluye que los estándares energéticos aplicados a electrodomésticos constituyen una de las medidas más eficientes para la reducción del consumo. En el transporte, merece destacar el Reglamento europeo aprobado en Diciembre de 2008, donde se establece un límite de emisiones de 120 gramos de CO2 por km, en el año 2012, para toda la industria del automóvil, fijándose una sanción de 20 € por gramo y kilómetro que supere el límite de 130 gramos. Para 2013, la sanción asciende a 35 euros, a 60 euros en 2014 y a 95 euros en 2015. XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 6 educativos, la inclusión del etiquetado energético en equipamientos, la inclusión en las facturas de información sobre consumos históricos, la financiación de equipos de bajo consumo, o el fomento de auditorías energéticas. En favor de estas medidas se encuentra que no generan oposición pública, no alterando (o haciéndolo mínimamente) la conducta de los agentes. Las desventajas más importantes son que suponen un coste para el sector público (sobre todo si se subvencionan compras) cuya efectividad es difícilmente evaluable. Pese a todo, estas medidas también están muy extendidas en los países occidentales, siempre acompañadas de otra serie de iniciativas. 2. Principales aspectos de la política energética reciente en España Sustitución de fuentes v. eficiencia energética La Agencia Internacional de la Energía (AIE) viene identificando a lo largo de sus informes que existen una serie de factores vinculados a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan un cambio climatológico, y ha realizado proyecciones augurando importantes efectos adversos a largo plazo9. La propia política energética de la Unión Europea viene estableciendo una serie de directrices en orden a la reducción de las emisiones contaminantes, aportando también una serie de recomendaciones encaminadas a lograr este amplio objetivo y que inciden, tanto en la sustitución progresiva de fuentes energéticas contaminantes, como en la adopción de medidas que mejoren la eficiencia energética10. Sin embargo, la experiencia obtenida a partir de la intervención regulatoria llevada a cabo en España en los últimos 15 años, ha estado orientada, mayoritariamente, a la promoción de las energías renovables por encima de cualesquiera otras. Como se muestra en el Gráfico 1.1, el esfuerzo en el gasto en I+D+i ha sido más que contenido, y prácticamente se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 35 años en términos reales, salvo durante algunos años de la 2ª crisis del petróleo (1982-1984), y en el período 1990-1992. Además, si observamos la distribución de dicho gasto entre las principales fuentes, se aprecia cómo el esfuerzo investigador se viene centrando en el desarrollo de las fuentes renovables y en la energía de fuente nuclear, con notable menoscabo del apoyo a medidas que mejoren la eficiencia energética (Gráfico 2). En este sentido, es claro el sesgo que se ha producido por parte de la política energética española hacia el objetivo intermedio de la sustitución de fuentes, lo que ha dado lugar a una peculiar composición de la tarifa eléctrica (como se ha visto en la nota nº 4), con el agravante de que no se ha llegado a trasladar a la propia tarifa todo el coste que representan las primas al régimen especial de generación, sino tan solo la anualidad financiera correspondiente a la enorme deuda acumulada que puede alcanzar la cifra de 29.000 millones de euros al finalizar 201211. En consecuencia, el impacto de la política 9 Basándose en el análisis del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPPC, siglas en inglés), la AIE plantea como escenario energético alternativo (BLUE) aquel que contempla una reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 50% para limitar el calentamiento global hasta 2-4 grados centígrados a finales de siglo. Así, según el último informe sobre Prospectiva de Tecnologías Energéticas 2008-2050 de la AIE, dentro del escenario BLUE, se concluye que una mejora en la eficiencia energética podría contribuir a la reducción global de emisiones en casi un 50%. 10 La Directiva 2006/32/CE estableció los aspectos básicos para regular los certificados de emisiones y fija un objetivo mínimo de ahorro energético del 9% en 2016, mientras que la Directiva 2009/28/CEE proponía objetivos a largo plazo para los Estados miembros en materia de producción renovable (en el caso de España, debería alcanzarse el 20%). 11 El Real Decreto 14/2010 prevé que el déficit de tarifa debe anularse para 2013, lo que implica que el coste total de la producción y distribución de la electricidad deberá trasladarse necesariamente a la tarifa eléctrica. Sin embargo, el déficit anual acumulado a agosto de 2012 ya alcanzaba los 3.611 millones de euros, superando ampliamente los 1.500 millones autorizados para el conjunto de 2012 por parte de la citada norma. XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 7 energética hace que el sistema en su conjunto esté teniendo unos costes que más que duplican los de generación y que, progresivamente, se están haciendo cada vez más visibles para los demandantes finales de energía eléctrica. Además, esta tendencia de los últimos años se está viendo reforzada por la fuerte y persistente subida de los precios del crudo, acompañada de una gran volatilidad que obedece, en una parte importante, al repunte que ha experimentado la inestabilidad política en las regiones productoras. Gráfico 1.1: Gasto público español en medidas de I+D+i para eficiencia energética (106€ de 2010) Gráfico 1.2: Evolución del gasto público en medidas de I+D+i por países España: eje derecho. Fuente: AIE. Gráfico 2: Gasto público en I+D+I energética en España por objetivo de la investigación (1990-2008) En millones de euros de 2010. Fuente: AIE. Aunque esta situación caracterizada por frecuentes períodos de volatilidad en los mercados del crudo no es nueva, puesto que viene arrastrándose desde la década de los pasados años setenta, la tendencia sostenida del precio al alza está potenciando una reorientación hacia el autoabastecimiento energético por parte de muchos países occidentales que no poseen recursos fósiles, reforzando de este modo las medidas que vendrían motivadas exclusivamente por razones ambientales. 0 20 40 60 80 100 120 140 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 76,117 73,228 101,652 101,872 60 80 100 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2002 2005 2007 2009 France German y Japan United States Spain 0 10 20 30 40 50 60 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Eficiencia energética Fuentes fósiles Energías renovables Nuclear XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 8 El panorama energético actual en España, con una elevada dependencia de las importaciones de fuentes energéticas fósiles superior al 80% del total, unas necesidades de corrección de emisiones contaminantes que todavía alcanzan una gran dimensión a pesar del estancamiento del PIB durante 4 años, y un precio final de la energía por encima de la media europea merced al sobrecoste de las medidas de sustitución de fuentes impulsadas a lo largo de la última década, está elevando a la categoría de imprescindible la apuesta decidida por el otro objetivo intermedio de la política energética, hasta ahora casi abandonado: la consecución de mejoras de eficiencia en el sistema en su conjunto. La opción preferente, hasta ahora, por las medidas regulatorias centradas en la sustitución de fuentes, ha supuesto un considerable desgaste del sector de las energías renovables al coincidir en unos pocos años dos circunstancias con implicaciones opuestas: la gran intensidad con que se han venido implantando las fuentes renovables, y la llegada de la profunda y pertinaz crisis económica. El choque entre la desmesurada cuantía que el Estado debe aportar en concepto de prima, y la caída no menos desmesurada de los ingresos públicos, ha dado lugar a retoques a la baja en las primas a percibir, generando un clima de incertidumbre sobre el sector de las renovables que puede complicar más el cumplimiento de los compromisos medioambientales por parte de España. Probablemente, las duras circunstancias actuales constituyan algo más que una excusa para cambiar la estrategia energética, ponderando más la eficiencia que la sustitución de fuentes. Habría que confiar en que se lleve a cabo un estudio de coste beneficio para determinar la estrategia a seguir con el fin de alcanzar los objetivos energéticos finales, y evitar que sean los acontecimientos los que se pongan delante de la planificación para impulsar un cambio de estrategia más centrado en la mejora de la eficiencia energética. Fijarse como objetivo intermedio una mejora de la eficiencia implica actuaciones sobre empresas y sobre particulares, teniendo en cuenta que el ahorro esperado por la aplicación de estas medidas contribuye, no solo a reducir el nivel de emisiones de GEI a la atmósfera, sino que produce también desbordamientos (spillovers) positivos sobre la eficiencia en todo el sistema económico (ENERCLUB, 2009). En la estrategia de eficiencia, las medidas de oferta pasan necesariamente por aplicar un mayor esfuerzo en I+D+i, aspecto que, en el terreno de la investigación económica, ha llenado durante décadas incontables páginas cuyas conclusiones mayoritariamente refrendan las tesis del impacto significativamente positivo sobre la eficiencia de cualquier proceso productivo. Si el gasto privado en I+D+i se estima como positivo en este terreno, entonces el apoyo público a estas iniciativas quedaría justificado. Ante esta serie de barreras, el papel reservado a la intervención pública pasa por incentivar el ahorro energético a través de diversos instrumentos regulatorios dirigidos a los demandantes finales de energía (empresas y particulares): formación, activación del mercado del ahorro y la eficiencia energética, e inducción de acciones encaminadas en esta dirección. Entre la batería de instrumentos regulatorios se encuentran los instrumentos económicos de precio y cantidad, las medidas de “mandato y control”, las medidas destinadas a mejorar la información y sensibilización de los consumidores, y la financiación de actividades de I+D+i, ya sea de iniciativa pública o privada. Solo desde fechas recientes se vienen aplicando en España estrategias de eficiencia energética, instrumentadas por medio de los Planes de Acción para el Ahorro y la Eficiencia Energética: Plan 2005-2007, Plan 2008-2012 y el reciente Plan 2011-2020. Todos estos planes se basan en la financiación conjunta entre el sector público (Administración Central y CCAA) y el sector privado, aunque el esfuerzo público apenas XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 9 ha representado 1.500 millones de euros durante el periodo 2005-2010, lo que supone un esfuerzo anual de 250 M/€, cifra poco significativa si se compara con los 7.942 M/€ que costaron al sector público las renovables en 2010, o los 18.000 M/€ que va a costar el conjunto del sistema regulatorio energético en 2012 a las arcas públicas. El plan de Acción 2008-2012 contemplaba un escenario que permitiría alcanzar el objetivo fijado por la UE para España de mejora de eficiencia energética en un 20% para 2020, lo que requeriría que la tasa de crecimiento interanual del consumo en energía primaria se redujera hasta el 1,07%. Sin embargo, la profundidad y duración de la actual crisis pronto ha dejado obsoletos los cálculos e, incluso, la estrategia general para el sector eléctrico. El Consejo de Ministros ha aprobado el 29 de julio de 2011, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, de acuerdo con la Directiva 2006/32/CE, en lo que constituye el 2º Plan de Acción Nacional. El Plan incorpora un análisis costebeneficio que arroja unos beneficios económicos totales de 78.687 millones de euros (8.330 millones de euros derivados de las emisiones evitadas de CO2 y 70.357 millones por ahorro de energía primaria) para el conjunto del período, de los que el 53% corresponde a la industria, el 22% a los procesos de transformación de la energía y el 19% al transporte, con apenas impacto sobre la agricultura, los servicios públicos y el sector de edificación y equipamiento. De los cerca de 46.000 millones de euros en que se valoran las necesidades de inversión, la aportación pública se estima en el 10,8%, representando 552 M/€ por año, cifra que más que duplica la asignación de la etapa anterior (250 M/€), a pesar del escenario de recesión y de bajo crecimiento en el que se desenvuelve12. Sin duda que es importante actuar sobre la demanda final de energía de las empresas con medidas como las descritas, pues no en vano absorben más del 33% de la energía consumida. Los últimos informes disponibles apuntan a comportamientos ineficientes en el sector de las PYMEs, donde poco más de la mitad realizan labores de mantenimiento de sus instalaciones, menos del 10% han realizado auditorías energéticas y solamente el 27% han implantado alguna medida de ahorro. Y esto sin olvidar el ahorro potencial de los hogares españoles, puesto que son responsables del 30% del consumo; en este sentido, estimaciones realizadas ya en 2002 por UNESA, situaban el consumo energético en un 30% superior al consumo de un hogar medio en Europa13. Finalmente, la parte más importante del consumo energético final corresponde al sector del transporte, con un 37%, sector que es el principal responsable del incremento experimentado por el indicador de intensidad energética del sistema eléctrico en su conjunto (IDAE, 2011). Como puede verse, todo apunta a que existe un importante recorrido para las políticas de fomento del ahorro energético y de mejora de la eficiencia, teniendo en cuenta que esta estrategia resulta complementaria a la de sustitución de fuentes para conseguir alcanzar los objetivos finales, tanto en lo que se refiere a la reducción de emisiones de gases contaminantes, como a la reducción de la dependencia exterior. Se trataría de lograr que el índice de intensidad energética flexione a la baja a medio y largo plazo, con independencia de los vaivenes que provoca el ciclo económico, rompiendo una tendencia que hasta 2005 parecía no tener fin, sobre todo cuando en el índice se utiliza la variable de energía final. Esto es lo que ilustra el Gráfico 3, donde la intensidad energética (IE) se calcula como el cociente entre el consumo energético y el PIB. En la serie que comienza en 1990, la IE ha seguido una senda ascendente al rebufo de un elevado ritmo de mejora 12 Véase el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020; IDAE. 13 Aproximadamente, el 30% del consumo energético lo realizan las familias españolas, correspondiendo el 15% al uso del coche y el otro 15% a los usos domésticos; dentro de éstos, destacan los gastos destinados a calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), aunque el consumo en climatización está aumentando muy rápidamente. XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 16 cuadrática en forma de U-invertida entre el nivel de emisiones y el nivel de renta per cápita (Correa, 2007:22). La fuente es INE. I+D+Energtot(-2); I+D+i renov(-2); I+D+i efi-ener(-2). Representan el Gasto Público en I+D+i en el sector energético en España, en renovables y en eficiencia energética, respectivamente, con un retardo de dos períodos. Los datos han sido elaborados por la AIE (2011): “IEA Energy Technology R&D Statistics, Database, donde se desagrega a nivel nacional el presupuesto público en I+D+i destinado a eficiencia energética, energías renovables, nuclear, así como el resto de actividades energéticas, como son fuentes fósiles y otros (Gráfico 5). Su elaboración se hace a precios y tipo de cambio de 2010, y están en términos per cápita (INE, 2012). La ecuación a estimar utiliza como variable endógena las emisiones de gases de efecto invernadero en España en términos per cápita (GEIpc), para el periodo 1990-200816. Una primera versión del modelo (Modelo 1) permitirá ver cuál es el punto de quiebra de la CKA, indicando los requerimientos de renta per cápita necesarios para que la sociedad empiece a experimentar una reducción en el nivel de GEI per cápita. Siguiendo la metodología habitualmente utilizada por muchos trabajos de este tipo, la estimación se lleva acabo mediante una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), utilizando como variables independientes la renta per cápita a precios constantes de 2000 (PIBPC), así como la expresión cuadrática de dicha variable (PIB2pc), responsable de la forma de U-invertida de la función principal (Correa, 2007:22)17. Gráfico 5: Distribución del Presupuesto Público en I+D+i por Tecnología Energética Fuente: IAE (2010) TABLA 1 Modelo 1: GEIpc (t)=α +β1 PIBpc (t)+β2PIB2pc(t)+ε(t) Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1990-2008 (T = 19) Variable dependiente: GEIpc Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p Const -0,995786 3,55845 -0,2798 0,78319 PIBpc 0,000972392 0,000494274 1,9673 0,06673 * PIB2pc -2,09432e-08 1,67949e-08 -1,2470 0,23034 16 El motivo por el que cortamos la serie histórica en 2008 se debe a dos razones. Por un lado, con el objeto de poder comparar directamente los resultados obtenidos en Cantos y Balsalobre (2011) con los actuales. Por otro, se trata de evitar los efectos no deseados de la profunda y persistente caída del PIB durante los años de la crisis, sobre el resultado de la estimación. 17 La literatura empírica viene verificado el cumplimiento de la CKA a través de un modelo de regresión lineal estimado por MCO. Este método ha sido ampliamente utilizado para analizar la relación entre el crecimiento económico y la degradación medioambiental (Grosssman y Krueger, 1991; Andreoni y Levinson, 1998; Correa, 2004; Saravia, 2004, entre otros). Eficiencia energética 11% Fuentes Fósiles 6% Energías renovables 42% Nuclear 28% Hidrógeno y pilas 7% Otras tecnologías 6% XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 17 Punto de quiebra de la CKA (-β1/2 β2) = 23.214,98 € Media de la vble. dep. 8,731053 D.T. de la vble. dep. 0,981467 Suma de cuad. residuos 2,489850 D.T. de la regresión 0,394481 R-cuadrado 0,856402 R-cuadrado corregido 0,838452 F(2, 16) 47,71093 Valor p (de F) 1,81e-07 Log-verosimilitud -7,653774 Criterio de Akaike 21,30755 Criterio de Schwarz 24,14087 Crit. de Hannan-Quinn 21,78706 Rho 0,683790 Durbin-Watson 0,695198 Hipótesis nula: no hay autocorrelación Hipótesis nula: no hay heterocedasticidad Contraste CUSUM de estabilidad de los parámetros - Hipótesis nula: no hay cambio en los parámetros Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente Como se indica en la Tabla 1, los requerimientos de renta para que comience a corregirse el deterioro medioambiental parecen considerablemente elevados, cumpliéndose la forma cuadrática en forma de U-invertida (β1>0, β2<0), en los términos esperados. En este caso, el ajuste tiene una bondad (R-cuadrado) de 0,8564, mientras que los test de contraste indican normalidad en el comportamiento de los residuos, no apareciendo cambio de estructura ni autocorrelación ni heterocedasticidad. En particular, la estimación del modelo sitúa el nivel de renta per cápita a partir del cual, ceteris paribus, las emisiones comienzan a retroceder, en 23.215 euros, cifra que todavía no se había alcanzado en España en 2008. A continuación, en el Modelo 2 se incorpora a la ecuación a estimar la variable gasto público en I+D+i energético, con el fin de poder comparar los resultados con los del Modelo 1. Esta variable pretende capturar la contribución pública a la mejora de la eficiencia, lo que debería tener su reflejo en el indicador de intensidad energética. Resulta de interés saber si el Modelo 2 mejora los requerimientos de renta per cápita para alcanzar la corrección medioambiental, en términos de PIBpc. Para ello incorporamos al análisis la variable I+D+i energtot(-2), que representa el nivel de gasto público en I+D+i en el sector energético, con un retardo de dos años. La introducción de un retardo en la variable permite capturar el lapso temporal necesario para que el impacto del gasto con esta finalidad tenga su reflejo en la tecnología aplicada y, finalmente, en las emisiones contaminantes, puesto que la incorporación tecnológica no se produce de manera inmediata. El número de años de retardo que mejor se ha comportado en el ajuste ha sido dos. TABLA 2 Modelo 2: GEIPC(t)=α +β1 PIBPC(t)+β2PIB2pc(t)+ β3 I+D+i enertot(-2)+ε(t) Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1992-2008 (T = 17) Variable dependiente: GEIpc Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p const -6,38143 4,72431 -1,3508 0,19981 PIBpc 0,00185986 0,000616297 3,0178 0,00989 *** PIB2pc -5,22269e-08 2,02564e-08 -2,5783 0,02293 ** I+D+i enertot(-2) -376,232 204,667 -1,8383 0,08897 * XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 18 Punto de quiebra de la CKA (-β1/2 β2)= 17.805,57 €, Media de la vble. dep. 8,887647 D.T. de la vble. dep. 0,912206 Suma de cuad. Residuos 1,545044 D.T. de la regresión 0,344746 R-cuadrado 0,883953 R-cuadrado corregido 0,857172 F(2, 16) 33,00774 Valor p (de F) 2,40e-06 Log-verosimilitud -3,737587 Criterio de Akaike 15,47517 Criterio de Schwarz 18,80803 Crit. de Hannan-Quinn 15,80647 Rho 0,415134 Durbin-Watson 1,120404 Hipótesis nula: no hay autocorrelación Contraste CUSUM de estabilidad de los parámetros Hipótesis nula: no hay cambio en los Parámetros. Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente. La estimación del Modelo 2 también cumple con los test realizados, a la vez que ve aumentada la bondad del ajuste medido por el R2 corregido (hasta el 85,7%), y responde también a la forma de U-invertida de la CKA (β1>0, β2<0). En este caso, el nivel de renta per cápita necesario para que se dé un techo en las emisiones contaminantes (GEIpc), se produce en los 17.806 euros, un nivel muy inferior al que se daría en ausencia de la variable I+D+i energtot(-2). El análisis del resultado se sujeta a las limitaciones de cualquier análisis parcial y debe interpretarse en el sentido de que el esfuerzo en I+D+i público se asocia positivamente con la reducción de la contaminación, siendo más importantes las diferencias relativas entre los valores obtenidos de renta per cápita, que las absolutas. Es suficiente con interpretar la aportación positiva de la variable a la corrección ambiental y su eficacia al lograr reducir los requerimientos de renta para que se frene el ascenso de las emisiones contaminantes. Los signos de los coeficientes obtenidos para β1 y β2, correspondiente a la variable I+D+i energtot(-2), responden a lo esperado, y su valor resulta significativo. Tal y como se ha señalado en el apartado anterior de este trabajo, ante los objetivos generales representados por el control de emisiones contaminantes, la reducción de la dependencia energética y el logro de un mercado energético español más eficiente, resulta fácil observar que la prioridad de la política energética española se ha centrado más en el objetivo intermedio de la sustitución de fuentes contaminantes por otras renovables y más limpias, para lo que se han movilizado importantes cantidades de recursos públicos con este fin. Sin embargo, nuestra preocupación en este trabajo gira sobre el esfuerzo público para fomentar la mejora tecnológica en el sistema energético, ingrediente básico de las ganancias en eficiencia que se pretenden alcanzar. Por eso, el siguiente paso a dar consiste en estimar el modelo sustituyendo la variable utilizada que recoge la aportación pública total a la I+D+i energética (I+D+i enertot(-2)), por otra que recoja tan solo la aportación pública a la I+D+i vinculada a energías renovables (I+D+i renov-2), donde utilizaremos el mismo retardo. TABLA 3 Modelo 3: GEIPC(t)=α +β1 PIBPC(t)+β2PIB2pc(t)+ β3 I+D+i renov(-2)+ε(t) Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1992-2008 (T = 17) Variable dependiente: GEIpc XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 19 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p Const -7,14954 7,37407 -0,9696 0,34996 PIBpc 0,0017829 0,000903889 1,9725 0,07021 * PIB2pc -4,6547e-08 2,95228e-08 -1,5766 0,13889 I+D+i renov(-2) -308,891 1481,27 -0,2085 0,83805 Punto de quiebra de la CKA (-β1/2 β2)= 19.151,61 €, Media de la vble. dep. 8,887647 D.T. de la vble. dep. 0,912206 Suma de cuad. residuos 1,940174 D.T. de la regresión 0,386321 R-cuadrado 0,854275 R-cuadrado corregido 0,820646 F(2, 16) 25,40297 Valor p (de F) 0,000010 Log-verosimilitud -5,673250 Criterio de Akaike 19,34650 Criterio de Schwarz 22,67935 Crit. de Hannan-Quinn 19,67779 rho 0,461896 Durbin-Watson 0,927213 Hipótesis nula: no hay autocorrelación Contraste CUSUM de estabilidad de los parámetros - Hipótesis nula: no hay cambio en los parámetros Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente Contraste de heterocedasticidad de White - Hipótesis nula: No hay heterocedasticidad En la Tabla 3 se presentan los resultados correspondientes a la estimación del modelo incluyendo esta variante. La bondad del ajuste medido por el R2 corregido se ha reducido, aunque los test realizados siguen otorgando validez a la estimación. En este caso, el calculo realizado para determinar el punto de quiebra arroja un nivel de renta per cápita de 19.152 euros, cifra que es inferior a la que se daría bajo la hipótesis de no existir ninguna acción de corrección medioambiental, pero que es superior a la que se daría bajo la hipótesis de incorporar todo el gasto público en I+D+i energético. Los signos de los coeficientes β1 y β2 son los esperados, por lo que la contribución de la variable I+D+i renov(-2) a la corrección ambiental es positiva. TABLA 4 Modelo 4: GEIPC(t)=α +β1 PIBPC(t)+β2PIB2pc(t)+ β3 I+D+i efi-ener(-2)+ε(t) Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1992-2008 (T = 17) Variable dependiente: GEIpc Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p const -7,59611 5,87173 -1,2937 0,21829 PIBpc 0,00182785 0,000764356 2,3914 0,03261 ** PIB2pc -4,82015e-08 2,46978e-08 -1,9516 0,07286 * I+D+i efi-ener(-2) -90,0117 385,991 -0,2332 0,81924 Punto de quiebra de la CKA (-β1/2 β2)= 18.960,50€, Media de la vble. dep. 8,887647 D.T. de la vble. dep. 0,912206 Suma de cuad. residuos 1,938554 D.T. de la regresión 0,386160 R-cuadrado 0,854396 R-cuadrado corregido 0,820795 F(2, 16) 25,42781 Valor p (de F) 0,000010 Log-verosimilitud -5,666153 Criterio de Akaike 19,33231 Criterio de Schwarz 22,66516 Crit. de Hannan-Quinn 19,66360 rho 0,522855 Durbin-Watson 0,861350 Hipótesis nula: no hay autocorrelación Contraste CUSUM de estabilidad de los parámetros - Hipótesis nula: no hay cambio en los parámetros XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 20 Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente Contraste de heterocedasticidad de White - Hipótesis nula: No hay heterocedasticidad Finalmente, en la Tabla 4 presentamos los resultados de la estimación cuando se sustituye la variable que representa el gasto público en I+D+i en renovables, por otra que recoge el mismo gasto pero en eficiencia energética I+D+i efi-ener(-2). Además de que esta estimación comparte con la estimación de la Tabla 3 una menor bondad del ajuste en relación a las dos primeras realizadas, en esta ocasión el cálculo asociado al punto de quiebra arroja una renta per cápita necesaria para que éste se produzca, de 18.961 euros. Con ayuda de la Figura 2 se pueden visualizar mejor los resultados que se desprenden de las cuatro estimaciones antes referidas, en lo que tiene que ver con el punto de quiebra obtenido en cada caso, y con el consecuente requerimiento de renta per cápita. Dado un nivel determinado de emisiones contaminantes, la renta per cápita necesaria para que se produzca la quiebra del ritmo ascendente de las emisiones, será más elevada en ausencia de medidas correctoras (M1) que cuando se cuenta con alguna de ellas. La diferencia existente en el requerimiento de renta entre M1 y cualquiera de los demás resultados, es muy significativa, confirmando la hipótesis de la estrecha relación entre el esfuerzo en corrección ambiental mediante el conjunto de políticas de I+D+i (M2), y la contención de las emisiones contaminantes. Ahora bien, cuando se utilizan datos desagregados, tan solo puede apreciarse una ligera diferencia en la contribución al ajuste que realiza el gasto público en I+D+i en renovables (M3), en relación a la que se produce al utilizar dicho gasto público destinado exclusivamente a mejorar la eficiencia energética (M4). Figura 2: Estimaciones del modelo CKA para cada una de las cuatro variantes utilizadas Fuente: Elaboración propia La diferencia, aunque escasa, avala el argumento de que la I+D+i en eficiencia energética contribuye en mayor medida a la corrección ambiental que el mismo gasto en energías renovables, si bien, los resultados obtenidos no permiten extraer una conclusión definitiva, puesto que cualquier error o sesgo que afecte a las series utilizadas podría dejarla sin efecto. Por otro lado, la mayor contribución de la variable I+D+i a la reducción de la renta necesaria para alcanzar el techo de emisiones que se produce en M2, en relación a M3 y M4, podría venir explicada por el hecho de que la primera variable incluye partidas de gasto que no se encuentran en ninguna de las otras dos variables, XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 21 como por ejemplo la I+D+i en investigación de energía nuclear, que absorbe un importante porcentaje de recursos con esta finalidad (véase Grafico 2)18. Finalmente, y aunque fuera del objetivo principal de este trabajo, hemos comparado los resultados aquí obtenidos con los alcanzados en Cantos y Balsalobre (2011), por lo que se refriere al punto de quiebra de la función, donde se relacionaba el nivel de emisiones GEIpc con la incorporación de una variable denominada PATROCEN, que representaba el cambio en el patrón de consumo energético nacional orientado hacia el incremento del peso de las energías renovables. El nivel de renta correspondiente al punto de quiebra que se obtuvo ascendía a 18.054 euros, mientras que nuestro modelo M2 sitúa al punto de quiebra en el equivalente a una renta por cápita de 17.806 euros, cifras muy cercanas a pesar de que la ecuación entonces estimada incluía otras diferencias19. 5.- Conclusiones Para un país como España que cuenta con un importante nivel de desarrollo económico, el mantenimiento de una tasa de crecimiento compatible con una reducida tasa de desempleo, y compatible, a su vez, con una contención de las emisiones de gases contaminantes, pone inevitablemente el acento en la necesidad, tanto de buscar una sustitución de fuentes energéticas primarias en pro de unos patrones de consumo menos nocivos, como de reducir la intensidad del consumo energético. Durante la última década, el gasto público asociado con las políticas energéticas ha estado muy sesgado hacia la promoción de fuentes renovables, pero se ha llevado a cabo muy mayoritariamente mediante el establecimiento de precios a la producción muy superiores a los de mercado, en detrimento de la promoción directa de la innovación tecnológica en el ámbito del uso final de esa energía para fines de producción intermedia de bienes y servicios energéticamente más eficientes. Además del escaso aporte directo del presupuesto público a la I+D+i energética, tampoco puede decirse que esta partida se haya volcado con las medidas de mejora de la eficiencia energética, a pesar de que el índice español de intensidad energética nos aleja de la media europea y, especialmente, de los países avanzados. Aunque en las economías desarrolladas se viene observando una disminución progresiva de los recursos públicos destinados a la I+D+i en el sector de la energía, también es cierto que esta tendencia ha discurrido de forma paralela a la reducción de sus niveles de intensidad energética (Ruiz, 2010), cosa que no ha ocurrido en España. Con todo, los problemas derivados de un persistente déficit de atención pública a la I+D+i energética no acaban ahí, sino que, como ya señalaran Mansfield y Switzer (1984), simultáneamente se está desincentivando la inversión adicional y complementaria del sector privado en esta misma dirección. El importante y persistente déficit del gasto público dedicado a la I+D+i energética es difícil que se vea mejorado a corto y medio plazo, debido a la escasez de recursos públicos en época de crisis y debido también a la hipoteca en que se han convertido los 18 Se ha realizado una nueva estimación del modelo utilizando una variable representativa del gasto en I+D+i en energía nuclear, retardada también en dos períodos, y los resultados son coherentes con lo esperado. El ajuste presenta una bondad de 87,8% (R-cuadrado) y el punto de quiebra de la CKA se alcanza en los 16.550€, cifra inferior a la obtenida al aplicar el modelo M2. En este esquema de análisis, el resultado indicaría una mayor eficacia del I+D+i nuclear, y estaría relacionado con las menores emisiones asociadas con esta fuente. 19 La ecuación aludida que se estimó es la siguiente: GEIpct = α+β1PIBpct+ β2PIB2pct+ β3GINIt+ β4PATROCENt+ εt , donde PATROCEN es, como ya se ha dicho, una variable que recoge el patrón de consumo energético que diferencia entre energía procedente de fuentes renovables y no renovables, y donde GINI es una variable que representa un índice de desigualdad económica que se introdujo con el fin de obtener evidencia de su contribución positiva a la corrección ambiental, o negativa, como algunos autores sostienen. XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 22 compromisos por pago de primas a los productores de energías renovables, sobre todo de origen fotovoltaico, alejándose del escenario que viene recomendando a España la Agencia Internacional de la Energía, caracterizado por la necesidad dedicar muchos más recursos a la investigación en las áreas donde existe un mayor margen mejora tecnológica, sobre todo en el sector del transporte (AIE, 2009). Siguiendo algunas referencias en la literatura económica, donde se vincula la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero con la intensidad energética (Kaya, 1989; Alcántara y Roca, 1995), en el presente trabajo hemos adoptado una variante en relación a dichos estudios, aplicando una versión cuadrática del modelo de la Curva de Kuznets Ambiental (CKA) para estudiar dos aspectos: primero, si hay una relación significativa entre el esfuerzo de la I+D+i pública realizada en España y las emisiones de contaminantes a la atmosfera medidas por el CO2; segundo, cual es el nivel de renta per cápita a partir del cual se invertiría la tendencia alcista de las emisiones contaminantes. En cuanto al primero, en las tres estimaciones realizadas hemos podido obtener evidencia de que hay una relación negativa y significativa entre los distintos componentes de la I+D+i pública utilizados, y el nivel de emisiones de gases contaminantes, lo que debe interpretarse en el sentido de que el gasto publico en investigación energética se asocia indudablemente con menores emisiones contaminantes. En cuanto a la segunda cuestión, hemos obtenido que el punto de quiebra de la función que describe las emisiones contaminantes y la renta per cápita, se alcanza para una renta de 23.215 euros, en caso de no tener en cuenta el gasto público total en I+D+i energético, mientras que al tenerlo en cuenta el nivel requerido de renta per cápita es de tan solo 17.806 euros, lo que significa que se daría un considerable ahorro para conseguir el objetivo de invertir la tendencia en las emisiones de gases de efecto invernadero, toda vez que dicho objetivo se alcanzaría varios años antes. Cuando descomponemos el esfuerzo en I+D+i en dos partes, el aplicado a energías renovables y el aplicado a eficiencia energética, y volvemos a estimar las ecuaciones, los resultados en términos de requerimientos de renta para alcanzar el punto umbral, se encuentran más próximos entre sí (19.152 y 18.961 euros, respectivamente), aunque con una ligera ventaja para el gasto público aplicado en eficiencia energética. Sin embargo, estos últimos resultados no permiten emitir un juicio concluyente sobre qué tipo de gasto público está resultando más eficaz para conseguir el objetivo final, puesto que cualquier pequeña variación en las series utilizadas haría decantarse la conclusión en uno u otro sentido. Esto puede ser debido a que la reducida cantidad de recursos públicos que se destinan a fines de I+D+i energético en cada caso, impide al algoritmo de ajuste recoger adecuadamente el impacto sobre la variable dependiente. Finalmente, al comparar el umbral de renta necesario para invertir la senda alcista de las emisiones contaminantes correspondiente al gasto público total en I+D+i energético ya visto (17.806 euros), con el mismo dato obtenido en Cantos y Balsalobre (2011), que asciende a 18.054 euros, donde se pretendía capturar el impacto positivo sobre el medio ambiente de un cambio en el mix energético español determinado por la incorporación de las energías renovables, vuelve a producirse un resultado ligeramente más favorable al gasto público total en I+D+i energético, aunque deben ser aplicables las cautelas advertidas en el párrafo anterior. Los resultados obtenidos de las estimaciones apuntan a que el gasto público en I+D+i habría sido algo más eficaz que la sustitución de fuentes energéticas tradicionales por fuentes renovables. Sin embargo, este análisis no permite comparaciones en términos de eficiencia, puesto que no se incorpora información alguna sobre costes (el gasto público XX Encuentro de Economía Pública, Sevilla 2013 23 es solo una pequeña parte de la I+D+i), si bien, no sería muy arriesgado realizar una hipótesis a favor del gasto en eficiencia energética en relación al gasto aplicado a la promoción de fuentes renovables. BIBLIOGRAFÍA AGOSTINI, L.; y PADILLA, J. (2010): La promoción de las energías renovables: La experiencia española, Electricidad Verde: Energías Renovables y Sistema Eléctrico, pp. 517-541. MOSELLE B.; PADILLA, J.; y SCHMALENSEE, R. (eds.), Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires. ALCÁNTARA, V., ROCA, J. (1995). “Energy and CO2 of analysis and some results for 1980-90”, Energy Economics, n. 17(3), pp. 221-230. ALFRANCA, O. (2007): “Política fiscal, crecimiento económico y medio ambiente”, Revista de economía, ICE., n. 835, pp.77-93. ALFRANCA, O. 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