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La represión en la dictadura militar argentina. Violencia y terrorismo de Estado (1976-1978) Fabián Gustavo Anastasópulos Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea Trabajo Fin de Master, Convocatoria de noviembre 2012 Dirección: Palmira Vélez Jiménez y Roberto Ceamanos Llorens ÍNDICE SIGLAS……………………………………………………………………………p.1-2 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………p.3-10 ESTADO DE LA CUESTIÓN……………………………………………………p.11-24 FUENTES Y METODOLOGÍA………………………………………………….p.25 1. COMPORTAMIENTO Y MENTALIDAD MILITAR………………………..P.26-49 2. ANTECEDENTES DEL GOLPE MILITAR (1973-1976)……………………p.50-70 3. TERRORISMO DE ESTADO Y MÉTODOS REPRESIVOS (1976-1978)….P.71-92 4. EL PLAN CÓNDOR Y SU COORDINACIÓN REPRESIVA (1976-1978)..P.93-111 CONCLUSIONES…………………………………………………………… p.112-115 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………p.116-121 SIGLAS BRIC = Brasil, Rusia, India, China CIA = Agencia Central de Inteligencia CGT = Confederación General del Trabajo CODEPU = Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CONADEP = Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CORU = Comando de Organizaciones Revolucionarias Unificadas DINA = Dirección de Inteligencia Nacional DIPPBA = Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires EAAF = Equipo Argentino de Antropología Forense ERP = Ejército Revolucionario del Pueblo ESMA = Escuela Mecánica de la Armada FAL = Fusil automático ligero FAL = Fuerzas Argentinas de Liberación FAP = Fuerzas Armadas Peronistas FAR = Fuerzas Armadas Revolucionarias FBI = Federal Boreau of Investigation. Oficina Federal de Investigación FMI = Fondo Monetario Internacional JCR = Junta Central Revolucionaria MIR = Movimiento de Izquierda Revolucionaria OAS = Organización del Ejército Secreto (francés) OCOA = Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas ONU = Organización de Naciones Unidas PRT = Partido Revolucionario de los Trabajadores RIP = Rest in peace. Descanse en paz SMATA = Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SIDE = Secretaría de inteligencia del Estado TASS = Agencia de Información Telegráfica de Rusia TRIPLE A = Alianza Anticomunista Argentina YPF = Yacimientos Petrolíferos Fiscales INTRODUCCIÓN La primeros años de la década del setenta de la historia argentina del siglo XX puede ser considerada tal vez como uno de los períodos más sangrientos de la historia de nuestro país por la muerte abrumadora de personas en un lapso de tiempo breve, pero quizás el impacto que haya provocado en la sociedad y su recuerdo se deba, no sólo a la cantidad de muertos que hubo, sino a las circunstancias en las que esas personas perdieron la vida. Mi infancia se desarrolló en esa época tan convulsa y los recuerdos que tengo de ese período son varios y desordenados. Fueron vividos por mí de una manera natural y, con el tiempo, adquirí conciencia de los hechos sucedidos. Es por la relevancia de estos recuerdos, y por su directa relación con el tema de este Trabajo Fin de Master, que me permito reflexionar sobre ellos. En marzo de 1973 recuerdo mi primer día de clases en la escuela primaria bajo el gobierno del General Alejandro Agustín Lanusse, último gobierno de la dictadura militar anterior inaugurada en 1966. Una de las primeras imágenes que me causaron realmente impresión fue la transmisión en vivo y en directo a través de la televisión - como decía el locutor en “cadena nacional”- de las imágenes del cadáver del general Perón a través del viejo televisor familiar en blanco y negro. La cámara estaba fija apuntando de frente al cuerpo de Perón, destacándose su prominente nariz cuyos orificios estaban tapados por trozos de algodón, rodeado de sus principales cortesanos y de su viuda, la flamante primera mujer presidente de los argentinos, María Estela Martínez de Perón, más conocida por “Isabelita” quien hasta ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente. La sociedad argentina se encontraba en una situación de violencia exacerbada entre la izquierda y la derecha política. A tal punto la situación era tan crítica que la derecha militar y política había autorizado el retorno de Perón en noviembre de 1973 después de un largo exilio de 17 años con el objetivo de intentar “poner la casa en orden”. Con 78 años, había muerto, y no había tenido el tiempo suficiente para cumplir con esa misión. Tengo también presente el momento en que me habían anunciado su muerte, fue en la Escuela Primaria Nº 17 General Don José de San Martín, donde era alumno de 2do grado del turno tarde. Una de las características de las escuelas primarias y secundarias argentinas hasta el día de hoy es el máximo aprovechamiento del edificio escolar, ya que sus aulas son ocupadas por alumnos del turno de mañana entre las 8 y 12:30 del mediodía, mientras que los alumnos del turno tarde las ocupan entre las 13 horas y las 17. Así, el lunes 1 de julio de 1974, a las 13:15 horas había muerto el Presidente Perón. Pocas horas después, y frente al curso, nuestra maestra, la señorita Nora nos anunciaba lo sucedido para luego irrumpir en llanto frente a la clase, llanto que por la noche protagonizaría mi padre quien al percibir mi presencia cambiaría de habitación intentando ocultar su tristeza. Contando con 7 años, realmente me parecía exagerado llorar por la muerte de un presidente que había vivido 78, la diferencia tan consustancial residiría quizás en el hecho de que ellos habían vivido la primera época del peronismo y habían disfrutado también de aquel “estado de bienestar” implementado en un momento de apogeo económico por vez primera y de manera contundente a mediados de los 40, algo desconocido hasta el momento por las clases trabajadoras. 1975 resultaría ser un año de verdadero caos. La presidencia sería ejercida por la viuda de Perón, una mujer sin experiencia política que pronto sería presionada por el poder militar ante el recrudecimiento de los ataques “guerrilleros” cuyos blancos eran instituciones militares y policiales. Recuerdo de esa época que mi padre trabajaba como taxista, desde las 14 horas hasta a eso de las 23 horas. Por esas fechas detonaban tres o cuatro explosiones por día en la capital, producto de los atentados de la “subversión”. Cuando regresaba a casa nos decía que esa noche era navidad, al relacionar esas explosiones con la de los fuegos artificiales que se utilizaban para las fechas de Navidad y Noche Vieja. El 23 de Diciembre de 1975 contaba con 9 años y recuerdo que me encontraba paseando por la avenida Pavón a la altura de la estación Lanús. Me sorprendió la aglomeración de gente en las aceras colindantes. La cantidad de personas no me permitía ver, por lo que me acerqué y pude observar la llegada desde la capital y por nuestra gran avenida de una caravana de por lo menos veinticinco camiones Mercedes Benz del ejército atestados de soldados. La caravana se había detenido a la altura de la estación. Luego de varios minutos de detención, torcerían a la izquierda para cruzar las vías de ferrocarril y entrar en Lanús Este. Preguntándole a una señora la causa de esa presencia militar, me contestó que se dirigían a “aplastar” a un grupo guerrillero que había copado el regimiento “Domingo Viejobueno”, ubicado en el humilde barrio de Monte Chingolo, en Lanús Este, lindante con la ciudad de Quilmes. Se trataba del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuya misión consistía en apropiarse de armas y explosivos del cuartel. Su derrota en Monte Chingolo, a manos del ejército, les provocó cincuenta muertos, quedando a partir de ese momento el grupo armado desarticulado, no pudiendo participar en acciones posteriores. El ataque del ERP había causado sorpresa no a los atacados sino a los atacantes, debido a los informes brindados por un agente infiltrado de la inteligencia, el “oso” Jesús Ranier, quien sería ajusticiado a los pocos días por el propio ERP. El grupo armado de izquierda había involucrado prácticamente a todas sus fuerzas, perdiendo a la postre su capacidad operativa. Los medios de comunicación coincidían en afirmar que había sido la agresión a un cuartel militar más cercana a la Capital Federal. Me viene a la memoria también el propio golpe militar del 24 de marzo de 1976, en el que la Presidente Isabel había sido depuesta y encarcelada por cinco años por el General Jorge Rafael Videla, quien la reemplazaría en el poder. En ese entonces me encontraba en 4to grado con la señorita Elsa Meiras de más de 60 años y casada, aunque la costumbre en Argentina era y es llamar a la maestra, señorita, sea cual fuere su estado civil o edad. Las clases escolares en Argentina comienzan el 15 de marzo y finalizan el 20 de Diciembre. Así, nuestro año escolar de 1976 lo habíamos inaugurado con un nuevo gobierno que generaría nuevos cambios en la nación y en la propia institución escolar. La rutina escolar consistía en formar todas las mañanas los distintos cursos en el patio general descubierto frente a cada maestra. Las chicas formaban a la izquierda y los chicos a la derecha por orden de estatura de menor a mayor. Luego, ante la orden de la maestra, tomábamos distancia extendiendo nuestro brazo derecho apoyándolo sobre el hombro del compañero delantero y, ante la orden de firmes, recogíamos nuestro brazo en el lado derecho de nuestro cuerpo. Previa orden de la directora entonábamos la oración a la bandera mientras un alumno izaba la bandera nacional sobre el mástil. Finalizada la ceremonia cada curso, desde los primeros grados hasta los séptimos, se dirigía en formación hacia su aula conducidos por la maestra. La novedad se presentaría en marzo de 1976 cuando, al desplazarnos en formación, debíamos hacer golpear los zapatos sobre el suelo mientras avanzábamos; parecíamos verdaderos “balillas”. Como habíamos dicho, los cambios en la institución escolar eran evidentes, el nombre de grados y divisiones era una terminología militar para identificar a los cursos, la formación de menor a mayor estatura, el saludo a la bandera, el usar como vestimenta obligatoria el guardapolvo blanco, el ponerse de pie al entrar el educador, el usar un forzado cabello corto a partir de 1976. Al fin y al cabo el gobierno militar había transformado a la institución escolar en un cuartel; pronto toda la sociedad lo sería. Tengo presente también, las “nuevas instrucciones” impartidas por cada maestra. Por ejemplo, nos presentaban a la “subversión” como nuestro enemigo, nos recomendaban no acercarnos a ningún coche cuyos ocupantes nos llamaban, ni recoger bolígrafos que pudieran ser encontrados en la calle. Según la maestra, podrían tratarse de bombas explosivas colocadas por la propia guerrilla. En cuanto al viejo televisor familiar en blanco y negro, transmitía nuestros programas infantiles preferidos, aunque pronto comenzaríamos a sufrir los cortes de los programas ante la transmisión en “cadena nacional”, donde comenzaban a mostrarse simultáneamente en todos los canales de televisión los extensos discursos del General Videla. La nueva rutina eran los insultos que despertaban en mi padre las palabras de Videla por lo que no nos quedaba otra opción que apagar la televisión, previos escupitajos que mi padre ofrecía al rostro de Videla sobre la pantalla del televisor. Esto lo podría contraponer con un hecho sucedido en 1983. Con la vuelta a la democracia comenzaban a llegar al país viejos militantes montoneros y en cuanto aparecían en televisión, mi padre me decía: “ese, es monto, ese es monto”. Por lo que demostraba sentir rechazo por los militares, pero también por los representantes de la izquierda de los setenta. Evidentemente, resultaba partidario de la ortodoxia peronista, el General Perón era su líder indiscutible. En 1982 ya me encontraba en 3er año 1ra división del Instituto Secundario, pero esta vez estudiaba en el turno mañana. El 30 de marzo habíamos acordado con mi padre ir a la primera manifestación en Plaza de Mayo convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyo líder era en ese entonces el sindicalista cervecero, Saúl Ubaldini. Habíamos salido de la propia CGT de la calle Brasil, estando con mi padre a escasos metros del propio Ubaldini. Recuerdo que éramos miles de personas comenzando a marchar sobre Plaza de Mayo. La represión resultaría brutal, ante los reclamos de “pan, paz y trabajo”, de esa manera había conocido los efectos de los gases lacrimógenos arrojados por la Policía Federal y evidentemente me habían informado bien, los efectos eran los mismos que provocaba la cebolla. Dos días después era el 2 de abril y estando en el aula nos habíamos enterado de la recuperación militar de las islas Malvinas. Recuerdo al compañero Torres quien me preguntaba si aceptaba ir a Plaza de Mayo a la salida del instituto para “festejar” la recuperación junto a la mayoría de los compañeros del curso. Lógicamente mi respuesta fue negativa, tras decirle: “hace dos días fui y los milicos me cagaron a golpes y con gases lacrimógenos y vos querés ahora que vaya para aplaudirles, no loco, no voy”. Eso sí, el 14 de junio día de la rendición en Malvinas ante las fuerzas británicas, había acordado con mi padre nuevamente ir a la Plaza de Mayo. Llegamos por la tarde aún de día. Las miles de personas presentes no insultaban a Galtieri, pero repetían las palabras “no se rindan, no se rindan”. A las 20 horas comenzaba a oscurecer y ante la no salida al balcón del general, comenzaban los insultos, “Galtieri, cagón, salí al balcón”. La respuesta policial no se haría esperar y los gases lacrimógenos policiales comenzarían a provocar un efecto mayor que el del 30 de marzo. Con mi padre comenzamos a correr alejándonos de la plaza junto a miles de personas. El miedo que sentía era tan grande debido a las bombas de estruendo que arrojaba la fuerza policial que la velocidad alcanzada me hacía sentir el campeón de los 100 metros lisos. Al fin, y para evitar la represión policial, logramos entrar en una iglesia, junto a un grupo numeroso de personas, esperando a que todo se calmara para poder regresar a casa. Esa iglesia, construida a fines del siglo XVIII, tiene balas de cañón incrustadas en sus muros, arrojadas en 1806 por la artillería criolla contra sus ocupantes, la infantería británica allí refugiada en su tentativa de invadir la ciudad. En 1982 los refugiados éramos nosotros, y quienes nos disparaban resultaban ser nuestras propias fuerzas de seguridad. A fines de 1982, con la dictadura militar en retirada después de la derrota en Malvinas, tengo presente lo que nos había dicho en el aula del Instituto Secundario la profesora de historia de apellido Deimonas, profesora de cincuenta y pico de años y casada con un brigadier de la Fuerza aérea. Nos decía que no hubiera pasado lo que sucedió si los padres hubieran estado atentos a las amistades de sus hijos, fueron “idiotas útiles”. Era la primera vez que se hablaba del tema “desaparecidos”, pero sin nombrarlos como tales, me enteré del hecho a partir de ese momento. Mi familia, como muchas, no tenía conocimiento de esa realidad, de todo aquello que había sucedido. Es a partir de estos recuerdos, de esta memoria, que me he interesado por este reciente período de la historia de Argentina. Mi objetivo será intentar demostrar, que el accionar represivo instalado a partir del golpe militar de 1976 había sido planificado. Sostener también que aquella represión planificada no se había instaurado precisamente a partir del golpe militar, sino que había comenzado a aplicarse con anterioridad y bajo el régimen democrático del período 1973-1976, transformándose esa represión en exacerbada a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. De esta manera, el accionar represivo se va a producir a partir de la intervención política de las instituciones democráticas y dentro del marco de la legalidad articulada con otras estructuras de corte clandestino o paraestatal, hacemos clara referencia a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) con un objetivo en común: implantar la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. Esa violencia consistiría en la aplicación de ciertas prácticas represivas en un marco de excepcionalidad jurídica creciente. Una estrategia estatal que, por otra parte, fue apoyada por varios sectores políticos y por el peronismo que detentaba el poder, legitimado masivamente como consecuencia del proceso legislativo que lo catapultaría al poder a partir del 25 de mayo de 1973, de la mano de Héctor J. Cámpora, representante de la izquierda peronista, quien renunciaría el 13 de julio de 1973 por presiones del “partido”. Los cambios progresivos de la represión tomarán forma durante el gobierno del propio Perón, acentuándose de una manera abrumadora después de su muerte, ante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, su viuda, quien como consecuencia de su desconocimiento de la política había incentivado de manera creciente la presencia militar con sus tradicionales “planteos a los gobiernos democráticos”. Así, el golpe de estado de 1976 se nos presentará no como quiebra de un proceso, sino como una continuidad de violencia progresiva, sustentada por el poder estatal. Este hecho tenía antecedentes en los ocurridos en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966. Sin embargo, la última incursión militar sobre el poder político demostraría tener una particularidad: la aplicación sistematizada de una represión que nunca se había dado en la historia argentina y que provocaría hasta 30.000 desaparecidos, según estimación de los organismos de derechos humanos, mientras que según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)1 las denuncias sobre personas desaparecidas se elevarían a 8.960 casos, marcando de esta manera la diferencia con los anteriores golpes de estado. En realidad, esta nueva metodología represiva fue instalada en Argentina a partir de la dictadura del General Onganía, en 1966, donde la aparición de la nueva izquierda representada por una juventud revolucionaria pondría en peligro la continuidad del modelo. Para contrarrestarlo y dentro del marco de la Guerra Fría, se aplicará en Argentina la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. Dentro del contenido general de dicha doctrina y de su aplicación práctica, los militares argentinos estudiaron a fondo y asimilaron, entre otras, las técnicas norteamericanas de la contrainsurgencia, también llamada “lucha antisubversiva”; en definitiva, represión contra el “enemigo interior”. Respecto a los “blancos” asignados a reprimir serían: militantes de organizaciones armadas de izquierda, sus colaboradores y simpatizantes, junto a militantes de los grupos de defensa de los derechos humanos. Es decir, todo el que se opusiera al proyecto militar. Hablaban de subversión política, social e incluso económica. Consideraban que el “subversivo” era un sujeto “irrecuperable” para la sociedad, por lo tanto se lo debía exterminar. Antes de lo cual su nuevo hábitat serían los denominados centros clandestinos de detención, donde la aplicación de diversas torturas tenían como objetivo la colaboración y la obtención de información que permitiera detener a otros militantes. Para luego pasar al exterminio y desaparición de los cadáveres. También planteamos en el presente trabajo que la unidad militar se había mantenido incólume, mientras existía la figura de un “enemigo interior”, por lo que la desaparición de esta amenaza significará el comienzo de la desintegración de esa unidad militar, al eliminar justamente la única legitimación de poder ante la sociedad. De esta manera, la falta de cohesión y de objetivos comunes alentará la división y hasta el enfrentamiento interno militar a partir de la instauración de un modelo económico que atentaba contra el máximo esplendor alcanzado por la autonomía militar. Sumado a ello estaban las ambiciones presidencialistas desmedidas de ciertos comandantes militares que criticaban y cuestionaban la política económica del régimen con el objetivo de encontrar apoyo de distintos estamentos de la sociedad y alcanzar así sus objetivos políticos. Cabe recalcar que este Trabajo Fin de Master me ha despertado gran interés por el estudio concreto de los grupos armados de izquierda en Argentina. Su organización interna, sus características, problemáticas, disensiones y evolución histórica son aspectos fundamentales sobre los que considero que hay todavía mucho que investigar. Por ello, pretendo, tras la realización del Master en Historia Contemporánea y el presente trabajo Fin de Master, emprender una tesis doctoral sobre esta materia. Por último, quiero agradecer a los profesores del Master de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza el conocimiento adquirido, máxime cuando hacía muchos años que había dejado de estudiar, tomando en cuenta también que mis anteriores estudios los había realizado en un ámbito tan lejano del español en tantos aspectos como es el argentino. También agradecer a los profesores Palmira Vélez y a Roberto Ceamanos la dirección de este trabajo Fin de Master. Los conocimientos de Palmira sobre historia de Argentina, y sobre todo los referidos a los golpes y dictaduras militares, han enriquecido sustancialmente esta investigación. 1 Fundación acción pro derechos humanos. Informe “Nunca Más”. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) –Argentina-. (www.derechoshumanos.net). Consulta: 8 de noviembre de 2012. ESTADO DE LA CUESTIÓN Respecto a la última dictadura militar argentina iniciada en 1976, los abordajes han sido múltiples desde hace dos décadas. Su temática se ha mantenido presente, debido a su difusión y recuerdo por parte de los organismos de derechos humanos, ante sus reclamos constantes que desembocarían en juicios de los responsables con avances y retrocesos, y por el llamado periodismo de investigación, además de un conjunto de obras académicas. Visto en retrospectiva, el estudio de este período experimentó avances y profundización, al igual que algunos vacíos. Sin embargo, hasta casi fines del siglo XX, no había concitado demasiado interés entre los investigadores académicos. Recién en los últimos años, prácticamente a comienzos del siglo XXI, se ha producido un fuerte interés y una renovación en el análisis historiográfico de este período histórico nacional tan convulso. En los años ochenta, y como consecuencia de la reflexión que comenzaba a provocar el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia transicional, acompañado del inicio de los juicios a las juntas militares, surgieron trabajos significativos que no provenían estrictamente del ámbito académico. Diversas disciplinas se ocuparon del estudio del rol de las fuerzas armadas, las transformaciones económicas, la organización de los trabajadores y el movimiento de los derechos humanos. Mientras que en los años noventa se sumarían nuevas temáticas, como la relación de los partidos políticos con la dictadura, profundizándose el análisis de la dinámica social y política del período militar. La continua demanda social y política respecto del tema y las secuelas dramáticas que provocó el terrorismo de estado, daría origen a los llamados estudios de la memoria, que surgirían prácticamente a comienzos del siglo XXI con una gran producción historiográfica y conservacionista en el sentido de recuperar los lugares de memoria. 2 Sin embargo, en los últimos años, han surgido nuevos textos que demuestran la existencia de nuevas líneas de investigación sobre problemáticas aún insuficientemente exploradas, y sobre temáticas ya analizadas, en manos de una nueva generación de investigadores. Continúan despertando interés aspectos como el mundo del trabajo, la relación entre el estado y la economía y la relación entre cultura y dictadura, pero desde perspectivas novedosas. Por otra parte, los análisis sobre el aspecto represivo de la dictadura militar, aparece un elemento reiterativo que es el abordaje desde una mirada nacional, centrada más bien en la realidad bonaerense, desvalorizando el análisis de otros espacios. Así surgirán nuevos trabajos que incluirán el estudio de nuevos sujetos y espacios locales o regionales,3 (Águila, Gabriela) introduciendo nuevos matices al conocido accionar del terrorismo de Estado. Sumado a ello, aparecen novedosos estudios sobre temas que tratan sobre el consenso político y público y la complicidad 2 Groppo, Bruno, Flier, Patricia (Comps), La imposibilidad del olvido, Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay, La Plata, Ed.. Al Margen, 2001. Jelin Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. Vezzetti, Hugo, Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. 3 Águila, Gabriela, Dictadura, represión y sociedad en Rosario. Un estudio sobre la represión, las actitudes y comportamientos sociales en dictadura, Buenos Aires, Prometeo, 2008. Longoni, Ana, Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión, Buenos Aires, Norma, 2007. institucional y jerárquico pero al mismo tiempo descentralizado, de los grupos militares operativos, responsables de las constantes violaciones a los derechos humanos. La política de los secuestros y desapariciones que ha sido calificada como un verdadero genocidio resulta ser el eje central del presente libro haciendo hincapié en el análisis de los centros clandestinos de detención. Debemos destacar el aporte original del autor respecto al estudio psicológico de la tortura en lo que denomina las técnicas desintegradoras de la personalidad del prisionero-desaparecido, así como la referencia a las secuelas que deja la tortura en el entorno familiar y social de los secuestrados.28 Para Marina Franco, la mirada sobre ese período histórico ha quedado atrapada por el impacto del proceso dictatorial. Así, tanto la historiografía como la memoria social en circulación parecieran reducirse a la propia dictadura y a su contraparte, la acción guerrillera. En su libro Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976 reconoce la autora el fuerte impacto provocado por la dictadura a partir de 1976, cuya consecuencia sería el condicionamiento que tendría nuestra mirada sobre el período anterior democrático. Así, los efectos de la violencia extrema, sumado a las necesidades postautoritarias, a partir de la naciente y débil democracia de 1983, ha imposibilitado estudiar el proceso represivo en toda su densidad histórica. El resultado de todo aquello sería para la autora la falta de percepción de que el proceso represivo de baja intensidad se había inaugurado antes del golpe militar de 1976, concretamente a partir de la naciente democracia de 1973.29 El sociólogo y militar español, Prudencio García, premiado por sus trabajos de sociología militar y preocupado por los derechos humanos, en su libro El Drama de la Autonomía Militar se interesa por analizar el llamado Proceso de Reorganización Nacional de Argentina al tratarse de un ejército vinculado al español por tradiciones en común. De la extensa bibliografía sobre el tema, su libro representa el primer estudio desde la óptica sociológica-militar, donde el autor describe y analiza la autonomía militar, típica en Latinoamérica y exacerbada en el caso argentino. Hace un análisis sobre la “obediencia debida” y la problemática moral que trae aparejada su aplicación. Analiza también de qué manera la fuerza militar se impone sobre la democracia jugando en ello un papel fundamental la llamada autonomía militar. La obra se desarrolla a partir de una descripción del militarismo latinoamericano, centrándose en el caso argentino. Hace un análisis valorativo de la represión militar en la última dictadura, sumado al comportamiento militar en la guerra de las Malvinas y a partir del levantamiento militar “carapintada” de 1990. El texto lleva también seis apéndices de carácter informativo y documental con cifras sobre el número de las víctimas de la Triple A, número de los integrantes de los grupos armados de izquierda y cifras de bajas en la guerra de las Malvinas. El autor llega a la conclusión de que la causa fundamental de las intervenciones militares radica en la autonomía militar llevada a su máxima expresión desde el momento en que la corporación militar debe vigilar la actuación de los gobiernos democráticos y si se desvían, reemplazarlos.30 El profesor inglés Richard Gillespie nació en Wigan, Lancashire, en 1952, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Liverpool. A partir de 1971 comenzó a 28 Duhalde, Eduardo Luis, El estado terrorista argentino…op. cit. 29 Franco, Marina, Un enemigo para la nación… op. cit. 30 García, Prudencio, El Drama de la Autonomía Militar, Madrid, Alianza Editorial, 1995. sentir interés por la política latinoamericana llamándole la atención en el caso de Argentina, la fuerza y la gran capacidad de movilización política de la Juventud Peronista, llamada “Tendencia Revolucionaria”. Residió en Argentina desde junio de 1975 hasta octubre de 1976, mientras reunía material sobre la “izquierda peronista”, con vistas a su doctorado, que recibió en 1979. Aunque su investigación sobre Montoneros se inició en setiembre de 1974. Este estudio llamado Soldados de Perón, los montoneros ofrece un análisis crítico de un movimiento que estuvo sumamente comprometido en la crisis política argentina de los años setenta. La obra explica cómo fue posible que un pequeño grupo de católicos radicalizados desarrollaran en la Argentina y en América Latina una de las guerrillas urbanas más influyentes y eficaces, y cómo finalmente fue silenciada. El autor analiza con todo detalle por qué, pese a contar con un apoyo popular considerable, los montoneros tuvieron que recurrir a una estrategia, cada vez más militarizada, que fatalmente acabó por aislarlos de la sociedad argentina. Resulta ser el estudio más sólido y específico que se ha publicado sobre la guerrilla argentina. El autor se sirve de entrevistas personales realizadas con montoneros en Buenos Aires, La Habana y Londres, y sus fuentes de información material llegan a incluir documentos internos de la organización.31 Para el sociólogo y politólogo francés Alain Rouquié, el tema del poder resulta fundamental en la intervención militar en la esfera política. Para el autor la institución militar es del Estado y, por lo tanto, acompaña su proceso de modernización, actuando también en su defensa frente a los “problemas internos”, es decir, frente al “peligro político y social”. En su trabajo El Estado militar en América Latina se centra en las características del poder concentrado por los uniformados latinoamericanos analizando sus mecanismos y funciones, explicando y analizando las variadas dictaduras latinoamericanas, desde las tempranas patriarcales como la de Stroessner en Paraguay y Somoza en Nicaragua, hasta las reformistas de Perú, Bolivia, Panamá y Brasil. Sin olvidarnos del militarismo pretoriano impuesto en Argentina y Brasil. Para Rouquié, existe una relación estrecha entre la implementación de las dictaduras militares y la violación sistemática de los derechos humanos. Muestra a estos gobiernos autoritarios como defensores de los intereses minoritarios en perjuicio de las mayorías populares y destaca la influencia norteamericana en los golpes de estado, hablando de una influencia notoria pero no decisiva.32 Francisco Martorell es el autor de Operacón Cóndor, el vuelo de la muerte. En él, trata sobre la coordinación de las dictaduras militares latinoamericanas en la metodología represiva sobre los agentes sociales cuestionadores de las estructuras políticas, sociales y económicas vigentes. Destaca la intervención norteamericana a través de la CIA, favorecedora de los golpes de estado, en especial el de Chile de 1973 y su coordinación con grupos paramilitares del Cono Sur Latinoamericano junto a las agencias de Inteligencia de Chile y Argentina, y su conexión en los países centroamericanos. Durante el desarrollo de su obra demostrará que los tentáculos de esta organización podían llegar a Norteamérica y Europa. Nos presenta en cada capítulo una temática, como quiénes eran los operadores de la represión, sus víctimas o los archivos de terror. El discurso resulta ser claro y no sobrecargado, analizando detalladamente los distintos casos de asesinatos de funcionarios de gobierno latinoamericanos.33 31 Gillespie, Richard, Soldados de Perón, los montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1987. 32 Rouquié, Alan, El Estado militar en América Latina… op. cit. 33 Martorell, Francisco, Operación Cóndor, El vuelo de la muerte, Santiago, LOM Ediciones, 1999. En La Dictadura militar 1976/1983. Del golpe de estado a la restauración democrática, los sociólogos Marcos Novaro y Vicente Palermo recorren el período más complejo y sombrío de la Historia Argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional, integrando la narrativa del horror con la compleja trama económica, social y cultural. Nos muestran las raíces autoritarias de ese período, advirtiéndonos también de la existencia de rasgos autoritarios que permanecen en la democracia actual. El texto está basado en testimonios de sus protagonistas y documentos coetáneos. Se inscribe en la teoría de los dos demonios, como una forma de señalar que parte de las víctimas no fueron inocentes, sin por ello justificar la represión despiadada de la dictadura.34 Ceferino Reato es periodista y Licenciado en Ciencias Políticas, autor de “Operación Traviata” en 2008, investigación que reabrió la causa judicial sobre la muerte del dirigente sindical ortodoxo José Ignacio Rucci. En 2010 publicó “Operación Primicia” donde nos narra el debut del grupo Montoneros. En cuanto al presente trabajo Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos está basado en entrevistas clandestinas llevadas a cabo en la cárcel ubicada dentro del cuartel militar de Campo de Mayo al dictador y exgeneral Jorge Rafael Videla, desde fines de 2011 hasta comienzos de 2012. La condena a cadena perpetua por parte de la justicia argentina y la imposibilidad de revertir su situación generó la posibilidad de este diálogo abierto. En estas entrevistas Videla cuenta lo que siempre negó sobre el proceso represivo y la desaparición de personas, explicando por primera vez la aplicación de la llamada Disposición Final, el método por el cual la dictadura secuestró, torturó, mató e hizo desaparecer los cuerpos de miles de ciudadanos. El autor, intercala las respuestas de Videla de más de veinte horas con una narrativa de los hechos históricos, es decir, el contexto histórico acompaña lo narrado por Videla, sumando los testimonios de otros exmilitares, militares y exmilitantes de izquierda. Debemos comentar que, como consecuencia de la publicación de este libro, que demostró la realización de la entrevista clandestina, el gobierno nacional decidió el traslado de Videla a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, (provincia de Buenos Aires) donde se encuentra actualmente en una celda común, alejado de los privilegios que gozaba en Campo de Mayo.35 34 Novaro, Marcos, Palermo, Vicente, La Dictadura Militar 1976/1983… op. cit. 35 Reato, Ceferino, Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2012. FUENTES Y METODOLOGÍA Las fuentes utilizadas para la realización del Trabajo presentan un problema que va más allá de la natural distancia geográfica con respecto a los archivos, ubicados en la República de Argentina. Este problema reside en la escasez y fragmentariedad de las fuentes existentes. Esta circunstancia es producto, en parte, de la destrucción sistemática de material documental por parte del Estado militar. Muchas de las fuentes escritas se encuentran dispersas o vedadas al acceso público. Este es el caso de los archivos policiales y militares. Por dichas razones, nuestra metodología de trabajo se ha basado en la utilización de fuentes secundarias, muy útiles porque en ellas se reproducen gran parte de las fuentes primarias: la prensa del período, las publicaciones periódicas, los discursos y declaraciones y hasta documentos oficiales, al igual que memorias y testimonios. En este último caso, debemos remarcar que los relatos de las víctimas que se incorporan en las causas judiciales, tienen características diferentes de los testimonios que se logran a través de las entrevistas personales. Se han reproducido de esta manera en las fuentes secundarias, las denuncias, recogidas a principios de los ochenta, por la CONADEP y los organismos de derechos humanos, junto a las declaraciones testimoniales de las víctimas de la represión y de los miembros de las fuerzas de seguridad, involucrados en las causas. Otras fuentes las conforman documentos no publicados, reservados o de circulación restringida. Todas estas fuentes permiten, en nuestra opinión, encarar con garantías de éxito el estudio y análisis de nuestro tema de investigación. A todo ello hemos de sumar la bibliografía especializada que hemos seleccionado y que se relaciona y comenta en el anterior apartado referido al estado de la cuestión. CAPITULO 1: COMPORTAMIENTO Y MENTALIDAD MILITAR “Por encima de todo está Dios. El hombre es criatura de Dios, creado a su imagen. Su deber sobre la tierra es crear una familia, piedra angular de la sociedad, y de vivir dentro del respeto del trabajo y de la propiedad del prójimo. Todo individuo que pretenda trastornar estos valores fundamentales es un subversivo, un enemigo potencial de la sociedad y es indispensable impedirle que haga daño. El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana” (General Jorge Rafael Videla). En el presente capítulo haremos una revisión de los principales modelos sociológicos que explican el comportamiento militar como resultado de su mentalidad, observando que sus características resultarán en muchos casos coincidentes a partir de su comparación con la narración de los hechos que se sucedieron en Argentina a partir del golpe militar de 1976. En época tan lejana como principios de 1941 el American Journal of Sociology publicó un artículo llamado “El Estado Militar”, en el que su autor, Harold Lasswel,36 sostenía que debido al avance de la ciencia y de los medios de control de las grandes masas humanas, el mundo se encaminaba hacia el dominio de los profesionales de la violencia, donde el oficio militar destacaría sobre otras profesiones. Según el autor, esta nueva clase militar cumpliría con una doble tarea, por un lado sería administrador de la violencia y de la coacción y por otro sería organizador de estructuras de base civil. El nuevo militar profesional ejercería el poder político a través de un aparato estatal militarizado sobre una sociedad también militarizada, cuyos estamentos serían todos controlados mediante la violencia y la coerción a través del control de los medios de comunicación, aplicando sobre la sociedad la propaganda y la acción psicológica. Tanto la represión como la coacción tendrían por blanco todos aquellos estamentos reivindicativos como los sectores obreros y ciertos intelectuales cuestionadores del orden socio-económico vigente y del poder militar. Lasswell afirmaba también que la nueva tecnología reemplazaría a la mano de obra no especializada o al menos la abarataría, por lo que estaría sometida a una continua explotación. En el plano político la acción de gobierno sería dictatorial prohibiéndose los partidos políticos, las elecciones y la división de poderes. La opinión pública carecería de libertad de expresión y de información, habiendo una sola interpretación de la realidad, la impuesta por el gobierno dictatorial. Como consecuencia del accionar de esa estructura autoritaria saldrían beneficiados estamentos civiles como la oligarquía financiera e industrial a través del control de los medios de producción. Por otro lado, la supuesta amenaza de un enemigo interior o exterior que cuestionara ese orden sería eliminada a través del reforzamiento de los gastos militares postergando así el estado de bienestar del resto de la sociedad. La realidad políticosocial latinoamericana de los años setenta, daría razón en parte a Lasswell. El Estado 36 Lasswell, Harold, “El Estado Militar”, en American Journal of Sociology, citado en, García, Prudencio, El Drama… op. cit, pp. 283-286. Militar se desarrollaría no en culturas de desarrollo tecnológico avanzado como había pronosticado él sino en culturas del Tercer Mundo. Las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile a mediados de los setenta, constituirían la mejor prueba del pensamiento teórico del autor, aunque debemos dejar aclarado que tanto Argentina como Brasil contaban con cierto complejo industrial militar,, el cual, dirigido por los uniformados, favorecerá, la autonomía militar. Gran parte de las características del “Estado Militar” de Lasswell quedarán plasmadas en Argentina a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuando buena parte de las Fuerzas Armadas inaugurarán el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, destruyendo el sistema democrático, estableciendo el dominio de la sociedad a través del control de los medios de comunicación, una política económica beneficiaria de ciertos sectores privilegiados, una represión sangrienta sobre el sector obrero e intelectual cuestionador de ese modelo económico implementado y su consecuente baja en la calidad de vida, sumando a ello los gastos desmedidos en la compra de armamento militar, utilizado en previsión del supuesto enemigo interno y externo (recordemos que la dictadura militar argentina asumiría el poder en 1976 con una deuda externa de 9.700 millones de dólares, retirándose de ese poder en 1983 con una deuda externa de 45.100 millones de dólares como consecuencia de los gastos militares).37 Respecto a la capacidad de dirección gerencial técnica y económica del “Estado Militar”, sí se cumpliría en el caso chileno, donde la retirada de la dictadura pinochetista dejaría una economía saneada aunque con una fuerte marginalidad social; lo mismo ocurriría en el caso de la dictadura brasileña donde el proceso de industrialización nacional sería apoyado por una burguesía nacionalista a través del “Estado Militar” mientras no se cumpliría en el caso argentino, quedando demostrado en el agravamiento de la situación económica que sufriría el país, bajo el mandato militar, como consecuencia del proceso de desindustrialización y de la vuelta a la vieja economía ganadera. En 1974 D. Yergin38 de la Universidad de Cambridge había elaborado su tesis doctoral bajo el nombre de “The National Security State”, donde analizaba las características de un tipo de estado vigente en distintos países latinoamericanos, presentando características muy aproximadas al “Estado Militar” de Lasswell. Por otra parte, a partir de 1959 el Pentágono comenzó a desarrollar una nueva doctrina militar, denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, mientras que varios sociólogos civiles norteamericanos buscaban relacionar el elemento militar con la “Seguridad Nacional”, buscando por así decirlo legitimar el control militar sobre el ámbito políticosocial de una sociedad, ya sea la norteamericana u otras, en aras de la seguridad en momentos circunstanciales como fue el marco mundial de la Guerra Fría. Como resultado de todo aquello surge una nueva teoría sociológica que apoya de manera absoluta esa fusión de lo militar con la seguridad considerando oportuno, justificado y necesario y hasta normal la actitud de la institución militar en su calidad de institución corporativa en esforzarse por lograr el autocontrol de la institución, alejándola del control político, asegurando así la autonomía institucional.39 37 Federico Martín Maglio, Evolución de la deuda externa argentina (www.fmmeducacion.com.ar). Consulta: 8 de noviembre de 2012. 38 Yergin, D., The National Security State, citado en García, Prudencio, El Drama… op. cit., p. 287. 39 Idem, pp.35-42. De esta forma se legitimaba toda posible intervención militar sobre los países bajo influencia estrictamente norteamericana como son particularmente los países latinoamericanos, justificando de esta manera el surgimiento de las dictaduras latinoamericanas, siendo un modelo paradigmático nuevamente la última dictadura militar argentina. Todo lo antedicho deja en evidencia que el elemento llamado “libertad” pasará a estar condicionado por un nuevo elemento considerado más importante llamado “seguridad”. Así, el punto de contacto entre la “Doctrina de Seguridad Nacional” y los militares latinoamericanos estará dado a partir de la implementación de cursos brindados a esos comandantes militares en territorio norteamericano entre 1950 y 1975, dando forma a su mentalidad y comportamiento; el objetivo será un adoctrinamiento político que respondiese a sus intereses, dentro del marco de la Guerra Fría. El último golpe militar producido en Argentina por sus comandantes militares significará la puesta en práctica del basto adoctrinamiento “antisubversivo”, sumando a ello los aportes autóctonos de viejo cuño. Otra característica del “Estado de Seguridad Nacional” que se va a plasmar en la dictadura militar argentina de 1976 es el abandono de la figura del dictador unipersonal y su reemplazo por una fuerza militar gubernamental corporativista, por algo los responsables del golpe sostenían que el poder no residía en el General Videla sino en la Junta Militar, constituida por un triunvirato, integrado por cada uno de los comandantes de la Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. No por nada en los estatutos del nuevo gobierno militar autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” se establecía que cada cuatro años y a modo de “democracia interna”, serían cambiados todos los integrantes de la Junta Militar. Eliminando la posibilidad a militares carismáticos y conocidos con anterioridad que quisieran perpetuarse en el poder, como fue el caso del general Aramburu en 1955 y el general Onganía en 1966. El primer rasgo que hace diferente a la conducta militar en este proceso es la preponderancia de la Junta Militar por sobre el Presidente. La Junta Militar, “órgano supremo de la Nación” establecía cómo debían funcionar los tres niveles de gobierno además de designar al presidente, controlaba su actuación y hasta se reservaba el derecho a destituirlo, declaraban el estado de sitio y designaban a los miembros de la Corte Suprema y a otros altos funcionarios. Otro rasgo de este modelo autoritario será el reparto tripartito del poder. Con excepción de los cargos municipales que quedaban en la mayoría de los casos en manos de civiles afines, los medios de comunicación, los sindicatos, las obras sociales, las organizaciones empresariales y los directorios de empresas públicas fueron repartidos “equitativamente” entre las tres fuerzas. Así, la mitad de las gobernaciones quedó en manos del Ejército y la otra mitad se repartió en partes iguales entre la Armada y la Fuerza Aérea. Respecto a la organización y la práctica represiva también fueron divididos según este criterio tripartito. Al implantar este modelo específico autoritario, el objetivo era evitar los errores cometidos por gobiernos militares anteriores, se buscaba un masivo respaldo de las instituciones armadas al régimen y un control mutuo del ejercicio del poder entre las diferentes fuerzas con el objetivo de evitar los conflictos internos. Se aplicaría también la rotación de los cargos de presidente y miembros de la Junta Militar. Sin embargo a pesar de todas estas precauciones, este modelo autoritario no cumplirá con sus objetivos al potenciar los conflictos internos de las Fuerzas Armadas. De esta manera, clásicos enfrentamientos entre fuerzas que se habían desarrollado durante décadas entre la Armada y el Ejército, encontrarán en este modelo su expresión en la cúpula militar, en las figuras mismas del General Videla y el Almirante Massera. Después de controlar el poder de manera impecable, el General Videla y su Junta Militar desde 1976 hasta 1981, la falta de una legitimación sólida, una vez derrotadas las organizaciones armadas de izquierda, acentuará la conflictividad interna, haciendo trastabillar el poder militar. Así se sucederán entre 1981 y 1983, en que retornaría la democracia, hasta tres juntas militares. No sería precisamente este caso el de Chile y Paraguay con sus respectivos dictadores de larga data (Pinochet y Stroessner). La fórmula dictatorial argentina demostrará su gran “eficacia” en la práctica represiva y en el control social. Por lo que serán más representativas del modelo de “Estado de Seguridad Nacional” las dictaduras militares de Brasil, Uruguay y Argentina, inauguradas respectivamente en 1964, 1973 y 1976. La “Seguridad” se presenta entonces como un elemento necesario para el desarrollo normal de una sociedad. Su presencia permite la estabilidad social, necesaria para la integración y el desarrollo. La Seguridad Nacional entonces tiene por objetivos evitar que elementos internos o externos alteren esa estabilidad social ya establecida y que asegure un orden preestablecido. El mantenimiento irrestricto de esa “seguridad”, proporcionará a la dictadura militar argentina de 1976 la posibilidad de intervenir en los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de toda la sociedad, por lo que su campo de actuación estará mucho más allá de su espacio estrictamente militar, abarcando por así decirlo todos los ámbitos de la sociedad, sin tomar en cuenta los graves daños que ocasionará a la misma a partir de ese concepto tan particular de “seguridad”. Porque aceptamos que una sociedad puede ser víctima de ciertas amenazas, de ahí que en los estados democráticos funcionen las Fuerzas de Seguridad de Estado. El problema surge cuando el concepto degenerado de “seguridad” comienza a ser aplicado por el “Estado de Seguridad Nacional”, provocando como habíamos afirmado un gran daño a la sociedad, al fijar un “enemigo interno”, representante de la “subversión”, al que habrá que aniquilar mediante la puesta en práctica de una guerra interna donde el “enemigo” resulta ser integrante de esa sociedad a la que hay que proteger. Así se justifica la desaparición del sistema democrático, el fin de las libertades político-sindicales y una represión social sangrienta; en resumen, el fin de la supremacía del poder civil y por lo tanto el dominio del poder militar, lo que se traduce en verdadero daño a la sociedad. Daño representado por el impacto destructivo que generó la aplicación de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, doctrina por otra parte oligárquica, pues el pueblo integrante de la sociedad se transformaría por su aplicación en un mero objeto, donde se resguardaban las “seguridades” de unos pocos. Siendo el enemigo en esta supuesta “lucha anticomunista” no sólo el marxismo, sino partidos socialistas democráticos, agentes de la comunidad que reivindicaban derechos sociales, personas en general totalmente alejadas de la violencia y el propio sindicalismo argentino, carente de todo ideario revolucionario. Por todo ello resultaría aplicable esa frase tan popular según la cual, “el remedio resultaba ser más dañino que la enfermedad”. No por nada se cuestionó en la sociedad argentina de los noventa y de la actualidad la falta de dirigentes políticos. Aquellos que tendrían que haber sido y nunca lo fueron, pues habían desaparecido bajo el accionar represivo y exacerbado de la dictadura militar argentina, con la aplicación de la susodicha doctrina. Para el análisis del comportamiento militar argentino cabría destacar también la interpretación del sociólogo argentino Guillermo O´Donnell40 quien establece la diferenciación entre los gobiernos totalitarios europeos de los años veinte y treinta, con los gobiernos autoritarios latinoamericanos de los años sesenta y setenta, siendo las características de éstos últimos la fuerte restricción a las libertades políticas de la sociedad a través de un control represivo de la misma, con una política “exclusionista” de los sectores más populares, sumado a ello la inexistencia de una movilización ideológica propia, elemento típico de los gobiernos totalitarios. El autor fija la relación entre el grado de modernización que un régimen autoritario pretende implantar y el grado de exclusión que impone a la participación política y social, concluyendo que el régimen militar “burocrático-autoritario” establece la máxima exclusión de la participación democrática ciudadana en el momento en que logran las instituciones militares una mayor modernización. Por otra parte, el profesor norteamericano Charles Moskos,41 establece un análisis sociológico particular respecto al comportamiento de las instituciones militares, fijando dos modelos contrapuestos, el institucional y el ocupacional. En el caso del ejército institucional, llamado también profesional o vocacional existe un fuerte predominio de valores y normas tradicionales basadas en conceptos como “deber”, “honor”, “patria”, “vocación de servicio”, “lealtad”, “disciplina”, en donde percibimos unos objetivos que van más allá de los intereses particulares, en aras de un bien considerado superior. Lo que se traduce en comportamientos “vocacionales”, como la disponibilidad para el servicio de 24 horas al día, aceptación por parte del individuo del desplazamiento geográfico, la aceptación también del reglamento militar, eliminando toda posibilidad de rechazo o de negociación, considerado “indigno” en el comportamiento de un “verdadero militar”. Mientras que, por otro lado, el modelo de ejército ocupacional según Charles Moskos está representado por los ejércitos modernos, los cuales poseen un comportamiento cercano al empresarial-laboral, donde los salarios varían según las funciones regulado todo de manera contractual, donde el interés individual resulta ser prioritario por sobre el interés de la organización militar. Debemos dejar bien en claro que tanto la forma institucional como la ocupacional resultan ser modelos puramente teóricos, lo que significa que ningún ejército posee las características absolutas de un modelo sino más bien el predominio de cierto modelo sobre el otro. Evidentemente las Fuerzas Armadas Argentinas protagonistas del golpe militar del 24 de marzo de 1976 estarán enmarcadas dentro del modelo institucional o tradicional, donde para contener y disciplinar a los sectores de una sociedad en “efervescencia social”, eran necesarias unas Fuerzas Armadas que creyeran en aquellos “valores superiores” antedichos, indispensables para asegurar la continuidad de un orden social y económico establecido e inmovilista. La eliminación mediante la represión de esa “amenaza social” de los años setenta, significará en los noventa, la conversión de un ejército vocacional en uno 40 O´Donnell, Guillermo, El Estado Burocrático Autoritario, citado en, García, Prudencio, El Drama…, Madrid, Alianza editorial, 1995, pp. 297-299. 41 Moskos, Charles, Las Fuerzas Armadas Argentinas en el marco del modelo institucional ocupacional. Citado en García, Prudencio, El Drama…. op. cit., pp. 299-305. ocupacional, al eliminar el servicio militar obligatorio (caso Carrasco)42 sin desaparecer ciertos rasgos del primero, coincidiendo así el cambio con el fin del enfrentamiento en el marco de la Guerra Fría. Con esto no queremos decir que el modelo institucional sea antidemocrático, por el contrario, un ejército institucional con los valores de honor, deber y disciplina se siente obligado por los mismos a defender y respetar las instituciones democráticas, las libertades ciudadanas y el poder civil. Todo ello nos obliga a preguntarnos cuales fueron las razones por las cuales las Fuerzas Armadas Argentinas tergiversaron esos “valores superiores”, logrando con su accionar un lamentable efecto contrario, violando las normas democráticas del país y los derechos de sus ciudadanos. Para lo cual resultaría necesario adentrarnos en el período originario de las Fuerzas Armadas Argentinas, las que increíble pero realmente nos atreveríamos a sostener, nacieron antes del surgimiento del propio Estado-Nación, aparecido como consecuencia del proceso independentista iniciado el 25 de mayo de 1810. Precisamente ese “espíritu” de Fuerzas Armadas por así llamarlo, había surgido en la época colonial con las llamadas “Invasiones Inglesas” de 1806 y 180743, en donde regimientos británicos intentaron invadir la ciudad de Buenos Aires, siendo contenidos, rechazados y derrotados en dos ocasiones, no sólo por regimientos españoles sino también por regimientos formados por criollos con comandantes militares del mismo origen quienes adquirirían prestigio social y honor a partir de ese desempeño, muchos de los cuales serán protagonistas de las guerras de la independencia contra la metrópoli acrecentando aún más su prestigio social ante la sociedad, fortaleciendo por otra parte su poder autónomo. A lo largo del siglo XIX el protagonismo militar, mediante el caudillismo, alejado totalmente de todo profesionalismo militar iría en aumento como consecuencia de la extensa y larga guerra civil que duraría más de cuarenta años, iniciada en simultaneidad con la finalización de la llamada guerra de independencia, donde ya no se advertía una diferenciación entre la actividad política y militar, ya que los propios gobernadores de las provincias en pugna resultaban ser comandantes militares. Este protagonismo militar quedaría coronado con el logro de la unidad y organización nacional a partir de 1853 y con la denominada “conquista del desierto” de 1879 por el General Julio Argentino Roca, que tuvo por objetivo la incorporación territorial de toda la región patagónica a la llamada “civilización” (blanca) mediante el exterminio de su población nativa, incorporando dicho territorio al fisco para luego ser redistribuido entre las principales familias latifundistas de la provincia de Buenos Aires. El prestigio adquirido por el General Julio Argentino Roca lo catapultaría a la 42 El ciudadano argentino Omar Carrasco, se incorpora al ejército argentino para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio en el regimiento de Zapala, provincia de Neuquén el 3 de marzo de 1994, tres días después es reportado como desaparecido y considerado desertor. 25 días después, su cadáver fue hallado oculto en las instalaciones castrenses con signos de haber recibido una feroz golpiza. La noticia pública provocaría una conmoción social y política, por lo que el 31-8-1994 el Presidente Carlos Menem derogó la Ley 3948 de Servicio Militar Obligatorio mediante un decreto y su reemplazo por un sistema de voluntariado rentado. Filmografía.“Bajo bandera” (Jusid, Juan José, 1997). 43 En 1806 y 1807 dos fuerzas expedicionarias militares británicas conquistaron la ciudad de Buenos Aires, con el objeto económico de encontrar en ella un mercado para “colocar” sus productos manufacturados, pero fueron expulsadas al poco tiempo por el accionar de regimientos españoles y los recientemente creados regimientos criollos, cuyos comandantes eran de la misma procedencia, destacándose en la acción militar. Estos comandantes a partir de la revolución de mayo de 1810, serán los conductores de los ejércitos libertadores durante la guerra de independencia, aumentando con ello su honor y prestigio. la última dictadura militar la represión “antisubversiva”, siendo los sostenedores de la guerra a ultranza con Chile en 1978 que no se concretaría y de la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña en 1982 que sí se concretaría. Así, las concepciones políticas anticomunista y antiperonista de estos militares “duros” los hacían rechazar toda posibilidad de acercamiento con las organizaciones políticas y sindicales, mientras sus concepciones económicas los oponían al liberalismo económico “antiestatista” y a la facción “politicista” del ejército. Dentro del ejército pretoriano de “tipo dirigente que encarnaban los “hombres del golpe” se manifestaba un sector mas “duro” o “reaccionario” por así llamarlo y otro más conciliador, autodenominándose respectivamente “halcones” y “palomas”, aunque debemos dejar bien en claro que la separación de un grupo del otro en algunos casos resultaba ser verdaderamente difuso. El 2 de Agosto de 1977, la Junta Militar aprobó los contenidos del proyecto Nacional, el primer plan político institucional de las Fuerzas Armadas, mientras que el 29 de Setiembre de 1976 se crea el nuevo ministerio de Planeamiento a cargo del General Ramón Díaz Bessone, cuyo proyecto desarrollista resultaba ser contradictorio y a su vez nefasto para el Ministerio de economía. Todo se trataba de una concesión que la Junta Militar le brindaba a los “duros” del ejército como recompensa por su triunfo en la guerra “antisubversiva”. Su mera creación significaba el aumento de la estructura estatal y no su reducción como abogaba el Ministerio de economía. El proyecto nacional consistía en solidificar el poder estatal pero respetando las leyes de mercado, en lo económico aplicando políticas nacionalistas y desarrollistas, preservando el poder decisorio nacional frente a la acción de las empresas transnacionales, favorecer el “desarrollo de industrias básicas” y “polos de desarrollo” a lo largo y ancho del país, favorecer la propiedad privada, frenando a su vez todo desarrollo monopólico. Rechazaba de plano la representación política partidaria, reconociendo sólo el “protagonismo democrático” a unas “asociaciones intermedias”, aunque en lo social abogaban por “lograr mantener una situación socioeconómica que elimine tensiones sociales”, “no sobrepasar los índices normales de desocupación” y avanzar “con el menor costo social posible”. Sin embargo dicho proyecto comenzaría a naufragar tan temprano como en diciembre de 1977, iniciando así un proceso de decadencia de los “duros” dentro de la estructura militar. En el plano exterior, la nueva política de los derechos humanos impulsada en Estados Unidos por la nueva administración demócrata de James Carter, había provocado temores al Régimen ante posibles sanciones internacionales por el sostenimiento de un estado terrorista. Mientras que en el plano interno el Ministerio de economía dirigido por Martínez de Hoz se mantendría en una situación dominante, consecuencia de ello sería la renuncia del General Díaz Bessone y la eliminación de su ministerio. Las diferencias en cómo debían ser las “formas” de la estructura económica nacional provocaron el enfrentamiento. Así, el poder del establishment económico demostraba ser mayor que el de los “duros” sostenedores de la autonomía militar y del desarrollo tecnológico-industrial. Un capítulo aparte merecería el comportamiento de uno de los integrantes de la Junta Militar, nos referimos al Almirante Emilio Eduardo Massera quien como consecuencia de sus ambiciones políticas se desmarcaría del proceso militar a partir de la derrota de la “subversión”, último elemento que como habíamos dicho legitimaba el poder militar ante la sociedad. Así, en 1976 la Armada intentaría recuperar el protagonismo a través de un proyecto político, ambicioso y personal, el del Almirante Massera quien contaría con un fuerte apoyo institucional, la apertura de su nuevo discurso buscaba la crítica de la política económica apoyada por el General Videla, buscando su consolidación personal ante la sociedad y vastos sectores de las Fuerzas Armadas, provocando el comienzo de la inestabilidad del régimen. El discurso de Massera resultaba ser complejo y con elementos metafóricos buscando siempre la persuasión sobre la opinión pública argentina y sobre las Fuerzas Armadas presentándose como “guía espiritual” y “líder heroico”. Ya desde 1977, dirigía críticas veladas a la conducción económica advirtiendo contra el “Dios-dinero”. “Si todo el mundo se debate en la violencia, es porque el materialismo –dialéctico o noestá copando la libertad y nos está sumergiendo en un universo de cosas sensoriales, en donde el espíritu tiene, cada día, un lugar más precario y lamentable. (…) Los ideales dominantes de nuestro tiempo convierten a las personas en masas amorfas de consumidores compulsivos. (…) Desgraciadamente (…) suele haber un tremendo desprecio por la vida humana y los místicos de la redención por las balas o los fríos apóstoles de la penetración tecnocrática, conducen, por igual, a la masificación del individuo, entronizando un dios-destrucción o un dios-dinero, que no podrán nunca satisfacer la necesidad de trascendencia (…) de la persona humana. Es así que unos y otros están trabajando ineludiblemente a favor de la muerte (…).53 Así, Massera establecía una sorprendente identidad entre el “subversivo” y el “tecnócrata” por su común desprecio por la individualidad humana masificando a los argentinos y trabajando para la muerte. Para Massera la tecnocracia entregaba al mercado la vida humana y la convertía en una “máquina de consumo compulsivo”. Sin embargo el Almirante no planteaba de momento los “costos y sacrificios” que el plan económico provocaba a la sociedad argentina. Hacia octubre de 1977 la “ofensiva por el poder” de la Armada aumentaría. A pesar de que los reglamentos del “proceso Militar” establecían que el presidente de la Nación no podía ser integrante de la junta Militar ni estar prestando servicio activo, el hecho de que Videla tuviera la titularidad del Poder Ejecutivo, en situación de actividad, la Comandancia del Ejército y fuera además miembro de la Junta Militar, vulneraba todos esos principios. Dado que hacia fines de 1977 la “excepcionalidad” que había justificado en un inicio esta situación parecía haber sido superada, los grupos contrarios a Videla y en especial la Armada apoyada por la Fuerza Aérea, comenzaron a presionar para su reemplazo y por la conquista de espacios de poder. Así lo demuestra este discurso del Almirante Massera: “Ciertos aspectos de la conducción económica deben ser rectificados y/o dinamizados para alcanzar el pleno logro económico-social del proceso de Reorganización Nacional (…) la estructura de poder en este Proceso se vertebra en la Junta Militar (…) y en el Poder Ejecutivo Nacional desempeñado por un oficial superior de la Fuerzas Armadas en situación de retiro, responsable del gobierno y dependiente de aquella. La situación que hoy se vive tiene carácter transitorio y antes de fin del año en curso, la junta Militar resolverá cuánto durará esta situación excepcional”. 54 El 28 de abril de 1978 en una reunión en el Edificio Cóndor se designaba a Videla Presidente de la Nación hasta 1981 dando por terminado el período de “excepcionalidad” el 1 de Agosto de 1978, día en que Videla pasaría a retiro habiendo 53 La Nación, 12-10-1977. Citado en: Idem., pp.82-83. 54 La Nación, 12-10-1977. Citado en: Idem, p.84. cesado previamente como comandante en jefe. Por otra parte, los integrantes de la Junta Militar fueron renovados por lo que Massera debía abandonar su cargo en setiembre y Agosti en enero. A partir de esta “retirada” y teniendo un control inicial sobre la Armada, el Almirante Massera aumentará sus críticas al modelo económico en vistas a la consolidación de su proyecto político actuando como un verdadero desestabilizador del régimen, disminuyendo paulatinamente su control sobre la Armada quien a través de su nueva autoridad, el Almirante Lambruschini, había optado por el “autoatamiento institucional”. Como habíamos sostenido, mientras terminaba la “represión antisubversiva” agotando por así decirlo el elemento que legitimaba el poder militar, ante una sociedad expectante se decidió iniciar un juego ambiguo basado en prometer por un lado una “democracia representativa, republicana y federal” desalentando paralelamente una apertura política electoral. En ese contexto la Armada había presentado en Octubre de 1977 un documento llamado “Consideraciones sobre el Proceso de Institucionalización y el Movimiento de Opinión Nacional” donde se sustentaba la idea de formar ese movimiento conformado por aquellos ciudadanos que se sintieran identificados con el régimen. Se debía dar comienzo a un proceso de “institucionalización” de los partidos políticos para volver a la democracia, para lo cual se debían cumplir ciertos objetivos. De momento se debía formar una fuerza política nueva, que no surgiera de las estructuras políticas y sindicales y que se identificara con el gobierno militar. Así, las Fuerzas Armadas habían presentado tres proyectos alternativos similares unos de otros que al fin y al cabo no demostraban un interés por la vuelta inmediata a la democracia. Habían logrado tomar la iniciativa ante los civiles anticipando la salida democrática pero orientándola para demorarla, exacerbando a su vez la conflictividad interna. Mientras tanto, a mediados de 1978, a las actividades de los organismos de los derechos humanos se le sumaba el despertar de los partidos políticos y las organizaciones sindicales, donde los primeros en su rol de oposición comenzaron a criticar la política económica del régimen; críticas apoyadas por el propio Massera ya retirado como una manera de acercarse al “bando” de los dirigentes políticos de la democracia, actuando ahora como verdadero político y aprovechando los conocimientos que tenía sobre la exacerbada situación interna militar, para sus fines políticos. Según investigaciones el propio Massera se habría reunido con la cúpula de Montoneros en París en abril de 1978 (publicado en el periódico Le Monde) con el objetivo de establecer una alianza con vistas a desarticular el proyecto económico de Martínez de Hoz. 55 Todo ello quedaría reflejado al crear el “Movimiento Nacional para el Cambio”, integrado por militares retirados, exdirigentes peronistas, socialistas, desarrollistas y ex miembros de corporaciones empresarias. Massera decía: “La política económica, que no debe ser otra cosa que un instrumento de la política nacional, ha pasado a ser la política nacional en sí misma y está modelando a la sociedad argentina dentro de cánones que no figuran en los documentos fundacionales del Proceso. Hoy contemplamos con cierta angustia en el corazón cómo se desdibuja la Argentina industrial, mientras crece una Argentina financiera, cómo los creadores son desplazados por extraños mercaderes (...) En vez de producir, comerciamos. Pero no comerciamos lo que producimos –lo que sería legítimo y útilsino que comerciamos una metáfora, un símbolo, una convención.56 Dentro de los “errores del proceso”, señalaba el ex comandante se encontraba “una política económica implacable, basada en la carga sobre los más 55 Manfroni, Carlos A., Montoneros, soldados de Massera, Buenos Aires, Sudamericana, 2012. 56 La Nación, 9-10-1979. Citado en: Canelo, Paula, El proceso en su laberinto… op. cit, p.116. débiles, el reforzamiento exagerado del sector financiero y la complacencia de los grandes intereses multinacionales (…) la terquedad de la inflación demuestra un error de concepción que no se quiere rever”.57 Ante tal suma de críticas, la respuesta del régimen no se haría esperar, el nuevo comandante en jefe del Ejército era el General Leopoldo Fortunato Galtieri para quien Massera resultaba ser un problema que debía ser “enfocado por el señor Comandante en Jefe de la Armada”, dado que Massera, “no obstante estar en situación de retiro”, se hallaba regido, “como el resto del personal militar, por leyes y reglamentos militares”. Mediante un documento publicado el 15 de junio, el ex comandante intentó quebrar el apoyo de las Fuerzas Armadas al plan económico, llamando a los comandantes a “retornar a los objetivos originarios”. Decía Massera: “Nadie puede negar que soy parte del Proceso. Mi preocupación es que no se tergiverse (…) Se equivocan quines confunden gobierno con FFAA. Las FFAA a través de sus comandantes deben analizar entonces si las actitudes y medidas de gobierno coinciden con los propósitos y objetivos del Proceso (y si) comprometen su prestigio. (…) Cuando la economía ha pasado a ser política, cuando el sector financiero ha sido convertido en cáncer, cuando por complacencia o por capricho se destruye la industria nacional (…) cuando la especulación es la conducta alentada por el gobierno, cuando la insuficiencia del salario obliga a la desintegración de la familia: el problema es moral. (…) Por eso juzgo a la conducción económica, no por sus errores o por no haber alcanzado los objetivos propuestos. La juzgo porque es la herramienta del materialismo penetrando en lo más íntimo de nuestro tejido social. La juzgo porque es el instrumento utilizado para transformarnos en una colonia. La juzgo porque pretende destruir nuestros valores. Y esto, no puede ser auspiciado por las FFAA”.58 Massera presentaba una diferenciación entre Fuerzas Armadas y gobierno, donde éste último debía ser ejecutor de las decisiones tomadas por la Junta, formada por las tres fuerzas, entre cuyas atribuciones se encontraba la de controlar al Presidente y la de decidir su destitución. El gobierno estaba estrechamente unido a sus Fuerzas Armadas, la intentona había fracasado lo que llevaría aún más a buscar un acercamiento con los dirigentes políticos, sin obtener resultado alguno. Su proyecto político caería en desgracia, como consecuencia del poder avasallador de las Fuerzas Armadas en el gobierno. La dictadura militar, desde la “suma del poder”, demostraba que la autonomía militar no se podía detener, ni someter a los intereses políticos y personales de uno de sus ex comandantes. Esa autonomía militar siempre había formado parte de las Fuerzas Armadas y había comenzado a despertar con la reaparición de la democracia, el 25 de mayo de 1973, acentuándose gradualmente, a través de los gobiernos democráticos sucesorios de Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón e Isabel Perón, los cuales y a través de sus matices, acrecentarían ese poder hasta desembocar en el golpe militar del 24 de marzo de 1976, llegando a partir de ese momento a su máximo esplendor. Porque la autonomía militar no sólo era cuestión de “poder político”, sino de la metodología represiva a adoptar y de la intensidad con que se la llevaría a la práctica, sobre aquellas fuerzas que comenzaban a amenazar ese poder. 57 La Nación, 11-12-1979. Citado en: Idem, p.117. 58 La Nación, 15-6-1980. Citado en: Idem, p.118. CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES DEL GOLPE MILITAR (1973-1976) “Hay una ley y hay una justicia y quien delinca se enfrentará a esa ley y esa justicia por la vía natural que toda democracia asegura a la ciudadanía. Creer lo contrario sería asegurar la injusticia y andaríamos matando gente en la calle que ni merece ni tiene por qué morir. Yo no he de entrar por el camino de la violencia porque si a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado no llegaremos a ninguna solución” (General Juan Domingo Perón). Resulta frecuente que todas las producciones historiográficas referidas a la violencia y represión de los setenta, se redujeran prácticamente a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y al accionar de la guerrilla. Pareciera que la represión ejercida por la dictadura eclipsara por así decirlo a los futuros escritores del período. Así, esta violencia inaudita instalada por la dictadura, condicionaría nuestra mirada sobre el período anterior. De esta manera los efectos de la violencia militar, sumado a las necesidades de una democracia débil inaugurada en 1983 impidieron estudiar un proceso represivo que había comenzado precisamente antes del golpe, en una democracia condicionada y jaqueada entre el accionar de los grupos armados de izquierda y el sector de las Fuerzas Armadas reaccionarias de derecha. En realidad, el accionar represivo se va a producir a partir de la intervención política de las instituciones democráticas y dentro del marco de la legalidad con otras estructuras de corte clandestino, hacemos clara referencia a la Triple A con un objetivo en común, que es el de implantar la denominada “Seguridad Nacional”. Esa acción de violencia consistiría en la aplicación de ciertas prácticas represivas en un marco de excepcionalidad jurídica en progresión. Una política estatal que por otra parte fue apoyada por varios sectores políticos y por el peronismo que detentaba el poder, legitimado masivamente desde las elecciones del 25 de mayo de 1973, de la mano de Héctor J. Cámpora, representante de la izquierda peronista quien renunciaría el 13 de julio de 1973, por presiones del “partido”, como habíamos sostenido. Los cambios progresivos de la represión tomarán forma durante el gobierno del propio Perón, acentuándose de una manera abrumadora después de su muerte, ante el gobierno de María Estela Martínez de Perón , su viuda, quien como consecuencia de su desconocimiento de la política había incentivado de manera creciente la presencia militar con sus tradicionales “planteos a los gobiernos democráticos”. Así, el golpe de estado de 1976 se nos presentará, no como final de un proceso sino como una continuidad de violencia progresiva, sustentada por el poder estatal. Ese período anterior a la dictadura militar, estará representado como habíamos dicho por el gobierno peronista, al triunfar en las elecciones democráticas, el candidato del Movimiento Nacional Justicialista, Héctor J. Cámpora, con el 50% de los votos. La figura carismática del líder histórico Juan Domingo Perón quedaría excluida por “orden militar”. La soberbia de las Fuerzas Armadas reaccionarias que habían expulsado del poder al propio Perón mediante el golpe de 1955 no les permitía protagonizar la entrega del gobierno en un acto ceremonial a la persona a la que se lo habían denegado 17 años atrás. En cuanto al nuevo presidente electo peronista, a pesar de su tendencia política, conformaría un gabinete integrado por todos los sectores del Peronismo, desde su ala izquierda hasta su ala derecha. Paralelamente y externamente al proceso institucional se estaba desarrollando un proceso de radicalización política de sectores obrero-sindicales y clases medias que crecían desde mediados de los años sesenta. Surgirían así, una serie de organizaciones armadas de izquierda que desde 1970 cobrarían protagonismo. Ejemplos de éstas fuerzas fueron el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Montoneros, que constituían el ala izquierda del Peronismo enmarcada en la Juventud Peronista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL). Todas estas fuerzas políticas de izquierda coincidían en algo: una resistencia a la dictadura militar saliente con un proyecto socialista revolucionario o “socialista nacional” en el caso de Montoneros, aplicando una estrategia armada. Su comportamiento estaría ejemplificado en el copamiento y toma de cuarteles militares, asaltos a bancos, secuestros y asesinatos (ajusticiamientos) de militares, policías, empresarios y sindicalistas considerados “burocratizados”. De hecho esa violencia, sumada a la movilización popular y a la protesta social en las calles fueron las que habían provocado la “retirada militar” y el inicio del proceso democrático. La autorización militar al retorno de Perón y la legalización del partido hegemónico proscripto, fue visto por los uniformados como “un mal necesario” para contener a una sociedad en estado de ebullición. De hecho, las organizaciones de izquierda habían ejercido tal presión sobre el flamante gobierno democrático de Cámpora que en la misma noche de su asunción, había autorizado por decreto el indulto inmediato de todos los presos políticos. Luego el Congreso aprobaría la Ley de Amnistía para quienes hubieran cometido “delitos con móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles”, con objeto de alcanzar la “pacificación nacional”. A su vez el nuevo gobierno anulaba por decreto la Cámara Federal en lo Penal (fuero antisubversivo creado por el General Lanusse, último representante de la dictadura militar) y suprimía todas las leyes penales especiales creadas durante el último gobierno de facto. El bloque de leyes derogadas había sido implantado por la dictadura militar inaugurada por el General Onganía en 1966, en acuerdo con la denominada Seguridad Nacional. Estas disposiciones, aplicadas a lo largo de la dictadura militar anterior (1966- 1973), trataban sobre la represión a los sectores progresistas, especialmente a los grupos armados de izquierda. Además, se habían implementado reformas del Código Penal que endurecían las penas para los casos de “delitos contra la seguridad de la Nación”, con capacidad de censurar y controlar los medios de comunicación, crear consejos de guerra especiales y hasta de autorizar la pena de muerte. Sin embargo, bajo el nuevo gobierno democrático de Cámpora, no se había derogado el llamado decreto-Ley de Defensa Nacional, basamento ideológico de la Seguridad Nacional implementada por la dictadura de 1966. No solamente no se había derogado sino que en el futuro sería invocado como fundamento jurídico para respaldar diversas medidas restrictivas de las libertades públicas, hasta que en 1975 una nueva legislación lo sustituiría nada más y nada menos que para “profundizarlo”. La vuelta a la democracia de 1973 había provocado grandes movilizaciones sociales con reclamos que culminaban en la toma de hospitales, universidades y entidades públicas y privadas como una reacción frente a la continuidad de funcionarios públicos pertenecientes a la dictadura militar saliente. Lo que sería visto por los medios de difusión, especialmente los gráficos, como el comienzo de un “caos” que debía ser frenado. A ello se sumaba la continuidad de las acciones armadas por parte de las organizaciones revolucionarias. Mientras el ERP brindaba su apoyo condicional al gobierno de Cámpora, continuaba actuando contra los llamados “enemigos del pueblo”(Fuerzas Armadas, multinacionales, burguesía local). Por otro lado, Montoneros utilizaría la violencia armada para dar fin a la puja interna del peronismo. Esta continuidad de la violencia en manos de los grupos armados de izquierda dentro del sistema democrático alcanzado generó un repudio masivo público, reforzado por los medios de difusión, por los partidos políticos opositores y por el ala derecha del Peronismo, para quienes en cierta forma la violencia estaba legitimada frente a una dictadura militar pero injustificada frente a un gobierno democrático. Evidentemente las organizaciones de izquierda planteaban la necesidad de reformas estructurales de la sociedad, que serían rechazadas por una democracia liberal. La renuncia del Presidente Cámpora, debido a “presiones partidarias”, como habíamos sostenido y ante una situación de violencia “incontrolada”, llevaría a nuevas elecciones nacionales en setiembre de 1973, donde saldría triunfante el propio Perón con el 62% de los votos, habiendo entre uno y otro candidato un breve interinato presidencial a cargo de Raúl Lastiri, quien era Presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto a quien le correspondía el cargo por línea sucesoria. La figura de Perón había tomado las riendas del poder, mientras la violencia armada generada por una dictadura, ahora en democracia se trasladaba a la tensión interna peronista entre sus alas contrapuestas. La llegada del Peronismo al poder había generado la competencia entre los distintos sectores del movimiento para ocupar los puestos clave en la nueva administración. Hasta ese momento el líder, Juan Domingo Perón, desde su exilio a partir de su derrocamiento en 1955, había mantenido y hasta incentivado por razones estratégicas, el ala izquierda del movimiento, jugando por así decirlo entre la izquierda y la derecha peronista con el fin de lograr sus objetivos políticos, hasta la llegada nuevamente al poder en 1973. Así planteadas las cosas, el enfrentamiento interno estaba dado por la llamada “Tendencia Revolucionaria”, integrada por grupos juveniles, organizaciones armadas, un sector combativo del sindicalismo, intelectuales y demás fuerzas de la izquierda que se habían unido al peronismo en búsqueda de una “patria socialista”. A este sector se enfrentaba la derecha ortodoxa conformada por el grueso del sindicalismo, junto a sectores políticos peronistas tradicionales, muchos de ellos de extrema derecha y anticomunistas, representados por la figura de José López Rega, Ministro de Acción Social del gobierno peronista y muy cercano al Presidente Perón, desde el momento en que ejercía las funciones de secretario privado durante su exilio madrileño en Puerta de Hierro. Cada uno de estos sectores sostenía ser “el verdadero peronismo” por lo que habían optado en elegir el camino de la violencia para dirimir sus diferencias. Así el 20 de junio de 1973 y bajo el gobierno de Cámpora, el General Perón retornaba a la Argentina desde Madrid, por lo que cientos de miles de militantes peronistas de ambas tendencias comenzaron a concentrarse en las afueras del aeropuerto internacional de Ezeiza. El resultado era esperado, sectores peronistas de ultraderecha comenzaron a abrir fuego sobre las columnas de montoneros provocando cientos de muertos, por lo que el avión que conducía a Perón debió de aterrizar en el aeropuerto alternativo de Aeroparque. Así, en Ezeiza todo terminaría en tragedia por lo que quedaba demostrado que toda convivencia entre la izquierda y la derecha peronistas sería imposible. Toda esta violencia generada entre los extremos peronistas se había desarrollado en medio del estupor de una muchedumbre no alineada con ninguno de los dos sectores, la cual quedaría a la expectativa. Ezeiza sería una representación a escala reducida de lo que sería la historia argentina durante los próximos tres años donde los extremos políticos continuarían matándose hasta que las Fuerzas Armadas tomaran el poder y continuaran con “la labor”, con la diferencia de que lo harían en un solo sentido. Horas después del enfrentamiento, el propio Perón daría un discurso a la Nación, visto por los sectores políticos como una búsqueda a la pacificación. La realidad es que su discurso contenía los lineamientos ideológicos de su política estatal e intrapartidaria, aplicables luego de desalojar del poder a Cámpora. En su discurso llamó a la inclusión de “una sola clase de argentinos, los que luchan por la salvación de la patria” y a la exclusión de “los enemigos”; a la tolerancia y a la pacificación como objetivos políticos y al “escarmiento” de quienes no lo entendieran. Exhortó a volver “al orden legal y constitucional” y “de la casa al trabajo y del trabajo a casa”, denunciando a quienes deseaban “copar nuestro movimiento” o “tomar el poder”. Continuaba diciendo “No es gritando como se hace patria, los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo de abajo o desde arriba”. En el mensaje al país habló de “infiltrados” y los sentenció al afirmar “por ese camino van mal”. Sus palabras mostraban la reducción del adversario político a la figura de “enemigo”, elemento característico en los discursos peronistas de todas las épocas, en donde el que diciente no es opositor sino enemigo. El mensaje era claro, no habría socialismo nacional ni cambios en las estructuras políticas, sociales y económicas.59 De esta manera, el término “infiltración” resultará utilizado por las organizaciones armadas peronistas de izquierda, al denunciar a “las fuerzas imperialistas” y “oligárquicas” de la “antipatria” representadas en las dictaduras militares anteriores y en la derecha peronista. Anunciaban la “infiltración” de “los agentes del continuismo” y los “traidores”, junto a la necesidad de la “depuración” partidaria, mientras que la derecha peronista también hablaría de “infiltrados” y adictos a ideologías ajenas a lo argentino. Ya desde 1972 en su exilio de Puerta de Hierro, Perón hablaba de la necesidad de “poner orden” dentro del peronismo, en clara referencia a las juventudes peronistas de izquierda, sostenía poder controlar tanto a López Rega, personaje oscuro y fundador de la triple A, como a los “muchachos”. En aquel período, Perón tenía por objetivo estratégico y político el triunfo en las elecciones hasta con el 50% de los votos, mientras que en la táctica no se equivocaba, si decidía romper con los Montoneros, previamente a las elecciones, el peronismo no hubiera ganado, luego del triunfo vendría “el orden”, donde la renuncia forzada de Cámpora sería un paso necesario para alcanzarlo. Mientras tanto, continuaba desarrollándose el enfrentamiento intrapartidario siendo cada vez más virulento. Así, dos días después de las elecciones que consagraron Presidente a Perón, fue asesinado con 26 impactos de fuego José Ignacio Rucci, máximo representante del sindicalismo ortodoxo. El propio dirigente sindical había dicho poco tiempo antes de morir que si le pasaba algo, era responsabilidad de “los bolches”, de hecho el grupo Montoneros había sido ilegalizado por el delito de sedición el mismo día de las elecciones nacionales. 26 horas después de la muerte de Rucci, sería asesinado un 59 Franco, Marina, Un enemigo para la Nación… op. cit; p.47. militante de la juventud Peronista, Enrique Grynberg, provocando ambos crímenes el aumento de la violencia peronista. Así, a comienzos de octubre de 1973 el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista iniciará oficialmente la “depuración ideológica” a través de un documento reservado firmado por el propio Perón. Este documento ayudaría a instalar la noción de un “enemigo interno”, elemento que se proyectaría al articularse con el incremento represivo hacia los grupos armados de izquierda en los años venideros. Respecto a su contenido, denunciaba la existencia de “una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista que han venido cumpliendo los grupos marxistas, terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y nuestros dirigentes”. El texto concluía con el llamado a la lucha contra el marxismo, lograr la movilización para enfrentarlos reafirmando la doctrina justicialista para establecer de manera clara las diferencias ideológicas entre peronismo y marxismo, favoreciendo a la unidad sin disenso acatando las directivas de Perón. El documento establecía también que en todos los niveles de gobierno “las autoridades deberán participar en la lucha iniciada, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor”.60 El gobierno nacional, ahora ocupado por el peronismo ortodoxo tenía por objetivo la “depuración” de todos los gobiernos provinciales expulsando a todos aquellos funcionarios de “tendencia marxista”, en caso contrario, las provincias que hicieran caso omiso a las directivas serían intervenidas por el gobierno nacional. Esta ofensiva contra los sectores progresistas quedó rubricada por el propio Perón al declarar al movimiento sindical y a los trabajadores como “la columna vertebral” del Peronismo, ratificando la necesidad de erradicar la infiltración dentro del movimiento. La realidad era que las nuevas directivas desatarían una verdadera “caza de brujas” dentro del movimiento, llegando a expulsar a sectores gubernamentales cercanos a la Tendencia Revolucionaria. Las directrices serían utilizadas al fin y al cabo par resolver las disputas internas por la ocupación de espacios de poder, pero también para resolver “conflictos personales”. En uno de los aspectos más delicados, el Documento Reservado llamaba a la participación masiva de toda la “masa partidaria”, en la lucha contra el enemigo interno y favorecía la creación de un “sistema de inteligencia” al servicio de esa lucha en cada distrito. Así, en el Ministerio del Interior se han encontrado innumerables cantidad de denuncias efectuadas por distintos organismos, desde comités políticos peronistas, gobernaciones, ayuntamientos, universidades, sindicatos ortodoxos. Las denuncias se referían a personal de “tendencia marxista”, que desempeñaban sus funciones en organismos estatales. Paralelamente comenzaría a actuar la violencia paraestatal a través de “formaciones parapoliciales” y “fuerzas de choque”, destacándose la Triple A inaugurando lo que se llamaría la “violencia de derecha” en clara oposición a la “violencia de izquierda” de las organizaciones armadas revolucionarias. Otros grupos paramilitares de derecha fueron: El Comando de Organización, la Concentración Nacional Universitaria, la Juventud Sindical Peronista, la antigua Alianza Libertadora Nacionalista, grupo peronista de extremo derecha fundado en la década del cuarenta. 60 Idem, p.52. Estos grupos paramilitares de ultraderecha comenzaron a actuar no sólo contra grupos vinculados con la tendencia peronista, sino también contra funcionarios de gobierno, militares, dirigentes sindicales, obreros, abogados de presos políticos, periodistas e intelectuales. La Triple A, que resultaría ser la organización paramilitar de ultraderecha de mayor protagonismo, comenzó a actuar en noviembre de 1973, semanas después del anuncio oficial de la “depuración”. Se estima que entre 1973 y 1976 estos grupos armados de derecha asesinaron a un número considerable de opositores a través de atentados y secuestros, obligando al exilio a cientos de dirigentes políticos, sindicales, artistas, intelectuales y científicos. En cuanto a los grupos armados de izquierda el aumento de sus acciones provocará un malestar creciente en el seno de las Fuerzas Armadas, por ser su blanco predilecto, y una consecuente política gubernamental represiva. Para ello, la sociedad debería aceptar la existencia de un “enemigo interno”, cuya existencia justificaba la implementación de una nueva normativa legal basada en el recorte de las libertades democráticas y en la suspensión progresiva del Estado de derecho. Así, dentro de un sistema democrático, el estado de excepción se profundizaría de manera sistemática a partir de 1973. Mientras, el ataque audaz del ERP a la Dirección General del Ejército en plena capital provocaría por parte del gobierno la ilegalización del ERP por el delito de “sedición”. Según el decreto la violencia elegida se oponía a la democracia y a “la convocatoria a la pacificación y a la unidad nacional, materializada en una amplia y generosa ley de amnistía”. De esta manera, paralelamente a la “depuración” intrapartidaria, el estado nacional articulaba en forma sistemática una política represiva sobre aquellas organizaciones de izquierda a nivel nacional. En diciembre de 1973, poco después de su asunción presidencial el General Perón anunció el “Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional” con objetivos económicos y sociales para el período 1974-1977; paralelamente firmó con los ministros del Poder Ejecutivo y con todos los gobernadores provinciales un “Acta de compromiso de la seguridad nacional”, complementado con una reforma del Código Penal que se estaba discutiendo en el Congreso. El objetivo consistía en el desmantelamiento de todas las organizaciones armadas de izquierda y de los grupos que las apoyaban. El resultado fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional con mecanismos que coordinaban el accionar policial y de las fuerzas de seguridad para la intervención inmediata en caso de actos “delictivos” que atentaran contra “el orden público” con el objetivo de erradicar de la nación toda “acción delictual organizada”. Dichas nuevas reglamentaciones autorizaban la actuación de las fuerzas policiales, pero las Fuerzas Armadas de momento no actuarían. 61 Mientras en el Congreso Nacional se debatían las reformas del Código Penal, con el objetivo de endurecer las penas a ciertos delitos, el ERP asaltó una unidad militar en la ciudad de Azul en la provincia de Buenos Aires, lo que aceleraría las reformas legislativas con fines represivos. Pocas horas después por “cadena nacional” y enfundado en uniforme militar, el Presidente Perón decía: “Estamos en presencia de verdaderos enemigos de la Patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado al que a la vez infiltran con aviesos fines insurreccionales. Pido asimismo a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partido activo en la defensa de la república que es la afectada por las actuales circunstancias. Ya no se trata de contiendas políticas 61 Idem, p.68. políticas opositoras al gobierno aprobaron abierta y mayoritariamente la intervención “antisubversiva” de las Fuerzas Armadas, demostrando así un absoluto consenso y una dificultad en su objeción pública. Lo que se sigue discutiendo es si la desaparición de personas y los métodos represivos empleados se debieron al crecimiento de la autonomía militar y a la presión institucional militar sobre el gobierno o por el contrario, el gobierno democrático había autorizado y por lo tanto era conocedor de los métodos empleados. Al respecto no hay pruebas documentales ni testimoniales que pudieran demostrar la implicancia del gobierno democrático (Perón y luego su viuda María Estela Martínez de Perón) en la represión clandestina y sistematizada. En la actualidad existen historiadores argentinos que apoyan e intentan argumentar la “teoría del cerco”, por la que se quiere presentar al presidente Perón como un anciano aislado y desconocedor de los hechos trágicos que se sucedían. Mientras tanto, el 25 de marzo de 1975, el Jefe del Ejército Argentino, General Alberto Numa Laplane, un militar profesional y constitucionalista, fue forzado a renunciar y ser reemplazado por el General Videla por “solicitud de los comandantes”. El nuevo general representaba la recuperación absoluta de la autonomía militar, frente a la debilidad más absoluta de la presidente constitucional. En este contexto el discurso militar a fines de 1975 muestra un desplazamiento desde la condena del “extremismo” y la “subversión” a un cuestionamiento más abierto al referirse a la necesidad de “orden”, “autoridad” y “defensa de la nación”, con la novedad de cuestionar al “terrorismo de derecha”. Estas intervenciones y la legitimación recibida desde el Estado, sumado a ello el apoyo del sindicalismo tradicional y de buena parte de la prensa, colocaron a las Fuerzas Armadas en el lugar del árbitro para frenar “la sedición de ambos signos”. Así, en octubre de 1975, en el momento del ataque armado de Montoneros sobre el Regimiento de Infantería de la provincia de Formosa, el General Videla, nuevo jefe del Ejército desde agosto de 1975 afirmaba: “Si permanecen los dilemas respecto de los contestatarios del Estado como monopolio legítimo de la fuerza, si los dirigentes vacilan en sus lealtades y si la violencia de izquierda o de derecha persiste, la crisis del Estado abrirá paso al predominio de la fuerza, y en ese caso a la presencia militar a la cabeza del régimen. Entonces será tarde porque la ideología pública vigente será la seguridad nacional.”69 Con estas palabras el General Videla anunciaba lo que estaba próximo a llegar. Durante los últimos meses de 1975, la crisis económica, sumada a los conflictos internos del peronismo y a la falta de solución del “peligro subversivo” generó un vacío de poder, lo que favoreció a un nuevo incremento de la autonomía militar, al exigir la intervención militar represiva en todo el conjunto del territorio nacional, lo que sería aceptado por una democracia débil. En octubre de 1975, a través de un nuevo conjunto de reglamentaciones represivas, mediante los decretos firmados por Italo Argentino Luder (presidente del Senado, a cargo de la presidencia debido a la licencia médica de la presidente), se estableció la creación del Consejo de Seguridad Interna conformado por el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas para organizar y poner en práctica la “política antisubversiva” sobre la totalidad del territorio nacional colocando bajo control operacional al personal policial y penitenciario, junto a la subordinación de la Secretaría de Prensa. Por último, el tercer decreto delegaba en las Fuerzas Armadas la ejecución de 69 Revista Criterio, en La Opinión, 3-10-1975. Citado en Franco, Marina, Un enemigo para la Nación… op. cit; p. 148. las operaciones militares y de seguridad necesarias para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Así, el decreto del Poder Ejecutivo de octubre de 1975 tuvo la responsabilidad de su fuerza de ley, pero al fin y al cabo expresaba un consenso que trascendía ampliamente los círculos gubernamentales a través del masivo apoyo de las fuerzas políticas opositoras, quienes instaban al conjunto de la sociedad a “colaborar” en la “lucha antisubversiva”. Por último, a fines de octubre de 1975 se presentó un nuevo proyecto de Ley de Defensa Nacional propuesto por propia iniciativa de las Fuerzas Armadas y en acuerdo con el Poder Ejecutivo, sustituyendo en conjunto, a la Ley de 1966 y los decretos firmados por Luder. El proyecto consistía básicamente en la cesión de todo el planeamiento, ejecución y control de la defensa interior a las Fuerzas Armadas, por lo que actuarían de manera casi autónoma, dependiendo solamente de la figura presidencial. Se establecían cinco organismos de seguridad con funciones ejecutivas que determinaban la zona de intervención. Se brindaba a las Fuerzas Armadas amplias facultades en la creación de zonas de operaciones militares, donde la autoridad civil era reemplazada por la militar, la cual podía dictar bandos militares y crear tribunales militares, se especulaba también con la aplicación de la pena de muerte. El proyecto obtuvo el voto positivo de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados. El debate fue intenso debido a la pérdida de injerencia del Congreso en ciertas decisiones como la creación de “zonas de emergencia” y la posibilidad de aplicar la pena capital a través de los bandos militares; por otra parte, se opusieron a la nueva legislación los partidos que integraban la centroizquierda parlamentaria. Por último, un nuevo conjunto de leyes “antisubversivas” fue enviado al Congreso en marzo de 1976 por solicitud del Consejo de Seguridad Interna que conformaban el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. En las mismas se solicitaba autorización a las Fuerzas Armadas para realizar juicios sumarios con plazos breves para dictar sentencia e interponer apelación, prohibición del ingreso al país de aquellas personas que hubieran salido con derecho de opción70, la ilegalidad de la huelga y el enjuiciamiento a quienes brindaran “ayuda económica a la subversión”. El proyecto, constituido por un conjunto de leyes que permitían la “represión legal” no suscitó mucho interés en las Fuerzas Armadas. Evidentemente se había entrado en la “cuenta regresiva”: las Fuerzas Armadas, a pesar de coincidir con el débil gobierno en la existencia del “enemigo interno” y en la necesidad de “erradicarlo”, habían alcanzado el máximo nivel de la autonomía militar y habían optado por otro camino, el golpe militar, que se concretaría el 24 de marzo de 1976. 70 El llamado “derecho de opción” era aquel que disponían, aquellos ciudadanos que infligían la ley a partir de sus “comportamientos violentos”, por lo que se los invitaban a abandonar el país. Todo ello resultaba ser un eufemismo porque la expulsión gubernamental era forzosa. El 24 de marzo de 1976, día del golpe, por decreto militar esa opción sería eliminada. CAPÍTULO 3: TERRORISMO DE ESTADO Y MÉTODOS REPRESIVOS (1976-1978) “Esa frase “solución final” nunca se usó. “Disposición final” fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil”. (…) Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte”. (Jorge Rafael Videla en entrevistas en la prisión de Campo de Mayo. Enero, 2012). El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas Argentinas, mediante un golpe de estado toman el poder político con el derrocamiento del débil gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Dirigido por el teniente General Jorge Rafael Videla, quien inaugura uno de los períodos más sangrientos de la historia argentina. La nueva dictadura tendrá objetivos distintos y distantes a las de las dictaduras anteriores, uno de ellos y el principal será reestructurar el orden socio-político y económico existente. Una movilización social traería nuevos planteos a las instituciones democráticas, siendo la dictadura militar la encargada de contrarrestarlos mediante la implementación de un nuevo modelo favorecedor de los grupos económicos más concentrados para lo cual el Estado reduciría su intervención en el plano económico nacional, intervendría en los sindicatos reduciendo a su mínima expresión todas las movilizaciones sociales y políticas. De esta manera, a partir del golpe de estado, el sistema de desaparición de personas, se aplicará a escala nacional haciendo uso de los recursos e instalaciones estatales. De hecho, la estrategia represiva dejó de girar en torno al sistema legal de cárceles, para estructurarse en el sistema clandestino de detención y desaparición de personas. Para la reestructuración de la sociedad, la dictadura militar necesitaba contar con un elemento básico, el orden. La movilización social y política debía ser eliminada en forma absoluta por lo que el objetivo principal será la derrota de la “subversión” representada por aquellos decididos a cambiar el sistema. El funcionamiento del aparato represivo clandestino involucraba, así, a los altos mandos de las fuerzas, en forma casi total en el caso del Ejército, a varios miles de oficiales y suboficiales militares y policiales y a un número considerable de agentes civiles. La estructura represiva implementada por las Fuerzas Armadas contó con la colaboración de la Policía Federal y provincial, quienes conformaban los llamados “grupos de tareas”. La tarea específica de estos últimos era el secuestro de personas peligrosas para el sistema dominante y su traslado a centros clandestinos de detención (donde se procedía a la tortura, desaparición y eliminación de personas). Así, metodológica y sistemáticamente va a eliminar a los integrantes de aquellas organizaciones político-militares que cuestionaban al modelo burgués-capitalista. Las actividades ilegales represivas eran presentadas a la sociedad en un marco de legalidad; no obstante, recibirían el repudio a través de las denuncias públicas y el repudio internacional. La dictadura militar tenía otro objetivo: Actuar como un mecanismo ejemplificador sobre la sociedad en general. Los destinatarios de la represión no serían sólo los integrantes de las organizaciones llamadas subversivas, sino también aquellos que se identificaban con ellas, como militantes políticos, delegados sindicales, estudiantes, intelectuales y hasta familiares y amigos de las víctimas. Respecto a la organización, el Ejército asumió la “responsabilidad primaria” y principal en la lucha “antisubversiva” y dividió al territorio argentino en varias zonas geográficas, calcando la distribución de los distintos cuerpos del Ejército, cada una a cargo del Comandante de Cuerpo. Así la zona 1 abarcaba la capital Federal, parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa; su responsable fue el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, General Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los “halcones” del proceso. La zona 2 comprendía las provincias de Santa Fé, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones a cargo del General Ramón Díaz Bessone. Mientras que la zona 3, la constituían 10 provincias, desde el noroeste hasta Cuyo, con eje en Córdoba donde tenía su sede el comandante del Tercer Cuerpo, General Luciano Benjamín Menéndez, otro de los “halcones”. La zona 4 fue atípica, la conformaban algunos distritos de la provincia de Buenos Aires y la guarnición de Campo de Mayo, la más importante del país, y estaba a cargo del general Santiago Omar Riveros, perteneciente también al grupo de los “halcones”. Mientras que la zona 5 abarcaba toda la Patagonia a cargo del Quinto Cuerpo de Ejército. Respecto a los jefes militares de cada zona, fueron los encargados de ordenar y supervisar la elaboración de listas de otras personas a detener quienes se convertirían en “desaparecidos”, para asegurar “la victoria en la guerra contra la subversión”. Las listas de la “Disposición Final”, resultó ser un típico trabajo de Inteligencia, donde el listado de “objetivos” o “blancos” quedó definido antes del golpe, lo que demuestra la existencia de una planificación. Así, el 24 de marzo de 1976 los grupos operativos de cada zona salieron a detener a esas personas. Para asegurar mayor “eficacia” en la represión, cada zona fue dividida en subzonas, a cargo de brigadas y éstas en áreas al mando de distintos regimientos. Estas subdivisiones del territorio nacional eran necesarias como consecuencia de la dificultad de centralizar la conducción, ejecución y control de las operaciones en la lucha antisubversiva en un territorio tan amplio y debido también al accionar sorpresivo de los grupos armados de izquierda. Todo ello hacía más necesaria la descentralización de la autoridad de conducción, ejecución y control hacia los niveles más bajos de mando. El poder militar se había feudalizado y los comandantes militares de cada una de las zonas se habían transformado en verdaderos “Señores de la Guerra”. Respecto a las tres Fuerzas Armadas el protagonismo de la represión lo acaparó el Ejército, quien desplegó sus fuerzas de forma masiva sobre todo el territorio nacional, con el objetivo de detectar un “enemigo mimético” que se ocultaba en la sociedad. Por otra parte debemos decir que la Armada participó activamente en la represión aunque de manera circunscripta. Su máxima autoridad, el Almirante Massera, tenía “intenciones presidencialistas”; esa ambición de poder hizo que la participación de su fuerza fuera notoria, para ello, presionó al Ejército y logró que su fuerza se especializara en la lucha contra el grupo Montoneros en la Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires. Su argumento era que no se podía confiar esa misión al Ejército por las relaciones que algunos de sus oficiales mantenían con dicho grupo desde el “Operativo Dorrego” en octubre de 1973, cuando el Ejército y la Juventud Peronista convivieron durante tres semanas realizando tareas de ayuda a las víctimas de inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Todo servía para aproximarse a distintos sectores del peronismo. Según un testimonio: “A Massera le interesaban los Montoneros porque eran vistos como más ¨nacionales¨71 que los militantes del ERP, (Ejército Revolucionario del Pueblo) y que ya desde los preparativos del golpe se le ocurrió que ¨habría un lote de sobrevivientes¨, entre los detenidos de la Escuela de Mecánica de la Armada, organizados en un ¨staff¨(los que estaban en vías de recuperación) y un ¨ministaff¨, un escalón superior que agrupaba a quienes ya intervenían directamente en la lucha contra sus ex compañeros.”72 Con respecto a la Fuerza Aérea, la misma iba a tener una participación menor. En cuanto a la doctrina para la guerra contrarrevolucionaria fue enseñada y exportada de manera oficial por Francia, a partir del envío de instructores con la tarea de “enseñar” a los militares argentinos, brasileños, chilenos y norteamericanos, sus “bondades” Mediante acuerdos bilaterales se había logrado el asesoramiento por parte de los distintos agregados militares de las embajadas francesas en los distintos países de América del Sur, de hecho, la llegada de oficiales franceses a la Argentina con la tarea de “enseñar” a sus pares argentinos, había comenzado en 1962.73 No por nada, un funcionario de la embajada francesa en Buenos Aires había sostenido que el accionar militar de 1975 en la provincia de Tucumán resultaba ser muy similar a la Guerra de Argelia. La doctrina francesa consistía en un conjunto de técnicas militares aplicables contra grupos guerrilleros revolucionarios o independentistas que se habían aplicado por primera vez y de manera sistemática entre enero y setiembre de 1957 en Argel, la capital argelina, por la Décima División de Paracaidistas bajo el mando del Coronel Marcel Bigeard. Su misión, aniquilar sin ningún tipo de reparos éticos o legales, mediante técnicas de tortura a los integrantes del Frente de Liberación Nacional, una organización político-militar cuya intensión era alcanzar la independencia de Argelia, luego de casi 130 años bajo dominio colonial. El resultado de su aplicación fue un triunfo espectacular en 8 meses en una guerra irregular y no convencional. La lucha pasó a la historia como La Batalla de Argel, sus documentos tanto escritos como de imágenes fueron destruidos como así lo indicaban las técnicas contrarrevolucionarias, a pesar de lo cual una coproducción italo-argelina 71 Cabe aclarar que los Montoneros cuyos lemas fundamentales fueron socialismo y nacionalismo, surgieron a fines de la década del sesenta y que la mayoría de sus cuadros provenían de la juventud católica, muchos de ellos integrantes del grupo Tacuara de militancia ultraderechista. Resultando para el lector inverosímil su origen. 72 Reato, Ceferino, Disposición Final, La confesión de Videla …op. cit; pp.219. 73 Filmografía. “Escuadrones de la muerte-La Escuela Francesa” (Robin, Marie Monique 2011). Robin, es autora de la investigación que fue difundida como libro y documental fílmico, donde comenta la capacidad del ejército francés para instruir a otros ejércitos en la guerra contra la “subversión”. Aseguró que algunos de los militares argentinos formados en Francia y partícipes de la dictadura fueron los Generales: Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Rubén Genaro Díaz Bessone y Reynaldo Benito Bignone. Según la investigadora entre 1957 y 1959, el 22% de los inscriptos en las escuelas francesas para formación de militares eran extranjeros, y de ellos un 20% argentinos. Asegura la autora que el primer ensayo para la dictadura argentina se hizo en el “Operativo Independencia”, realizado en Tucumán en 1975 contra el Ejército Republicano del Pueblo. Según Robin, la desaparición de personas tiene una rol en la psicología social: “aterrorizar a las familias, paralizar las demandas sociales y sembrar terror en la población. cinematográfica será la encargada de reproducir esas imágenes.74 Según lo que preconizaba la escuela francesa, el accionar de la inteligencia militar argentina sería clave en el triunfo de la guerra contra la subversión. Su objetivo era el de obtener información, ordenarla en forma sistemática, realizar tareas de seguimiento e infiltrarse en las organizaciones armadas de izquierda, su tarea abarcaba también la contrainteligencia y la acción psicológica. Así mismo, muchos montoneros consideran que la colaboración de los detenidos con los militares permitió el rápido desmantelamiento de las organizaciones armadas. Prueba de ello lo da el testimonio del matrimonio conformado por Juan Carlos Scarpati y Nilda Haydée Orazi, sobrevivientes de la represión, quienes elaboraron un documento en España, el 15 de 0ctubre de 1979, donde constatan que: “apenas el cinco por ciento de los detenidos en Campo de Mayo y la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) cayó por Inteligencia o casualidad, el otro noventa y cinco por ciento lo fue como consecuencia de la colaboración directa o indirecta de otros prisioneros. Los compañeros caían en manos del enemigo en muchos casos después de combatir o tomarse la pastilla de cianuro y comenzaban a proporcionar datos al enemigo; ésta es la actitud en el noventa y cinco por ciento de los casos. Esta falta de resistencia era producto de la descomposición de la fuerza, y esto, consecuencia de la falta de confianza política en la organización político-militar. Esta baja moral frente al enemigo es un denominador común, no sólo de Montoneros sino de los integrantes de todas las organizaciones armadas en el país, porque tiene también una causa común: la derrota. Tenían la certeza de que una vez en manos del enemigo ya no quedaba más que defender la propia vida, puesto que el aniquilamiento de la organización político-militar no se podía evitar con el sacrificio personal”.75 El testimonio antedicho deja demostrado que la colaboración y por lo tanto la aceptación de la derrota en el caso del grupo Montoneros, no se debió solamente al accionar represivo de las Fuerzas Armadas sino a “cuestiones internas” del propio grupo armado de izquierda. La conducta de la dirigencia de Montoneros, será responsable en parte de su fracaso. Por un lado, el grupo armado había desarrollado sus bases sociales, en las clases medias profesional y estudiantil, no así en la clase obrera de gran peso político y numérico, a través de sus organizaciones sindicales. Esta carencia provocaría una disminución en su capacidad de maniobra. A su vez, la destrucción de las agrupaciones de base, hizo que el grupo perdiera comunicación con la realidad y entrara aisladamente en una lógica interna, donde la realidad se debía adaptar a los principios de la agrupación. Le sumamos a ello la salida del país en 1977 de sus líderes, luego de sus mandos medios y por último la de sus militantes de base que pudieran hacerlo. Sin olvidarnos del proceso de militarización que había sufrido la agrupación, donde se iba a dar la supremacía del poder militar interno, sobre el poder político. Y en donde las órdenes debían ser obedecidas no permitiéndose disenso alguno, cuya existencia podía significar la catalogación del militante como traidor y, por lo tanto, su posible ejecución. 76 74Filmografía. “ La Batalla de Argelia” (Pontecorvo, Gillo 1965). El film fue visto por todos los argentinos con ideales revolucionarios como una manera de inspirar un proceso revolucionario propio, pero también sería visto en las academias militares por aquellos uniformados argentinos cuya intensión será desbaratar ese proceso. El elemento fundamental para lograr el triunfo militar era la información y el método para obtenerla fue el interrogatorio mediante la tortura. En la Argentina, el modelo francés, no sería el único en utilizarse, el mismo se fusionaría con la doctrina de la Seguridad Nacional, emitida por las academias militares norteamericanas, frente al desafío de las guerrillas revolucionarias sostenidas por Cuba y la Unión Soviética en el marco de la llamada Guerra Fría. 75 Reato, Ceferino, Disposición Final, La confesión de Videla …op. cit, pp 89-90. 76 Gillespie, Richard, Soldados de Perón, los montoneros … op. cit; En cierta manera, se había adoptado una metodología represiva interna que imitaba lo militar. Se había anulado todo tipo de poder que pudiera cuestionar o limitar el de la Conducción Nacional, que conformaban cuatro personas y el del Consejo Nacional que integraban doce militantes, donde en un principio, el ascenso a los cargos lo determinaban las bases, mientras que a partir de la militarización era determinado por las jerarquías, produciéndose así lo que podríamos llamar un proceso de “estalinización”. Así, el militarismo y el autoritarismo de Montoneros colaboraban sin quererlo con las Fuerzas Armadas en su desintegración. De esta manera y a partir de lo narrado podemos comprender la situación desesperada en que se hallaban los militantes, al ser víctimas de una doble represión y poder comprender más fácilmente las razones de su claudicación. Respecto a una de esas dos represiones, la militar, si bien se había iniciado como hemos sostenido en el capítulo anterior, durante el gobierno democrático, cobrará mayor impulso a partir del golpe militar del 24 de Marzo de 1976, donde comenzará a actuar un verdadero estado terrorista. A partir de ese momento, las fuerzas policiales y militares iban a actuar en forma coordinada no sólo para concretar el accionar represivo sino también para realizar las tareas de inteligencia, elemento clave para el cumplimiento de los objetivos, como la ubicación de personas o grupos a los que se debía eliminar, muchos de los cuales habían sido seguidos desde comienzos de la década del setenta. Así, el destacamento de inteligencia militar, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los servicios de inteligencia de la propia policía local y federal actuaban en coordinación. La información se recababa en 1975 de ámbitos fabriles, religiosos, sindicales y estudiantiles y se hacía un informe personal de la actividad de sus principales integrantes, pero en 1976 la tónica sería diferente. La modalidad de la represión tuvo una doble faceta respaldada por el Estado, una legal y la otra clandestina, protagonizada por los Grupos de Tareas cuyos integrantes eran policías y militares y hasta civiles que provenían de la Triple A. Esta composición provocaba según testimonios una verdadera competencia interfuerzas sin llegar a resquebrajar la unidad en el cumplimiento de objetivos comunes. Las víctimas de la represión eran de organizaciones político-militares de izquierda incluyendo militantes sindicales y estudiantes de izquierda. La represión fue selectiva y denominaba al enemigo identificado como” delincuente subversivo” o “delincuente terrorista” describiendo así a aquellos que tuvieran cierto historial militante. Algunos informes de la División de Informaciones incluían una detallada trayectoria de la persona detenida sobre su actividad política y la composición de la organización donde militaba, así como actividades consideradas subversivas en las que habrían participado (quema de buses, pintadas, uso de bombas molotovs, colocación de explosivos o brindar alojamiento a otros “delincuentes terroristas”, por ejemplo). Para la fuerza represiva, era “delincuente subversivo” aquella persona detectada en su participación de estructuras armadas, sindicales y estudiantiles o bien por haber sido reconocida su actuación en “actos insurgentes”, como arrojar panfletos en la vía pública, hacer pintadas o participar en actos políticos. Según documentos del Servicio de Informaciones el rastreo de los imputados de pertenecer a bandas de delincuentes terroristas se inicia en los años 1975 ó 1976 llegando algunos hasta 1972 y1968, los menos detallan actividades hasta 1983. Muchas veces los detenidos son menores de edad, militantes del centro de estudiantes, del instituto secundario que mediante pegatinas reclamaban varias cosas: un boleto estudiantil, la aprobación con seis, vestimenta libre, etc. Las pruebas surgían ya sea porque la persona reconocía los cargos que se le imputaban o porque resultaba delatada por otro miembro de la organización. Era frecuente que en los casos de allanamiento de domicilio se encontrara “material subversivo” como libros de izquierda, o que en los enfrentamientos se secuestraran armas o explosivos colocados previamente por las fuerzas represivas, los cuales eran exhibidos como “verdaderas pruebas”. La detención de personas por los servicios de inteligencias militares y policiales se concretaba gracias a datos obtenidos a través de la tortura o la simple colaboración de algunos detenidos, a ello se debe la inmediatez con que fueron desarticuladas las organizaciones político-militares. En la ciudad, la colaboración resultó ser un elemento vital para las fuerzas represivas. En los centros de detención no sólo se encontraban militantes de izquierda sino también aquellos vecinos o simples amigos y hasta familias enteras de los militantes que simplemente eran acusados de ocultar al “enemigo”, destruyendo así todas las redes sociales de la víctima militante. 77 Casi todos los testimonios coinciden en que el accionar represivo se cometía a través de diferentes grupos con funciones específicas. Uno de estos grupos recibía el nombre de “patota”. La patota era el grupo operativo que “chupaba”, es decir, realizaba la operación de secuestro de los prisioneros ya fuera en la calle, en su domicilio o en su lugar de trabajo. El grupo operativo sólo recibía una orden que indicaba a quién se debía secuestrar y dónde, limitándose por lo tanto a planificar y ejecutar una acción militar. Por lo general desconocían el nivel de importancia del “blanco” asignado. Solían vestir de civil, encubriendo su identidad utilizando apodos o nombres falsos y hasta utilizaban barba, bigotes y pelucas postizas, conduciendo coches particulares sin identificación. Estos grupos estaban formados entre cuatro, seis y ocho hombres armados, actuaban mediante una irrupción violenta a los domicilios particulares donde “reducían” a uno, rodeándolo sin posibilidad de defensa y apaleándolo de inmediato para evitar cualquier riesgo. Como recompensa por el “riesgo” que habían corrido cobraban su “botín de guerra” a través del saqueo y rapiña de cuanto encontraban, hasta se llevaban también los propios coches de los secuestrados, utilizándolos en procedimientos ilegales, haciéndose pasar ellos mismos por montoneros abandonando el coche y a la postre desprestigiando a la izquierda política ante la sociedad. A su regreso de la misión solían exagerar la “peligrosidad” de la víctima, de esta manera su trabajo resultaba ser más importante y justificable. Por otro lado, actuaban también los grupos de inteligencia, poseedores de la información, quienes orientaban el “interrogatorio” para obtener a su vez mayor información. Este grupo recibía al prisionero llamado “paquete”, ya reducido y golpeado, intentando obtener de él a través de la tortura sistemática, datos necesarios para capturar a otras personas. Justificaba su accionar al sostener que era necesario “arrancarle” la información que permitiría “salvar otras vidas”. El Teniente Coronel Aldo Rico, retirado del Ejército, ex combatiente en Malvinas y ex líder en la rebelión 77 Aguila, Gabriela, Dictadura, represión… op. cit, pp. 69-74. militar contra el Presidente Alfonsín en 1987, devenido en exitoso político nos ofrece su testimonio: “Yo capturo a un guerrillero, sé que pertenece a una organización (se podría agregar, o presumo y quiero confirmarlo, o pertenece a la periferia de esa organización, o es familiar de un guerrillero) que está operando o preparando un atentado terrorista en, por ejemplo, un colegio (jamás los guerrilleros argentinos hicieron atentados en colegios)… Mi obligación es obtener rápidamente la información para impedirlo. Hay que hacer hablar al prisionero de alguna forma. Ese es el tema y eso es lo que se debe enfrentar. La guerra subversiva es una guerra especial, no hay ética. El tema es si yo permito que el guerrillero se ampare en los derechos constitucionales u obtengo rápida información para evitar un daño mayor”.78 El tercer grupo protagonista en el accionar represivo lo constituyen los guardias, encargados de custodiar a los interrogados ya sin nombre a los que se les asignaba un número para identificarlo. Los guardias eran generalmente personal joven y de bajo nivel jerárquico que “obedecían órdenes”, donde la alta peligrosidad de los prisioneros encapuchados permanentemente justificaba la rigidez de la disciplina y la crueldad en el trato. Así, algunos revolucionarios que eran profesionales universitarios de las clases medias resultaban custodiados por suboficiales defensores del sistema y pertenecientes a las clases bajas. Una vez que los prisioneros dejaban de ser útiles se daba comienzo a los “traslados”, este grupo tenía por tarea el transporte de prisioneros lejos del campo de concentración, se los fusilaba atados y amordazados y se procedía a la cremación de los cadáveres y a su entierro o bien se arrojaban los cuerpos en lugares públicos, fraguando enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad. Otro método adoptado consistió en la aplicación de somníferos sobre los prisioneros, arrebatándoles su última posibilidad de resistencia pero también sus rasgos más elementales de humanidad, su conciencia y sus movimientos. Los “paquetes”, amordazados, maniatados y encapuchados eran arrojados vivos al mar a través de vuelos aéreos, los llamados “vuelos de la muerte”. En un principio los cuerpos eran arrojados desde aviones de transporte Hércules C-130 sobre el Río de la Plata, alcanzando muchos de ellos, las costas uruguayas, por lo que se decidió arrojarlos en pleno océano. Se desconoce el porcentaje real de cuerpos que recibían este tratamiento, aunque se sabe que no era una práctica frecuente. Lo común era enterrar los cuerpos como tumbas NN en los distintos cementerios y en cualquier descampado que no llamara la atención a la sociedad. Se hace constar que el fraccionamiento o segmentación de todo el proceso represivo tenía por objetivo reducir el sentimiento de responsabilidad y culpabilidad de sus integrantes. La autorización por parte de los superiores jerárquicos “legalizaba” por así decirlo los procedimientos, justificándolos, dejando al subordinado sin otra alternativa aparente que la de obedecer. Además el hecho de formar sólo parte del “gran engranaje”, creaba la sensación de impotencia y fortalecía la sensación de falta de responsabilidad. A su vez los mecanismos para despojar a sus víctimas de sus atributos humanos favorecían la ejecución mecánica y rutinaria de las órdenes. Por otra parte resultaba significativo el lenguaje utilizado por el personal represor, donde unas palabras reemplazaban a otras. Por ejemplo: En los campos no se tortura, se “interroga”, no se mata, se “manda para arriba” o “se hace la boleta”, no se secuestra, se “chupa”, no 78 Calveiro, Pilar, Poder y Desaparición … op. cit, p.36. hay picanas eléctricas, hay “máquinas”, no hay asfixia, hay “submarino”, no hay masacres colectivas, hay “traslados”. Esa terminología utilizada por el personal represor ayudaba también psicológicamente a disminuir la responsabilidad y culpabilidad ante hechos tan aberrantes.79 Según testimonios de sus protagonistas, para ellos su accionar era absolutamente legal desde el momento en que las personas “secuestradas” eran trasladadas a un centro legal de detención. En cuanto a los centros clandestinos de detención surgidos en 1976, ya sea en dependencias policiales o militares o en casas o fincas particulares alquiladas o cedidas en calidad de préstamo por sus dueños a los organismos de seguridad, su objetivo principal era obtener información a través de la tortura y el alojamiento transitorio de los detenidos. Algunos de ellos funcionaron sólo unos pocos meses, siendo el posible motivo de su escaso uso el hecho de saber de su existencia la civilidad de la comunidad, mientras que otros fueron utilizados varios años. Característica de estos centros fue su carácter específicamente disperso, si bien hubo grandes centros clandestinos de detención como la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) o La Perla, en Córdoba. De esta manera, los centros clandestinos de detención pasaron a constituir el elemento central de las personas detenidas desaparecidas, registrándose 340 en once de las veintitrés provincias argentinas. En cuanto a lo sucedido en estos centros, se lo debemos a los testimonios de sobrevivientes que pudieron contar en tiempos posteriores con lujo de detalle lo acontecido. Respecto a la ubicación geográfica de los centros clandestinos de detención, se desconoce por el simple hecho de que los detenidos sobrevivientes eran trasladados con los ojos vendados y encapuchados por lo que no lograban descubrir la ubicación geográfica de los mismos, sumado al hecho de la incomunicación de los detenidos entre sí. Cabe dejar en claro que dichos centros pudieron ser usados como lugar de exterminio de los secuestrados debido al escaso número de sobrevivientes. Las investigaciones sobre esta temática han tenido por objetivo recabar información detallada sobre los detenidos en los centros como, por ejemplo, con quiénes hablaban, nombres, tiempo de estadía y hasta la percepción de olores y sonidos que rodeaban el sitio y podían revelar su ubicación. Algunos centros pudieron ser identificados gracias no sólo a los testimonios de víctimas que pudieron superar el trauma sino de algunos de sus victimarios. También por testimonios sabemos de las condiciones infrahumanas en las que vivían, vendados y atados permanecían hacinados, de pie, sentados o tirados en el piso sobre colchones mojados de sangre y orín sin comer o beber por varios días a la espera de la” labor” de los torturadores, escuchando las lamentaciones de sus propios compañeros. Las sesiones de tortura podían durar hasta varios días incluyendo los métodos más aberrantes como golpes de puño sobre todo el cuerpo, “submarinos”, quemaduras con cigarrillos, cortes y heridas y simulacros de fusilamiento. El método de tormento “universal” de los centros clandestinos de detención por el que pasaron todos los secuestrados fue la picana eléctrica,80otra de las torturas consistía en la aplicación de 79 Calveiro, Pilar, Poder y Desaparición … op. cit; pp. 40-42. 80 La picana eléctrica es un instrumento de tortura utilizado en algunos momentos históricos por la policía y el ejército en Argentina y en algunos países de Sudamérica. Se cree que fue Polo Lugones, hijo del célebre escritor argentino Leopoldo Lugones quien lo introdujo como método de tortura mientras ocupaba En la entrevista, Videla afirmaba también que resultaba imposible derivar esas personas a los jueces para que los procesaran y condenaran: El régimen militar preveía que ninguno se iba a animar, tras el final que habían tenido los integrantes de la cámara Federal en lo Penal de la Nación que entre 1971 y 1973 juzgó y condenó a centenares de militantes armados de izquierda. Esa cámara rebautizada “Camarón” o “Cámara del Terror” por los simpatizantes de los grupos de izquierda había sido creada por la última dictadura del General Alejandro Agustín Lanusse, con la que se procesaba a presuntos militantes armados de izquierda con leyes específicas y estrictas. La consecuencia inmediata había sido la liberación de todos los presos políticos, militantes de la izquierda a partir de la vuelta a la democracia, el 25 de Mayo de 1973 bajo la presidencia de Héctor J. Cámpora, siendo amnistiado al día siguiente por el Congreso. La Cámara sería disuelta y sus funcionarios cesanteados a partir del sistema democrático. A esa experiencia se había “agarrado” Videla para proceder como procedió, al exterminio masivo y planificado de personas, intentando de alguna manera justificar lo injustificable. Respecto de la totalidad de prisioneros que permanecieron en los centros clandestinos de detención, una ínfima parte resultaron sobrevivientes. Según las investigaciones realizadas, y a través de los testimonios, durante la última dictadura militar argentina llegaron a registrarse la existencia de hasta 340 centros clandestinos de detención. El funcionamiento y los procedimientos que se realizaban en ellos nos demuestran por otra parte que la represión había sido planificada. De los innumerables centros clandestinos de detención que funcionaron, los denominados “Automotores Orletti”, ubicado en Capital Federal y pozos de Quilmes y de Banfield, ubicados en la Provincia de Buenos Aires van a presentar una particularidad: tanto sus represores como sus reprimidos resultaban ser ciudadanos uruguayos y argentinos. Los testimonios de sus sobrevivientes nos hablan de la existencia de una represión coordinada multinacional en territorio argentino. Lo que nos llevaría a tener que explicar la coordinación represiva entre los países del Cono Sur a partir de la implementación del Plan Cóndor, cuyo desarrollo, lo veremos en el capítulo siguiente. Antes de lo cual, resulta importante y necesario argumentar las razones por las cuales en este capítulo hemos presentado tan cantidad de testimonios. Y la razón radica en la falta de documentación de este período de terror de la historia argentina, debido a su destrucción por parte de la dictadura militar en “retirada”. Respecto a los documentos del tipo “judiciales”, son de difícil acceso por la sensibilidad que despierta en sus víctimas involucradas, -algo que ya habíamos comentado en el comienzo del trabajo-. Con relación a las razones personales, nuestro objetivo es causar al lector y con toda crudeza, la sensación de lo que padecieron esas personas en ese período tan nefasto de nuestra historia. Porque- y esto lo digo sin solemnidadel no olvido del pasado trágico de un pueblo pueda servir para superar el trauma y el miedo padecido. Y para que las nuevas generaciones, al acceder a estos testimonios puedan impedir en un futuro próximo la posibilidad de la repetición de estos hechos. CAPÍTULO 4: EL PLAN CÓNDOR Y SU COORDINACIÓN REPRESIVA (1976-1978) “En este sentido, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre 1976/1983, impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los Servicios Secretos y dentro del precitado Plan Cóndor” (Punto primero del auto de detención contra Augusto Pinochet dictado por Baltasar Garzón el 18 de octubre de 1998). Para poder analizar el desarrollo y la aplicación de la Operación Cóndor, debemos establecer primero cuáles fueron los procesos estructurales que contribuyeron y determinaron el desarrollo del plan y su puesta en práctica. Debemos comenzar con identificar la histórica alianza mantenida entre los sectores privilegiados del Cono Sur latinoamericano con los grupos hegemónicos correspondientes a los países centrales, especialmente los intereses norteamericanos en la región, dentro del contexto y marco de la Guerra Fría, y defendidos mediante la inculcación y asimilación por parte de las Fuerzas Armadas de América Latina de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Ambos grupos con intereses coincidentes actuarán de común acuerdo contra un enemigo común, nos referimos al surgimiento y conformación de gobiernos progresistas en el Cono Sur latinoamericano, que representaban intereses contrapuestos. El objetivo principal será, por lo tanto, la eliminación de estas nuevas estructuras políticas junto con aquellas estructuras sociales que las sustentaban. Para ello se implementará de manera planificada el desmantelamiento de los gobiernos progresistas y su sustitución por dictaduras militares, encargadas de concretar sus objetivos político-estratégicos. El Plan Cóndor significará la coordinación represiva a través de las distintas dictaduras militares establecidas en Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina, quienes una vez afincadas en el poder colaborarán mutuamente a través de la actuación de sus fuerzas combinadas policiales y militares en sus territorios nacionales respectivos, colaborando no sólo en la acción represiva sino a través de la información e inteligencia. El Plan Cóndor podemos decir que nació formalmente en Noviembre de 1975 cuando los jefes de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur se reunieron en Santiago de Chile, aceptando la invitación del Coronel Contreras, mano derecha del dictador chileno y jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura chilena. Contreras proponía una coordinación de inteligencia contra los grupos armados y no armados de izquierda que representaban “la subversión comunista internacional”, sustituyendo los “favores de caballeros”. La efectividad inmediata que demostró la funcionalidad del Plan Cóndor deja demostrada una coincidencia previa en los objetivos y ello se debe a la adopción como habíamos adelantado de la “doctrina de las fronteras ideológicas”, que los militares latinoamericanos habían adoptado mediante la Doctrina de la Seguridad Nacional implementada por el Departamento de Estado y de Defensa de los Estados Unidos. Así, la instrucción de los militares latinoamericanos fue llevada a cabo en la Escuela de las Américas,92 en las distintas bases militares norteamericanas en Panamá, a partir del triunfo de la revolución cubana y dentro del contexto de la Guerra fría. Dicho adoctrinamiento lo combinaron con las técnicas de “guerra no convencional” que había aplicado Francia en la guerra de Argelia. Antes de que se estableciera la dictadura militar brasileña en 1953, su tercer Cuerpo de Ejército, ubicado en Sao Paulo iba a comenzar a actuar como fuerza auxiliar del Ejército Paraguayo en la represión de los grupos armados de izquierda paraguayos que actuaban en la frontera a partir de la información brindada a las autoridades paraguayas representadas por el General Stroessner quien había alcanzado el poder en 1953. A su vez la Gendarmería Argentina se encargaba de capturar y despachar al Paraguay a todos aquellos ciudadanos paraguayos que se trasladaban a la provincia de Misiones, en Argentina en búsqueda del exilio. En aquella época tan temprana se presentaban los primeros antecedentes de lo que sería la represión coordinada más efectiva que lograrían las dictaduras militares del Cono Sur Latinoamericano. Por otro lado en 1971 la Policía Federal Argentina instruyó a policías uruguayos quienes conformarían luego el Escuadrón de la Muerte, además de brindar armamento a organizaciones paramilitares uruguayas de ultraderecha quienes cometieron actos terroristas durante la campaña electoral de las últimas elecciones democráticas previas al golpe de estado. En 1971 había nacido en Uruguay una nueva fuerza política, el Frente Amplio, por lo que Brasil había adoptado un plan llamado “30 horas” que consistía en invadir totalmente el territorio uruguayo en caso de que dicha fuerza de izquierda triunfara en las próximas elecciones. A su vez, a fines de 1972, el ejército uruguayo, luego de derrotar a las organizaciones armadas de izquierda había enviado a Chile a unos instructores con la intención de transmitir a sus colegas chilenos su experiencia de la “lucha antisubversiva”, lo que ocurría meses antes de que el Presidente de Uruguay Juan María Bordaberry cerrara el Congreso entregando el poder a los militares y de que el General Pinochet derrocara al gobierno constitucional y progresista de Salvador Allende. Todo esto demuestra que a pesar de contar de momento con gobiernos democráticos, las inteligencias militares ya actuaban de manera coordinada, reafirmando los rasgos de una autonomía militar dentro de un sistema democrático que no hacía nada por controlarlo. Las dictaduras militares del Cono Sur, una vez “en retirada” habían optado por la destrucción de todos los documentos que los podían exculpar, la excepción resultó ser Paraguay. El 22 de diciembre de 1992 el Juez José Agustín Fernández acompañado por el pedagogo y abogado Martín Almada (exdetenido durante la dictadura de Stroessner) y varios periodistas, habían arribado a Lambaré, en los suburbios de Asunción. El objetivo, fue el allanamiento de un nuevo edificio donde funcionaba el departamento de Producciones de la Policía de la Capital, a pesar de cierta resistencia policial. El resultado final fue el descubrimiento de lo que pronto se conocería como “los archivos del horror”, era la prueba documental de la existencia del Plan Cóndor. Resultaba ser una parte importante de los Archivos de la dictadura de Stroessner, después de 35 años de terror.93 92 Archivo Chile. Documentación de Historia Político Social y Movimiento popular contemporáneo de Chile y América Latina. Imperialismo. Escuela de las Américas. Documentos y manuales. (www.archivochile.com). Consulta: 8 de noviembre de2012. 93 Vélez Jiménez, Palmira, “Dictaduras, derechos humanos, memoria y archivos en Latinoamérica. El caso paraguayo”. En Dalla-Corte Caballero, Gabriela ( coord..) Estado, Nación e Historia en el Nos narra Almada: “Cuando la puerta se abrió y vimos las toneladas de papeles, sentimos que toda la lucha por descubrir la verdad había logrado su objetivo. Allí estaban los famosos archivos de la dictadura, la historia de casi 40 años de poder y terror increíbles. En el momento en que vi aquella montaña de papeles que yo había imaginado en mis sueños de justicia no pude contenerme y lloré de emoción. Un asustado policía nos llevó hacia otra habitación donde se encontraron también algunos archivos de la famosa Policía Técnica y luego pudimos desenterrar a unos 60 metros de este local de Lambaré, una bolsa de documentos de paraguayos, argentinos, brasileños, las identificaciones de personas desaparecidas que estaban ocultas en esas bolsas de plástico, bajo la tierra, para protegerlas de la humedad”.94 En el siguiente testimonio, el propio Martín Almada nos narra las vicisitudes que había sufrido al tomar contacto involuntariamente con el Plan Cóndor, acontecimiento que lo llevaría en 1992 al descubrimiento de los llamados “Archivos del Terror”. Nos dice el protagonista: “Me llamo Martín Almada. Nací en Paraguay y soy maestro, pedagogo, abogado. La noche del 26 de noviembre de 1974, un grupo de policías, todos ellos torturadores, llegaron hasta el edificio Juan Bautista Alberdi, donde trabajábamos con mi esposa. (…) Yo había llegado recientemente de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, donde culminé mi doctorado en Educación y había presentado una tesis: `Paraguay: educación y dependencia’. Estaba basada en la Reforma Educativa de Panamá de 1971, cuando gobernaba allí el General Omar Torrijos. (…) Estaba sentado en su escritorio y había unas 20 personas con él. Me dí cuenta de que algunos eran paraguayos y otros no. Yo no entendía nada. Pertenecía al partido Colorado en una línea crítica. Los que estaban allí eran lo que llamábamos `peces gordos, entre ellos, el jefe de policía de la capital, general Francisco Fretes Dávila, el General Benito Guanes Serrano, jefe de la inteligencia del ejército y otros.(…) Entonces Pastor Coronel comenzó a interrogarme sobre mis supuestas relaciones con un Partido Obrero Revolucionario Argentino (PORA) y con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), guerrilla también de Argentina. Quería obligarme a decir cosas que yo no sabía. Aquel interrogatorio me producía cada vez mayor confusión. (…) Pero lo más extraño para mí fue que me interrogaban sobre un supuesto `complot subversivo´ contra el presidente Stroessner y sobre mi militancia en un movimiento armado, en donde nunca había militado yo. (…) Después comenzaron las amenazas de que si colaboraba y delataba el supuesto plan, del que yo no sabía nada, me lo reconocerían si no lo hacía iba a `cantar a las buenas o iba a cantar a las malas. (…) Amanecí sujeto a una silla con las manos esposadas y con los brazos hacia atrás. Una luz potente de unos 500 kws me enfocaba directo a los ojos. (…) aquel torturador quería saber si Cuba, la Unión Soviética, o el General Torrijos de Panamá me habían encargado esta tesis y si me habían pagado. (…) entre sus torturadores había uno que decía ser médico psiquiatra. Era chileno y supuestamente se llamaba Héctor Tiesa. (…) Lo comparé con Jesucristo. Era su viva imagen el profesor Julián Cubas. Cuando lo torturaban respondía con gritos rebeldes `traidores, fascistas, agentes de la CIA. (…) Después entendí atando hilos, que yo fui uno de los tantos que les servían para probar ante los argentinos, chilenos y otros torturadores que estaban allí. (…) Me considero víctima de la Operación Cóndor, si bien se dice que se institucionalizó en 1976, algunos datos refieren que todo comenzó en aquellos tiempos de la amistad de Pinochet y Stroessner. (…) En 1977, la solidaridad internacional me rescató. (…) Sé que no debo olvidar porque esta historia debe tener un final No es por mí. Esta historia mía es repetida y en otros casos mucho más terrible. Por ese mundo alienante pasaron miles de paraguayos y extranjeros. Yo exijo justicia, no la pido. Y también exijo que Estados Unidos asuma su responsabilidad en esto, porque allí en los archivos está muy claro todo. Por su propia democracia deben hacerlo.”95 Bicentenario de la Independencia de Paraguay. Asunción, Paraguay, Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo Intercontinental editora, 2012, pp.171-193. 94 Calloni, Stella, Los años del lobo, Operación Cóndor… op. cit; pp.31. 95 Calloni, Stella, Idem, pp.111-119. Respecto al “archivo del Terror” descubierto por el propio Almada, el mismo estaba conformado por cuatro toneladas de papeles cuyos contenidos reconstruían la historia no oficial de las dictaduras militares. Se trataba de cartas e informes dirigidos a Stroessner, miles de datos sobre espionaje de personas, libros de entradas y salidas de prisioneros, cartas e informes entre los dictadores y jefes militares de los países de la región. También se encontraron fotografías, cassettes, videos y fichas de “colaboradores especiales”, lista de “enemigos políticos” y de los “empaquetados”, como se llamaba en Paraguay a los asesinados en las salas de tortura. Los archivos contienen también datos de actividades sindicales, políticas, culturales, grabaciones. Además de 700 mil folios referidos al accionar de la dictadura paraguaya, 740 libros encuadernados, 115 libros de Novedades de Guardia, 8369 fichas de detenidos, 2000 cédulas de identidad y pasaportes, junto a 10 mil fotografías de detenidos.96 El descubrimiento de estos archivos provocó que Estados Unidos desclasificara algunos documentos relacionados con la Operación Cóndor, en lo que Paraguay cumplió una función estratégica al actuar como central de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Si bien hasta 1992 la existencia del plan Cóndor figuraba en algunos papeles desclasificados de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y en declaraciones de testigos, víctimas o agentes arrepentidos, el archivo paraguayo le dio la legitimidad que le faltaba. A pesar de sus insuficiencias, ya que no se encuentran todos los casos registrados, los archivos encontrados pudieron demostrar que la colaboración fue un hecho y que la coordinación represiva existió. La presencia de la inteligencia chilena no se pudo descartar, porque en Lambaré fue encontrado la carta-invitación del General Contreras y otros documentos que demuestran la comunicación entre las centrales de inteligencia de ambos países. Los documentos encontrados explican el papel importante que jugaba la CIA al elegir a Paraguay como centro de operaciones. Lo demuestra también la cantidad de personal norteamericano que actuaba en Asunción. En 1973 ya se tenía conocimiento de que el dinero para financiar la huelga de camioneros en Chile contra el Presidente Salvador Allende provenía de Paraguay.97 También el asesinato del exministro chileno Letelier en Washington llevó la investigación hacia el mayor del ejército chileno Armando Fernández Lario y Michael Townley, agente norteamericano de la CIA. Si bien ya en 1970 la acción del gobierno norteamericano en contra del gobierno de Allende había sido denunciada por periodistas y políticos, recién en 1998 los Archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos desclasificaron unos documentos que demostraban la conspiración norteamericana. Un día después de la reunión Nixon- Kissinger, la CIA enviaba una nota oficial que resumía lo que se había tratado: “El presidente Nixon ha decidido que el gobierno de Allende no es aceptable para Estados Unidos. El presidente ordenó a la Agencia (CIA) impedir que asuma el poder o desestabilizarlo. El presidente autorizó 10 millones de dólares para este propósito. La agencia no debe reportar a los departamentos de Estado o de Defensa. El director (de la CIA) se reunirá directamente con Kissinger”.98 96 Martorell, Francisco, Operación Cóndor, El vuelo de la muerte… op. cit; pp.176-177. 97 Museo Virtual Meves. Memoria y verdad sobre el stronismo (www.meves.org.py). Consulta: 8 de noviembre de2012. Portal Guarani. (www.portalguarani.com). Consulta: 8 de noviembre de2012. 98 Calloni, Stella, Los años del lobo, Operación Cóndor… op. cit; p. 37. El 22 de octubre de 1970, dos días antes de que el Congreso confirmara a Allende como presidente, el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile General René Schneider, un declarado constitucionalista y contrario al golpe, sufrió un atentado fruto del cual moriría tres días después. Los documentos desclasificados demuestran la implicación de la CIA en este hecho. El nuevo jefe militar que lo reemplazó fue el General Carlos Prats, constitucionalista y hombre de confianza de Allende, nombrado en 1972 y 1973 respectivamente como ministro del Interior y ministro de Defensa, aunque se rodearía de militares deseosos por conspirar. En junio de 1973 había frenado un levantamiento armado de una división de tanques blindados. Los medios de difusión comenzaron a actuar en su contra acusándolo de corrupción. Obligado a renunciar, el 23 de agosto sería reemplazado por el General Augusto Pinochet, quien el 11 de setiembre de 1973 daría el cruento golpe militar. El General Prats y su esposa se exiliaron en Buenos Aires. Por otra parte, la recién estrenada dictadura chilena tenía sumo interés en “perseguir” a todos aquellos exiliados de alto nivel que perjudicaban con su discurso al gobierno dictatorial chileno. De esta manera la DINA y la CIA coincidirían en sus intereses. Se había decidido darle muerte a Prats mediante un atentado. El 30 de setiembre de 1974, una bomba colocada en su coche, estallaría al arribar a su casa, falleciendo el matrimonio. Años más tarde y mediante la desclasificación de documentos se llegó a la conclusión de que habían intervenido, agentes chilenos de la DINA, cuyo máximo responsable sería Enrique Arancibia Clavel, junto al agente norteamericano de la CIA Michael Townley y la colaboración de integrantes argentinos de la Triple A. La red incluía incluso, un grupo de neofascistas italianos. Quedaron también demostrados los contactos de Arancibia con el Coronel Jorge Ribeiro, (condenado en la actualidad por la justicia argentina a cadena perpetua) jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército Argentino, que le permitiría saber durante el último período del gobierno de María Estela Martínez de Perón que “el Ejército Argentino está atacando a la subversión por derecha y por izquierda, es decir algunos pescados pasan al Poder Ejecutivo y el resto son RIP (asesinados). Esta semana el Ejército eliminó a 25 elementos subversivos, todos por izquierda”.99 Muerto Perón el 1 de julio de 1974, el General Prats había quedado desprotegido bajo el débil gobierno de su viuda, influenciada por el Ministro de Bienestar Social José López Rega, organizador de la Triple A. En cuanto a Enrique Arancibia Clavel, sería investigado por la justicia argentina como responsable del asesinato del General Prats. Otros de los casos que confirmarían el accionar del plan Cóndor, lo proporciona el asesinato de un militar uruguayo en París, el 19 de diciembre de 1974. Nos referimos al Coronel Ramón Trabal, otro militar constitucionalista que reprobaba cualquier posibilidad de golpe de estado en su país, de larga tradición democrática. El propio Coronel Trabal, momentos antes del golpe de estado en Uruguay y junto a un grupo de militares progresistas, había emitido los comunicados 4 y 5 afirmando que no estaban dispuestos a ser la “mano armada de los grupos económicos y políticos”, declarándose a favor de transformaciones democráticas sostenidas por sectores populares y sindicales, lo que aceleraría el golpe militar. Como habíamos señalado, el 27 de junio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry encabezaría la dictadura militar al clausurar el parlamento. Oficialmente se acusaba del atentado al militar uruguayo, a fuerzas de 99 Calloni, Stella, Idem, p.51. izquierda; luego, las investigaciones darían como responsable del atentado al gobierno uruguayo. Tras la implantación de la dictadura, se creó en Montevideo el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que se potenciaría a partir del golpe militar en Argentina el 24 de marzo de 1976, donde a través de los documentos se perciben sus “trabajos conjuntos” con Argentina, Paraguay y Chile. Una de las operaciones principales del plan Cóndor fue la denominada operación Colombo. Frente a la inminente visita de una comisión de Derechos Humanos a Chile, la DINA (chilena) y la Triple A (argentina) habían acordado ponerla en práctica con el objetivo de hacer reaparecer mediáticamente a 119 chilenos. Según el macabro plan, la DINA entregaría a la Triple A documentos falsos de chilenos muertos en campos de concentración en Chile y ésta a su vez los dejaría junto a cadáveres irreconocibles en lugares públicos de Argentina. Los muertos en realidad eran militantes de izquierda argentinos secuestrados por la Triple A. Así se encontraron en distintos lugares de Buenos Aires cuerpos violentamente torturados, con algún documento que los identificaba, acompañados la mayoría de ellos de una nota que decía que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) los ajusticiaba. Así los medios de difusión de ambos países sostenían la idea que se trataba del resultado de enfrentamientos entre la propia izquierda. Afirmaban también el avistamiento en la provincia argentina de Tucumán de grupos de miristas que atravesaban la cordillera para entrar y salir de Chile. De esta manera, 119 chilenos desaparecidos “aparecieron” muertos en Argentina. Varios testigos de los secuestros efectuados en las casas de las víctimas o en su lugar de trabajo se encargarían de demostrar la falsedad de estas noticias. El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), sostiene: De los hombres y mujeres que murieron o desaparecieron en otras tierras y que suman al menos 80 personas, el gobierno de las Fuerzas Armadas nunca ha dado una respuesta, en cambio, curiosamente de otros, que sin lugar a dudas no desaparecieron ni murieron lejos de Chile, las explicaciones, las descripciones de sus posibles muertes en el extranjero fueron informadas ampliamente sin omitir detalles”.100 El 15 de julio de 1975 surgía en Argentina una nueva revista llamada Lea cuya portada de primer y último ejemplar, titulaba “Estoy enferma de asco”, supuestamente ante las “vendettas internas de la izquierda chilena”, todo ello, al lado de una enorme foto de la presidente argentina. Una investigación periodística argentina demostraba que su editor, Juan Carlos Videla, no se encuentra registrado en ningún organismo gremial o empresarial argentino. Respecto a la dirección de la edición de la revista, figura la calle Brandsen 4850. Investigaciones periodísticas demostraron que esa numeración supera la numeración de la calle. Se descubrió que en la calle Brandsen 485 funcionaba la editorial CODEX, propiedad estatal y dependiente del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de López Rega, mentor de la Triple A. El brazo armado del plan Cóndor demostraba que podía llegar hasta la propia Europa. Los objetivos planificados por la DINA en Argentina habían resultado exitosos gracias a la coordinación con la Triple A de Argentina, la que a su vez se relacionaba con la Internacional Fascista cuya base central actuaba en la ciudad de Madrid de la España de Franco. En su exilio madridista, de los años 70, el general Perón contaba como secretario privado a José López Rega quien lograría contactarse con la 100 Calloni, Stella, Idem, p. 63. Organización del Ejército Secreto (OAS), organización paramilitar de ultraderecha francesa protagonista en la Guerra de Argelia, elemento sostenedor del plan Cóndor en Europa, además de relacionarse con grupos de ultraderecha centroamericanos y con el grupo neofascista Propaganda 2. En Roma vivía Bernardo Leighton, otro de los exiliados chilenos perseguidos por la dictadura. Era dirigente de la Democracia Cristiana, representando su ala izquierda. Si bien era crítico y opositor de la Unidad Popular dentro del libre juego democrático, fue absolutamente crítico con el surgimiento de la dictadura de Pinochet. Debido a la persecución ideológica se exilia de Chile en febrero de 1974, radicándose en Roma. El 6 de octubre de 1975 al regresar a su casa junto a su esposa son atacados mediante disparos quedando ambos gravemente heridos. Bernardo Leighton tenía objetivos políticos, organizar a la oposición para desacreditar al gobierno dictatorial chileno, de ahí la actuación de la DINA. En el atentado habían participado también miembros de una organización paramilitar neofascista contratada por el propio Townley, agente norteamericano de la CIA, como anteriormente mencionamos. Otro caso que demuestra la puesta en práctica del plan Cóndor queda manifestado a partir de lo sucedido al General y expresidente boliviano Juan José Torres. El 2 de junio de 1976 grupos paramilitares de ultraderecha habían ejecutado de tres disparos al expresidente boliviano. Su cuerpo sería hallado ese mismo día al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. El proceso revolucionario en Bolivia había llegado a comienzos de los setenta, a partir de grandes movilizaciones sociales que cuestionaban la realidad social y económica en Bolivia. Dentro del Ejército había surgido un movimiento militar deseoso de iniciar una política que defendiera los intereses nacionales alejándose de las directrices norteamericanas, por lo que estaban dispuestos a apoyar al gobierno progresista de Alfredo Ovando Candia, quien nacionalizó la compañía petrolífera boliviana el 17 de octubre de 1969, encargándose de la ocupación de las instalaciones de la empresa el propio General Torres. El 10 de julio de 1970 presiones políticas de la derecha lo obligaban a renunciar a su cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En octubre de ese año un golpe militar fallido había destituido a Ovando Candia, pero las huelgas y manifestaciones de mineros, obreros y campesinos terminarían por catapultar al poder al general Torres, quien asumiría el cargo de presidente comprometiéndose a ejercer un “gobierno verazmente boliviano y popular”. Sus primeras medidas limitaban el campo de acción del capital trasnacional, había decretado la nacionalización de las minas de zinc en poder del capital norteamericano, interviniendo el gobierno la totalidad del sector metalúrgico, nombrando a integrantes de la Central Obrera Boliviana como funcionarios de su gabinete. La existencia de tres gobiernos populares y progresistas en Perú, Bolivia y Chile hacía peligrar los intereses geoestratégicos norteamericanos por lo que se debía actuar. Mientras tanto, el general Torres como presidente de Bolivia había exigido la retirada del Centro de Transmisiones Estratégicas de Estados Unidos, junto al Cuerpo de Paz norteamericano que actuaba en realidad como aparato de inteligencia. La respuesta norteamericana no se hizo esperar, consistió en establecer el bloqueo económico y la suspensión de préstamos del Banco Mundial. Torres, a su vez, respondería firmando convenios y recibiendo préstamos de países de la órbita comunista. La conspiración se había iniciado, apoyada por la derecha reaccionaria. Posteriormente al golpe, en un libro escrito por el exministro del Interior Jorge Gallardo Lozada, relata que el embajador norteamericano en Bolivia, Ernest Siracusa, funcionario de la CIA, había intentado congraciarse con el Presidente Torres, quien rechazaría todas las ofertas. “El embajador yanqui, un gran especialista en golpes de Estado, comenzó entonces la preparación del derrocamiento violento del gobierno”.101 En agosto de 1971 se produjo el golpe encabezado por el General Hugo Banzer, quien se encontraba exiliado en Argentina, por lo que lo había planificado todo con tiempo y con el apoyo de dos inspectores de la CIA, el jefe de la Misión Militar de Estados Unidos en Buenos Aires y un jefe del Pentágono que viajó desde Washington a pedido de los golpistas. Las denuncias de Gallardo le costarían su propio secuestro en Chile el 27 de octubre de 1973. Como colaboradores del General Banzer se cita también al gobierno del General Alejandro Agustín Lanusse, al aportar 20 millones de dólares. Torres se vio obligado a exiliarse a Lima, Perú, donde había afirmado que el proceso que él encabezaba sólo se había interrumpido y aseguraba que se trataba de un breve paréntesis, y que una vez cerrado permitirá ver a las Fuerzas Armadas levantando nuevamente las banderas de la revolución. Luego afirmó: “Desgraciadamente mi proceso revolucionario tuvo su punto débil en las Fuerzas Armadas, mi mesa comenzó a tambalearse para luego caer porque muchos oficiales y suboficiales no se habían concientizado sobre su papel protagónico dentro de la revolución”. Y agregó: “que los soldados del pueblo descansen, se reagrupen, se fortalezcan y esperen porque la revolución está viva y aplastará a sus enemigos”.102 El General Torres abandonaría Perú para trasladarse junto a su familia al Chile de Allende pero en junio de 1973 y percibiendo la posibilidad de un golpe se vuelve a exiliar a Buenos Aires. Cuando el cadáver de Torres apareció en las afueras de dicha ciudad en mayo de 1976, los parlamentarios de Venezuela redactaron un comunicado, en donde denunciaron que “en el Cono Sur se maneja una internacional de represión unificada, se la maneja implacablemente sin respetar los más elementales derechos del hombre”. Por otra parte la esposa de Torres, Emma Oblea, llegó a afirmar que “La mano criminal que mató al General Torres en Buenos Aires tiene la cabeza en Santiago y el cuerpo en Montevideo, en San Salvador, en Asunción (…)”.103 Mientras que en la página 272 del Informe “Nunca Más”, se asegura que tanto en el asesinato de Prats, cono en el de Torres, participó el norteamericano y agente de la CIA, Michael Townley.104 101 Calloni, Stella, Los años del lobo, Operación Cóndor… op. cit; p.93. 102 Martorell, Francisco, Operación Cóndor, El vuelo de la muerte… op. cit; pp.149-150. 103 Martorell, Francisco, Idem, 104 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Nunca más. Buenos Aires, Eudeba, 1984. Comisión Nacional Sobre la desaparición de Personas. Anexos del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984. Sobre el método de la represión, el documento básico es el elaborado en 1984 por la Comisión Nacional de Desaparición de personas (CONADEP), cuyas conclusiones fueron publicadas ese mismo año, nos referimos al libro de amplia difusión Nunca Más. Allí quedaron registradas la desaparición de 8.960 personas y la existencia de 340 centros clandestinos de detención. Esta obra demostrará la existencia de un plan sistemático para concretar la represión cuya tarea final era la desaparición de personas. El plan incluía distintas etapas sistemáticas a cargo de diferentes grupos, detención, desaparición, tortura, detención en un campo clandestino, muerte y eliminación de cadáveres, sin olvidar el robo sistemático de los bienes de las víctimas y el secuestro de sus hijos dados en adopción. Recordemos que la basta documentación reunida por la CONADEP sirvió de base para el juicio a los miembros de las juntas militares. Por otro lado, informes publicados el 4 de junio de 1976 en el New York Times sugirieron que el asesinato del general fue cometido por los Rangers bolivianos con el apoyo de la Policía Federal y con la aprobación del ministro del Interior Albano Harguindeguy, quien afirmó que el asesinato se debió a la guerrilla. Luego sostuvo que la misma pretendía “desprestigiar no sólo a la Nación Argentina, sino al país todo, con el malsano fin de entorpecer nuestro proceso de reorganización nacional. Tanto en el orden interno como en el externo, esta acción psicológica en nuestra República forma parte de la permanente agresión conducida desde los centros de poder de la subversión internacional contra los pueblos que sostienen la primacía de los valores espirituales, sobre los materiales”.105 Al mismo tiempo, los medios de difusión argentinos, en especial la prensa favorecían las explicaciones del gobierno militar. Entre las víctimas del plan Cóndor se repite siempre el mismo elemento, políticos progresistas que en el momento de alcanzar el poder intentaron el llamado “cambio estructural” de sus sociedades, y por ello su fin o caída. A su vez, en el accionar del plan, se evidencia una coordinación multinacional planificada que les permitía a sus integrantes actuar impunemente en los países del Cono Sur. Como habíamos sostenido, el brazo armado del plan Cóndor había llegado a Europa, pero también al propio territorio norteamericano, pues en Washington asesinaron al prestigioso diplomático chileno Orlando Letelier en Washington. En la campaña política de 1958 había apoyado a Salvador Allende como candidato a la presidencia por el Frente de Acción Popular. Su derrota había significado el despido de su empleo en el Departamento de la Industria del cobre, viéndose obligado a emigrar a Venezuela y luego a Estados Unidos. El triunfo político de Salvador Allende lo llevaría a ocupar el cargo de embajador de Chile en Estados Unidos, siendo también canciller, ministro del Interior y de Defensa. El día del golpe pinochetista, el 11 de setiembre de 1973 fue internado en distintos campos de concentración siendo forzosamente liberado el 10 de setiembre de 1974 por presiones internacionales. Exiliado nuevamente en Estados Unidos, comenzó a trabajar contra la dictadura de Pinochet. Su prestigio político lo había llevado a convencer a representantes del Congreso norteamericano a dar por terminado todo apoyo militar y financiero a la dictadura de Chile. Letelier, se había transformado en una pieza molesta no sólo para el régimen chileno sino para la propia CIA. Eran los mismos momentos en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) demandaba al régimen pinochetista por una serie de desapariciones, cuya respuesta sería la elaboración del plan Colombo. El atentado se produjo a partir de la colocación de una bomba accionada a control remoto debajo del coche de Letelier por el contrarrevolucionario cubano José Dionisio Suárez. ( murió también la ciudadana norteamericana Ronny Moffit). Se producía así un paralelismo con el asesinato de Prats dos años antes en Buenos Aires. Ante tal caso que había causado sensación en Estados Unidos, el No hay coincidencia sobre el número total de desaparecidos, la CONADEP certificó algo menos de 9000 casos, asegurando que debieron ser muchos más. La Secretaría de Estado de Derechos Humanos que continuó la investigación, elevó el número a 13000, mientras que las organizaciones de derechos humanos hablan de 30000 víctimas. En cuanto al perfíl político e ideológico de las víctimas ha dado lugar a intensas discusiones, particularmente en el campo de los defensores de los derechos humanos. El informe de la CONADEP presentó a los desaparecidos en términos despojados de connotaciones políticas. Comparando en ciertos momentos a las víctimas del terrorismo de estado con el holocausto, por lo que frecuentemente se aplicaba el término “genocidio”. 105 Martorell, Francisco, Operación Cóndor, El vuelo de la muerte… op. cit; pp.149-150. jaqueada por los levantamientos militares de la oficialidad intermedia, temerosos de que los enjuiciamientos no se limitaran a las juntas militares concentradoras del poder total. La respuesta de la débil democracia, ante la posibilidad de un nuevo golpe, serían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en diciembre de 1986 y junio de 1987, sumados a los indultos de 1989 y 1991 del presidente Menem, que permitirían la liberación de las juntas militares. De todas formas en los noventa, la justicia seguiría actuando acusando a las juntas de la apropiación ilegítima de menores, hijos de desaparecidos, por lo que serían encarcelados nuevamente Videla y Massera. En 2001 y por resolución judicial, se declaran inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reabriéndose las causas contra los militares. La persistencia y voluntad de las organizaciones dentro de la nación, defensoras de los derechos humanos como las muy conocidas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, en medio de una sociedad silenciosa, continuaban luchando por la justicia y la reaparición con vida de sus hijos desaparecidos. Esa voluntad y esa persistencia de las madres, les llevaría a un triunfo indiscutible en el campo judicial, sobre aquellos comandantes militares, que tiempo atrás, habían derrotado en el campo militar a sus propios hijos. Así como la represión militar había logrado un efecto ejemplificador sobre la sociedad, el enjuiciamiento iniciado en 2006 sobre los comandantes militares, tendría también un efecto ejemplificador sobre las dictaduras militares esparcidas por el mundo. Es así, como en el año 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se ordena la apertura de los archivos, instando a los jueces de la Corte Suprema a declarar inconstitucionales los indultos aprobados por Carlos Menem. El resultado de todo ello fue una serie de enjuiciamientos sobre toda la oficialidad responsable del período represivo, con las condenas a cadena perpetua de la mayoría de ellos. En resumen podemos sostener que en el Cono Sur, había estallado una nueva guerra de 30 años, dividida en dos momentos. Desde mediados de los setenta hasta 1983, se produciría el “triunfo militar” por parte de los comandantes sobre las organizaciones armadas de izquierda. El segundo momento de esta “guerra” comenzaría en 1983 hasta nuestros días, período en que esos comandantes experimentarían con avances y retrocesos una “derrota judicial”. Antes, los militares muertos por la subversión se habían transformado en mártires de la patria. Ahora, los militantes de los grupos armados de izquierda, muertos por la dictadura, se transformaron en mártires de la patria, pero no de cualquier patria, sino de la patria “socialista”. El período represivo y exterminador de la última dictadura militar marcó sus diferencias con las dictaduras militares anteriores, representó el momento más terrible de la historia argentina, cuyo efecto alecccionador llevó a la sociedad a la valoración del régimen democrático en que se comenzó a vivir a partir de 1983 y en el rechazo de los autoritarismos. Este es, seguramente, el efecto más importante y duradero de la dictadura. No debemos dejar de recalcar que los sistemas democráticos en sociedades con poca tradición democrática, como lo es la sociedad argentina, generan gobiernos propensos al autoritarismo, en donde aquellos ciudadanos que lo cuestionan o critican, o no comparten sus ideas, podrían ser identificados como “el enemigo interior”. No debemos dejar de olvidar las consecuencias nefastas que trajo la aplicación del modelo económico liberal impuesto por el régimen militar de la mano de su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Sus medidas económicas favorecieron la llegada de capitales trasnacionales, incentivaron las actividades financieras especulativas no productivas y la libre importación de productos manufacturados. Las consecuencias fueron el desmantelamiento del tejido productivo nacional, el aumento del paro y de la marginalidad social. La liberalización del sistema financiero permitió la adquisición de préstamos por parte del empresariado nacional sin respaldo alguno con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI). El resultado de la actividad financiera especulativa fue un endeudamiento asfixiante de las empresas nacionales y la “solución” militar consistió en convertir la deuda privada de los empresarios en pública y por lo tanto de todos los argentinos. Así, durante la dictadura militar las ganancias empresariales se “particularizaban” mientras que sus pérdidas se “socializaban”. La intelectualidad argentina de fines del siglo XIX colocaba al país como contrapunto de Estados Unidos en el Cono Sur. Esa misma intelectualidad menos pretenciosa en los años cincuenta apuntalaba a la Argentina en el lugar de Australia o Canadá. No fue ni lo uno ni lo otro. En la actualidad y a 29 años de haberse implantado el sistema democrático la Argentina tiene en estos momentos una deuda externa de 200 000 millones de dólares111 por lo que está viviendo de alguna manera la postdictadura y sus consecuencias, que han impedido que figure como país BRIC emergente, con diferencia de otros que también pasaron - como Brasil – por etapas dictatoriales, pero consideradas menos duras. Para terminar no debemos olvidarnos de otro de los efectos negativos impuestos por la dictadura militar. A partir del 24 de marzo de 1976 no solamente comenzaron a desaparecer personas, toda una sociedad iba a desaparecer, la de la solidaridad y el idealismo sería reemplazada por una sociedad individualista y consumista como consecuencia de las medidas aplicadas por un gobierno autoritario. 111 Federico Martín Maglio. Evolución de la deuda externa argentina (www.fmmeducacion.com.ar). Consulta: 8 de noviembre de 2012. BIBLIOGRAFÍA Abós, Alvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar, CEAL, Buenos Aires, 1984. Aguila, Gabriela, Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983, un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura, Buenos Aires, Prometeo, 2008. Basualdo, Victoria, Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y mercedes Benz, Buenos Aires, Engranajes, FETIA-CTA suplemento especial, marzo de 2006. 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