Patrimonio cultural y políticas urbanas. El significado de la experiencia comparada: los casos de Montevideo y Burgos

191 Capítulo 6 Patrimonio cultural y políticas urbanas. El significado de la experiencia comparada: los casos de Montevideo y burgos Fernando Manero Miguel Universidad de Valladolid I. InTroduCCIón En el conjunto de las estrategias de desarrollo económico, creación de imagen y proyección a gran escala de las ciudades, las relacionadas con la actividad cultural tienden a ocupar una posición de primer orden (Zukin, 1995; Amin & Thrift, 2007: 145; Lladó, 2010). Más allá de los balances, positivos, críticos e incluso antitéticos que de sus resultados pueda hacerse, es obvio que de manera generalizada, la cultura –entendida desde la pluralidad de los elementos que la integran como núcleo vertebrador de las políticas culturales asociadas a ella– se ha convertido en un potente factor de acreditación sustancial del espacio urbano, complementario y con frecuencia sustitutivo potencial de otras opciones de resultados más inciertos o aparentes y destinado a cumplir objetivos de desarrollo que, comúnmente y a tenor de las constataciones observadas, pueden mostrarse, con otros enfoques sectoriales, fallidas o insuficientemente satisfechas. De ahí que si las expectativas que de antemano suscita el hecho de poseer un patrimonio cultural digno de ser avalorado se presentan comúnmente de forma alentadora, no de otra forma podría explicarse ese intento a favor de una consideración integral de los aspectos culturales como uno de los cauces esenciales de las políticas públicas abordadas desde las corporaciones locales. De ello da ejemplo, como testimonio ilustrativo, la Agenda 21 de la Cultura («un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural»), promovida en el IV Foro de las Autoridades Locales para la inclusión social (barcelona, 2004), en 192 Patrimonio cultural y desarrollo territorial la que se preconiza un enfoque estructurado de todos aquellos aspectos que vertebran y dan sentido operativo y coherencia a una política cultural impulsada desde el ámbito local y respaldada por el acervo competencial y jurídico que le compete. En este sentido no está de más recordar que es a través de las Leyes relacionadas con el régimen local como comienza a manifestarse de forma temprana la normativa interesada en regular la gestión del patrimonio urbano (barrero, 1990:243). Entre otras consideraciones relevantes, cabría destacar su especial hincapié en la transversalidad de los instrumentos de acción política, en la cooperación entre instituciones, en el apoyo de la iniciativa privada y en la sensibilización de la ciudadanía, todo ello a favor de la construcción de una identidad local apoyada en la memoria compartida, en la innovación y en un enfoque estratégico de un desarrollo en el que estos principios ostentan una importancia decisiva (FEMP, 2009). II. la dIMensIón CulTural y TerrITorIal de las PolíTI- Cas loCales: HaCIa la PaTrIMonIalIZaCIón del esPa- CIo urbano Y es que el concepto de cultura cobra fuerza a medida que su dimensión genérica y polivalente se ejemplifica a través de los componentes que aportan calidad, consistencia y perdurabilidad a unos bienes específicos, susceptibles de verse afectados por importantes cambios morfológicos y funcionales. Dentro de este reconocido y creciente campo de posibilidades, la confianza específicamente depositada en las estimables ventajas proporcionadas por los elementos integrantes de los bienes patrimoniales de que se dispone –sin olvidar las matizaciones introducidas por el estado en que se encuentren– induce a los poderes locales a otorgar una atención de primer orden a las actuaciones propiamente relacionadas con la protección y valoración de unos bienes a los que se otorga la condición de recursos para el cumplimiento de una doble y complementaria finalidad. Y es que, si por un lado, son evidentes los afanes encaminados a su consideración como vigorosos factores de estímulo de la atracción cultural con fines recreativos, de acuerdo con criterios de planificación de la oferta y la demanda concebidos ex profeso (Velasco, 2009: 244), no es menor, por otro, el papel que se les asigna desde el punto de vista simbólico, esto es, como referencias emblemáticas a la hora de forjar la imagen colectiva de la ciudad, representativas de un legado histórico que, como manifestación explícita del culto a la memoria asumida y de los lugares que la transmiten y dinamizan, favorece la identificación singular del espacio y la aparición de otras formas de mirarlo frente a la tendencia simplificadora a que conducen la globalización y la mercantilización de la cultura. 193 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... La idea de temporalidad, manifiesta en testimonios patrimoniales tangibles y simbólico-formales que, como construcción socio-histórica y como metáfora de la ciudad (Jeudy, 1993; Tomas, 2004), se identifican, evolucionan, cambian y perviven a través del tiempo, justifica un proceso continuado de programación, reinterpretación y reorientación de los vínculos mantenidos con el pasado tanto en el imaginario de la sociedad directamente comprometida en la transformación de su entorno cultural y monumental como en el complejo emocional construido en función de las percepciones, valoraciones y debates que, desde fuera, pudieran hacerse sobre la imagen que una ciudad es capaz de transmitir a diferentes modalidades de destinatarios, ya se trate de locales o foráneos. Merced a esta amplitud de horizontes socio-espaciales y discursivos, el patrimonio –concepto complejo, en permanente evolución (Rizzo & Mignosa, 2013) y expuesto a la valoración e interpretación desde ópticas diferentes (Choay, 2009)– se reafirma como uno de los factores estructurantes de la configuración funcional y estética del espacio y, por ende, de las políticas públicas locales hasta el punto de constituir uno de los ejes centrales sobre el que gravita el tratamiento y gestión de las potencialidades de desarrollo de los municipios (Sánchez Goyanes, 1999: 36; Manero, 2000:99). De este modo los gobiernos situados en el nivel básico de la decisión –por más que esta tendencia haya de entenderse como la expresión de un propósito teórico demasiadas veces incumplido por mor de las deficiencias de que adolece la política en el ámbito local cuando lleva a que la ciudad pueda quedar desposeída de su cultura como espacio público y de sus valores culturales (Campos Venutti, 2010)– lo aceptan y defienden como el catalizador de proyectos de impacto susceptibles de estimular la movilización y animación social, económica y cultural en sus respectivas escalas de competencia así como a través de los vínculos simultáneamente anudados con los demás eslabones del poder institucional, con la iniciativa privada y con los que estimulan las sensibilidades e intereses en los que se sustenta la construcción de una ciudadanía activa. Aspectos, en cualquier caso, reveladores del papel adquirido por las ciudades «como lugares reorganizados para la acción política modulada culturalmente» (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2015:64). Todo ello, además, con la finalidad explícita de hacer visibles y al tiempo útiles unos bienes potencialmente generadores, como es bien sabido, de multitud de efectos concatenados, lo que explica la relevancia de las políticas patrimoniales en sintonía con la constatación del nivel de complejidad alcanzado por la elevada demanda de patrimonio en las sociedades contemporáneas (Vicente, 2008:268). Sobre estas bases puede comprenderse bien el alto margen de reconocimiento otorgado al patrimonio en sus diferentes manifestaciones y 194 Patrimonio cultural y desarrollo territorial formas de expresión como elemento clave en la concepción, ordenación y estructuración de los espacios urbanos, un aspecto cuya dimensión geográfica no ha dejado de ampliar la interesante perspectiva práctica y política que le caracteriza a medida que se rebasa la valoración circunscrita a los monumentos históricos para ampliar y diversificar sus horizontes al conjunto de elementos –muebles e inmuebles– que configuran y vertebran el acervo patrimonial –el patrimonio territorial– de un espacio determinado, como se encarga de avalar ampliamente la experiencia comparada (Dang & Duxbury, 2007). Es evidente que en este proceso de ampliación y valorización de la riqueza patrimonial desempeña un papel capital la capacidad desplegada por los métodos aplicados a la transmisión del conocimiento –científico y divulgativo– de lo que el legado recibido y recuperado representa de cara al futuro y, sobre todo, del grado de asimilación y toma de conciencia alcanzado por parte de la sociedad y sus diferentes usuarios (ciudadanos, visitantes, etc.). Es lo que sucede cuando de la indiferencia se evoluciona hacia posturas más sensibles, respetuosas y, a la postre, defensoras de lo que se considera un valor digno de ser preservado y transmitido hasta convertirse en uno de los argumentos distintivos del proyecto de territorio, al que en ocasión aportan una dimensión emblemática. En este sentido, la distinción establecida por Choay (1999) entre monumento histórico, monumento y conjunto patrimonial, amén de pertinente por lo que tiene de defensa de la preocupación que ha de mostrarse hacia todos ellos, no hace sino ratificar las variaciones experimentadas por una noción perfeccionada precisamente al calor de los avances operados en el conocimiento de la riqueza intrínseca inherente a ella. Es así, por tanto, como cabe entender el complejo alcance de los procesos de patrimonialización del espacio urbano tan frecuentes, e incluso sobreabundantes, en nuestros días y congruentes con la voluntad explícita de introducir en la concepción de la ciudad, mejorándola y reactualizándola, una visión en la que el patrimonio cultural cobra una dimensión preeminente o, cuando menos, merecedora de una atención como nunca había tenido con anterioridad, y de la que hay constancias firmes en las contribuciones realizadas desde la Geografía (bernal, 2001; Cañizares, 2009). Una dimensión que conviene analizar en estrecha relación con la perspectiva aplicada a los fines propios de la estructuración urbanística con todo lo que ello implica desde la perspectiva de la movilización de actores, incorporados a la defensa de una opción estratégica –en la que confluyen planteamientos económicos, sociales, culturales y políticos– motivada por los objetivos que derivan de situaciones de diverso alcance, complejidad y perentoriedad. 195 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... Y es que, si en unos casos, se impone la necesidad de afrontar situaciones críticas (Grésillon, 2011), no es menor la importancia asignada al deseo de aprovechar un elemento de singularidad o de acometer programas de rehabilitación y regeneración, en los que la dimensión cultural, entendida en su acepción más integradora, se muestra como el enfoque más sólido y conveniente a largo plazo, sin descuidar hasta qué punto se impone la necesidad de imbricar adecuadamente la protección del patrimonio histórico en la ordenación del espacio urbano «desde la perspectiva del ordenamiento regulador de dicho patrimonio» (Parejo, 1998:23). En cualquier caso, avanzar en esta dirección no parece tarea fácil si no se tienen en cuenta las exigencias con las que necesariamente se debe abordar una política sostenible de patrimonialización del espacio (Feria, 2012: 4). No es posible ignorar, en efecto, hasta qué punto se trata de un proceso de gran importancia cualitativa, en el que han de ocupar una posición destacada las interdependencias que, apoyadas en criterios e indicadores de sostenibilidad, existen entre las oportunidades de desarrollo y la calidad de las pautas de conservación y regeneración del entramado construido (Orduña, 2016); como tampoco habría que desestimar el efecto provocado por los instrumentos de financiación, por los compromisos, necesariamente abiertos a la negociación, a que conduce la colaboración público-privada o por los principios reguladores de las situaciones de conflicto que pudieran plantearse. III. la neCesIdad de un enFoque esTraTégICo adaPTado a la gesTIón de un PanoraMa de PosIbIlIdades, rIesgos, ConFlICTos y desaTenCIones Situados ante una cuestión de innegable relevancia política, económica y formativa –que incluso trasciende los límites de lo que pudiera entenderse como una política estrictamente cultural– el tratamiento de los bienes patrimoniales se inscribe en una perspectiva proclive a la dualización de pautas y comportamientos. Se trata, en el fondo, de admitir ese «juego de luces y sombras» en el que se desenvuelve la «construcción simbólica del patrimonio por parte de los poderes locales» (Garnier et Castrillo, 2013:13). Tal ambivalencia remite, en primer lugar, a la consideración del importante margen de posibilidades que encierra en sí misma la existencia de una dotación patrimonial digna de ser conocida, prestigiada y valorizada (Ortega, 1998). No en vano constituye un elemento clave a la hora de interpretar la personalidad y las perspectivas de proyección de imagen de un espacio municipal o intermunicipal, lo que facilita la legibilidad de 196 Patrimonio cultural y desarrollo territorial sus elementos distintivos al tiempo que estimula su capacidad de innovación, merced al aprovechamiento de las potenciales ventajas comparativas que sea capaz de aportar de cara al despliegue de una economía cultural, favorecedora de algunas de las variables básicas de una ciudad creativa (Landry & bianchini, 1995; Cooke & Lazzeretti, 2007). De ellas emanan además efectos positivos que, entre otras manifestaciones relevantes, pueden reflejarse en la emergencia de una cultura urbana, que cimienta colectivamente sus raíces en las fortalezas de su utilización para el aprendizaje formativo de una comunidad que concibe el patrimonio como algo que la beneficia o enriquece, con una realidad que satisface sus deseos de rememoración y apropiación del pasado y con el que poder mantener interesantes vínculos de pertenencia y cohesión social al amparo de la participación activa de los ciudadanos (Muñoz et alii, 2004) y de la función de engarce ejercida por el discurso patrimonial como capital creativo e innovador (Krätke, 2011). Sin embargo, en segundo lugar y como contrapunto a estos valores, no hay que hacer caso omiso al efecto neutralizador provocado por ese cúmulo de factores que cercenan, condicionan o lesionan, en ocasiones sobremanera, las expectativas que encierra la riqueza patrimonial, cuando se encuentra amenazada por tendencias críticas, como corresponde, en principio, a un complejo de elementos expuestos a las tensiones que derivan del hecho de que «su valor económico sobrepasa muchas veces a su simple consideración como herencia cultural» (Fariña, 2000:18-19). No son infrecuentes, por esta razón, las situaciones en las que dichas posibilidades se encuentran mediatizadas por las deficiencias de conocimiento, formación y, por ende, de sensibilidad –en virtud de las presiones o amenazas ejercidas sobre el patrimonio– de que adolecen las relaciones de la sociedad y de los órganos de poder con acervo patrimonial a su disposición. Con incidencia negativa –interpretada como los «efectos perversos de la industria patrimonial», de que habla Choay (1999) o del «efecto desintegrador producido por la consideración del Patrimonio Histórico como mero factor de desarrollo» (Castillo, 2004)– cabría abundar también en la gravedad deparada por desviaciones bien perceptibles. Destaquemos, entre ellas, las repercusiones ligadas a la aplicación de planteamientos cortoplacistas, efímeros y repletos de artificialidad, a la realización de alardes de inversión innecesarios o redundantes en pos del rédito electoral, a la ausencia, debilidad o incorrecta estimación de los diagnósticos utilizados, a la aparición de ostensibles disfuncionalidades, fundamentalmente asociadas a la banalización en el tratamiento de los problemas detectados, a la desatención de los bienes cuando no a su deterioro, a la ornamentación como efecto de lo efímero (Fernández Alba, 197 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... 1998:38), a la desvitalización e incluso destrucción de manera irreversible, a la acentuación de los contrastes entre la congestión del uso en unos casos y el ostensible desinterés o declive en otros, o a la prevalencia, en fin, del espacio de renta y los procesos especulativos sobre el espacio social (Álvarez Mora, 2015; Observatorio Metropolitano de Madrid, 2015). A ello habría que unir el contrapunto que a menudo se establece entre la salvaguarda/protección y el pastiche sin olvidar la falta de consideración prestada a los críticos efectos ineludiblemente ocasionados por el ciclo de vida del bien patrimonial o por las situaciones de obsolescencia (física, funcional o económica) a que se enfrenta tanto en lo que atañe a la propia entidad del bien como a las condiciones del espacio público en que se inscribe (Tomé, 2014:278). Y es que, en puridad, más allá de los convencionalismos discursivamente aplicados a la estimación de lo que el patrimonio significa, que también está sujeta a la percepción que de él tengan los diferentes grupos de actores, no es menos cierto que las modalidades de abordarlo en la práctica llevan implícita la idea de tensión, presión o conflicto (Doctor, 2012), en la medida en que –al menos por lo que respecta al patrimonio urbano– «la práctica urbanística pone en evidencia que, ya se trate de su gestión material, de sus utilizaciones reales o posibles e incluso de su misma definición, el patrimonio dista mucho de lograr el consenso» (Garnier et Castrillo, 2013:11). Al observar la dicotomía introducida por estas situaciones concurrentes, se impone la necesidad de profundizar –con respaldo teórico y visión práctica– en los debates clarificadores de la trama de interrelaciones sobre las que se construye el concepto de patrimonio y el complejo de instrumentos aplicados a su conocimiento y regulación, dada la intensidad de las redes e interdependencias que se configuran en torno al tratamiento sostenible de los objetos patrimoniales (Comunian, 2011:1162). En esos términos se plantea, por tanto, el engarce propuesto entre los principales aspectos en los que conviene centrar desde el punto de vista operativo la cuestión que nos ocupa, según se indica en la Fig. 1. Tomando como base la identificación del concepto, de acuerdo con el reconocimiento de su complejidad, con su dimensión territorial y paisajística y con la necesidad de defensa y preservación de sus valores cualitativos, resulta pertinente definir el alcance estratégico de los ejes sobre los que han de gravitar las decisiones. éstas se desenvuelven en un contexto marcado por la confluencia permitida por los métodos aplicados al conocimiento y a la protección, por las pautas de ordenación y valorización económico-espacial del patrimonio entendido como recurso y como conjunto de elementos integrados en el territorio y, como corolario de todo ello, por las medidas encaminadas al fortalecimiento de la conciencia cívica y a la implicación 198 Patrimonio cultural y desarrollo territorial de la sociedad al amparo del margen de opciones abiertas por la voluntad participativa. Fig. 1. la dimensión estratégico-espacial del patrimonio cultural urbano: hacia un enfoque integrado Elaboración: Fernando Manero (2015) La figura nos sitúa, en suma, ante un conjunto de directrices debidamente vertebradas cuya aplicación viene sin duda facilitada por el hecho de que, por encima de las posiciones afectivas, nostálgicas o de oportunidad, el estudio y el tratamiento del patrimonio están asentados sobre la solidez de las bases aportadas por el conocimiento científico procurado por los expertos en los oficios del patrimonio –responsables fundamentales de lo que se conoce como la mediación patrimonial– y por la consistencia y validez de las conclusiones extraídas de la experiencia comparada. 199 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... IV. una PersPeCTIVa CoMParada: del PaTrIMonIo arquI- TeCTónICo reCuPerado al aProVeCHaMIenTo del eleMenTo exCePCIonal CoMo FaCTor de IdenTIFICa- CIón y TransForMaCIón del esPaCIo urbano Introducir la dimensión empírica en el conocimiento e interpretación de las orientaciones que definen un panorama tan complejo ayuda a valorar la particularidad de los matices que ofrece, permite entender el alcance otorgado a las actuaciones más relevantes y enriquece la tipología de las manifestaciones a que pueden abrirse las distintas modalidades y estrategias de intervención. Desde el punto de vista geográfico su interés es innegable, si se tiene en cuenta la importancia que poseen las prácticas patrimoniales en la transformación del espacio, al que modelan en función de los criterios aplicados a la gestión de los recursos, de la jerarquía impuesta en las prioridades decisionales, de la relación entre las actuaciones y los intereses estratégicos y, lo que no es menos importante, de la implicación de los diferentes actores a través de la complementariedad de los discursos planteados, de la clarificación de sus intereses respectivos y de los instrumentos de cooperación puestos en práctica. Se trata, en cualquier caso, y mediante el estudio y el debate comparativos, de alumbrar nuevos horizontes al conocimiento de los conflictos, de las contradicciones y de las potencialidades que todo proceso de patrimonialización espacial encierra, habida cuenta además de la importancia que el hecho tiene en la orientación del gobierno local. Por tanto, si la variada tipología que la observación permite se abre a opciones múltiples y contrastadas, es evidente que la expresividad de la selección que pueda hacerse, siempre matizable, se encuentra supeditada al cumplimiento, en mi opinión, de dos requisitos fundamentales: de un lado, la solidez de los fundamentos estratégicos en los que se apoya, teniendo en cuenta obviamente el despliegue de la voluntad política que los respalda; y, de otro, la magnitud de los efectos provocados, lo que justifica la atención otorgada a las externalidades que es capaz de generar en el territorio y en la sociedad afectados. No cabe duda, pues, del amplio campo de posibilidades que permite la escala urbana teniendo en cuenta su condición de escenarios testimoniales de un empeño generalizado, que posibilita la apreciación de los numerosos matices, tendencias y resultados hasta desglosarse en un amplio elenco de situaciones en función de la desigual consistencia y viabilidad de los productos respectivamente presentados a una demanda que no cesa de ampliar sus horizontes (Richards, 1996:275). La elección de las ciudades de Montevideo y burgos resulta pertinente y ejemplificadora a la hora de desentrañar algunas de las principales si- 206 Patrimonio cultural y desarrollo territorial La década de los ochenta del siglo XX coincide con la toma de conciencia sobre la situación en que se encuentra el patrimonio heredado, lo que se traduce en un proceso de sensibilización sincrónico con las movilizaciones contrarias a la dictadura militar. Entre las iniciativas más destacadas en este sentido cabe mencionar la Creación del Grupo de Estudios Urbanos (GEU), en la que tuvo un notable protagonismo Mariano Arana, que años después desempeñó la alcaldía de Montevideo en dos períodos entre 1995 y 2005. Las declaraciones y actividades desplegadas por el GEU, tuvieron –merced a su «tarea militante de divulgación del valor arquitectónico, urbanístico y ambiental de la Ciudad Vieja y la denuncia de su grave deterioro» (Carmona y Varela, 2006:172)– un efecto catalizador de primera importancia hasta el punto de servir de acicate a la formación de una memoria colectiva que impregnó las mentalidades de un sector creciente de la sociedad montevideana con el propósito de cobrar plasmación explícita en la normativa reguladora cuando la situación política lo permitiese. Sin duda hay que atribuir a este fenómeno de raíz socio-cultural la responsabilidad de haber propiciado avances notables, siquiera sea testimonialmente, en la sensibilización suscitada por la riqueza patrimonial antes de que la democracia fuera recuperada. Como señala Nalerio, «la visión del pasado aparece como una respuesta a la destrucción del patrimonio» (Nalerio, 2007: 144). Por tanto, si no resulta baladí el significado que tuvo un Simposio pionero y decisivo sobre «Patrimonio Cultural y Natural» celebrado en Colonia del Sacramento en 1981 bajo los auspicios de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (Carmona y Varela, 2006:168), no hay que desestimar lo que en su momento podría implicar el Decreto municipal (1982) relativo al reconocimiento de las características específicas del espacio tradicional –«declárese –se indica– de interés municipal mantener y valorizar el carácter testimonial que poseen las construcciones y entornos urbanos que conforman la Ciudad Vieja de Montevideo»– o la puesta en marcha de una Comisión Especial Permanente (1982), con la finalidad de introducir mecanismos de control y supervisión de las obras a realizar, sin olvidar, finalmente, la realización del Inventario básico del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad Vieja (1983), en el que habría de apoyarse el Plan de Rehabilitación Integral y la gestión aplicada al Área de Intervención Urbana Prioritaria (Carmona, 1993). La recuperación de la democracia –y, sobre todo, a partir de la llegada a la alcaldía de Mariano Arana, a raíz de la victoria del Frente Amplio (1990)– propicia un notable salto cualitativo que en gran medida gravita sobre la capacidad de iniciativa ejercida en este proceso por los responsables de la Municipalidad. Un hecho del que a su vez participaron los 207 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... alcaldes e intendentes de la región, como lo demuestra la Declaración de Lima (1997), resultado del «I Encuentro de Alcaldes y Autoridades Latinoamericanos de ciudades con centros históricos en procesos dinámicos de recuperación». Y, aunque es bien cierto, como la experiencia montevideana lo corrobora, que los limitados recursos disponibles no facilitaban la realización de grandes intervenciones, lo más destacado del momento estriba en la materialización de una voluntad política claramente decantada a favor de sentar las bases de la recuperación y de la rehabilitación del patrimonio urbano como objetivos asociados al deseo de estimular su apropiación por parte de la ciudadanía, fortalecida en su propia entidad al amparo de la toma de conciencia pretendida por las líneas estratégicas orientadas con tal fin. No otra era la intención a la que abocaba, en palabras de algunos de sus mejores conocedores, la necesidad de lograr que el ciudadano «entendiera el edificio», es decir, captase su valor, apreciase su significado como elemento clave en torno al cual poder fraguar la conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia de la sociedad de la que forma parte: en suma, plantear la reestructuración y ordenación del edificio patrimonial como uno de los pilares esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. En este contexto, la actuación pública reviste una importancia capital, plasmada en una diversidad de instrumentos que, aplicados con visión de largo plazo, consiguieron deparar resultados positivamente valorados, al menos por lo que tenían de contrapunto a la incuria mostrada hacia el patrimonio en la etapa dictatorial. En realidad pudiera decirse que, al igual que sucede en otras ciudades latinoamericanas (Tomas, 2000; Manero y Pastor, 2001:35), afloran perspectivas más innovadoras de lo que el patrimonio representa, en la que la mirada no permanece circunscrita al edificio o al monumento histórico, sino que a la vez se persigue facilitar su inserción en un entorno cualitativamente mejorado, susceptible de favorecer tanto las condiciones de vida de la población afectada como de galvanizar la atención del visitante y, en la medida de lo posible, recuperar en parte la centralidad perdida. Tal es el fundamento en el que se apoya el Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora específicamente orientado al tratamiento arquitectónico y urbanístico de la ciudad originaria, imbricado en los objetivos del ambicioso Plan de Ordenamiento Territorial para Montevideo (1998-2005). De ello dan mensajes puntuales los planes piloto de rehabilitación de viviendas en inmuebles históricos y el interés mostrado a favor de que las nuevas construcciones mantuviesen el respeto debido para su adecuada inserción en el entorno, de que se evitase el proceso de gentrificación y de garantizar el apoyo financiero a acciones de carácter cooperativo –entre ellas, y de manera destacada, la pionera Cooperativa de 208 Patrimonio cultural y desarrollo territorial Vivienda Ciudad Vieja (COVICIVI)– que desde el primer momento fueron promovidas a favor de la población instalada hasta alcanzar una aceptación social digna de encomio. Se ha tratado así, y en la medida de lo posible, de que las funciones residenciales y las prácticas de la vida cotidiana quedasen preservadas, evitando la imagen tópica de la ciudad museificada (Tomas, 2004: 207; Salin, 2005: 281). Justo es subrayar a este respecto las numerosas advertencias planteadas por el prestigioso Instituto de Historia de la Arquitectura, voz pública siempre alerta, nutrido de una sólida visión crítica y celoso defensor de las precauciones que han de ser adoptadas frente a la debilidad de la que a veces, en su aplicación práctica, adolecen las figuras de protección. Interesante serán asimismo los enfoques aportados en esta línea por la iniciativa «Ciudad Vieja Renueva», acometida por la Municipalidad a partir de 2003 al amparo de las posibilidades permitidas por el Programa URb-AL financiado por la Unión Europea. Con una duración de dos años, y mediante la implicación de los residentes, la iniciativa acomete un plan de rehabilitación de cerca de cuarenta edificios, consistente en la mejora y embellecimiento de las fachadas, en la subsanación de sus deficiencias estructurales y en el acondicionamiento de las viviendas sobre la base de los convenios suscritos con los propietarios en los que se establecieron con precisión los compromisos y responsabilidades mutuos. A este proyecto se sumará, con los mismos propósitos y análogos procedimientos, el acuerdo suscrito entre la Dirección Nacional de la Vivienda y el gobierno local –el conocido como Acuerdo Zabala– por el que se destinaba un fondo de ayudas a la construcción y recuperación de viviendas para la población instalada en el casco histórico. Asimismo, la peatonalización de algunas de sus calles principales ha contribuido a modificar la percepción del espacio, abriéndolo al descubrimiento de propios y foráneos –merced a la atracción turística y como ámbito de ocio que provoca– por más que también haya propiciado, a la postre, un tratamiento selectivo del conjunto histórico, primando determinadas áreas (Plaza Matriz, Plaza Zabala, Calle Sarandí, Mercado del Puerto) en detrimento de otros sectores que aún continúan críticamente sumidos en el deterioro, la desvitalización y la mala calidad residencial. b. la salvaguarda del patrimonio ferroviario: un panorama de admirables esfuerzos y dramáticas frustraciones No es posible concluir estas consideraciones sin traer a colación las iniciativas y los debates surgidos en torno a la recuperación del patrimonio ferroviario, algunos de cuyos elementos forman parte emblemática del espacio urbano e incluso trascienden al marco estricto del núcleo capitalino. Ante el panorama resultante, bien pudiera decirse que en este tema nos 209 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... situamos al mismo tiempo ante un escenario de frustración flagrante y esperanzas anheladas. En cualquier caso, la defensa del ferrocarril histórico –ingrediente básico de ese nuevo territorio labrado sobre el patrimonio industrial (Dorel-Ferre et bergeron, 1996)– forma parte también del espíritu reivindicativo con el que un sector de la sociedad uruguaya contempla el tratamiento de un patrimonio que ha sido víctima de la desatención mostrada en los países de la región hacia el transporte canalizado a través de los caminos de hierro. Corolario inevitable de una evolución histórica tan interesante como azarosa, y finalmente, abocada casi a la posición irrelevante del tren en la estructura del sistema de comunicaciones en Uruguay (Araya et alii, 2013), llama la atención el empeño mostrado por un sector de la población a favor de mantener viva la llama testimonial de lo que el ferrocarril supuso en la vida social y económica del país así como en la articulación del territorio, reflejada en una trama que en su concepción y despliegue a partir de 1869 mostraba una decidida voluntad de convertir a este modo de transporte en un factor importante de cohesión nacional, coherente con el momento histórico en el que fue diseñada. Desaparecida esta funcionalidad, y limitado el servicio de viajeros a tramos de escaso recorrido, que reducen a menudo su uso a la esporádica frecuentación turística, lo que resta de esta dotación alienta el motivo inductor de unas preocupaciones ciudadanas que, con sus límites, esfuerzos y, también, incertidumbres y decepciones, merecen ser resaltadas, aunque sea de manera sucinta. En principio, no cabe duda de la importancia de la labor realizada por asociaciones específicamente nacidas y mantenidas con esta finalidad. La sensibilidad hacia el ferrocarril justificó a mediados de los años cincuenta del siglo XX la fundación de la «Asociación Uruguaya de Amigos del Riel» (AUAR), que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo con resultados muy meritorios en el campo de la recuperación de material rodante, con especial atención a la puesta en funcionamiento de viejas locomotoras a vapor y vagones de pasajeros. Con posterioridad, y cuando las expectativas del ferrocarril parecían ya gravemente amenazadas, ve la luz en 1986 el «Circulo de Estudios Ferroviarios del Uruguay» (CEFU), en defensa de objetivos compartidos con la AUAR, aunque en este caso la actividad se canaliza sobre todo a las labores de formación y transmisión del conocimiento mediante la investigación, la enseñanza, la difusión de actividades, la recopilación bibliográfica y documental, el intercambio de información con iniciativas análogas y con la mirada puesta en la creación de un Museo del Ferrocarril. El proyecto museístico logró cristalizar cinco años después de la fundación del Círculo, utilizando para ello las instalaciones del espectacular edificio de la Estación Central General Artigas. 210 Patrimonio cultural y desarrollo territorial Los cambios de uso urbanístico previstos en el área motivaron su traslado en varias ocasiones sin haber conseguido una ubicación adecuada, por sus dimensiones y capacidad, a los objetivos perseguidos. Más allá de los propósitos amparados por las iniciativas encaminadas a la conservación de la herencia ferroviaria y a la toma de conciencia de lo que su existencia ha significado o puede significar no cabe duda de que la consideración del patrimonio ferroviario desde el punto de vista espacial se enfrenta a no pocas dificultades (Lalana, 2012). Si en el país son numerosos los lugares (Las Piedras, Colonia del Sacramento, estancia Indaré) donde se mantienen las huellas residuales de lo que en su momento representaron el ferrocarril y los elementos técnicos a él asociados, dos experiencias relevantes así lo atestiguan en el caso montevideano. La primera remite a los desafíos planteados por la recuperación de la fuerte impronta dejada por el ferrocarril en el municipio de Peñarol, ubicado en el periurbano de Montevideo, de cuyo centro dista una decena de kilómetros y en cuya estructura urbana se integra en los años treinta del siglo XX. Todo abunda a favor de su entidad como enclave –de «núcleo vital» lo califican Rilla y Esmoris (2008)– fundamental en la historia de la circulación ferroviaria en Uruguay tras la implantación, procedentes de la ubicación inicial en bella Vista, de los talleres cuya propiedad ostentaba la firma Ferro Carril Central del Uruguay, que había sido adquirida por los ingleses a partir de una sociedad inicialmente uruguaya. El paisaje urbano reproduce el impacto provocado por dichas instalaciones, ostensible en la estación de tren (1891), las naves para el trabajo del material ferroviario, con una superficie cercana a los 30.000 metros cuadrados y construidos de acuerdo con los cánones de la arquitectura industrial británica, los almacenes o galpones, las viviendas ocupadas por los directivos, las destinadas a los trabajadores y los recintos para el encuentro y el ocio (el conocido como Centro Artesano). En conjunto todo ello abarca una extensión de 38.504 metros cuadrados, que, en función de sus elementos constitutivos, cuidadosamente inventariados en 2005, configuran una estructura coherente, bien integrada y, lo que es más importante, un complejo ferroviario de considerable valor patrimonial, que, a diferencia de lo sucedido en otros lugares, no ha sido desmantelado. Y, aunque en 1975 le fue otorgada la consideración de Monumento Nacional, la crisis ferroviaria que trajo consigo el Plan Nacional de Transporte (1985) explica que hasta mediados de la primera década del siglo XXI no se plantease de hecho un programa preciso de intervenciones basado en la cooperación de la Intendencia Municipal con la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Sin menoscabar la 211 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... importancia de la remodelación llevada a cabo en la estación (incluyendo sus interesantes equipamientos y servicios tradicionales) y algunos de los acondicionamientos que han hecho posible la mejora del espacio público vertebrado por el entorno ferroviario, la iniciativa oficialmente planteada y las actuaciones que pretenden plasmarla en proyectos concretos de mejora, rehabilitación y valorización turística tienen ante sí un horizonte tan ambicioso en sus pretensiones como indeterminado en el tiempo. Fig. 5. Fachada principal de la estación Central general artigas de Montevideo Sin embargo, el gran reto y a la vez la enorme incógnita que hacia el futuro se cierne sobre la recuperación del impresionante patrimonio ferroviario de la capital de Uruguay manifiesta en la perspectiva de la monumental Estación Central General Artigas su nota más crítica, a tenor de la situación en que se encuentra uno de los inmuebles más sobresalientes de la historia de la ciudad y del país, paradigmática expresión de la época en que fue construida. Se asiste en este caso a un claro contraejemplo de salvaguarda patrimonial, que ensombrece el valor de los esfuerzos efectuados en la gestión de los edificios más emblemáticos de Montevideo y que, como se ha señalado, ha permitido superar la situación de abandono a que habían estado sometidos antes de que la reacción ciudadana y municipal hiciera posible el desarrollo de una política de protección que 212 Patrimonio cultural y desarrollo territorial se traduce en realizaciones notables. No ha ocurrido así, en cambio, con la Estación Central, cuya contemplación y visita deparan las sorpresas y los descubrimientos menos gratos, razón de ser de la asociación que, con el nombre de «Grupo de Pasajeros en defensa de la Estación Central», se puso en marcha en 1998 con la intención de rescatarla de la incuria a que se halla sometida. Si la decadencia alcanzada no es ajena al propio debilitamiento generalizado que experimenta el transporte ferroviario en Uruguay, en sintonía con lo sucedido en otros países del área, el deterioro se agrava sobremanera en este caso debido a los efectos provocados por la política de reestructuración urbanística de la zona que condujo a la venta por parte del órgano competente del Estado (Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE), y propietario de las instalaciones, de los espacios de propiedad pública en dos operaciones casi coincidentes en el tiempo: de un lado, a la empresa privada ANTEL, adquiriente de las superficies destinadas a carga y maniobras; y, de otro, al banco Hipotecario del Uruguay que hizo suyo el edificio de la estación y la terminal de pasajeros, y que durante un tiempo lo mantuvo alquilado al propietario inicial. Los intereses de ambas operaciones eran complementarios, ya que respondían a la estrategia de reordenación integral del espacio ferroviario y de su entorno al servicio de los objetivos previstos en el llamado Plan Fénix, consistente en convertir al barrio donde se ubica el conjunto de la estación y anexos –la Aguada– en un gran complejo comercial, inmobiliario y de ocio, que, global y espacialmente fallido, languidece pese al levantamiento puntual de modernos edificios –como el de la Torre Antel de comunicaciones– aislados en medio de la desolación. En estas condiciones el declive de la función de transporte por tren se mostraba inevitable: la suspensión del tráfico de pasajeros en 1988, el cierre de las plataformas de carga y maniobras en 1996, la construcción de una nueva estación a medio kilómetro de distancia, con bajo nivel de uso, y la ausencia de un plan de mantenimiento de la Estación Central, pese al intento de rehabilitación proyectado con ayuda del banco Interamericano de Desarrollo –que ha supeditado la concesión de su ayuda a la participación de la inversión privada en la recuperación de la terminal y la plataforma de maniobras– culminaron con su cierre definitivo a comienzos de marzo de 2003. Desde entonces el abandono, la erosión implacable, la degradación y la sensación de ruina, con la sensación de baldío resultante que ello proporciona, son abrumadores. En esencia, el valioso patrimonio ferroviario históricamente fraguado en torno a la Estación Central –cuyo futuro se encuentra condicionado por los litigios jurídicos que enfrentan a la Administración estatal con la empresa privada concesionaria para la 213 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... puesta en marcha del frustrado Plan Fénix– ha sido víctima de una cruel paradoja: su total abandono y el malestar social que provoca son atribuibles a la responsabilidad de quienes ostentan, y deberían ser fieles a ella, la obligación de garantizar su salvaguarda. 2. EL «SISTEMA ATAPUERCA-CULTURA DE LA EVOLUCIóN» EN bURGOS: DE LA EXCEPCIONALIDAD DEL bIEN PATRIMONIAL A LA IDENTIFICACIóN COMO UN PILAR SIMbóLICO DE LA MARCA URbANA El reconocimiento de burgos3 como una de las ciudades españolas más relevantes por la entidad, cuantitativa y cualitativa, de su patrimonio cultural ha experimentado una sensible revitalización al convertirse en una referencia geográfica de primer orden asociada a la envergadura científica del yacimiento arqueopaleontológico localizado en la Sierra de Atapuerca, a unos quince kilómetros de la ciudad. La riqueza aportada se suma así con fuerza a los elementos que tradicionalmente habían fraguado la personalidad histórica burgalesa, merced a su condición de núcleo de importancia estratégica en el Camino de Santiago y a la existencia de un valioso patrimonio arquitectónico, de origen medieval, extraordinariamente acreditado, en el que descuellan, entre otros monumentos, la Catedral, el monasterio de Santa María La Real de las Huelgas y la Cartuja de Miraflores. La ciudad bañada por el Arlanzón cuenta así con tres elementos declarados Patrimonio de la Humanidad (Catedral, 1984; Camino de Santiago, 1993; Atapuerca, 2000), cada uno de los cuales presenta rasgos específicos cuyas particularidades aportan efectos diferenciadores en cuanto al modo de utilización cultural y a la huella provocada en el espacio. La dimensión aportada por los hallazgos realizados en Atapuerca es tan excepcional que ha desbordado todas las previsiones, aun admitiendo la perspectiva de que hacia el futuro mantengan el nivel de atención e interés alcanzado hasta hora (bermúdez de Castro, 2000). 3. El texto de este apartado reproduce los contenidos ya publicados por el autor sobre este tema en un trabajo editado en 2011, y cuya referencia concreta se recoge en la bibliografía (Manero, 2011). Dado el tiempo transcurrido, y teniendo en cuenta que los fundamentos esenciales del caso se mantienen acordes con los señalados entonces, se ha tratado de actualizar la información, de señalar los cambios ocurridos y de analizar, en función de ellos, las tendencias más significativas. De nuevo reitero el agradecimiento a la valiosa colaboración prestada por Doña Aurora Martín Nájera, Coordinadora General del Museo de la Evolución Humana de burgos, y por Don Giraldo Álvarez Nebreda, que amablemente me ha ayudado en el trabajo de campo. 214 Patrimonio cultural y desarrollo territorial Conocida su importancia ya desde mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a extraerse los primeros restos fósiles y se llevaron a cabo los trabajos iniciales de descripción «con planos» de la «Cueva Llamada de Atapuerca» (obra de Pedro Sampayo y Mariano Zuaznávar, editada en burgos por Timoteo Arnáiz en 1868), la construcción, con fines de transporte mineralero, del ferrocarril de vía estrecha (1896-1901) en el tramo meridional de la Sierra puso en evidencia la calidad y diversidad de los restos óseos, faunísticos y cerámicos existentes en aquel espacio. Las averiguaciones efectuadas desde entonces han mantenido su continuidad en el tiempo hasta alcanzar un impulso notable a partir de los años cincuenta merced a los esfuerzos realizados por el grupo de espeleología Edelweiss, coordinado por la excelente labor de su director, José Luis Uribarri, y al que en justicia hay que asignar –junto a la extraordinaria labor de basilio Osaba, director del Museo Arqueológico Provincial de burgos, por el paleontólogo Emiliano Aguirre (a quien se califica como «el padre de Atapuerca») y el ingeniero Trinidad de Torres en los años setenta– una responsabilidad clave en los comienzos del proceso de consolidación de su prestigio como depósito de interés paleontológico. Con todo, el gran avance tiene lugar cuando se comprueba en 1994 la asombrosa riqueza detectada y que, en esencia, está basada en tres rasgos de capital importancia, sistemáticamente puestos de relieve por las investigaciones efectuadas a través de las sucesivas campañas anuales, que no dejan de deparar sorpresas y avances espectaculares. Se trata, en primer lugar, del conjunto de yacimientos con mayor número de registros óseos del mundo, en el que se cuenta con manifestaciones completas del esqueleto humano, incluso las de tamaño más reducido; por otro lado, es también el único en el que se ha encontrado un grupo humano, integrado por individuos de ambos sexos y de edades muy diversas; y, finalmente, constituye el núcleo arqueopaleontológico donde está comprobada la existencia del homínido más antiguo de Europa, el hallado en 1997 en la Gran Dolina e identificado como Homo Antecessor, al que se atribuye una antigüedad superior a los 800.000 años (aunque la edad ha sido estimada por encima del millón), lo que sitúa su origen en el Pleistoceno inferior. Su descubrimiento incorpora un elemento nuevo en la secuencia evolutiva, ya que precede al Homo Heildelbergensis y al Homo Neardentalensis, lo que representa una aportación de extraordinaria relevancia para el conocimiento e interpretación de la evolución humana, máxime cuando los restos antropológicos van acompañados de una abundante y valiosa cultura 215 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... material. Los avances en las tareas de investigación no cesan de arrojar resultados tan innovadores como asombrosos. La recuperación –dada a conocer a comienzos de 2016– de ADN nuclear en restos localizados en la Sima de los Huesos, otro de los grandes yacimientos del complejo, valorado por la gran cantidad de restos humanos encontrados (28 individuos y cerca de 7.000 fragmentos óseos) y con una antigüedad de 430.000 años (Pleistoceno medio), ha puesto en evidencia que se trata de Neardentales arcaicos, precedentes de los que posteriormente colonizaron Europa y se relacionaron y cruzaron con los Homo sapiens. La realización de este tipo de análisis genético, el más antiguo secuenciado hasta ahora, ha colocado una vez más a Atapuerca en la vanguardia de la arqueopaleontología mundial. Sin necesidad de abundar en argumentos que han sido ampliamente desarrollados, debatidos y dados a conocer en el ingente caudal de aportaciones publicadas y divulgadas sobre la envergadura científica del fenómeno de Atapuerca, lo que interesa ante todo es, desde la perspectiva geográfica, la consideración de lo que ello ha significado y puede representar en el espacio donde toda esa riqueza ha sido localizada, habida cuenta además de que su perspectiva hacia el futuro resulta inestimable en función de las expectativas justificadamente creadas sobre la importancia y el valor previsibles de lo que aún queda por descubrir e interpretar. Tanto la entidad de los hallazgos encontrados como la percepción de que se trata de una dotación cultural de primer orden, y a la que se augura un amplísimo recorrido, explican la atención concedida como un factor esencial en la concepción de las estrategias de estímulo y transformación urbanas. Y es que, como no podía ser de otro modo, bien pronto fue asumida la importancia de lo que esos restos podrían suponer en el fortalecimiento del prestigio de la ciudad y en el de su propia capacidad de atracción. En este sentido cabe subrayar el protagonismo desempeñado por el Ayuntamiento, que desde el primer momento se erige en el impulsor de cuantas iniciativas hicieran posible el aprovechamiento en su beneficio de los hallazgos. Como los nombres de los responsables siempre son importantes en estos casos, justo es destacar el empeño mostrado por Ángel Olivares Ramírez, alcalde de la ciudad durante la legislatura 1999-2003, al promover la construcción de un Museo que sirviera para acoger los resultados de las investigaciones y favorecer de ese modo su proyección en todos los sentidos. La posición defendida hace suya, con pretensiones de plasmación efectiva a medio plazo, la incor- 222 Patrimonio cultural y desarrollo territorial Sr. Aparicio, abriendo camino, un año más tarde, a la participación de la Administración central del Estado, que en 2004 interviene, en colaboración con la Junta, y con aportaciones en cada caso del 50% de la inversión, en la puesta en funcionamiento el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), que confirma y da contenido explícito a la dimensión científica con que se aborda hacia el futuro el desarrollo del proyecto. Concertada la implicación de los tres niveles del poder político, y delimitando en cada caso las atribuciones respectivas, las obras dieron comienzo en la primavera de 2004, con la intención de que culminasen tres años después. Sin embargo, problemas de financiación en la parte asumida por el Ayuntamiento fueron posponiendo la marcha de los trabajos hasta que, finalmente, la Junta de Castilla y León alivió en 2006, con una aportación del 40%, la dificultad en que se encontraba la corporación local. De este modo, hasta 2007 no se acomete el proceso de construcción del complejo con visos de cumplimiento efectivo, lo que finalmente, y tras la puesta en funcionamiento en julio de 2009 del CNIEH, permitirá abrir las puertas del Museo, con la solemnidad y pompa que el acto requería, el 13 del mismo mes de 2010. Tabla 1: Financiación e inversiones en el Museo de la evolución Humana y edificios anexos (en miles de euros) Institución Inversión Prevista % Actuaciones Junta de Castilla y León 120.102,7 61,8 – Excavación, apantallamiento y retirada de restos – Aparcamiento y servicios – Museo y Central de Instalaciones – Centro Nacional de Investigación (50%) – Auditorio y Palacio de Congresos (40%) Ayuntamiento de burgos 66.030,9 34,0 – Cesión del Solar de Caballería – Proyectos técnicos, direcciones facultativas y auditoría técnica – Auditorio y Palacio de Congresos (60%) Gobierno central 8.139,3 4,2 – Centro Nacional de Investigación (50%) Total 194.272,9 100,0 Fuente: Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de burgos. 2009. Elaboración: Fernando Manero 223 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... Una iniciativa, emprendida once años antes, se convertía, al fin, en realidad. Y lo hacía materializada en un espectacular edificio de 15.000 metros cuadrados de superficie, estructurado en cuatro plantas y concebido como un potente complejo plurifuncional, pues en él, aunque físicamente individualizados en función de su especificidad de destino y presupuestaria, y sin merma de su armonía estética, comparten espacio el Museo de la Evolución Humana6, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Auditorio y Palacio de Congresos. Culminaba así una obra ambiciosa, cuyas expectativas, aún por confirmar, se presumen, no obstante, alentadoras o cuando menos dignas de responder razonablemente al esfuerzo financiero realizado, en el que, como se indica en la Tabla 17, destaca la aportación efectuada por la Junta de Castilla y León, responsable de la construcción del Museo, y con una participación significativa en los otros elementos del complejo, afrontados en colaboración con el Ayuntamiento (Auditorio-Palacio de Congresos) y con el Gobierno central (Centro Nacional de Investigación). b. el significado espacial del «sistema atapuerca – Cultura de la evolución»: integración funcional y cualificación de la ciudad histórica Con la perspectiva temporal disponible, los elementos de juicio de que se dispone permiten interpretar el significado de las principales tendencias detectadas en los dos aspectos que en mayor medida interesan desde el punto de vista geográfico Y es que las posibilidades del turismo interior, y dadas las particularidades específicas de la oferta, no son ajenas a la correcta adecuación entre las apetencias socio-culturales de la demanda y un entorno funcional globalmente apto para satisfacerlas (Manero, 2003:145). 6. Tres fines orientan la concepción del Museo: exponer, para conocimiento público, en cuatro niveles, los descubrimientos realizados, mediante la exposición de las piezas originales, y las técnicas utilizadas en la excavación; explicar la teoría de la evolución y dejar constancia de las distintas especies de homínidos, explicados en su respectivo contexto material. 7. Se indica en él la información públicamente suministrada cuando las obras del Complejo arquitectónico estaban ya financieramente comprometidas. Aunque no ha sido posible disponer de la cifra final, lo que no impide traer a colación las informaciones que la elevan por encima de los 200 millones de euros (Diario de Burgos, 28 de noviembre de 2010), entiendo que los datos que figuran en la Tabla resultan expresivos para entender la magnitud del coste previsto y, lo que no es menos importante, para valorar el nivel de responsabilidad ostentada por las distintas administraciones y la participación de cada una de ellas en los diferentes elementos que integran el proyec- to global. 224 Patrimonio cultural y desarrollo territorial La trascendencia de este acontecimiento no se ha limitado sólo a la constatación de su relevancia científica. Como corresponde al prestigio alcanzado, no ha tardado en ser considerado a la par como un patrimonio territorial de primera magnitud, susceptible de ser proyectado al conocimiento de la sociedad y al fomento de sus posibilidades científico-forma- tivas a medida que los descubrimientos no hacían sino ratificar la entidad y significación de los elementos hallados. Se convierte así en un bien cultural de extraordinario valor, plenamente incorporado, y en posición privilegiada, a la oferta que la ciudad brinda como otro de sus emblemas primordiales, y en este caso único por su excepcionalidad, de su atractivo cultural. Y, aunque se trata de un potencial singularizado, no cabe duda que tanto por sus características intrínsecas como por el ámbito espacial en el que se localiza se concitan en torno a él suficientes elementos de juicio como para ponderarlo como un ejemplo altamente destacado de las implicaciones y tendencias que gravitan en torno al binomio turismo cultural-espacio urbano. Conviene plantear, en primer lugar, una valoración de los cambios ocurridos en el funcionamiento organizativo de la infraestructura dotada con el fin de facilitar el conocimiento de los hallazgos de Atapuerca y asegurar que los servicios prestados satisfagan las expectativas de los potenciales visitantes. En este sentido, puede afirmarse que uno de los resultados espacialmente más relevantes consiste en la buena articulación funcional conseguida entre los distintos puntos de referencia en que se desglosa el Sistema Atapuerca – Cultura de la Evolución, cuya propia denominación revela la dimensión de conjunto con que se concibe su proyección como producto patrimonial espacialmente cohesionado. Las comunicaciones entre el Museo y los establecimientos ubicados en las proximidades del yacimiento e incluso en el lugar mismo de la excavación han configurado una red bien organizada y regular, que permite la integración del conjunto y apreciar las particularidades de cada uno de ellos sin abandonar nunca la visión que los unifica en una realidad cultural y científica bien identificada, y cuyas transformaciones, geográficamente hablando, no pasan desapercibidas en un ámbito de actividades y de incremento de la movilidad que se ha ampliado de manera significativa. Se trata así de responder de la forma más satisfactoria posible a las pretensiones cualitativas de una demanda que se presume potencialmente alta, con la finalidad de que todas las dotaciones operen como factor de atracción cultural. Las estimaciones realizadas al respecto parten de la 225 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... convicción de que la oferta suscita curiosidad en mayor grado que la que pudieran brindar manifestaciones más reiteradas o habituales en el variopinto, e incluso heteroclítico, universo museístico. La que en este caso se abre a la atención del posible visitante se caracteriza por su diferenciación, su incuestionable excepcionalidad frente a la competencia. No hay en el mundo una riqueza que, en el campo de la arqueopaleontología, pueda equipararse a la disponible visualmente en el complejo burgalés de Atapuerca. Si a ello se une su extraordinaria y bien calculada resonancia mediática, en la que se han logrado reacciones sorprendentes, no será difícil entender el sentido favorable de la respuesta hasta ahora obtenida, que, al decir de los gestores, se ha ajustado bastante a las previsiones más optimistas. Tabla 2: Visitas efectuadas al saCe desde la inauguración del Museo de la evolución Humana VIsITors MEH ATAPUERCA Archaeological sites CAYAC CAREX TOTAL SACE Permanent Exhibition Cultural and Educational activities Total Tickets Activities, Workshops & exhibitions 2010 (jul-dic) 154.247 – 154.247 48.953 – 31.835 – 235.035 2011 224.167 22.921 247.088 86.238 – 63.702 – 409.956 2012 144.992 87.068 232.060 63.555 – 46.228 – 371.199 2013 140.046 101.715 241.761 66.996 – 50.649 – 382.920 2014 151.941 155.387 307.308 73.423 – 57.710 – 438.441 2015 147.634 221.469 369.103 72.506 29.994 57.977 59.003 588.583 TOTAL 963.027 588.540 1.551.567 411.671 29.994 308.101 59.003 2.426.134 Fuente: Museo de la Evolución Humana. burgos baste decir que, según los datos oficialmente proporcionados, ascendieron a 50.000 las personas que habían visitado el Museo al mes de ser inaugurado hasta alcanzar los 154.257 registros en el último día de 2010, es decir, en algo menos de medio año. La trayectoria seguida desde entonces refleja (Tabla 2) un comportamiento evolutivo de signo marcadamente alcista, aunque marcada por variaciones coyunturales en la visitas al Museo, a los yacimientos y a los Centros de Visitantes. Globalmente considerado, y sin necesidad de detallar el significado de una información que parece bien elocuente y claramente desagregada, el panorama ofrece un balance significativo, marcado por el evidente 226 Patrimonio cultural y desarrollo territorial liderazgo del Museo, que atrae la mayor parte de las visitas realizadas al complejo, sin que resulte desestimable la atención que merecen los demás elementos que lo integran y que seguramente se han visto favorecidos por las sinergias que pueda generar. Representan, en cualquier caso, la expresión del interés adicional que provoca la visión directa de la trinchera donde se realizan los trabajos de excavación y de la tan excelente como atractiva presentación e interpretación que se hace en los Centros de Visitantes de la riqueza susceptible de ser contemplada y que seguramente induce a una parte de quienes llegan hasta burgos a no desaprovechar la oportunidad brindada. Dicho de otro modo, todo parece indicar que la apertura del Museo ha operado como factor estimulante del atractivo del conjunto, al inducir, merced también a las facilidades de enlace, comunicación y acogida, el conocimiento del resto en mayor medida que el que hasta entonces se le había prestado. No cabe duda que al logro de estos niveles de aceptación, crecientes respecto a los detectados antes de la apertura del Museo, contribuye igualmente el esfuerzo realizado a favor de que estas manifestaciones culturales merezcan la atención recabada desde el punto de vista didáctico, merced a la infraestructura de atención organizada al efecto8. Las solicitudes efectuadas con este fin por grupos y centros escolares suponen un capítulo muy destacado dentro del cómputo global de las visitas, lo que facilita una utilización de la infraestructura creada durante los días laborales de la semana, una vez garantizada, o con visos de serlo, la demanda en el resto por parte de los usuarios individuales, que incorporan el recorrido por estas instalaciones en sus programas de ocio, al amparo de la buena accesibilidad de que disponen la ciudad de burgos y sus alrededores respecto a focos de fuerte mercado potencial como el formado por los residentes 8. En el momento de elaborar este trabajo el equipo de gestión del Museo está formado por una plantilla de cinco personas, contratadas por la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León y organizadas en cinco áreas (Dirección-Gerencia, Coordinación general, Didáctica y Dinamización, Comunicación y promoción, y Administración), a las que se suma el equipo de atención didáctica, servicio actualmente asignado a la empresa Evento.es Congresos y Servicios, más otras 21 personas en labores de recepción, seguridad, mantenimiento, limpieza, librería, etc. La gestión de la visita a los yacimientos y al Parque Arqueológico, así como a la Central de Reservas y a los Centros de Visitantes (CAYAC y CAREX) está concertada desde 2012 con la Fundación Atapuerca, que emplea a cinco trabajadores fijos y a ocho/ doce temporales. 227 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco o en el propio espacio castellano-leonés. Y, en segundo lugar, es evidente que las intervenciones llevadas a cabo acusan una muy destacada impronta espacial. bien percibida en los núcleos rurales (Ibeas de Juarros y Atapuerca), que han visto diversificar su actividad y sus perspectivas de empleo al compás de su inserción en la trama que gravita en torno a la proyección cultural e informativa de las excavaciones, resulta muy patente en la transformación operada en el corazón mismo de la ciudad de burgos. La reforma puntual del planeamiento aplicada en el ámbito donde se ha decidido ubicar el complejo arquitectónico, esencialmente identificado con el Museo de la Evolución Humana como el gran bloque vertebrador del conjunto, rebasa los estrictos límites de la obra para repercutir en la ordenación de un tramo emblemático de la margen izquierda del río Arlanzón como es el delimitado por los puentes de Gasset (sustituido por otro más funcional y adaptado a la estructura del espacio museístico) y de San Pablo. De este modo queda facilitada la integración de todo el área en el marco de relaciones y aprovechamiento de los espacios centrales, donde opera como grande y atractiva solución de continuidad entre éstos y el Parque de la Quinta, reforzando así el efecto de engarce a lo largo del eje del río como principal vector del espacio público más avalorado de la ciudad tanto cultural como ambientalmente. No sorprende, pues, que Navarro baldeweg, en una de sus declaraciones relativas a la concepción del Museo y a su ubicación en el entorno del «parque lineal» del Arlanzón, lo plantease como la expresión del espacio donde «se aúna naturaleza y mundo artificial, naturaleza y arquitectura». 228 Patrimonio cultural y desarrollo territorial Fig. 9. un paisaje urbano transformado en función de su historia patrimonial: de la catedral gótica al complejo museístico y científico del saCe Ahora bien, si todo parece indicar que a este nuevo espacio se le asigna la nada desdeñable atribución de configurar la imagen promocional de la ciudad de burgos en el siglo XXI, coincidente con la cualificación efectuada en el sector meridional de la ciudad histórica, allende el río, cabe plantear también, a modo de hipótesis, el papel que le corresponde en la reordenación integral del centro burgalés, merced a la incorporación de un nuevo elemento que enriquece las referencias patrimoniales y su capacidad de sincretismo cultural, manifestado en los múltiples significados permitidos por la «historicidad monumental» (Jeudy, 1993: 137). El espacio público configurado por el complejo arquitectónico que deriva del fenómeno de Atapuerca añade, en efecto, otro elemento más al espectacular acervo patrimonial de la ciudad, históricamente simbolizado por su Catedral gótica y el escenario que la rodea, bien representativo del urbanismo medieval y del siglo XIX. No es excesiva la distancia física que los separa, pero sí constituye el trazado entre uno y otra el eslabón más significativo del casco histórico, identificado con el paseo del Espolón, la Plaza Mayor 229 6. PATRIMONIO CULTURAL Y POLíTICAS URbANAS... y sus aledaños, no obstante el proceso de gentrificación a que se haya sometido. Averiguaciones directas me han permitido comprobar que la sociedad burgalesa lo percibe como un gran valor, por más que el conocimiento de lo que encierra pueda ser limitado y haya incluso quien manifieste dificultades o reservas para entenderlo. Con todo, el nuevo edificio, aunque en las redes sociales y en la prensa fue en principio cuestionado y preterido en las argumentaciones que se decantaban sobre todo a favor de las propuestas de Atara Isozaki o de Jean Nouvel, provoca un impacto visual que le impide pasar desapercibido... y, a la postre, aceptado. Las sensaciones alumbradas durante el período de construcción, precisamente con la finalidad, ansiada por la ciudadanía, de dar sentido y destino al espacio durante mucho tiempo significado como un solar baldío, a la par que emblemático, en el espacio central de la ciudad, han marcado con fuerza el horizonte perceptivo de la sociedad burgalesa que ha permanecido expectante ante el futuro de un proyecto ambicioso, si bien no exento, en algunos momentos, de incertidumbres, finalmente despejadas. Tanto es así que, mucho antes de que la obra culminase, la mole del edificio que alberga el Museo –como corresponde a su condición de elemento «mediador» entre el patrimonio y la comunidad que habita el territorio (Varine, 2010:19)– había adquirido ya una dimensión simbólica, emblemática, plenamente asumida, y que con el tiempo, si no ha ocurrido ya, puede llegar a situar en pie de igualdad el orgullo sentido por la bellísima Catedral gótica y el que procura el considerarse depositaria de los restos que atestiguan la presencia del homínido más antiguo de Europa, el denominado Homo Antecessor, al que no estaría de más identificar, por analogía con el reconocimiento toponímico que en otros casos se otorga, como el Hombre de Atapuerca. V. ConClusIón En el universo de posibilidades permitidas por la experiencia comparada en el estudio e interpretación del Patrimonio Cultural, la selección de los ejemplos analizados resulta, a mi juicio, fundamental. Conviene partir de las particularidades que cada caso plantea para, a través de ellas, profundizar en el conocimiento de los rasgos que específicamente las definen y de ese modo esclarecer el sentido que ha de darse a las intervenciones que ordenan la gestión y el tratamiento de los bienes que han de ser protegidos, salvaguardados y transmitidos. Y, aunque el observador tiene ante sí un escenario repleto de referencias susceptibles de ser analizadas, y que además no cesan de aumentar numérica y espacialmente, es bien cierto que las conclusiones y advertencias que de ellas puedan extraerse deben 230 Patrimonio cultural y desarrollo territorial tener siempre un carácter aleccionador, de advertencia crítica, tanto en el sentido de facilitar la toma en consideración de sus efectos positivos como en el de propiciar la réplica o, más aún si cabe, la denuncia sobre sus implicaciones. De hecho ninguna acción es neutra ni irrelevante, ni tampoco merece desatención, precisamente porque los efectos provocados dejan huella indeleble que, para bien o para mal, pervive en el tiempo para quedar ratificada en la memoria. Definidas de antemano las ideas básicas y las inquietudes que sustentan este trabajo de aproximación a una cuestión tan compleja en su estructura como de importancia crucial en nuestra época, se ha querido significar el alcance de algunas de las principales tendencias en que se inscribe el tratamiento del Patrimonio Cultural en los espacios urbanos a través de dos ejemplos representativos del papel desempeñado por el poder público –en buena medida personificado en momentos decisivos por alcaldes de relevancia histórica como es el caso de Mariano Arana en Montevideo y Ángel Olivares en burgos– en la forma de concebir y plantear la consideración de sus bienes patrimoniales. Los procesos experimentados en ambos casos dan idea fidedigna de diversidad y complementariedad al mismo tiempo. Pues, aunque es evidente, que los contextos económico-territoriales en que uno y otros se desenvuelven son bien distintos, y aparecen matizados en algún caso –como ocurre con el legado ferroviario en Montevideo– por deficiencias lamentables, no es difícil establecer entre ellos analogías e ideas en común, motivadas por el deseo de dar valor y resonancia a unos bienes de diferente naturaleza y dimensión histórica en sus áreas centrales, pero orientados al cumplimiento de un objetivo coincidente, esto es, el de hacer de ellos un factor determinante de su prestigio e imagen, de su capacidad referencial con fines de desarrollo económico y de la función movilizadora ejercida sobre la sociedad en torno al efecto identitario y de sentimiento de pertenencia que el Patrimonio posibilita y que en las dos ocasiones logra enriquecer, no sin las tensiones inevitables y las ambivalencias que procesos de esta índole deparan. 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