Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León)

Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) Eugenio Baraja-Rodríguez*, Daniel HerreroLuque**, Marta Martínez-Arnáiz** * Universidad de Valladolid, España ** Universidad de Burgos, España DOI: 10.4422/ager.2021.16 Páginas: 151-182 ager Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural Journal of Depopulation and Rural Development Studies Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) Ideas clave: 1. El modelo agrario contribuye de manera directa a la despoblación que sufre el espacio rural. 2. La orientación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) es responsable de ese modelo. 3. La PAC está favoreciendo la concentración de recursos en los ámbitos no rurales. 4. El cambio de modelo agrario es esencial en la lucha contra la despoblación. Resumen: En unos momentos en los que la despoblación rural forma parte de la agenda política y de las inquietudes de la sociedad en España, y que el futuro de la Política Agraria Común (PAC) es objeto de debate, resulta oportuno considerar la relación entre el modelo agrario y la desvitalización rural. Este artículo tiene como objetivo general realizar una revisión crítica de la PAC a partir del análisis de las ayudas canalizadas desde el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) hacía territorios agrarios aquejados por problemas de despoblación, como es el caso de Castilla y León. Para alcanzar ese objetivo se recurre a la explotación estadística y elaboración cartográfica de los datos de beneficiarios de fondos FEAGA. Los resultados ponen en evidencia que la PAC ha consolidado diferentes categorías de perceptores que tienen una relación desigual con actividad agraria, lo que repercute directamente en los problemas demográficos del medio rural. Se concluye aportando algunas ideas para una futura política que, frente al modelo exclusivamente productivista, favorezca alternativas donde lo agrario sobrepase su función productiva y saque fruto de su potencial para contribuir a la revitalización rural. Palabras clave: Política Agraria Común, pagos directos, desvitalización rural, sistemas agroalimentarios. Common Agricultural Policy and Depopulation in the Territories of Inland Spain (Castilla y León) Highlights: 1. The agrarian model contributes directly to the depopulation suffered by rural territories. 2. The orientation of the Community Agricultural Policy (CAP) is responsible for this model. 3. The change in the agricultural model is essential in the fight against depopulation. 4. CAP promotes the concentration of resources in non-rural areas. Abstract: At a time when rural depopulation is part of the political agenda and the concerns of Spanish society, and the future of the Common Agricultural Policy (CAP) is the subject of debate, it is appropriate to assess the relationship between the agricultural model and rural devitalization. The aim of this article is to critically review the CAP by analysing the aid channelled from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) to agricultural territories suffering from depopulation problems, as is the case of Castilla y León. In order to achieve the objective, the statistical exploitation and cartographic elaboration of the data on beneficiaries of EAGF funds is used. The results show that the CAP has consolidated different categories of beneficiaries who perform agricultural activities in an unequal manner, which has a direct impact on the demographic problems of rural areas. The paper concludes by providing some ideas for a future policy that, in contrast to the exclusively productivist model, favours alternatives where agriculture goes beyond its productive function and takes advantage of its potential to contribute to rural revitalization. Keywords: Common Agricultural Policy, direct payments, rural depopulation, agri-food systems. Enviado: 24 de febrero de 2021 Devuelto para revisión: 11 de mayo de 2021 Aceptado: 23 de julio de 2021 153 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz Cómo citar este artículo: Baraja, E., Herrero, D., Martínez, M. (2021). Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León). AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies), (33), 151-182. https://doi.org/10.4422/ager.2021.16 Eugenio Baraja-Rodríguez. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9712-7993 Correo electrónico: eugenio.bar[email protected] Daniel Herrero-Luque. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0683-8942 Correo electrónico: [email protected] Marta Martínez-Arnáiz. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5894-4288 Correo electrónico: [email protected] 154 Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) 1. Introducción y justificación Desde los años sesenta del siglo pasado, los 6.122 municipios españoles que han reducido su densidad demográfica han perdido 5,3 millones de habitantes y, en 2019, tres cuartas partes del territorio solo albergan una octava parte de la población (Molinero, 2019). Este desequilibrio, con amplios espacios donde se combinan las bajas densidades con la atonía demográfica, es consecuencia directa de un proceso complejo cuyos efectos se han acumulado en el tiempo. Pero la despoblación, que es un problema en sí mismo, ha de entenderse también como el síntoma más evidente de un cambio que opera en los espacios rurales y que marca su recomposición –social y territorial– en la línea de los nuevos discursos y de las nuevas funciones que demanda una sociedad de fuerte componente urbana. El medio rural se hace plurifuncional, pero no por ello menos agrario. De hecho, esta actividad sigue siendo esencial, y el futuro de los espacios rurales es indisociable de unos sistemas productivos que no se pueden considerar como un sector económico sin más, pues son territorio y hacen territorio. La Política Agraria Común (PAC), tradicionalmente, ha entendido esta actividad desde una perspectiva sectorial y productivista, desvinculándola, en buena medida, de planteamientos territoriales (Ruiz et al., 2016). Por ello, en su actual modelo, al tiempo que integra espacios en el escenario de la globalización, no solo contribuye a la despoblación de los ámbitos rurales marginales, sino que la refuerza en los integrados —los más adaptados al citado modelo— por un movimiento de salida de agricultores hacia los espacios urbanos. Así parece deducirse de una visión general de la distribución de las ayudas destinadas a compensar las rentas (pagos directos) de los agricultores y ganaderos. Por todo ello, en unos momentos en los que la despoblación forma parte de la agenda política y de las inquietudes sociales en Europa, y que la PAC post-2020 es objeto de debate, este artículo tiene como objetivo la revisión crítica de la principal política comunitaria, poniendo el foco en el análisis de los pagos compensatorios y en su distribución en los diversos escenarios rurales de una de las comunidades autónomas de la España interior más afectadas por la atonía y la involución demográfica: Castilla y León. 2. Bases teórico-conceptuales La despoblación de amplios territorios de la España interior es un fenómeno sobre el que se viene llamando la atención desde hace décadas, aunque ha sido en la última cuando su proyección social se ha intensificado (Recaño, 2017; CES, 2018; Guzmán, 2018). Bajo la premisa de que “asimilar despoblación no sólo a los vacíos demográficos sino también a la pérdida extrema de habitantes refleja fielmente el punto de partida de la problemática actual en extensas áreas del territorio español” (Delgado, 2018, p. 233), es oportuno constatar que en la España que se abre al tercer decenio del siglo XXI más de la mitad de sus municipios corren el riesgo de desaparecer a medio plazo (Federación Española de Municipios y Provincias [FEMP], 2017). El proceso de despoblación, especialmente constatado –aunque no solo– en los espacios rurales, es consecuencia directa de una serie de factores cuyos efectos se han acumulado en el tiempo y que no son exclusivos de nuestro país. La intensificación de los movimientos migratorios del campo a la ciudad a mediados de la pasada centuria justificó la progresiva concentración de la vitalidad demográfica en los entornos urbano-metropolitanos y, cuando remitieron, las consecuencias del decrecimiento vegetativo acentuaron el desequilibrio. La ausencia de masa crítica para rentabilizar el mantenimiento de actividades económicas variadas y de servicios básicos, cada vez más difíciles de prestar por la escasa cuantía de la demanda o por su dispersión y alto coste, incluso ha puesto en cuestión, al menos en ciertas partes del país, la funcionalidad del sistema de poblamiento (Delgado, 2018). La grave situación que se constata en buena parte de los espacios rurales del interior peninsular, justifica, por otra parte, que la despoblación haya entrado de lleno en la agenda política de muchos territorios por la crisis de viabilidad de una forma de poblamiento y de las sociedades que la habitan (Collantes et al., 2014), al limitar el crecimiento económico y dificultar la prestación de servicios públicos (Delgado, 2018). 155 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz Bien es cierto que se trata de una ruralidad diversa (Moyano, 2020; Camarero y Sampedro, 2019; Molinero, 2019), donde se combinan situaciones tan contrastadas como las que caracterizan a los entornos rurales más accesibles y vinculados a la dinámica urbana, hasta las que han experimentado con más intensidad la emigración, haciendo prácticamente irreversible el proceso de despoblación, que en estos casos se acompaña con el abandono más notorio. El neto dominio de lo que Molinero (2017) definió como rural profundo en su tipología general y lo abultado de la regresión demográfica en amplios territorios de la España interior donde el efecto de las políticas públicas de dinamización y diversificación socioeconómica ha sido limitado, hace preguntarnos por el papel que está desempeñando la actividad agraria y la política que la orienta y regula, pues en estos espacios sigue siendo un pilar económico esencial. Pero un pilar débil a efectos de sostener la población, porque su perfil productivista, al tiempo que integra territorios en el escenario de la globalización, no solo explica la despoblación de los ámbitos rurales marginales, sino que está propiciando la salida de agricultores hacia los espacios urbanos y semiurbanos. De hecho, una cuarta parte de los ocupados agrarios en España (24,9 %) viven en ciudades y su número solo aumenta en los núcleos mayores de 20.000 habitantes (Molinero, 2019). Durante las últimas décadas, la globalización ha puesto en competencia diferentes sistemas de producción agraria y las políticas, proactivamente, han orientado las transformaciones estructurales para acomodarlas a esa dinámica. Si nos remitimos a las referencias institucionales (García, 2020; Larrubia, 2017), la PAC fue concebida con el objetivo de proporcionar un nivel de vida acorde con los tiempos a unos agricultores a quienes hoy se les otorga un papel central no solo en la provisión de alimentos seguros y de calidad, sino también a la hora de conseguir otros objetivos determinantes (nueve recoge el Plan Estratégico PAC post-2020) con los que se ha comprometido la Unión Europea en su conjunto, como la lucha contra el cambio climático o el desarrollo sostenible. En este sentido, y de la misma forma que hemos asistido a un proceso de “ambientalización” de la agricultura europea (Esparcia y Hernández, 2019, p. 317), cabe platearse si es posible esperar de ella esa especial atención (uno de los objetivos comprometidos es precisamente el de mantener zonas rurales dinámicas) que requiere un medio rural desvitalizado como el de la España interior. En España, donde los problemas vinculados a la despoblación se han convertido en política de estado con intención de ser global y transversal, desde el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) se apuesta por estrategias de poblamiento activo del medio rural, con actuaciones centradas en “promover el relevo generacional, el apoyo a las mujeres rurales, el apoyo a la innovación y digitalización de los sectores agroalimentarios, forestal y del medio rural, y la apuesta por el regadío y la agricultura 156 Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) familiar” (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019, p. 55). Cuestión esta última que, nuevamente, nos remite a la aplicación de la PAC, toda vez que los pagos directos y las ayudas de mercado son claves para entender el manteniendo de la renta de los agricultores y ganaderos (Moyano, 2020), como también lo son las medidas de desarrollo rural para la diversificación de las economías de estos territorios. En este contexto, interesa poner el foco en el análisis de estas ayudas y en su traslación a los diversos escenarios (en el caso concreto de Castilla y León) para comprender mejor su desarrollo y consecuencias territoriales, y aportar con ello algunas ideas que pueden considerarse de cara a un futuro donde lo agrario sobrepase su función productiva y saque fruto de su enorme potencial para contribuir a la revitalización rural. 3. Objetivos, metodología y fuentes, áreas o casos de estudio Como se ha indicado, el objetivo esencial de este artículo es la revisión crítica de la PAC a partir del análisis de los beneficiarios de los pagos compensatorios y de su vinculación con el espacio rural. De forma más precisa, se trata de poner en evidencia el valor de los pagos comunitarios en la economía agraria e indagar en su significado social y territorial a partir del análisis de las ayudas canalizadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Aunque son muchos los espacios afectados por estos problemas, se ha elegido el caso de Castilla y León por motivos que van desde su amplitud superficial y sus bajas densidades dominantes, hasta el hecho de haber liderado estrategias europeas para impulsar una política demográfica específica (como coordinadora del grupo de trabajo en relación al tema de despoblación y envejecimiento creado en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa). Pero, esencialmente, se ha considerado porque en esta región el espacio rural, desde el profundo hasta el más dinámico, está muy vinculado a la actividad agraria. Su economía, su forma de organización, sus paisajes, sus representaciones culturales y sus valores patrimoniales giran, en buena medida, en torno a esta función. Por esta razón, es un buen escenario para valorar la naturaleza de los vínculos que unen los procesos de transformación agraria y el papel de la PAC con el problema de la despoblación. 157 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz Metodológicamente, se trata de poner en paralelo la dinámica demográfica del medio rural de Castilla y León con la evolución de los principios de una PAC que ha guiado los cambios experimentados por el sector en las últimas tres décadas. Entendemos que los estudios realizados hasta el momento desde diferentes disciplinas han contribuido a clarificar en gran medida las causas, los procesos y los problemas demográficos y territoriales de la menor ocupación del campo (Camarero y Sampedro, 2019; González-Leonardo y LópezGay, 2019; Alario et al., 2018; Delgado, 2018; Molinero, 2017, 2019; Recaño, 2017), pero no así el papel que, en este sentido, han jugado la actividad agraria en general, y la PAC en particular. Específicamente nos centraremos en el estudio de los pagos realizados con cargo al FEAGA, al ser una vía clarificadora para entender hacia dónde se dirigen, a quiénes benefician y a qué se dedican estos fondos. Para ello se recurre a la información ofrecida por distintas fuentes, cuya elaboración y tratamiento cartográfico (QGIS) resultan decisivas para la interpretación de estas variables. Destacamos, en este sentido, la explotación de los datos sobre beneficiarios de ayudas PAC que facilita el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) al amparo de la regulación de la transparencia de la información de los beneficiarios. Se han utilizado los del año 2019 para los beneficiarios registrados en los municipios de Castilla y León. También se ha recurrido al portal de datos abiertos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, así como a otras fuentes del Instituto Nacional de Estadística, INE (como el Padrón Municipal o la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas) y la Tesorería general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 4. Resultados El primer resultado del análisis de los datos que facilita la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para el año 2019, abunda en la importancia de las transferencias comunitarias en el sector, hasta el punto de que sin ellas su viabilidad se vería seriamente comprometida. 4.1. Unas partidas esenciales en la economía agraria de Castilla y León La particular orientación productiva de la actividad agraria de Castilla y León (dominio de los llamados cultivos continentales y notable peso de la ganadería extensiva) hace que las explotaciones orientadas hacia sectores subvencionables reciban el 17 % de 158 Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) las ayudas del FEAGA, lo que sitúa a Castilla y León como la segunda receptora neta después de Andalucía, posición que repite cuando contabilizamos el número de beneficiarios (70 157, el 10,5 % del total). De esa cantidad, como se aprecia en la Figura 1, un 84,6 % corresponde a las ayudas disociadas, que superan los 775 millones de euros. Figura 1. Distribución de ayudas FEAGA en Castilla y León, 2019 159 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz Fuente: Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería. A su vez, en torno a un 64 % de estas últimas se destina a pago básico (régimen de ayudas desacopladas que sustituye al anterior régimen de pago único y constituye el apoyo más importante a la renta de los agricultores), un 34 % a prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente y el 2,2 % restante a jóvenes agricultores. Asimismo, cabe destacar las ayudas directas destinadas al vacuno y al ovino-caprino, que representan el 6,7 % y 3 %, respectivamente, y que suponen en cada caso más del 18 % de las ayudas a estos sectores en España. Por su parte, y subrayando la entidad de la vitivinicultura en la economía agraria, este sector acapara el 89,8 % de las ayudas no directas con cargo al FEAGA. Todo ello, en suma, canaliza unas partidas financieras que son soporte fundamental de la viabilidad de una parte considerable de la actividad. Las cuentas económicas de la agricultura en Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2017 y 2018) dan razón de esa importancia en la renta agraria al poner de relieve que las subvenciones correspondientes al pago básico y otros pagos complementarios representaban entre un tercio y la mitad (el 32 y el 50 %) de esa renta, dependiendo de las características del año agronómico (2017 y 2018). Unas partidas que, por otro lado, dan Pero, más allá del desequilibrio patente, estas categorías permiten constatar la presencia de actores que tienen una relación muy desigual con la actividad agraria y con el medio rural. 5.1. El destino urbano de las ayudas: la numerosa categoría de los pequeños agricultores y el volumen económico de los grandes perceptores La primera categoría mencionada (pequeños perceptores) se ha establecido teniendo como referencia los 12.450 euros que definen el techo del primer tramo de la tabla del IRPF 2020; una cantidad muy cercana a la fijada para el salario mínimo interprofesional de 2020 (13.300 euros/año). Se entiende que es un umbral significativo porque en él podemos situar el límite de la viabilidad como explotación (debe justificar la facturación, entre los máximos perceptores, de un mínimo de 3.112,5 euros para alcanzar el 20 % que se exige a la condición de agricultor) y, en el mejor de los casos, se mantiene complementando una segunda actividad, es decir, como agricultores y ganaderos a tiempo parcial. En muchas situaciones ni siquiera son verdaderas explotaciones (profesionales), y si en algún momento estuvieron dentro del ámbito productivo, progresivamente, han ido desapareciendo de él, pues la ausencia de relevo ha justificado su fragmentación y su falta de competitividad. Si son beneficiarios de ayudas es porque han mantenido los vínculos en forma de derechos adquiridos o “derechos históricos”. Este aspecto es particularmente evidente entre los que no llegan al umbral de los 1.250 euros (“marginales”), que sirvió para fijar en 2015 el régimen de pequeños agricultores, y representan la quinta parte del total, aunque apenas si alcanzan a percibir el 1 % de los pagos (Tabla 2). En su momento, se justificó este apoyo para “ayudar a preservar la agricultura a tiempo parcial, que tanta importancia tiene en determinadas áreas rurales españolas”. La confidencialidad inherente a esta categoría impide realizar una tipificación completa de la misma, y aunque encontremos situaciones de estas características (a tiempo parcial), en Castilla y León lo habitual es que, en una proporción significativa, estas ayudas sirvan para complementar la pensión de los jubilados (que incluso siguen trabajando una parte del año). Este, de hecho, es un colectivo que “frecuenta las ventanillas” amparándose en derechos históricos, y aunque no hay datos directos actualizados, el estudio del MAPA (2017) ponía de relieve que prácticamente un tercio de los beneficiarios de ayudas PAC en Castilla y León eran mayores de 65 años; por el contrario, los menores de 40 años no llegaban al 10 % (Figura 5). 166 Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) Figura 5. Distribución por edad y sexo de los perceptores PAC en Castilla y León, 2017 167 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz Fuente: MAPA, 2017 Todo parece indicar, en suma, que se trata de situaciones (jubilados, herederos de pequeñas explotaciones que dan a cultivar sus tierras en aparcería o arriendan sus propiedades a agricultores a título principal, manteniendo, eso sí, la titularidad de los derechos) en las que los perceptores poco o muy poco están vinculados con la verdadera práctica profesional de la agricultura o ganadería y sus problemas asociados, y que, roto ese vínculo, su presencia en el medio rural no siempre se justifica. Muchos de los titulares de esos derechos ya no residen siquiera en estos lugares y desempeñan sus trabajos o disfrutan de su jubilación en las principales ciudades de la región. Algo que se corrobora si nos atenemos a su distribución, como muestran los mapas (Figura 6) en los que se consigna la residencia o domicilio del titular de los derechos y el volumen de lo recibido (menos de 12.450 euros). Como ocurría ya en el caso de la distribución general, las principales ciudades de la región acaparan el grueso de sus preferencias residenciales. Figura 6. Distribución municipal de los marginales y pequeños perceptores de ayudas, 2019 168 Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA. De hecho, el grado de concentración en estos núcleos es superior a los totales consignados anteriormente, y solo diez municipios, con Valladolid a la cabeza, agrupan el 15,1 % de los beneficiarios (un total de 7.183). El resto se reparte por 2.238 municipios de la región, destacando su presencia en las áreas en los que dominaba la agricultura tradicional o, lo que es lo mismo, donde el productivismo no se hizo posible en sus formas conocidas –por especialización, concentración e intensificación–, como ocurrió en las llanuras de la cuenca sedimentaria. El retroceso de la ganadería de montaña explica los vacíos de las cordilleras Cantábrica, Central o Ibérica, mientras llama la atención su concentración en los espacios de los valles y penillanuras más occidentales (Ribera del Órbigo, Tuerto, Eria, valles de Benavente, Aliste, Sayago, etc.), así como en los ámbitos de la agricultura de montaña más característicos: Sierra de Salamanca; Valles del Tiétar y Alberche; El Bierzo; Arribes; Montañas de Burgos, etc. Son la herencia, ya lejana y a veces residual, de lo que fueron los espacios agrarios que a duras penas subsisten en la actualidad. En neta oposición a esta categoría, aparecen los “muy grandes” beneficiados de las ayudas PAC. Se ha delimitado sobre la base de los 60.000 euros, en virtud de ser el último umbral de los tramos consignados en la declaración del IRPF 2020. Se trata, en efecto, de la categoría menos numerosa en perceptores (2.308, apenas el 3 % del total), pero la mejor compensada (285 millones de euros, un 26,1 % de todos los recursos disponibles). Es un conjunto singular, que no siempre se ajusta a la imagen estereotipada y difundida del latifundista absentista. Está integrada por instituciones, grandes cooperativas, grupos empresariales del sector agroalimentario (bodegas, cárnicas, lácteas), consejos reguladores…, es decir, una variopinta representación de agentes vinculados con la regulación y el control de todo el sistema agroalimentario en Castilla y León. Significativamente, guarda similitud con la categoría de los marginales y pequeños perceptores en su concentración en los entornos urbanos, si bien en este caso no tanto por el número de beneficiarios como por el volumen de los recursos recibidos (Figura 7). Figura 7. Distribución municipal de los muy grandes perceptores de ayudas, 2019 169 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA. Si la agrupación espacial de receptores es evidente (el 13,3 % se asienta en solo diez municipios, con Salamanca y Valladolid a la cabeza, el 7 % del total), esta resulta desmesurada en el caso de las ayudas (el 26,6 % va a parar a esos diez mismos núcleos). La vinculación de los beneficiarios con los sistemas agrarios dominantes es clara en el caso de Salamanca. La ciudad acapara prácticamente el 4 % de los grandes perceptores de ayudas de la región, la mayor parte en su distrito número 1, es decir, en el centro de la ciudad. Se trata de empresas agropecuarias (sociedades anónimas o sociedades limitadas) y personas físicas, a veces organizadas de forma asociativa (sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes, etc.), en cuyas denominaciones aparecen los apellidos de las familias ganaderas de abolengo. Es, en este caso sí, el mundo de la dehesa, de la ganadería extensiva asociada a la gran propiedad. Otro tanto se puede decir de Valladolid, con la diferencia de que esta ciudad acapara un mayor volumen de fondos (el 16 %), si bien orientados a las instituciones y organismos autonómicos (Junta de Castilla y León, ITACYL…), o a los empresarios de los viñedos en las DOP Duero, Cigales, Rueda o Toro, acogidos a distintos planes de reestructuración financiados con fondos PAC. Es decir, si en el primer caso se asocia a las ayudas vinculadas, en este último tienen más peso las disociadas, relacionado con el hecho de que tampoco son ajenos a esta categoría los elementos de la agricultura y ganadería más dinámica, como los regadíos leoneses o la vitivinicultura de las llanuras centrales. Una realidad dominante en las categorías intermedias. 5.2. Los agricultores profesionales: vinculación con el medio rural y activos clave frente a la despoblación Entre los perceptores de ayudas comprendidas entre los 12.450 euros y los 60.000 euros encontramos una notable variedad de situaciones (Tabla 2). Los que están más cerca de la primera cifra (entre los 12.541 y 35.200 euros se sitúa la cuarta parte de los perceptores), participan de las características ya comentadas de los más pequeños: agricultores a tiempo parcial, jubilados, propietarios al margen de la producción agraria, etc. Por el contrario, cuando los perceptores superan los treinta y cinco mil euros (entre los 35.201 y los 60.000 euros se sitúan el 6,7 % de los perceptores), los rasgos destacados de las grandes explotaciones familiares, e incluso de las empresas agrarias, comienzan a hacerse evidentes: profesionalización y vinculación con el modelo empresarial de gestión de la explotación; innovación técnica claramente alineada con el perfil más productivista de la PAC (y también de las políticas nacionales previas), así como su orientación competitiva en el marco de mercados globales poco o nada regulados. En realidad, una amplia categoría que tiene como trasfondo el proceso de transformación por el que ha transitado la agricultura familiar: la profesionalización competitiva, la especialización, la concentración y la intensificación…, pero, por encima de ello, la sintonía con los problemas del campo y el arraigo con el medio rural. Su número en 2019 es de 23.733, es decir, un tercio de los beneficiarios (32,3 %), que reciben un volumen de recursos superior a los 620 millones de euros (el 56,9 %). Y lo más importante, 170 Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) sobre ellos descansa lo sustancial de una de las tareas u objetivos de la PAC: el cuidado del campo en toda la UE y el mantenimiento de una economía rural viva. En este sentido, y asociado al grado de profesionalización, la distribución espacial de los medianos y grandes perceptores (Tabla 2) es más uniforme que las categorías extremas (Figura 8). Se encuentran dispersos por todos los núcleos de la región, explicando la especialización en las actividades agrarias de los pequeños municipios. Pero su presencia también es perceptible en los núcleos de mayor tamaño. De hecho, siguen siendo las capitales de provincia, particularmente Valladolid y Salamanca, las que acaparan el grueso de las ayudas y el mayor número de beneficiarios, lo que está emparentado con los ya mencionados desplazamientos pendulares de profesionales del campo que participan de la vida urbana, “sobre todo, en las grandes y medianas explotaciones, gracias a que los avances tecnológicos y la digitalización permiten a los agricultores gestionar su explotación sin tener que vivir en el núcleo rural donde está ubicada” (Moyano, 2020, p. 39). Pero también, se hace patente su presencia en núcleos de otro rango, particularmente en los centros comarcales de servicios, que son puntos privilegiados en el proceso de concentración. En suma, corrobora una tendencia que es perceptible en otras categorías profesionales del medio rural (funcionarios, empleados de los servicios en general…), y que consiste en fijar la residencia fuera de los pequeños pueblos, ya que “mucha gente aún percibe que el mundo urbano ofrece más oportunidades de empleo y de desarrollo personal” (Moyano, 2020, p. 40). Figura 8. Distribución municipal de los medianos y grandes perceptores de ayudas, 2019 171 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA Por otro lado, la orientación productiva y las prácticas agrarias de estas explotaciones están vinculadas a los aprovechamientos subvencionables, particularmente la agricultura continental (cereales, oleaginosas, proteaginosas, cultivos industriales, etc.) y de la ganadería extensiva (en menor medida industrial), lo que abunda en la destacada distribución homogénea en el territorio (desde las llanuras centrales, a las penillanuras y los piedemontes adehesados), si bien con el consabido descenso en los bordes montañosos. El hecho de ser profesionales de la actividad agraria (título principal) los sitúa de lleno en la batalla por la subsistencia en mercados cada vez menos intervenidos (toda vez que el apoyo a las rentas ha ido dejando de lado la política de mercado), por el reconocimiento social (muy mermado por los casos de “cazaprimas” y por los conflictos ambientales derivados del productivismo) y también, cómo no, por afianzar su papel en la gestión de buena parte del espacio rural. 6. Conclusiones Los resultados del análisis de las ayudas del FEAGA para Castilla y León, representativas de la orientación de la PAC en el Marco Financiero Comunitario 2014-2020, permiten subrayar algunas conclusiones sobre las estructuras agrarias y el grado de vinculación con el medio rural. En esencia, han puesto en evidencia la existencia de dos grandes categorías de perceptores: los que no viven de la actividad agraria ni participan de sus problemas y la de aquellos profesionales que intentan mantenerse o incorporarse en el sector. El elevado número de los primeros explica su concentración en los ámbitos urbanos, haciendo evidente que se apoya a los medios de producción más que a los productores, difundiendo así una imagen distorsionada del campo e introduciendo notables desajustes (mercados de derechos, rigidez en el acceso a la tierra, subida de arrendamientos, etc.) que limitan el relevo generacional. Ente los últimos, unos son exponentes de éxito en la faceta competitiva a escala global; otros buscan modelos alternativos; y otros, no pocos, se ven incapaces de avanzar y sucumben a los procesos de concentración empresarial. El progresivo abandono de los menos alineados con el modelo global, testimonio de la crisis de la agricultura familiar, explica el retroceso del número de agricultores profesionales al que se ha aludido, abriendo con ello el camino a las empresas de servicios y a las grandes compañías agrarias. Es el resultado de un modelo agrario intensivo que, tendente a una doble concentración (económica y espacial), está contribuyendo a la descomposición del 172 Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León) tejido social del campo. El volumen de ayudas PAC (FEAGA) recibida en 2019 fue de 1.092.512.065 euros, una cantidad decisiva en la economía del sector. Si se hubiesen repartido equitativamente entre los 73.416 perceptores habrían recibido 14.881 euros cada uno. Pero ese reparto se hubiera realizado entre las 42.275 Unidades de Trabajo Anual (excluidos asalariados) que existen en Castilla y León según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2016, esa cantidad habría ascendido a 25.843 euros. Esta relación no deja de ser una abstracción, pero revela una diferencia notable. Los desequilibrios detectados en el reparto de los fondos destinados a la PAC en el momento previo a la actual reforma (2014) llevaron a reivindicar la necesaria identificación y discriminación de beneficiarios si en verdad se quería que agricultura y desarrollo rural siguieran corriendo de forma paralela en la lucha contra el abandono y la despoblación (Molinero et al., 2016). En este sentido, y ante la reforma PAC post2020, se escucha con más fuerza la postura tendente a la revisión de los llamados “derechos históricos” y a la redefinición de la figura de agricultor activo. En este mismo sentido se podría abundar tras el análisis general de las ayudas de 2019. Sin embargo, es necesario ir más allá. A las puertas de una nueva etapa, no solo urge identificar con mejores criterios al “agricultor genuino”, vinculado y comprometido con el territorio en el que concentrar los esfuerzos, sino replantearse el “modelo agrario”, si se quiere una agricultura alineada con el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación. 7. Orientaciones futuras La definición de modelos agrarios alternativos al productivismo abre interesantes líneas de trabajo en torno a la alianza territorio y multifuncionalidad agraria. En este sentido, los sistemas agroalimentarios multifuncionales y territorializados, constituyen una vía de investigación de notable trascendencia, toda vez que integran cuestiones como los servicios paisajísticos, ambientales, sociales y económicos de la actividad agraria con espacios y territorios específicos (objetivo 6 del Plan Estratégico PAC post 2020). De este entendimiento derivan dos tareas ineludibles. La primera consiste en identificar modelos agrarios visibles asociados a una actividad diferenciada, sostenible y de calidad. La segunda, abordar la multifuncionalidad rural poniendo el foco en una consideración renovada de la actividad agraria, enfatizando su capacidad para poner 173 Eugenio Baraja-Rodríguez, Daniel Herrero-Luque, Marta Martínez-Arnáiz en valor recursos territoriales específicos en el marco del desarrollo sostenible y de la contención de la despoblación. 8. Referencias Alario, M., Molinero, F., y Morales, E. (2018). La persistencia de la dualidad rural y el valor de la nueva ruralidad en Castilla y León (España). Investigaciones Geográficas, (70), 9-30. DOI: https://doi.org/10.14198/INGEO2018.70.01 Bayona, E. (12 de enero de 2020). Labradores de sofá: más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos. Público. 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