Impactos de las políticas públicas de hábitat en la construcción del espacio urbano: el caso del Área Metropolitana de Tucumán, Argentina

1448 IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE HÁBITAT EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO. EL CASO DEL ÁREA METROPOLITANA DE TUCUMÁN, ARGENTINA Claudia Gomez Lopez Rosa Lina Cuozzo Paula Boldrini Resumen En América Latina, la implantación del neoliberalismo como sistema económico ha llevado a un modelo de desarrollo con elevada heterogeneidad y desigualdad socioeconómica. De la mano de grandes cambios sociales y demográficos, las áreas urbanas experimentaron un acelerado desarrollo, crecimiento económico desigual en la distribución del ingreso, el aumento del desempleo y altos niveles de informalidad urbana. Enmarcado en esta realidad la producción del espacio urbano, se llevó adelante a través de la gestión de tres actores sociales: 1.el mercado inmobiliario; 2. el Estado nacional y 3. los asentamientos informales. De ellos, el estado cumple un rol fundamental en la construcción de la ciudad encauzando o restringiendo el desarrollo de ciertos espacios ya sea a través de la acción (implementación de políticas públicas, normativas, etc.) o de la omisión. En un contexto en el que persiste la ausencia de planificación, la carencia de un marco que defina el modo de ocupación del territorio, impone la lógica del mercado inmobiliario como criterio urbanístico principal, incluso para las actuaciones de promoción pública de vivienda. Ello impacta de modo negativo en la ciudad en la medida que favorece la especulación en manos del sector privado, produce segregación residencial y desigualdad en el acceso al suelo puesto que amplios sectores quedan fuera del mercado formal. Lo cual se tradujo en la conformación de áreas diferenciadas dentro de la ciudad agudizando la separación entre sectores sociales. A partir del 2003, en Argentina en virtud al crecimiento económico que se produce con posterioridad a la crisis 2001-2002, el Estado Nacional retomó los planes de vivienda a fin de dar solución al problema habitacional haciendo hincapié en programas de relocalización, radicación y regularización dominial de villas y asentamientos informales, articulando con trabajo cooperativo que implicaba la intervención una medida conjunta con el problema de desocupación. A las existentes políticas habitaciones de construcción de viviendas ejecutadas por los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV), se sumaron un conjunto de políticas sociales que articulan programas de diversos órdenes, nacional, municipal, provincial y del IPV. (Argentina Trabaja, Municipio+Cerca, PROMEVI, PROMEBA, etc) enlazando la problemática habitacional a la social. Sin embargo estas medidas no revierten el sentido dominante que poseen las políticas públicas en materia de vivienda (del Río y Duarte, 2012) puesto que la construcción de viviendas sin 1449 sustento normativo ni planificación 133 , o la consolidación y regularización de asentamientos populares en áreas vulnerables, lejos de mitigar las desigualdades existentes, producen efectos negativos en la ciudad. En este contexto, este trabajo analiza las consecuencias de las nuevas políticas habitacionales en el Área Metropolitana de Tucumán (AmeT), a casi 10 años de implementación de un conjunto de medidas sociales específicas, en teoría tendientes a la equidistribución del acceso al suelo urbano. Abstract In Latin America, the implementation of neoliberalism as an economic system has led to a development model with high heterogeneity and socioeconomic inequality. The adoption of policies of liberalization, deregulation and economic flexibility, along with the withdrawal of the state of urban management, major changes occurred in the cities. In the hands of great social and demographic change, urban areas experienced rapid development, uneven economic growth in the distribution of income, rising unemployment and high levels of urban informality. Framed in this reality, the production of urban space, was carried out by the management of three social actors: 1.The real estate market; 2 and 3 the national state informal settlements. Of these, the state plays a key role in building the city damming or restricting the development of certain areas either through action (implementation of public policies, regulations, etc.) or omission. Therefore, in a context in which the lack of planning continues, the lack of a framework defining how land occupation imposes the logic of urban real estate market as the main criterion, even for actions of public housing development. This impacts negatively on the city to the extent that speculation favors the private sector, produce residential segregation and inequality in access to land as large sections remain outside the formal market. Which results in the formation of distinct areas within the city exacerbating the gap between social sectors. In Argentina, under the economic growth that occurs after the 2001-2002 crisis, the Federal Government returned home plans to solve the housing problem but with a twist to the social, to meet the needs of the most vulnerable sectors of society. From being solely residential construction (turnkey system) executed by the Provincial Housing Institutes (IPV), policies will be passed to a set of social policies that articulate programs of various orders, domestic, municipal, provincial and IPV. (Argentina Works, Municipality + Close, PROMEVI, PROMEBA Law Pierri implementation of regularization, etc.) that link to social housing problems. However, this has not had the expected results in relation to urban problems. While the need for regional planning was promoted through the PET National and Provincial (Regional Strategic Plan), all implemented programs were developed without proper 133 A pesar que se promovió desde el Estado Nacional, la necesidad de planificación del territorio a través del PET (Plan Estratégico Territorial) Nacional y Provincial, todos los programas implementados se desarrollaron sin un marco normativo. 1450 management tools to define the criteria for the consolidation and development from the Federal Government city and thus ended conspiring against it, as a stage of collective life. The lack of training of local technicians, the use of these programs clientelitas purposes by local politicians and rampant corruption, contributed to aggravating the observed trends. This suggests that the construction of new housing or consolidation or regularization of squatter settlements in vulnerable areas without legal justification and planning, far from mitigating the inequalities, negative effects on the city. Under this hypothesis, this paper analyzes the impact of new housing policies in the Metropolitan Area of Tucumán (AMET), nearly 10 years of implementing a set of tending to the equal distribution of access to urban land social measures. It is concluded that the actions taken by the State produced an increase and consolidate the processes of fragmentation and emerging socio-spatial segregation of Tucuman AMET. Contexto histórico de las políticas habitacionales en Argentina En Argentina, durante las décadas del 50-60 se impuso un modelo de desarrollo basado en la teoría de la modernización 134 que tuvo como ejes el desarrollo nacional y la diversificación industrial tendiente a lograr la sustitución de importaciones 135 . El Estado cumplía el importante rol de velar por los intereses públicos y era quien tenía la capacidad de interpretar las necesidades de la población y plasmarlo con el desarrollo del territorio, comportándose como un actor activo en la redistribución de los bienes sociales, entre ellos la vivienda considerada como un derecho para la población. Bajo este denominado “Estado de Bienestar” el país tuvo un nivel aceptable de desarrollo, el PBI más alto en América Latina y ofrecía a nivel social una buena integración socioeconómica de la población, movilidad social, una clase media muy expandida, y la permanente incorporación de los pobres al mercado de trabajo (Gómez López, 2000). Como efecto no deseado de este paradigma de desarrollo, este período se caracterizó por grandes migraciones de la población rural hacia las ciudades, a raíz de la disminución de la demanda de mano de obra ocasionada por la alta tecnificación del campo y de la fuerte atracción que ejerció la instalación de industrias en las áreas urbanas. Ello se tradujo en un acelerado proceso de crecimiento de las ciudades que llevó a una mayor demanda de vivienda y a un consecuente incremento del déficit habitacional, alcanzando a la gran mayoría de la población durante este período. Para hacer frente al déficit habitacional, se crea en 1972 el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) y posteriormente en 1973 el Instituto Nacional de la Vivienda. Esta institución, dependiente del Ministerio de Bienestar Social tuvo como objetivos la formulación y desarrollo de programas de viviendas y el manejo y administración del FONAVI. Con posterioridad, en 1977 se sanciona la Ley FONAVI Nº 21.581 planteando la descentralización de estos recursos, que pasaron a ser administrados por los 134 Wagner define modernización como “el pasaje de sociedades tradicionales preponderantemente agrarias y ruarles a sociedades modernas preponderantemente industrializadas y urbanas” (Fernández Wagner, 1999). 135 “En la Argentina se ha aceptado casi unánimemente que la sustitución de importaciones se inicia con posterioridad a la crisis de 1929, debido a las modificaciones en el comercio internacional…El efecto de tal proceso fue el surgimiento de industrias livianas orientadas a sustituir las importaciones que entonces el país no podía costear” (Paolasso, 2004: 80). 1451 Institutos de Viviendas de cada provincia, quienes se encargaron de relevar las necesidades habitacionales en sus distritos y confeccionar los proyectos, licitar, administrar y controlar las obras. Durante esta período hasta 1989, se aplicó en el país una política habitacional, denominada convencional (Barreto, 2012) la cual tuvo el triple objetivo de generar empleo, sostener la industria de la construcción y realizar viviendas de bajo costo para cubrir el déficit existente. Esta política se caracterizó por la construcción de viviendas colectivas en grandes conjuntos habitacionales, con una alta densidad y mediante el sistema denominado “llave en mano”, es decir vivienda terminada. (Wagner, 1999) La inversión se llevó a cabo mediante dos fuentes de financiación, el Instituto Nacional de Viviendas que administró los Fondos Nacional de Viviendas (FONAVI) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN) creado en 1886 (Gómez López, 2000; Barreto, 2012). Cada uno de ellos destinados a distintos sectores de población: aquellos con capacidad de ahorro pero que requerían financiamiento a largo plazo, serán atendidos por el BHN obrando de esta manera como banca pública con fin social y a los sectores de población con recursos insuficientes para acceder a las operatorias del BHN se les destina el FONAVI. Esta política dio acceso a la vivienda a los sectores más bajos de la escala de asalariados formales 136 que no podían acceder por medios propios a una vivienda en el mercado, pero no alcanzó a los más pobres, los que vivían en asentamientos irregulares o en viviendas precarias que fueron los excluidos de las políticas públicas. Hacia finales de la década de los 1980, se produjo una profunda crisis política que afectó directamente a la construcción de vivienda y produjo la progresiva extinción de los capitales dirigidos a la inversión inmobiliaria con fines habitacionales, hundiendo al sector en una prolongada crisis y paralización. La oferta pública se filtró hacia “arriba” hacia sectores sociales con mejor capacidad adquisitiva mientras que las acciones públicas dirigidas a atender las necesidades habitacionales de la población pobre tuvieron un carácter parcial y coyuntural y no llegaron a proyectarse como políticas oficiales, debido a que estuvieron enfocadas más a estimular la actuación de las empresas contratistas que en ofrecer una respuesta al acceso a la vivienda de los sectores populares. (Yujnovsky, 1984). Con la llegada de la globalización y la imposición del neoliberalismo en la década del 90 en Argentina, se producen grandes cambios estructurales en estrecha vinculación con las tendencias económicas a nivel mundial. Estas transformaciones iniciaron una nueva lógica de distribución y calificación de los espacios urbanos y del hábitat (Castells, 1996). Desde el punto de vista territorial se agudizaron los desequilibrios regionales y la configuración espacial centralista e inequitativa pues las inversiones en infraestructuras y equipamientos se concentraron en las regiones económicamente competitivas abandonando aquellas consideradas económicamente inviables. La consolidación de este modelo, se produjo durante la administración de Menen (1983-2001) donde se implementaron la reforma del estado, la desregulación económica, la privatización y concesión de empresas estatales y servicios públicos, y la estabilidad monetaria. Junto con la privatización de los servicios se produjo el debilitamiento de las políticas públicas dominantes en las décadas anteriores. Alejado del Estado de Bienestar, el Estado disminuyó sus acciones directas sobre el territorio y pasó a actuar como promotor del mismo, según las necesidades 136 La exigencia de la contribución del 5% de las remuneraciones y del 20% para autónomos, excluye del sistema aquellos que no participan de un empleo formal. 1452 del capital privado que se convirtió en el principal actor del proceso de producción y reorganización del espacio. (Ciccolella, 1999). De esta manera, dejó de ser un productor de viviendas y se transformó en facilitador de un sistema habitacional donde la vivienda dejó de ser un derecho social y se transformó en un bien de acceso por el mercado. (Barreto, 2012). El concepto de planificación urbana se debilitó, priorizándose la visión económica antes que la función social. El Estado ha dejado de ser el protagonista del hecho urbano y de su relación con los privados aparecen nuevas formas de gestión y producción del suelo urbano, donde el sentido del interés público surge de la concertación de intereses y presiones entre actores públicos y privados. El accionar público nacional se reinicia, en un marco de privatización de las acciones, de desregulación de la industria de la construcción, de reactivación del crédito hipotecario de largo plazo, apoyado por la estabilidad monetaria y un fuerte incentivo hacia el sector privado que se tradujo en el fortalecimiento de aquellos grupos insertos en el nuevo escenario económico. También se produjo una nueva organización administrativa, donde se descentralizaron las competencias hacia gobiernos provinciales y municipales, creándose el Consejo Nacional de la Viviendas (Ley 24.464/1995) que federalizó la política habitacional. Asimismo, se reformó el FONAVI en algunos aspectos tales como la tenencia de las viviendas (se estimuló la propiedad privada), las tipologías utilizadas (se dejaron de construir grandes conjuntos de viviendas colectivas, para impulsar pequeños conjuntos de viviendas individuales) y la incorporación del capital privado en la financiación de programas, los cuales pasaron a ser cofinanciados. Las acciones implementadas llevaron a una disminución del déficit habitacional, pero sin embargo, amplios grupos sociales urbanos y rurales se mantuvieron excluidos del acceso a las facilidades habitacionales tanto del mercado privado como de la oferta pública. En ello, ha influido proceso de empobrecimiento de la clase media, la precarización del empleo, la devaluación de los salarios y el aumento de la marginalidad. Según Barreto, lo novedoso de las reformas en la política habitacional de los años 90 fue la creación de una serie de programas nuevos fuera de la estructura tradicional del FONAVI con el financiamiento de organismos internacional de crédito (BID, Banco Mundial, etc). Estos impulsaron acciones no convencionales hasta entonces, tales como regularización dominial de tierras, provisión de infraestructura, urbanización de villas y asentamientos, mejoramientos de viviendas precarias, implementadas en el marco de nuevas políticas sociales destinadas a la creciente pobreza que surgió de los ajustes estructurales. Esta nueva política operó desde el paradigma del desarrollo social, con una concepción más multidimensional y heterogénea de la pobreza, fomentando la participación de los destinatarios. Algunos gobiernos provinciales, a través de la nueva estructura descentralizada del FONAVI también implementaron programas similares. Con la crisis 2001-2002, la obra pública se paralizó. Las provincias utilizaron los recursos del FONAVI para pagar los sueldos. Las obras se paralizaron en consonancia con una gran inmovilización financiera. Fue entonces que…en un marco de duros indicadores sociales 137 , con 54% de la población bajo línea de pobreza, con niveles records de desempleo, y precariedad laboral, el estado 137 Según Censo 2001(INDEC) de 310.000 hogares en la provincia de Tucumán, 103.000 hogares están categorizados CALMAT III y 28.000 CALMAT IV. Lo que quiere decir que aproximadamente el 40% del parque habitacional es deficitario. 1453 lanza una política de obras públicas tipo neo-keynesiano, la cual incluía un importante programa de construcción de viviendas sociales (Wagner, 2010: 18). A partir del 2003, el nuevo gobierno decidió dar un giro respecto a las políticas públicas, las cuales se focalizaron a partir de entonces en las franjas sociales más desfavorecidas, propiciando una serie de políticas destinadas a la recualificación de los hábitats. Por este motivo, un importante número de los programas que se aplicaron estuvieron destinados al mejoramiento habitacional de los sectores excluidos del mercado inmobiliario, mediante acciones destinadas a la dotación de infraestructura, las urbanizaciones de las villas, la recuperación, rehabilitación o completamiento de las instalaciones, y la regularización de las condiciones dominiales de terrenos. Otro giro consistió en la incorporación para la ejecución de obras, a los sectores no formales de la construcción tales como las cooperativas formadas por beneficiarios de Planes Sociales, cuya formación se alienta. Estas políticas se llevan a cabo comandadas desde la Secretaria de Obras Publicas de la Nación bajo un sistema descentralizado en el que las provincias a través de sus institutos son las que brindan asesoramiento y articulan los programas con las cooperativas brindando apoyo técnico. De este modo, el gobierno nacional vuelve a adquirir un rol activo a través de la implementación de los Programas Federales de Vivienda (PFV) implementados a partir del 2004, los cuales tuvieron la triple finalidad de movilizar la economía, el mercado de construcción y la capacidad de generar empleo genuino (Wagner, 2012), e incorporaron un rol asociativo entre el sector público junto al comunitario en la gestión y ejecución de proyectos o programas habitacionales. Cambios y continuidades en la política habitacional a partir del 2003 Como se mencionara anteriormente, a partir del 2003, se produjo un cambio en las políticas habitacionales. El programa FONAVI, iniciado en el año 1977, continuó implementándose aunque con menor importancia, debido a la ejecución de nuevos programas con un enfoque más social. Estos programas 138 están explicitados en el cuadro Nº 1 138 FUENTE: www.viviendas.gob.ar 1454 Cuadro Nº1. Síntesis de los planes implementados a partir de 2003. PROGRAMA AÑO INICIO DESTINATARIOS REQUISITOS OBJETIVOS FONAVI 1977 Brindar acceso a las viviendas a aquellos sectores de población de menores recursos REACTIVACION I Y II 2003/2 004 Población sin viviendas Sin acceso al Crédito. Vivienda única. Nivel ingreso mínimo Reactivación de los planes financiados FONAVI que están paralizados. Inserción de mano de obra desocupada. PROGRAMA FEDERAL I 2003 PROGRAMA FEDERAL II 2003 Hogares de bajos recursos Nivel ingreso mínimo Reactivación del sector habitacional. Disminuir el déficit habitacional. Generar empleo. Mejorar la calidad de vida de los hogares FED SOLIDARIDAD 2004/ 2005 Regiones más castigadas del país. Provincias más afectadas por la desocupación. Sectores con mayores niveles de pobreza y mayor NBI. Carecer de vivienda Ingresos mínimos. Satisfacer las necesidades habitaciones de los sectores más pobres del país. Generar empleo para superar la crisis laboral y social PROMEVI Sectores que requieren terminación o mejoramiento de vivienda Ingresos mínimos Cubrir las necesidades de las viviendas localizadas en terrenos no inundables que requieran: terminación, ampliación o refacción. EMERGENCIA HABITACIONAL 2003 Hogares con ingresos por debajo del nivel de indigencia. Grupos vulnerables en situación de emergencia o marginalidad. Ser beneficiarios del Plan Jefes/Jefas hogar o desocupados. Integrar una cooperativa de trabajo. Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat, vivienda e infraestructura básica. Generar la inclusión social de desocupados y beneficiarios del programa Jefas/jefes hogar mediante la formación de cooperativas. Mejorar simultáneamente el problema habitacional y brindar una salida laboral. PROMHIB Grupos vulnerables en situación de emergencia o marginalidad de pequeñas poblaciones, áreas rurales o comunidades aborígenes Mejorar las condiciones del hábitat de poblaciones de áreas rurales y urbanas de pequeñas y mediana escala. Facilitar el acceso a la vivienda básica o el completamiento de viviendas recuperables. Mejorar la infraestructura comunitaria. PROMEBA 1997 Segmentos más pobres de la población: villas emergencia, asentamientos, barrios precarios. Estar en tierras con factibilidad de regularización. Tener NBI y bajo líneas de pobreza. Mejorar la calidad de vida. Contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares pobres. Mejorar el hábitat de la población que reside en villas y asentamientos irregulares. Consolidar a la población en el lugar que habitan Disminuir los niveles de pobreza, hacinamiento y riesgo ambiental. Mejorar las condiciones sanitarias generales de la población PROPASA 1999 Pequeñas municipalidades y comunas rurales y núcleos periféricos Provisión de: agua potable, construcción de plantas de tratamientos, desagües cloacales, planta de efluentes cloacales y realización de equipamientos de mitigación. PROSOFA 2003 Población de departamentos de frontera, Población con NBI 40% Cubrir las necesidades en las siguientes categorías: saneamiento básico; agua potable; salud; educación y uso comunitario. PROCREAR 2012 Población de clase media. Ingreso mínimo familiar. Ingresos en blanco Atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio nacional. Impulsar la actividad económica a través del incentivo a la construcción de viviendas y su efecto dinamizador. Generar empleo en todo el país mediante mano de obra directa e indirecta. 1455 EL CASO DE TUCUMAN Características del área de estudio El área metropolitana de Tucumán (AmeT), considerada por diversos investigadores una ciudad intermedia de Argentina (Mansilla, 1997; Mertins, 2000; Paolasso, 2011), es la cabecera de la región del NOA Argentino, ocupando el sexto lugar a nivel nacional y es la ciudad de mayor jerarquía del territorio provincial. Contiene una población que ya alcanza el millón de habitantes (INDEC, 2010) sobre una superficie aproximada de 18.000 ha y presenta una elevada densidad de población (50Hab/km2). Se encuentra en un proceso de metropolización, involucrando desde el punto de vista de la gestión territorial un conjunto de administraciones diversas (en este área intervienen seis municipios y veinte Comunas Rurales) caracterizadas por disparidades, superposición de responsabilidades y competitividad entre ellas. Al igual que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la expansión urbana del AmeT se ha desarrollado de modo acelerado, sin planificación ni instrumentos normativos en la gestión del suelo. El análisis de la expansión del área Metropolitana de San Miguel de Tucumán entre los años 1972 y 2010 muestra un gran incremento del suelo urbano, donde la ciudad, paso de 6349 ha de suelo urbano a 18150,77 has en 38 años lo que supone un área de incremento metropolitano de 11.801,77 ha (Gómez López et al, 2010). Las políticas habitacionales implementadas en el área de estudio En Tucumán, el organismo estatal promotor de políticas y programas habitacionales es el Instituto Provincial de Vivienda - IPV, que fue creado en 1969 a partir de la Ley Provincial Nº3.619, como entidad autárquica dependiendo del Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Bienestar Social. Del total de suelo urbanizado en el AmeT, se puede observar que el suelo producido por promociones públicas de vivienda alcanza, desde 1972 a 2010, las 1024,94 139 has. En el accionar del estado existen distintas etapas a partir de la creación del IPV. En una primera etapa las políticas habitacionales se llevaron a cabo mediante conjuntos habitacionales de tamaño diverso 140 , donde se pueden distinguir desde grandes polígonos de viviendas colectivas hasta pequeños conjuntos de viviendas individuales, concretadas mediante el sistema denominado “llave en mano” es decir vivienda terminada. En cuanto la elección de las localizaciones, las actuaciones públicas promovieron la urbanización de áreas y sectores periféricos, generalmente con problemas ambientales y de accesibilidad. Ello incidió en el crecimiento de la mancha urbana imponiendo un uso muy extensivo de la misma, desarrollando una periferia con densidades bajas. En esta etapa, las actuaciones públicas estuvieron destinadas a dos sectores sociales claramente diferenciados: 1. Clase media y media alta, que pueden acceder a un crédito, demanda cubierta en principio por el BHN y por los bancos privados sobre todo a partir de las medidas de liberalización del mercado hipotecario. 2. Sectores de menores recursos que no puede acceden a créditos privados fundamentalmente a través del Instituto Provincial de la Vivienda. 139 Gómez López et al. 2010 140 Gómez López. 2000 1456 A partir del 2003 se produjo el cambio en el rumbo de las políticas públicas, con lo cual los nuevos planes que se implementaron se focalizaron en los sectores más desfavorecidos, con la finalidad principal de la recualificación de los hábitats. Los programas en su mayoría estuvieron destinados a la dotación de infraestructura y a las urbanizaciones de las villas, buscando la recuperación, rehabilitación y mejoramiento de las viviendas y sitios de emplazamiento de las mismas. Otro aspecto importante fue la regularización de las condiciones dominiales de terrenos. Para ello se utilizó como mano de obra a los beneficiarios de Planes organizados mediante cooperativas. De los nuevos planes nacionales que ya fueron mencionados anteriormente, en la provincia de Tucumán se aplicaron los siguientes:  PROGRAMA FEDERAL  PROGRAMA DE REACTIVACIÓN FONAVI I Y II  EMERGENCIA HABITACIONAL:  SOLIDARIDAD HABITACIONAL:  PROMEVI  PROMEBA y complemento PROMEBA. También se implementaron los siguientes planes:  PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.  PROGRAMA ARRAIGO.  PROCOVI. Programa Federal de Construcción de Viviendas.  PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL Figura 1. Localización de obra de vivienda pública Fuente: Datos del Instituto Provincial de Vivienda de Tucumán, año 2013