La Economía Social en España. Cooperativas y Sociedades Laborales

1 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Curso académico 2011-2012 Trabajo Fin de Grado La Economía Social en España. Cooperativas y Sociedades Laborales Trabajo presentado por: Dª Adela Pascual Álvarez Tutor: Dª M. Azucena Román Ortega Facultad de Ciencias del Trabajo Universidad de Valladolid 2012 2 ÍNDICE Pág. 3 Introducción Pág. 10 Objetivos Pág. 12 Orígenes y fundamentos filosóficos de la Economía Social Pág. 15 La economía Social en España: Origen, Concepto y características Fundamentales Pág. 18 Principales entidades que integran la Economía Social Pág. 22 Modelos de referencias en la Economía Social: Cooperativas y Sociedades laborales. Especial atención al País Vasco. Pág. 23 Antecedentes de Economía Social y su incidencia en España Pág. 26 Cooperativas Pág. 28 El conocido como el “caso vasco” Pág. 31 Sociedades Laborales Pág. 34 Conclusiones e Implicaciones Pág. 45 Datos Estadísticos de la economía social Pág. 47 Bibliografía 3 La Economía Social en España. Cooperativas y Sociedades Laborales 1. INTRODUCCION Si tuviéramos que elegir un término de uso común que fuera lo suficientemente representativo, amplio y polivalente; que nos sirviera para definir el contexto económico y social en que se desarrolla la vida humana en la actualidad, y que al mismo tiempo englobara las causas, desarrollo y consecuencias de la generalizada situación de crisis económica; un término que antes de que la palabra “crisis” fuera el leit motiv de cualquier tipo de argumentación de tono político, social o económico, éste sería sin duda: “globalización”. Podemos decir que ese concepto político-económico indeterminado al que llamamos comúnmente “globalización” no es sino un sistema que ha puesto metódica y organizadamente a competir a escala mundial, sin límites ni escrúpulos; sin red y hasta de manera amoral, a asalariados, pequeños y medianos empresarios, agricultores y en general a todos aquellos que se ven obligados a competir directa o indirectamente con obreros chinos, ingenieros indios y campesinos argentinos; es decir, con aquellos que no tienen más remedio que aceptar unas remuneraciones de miseria para vivir o más bien deberíamos decir “sobrevivir”. El balance de la última década de globalización es desastroso para los individuos que cuentan únicamente con su trabajo como medio de vida: deslocalizaciones en serie, destrucción de empleos, disminución de los salarios y de las rentas del trabajo debido a la presión a la baja… De alguna manera es como si se tratase de una enorme subasta (a la baja) del empleo y de su precio, con la referencia suprema del trabajador chino, que cobra cuarenta veces menos que un obrero francés o alemán. De este modo, el chantaje de la deslocalización y el desempleo se ha ido convirtiendo en la forma “normal” de gestionar las grandes empresas. La 4 situación de los productores, medianos y pequeños empresarios o de los llamados “subcontratistas” no es mucho más envidiable que la del asalariado común, ya que la competencia a la que están sometidos reduce cualquier pretensión de recibir una remuneración “normal” por lo que también constituye su trabajo; su medio de vida. El libre comercio generalizado, ha dejado por tanto de ser sinónimo de progreso tanto para los trabajadores del norte como para los del sur, convirtiéndose en el “enemigo de los pueblos”. De este modo la globalización (consecuencia de la instauración de la religión del libre comercio) es un sistema nefasto para todos los trabajadores, para las clases laboriosas, populares y medias del mundo entero: para unos porque pierden lo que han conquistado con el curso de la historia y a costa de muchos sacrificios; para los otros porque no ganan nada, o si ganan algo, es muy poco. La mentira de la globalización como sinónimo de progreso y desarrollo radicaba en que era de suponer que a través del libre comercio, la prosperidad por sí misma se derramaría sobre los pueblos elevando milagrosamente el nivel de vida de todos ellos. Este sistema estaría garantizado por el interés en el desarrollo de que harían gala las multinacionales, empresas generosas y filantrópicas, que en virtud de la duplicación de sus beneficios arrastrarían al resto del mundo y desparramarían por éste la riqueza poniendo fin a la pobreza y estableciendo la igualdad entre todos los países del mundo. Y he aquí el gran error: haber dejado en manos de las multinacionales y de los mercados financieros la labor que por naturaleza correspondía a los Estados Soberanos, permitiendo que se instalen al frente de la toma de decisiones empresas y entidades capaces de ser más fuertes que ellos; capaces de chantajearlos y de obtener a cualquier precio lo que quieren para ellas mismas y para sus propietarios en detrimento de los ciudadanos, y que en lo que respecta al peso de los mercados financieros en el conjunto de la economía (lo que viene a denominarse “financiarización”) no es sino una consecuencia auspiciada por esos mismos Estados a través de su liberalización (que no es sino otra forma de decir “desregularización”) que ha provocado el descenso de la rentabilidad de las actividades productivas 5 tradicionales facilitando la huida del capital hacia lo financiero y que supone el paso de una economía de tipo “productivo” a un modelo meramente “especulativo”. El conjunto del sistema de decisión política ha sido tomado como rehén de manera permanente al mismo tiempo que se ha conseguido que las llamadas “propuestas alternativas” se terminen considerando “irreales” o hasta “utópicas”. Así los poderes económicos complementados con la inacción de que hacen gala los poderes públicos han conseguido imponer la sensación de inutilidad y desánimo respecto de la política y han logrado extender la idea de que “nunca se hace nada” y la convicción generalizada de que no hay diferencia entre izquierdas y derechas. En definitiva lo que han conseguido es la imposición de la “dimisión cívica”. El libre comercio ha secuestrado la soberanía de los países en el plazo de aproximadamente veinte años (lo que ha tardado la “globalización” en implantarse como un elemento cotidiano en el seno de nuestras sociedades) con la complicidad de los Estados que se han dejado desarmar y atrapar en las redes de esta economía del chantaje, abandonando sus medios de acción política sobre esta misma economía y negándose a oponer a nivel europeo un contrapeso político a la potencia y velocidad de destrucción por los mercados del derecho de los ciudadanos a disponer de sí mismos. Nos dicen que las empresas multinacionales emplean al 10% de la población activa, lo cual siendo cierto ha de ser complementado por el dato de que por otro lado hace tiempo que ya no crean empleo sino que lo destruyen. En España, desde el año 2007 el empleo lleva cayendo 15 trimestres (casi cuatro años), se ha destruido cerca del 12% del empleo total, y no solo no parece que ya hayamos tocado fondo, sino que la actual parece la crisis más destructiva de todas las acontecidas hasta la fecha. Se nos dice que los “grandes grupos” refuerzan la posición económica de nuestro país en el mundo, pero esto es falso. Para vender, se ven en la posición de tener que ofrecer también su tecnología y sus secretos. Sus centros de investigación se multiplican en China y con ellos, las patentes. 6 Incluso las sedes sociales se trasladan por ejemplo a los cantones suizos, donde no se pagan impuestos. Los grandes grupos que presumen de líderes no sólo no refuerzan a sus propios países sino que los debilitan y deterioran económicamente. Afirman que esas grandes empresas invierten mucho en sus países de origen lo cual es falso; así por ejemplo “Renault” ya produce en Francia menos del 20% de los automóviles que saca a la venta. Intentando compensar la deslocalización, nos dicen que esas empresas pagan muchos impuestos al Estado. También es falso: las sociedades del Ibex 35 absorben todas las desgravaciones fiscales, incluidas las relativas al Impuesto de Sociedades que recaen proporcionalmente en un porcentaje mucho mayor sobre las PYMES, de manera que las grandes empresas en el fondo se aprovechan de las PYMES y de sus propios asalariados a fin de revertir los beneficios sobre sus accionistas. Nos dicen que esas grandes empresas estructuran la economía; otra falsedad. Estrangulan a los subcontratistas practicando una política de acoso y derribo: pagan con retraso a sus proveedores de materiales y servicios, se quedan con los ejecutivos de estas empresas intermedias si creen que les pueden beneficiar más “desde dentro” (chantajeando de este modo a los profesionales “de éxito” a través del recurso a su propio individualismo) se hacen con las patentes y además utilizan a sus proveedores como “amortiguadores” de la crisis. Nos dicen sobre todo que el Estado “no puede hacer nada” porque de lo contrario esas empresas terminarán por irse, pero a la vista está que si se presenta la ocasión, se van de todas formas incluso “deslocalizando” las emisiones de CO2 hacia países que no han ratificado el Protocolo de Kyoto. En la competición fiscal y social en que se han visto inmersos los Estados para resultar más “apetecibles” de cara a los inversores, es evidente que todos salimos perdiendo ya que desde hace varias décadas hemos podido constatar que los Estados europeos, compitiendo entre ellos y con el resto del 7 mundo, se han lanzado a una carrera por ver quién cobra menos impuestos imitando a Estados Unidos que ya empezó con esta política en la década de los años 80 del siglo XX. Las reducciones de impuestos y de cotizaciones sociales sobre los beneficios de las empresas, sobre las grandes fortunas, patrimonios y rentas más altas no han hecho sino extenderse en una carrera suicida para hacer a los países más atractivos frente a la inversión, carrera que por otra parte ha sido estimulada por los paraísos fiscales, que los mismos Estados parece ser que se están guardando muy mucho de desmantelar. De este modo, la reducción o eliminación de impuestos directos (sobre la renta, los beneficios, el patrimonio o las sucesiones) a los cuales si están bien diseñados, contribuye proporcionalmente más quien más tiene, paralela a la subida de impuestos indirectos (como el IVA y aquellos que se pagan por el consumo de determinados productos como la gasolina) a los que cualquier persona contribuye en la misma proporción, independientemente de sus ingresos o de su poder adquisitivo, no fueron sin embargo suficientes para compensar el recorte los demás ingresos públicos, con lo que cuando los Estados se han visto obligados a reaccionar frente a la crisis contaban con unos recursos absolutamente insuficientes para ello, siendo esto complementado por la caída de la recaudación tributaria cuando comenzó la crisis debido a la disminución de la actividad económica y consiguientemente, de los ingresos y del consumo. Esta forma de obligar a los países a competir rebajando impuestos y reduciendo la protección social de sus ciudadanos ha adquirido tales dimensiones que a día de hoy los Estados se hallan atenazados por la deuda pública y los mercados financieros, ya que en esta competencia fiscal desenfrenada que han acometido los Estados del norte, la única posibilidad de permanencia que contemplan es la destrucción de la protección social y de los servicios públicos, y el incremento estructural de la deuda pública, con las medidas finales injustas que eso conlleva. 8 De este modo, gastos públicos completamente justificados en los que se incurrió al principio de la crisis, como aquellos orientados a asegurar unos mínimos ingresos a la población desempleada, o a reactivar la actividad productiva, enseguida han sido considerados “insostenibles” y, por tanto recortados o directamente eliminados. Ni los gobiernos europeos ni el estadounidense se han atrevido a obtener recursos de donde era posible hacerlo (incrementando la tributación de las rentas más altas o gravando las operaciones financieras especulativas) lo cual hubiera permitido seguir financiando esos gastos “necesarios” y que no son sino la parte “de previsión” del “Estado del Bienestar”. En lugar de eso, han dedicado una ingente cantidad de recursos a rescatar al sector financiero, de manera que la única manera que han tenido de hacer frente a sus necesidades financieras ha sido acudiendo al mismo sector bancario al que se han dedicado a salvar, que ha conseguido hacer negocio a costa de las finanzas públicas. Lo realmente grave de esta situación es que muchos dirigentes, tanto políticos como económicos siguen intentando convencernos de las bondades del libre comercio. No obstante podemos citar aquí las palabras de Hubert Védrine en el debate que mantuvo con Étienne Balibar en el Nº 42 de la revista Philosophie Magacine y que entre 1997 y 2002 desempeñó la cartera de Exteriores en el gobierno del Presidente Francés Lionel Jospin: “El comercio integral que pone en competencia a centenares de millones de campesinos asiáticos misérrimos con las antiguas clases obreras europeas protegidas por dos siglos de lucha, es absurdo”. Esta acusación de “absurdez” describiendo la situación actual como irracional, incoherente, descabellada, insensata, ilógica, disparatada o inadmisible, es la principal reclamación que hay que presentar contra los responsables de las decisiones económicas y políticas; contra esos dirigentes que siguen haciendo oídos sordos a los peligros del libre comercio, a pesar de que ya hayan pasado 15 años desde la creación de la “Organización Mundial del Comercio”, y que no han representado sino 15 años de impotencia. Y planteo aquí una pregunta: las decisiones tomadas por los “fundamentalistas de la apertura empresarial” ¿A qué intereses han servido 9 salvo a los de una ínfima minoría en todo el mundo? Ahí está la reducción de los ingresos de la mayoría; el enriquecimiento exagerado del 1% de los plutócratas mundiales; la reducción de la protección social; la destrucción de los recursos naturales; la crisis ecológica que multiplica los focos de aparición y la sombra del miedo que se extiende sobre las sociedades. He aquí el balance de esta estafa. En un contexto como el que pretendo describir, lógicamente se instaura en nuestras sociedades el concepto de que “hay que trabajar como sea, aunque el trabajo ya no tenga ningún valor” y ni siquiera proteja de la pobreza. Y hago referencia con este planteamiento a las consecuencias de la aplicación, por ejemplo, de la Ley Hartz IV en Alemania y lo que se ha dado en denominar el sistema de “trabajos-a-un-euro” (dentro de la reforma para el empleo auspiciada por el Canciller Schröeder y que entró en vigor el 1 de enero de 2005) Siguiendo con la idea que apunté anteriormente, de que realmente las decisiones empresariales son independientes de las circunstancias objetivas a las que deba enfrentarse la economía de un país en un momento dado, señalo aquí que la Ley Harzt IV (promovida por otro lado por Peter Hartz, antiguo director de recursos humanos de Volkswagen y amigo personal del Canciller Schröeder) se aprobó en un año (2005) en que aún no se hablaba de “crisis”. Otra situación que se produce en Alemania y que es consecuencia directa de la aplicación de esta ley es la que se conoce como “trabajos a 400 euros” y que suponen que hasta esa cantidad salarial el empleador está exento de pagar la seguridad social (y el trabajador también) pero por eso mismo el empleado no cotiza para la jubilación ni tiene seguro médico. Normalmente los trabajadores estarían dispuestos a cambiar su situación (trabajando más horas a cambio de un nivel salarial más ajustado a la realidad cotidiana de necesidades) pero es a los empleadores a quienes no les interesa, de manera que las clases medias con salarios insuficientes se han convertido en los “nuevos pobres”. 16 relevante que se trate de valores que constituyen la esencia de la Economía Social. De este modo la Economía Social se presenta como una alternativa para la creación de empleo desde un prisma más humano y solidario, distinto del mero interés económico, al tiempo que se constituye como una forma expedita de “crear ciudadanía” desde el momento en que la “solidaridad” forma parte misma de la base del planteamiento. Es decir, anteposición del principio de “libre asociación para el beneficio común” al espíritu meramente competitivo, al ser los pilares fundamentales sobre los que se asienta el modelo los de: democracia, interés social y justicia distributiva. Yendo un paso más allá, el contexto económico que nos rodea nos permite introducir el término de “socieconomía” (término utilizado por Teódulo López Meléndez, (Barquisimeto, 1945), columnista en “análitica.com, 13 de julio 2009.Economía Social) porque es ésta, la economía la que tiene que asumir el cometido de producir “sociedad” y no sólo utilidades, y dentro de las alternativas a nuestro alcance, se hace más necesaria que nunca una evolución en los valores empresariales, imprescindible a la vista de la situación a que nos ha conducido el liberalismo salvaje. Propongo por tanto que la sociedad del siglo XXI debe imponer una lógica cooperativa frente a esa otra lógica (o no tan lógica) esencialmente competitiva. En lo que se refiere a los orígenes del cooperativismo en España, éste comienza a manifestarse a finales del siglo XIX y principios del XX a través de las primeras cooperativas de consumo nacidas al auspicio de las grandes industrias. Con posterioridad surgirían diversas formas de aplicar el ideario cooperativo a los distintos sectores económicos (y no sólo al consumo) siempre con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los socios participantes. No obstante el movimiento cooperativo estuvo en sus orígenes auspiciado (e inspirado) por distintas ideologías siendo algunas de las más importantes la religión católica, el ideario socialistas y, en País Vasco y 17 Cataluña, la ideología nacionalista. Citamos por ejemplo ALFA 1 como la primera manifestación en el País Vasco del cooperativismo del trabajo asociado en la década de los ‘20, junto con la experiencia originada en Mondragón en 1957 (Mondragón Corporación Cooperativa que expondré con más detalle a continuación) que dio lugar al primer grupo empresarial de capital vasco en términos de facturación global y al margen de los llamados “modelos societarios”. Una de las características que define comúnmente a la Economía Social es la disparidad de conceptos que engloba. Por ejemplo en Francia, la “Charte de l’Économie Sociale” 1980 (Carta de la Economía Social) define este concepto como “el conjunto de entidades no pertenecientes al sector publico que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias por medio de empleo de excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios de la comunidad”. Por otro lado en España, este concepto también ha pasado por diferentes etapas aunque la aprobación el 29 de marzo de la Ley 5/2011 de la Economía Social, ha facilitado la clarificaron terminológica así como la unificación del citado concepto. En su Artículo 2 se define la economía social como “el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que , conforme a los principios recogidos en el Artículo 4 de dicha Ley, persiguen tanto el interés colectivo de sus integrantes, como el interés económico y social o incluso ambos”. Siendo precisamente este Artículo 4, el que recoge los principios fundamentales por los cuales se rige la Economía Social en España: • Primacía de las personas y el fin social sobre el capital, que queda concretado por medio de una gestión autónoma, transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones 1 Alfa. Sus raíces hay que buscarlas en las luchas obreras que el sindicato Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español lideraron en Éibar a comienzos del año 1920. Los productos que decidieron fabricar fueron las armas. Fundaron la ''Sociedad Anónima Cooperativa Mercantil y de Producción de Armas de Fuego, Alfa'' con un capital social de 300.000 pts. 18 más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad, que a las propias aportaciones de capital, • Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por los socios y miembros de la entidad, • Promoción de la solidaridad interna (y con la sociedad en su conjunto) de manera que se favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión, la creación de empleo, etc. • Independencia respecto de los poderes públicos. En el Artículo 5, esta Ley también clarifica quienes son las entidades que pueden ser enmarcadas dentro de este colectivo: cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo una actividad económica; sociedades laborales y cofradías de pescadores, por citar algunas, así como las llamadas “entidades singulares” creadas por normas especificas que se rijan por los principio establecidos en el Artículo anterior. Como ya hemos mencionado la Ley establece qué organizaciones son consideradas integrantes de la Economía Social y que paso someramente a tipificar a continuación aunque al tratarse de España, me extenderé más detalladamente en lo que respecta a los dos modelos más representativos en términos de aportación al sistema productivo, esto son las cooperativas y las sociedades laborales. 4.1. Principales entidades que integran la Economía Social Cooperativas: forma de organización empresarial que se basa en una estructura y funcionamiento democrático. Su actividad está desarrollada de acuerdo a los principios cooperativos, aceptados y regulados en los ámbitos autonómico, estatal e internacional; como (por citar sólo los más clarificadores) la adhesión voluntaria y abierta de los socios, la gestión democrática y la educación y formación. 19 Según Monzón 2 (2010) en España lo conforman cerca de 25.000 empresas promovidas por unos 7,5 millones de personas y cubren aproximadamente unos 370.000 puestos de trabajo directos y están presentes en prácticamente todas las ramas de la actividad económica. No obstante destacamos aquí que las cooperativas agrarias y agroalimentarias se han configurado como un elemento clave para el desarrollo del sector agroalimentario con más de un millón de socios, 4.000 entidades, 75.000 empleos, grupos empresariales líderes en sus respectivos productos, el 30% de la producción final agraria y 18.000 millones de euros en ventas. Las cooperativas de trabajo asociado superan las 17.600 entidades incluyendo aquí las de enseñanza, transportes y mar que utilizan la forma societaria, que en total constituyen más de 173.000 empleos directos en todas las ramas de actividad económica y un volumen de facturación de 18.000 millones de euros. Las cooperativas de consumidores y usuarios, con 12.500 millones de euros de facturación, 2,7 millones de socios consumidores y 66.000 empleos desempeñan un papel esencial en la distribución comercial. Por otro lado las cooperativas de crédito, con 81 entidades, integran a 2 millones de socios y desarrollan operaciones crediticias por valor de 95.000 millones de euros. Junto a todo esto tenemos las cooperativas de vivienda que benefician a más de 1.5 millones de personas, de las cuales más de un millar se encuentran económicamente activas y registradas como contribuyentes en la Agencia Tributaria Sociedades Laborales: este modelo, en cuanto modelo societario, existe solamente en la legislación mercantil española. En las Sociedades Laborales el capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores de manera que, a la hora de afrontar proyectos, la motivación con que estos se afrontan es distinta, debido a que los propios trabajadores son a su vez los socios. Resumiendo sus principios básicos, podemos destacar que: se exige un 2 Datos extraídos del artículo “La Economía Social ante los Nuevos Desafíos” de D. José Luis Monzón perteneciente al libro “Estudios de Economía Social”, Universidad de Valladolid 2010 20 mínimo de tres socios, de los cuales dos como mínimo han de ser trabajadores sin que ninguno de los tres pueda poseer más de 33% del capital social. De cara a la toma de decisiones, así como en las cooperativas a cada persona le corresponde un voto, en las sociedades laborales la representación se da en base a la cantidad de capital que posea cada persona. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, las sociedades laborales dan empleo a más de 100.000 personas en unas 18.000 empresas y facturan cerca de 14.000 millones de euros 3 Mutualidades: entidades sin ánimo de lucro, de estructura y gestión democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social. Conformado este modelo por 410 entidades, agrupan a casi 2,5 millones de mutualistas que satisfacen 2.500 millones de euros en primas (datos extraídos del artículo “La Economía Social ante los Nuevos Desafíos” de D. José Luis Monzón perteneciente al libro “Estudios de Economía Social”, Universidad de Valladolid 2010) Centros Especiales de Empleo: empresas que compatibilizan su actividad económica y su participación en el mercado, con el compromiso social hacia colectivos con menos oportunidades de acceder al mercado de trabajo. Su plantilla está constituida en su mayoría por personas con discapacidad, los cuales tienen que suponer un 70% del total de la plantilla. De manera que se permite a estas personas desarrollar su capacidad productiva, facilitando la introducción de sus productos en el mercado. Empresas de inserción: se trata de estructuras de aprendizaje que tienen como objetivo posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos a través de la ejecución de una actividad productiva, para lo cual se diseña un proyecto de inserción estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional. La plantilla debe estar constituida por 3 Datos extraídos del artículo “La Economía Social ante los Nuevos Desafíos” de D. José Luis Monzón perteneciente al libro “Estudios de Economía Social”, Universidad de Valladolid 2010 21 trabajadores en inserción, que dependiendo de cada Comunidad Autónoma, oscilará entre el 30% y el 60%. Estas “empresas sociales” (englobando bajo tal denominación tanto a los Centros Especiales de Empleo como a las Empresas de Inserción) alcanzan la cifra de 2.000, proporcionando empleo directo a más de 70.000 personas 4 Cofradías de Pescadores: se trata de un tipo jurídico perteneciente a lo que se denomina “Corporaciones Sectoriales de Derecho Público”, sin ánimo de lucro y que representa los intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector extractivo, actuando de esta manera como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero. Su gestión se desarrolla satisfaciendo las necesidades e intereses de sus socios, con el compromiso de contribuir (entre otros aspectos) al desarrollo local, a la cohesión social y a la sostenibilidad. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores agrupa en su seno a 225 Cofradías que representan aproximadamente 13.000 embarcaciones principalmente dedicadas a la pesca de bajura. Los afiliados de las Cofradías son pequeños armadores y pescadores, así como mariscadoras y mariscadores (a pie y a flote), que constituyen una cifra superior a los 40.000 5 socios, 9000 de ellos propietarios de embarcaciones. Asociaciones: dentro de estas nos referimos sobre todo a aquellas vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas excluidas. Las principales características de esta “modalidad” asociativa se basan en la prestación de servicios allí dónde el sector lucrativo falla en su provisión, que habitualmente suele coincidir con aquellos sectores en los que se satisfacen Derechos Fundamentales, en lo que respecta al acceso de estos a colectivos especialmente vulnerables, como serían las personas afectadas por distintas discapacidades. Además, representan señas de identidad en 4 Datos extraídos del artículo “La Economía Social ante los Nuevos Desafíos” de D. José Luis Monzón perteneciente al libro “Estudios de Economía Social”, Universidad de Valladolid 2010 5 Datos recogidos en web de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. 2012 22 cuanto a la capacidad de innovación para satisfacer los problemas que surgen en la sociedad, y la defensa de cambios sociales, legales, administrativos, o de otro tipo, siempre en defensa de los derechos y las libertades de las personas con discapacidad, con base en el respeto a la diversidad, la pluralidad y la tolerancia. Fundaciones: organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen destinado de modo duradero un patrimonio a la realización de fines de interés general. Asociaciones y fundaciones, en número que sobrepasa las 150.000, dan empleo asalariado a más de 60.000 personas. Entre estas entidades destacamos las denominadas “organizaciones no lucrativas de acción social” cuyas casi 34.000 entidades cuentan con 438.000 asalariados 6 (datos extraídos del artículo “La Economía Social ante los Nuevos Desafíos” de D. José Luis Monzón perteneciente al libro “Estudios de Economía Social”, Universidad de Valladolid 2010) 5. MODELOS DE REFERENCIA EN LA ECONOMIA SOCIAL: COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. ESPECIAL ATENCIÓN AL “CASO VASCO” Si bien son varios los modelos que quedan enmarcados en el conjunto de la Economía Social, como ya hemos citado con anterioridad, hay dos modelos empresariales que destacan sobre el resto en términos de su contribución al sistema productivo; las Cooperativas y las Sociedades Laborales. A continuación, llevaremos a cabo la explicación de las principales características de cada uno de estos modelos no sin antes hacer una somera introducción acerca de los orígenes, desarrollo e implantación de estos modelos en España. 6 Datos extraídos del artículo “La Economía Social ante los Nuevos Desafíos” de D. José Luis Monzón perteneciente al libro “Estudios de Economía Social”, Universidad de Valladolid 2010 23 5.1. Antecedentes de Economía Social y su incidencia en España Como comenté anteriormente, las primeras cooperativas en España datan de mediados del siglo XIX estando ligadas a las primeras mutualidades obreras. La creación de estas entidades económicas de producción o de comercialización originó toda una red de solidaridad e intercambio de experiencias que enriquecería notablemente al movimiento obrero español. De hecho, la libre asociación de trabajadores en realidad no hizo sino perfeccionar (y avanzar) en la senda de las ideas “comunales” que ya eran visibles desde mucho antes en campos como el agrícola o en entidades como los gremios medievales de trabajadores urbanos o la asociación de colonizadores o emigrantes a finales del siglo XVIII. Estas voces míticas dentro del imaginario colectivo europeo que se irán descomponiendo ante el avance brutal del maquinismo ligado a la implantación del sistema capitalista, serían no obstante reforzadas con las propuestas del llamado “socialismo utópico” 7 . Ligadas a estas propuestas equitativas de base teórica aparecen las primeras prácticas anticapitalistas. No sólo el asociacionismo obrero y la manifestación, la huelga y los medios de propaganda propios se revelarán como las herramientas más idóneas, sino también el sabotaje y la competencia por parte de los mismos explotados que se constituyen como empresa propia comprando a bajo precio y distribuyendo las mercancías entre sus asociados. Así nace en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial, la cooperación obrera ante el desagrado de los patronos, contexto en el que, por otra parte, los abusos contra la clase obrera alcanzan su grado máximo. Como ya comenté más arriba, en 1844, veintiocho trabajadores de la industria de tejedora de Rochdale reúnen sus ahorros y alquilan un local que les sirve de almacén y de centro de reuniones. En este almacén establecen la primera cooperativa de la historia que vendiendo sus productos a precio de mercado, reparte los beneficios entre los cooperadores. 7 Representado principalmente por R. Owen, W. King. Monzón 2003 24 En 1900 “Los Justos Pioneros” llegó a ser uno de los negocios más importantes contando con 90.000 socios y su ejemplo se multiplicaría y extendería y pronto llegaría a España no sólo en lo que hacía referencia a la compra y distribución de productos, sino también en lo que se refiere a la producción. Nacen así cooperativas textiles en Mataró en 1864 y, en 1856, queda constituida “La Proletaria” entre los trabajadores de las sederías de Valencia. Pero como no todos los trabajadores disponen de ahorros suficientes que les permitan acceder a la costosa maquinaria que requería la instalación de una fábrica, pronto se opta por soluciones más ingeniosas. Un ejemplo fue el alquiler de terrenos arcillosos para la explotación de industrias ladrilleras cooperativas (“La Redentora” en Terrassa) y una veintena más conformadas por varias familias obreras, ya que los niños también intervenían en el proceso de producción. También en el campo nacen las cooperativas de agricultores, o las vitivinícolas, mientras en las zonas costeras comienzan a surgir las de pescadores. En el ámbito internacional las cooperativas se vieron sometidas a cuestionamiento al ser tachadas de “reformistas” por los grupos anarquistas y socialistas revolucionarios, ya que desde sus primeros congresos en Europa alertaron del peligro del “aburguesamiento” obrero, o de la imposibilidad de la acción huelguística de los obreros contra sus iguales. Pero en España fue diferente: la represión contra los movimientos sociales era más intensa que en Francia o Inglaterra, y como la acción obrera debía desarrollarse en la clandestinidad, se recurrió a los locales y asociaciones cooperativistas para difundir la propaganda y realizar reuniones y acciones, organizándose incluso escuelas nocturnas y asociaciones en pro de una medicina y previsión obrera en caso de enfermedad o de jubilación, ya que el Estado ignoraba sistemáticamente la desatención en que se veía inmersa la clase proletaria. La historia del esfuerzo cooperativo es pues abundante y apasionante porque está íntimamente ligada al deseo de emancipación laboral de unos hombres y mujeres que lucharon por subvertir el orden al que estaban 25 condenados desde su nacimiento por la estructura jerárquica de la sociedad que les tocó vivir; una lucha en la que aún estamos inmersos. De este modo, me gustaría resaltar que a la vista de las cifras con que contamos, los datos de 2008 (y que reflejan la situación correspondiente al momento inmediatamente anterior a la crisis) revelan que la Economía Social englobaba más de 1.100.000 puestos de trabajo directos (al margen de los pequeños empresarios individuales encuadrados en estructuras empresariales de la Economía Social) y su contribución al PIB quedaba registrado entre el 3% y el 10% según las diferentes metodología empleadas para su medición (José Luis Monzón, “La Economía Social ante los Nuevos Desafíos”, “Estudios de Economía Social”, Valladolid 2010) Así mismo, debemos tener en consideración que estos datos no contabilizan las cifras correspondientes ni a los empresarios individuales encuadrados en estructuras empresariales de la Economía Social ni a las empresas mercantiles controladas por agentes de la Economía Social y que, en muchos casos, son potentes grupos empresariales. Igualmente quedan fuera de este cálculo entidades de Economía Social tanto de las que he descrito anteriormente como otras que por sus peculiaridades he preferido no incluir como son las sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y cajas de ahorros, así como otros modelos mercantiles cuyo funcionamiento también se inspira en los principios de la Economía Social y que no obstante constituyen operadores económicos pertenecientes “de pleno derecho” a la Economía Social según los criterios establecidos por la Comisión Europea y por el Comité Económico y Social Europeo. Me gustaría destacar que de haberse incluido a estos agentes, la cifra de empleos directos generados por la Economía Social se acercaría al millón y medio, señalando además que el impacto de la Economía Social es si cabe mayor al señalado, teniendo en cuenta que de las 891.000 personas empleadas por el sector agrario en 2008, el 75% se benefician en sus empleos del apoyo de las estructuras empresariales cooperativas en las actividades de 32 que en fase de constitución de una Sociedad Laboral pudieran “capitalizar el desempleo”. Es decir que aquellos desempleados con intención de incorporarse de forma estable como socios trabajadores de una sociedad laboral, pueden cobrar en un único pago el dinero que les correspondiera de la prestación por desempleo, con el fin de que pudieran aportarlo al capital de constitución de la empresa. Si bien las sociedades laborales se han mostrado como una fórmula eficaz tanto para la creación como para el mantenimiento del empleo, en la actual crisis que se vive además de en nuestro país, en gran parte del mundo, han desaparecido numerosas empresas y numerosos empleos en los últimos tres años. En Euskadi sin ir más lejos (por seguir con el referente que utilicé con anterioridad) desde 2008 se han perdido más de 4.000 empleos y han cesado en su actividad más de 300 empresas. No obstante este estado de cosas, no podemos dejar de reconocer que en el pasado reciente, con la difusión del modelo “laboral” durante la última fase de crecimiento económico (años 2002-2007) muchos emprendedores entendieron que la Sociedad Laboral era una de las mejores fórmulas de reparto del capital social para la participación en la empresa y que por añadidura se ajustaba perfectamente a lo que podíamos llamar “buenas prácticas” en la toma de decisiones, por lo que respecta a su carácter democrático y de corresponsabilidad. En algunos casos, estos emprendedores, incluso adoptaron compromisos de gestión dentro de las exigencias que plantea la Responsabilidad Social Empresarial. Son las “nuevas sociedades laborales” las que marcan de forma nítida la evolución en su modelo de gestión, comenzando en sus orígenes por la formación, como consecuencia del perfil de los primeros colectivos, pasando a los objetivos en la fase de consolidación del modelo y avanzando hacia el nuevo concepto de empresa basada en la participación de las personas y la “dirección por valores”. En cuanto a los elementos característicos de las Sociedades Laborales en tanto que modelo de empresa diferenciado podemos decir que: “Sociedad 33 Laboral” es aquella, que habiendo adoptado la forma jurídica de Anónima o Limitada, tiene la mayoría del capital social en manos de trabajadores con contratos de trabajo indefinidos a tiempo completo o parcial. Están basadas prioritariamente en el respeto a la condición humana en cualquier actividad y en la voluntad de promover las posibilidades del desarrollo integral de la persona, convirtiendo de esta manera, al capital en instrumento. Los valores propios de esta forma jurídica, son los siguientes: • La democracia entendida por medio de la participación en la empresa, • La primacía del beneficio colectivo sobre el beneficio individual, • Contribuir al desarrollo de las personas, • Defensa y aplicación del principio de solidaridad, de responsabilidad y de cohesión social • Aplicación de los excedentes al objeto social que determine el Consejo de Administración. Las sociedades laborales son sociedades de capital y mercantiles, con ánimo de lucro, y la responsabilidad de los socios está limitada a las aportaciones que hayan realizado. Si la fórmula adoptada ha sido la de sociedad anónima laboral, el capital social de la empresa debe ser como mínimo de 60.101,21€, y ha de estar totalmente suscrito y desembolsado como mínimo en un 25%, debiendo desembolsarse el resto en la forma y plazos previstos en los estatutos. Para constituir una sociedad laboral se precisa como mínimo de dos socios trabajadores y, al menos, un socio que aporte capital aunque no sea trabajador, dado que por ley, la mayoría del capital debe estar en poder de los trabajadores. Cada socio no puede tener más del 33% del capital, salvo en algunos casos, como el de sociedades laborales constituidas por las Administraciones Públicas. Esta distribución del capital, tiene como consecuencia que podamos 34 distinguir dos tipos de socios: de clase laboral, que son a su vez trabajadores, y de clase general, que son socios que o bien no trabajan en la empresa, o que finalizada su vida laboral en la empresa, continúan como accionistas. Socios de la clase general también pueden ser otras entidades o empresas. En las sociedades laborales aparece limitado el número de trabajadores que pueden encontrarse en situación de contrato indefinido sin ser socios: si la empresa tiene menos de 25 trabajadores socios, el límite de trabajadores no socios es del 25% del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores. Si tiene más de 25 trabajadores socios, el número de fijos no socios tiene un límite máximo del 15% del total de horas/año que trabajen los socios trabajadores. Se puede afirmar que el modelo que representa la sociedad laboral es un modelo de empresa diferenciado. Su consolidación como modelo societario y su viabilidad como proyecto empresarial, aportando unos signos diferentes de entender la empresa, al apoyar su gestión en prácticas democráticas y equitativas y promover la participación y la corresponsabilidad entre todos sus integrantes, socios promotores y trabajadores, así lo acredita. 6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES Me gustaría a continuación pasar a describir el caso de Alemania en la medida es que parece ser el referente de eficiencia que desde las Instituciones Europeas pretenden imponernos, para de algún modo intentar incardinar dentro de este modelo presuntamente “ideal” defendido por las instancias políticas, la alternativa que dentro de una estructura económica de tipo capitalista pueden aportar los valores que presiden y que defienden las entidades de la Economía Social en tanto que “espacio económico intermedio” que compatibilizan eficiencia económica (lógica) con valores como equidad y cohesión social. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que Alemania ha multiplicado durante los últimos años los actos de “individualismo” dentro de la Unión Europea, lo cual la coloca en una situación insostenible para ella y para sus socios, de los que nosotros formamos parte. 35 Las decisiones alemanas, englobadas desacertadamente por los que se conoce como “modelo alemán” constituyen de hecho una “actitud no cooperativa”, peligrosa en primer lugar para Alemania pero también para Europa. El falso “modelo alemán” se fundamenta sobre la base de rebajar al máximo los salarios, y sobre la flexibilización laboral y la moderación salarial comenzadas por el Canciller Schröder a partir de los años finales de la década de los 90. Entre 1998 y 2010, el poder adquisitivo de cada asalariado alemán ha bajado un 1% 10 , a lo que se debe añadir un reparto del valor creado por las empresas, favorable a los accionistas, ya que el coste laboral pagado por las compañías se ha repercutido sobre el IVA que pagan los consumidores. No se trata aquí de dibujar un retrato apocalíptico de Alemania, donde la fuerza de las PYMES es envidiable y digna de imitación, al igual que la solidez de su investigación y desarrollo, sino de intentar comprender de dónde vienen estas decisiones germanas. Hace veinte años que Alemania vive con el trauma la reunificación mientras trata de ganar competitividad para integrar a la antigua República Democrática, si bien ya no existe ningún déficit de competitividad para Alemania respecto de los demás países europeos sino al contrario: según Patrick Artus (Patrick Artus y Marie Paule Virard, “Globalización: lo peor está por llegar” Intermón-Oxfam, Barcelona 2009) desde hace aproximadamente siete años la compresión de los costes de producción en Alemania ya no se transforma en una reducción de precios sino en un mayor margen de beneficio para las empresas. Ahora bien, estos beneficios se han vuelto estériles al tiempo que el riesgo de pobreza aumentaba como nunca en el país. Un estudio realizado en 2008 por investigadores de la Universidad de Duisburgo-Essen, demostró que entre 1995 y 2006, el 25% de los asalariados peor pagados perdieron un 14% de sus salarios, pero la población afectada por 10 MONTEBOURG, A. (2011),:Votad la Desglobalización, Madrid, Paidós. 36 esa precariedad a día de hoy es más frágil: los menores de 25 años, los extranjeros y las mujeres. El 20% de la población gana menos de 6 euros por hora, lo cual es un lujo comparado con los “trabajos a un euro” que cité anteriormente. Si profundizamos un poco más en la imagen de una Alemania sólidamente apoyada en su próspera industria encontramos una cohorte de “trabajadores pobres” lo cual nos lleva a la conclusión de que el “modelo alemán” es en realidad el “antimodelo” en cuanto a la atención de las necesidades de la población. No obstante, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy se pusieron de acuerdo en lo que llamaron un “pacto de competitividad” para imponer a toda Europa ese supuesto “modelo alemán” de austeridad férrea, que afectará a la presión sobre los salarios y la protección social, y cuyos únicos beneficiarios son las patronales locales. Desde entonces todos los “think tanks” liberales cantan las alabanzas de este “antimodelo” e instan a todos los países europeos a inspirarse en él por las buenas… o por las malas. Así de mantenerse en vigor este “pacto”, países como Bélgica, Austria, Portugal, Luxemburgo, España… se verán forzados a renunciar a la “indexación” automática de los salarios a la inflación. La inclusión del equilibrio presupuestario en las constituciones nacionales o el retraso en la edad de jubilación a los 67 años son elementos de ese “antimodelo” sin que su aprobación haya contado con la voluntad popular, y contraviniendo la vieja idea de que la Unión Europea protege a las poblaciones. Pero hay algo más grave aún, consistente en que Alemania ha construido su modelo en base a criterios “individualistas” como la congelación salarial, la cual le ha permitido obtener ventaja sobre sus vecinos, aumentando las exportaciones al tiempo que empobrecía a sus asalariados. De este modo Alemania se ha convertido en la China de Europa, la que exporta a cualquier precio, rebaja los salarios y vive de los déficits de los demás pero ¿Sale ganando? De entrada la patronal alemana sí, pero los 37 asalariados cuyos sueldos se han sacrificado y cuya jubilación se ha retrasado a los 67 años son las víctimas de esa estrategia, sin contar con que el resultado (muy positivo) del comercio exterior alemán está constituido sobre los déficits de los otros veintiséis Estados miembros de manera que como estrategia para la “eurozona”, este modelo es, en el corto plazo, incluso perjudicial para la propia Alemania. Recordemos que la “eurozona” permite a Alemania realizar alrededor del 43% del producto de sus exportaciones, la Unión Europea en su conjunto el 62% y Europa en su sentido más amplio, el 75%, de manera que, por la misma senda que las sociedades democrático-igualitarias descritas por Alexis de Tocqueville (cuyo pensamiento sistematiza de manera tan certera Juan Manuel Ros en “Los Dilemas de la Democracia Liberal”, Barcelona 2001) la Europa del “modelo alemán” nos lleva al resultado de una Unión en la que cada cual va a lo suyo y de cabeza a la desintegración, lo cual a la vista de las cifras, a Alemania podría salirle incluso más caro que a los demás. Teniendo presente este estado de cosas, debemos reconocer no obstante que los programas de fomento y apoyo a la Economía Social ya se incluyen en las políticas activas para conseguir los objetivos de la denominada Estrategia de Lisboa Renovada (Estrategia UE 2020). Otras Instituciones Europeas como el Parlamento y la Comisión han reconocido en diversos documentos oficiales la contribución de las entidades de Economía Social a la generación de “valor añadido social” y a la resolución de los desafíos y metas de la sociedad europea, que no deja sino de ser un reconocimiento (si bien minoritario todavía) del hecho de que las instituciones políticas no están siendo capaces de resolver de forma satisfactoria problemas tan esenciales (y tan incardinados en las sociedades por otro lado “avanzadas”) como el desempleo (masivo y de larga duración) la adecuada cobertura de los servicios de protección social para toda la población, la exclusión social, el bienestar en el medio rural, la educación, la sanidad, la calidad de vida de la población jubilada, el crecimiento sostenible, entre otros, que ni los mecanismos “presuntamente” autoreguladores del mercado ni las políticas macroeconómicas tradicionales se encuentran en disposición de resolver. 38 De este modo se constata un creciente interés por las formulas alternativas a las “tradicionalmente capitalistas” como son las Cooperativas, las Sociedades Laborales, las Mutualidades, y demás entidades integrantes de la Economía Social. Sin embargo, en una coyuntura como la actual, que todos los analistas vaticinan como difícil, este modelo de génesis y desarrollo empresarial permite aplicar fórmulas diferentes a las que se emplea en los otros modelos societarios, aportando una salida viable a empresas tradicionales abocadas al cierre o la desaparición. Y no sólo eso sino que atendiendo a la producción de los llamados “bienes sociales o preferentes” es en este sector donde la Economía Social ha experimentado un crecimiento espectacular. Siendo los “bienes sociales” aquellos acerca de los cuales existe un amplio consenso social y político en que su disfrute resulta imprescindible para llevar una vida digna, lo que hace acreedores de su disfrute a toda la población con independencia de su nivel de renta o capacidad adquisitiva. En consecuencia los poderes públicos deben proveer su producción y distribución garantizando o bien su gratuidad o subvencionándolos de modo que se pueda acceder a ellos a precios inferiores a los de mercado. Si bien parte de estos “bienes” (como educación o sanidad) son efectivamente garantizados por la mayoría de las sociedades avanzadas, en los últimos 30 años han ido apareciendo nuevas necesidades sociales que ni el sector público ni el sector capitalista tradicional están atendiendo, y que afectan principalmente a colectivos en riesgo de exclusión social. Incluimos aquí problemas relacionados con las condiciones de vida de las personas mayores, discapacitados, emigrantes, minorías étnicas, expresos, mujeres maltratadas, parados de larga duración, enfermos crónicos, entre otros, ámbito en que la Economía Social ha conocido un inusitado desarrollo de manera que la crisis de confianza y la incapacidad de las instituciones tradicionales del sistema para dar respuesta a estos nuevos retos de una economía globalizada están en la base del creciente interés por el nuevo papel que la Economía Social puede 39 desempeñar no sólo en la consolidación sino también en la actualización del Estado del Bienestar. Desde el punto de vista “técnico” o de funcionamiento insisto aquí en que junto a estas iniciativas, las entidades que participan de los modelos de Economía Social reconocidos por la legislación promueve la existencia de entramados empresariales de solidaridad recíproca entre sus promotores basadas en un sistema de valores (complementario a los valores sociales o colectivos que puedan deducirse del objeto social) contrario a la lógica capitalista, en el que prevalece la democracia en la toma de decisiones y la primacía de las personas sobre los capitales en la distribución de los excedentes. De este modo las entidades de la Economía Social, al actuar como elemento de equilibrio entre las necesidades de la empresa y la de las personas que en ella trabajan, combinan la eficiencia económica, la competitividad y la innovación, objetivos irrenunciables en una empresa, con la participación, la implicación o la mejora de las capacidades personales, valores de un modelo societario que contribuyen al desarrollo de las personas. La creación de empleo constituye uno de los principales objetivos de todas las Administraciones Públicas, a la vez que una de las preocupaciones prioritaria de los ciudadanos. La escasez de oportunidades de empleo, obligan a buscar nuevas opciones revelándose de esta manera las entidades integrantes de la Economía Social (Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales principalmente) como una alternativa viable y eficaz. En el actual contexto económico y político se pueden establecer las potencialidades que aportan las entidades de la Economía Social relacionándolo con la creación de empleo y con la lucha contra la precariedad en el mercado laboral, encuadrándose el desarrollo, difusión y la creación de estos modelos dentro de los principios y programas desarrollados por el Fondo Social Europeo como principios básicos de la lucha contra el desempleo. 40 Igualmente debemos destacar a la Economía Social, y en particular a las Sociedades Laborales como factor de generación de puestos de trabajo estable y de distribución equitativa de la riqueza creada. Así en el “Libro Blanco de las Empresas de Participación en el Trabajo” (García-Gutiérrez y Lejarriaga, 2005) los autores nos indican que independientemente del protagonismo que estas organizaciones puedan jugar en un panorama de “contracción económica”, resulta indiscutible su contribución al desarrollo territorial mediante fórmulas democráticas, tratándose además de un desarrollo sostenible permitiendo una mayor integración y cohesión social y aportando al mismo tiempo riqueza. Se trata de entidades muy arraigadas al territorio en el que se asientan y en las que no cabe la posibilidad de una deslocalización, lo que las hace atractivas para cualquier Administración Pública interesada en fomentar la creación de empleo y riqueza en el ámbito que le compete. El fomento del “autoempleo colectivo” a que me refería con anterioridad precisa de medidas de asistencia técnica y formación profesional, de apoyo financiero y de estímulo del espíritu emprendedor y de la cultura emprendedora, cuyo destinatario sea la persona con iniciativa y su actividad económica y profesional por cuenta propia o de empleo colectivo, y fundamentalmente necesita mayores dosis de coordinación entre todas estas medidas dentro de una reorientación global. Las actuales medidas de fomento financiero, cuyos destinatarios son los desempleados, y que están centradas en la fase inicial de la actividad económica (esto es en la “iniciativa económica”) responde a una perspectiva o visión del trabajo colectivo o autónomo muy limitada y que se encuentra con creces ya superadas, pues conciben el trabajo por cuenta propia como vía de salida al desempleo, por lo que se centran en aquellos colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Frente a este enfoque, es necesaria una política global de fomento del autoempleo que atienda a la realidad que pretende potenciarse, es decir, que se dirija al desarrollo de las iniciativas económicas, de la actividad por cuenta propia, iniciadas por las personas emprendedoras y que podría resumirse en la 41 Responsabilidad Social del Emprendedor y el compromiso que por tanto éste adquiere con el entorno social en que se desenvuelve, que indudablemente tiene que ser complementada por una actitud facilitadora por parte de los Poderes Públicos. Y es aquí donde los modelos mercantiles propuestos por las entidades integrantes de la Economía Social pueden jugar un papel fundamental; por los valores que aportan al entramado empresarial; por el tipo de sociedad que puede constituirse a partir de la asunción de esos valores por parte del empresariado; por lo que estos modelos mercantiles pueden aportar en el nuevo escenario socio económico que sin duda puede surgir una vez que quede superada la situación de crisis actual. De este modo, podemos deducir que el autoempleo (y me refiero en concreto al “autoempleo, individual o colectivo, promocionado a través de los modelos mercantiles de la Economía Social) no puede ser concebido exclusivamente como una posibilidad más para la reducción de la tasa de desempleo del mercado de trabajo por cuenta ajena, sino como una opción profesional alternativa al trabajo por cuenta ajena promocionada y estimulada por los poderes públicos. Entendemos que el fomento de esta realidad económica y profesional del autoempleo debe asumir dos orientaciones generales: • Primera, el fomento del autoempleo debe tener como beneficiario o destinatario al emprendedor, • Segunda, el apoyo inicial a los proyectos empresariales debe completarse con la asistencia y la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación en relación con las actividades económicas y profesionales desarrolladas en el autoempleo, por lo que es preciso adoptar medidas de apoyo financiero y fiscal a la realidad de la microempresa. Pero, además, las políticas de fomento del autoempleo, colectivo en este caso, han de estar orientadas hacia el estímulo del espíritu emprendedor e 48 LEJARRIAGA, G. (1991): La Sociedad Anónima Laboral como forma de Empresa, ASALMA, Madrid . MONTEBOURG, A. (2011),:Votad la Desglobalización, Madrid, Paidós. ROS, J. M., (2001): Los Dilemas de la Democracia Liberal, Barcelona, Crítica. WILKINSON, R.,(2001): Las Desigualdades Perjudican, Barcelona, Crítica. Documentos difundidos en Internet: Ley 5/2011 de Economía Social, de 29 de marzo de 2011: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf, Consulta realizada en mayo 2012. Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales:http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A1997-6258, Consulta realizada en mayo 2012. Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.:http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A2002-9331, Consulta realizada en mayo 2012. CONFESAL: http://www.confesal.com/home/, Consulta realizada en mayo 2012. AEMTA CyL: http://www.aemta.es/, Consulta realizada en mayo 2012. FCTACYL: http://www.fctacyl.coop/, Consulta realizada en mayo 2012. CEPES: http://www.cepes.es/, Consulta realizada en mayo 2012. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/EconomiaSocial/index.htm, Consulta realizada en mayo 2012. GARCÍA-GUTIÉRREZ, Cy LEJARRIAGA G., (2005): Libro Blanco de las Empresas de Participación en el Trabajo De La Ciudad De Madrid (Nuevos 49 Retos Y Nuevas Oportunidades ParaLas Empresas De Participación De Trabajo). Disponible en: http://www.esmadrid.com/backend/emprende/descargable/LibroBlanco.pdf . Consulta realizada en mayo 2012. Palabras claves: Economía, Globalización, Personas, Cooperativas, Laborales, Democracia, Gestión, Responsabilidad, Participación.