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Las identidades internacionales de Venezuela y sus comunicaciones con el mundo bajo el Socialismo del Siglo XXI. Diplomacia Pública Bolivariana 1999-2013

Canelón Silva, Agrivalca Ramsenia

Abstract

A partir de la revisión del discurso de política exterior y las prácticas de diplomacia pública apuntaladas durante la gestión gubernativa del extinto presidente Hugo Chávez entre los años 1999 y 2013, se analizan las identidades y la comunicación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pivotada sobre la proyección regional del modelo político del Socialismo del Siglo XXI. Para ello, se apela al concepto del Brand State (van Ham, 2001), examinado al tamiz de los instrumentos del hard power (recursos económico-petroleros), del soft power (recursos político-ideológicos) y del social power (recursos para la cooperación social), con resolución en una lógica comunicacional de triple riel: 1) La vertiente “pragmática”, léase los canales tradicionales para las relaciones Estado-Estado; 2) La vertiente “desde abajo”, vale decir las relaciones Estado-ciudadanos de cara a “cautivar su corazón y sus mentes” en función del patrocinio de los valores de la sociedad socialista con el apoyo activo de grupos de izquierda y movimientos sociales solidarios con la Revolución Bolivariana; y 3) La vertiente “opinática”, articulada, por un lado, en la producción y la gestión informativa a través de plataformas alternativas de medios de comunicación social, siendo particularmente emblemática la cadena panlatinoamericana TeleSur, y, por el otro, en la motorización de los vínculos del Estado venezolano con personalidades extranjeras del ámbito político, social, académico y religioso merced los buenos oficios de la Venezuelan Information Office (VIO) vía Relaciones Públicas, cuando no del Lobby o Cabildeo. En este sentido, a tenor de un método construccionista que involucra una incursión de tipo documental guiada por un hilo contextual-historiográfico combinada con análisis de contenido de noticias de la sala de prensa alojada en la página web de la Cancillería de Venezuela y entrevistas a expertos en Identidad-Imagen País, Diplomacia Pública, Comunicación Gubernamental y Relaciones Públicas Internacionales, el estudio privilegia un abordaje instalado en el escaño anterior a la política exterior, a saber el plano de la política doméstica, en tanto encarnación del locus en el que se definen las identidades, los intereses y los comportamientos que los actores ponen en juego en la arena internacional (Dufour, 2009).

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UNIVER SIDAD D E MÁLAGA FAC ULTAD DE CIENCIAS D E LA COMUNICA CIÓN DEPA RTAMEN TO DE COM UNICA CIÓN AUDIOVISUAL Y PU BLICIDAD TE SIS DOCTORAL Las identidades internacionales de Venezuela y sus comunicaciones con el mundo bajo el Socialismo del Siglo XXI. Diplomacia Pública Bolivariana 1999-2013 DOCTOR AND A Agrivalca R amsen ia Canelón Si lva DIRECTOR ES Dr. D . Antonio Castillo E sparc ia Dra. Dña. A na Belé n Fernánde z Souto Málaga, 20 15 AUTOR: Agriv alca Ram senia C anelón Si lva http://orcid.org /0000- 0002- 6368- 5268 E DI T A: Publi cac iones y Di v ulgación Cien tífica. U n iversid ad d e Málag a Esta ob ra es tá bajo u na l ice ncia de Cr eativ e Com m ons Reco noc im iento - NoC omercia l - SinObraDer ivada 4.0 I nternacional: Cualqu ier pa rte de e sta obra se p uede rep rodu cir si n au toriz ación pero con el reconocim iento y at ribución de los autores. No se puede ha cer uso comerc ial de la ob ra y n o se pu ede a ltera r, tran sfo rm ar o h acer obr as derivada s. http :/ /cre a tive com m ons.org /licen ses/by - nc -nd/4.0/legalcode Esta T esis D octor al está de positada en e l Reposi torio I nstitucion al de la U niversid ad de Málag a (RIU MA): ri um a.um a.es DEDICA T O RIA A Dios Todopoderoso, porque en los momentos de ag obio, duda y de sfallecimiento, clamé y vino en mi auxilio. ¡Toda la gloria sea para él! A mi Viejo, por su eterna y cálida presencia, como la llama de una vela. A mis padres, Juan Valentín Canelón y Ag ripina de Jesús Sil va de Ca nelón, y a mi hermana, Mary de l Carmen Canelón Silva. A pesar de la distancia, ¡somos y seg uiremos sie ndo cuatro en un solo tronco! A mi abuela, María de la Paz Silva, por brindarme su fortale z a espiritual. A mis abuelos Reg ina del C armen Cane lón, Vícto r Manuel Herrera, Sinforoso Viera , y a mis primos Carmen María Pére z Torres y José L uis Pé rez Silva... ¡se les extraña! A Normita…¡un paso má s en el ca mi no, a veinte años de tu partida! A mi querida Venezuela…lejos de ti he apre ndido a quererte como te mereces. ¡Me siento profundamente org ullosa de que seas mi terruño! Tributo a la memoria de l Dr. Simón Alberto Consalvi, Canciller de la República de Vene zuela Santa Cruz de Mora, Mérida, 7 de julio de 1927 Caracas, Distrito Capital, 11 de marzo de 2013 AGRADECIMIE NT OS A los profesores Antonio Castillo y Ana Almansa, por su amistad, entusiasmo y a compañamiento. Al Consejo Editorial de la secc ión M undo del diario El Nacional, por ser la cantera de la cual brotó la idea de emprender esta investigación. A la revista Comunica ción. Estudios venezolanos de la Comunicación, entre cuy as páginas y debates de su Consejo Editori al comenzaron a madurar las idea s para encauzar la reflexión. A todos los entrevistados, por su tiempo y dispo sición a colaborar. A la Dra. Ana María Pérez Guerr ero, por su optimi smo, ge nerosidad, calidad profesional, don de gente y pa labra alentadora. Universidad de Málaga Antonio Castillo Esparcia, Prof esor Titular de Universidad adscrito al Departa m ento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga y Ana Belén Fernández Souto, P rof esora Titular de Universidad ad scrita al Departamento de Comunicación Audiovisual y P ublicidad de la Universidad de Vigo. INFORMAN: Que Agrivalca Ramsenia Canelón S ilva ha realizado bajo su supervisión la Tesis Doctoral titulada Las identidades internacionales de V enezuela y sus comunicaciones con el mundo bajo el Socialismo del Siglo XXI. Diplomacia Pública Bolivariana 1999-2013. Revisado el presente trabajo, AUTORIZA N su presentación en la Universidad de Málaga por estimar que reúne todos los requisitos formales y científicos pa ra la obtención del título de Doctor c onforme a la legislación vigente. Y para que así conste, firman el presente informe y prestan confo rmidad a la presentación de dicha Te sis, en Málaga a 7 de noviembre de 2015. Fdo. Antonio Castillo Esparcia Fdo. Ana Belén Fernánde z Souto 2 ÍNDICE GENER AL Resumen (Abstract)………………………………………… .. …………………………….. 8 Introducción………........................................................... .................................................10 BLOQUE I. El Problema.....................................................................................................17 1.1. Planteamiento del Problema… ........................... .....................................................18 1.2. Objetivos de la Inve sti g a ción...................................................................................47 1.3. Justificación..............................................................................................................48 BLOQUE II . Marco Teórico........................................................ ......................................108 Capítulo I Relaciones Internac ion ales, Identidad e I m agen…………............... ............................109 1.1. Estado-nación y c omuni dades imaginadas ............................................................120 1.2. Ideolog í a, representaciones sociales y discursos de identidad...............................135 1.3. Poder y política exterior: entre lo tangible y lo intangible.......... ............................145 1.4. Identidad: comunicarla, refe r enciarla, experimentarla......................................... ...160 1.5. Imagen: la tensión en tre la producción y la recepción........................................... .174 1.6. Gobernar el Estado, ¿g ob ernar la imagen?............. . ................................................ 188 3 Capítulo II Diplomacia Pública y Co municación Inter n acional………….. .....................................198 2.1. Diplomacia: una práctica de vieja data…....................... ......................................... 209 2.2. La Cancillería: estructura y funciones…………… ……………...... .......................218 2.3. La nueva diplomacia: diplomacia pública…………… ... …... .................................230 2.4. Diplomacia pública: información, comunicación estratégica y relac iones …… .....243 2.5. Diplomacia, Relac iones Públi cas y Propaganda: deslindando pa rentescos… ... … .271 2.6. Medios de comunicación y a genda pública de de bate internacional........... ............284 2.7. Diplomacia mediática : la políti ca exterior hecha espec táculo........................ ........295 2.8. Abriendo la caja negra: diplomacia 2.0 y gabinetes de comunicación...................314 BLOQUE III . M arco Metodológico............................................. ......................................328 3.1. Paradig m a y Método de Investigación ............................................................... ....329 3.2. Diseño y Tipo de I nvesti gación............................................................................... 336 3.3. Corpus de la Inve sti g ació n......................................................................................344 3.4. Técnica s e I nstrumentos de Recolección de la I nfo rmac ión........................... ........375 3.5. Técnica s de Procesamiento y Análisis de la I n formación...................................... .385 BLOQUE IV. Marc o Contex tual: Análisis Docume ntal................. ....................................425 Capítulo I Lineamientos de Política Exterior de la Re pública Bolivariana de V enezuela… ... ….. .426 1.1. Venezuela: el forjamiento de una identidad............................................................429 1.2. Cronología de la política ex terior de Ve nezuela 19 58-1998...................................440 1.3. El cambio hacia la Diplomacia Bolivariana……….……........ ...............................468 1.4. Primera etapa de la D ipl omacia Bolivariana: 1999 a 2004.....................................480 4 1.5. Se g unda etapa de la Dipl omacia B oliva riana: 2004 a 2007..................................519 1.6. Tercera etapa de la Diplomacia Bolivariana: 2007 a 2013............................. .......542 Capítulo II Identidades I nte rnacionales de Venezuela…………… ………......... ...........................591 2.1. Venezuela: una identidad interna cional antiestablishment …... .............................592 2.2. Venezuela: potenc ia dem ocrá ti ca , prota g ónica y p articipativa……… . ……....... ..617 2.3. Venezuela: potenc ia petrolera y e conómica ………………..... ..............................652 2.4. Venezuela: potenc ia integradora de América Latina……..………………......... ...751 2.5. Venezuela: potenc ia mili tar……………………………… .. …………… . ……….. 807 Capítulo III Comunicación Inter nacional de V en ezuela………...……… . ……………..……......... 849 3.1. La Mar ca Gobierno Bolivariano………….................................... .........................850 3.2. El líder ícono y l as giras presidenciales……………………................... ...............933 3.3. La Franquicia Bolivariana………………………….……................. .....................939 3.4. La internacionalización de las misiones sociales…………............... .....................972 3.5. Cancillería, lobby y Relaciones Públicas...………………............ .......................1021 3.6. Una plataforma mediática ad- hoc …….………… ………................. ...................1098 BLOQUE V. Aná lisis… …………............ .......................................................................1159 5.1. Análisis de las noticias publicada s en la s ala de prensa virtual de la p ágina web del Ministerio del Poder Popular para Rela ciones Ex teriore s de la República Bolivariana de V en ezuela ……………………………… ................................... ..1160 11 ello con el ánimo de emitir señales posit ivas, fundadas e n indicadores que reflejen el comportamiento de la economía nacional y su ta lante competitivo, entre otras variables. Siguiendo est a línea, a l decir del ex perto Philip Kotler (1998 : 48), en la actualidad el meollo de l a c reación de riqueza reside t anto en el análisis como en la atinada gerencia de la cartera de capacidades na cionale s (cultura, a ctitudes y va lores, cohesión social, organización industrial y liderazgo polí tico de l gobierno). De ahí q ue, a su jui cio, corre sponde a los responsables de la formulación de las políticas públicas de desarrollo económico, conjuntamente con las empresas y los diversos g rup os socia les, la config uración de una visión estratégica en torno a qué es el país y cómo cana lizará sus esfuerzos en pos de la consecución del éxit o en el merca do competitivo global. Ateniéndose a esta afirmación, e n síntesis cabría afirmar qu e, ho y por hoy, las imáge nes de los países se mueven bosquejando un mapping de posicionamiento en la escena internacional, en clave este donde la g estión proactiva de la marca y la reputación corpora tiva constitu y e n un nudo c rítico par a co mpetir, en una suerte de asim ilación teórica con las disquisi ciones l abradas po r J oan Costa en torno al constructo de la ima g en de la organización, extrapoladas a los efectos de este planteo al ámbito territoria l. En atención a est a tendencia, la Estrategia d e M arc a -País (EMP) emerge como un soporte estable de alta sensibili dad y de valor agregado que a y ud a a identi ficar, en la mente de los públicos actuales o potenciales (consumidores, inversionistas y col ectivo en genera l), una denominación geogr áfic a. Sin embargo, en el seno de esta premisa también sub y ace el reconoc imiento d e la importancia que implica la gestión de la ima gen y la r eputación de los Estados en su condición de acto res por excelencia del sis tema internacional, de donde s e sigue el int eré s profesio nal y académico por abo rdar la temática c entral de la Diplomacia Pública, dimensión en l a que gravita el manejo de la información y l a opinión pública nacional y extranjer a. No en balde, S alvador Mercado (2002) reconoce a los Estados en tanto sujetos de relaciones y alude a la imagen externa en el sentido de la buena opinión que sobre una determinada instancia estatal se tenga en el exterior, con la consabida inf luencia que ello supone sobre la vida política y económica del paí s. Huelga encontrar aquí el motivo por el cual muchas naciones s e preocupen por el diseño y la puesta en marcha de programas 12 internacionale s qu e sub rayan el sitial hegemónico que los pro cesos d e comunicación ocupan en una doble vertiente: la infor mación y la persuasión. Ciertamente, en palabras de Oviamionay i (2004: 216), la era global de las comunicaciones demarca una nueva dipl omacia que poco o nada luce reflejada por las modestas campañas d e i nformac ión d e antaño. Mu y por el contr ario, c on el tr ansitar del tiempo, la especialización de la profesión diplomática ha d esembocado en la incorporación de estrategias originales por parte d e los gobiernos sober anos (programas c ult urales y educativos, por ejemplo), en pos de defender su política exterior y promo cionar la im agen de su país ante sus homólog os y los públi cos activos propios y foráne os. Es así como el S ervicio Ex terior trasciende, con mucho, el ejercicio de u n gobierno de turno, toda vez que en el entramado de su labor profesional los aspec tos alusivos al público y la relación configuran un binom io indisoluble y sensible por l o que atañe a l a conducción de los asuntos de polí tica exterior de las naciones, lo que sin duda ha devenido en una transformación radical de la naturaleza y el espíritu de la diplomacia tradicional, hasta el punto de conferirle el seño de una acción eminentemente comunicativa y abierta al amparo de una fuerte mediatización de la escena internacional. Precisamente, en el recorrido del conjunto sucinto de reflexiones esbozadas hasta este cauce, se pe rfilan las aristas que confieren vu elo al presente trabajo de investigación, el cual lleva por título “Las identidades internacionales de Venezuela y sus comunicaciones con el mundo bajo el S ocialismo del Siglo XXI. Diplomacia Pública Bolivariana 1999 - 2013” . A lo largo de sus p áginas se intenta escrutar el caso, si se quiere sui ge neris y a contravía, de un país cu y a id entidad se ha tradu cido, durante los últimos dos dec enios, en impresiones atadas a una sit uación política inestable, aderezada por una buena dosis de polarización social y , sobre todo, por la fragilidad de su tejido inst itucion al , supeditándose al reflejo positivo, negativo o neutral de los medios masivos d e d ifusión, tribuna ampliamente capitalizada por quien fuera su Primer Mandatario entre los años 1999 y 2013, Hugo Chávez. A no dudar, el estilo de l finado jef e de Est ado venezolano, mu y activo y de alta exposición, rubricó cambios significativos en l a po lítica ex terior del país a p artir d e 2004, como secuela d e su triunfo electoral en el referéndum revocatorio (le g itim idad política), el 13 aumento del precio del p etróleo (disponibilidad de recursos económicos), y la definición de una nueva concepción d e las relaciones “en” y “con” un mundo multipolar (e di ción del document o “El Nuevo Mapa Estra té gico”) . En medio de este estado de cosas, Hugo Chávez desplegó una a g resiva di plomacia basada e n la crítica a las iniciativas de los Estados Unidos en la reg ión, a sab er los postulados del Consenso de Washington y el Acu erdo de L ib re Comercio de las Amé ricas (AL C A). Por contr aste, simultáneamente allanó el camino hacia un p aradigma alternativo merced la p romoción de espac ios de a rticulac ión como la Comunidad Sudamerican a de Nacionale s (ho y Unión Suramericana de Naciones – Unasur-), y en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Otro tanto supuso el ingreso de Venezuela al M ercosur (en detrimento de la CAN y el G-3), el impulso a proy e ctos como Telesur (la alternativa latina a CNN) y el Banco del Sur, la cuantiosa compra de armamento y los nexos con los nuevos aspirantes al poder global, incluidos C hina, Rusia e Irán, sin descontar l os acercamientos con el presidente cubano, Fid el C astro, y con manda tarios como Muammar Gaddafi ( L ibia) y Saddam Hussein (Irak); la “simp atía” con la guerrilla colombiana; y las giras para reactivar las cumbres presidenciales de los miembros de l a Or g aniz ación de Países E xportadores de Petróleo (OPEP), en un afán por rehabilitar el poder de los que detentan las fuentes energé ti cas frente al bloque de consumidores encabezados por los Estados Unidos. Así las cosas, la polí tica exterior venezolana imperante para la d écada d e los 80 y principios de los 90, centrada en el intercambio y los acu erdos de inte g r ación vía libre comercio, dio paso a una retórica de fuerte tono ideológico, en la que la negoc iación fue sustituida por la confrontación ante las diversas f ormas de opresión imperialist as, al vuelo de un halo eminenteme nte “bolivariano”, teñido con un marcado compon ente personalista , que habría de atribuir a Vene zuela y al propio Hugo Chávez un rol de liderazg o en el sistema hemisférico, facilitando la ex portación de l discurso y de la forma r evolucionaria de hacer políti ca en países con alta in estabilidad (p or ejemplo, Bolivia y E cua dor) (Serbín, 2006: 83). Precisamente, es aquí relevante el uso del p etróleo como inst rumento de influencia política, con incursiones al estilo de Petrocaribe, Petrosur y Petroandina; l a suscr ipción del Acuerdo Ener g ético d e Caracas (qu e amplía el financiamiento pr eferenc ial para pro y ectos 14 de desarrollo en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe); amén de la firma de memorandos de entendimiento con Arge ntina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paragua y . (Urbaneja, 2005). A estas acciones se adiciona una tupida red políti co-regional por la vía de la constitución del Congreso Anfictiónico Boliv aria no, aparte de la organización e internacionalización de los Círculos Bolivarianos en su carácter de a grupaciones populares, distribuidas y a no solo por el continente latinoa merica no sino también por Europa y los Estados Unidos. De resultas, V enezuela ha emprendido una intensa gest ión diplomática, en ocasiones sirviéndos e de a ctividades poco convencionales examinadas ba jo el filtro de los instrumentos de la diplomacia pública, y no del todo ex entas de tintes pro pagandísticos, en un esfuerzo de posicionamiento internacional fuertemente ligado al impulso de una a genda política, que no económica, resumida bajo la enseña de la Revolución Bolivariana, y desde el año 2005, el Socialismo del Siglo XX I, desprendiéndose, en adelante, nu evas identidades para e l país al tiempo que la exacerbación de otras. A la guía de esta exposición de motivos, y asumi endo como terreno p ráctico el estudio de la diplomacia pública y la comunicación internacional desplegada por Venezuela al abrigo de las tres administraciones gubernativas ejercidas d e manera co nsecutiva por el presidente Hu g o Chávez entre los años 1999 y 2013, se estimó conveniente canalizar la exposición de los con tenidos a tr atar en este trabajo a ca démico, observando una distribución por apartados, de manera de otor garle coherencia al material y facilit ar su progresiva lectura. A tales efectos, se principia con el bloq ue deno minado “El Problema”, contentivo del planteamiento de la investigac ión; los objetivos (general y específicos) que pretende alcanzar; a sí como también las razones que justifican su realización. De se gunda s, se pr esenta el “Marco T eórico”, en tanto pi lar referencial de pesquisas prece dentes realizadas en torno al tema central y s us vetas asociadas, subdi vidido, a su vez, en dos capítulos, a saber: - Relaciones I ntern acionales, Ide ntidad e Imagen: s e interna en el deslinde conceptual entre la políti ca internacional (el sis tema) y la política exterior (la unidad), poniendo 15 de relieve la incidencia que, sobre la formulación de esta últ ima, ti ene n los factores nacionales y los procesos de índole doméstico ap alanc ados en el discu rso estatal de identidad como forma de comunicación y pro y ección hacia los públicos de int eré s , de donde se si gue el desarrollo de una determinada ima gen d e Estado o personalidad e structuradora de percepciones colectivas en el e ntorno externo. - Diplomacia Públi ca y C omunicación I nt erna cional: finca en la dilucidación en torno a la diplomacia pública, enmarcada en la democratización de los asuntos exteriores y l a globalización mediá tica apuntal ada por la revolución tecnológico -informativa, situación que impele a las Cancillerías, en su condición de principales gestoras de los asuntos públicos de las re laciones ex teriores, a aclimatar su lenguaje técnico habitual, amén de auspic iar la receptividad entre amplios sectores de la población foránea apelando, de su y o, al manejo de la información signada por el “valor noticia” , sin sosla y ar la relación directa con los públicos en una apue sta de más larg o plazo . A continuación, se ofrece el “Marco Metodológico”, con indicación del paradigma y el método de investigación acogidos; las princi pales s eñas en lo atinente al diseño y la tipología del estudio; las ex plicaciones relativas a la selección del corpus de investigación ; la s técnicas e instrumento s destinados pa ra la recolección de los datos; el procedimiento seguido para su aplicación; y , finalmente, la s técnicas para el consabido pro cesamie nto y el análisis de la información recolectada . Posteriormente, y por tratarse d e una inv estigación sobre r epre s entaciones colectivas visadas por propuestas ideoló gica s, s e brinda al lector el “Marco Con text ual” c on los antecede nt es históricos y los principales hitos contemporáneos que definieron el diseño, el desarrollo y la ejecución de los li neamie ntos de la política ex terior de Venezuela durante el período de re ferenc ia, léase el correspondiente al Gobierno Bolivariano encabezado por el fallecido Hugo Cháv ez, observando l as características d el sistema políti co del país suramericano, además de las circunstancias nacio nales e intern ac ionales q ue acompañaron la acc ión de los decisores políticos. Este recue nto es complementado con una aprox imación 16 ge neral a la política, las estrategias y las iniciativas de comunicación evid enciada s a partir de la ac tuación del Gobierno Bolivariano entre 1999 y 2013. El avance se prolon g a c on el apartado dedicado al “Análisis”, ramificado en dos grandes seg mentos: - Análisis de las noticias publicadas en la sala de prensa virtual alojada en la página web institucional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Este arqueo se enca minó a la identificac ión de los principales temas co n “capital info rmativo” , actore s con pe rfilamie nto y rol de vocería, mens ajes difundidos, tipo de eventos diplomáticos auspiciados, y tono de las reseña s (inclinación posit iva, neg ativa o neutral ). - Análisis de las entrevistas en p rofundidad a expertos en Identidad- I ma ge n País, Diplomacia Pública, Comunicación Gubernamental y Relaciones Públicas Internacionales. Consi stió, básicamente, en una exploración de las percepciones y las valoraciones en to rno a Venezuela como país, en la vía de establecer una suerte de “estado de la cuestió n” con respecto a su imagen ex terior, acotando el énfasis sobre la dimensión política. En las postrimerías de la pesquisa se insertan las “Conclusiones” deriva d as tras l a tarea investi ga ti va y el al istamiento de las “Referencias Bibliográficas” señ alada s a lo largo del texto. Como finiqui to, se dejan adjuntos los “Anexos”, con la curríc ula que da cuenta de la tray e ctoria pr ofesional y a cadémica de los expertos consultados, los pr otocolos de las entrevistas aplicadas, aparte de la trans cripc ión de los encuentros so stenidos con los informantes cl ave . Se incluy en aquí las tablas-resumen con los datos extraídos de las noticias sometidas a aná lisi s. 17 BLOQUE I. EL PROBLE MA 18 1.1.- Plantea miento del Proble ma Intentar caracterizar con visión retrospectiva las i dentidades que los dist intos gobiernos de Venezuela h an privilegiado a lo largo d e la etapa democrática ini ciada en el año 1958 con miras a lograr la inserción y el consiguiente posicionamiento del país en el sistema internacional pasa por destacar, en un primer plano, la promoción de los atributos derivados de su ubicación geoe stra tég ic a al norte de Suramérica, presentándolo cu al punto de acces o ideal hacia el resto de América Latina, los Estados Unidos y Europa, con la ventaja adicional de poseer costa en el Mar Caribe y en el océano Atlántico, est ando abier to en simultáneo hacia la Amazonia y los Andes, rasgos físicos estos que, en su conjunto , le hacen acreedor de una reconocida diversidad ecológica (González, 2011: 84). Otro tanto ha si gnifica d o en estas li des la pro y ección internacional de Venezuela con base en un perfil eminentemente ener g é tico apalancado en la existencia y la explotación del recurso petrolero, de donde se h a s eg uido la alta concentrac ión de inversión nacional y foránea orient ada hacia esta área (que r eprese nt a alrededor del 30% del Producto Interno Bruto – PIB- y del 80% de las exportaciones), en desmedro d e otros sectores productivos carentes de un im pulso siquiera semejante, lo que ha generado para el país un halo de dependencia y v ulnerabilidad económica permanente frente a las fluctuaciones de los precios y los volúmenes de despacho del crudo. Mención aparte amerita la lí nea adoptad a en defensa y p atrocinio del mod elo de la democracia como forma idónea de gobierno, derivada a la postre en piedra angular de la agenda de polí tica ex terior, con evidentes réditos en términos del liderazg o y el prestigio capitalizados por Venez uela en el seno de la comuni dad internacional d urante el período puntofijista, alzándose como ejemplo representativo de estabilidad política dentro de la región lue g o de un a hist oria republicana plagada de mandatos dictatori ales desde 1811 y una pausa de apenas tres agitados años democráti cos entre 1945 y 1948 (Kornblith, 1994: 142, citada por Marca no, 2000: 231) 2 . 2 Sobre este particular, merece citarse el libro titulado How D emocracy Triumph ed Over Dictatorship: Public Diplomacy in Venezuela (1994) , escrito por Robert Am er son, quien ofrece u n relato d e pri m era m a no sobre la transición de Venezuela de la dictadura m ilitar a la dem o cracia popular , teniendo como trasfondo un escenario e n el que e l a utoritarismo era la norma. En e ste sentido , pone de r elieve la necesaria inter faz entre la diplomacia tr adicional y el p úblico para fom e ntar los m o vimientos de m o cráticos y su co nsolidación, con particular acento sobre el tr abajo llevado a cabo por el personal de la embajad a d e Estado s U nidos en Caraca s 19 En otro orden de id eas, reparando en el ejercicio complementario de ahon dar en las asociaciones más espontáneas aparejadas con los óptimos ident itarios diseñados por las instancias oficiales, común ha resultado relacionar a Venezuela con mujeres “agraciadas” que le h an reportado numerosos reinados en certámenes de belleza internacionales, jugadores de béisbol con trayectorias sobr esalie ntes en renombrados equipos de las grandes ligas en Norteamérica, y hasta telenov elas con factura de exportación que en su momento consiguieron granjearse el aplauso del públi co en mercados como Esp aña (“Cristal”) e inclusive Bulgaria y Tu rquía (“Kassandra”). A estas referencias se han sumado, en los tiempos rec ientes, po r el lado del depo rte la figuración de la selección d e fútbol nacional “Vinotinto”, y por lo que atañe a la cultura, la actuación del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles bajo la batuta del director Gustavo Dudamel (Esqueda, 2011, enero 25; Linares, 2014, marzo 7; Fernández y Menéndez, 2014, octubre 14). No obst ante, un ras g o definitorio que se ha mantenido constante en el i mag inario colectivo a la hor a de al udir a Venezuela apunta a s u potenc ial turístico, alimentado, en mucho, grac ias a sus paisajes, buen clima y gente amigable en el marco de la triple condición de país andin o, caribeño y amazónic o, fortalezas a cu y as expensas es viable construir una oferta “multidestino” con seg m ento s de desarrollo ori entados haci a las actividades de sol y play a, naturaleza y negocios (Rodrígue z, Requena, Muñoz y Olarte, 2006: 193). A la par también es posibl e crear submarcas (“Venezuela Andina”, “Venezuela Caribeña” , “Venezuela Llanera” y “V ene zuela Verde”), lo mismo que marcas de d estinos (L os Roques, C anaima, Isla Mar g arita, el Delt a del Orinoco); y nomb res de rutas (“el Dorado y la Ruta del Oro”, “la R uta del Cacao”, “la Ruta del Orinoco”, “la Ruta Andina”), además de a cic alar e nseñas consagradas a identificar los mejores parques nac ionales, posadas y pueblos, tal como reza en el Plan de Marketing Turístico de Venezuela 2002 - 2005, elaborado po r el Instituto Autónomo Fondo Nacional d e Promoción y Capacitación para la Participación Turística (I natur), ente ejecutor del Ministerio de Turismo (Mintur), e n el año 2002 (González, 2011: 85-91). en diver sas situaciones de crisis j unto a los oficiales norteamericanos d el Servicio Exterior y f uncionarios de la Agencia de Información de ese país (USI A, por sus siglas en inglé s). 20 En este sentido, numerosas han sido las iniciativas llevadas a cabo por las autoridades v ene zolanas en el transcurso de las últim as dos décadas (1999 - 2014) con el ánimo de configurar una proposición de valor de la marca Venezuela y sus p roductos turísticos. Entre estas cabe citar, en primer lu gar y atendiendo a la cronología de rigor, las campaña s de promoción “Muévete por V enezuela” (ámbito nacion al) y “Venezuela, lo mejor de dos mundos” (ámbito internacional), las cuales, bajo la é gida del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Turístico dado a conocer en 2003 , estuvieron enfiladas a poner de relieve los destinos no tradicionales del país y a sensibili zar al poten cial turista asumiendo como bandera el patroci nio de cuatro grandes zonas, a s aber: “Mundo Tr opical” 3 ; “Mundo Aventura” 4 ; la “Ruta hist órica cultur al de los Libertadore s” 5 ; y l a “Ruta d el Placer” 6 (CAN, 2003, octubre 22). Por lo demás, estos esfuerzos serían acompasados en el 2005 con la campaña “Elige tu destino… elige V enezuela”, encaminada a posicionar al país c omo un destino pluricultural, biodiverso y multia ctivo dentro de una amplia gama de alternativas turísticas que habrían de transitar por las vertientes de la aventura, el de porte, la ecología y l a observac ión, inco rporando también la cultura, la recreación y el agroturismo. He allí los leit motivs “Elige tu paisaje” (selva, pla y as, montañ as, pla y as, lagos, desiertos, ríos); “Elige tu aventura” ( expedición, ex cursión, ecoturismo, sa faris foto gráfic os ); “Elige tu ruta” (“Ruta del Placer”, “Ruta histórica cultural de los Libertadores”, “Mundo Aventura” y “Mundo Tropical”) , “Elige tu so nrisa” (pue blos, historia, raíces, cultura, tradici ones), “Elige tu desafío” (r afting, windsu rf, paracaidismo, escalad a, trekking); “Eli ge tu fi esta” (religiosas, 3 Al orien te y el s ur de Ve nezuela, ab arcando los estad os Nueva Esparta, Sucre, Anzoáteg ui, Mo nagas, Delta Amacuro, B olívar y Amazonas, j unto a los parques nacionales “La Neblina”, “Canaima”, “Mariusa”, “Paria”, “Turuépano”, “Michima” y “La Restinga” . 4 Situado en los lla nos venezolanos, e xtendiéndose p or los estados G uárico, Coj edes, Portuguesa, Barinas y Apure, conj un ta mente con los p arques nacionales “Ag uaro - Guariquito”, “Cinaruco - Cap anaparo” y el m o nu mento nacional de los M orro s de San Juan. 5 Ubicad a en situada en la ecor egión de los Andes ve nezolanos, cubriendo los estados T áchira, Mérida, Tr u j illo y Lara, a mén de los parq ues nacionales “Sierra Ne vada” y “Sierra de la Culata” . 6 Flanco noro ccidental e insular de Venezuela, co nformado p or los estado s M iranda, Var gas, Distrito Capital, Aragua, Carab obo, Yar acuy, Falcón y Zulia, aparte del Archipiélago d e Los Roq ues, la Cordillera de la Costa, la Lagu na de Tac arigua, los Médanos de Coro, los parques nacionales “El Ávila” y “San Esteban”, el r efugio de fauna Los Olivo s y la Ciénaga del Catat umbo 27 De resultas, suscribiendo a Etz ioni (2007), citado por Romero y Curiel (2 009: 57), cabe admitir que, aún en ausencia de Hugo Chávez , “el Gobierno (puede int erpr etar) que el país tiene el derecho y l a habilidad para transformar el mundo de acuerdo con su propia image n”, en el entendido d e que se trata de ir hacia una expansión político -ideológica a gran escala, en el encuadre de un nuevo poder planetario multipolar, combinando procesos insurrecionale s y revolucionarios con rutas electorales de la democracia representativa (Garrido, 2005: 115), de conformidad con lo que el presidente boliviano, Evo Morales, dio en llamar la “re volución insti tucional” (Cor poración La tinobarómetro, 2008: 70). No por casu alidad, entonces, la proposición sometida a la conside ración de la Organización de las Nac iones Unidas (ONU) por parte del gobierno de Venezuela, en la voz de su embajador ante ese organismo, J orge Valero, el 21 de septiembre de 2010, consistente en la sustit ución del neoliberalismo por “una globalización de la justicia y la equidad”, enc arna d a por el modelo de “desarrollo alternativo de carácter humanista” impulsado por la Revolución Bolivariana, en ar as de la consecución de la igualdad, la libertad, la justicia, la paz, el comercio justo y la cooperación solidaria, q ue redunden, en últimas, en e l bienestar de los ex cluidos, “con plena vigencia de los dere chos humanos y las libertades democrátic as” (El Espectador, 2010, septi embre 21). Se pertr e chaba así, con ca rta de natur aleza, “l a vía venezolana al socialismo” anunciada por Hugo Chávez en el año 2005, nominada luego como Socialismo Bolivariano y , a la postre, como Socialismo del Siglo XXI en 2007, tesis con la cual V enezuela espoleó su activismo internacional merced un posicionamiento dist into y dist intivo, generador de capital político con base en un r elato n acido de las dislocaciones d el ima ginario capitalista neoliberal de cara a la confección de un nuevo mito político enclavado en la síntesis narra tiva para la “revolución necesaria de nuestro tiempo” (Biardeau, 2009: 73). En efecto, tomando en préstamo las palabras d e Guarín (2009: 43), la co nstrucción de un patrón propio de definición política, económica y so cial, so pena es tar plantado sobre la m atriz ideológica del “nacionalismo popular revolucionario” y vinculado estrechamente con la singularidad de l a situación venezolana, fue acogido en la región latinoameric ana con alta y grata expectativa, principalmente tratándose de los gobier nos, los partidos y los movimientos de izquierda , sectores que percibieron en el bolivarianismo una nueva oportunidad. 28 A todas estas, contra pu esta a un mundo multiplicador d e pobr eza, su rgió una promesa básic a provista de estructura de identida d y constituida en brandi ng al vuelo de la figura d e S imón Bolívar, le g it imando todo lo “noble y vencedor” en el camino de transmutar la otrora “Venezuela popular” en la esperanzadora “República Bolivariana de Venezuela” (Canelón, 2005: 28), hasta el extremo de r evestir atractivo e interés para otros países latinoamericanos que, pese a s er a fines políti ca mente, no disponían de ma yor es recur sos financieros para cristalizar tal ideal, como Bolivia y Ecuador, l iderados por los gobier nos de Evo Morale s y R afael Correa, respectivamente ( Ardila, 2012). He aquí un a fuente d e poder int angible o de soft power para Venezuela, co n la mira puesta en incentivar, respaldar, facilit ar e impulsar, de manera directa y explí cita, procesos de transformac ión de índol e político/interno/nacional, en el intento por influir en el man ejo de las relaciones regio nales, pa ralelo a modif icar la concepci ón de una integración emplazada en el meollo estrictamente económico, al cobijo de un escenario internac ional d e interdepende n cia compleja en el que las va riables geopolíticas tradicionales han sido superada s y carece de sentido separar de tajo lo doméstico de lo externo. En este redu cto, a no dudar, la c aída del muro d e Be rlín y la d esaparición del bloque soviético en el trasvase de la década de los 8 0 al decenio de los 90 constituyeron los puntales para el asentamiento de un ord en occidental con pretensiones planetarias que, en el plano políti co, pontificó a la democracia como la única alternativa f rente al fra c aso del “socialismo real”, mi entras que, en el flanco económico, insufló aliento a los preceptos del mercado como m eca nis mo autorregulado, apo cando la intervención d el Estado (Montero, 2001: 104). No obstante, la crec iente competencia entre potencias emergentes, aunada a las inevitables tensiones con los Estados Unidos, el cuestionamiento hacia est e a propósito de la “Guerra contra el Terror” , amén de su propia a patía hacia América Latina, alimentaron el caldo de cultivo para e l re nacer de la iz quierda en los predios e lectorales regionales (instaurac ión de g obiernos de centro izquierda e i zquierda radical o populista con pro y ectos de reformas constitucionales), a posteriori de una década de ajustes económicos que contribuy eron a acentuar, en mucho, la brec ha de las desig uald ades soc iales, llevándose consigo una bu ena cuota de la le g it imidad y de los índi ces d e satisfacción o stentados por l a 29 democracia en tanto sistema para la resolución d e los problemas de la pobl ac ión (González, Martínez y Shiavon, 2009: 10). Y es que, para algunos observadores del quehacer político latinoamericano, esta propensión al desencanto era perfectamente observable en las encuestas realizadas por la Corporación Latinobarómetro, las cuales, desd e 1998, reflejaban un descenso de l a confianza en las instit uciones democráticas dado su bajo desempeño e i ncapacidad para revertir las condiciones de inequidad por las que atravesaban m uchas sociedades, simultáneo a un declive de la percepción positiva en torno a las privatizaciones y los mecanismos del mercado, en los que los ciudadanos no vislumbraban la seguridad y la protección soc ial pregonadas por las reformas (Paramio, 2006: 68). De tal suerte, el surgimiento de este estado de cosas, acreditado por el I nfo rme sobre la Democracia e n Amé rica L atina elaborado en el año 2004 por e l Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , e instalado a medio camino entre las dos corrientes d e la izquierda gubernamental la tinoamerica na, a saber “la izquierda vegetariana” y la “izquierda c arnívora”, halló en el socialismo la trinchera discursiva y la práctica política desde d onde asumir la reivindic ación de l as condiciones de vida de las mayor í as excluidas que reclamaban un cambio (Mendoza et al ., 2007: 10). Con todo, al fragor de las transformaciones verifica das en la estructura internacional, p ara nada descabellado que l a po larización prota gonizada por V enezuela fuese susc eptible de tro car en una polariz ación regional, tra y endo consi go la ruptura con el orden establecido y la irrupción de otros imaginarios posibles atados a la interpre ta ción de las aspiraciones de los pueblos (Lag os, 2006: 96). Sobrevendría c on ello, igualmente, la configuración de nuev as identidades internacionale s p ara Venezuela dentro de un orden eminentemente simbólico, visadas por la fusión entre lo político, lo público y la nación, junto a la paulatina imbricación de la política exterior en la a genda doméstica y vi ceversa, terminando por investi r a la Rep ública Bolivariana de Venezuela de significados que remiten a acciones misioneras a partir de 1999, con motivo de la aprobación de un a nuev a Constitución Nacional (Medina, 2008: 49). Por de contado, la respo nsabilidad de la estrategia de política ex terior entablada po r la Venezuela en “estado revolucionario” habría de recaer sobre el Gobi erno Bolivariano 30 cual princip al artífi ce , impregnándola de su forma de v er el mundo y haciendo del Primer Mandatario la seña de id entidad por a ntonom asia del proy e cto político (Gratius, 2007: 10). A renglón seguido, la irrupción de una versión bastante lograda de lo que el profesor y consultor en comunicación polí tica, Mario Riorda, ha acuñado como el mito de gobierno, dotado, en el caso venezolano, de un a fuerte i mpronta políti co-ideológica en procura de penetrar en el universo simbóli co del ciudadano y lo grar la apropiación de la propue sta gubernamenta l como p roy ecto hist órico político nacional. En suma , u n gobierno autoproclamado “revolucionario” que, para diferenciarse, ha v enido construye ndo una subjetividad “revoluciona ria bolivariana” (Salas, 2004: 92), apelando a las verbalizaciones como instrumento para la construcción de ima g in arios (Aponte, 2008; Martínez y Vaisberg de Lustgarte n, 2014; Espinal, 2015; Negro, 2015), cuyas narrativas o relatos invocan tres valores básicos sustentados en el Socialismo del Sig lo XXI: 1. La promoción d e un modelo polí tico como sistema rector para l a región latinoamericana, en el que prime un nuevo tipo de experiencia democrática, en concre to la d emocracia p articipativa y prota g ónic a ( no la democracia representativa de origen liberal). 2. La promoción de un modelo económico de bases estatistas y socialistas anti - mercado (desarrollo endóge no ). 3. La promoción de un modelo social soport ado so bre el Estado d emocrá ti co y social de derecho y de justicia , con aband era mi ento de los objetivos de la eq uidad, la inclusión, la justicia so cial, la p articipación ac tiva y el acce so unive rsal de l a ciudadanía a los bene ficios potenciales de la int eg ración y del desarrollo (balance de soft power y social power ) (Serbín, 2009a: 126; Saave dr a, 2009: 227). A pie juntillas, una mirada siqui era supe rficia l d eja entrever, en estos planteos, los matices de la perspec ti va holísti ca de la democracia def endida por el pensamiento crítico, vertiente para la que su pone un reduccionismo supeditar la democracia a una dimensión política (instituciones del Estado, oligarquización del poder), obviando sus expresiones 31 económica (pobr eza, concentración económica, presupuesto nacional, empresas), y social (salud, vivienda, educa ci ón). Por lo tanto, bajo esta óptica, la democra cia solo es válida cuando políti ca, económica y socialmente concede respuesta a las grandes demandas y soluciona los problemas endémicos (Uharte, 2008: 127-128). Sin ir mu y lejos, nomás revisar “La propuesta de Hugo Chávez…para transformar a Venezuela. Una Revolu ción Democrática”, presentada púb licamente por el hoy fallecido jefe de Estado venezolano para el momento en q ue fue candidato preside ncial en 1998, se advierten estas claves, reproducidas más ta rde tanto en las “ L íneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Venez uela c onst ruye su camino en transición hacia la Revolución Bolivaria na”, como en los textos “ L a Nueva Etapa. El Nuevo Mapa Estrat égico”, las “L íneas Generales de l Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007- 2013”, la “Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana Social ista 2013- 2019” , entre otros documentos que aglutinan el corpus ideológico del rég imen. Como diría en su mi nuto el académico Heinz Dieterich, as esor d el pr esidente Hugo Chávez a lo largo de muchos años, la Revolución Bolivariana , r ec onvertida y repotencia da con el Socialismo del S iglo X XI, comportaría la génesis de un Estado y d e un movimiento capaces de instrumenta r el nuevo pro y ecto histórico de la “Patria Grande”, aparejado a la conformación de un “Bloque Latinoamer icano de Poder” o eje continental de d esarrollo que redima el valor simbólico de la utopía de la int eg r ación r egional, y en caucen un a institucionalidad neutralizadora de la acción d e los ce ntros hegemónicos, superando la dependencia estructural de las na ciones de América Latina hasta desemboca r en un Estado regional, un mercado regional y una id entidad regional (González, 2008: 3). De su y o, huelga identificar aquí el ím petu conferido a un proyecto con vocación más geopolítica que económica, más de f ensiva que coopera tiva, y con fuertes ra sgos an tinorteamericanos (Romero y Cardozo, 2002: 154), en la ruta de modelar una gobernanza regional ex presa da en iniciativas de articulación como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Comunidad Sudamericana de Naci ones, deve nid a en la Unión de Naciones Suramericanas (Un asur), y la Comuni dad de Estados La tinoamericanos y C aribeños (Celac), conjuntadas al robustec im iento del Mercado Común del Sur (Merc osur) (Ardi la, 2012). 32 Sumarían a este c audal, a la p ar, t entativas co mo la Nueva T elevisió n del Sur (Telesur), en tanto alternativa mediática frente a la c adena norteamericana CNN; el Banco del Sur, con vistas a financiar la eme rge ncia soc ial y superar la suje ción financiera en la región; e inclusive, la Alianza Militar del Atl ántico Su r, gross o mod o una esp ecie de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) suramericana destinada a la cooperación en el área m ilitar, mediando los condicionamientos venezolanos por lo tocante a las no ciones de la g uerra asimétric a, el componente cí vico-militar (ciudad ano-soldado), la “ defe nsa popular integral ” y l a compra de armamentos (Cardozo, 2007a: 72). Valga acotar que esta ac ometida solo podría cristalizar merced la explot ación de una fuente de pode r tangible o hard power , anidada en la abund ancia de los recursos petroleros que posee el país (actualmente cuenta con reservas estimadas d e 377. 300 millones de barriles), amén de los ingresos generados por las operac iones de extracción engrana das a la colocac ión de la producción de crudo en las pla zas internac ionales con precios auspiciosos, circunstanc ia que, a los ojos de Ardila (2012), contribu y eron al posicionamiento de Venezuela como una potencia regional, habilit ándole, seg ún agregan Corrales y Penfold (2012: 146), para forjar dos maniobras me dular es en política: el “balanceo su ave” y la “diplomacia de poder social”. Justamente, en este se gmento pertinente es subr ay a r el antagonismo enu nciado por Nye (2003: 30), ent re el pode r duro o hard power (recur sos mi litares y económicos empleados por un Estado para inducir a terceros a cambiar de postur a), y el poder blando o soft power (en vez de coaccionar, se lleva a la conformidad y a la ac eptación sin resistencia) , el evado a un estadio superior cuando No y a (2005), c on asider o en una interpretación del pensamiento de Paul Kennedy, sentencia que, antes bien, sería menester hablar del poder simbólico, aceptando que cualquier re curso (incluso las c apacidades militares), puede constituir un bastión de poder bl ando en la medida en que esté legitimado para un fin loab le (humanit ario, por e jemplo). De allí la inclinación del Gobierno Bolivaria no a multiplicar los compromisos con el exterior (polít icos y financieros), instrumentalizando la cooperación internac ional bajo el halo de lo que Romero y Curiel (2009: 57) consienten en denominar el rentismo global, el cual abarca dif erentes campos, provocando dentro de l as balanzas come rciales bilaterales una asimetría en pe rjuicio de Ve nezuela, en razón de los pasivos oca sionados por las 33 exportaciones de petróleo subv encionada s a lar go plazo y bajo condiciones financieras especiale s ; el otorgamiento de préstamos a bajas tasas d e interés; las donaciones gubernamenta l es r ealizadas por intermedio de Petróleos de Venezuela S .A. (PDVSA); la ay uda especial a Cuba, que inclu ye no solamente el envío de petróleo y de rivados a precios diferenciales, sino tambi én el pro cesa miento de crudo venezolano en aquel país; la difusión de algunos pro gramas sociales, como la “Misión Milagro” y las campañas de alfabetización en algunos países; el ma ntenimiento del fondo en contra de la pobreza en América por un monto de US$ 25.800 millones; y las inversiones no retornables. Y es qu e, cie rtamente, el despliegue d e esta dipl omacia pet rolera como m ecanismo estratégico p ara ganar ascendencia le ha re po rtado a V enezuela una red de aliados en América Central (Nicaragua), el Caribe (Cuba) , la z ona andina (Bolivia y Ecuador), e incluso en el Cono Sur ( Argentina, Bra sil y Uruguay), convocando lo mis mo a gobiernos (nacionale s y local es) que a movimientos de izquierda en América Latina y el Caribe , beneficiarios todos de las incursiones al estilo d e P etroc aribe, Petrosur y P etroandina; la suscripción del Acuerdo Energético de Caracas (que amplía el financiamiento preferenc ial para pro y ectos de de s arrollo en pa íses de Ce ntroamérica, Sudamér ica y el Caribe); la promesa de l a construcci ón del Gasoducto Sudamericano, sin descontar el compromiso de crear la Organización de Países Productores y Ex portadore s de Gas de l Sur (Opeg asur) (Urbaneja, 2005). De por sí, hacia el final de la década de 2000, al referirse al desenvolvimiento de la diplomacia venezolana, el desaparecido académico Alberto Garrido llam aba la atención en torno una lí nea de flotación fundada, por un lado, en los compromisos de Estado a Estado a la usanza tradicional y, por el otro, en las cone x iones directas con lídere s y entidades políticas, sociales, gremiales, campesinas y coop era tivas que hicieron posibl e extender la cobertura del proceso r evolucionario en L atino américa a través de un a tupida r ed de movimientos alternativos (los piqueteros de Argentina, los S in Tierra en Brasil, los indigenistas autonómicos en Bolivia y Ecuador, los zapatistas en M éxico, los sandinistas en Nicarag u a y , de acuerd o con denuncias ventiladas al más alto nivel de org anismos multilaterales, la narcoguerrilla en Colombia). A estos actores conviene anexar los factores políticos que han venido sim patizando con la e x periencia chavista y que , en el nombre de la solidarid ad r evolucionaria, h an 34 recibido de Caracas un respaldo financi ero, logístico e ideológ ico (sectores académicos, periodistas, intelectuale s progresistas, medios de comunicación social), sin olvidar a lo s Círculos Bolivarianos en tanto ag rupaciones populares propulsadas grac ias a la constitución del Congreso An fictiónico Bolivariano con recepción en Chile, Cuba, Panamá, B olivia, Uruguay, República Dominicana, Paraguay, El Salvador, Brasil, Colombia, Perú, México y Argentina, sirviéndos e de colabo rac ión de l as embajadas de Venezuela y d e P etróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como bra zos operativos (Canelón, 2005: 15; 2008: 34). Para Humberto Njaim, Jefe del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metro politana, en d eclarac ion es ofrecidas en 2007, no es absurdo afirmar que Vene z uela se eri g ió en un polo de atracción mundial (si bien a esc ala re ducida en comparación con la Unión Soviética), para la intelectualida d contestataria y antiglobalizadora que aglutina por igual a organizaciones, grupos y pe rsonalidade s de cuño izquierdista, ecologista, sindicalista y cultural, armoniz ados en derredor del rechazo a l modelo neoliberal y de Caracas como la nueva Meca revolucionaria (Marcano, 2007). Se deja entrever, en este se ntido, el concepto de la “nueva propaganda” o la “propaga nd a posmodern a” esgr im ido por No y a ( 2008) con el ánimo de designar el uso que un régimen político ha c e de los inst rumentos de la diplomacia pública para conseguir prominencia int ernacional, lo que en el caso venezolano pareciera involucrar no solo la puesta en marcha de la te levisora regional Telesur sino también la instalació n de oficinas d e cabildeo dedicadas a la promoción del país y de la Revolución Bolivarian a en el exterior a expensas de la difusión de noticias favorables al Gobierno Nacional a tra vés de medios de comunicación offline y online (Romero, 2007a). Curiosamente, por lo que atañe a este carácter propagandístico atribuido a la conducta o ficial del gobierno de Ven ezuela en el marco de la d efinición y el despliegue d e estrategias de comunicación e información, tanto para su políti ca interna como para su política exterior, han tendido a ent retejerse dos p osiciones contr apue stas: por un lado, que las acciones comunicativas gubernamentales responden a las circunstancias del enfre ntamiento político y , por end e, son pre sa de la improvisación, cuando no de la espontaneidad, carentes de una v erdadera dirección; y , po r el ot ro, que tales procesos se distinguen por su c arácter estraté g ico, planificado y altamente orientado hacia la consumación de c i ertos fines. 35 Independiente mente de este dilema, tra y endo a colación las apreci aciones de Gamboa y Arellano (200 7), a decir verdad la t area comunicativa del Gobierno Boliva riano ha estado aboc ad a, antes que nada, a rentabilizar la opción de la polític a revolucionaria mediante la in corporación al discurso público, como rematan, de la redistribución de la riqueza y la inclusión social cual temas clave d e harto peso sim bólico que coadyuva n en un doble carril a la le gitimac ión más allá de la periódica a ccountability electoral y a la polarización de las postura s en el terreno ideológico (Cabás y D elle, 2010) . En este re dil, apeándose al pronunciamiento de I sch (2010: 58 -59), u n análisis siquiera sucinto entre la comunicac ión de los gobiernos tradicionales y la practicada por los gobier nos promotores de l Socialismo del S iglo XXI permite entresacar varias cuestiones contrastantes. Tabla N° 1 Difere ncias entre la comunicación de gobierno tradicional y la comunicación de gobierno del Socialismo del Siglo XX Comuni cación de gobierno tr adicional Comuni cación de gobierno del Social ism o del Siglo XX I Prácticas de comunicaci ón di spersas y coy unturales acuñadas dur ant e décadas d e vi nculación al poder. Enfoque, r ecursos y tiempos a decuados a las m etas y objet i v os central es del gobier no. Uso intensi vo de la com unic ación en etap as elector ales, con énfas is en la Publici dad y las Relaciones Públicas, da ndo cabi da a la Propagan da en m enor cuantía. Capacida d de sostener en el tiem po los ejes nucleares de s us pr opuest as, visi ones y mensajes. Dependencia de grandes i nversi ones y facilidades tecnológi cas para la ej ecució n de planes y program as de comunicaci ón oficial . Autonom ía operativ a y fi nanciera para gesti onar planes de int ervención en com unicación. Manejo de la c omuni cación oficial en el ej ercicio de gobierno apegada a la divulgación de inform ación acerca de ci ertas obras y logros con im pacto mediáti co, o a la atención de c oyuntur as especial ísim as como las cat á strofes naturales , los conflict os bélicos y las cam pañas de educación o salud. Metodologí a consolidada de educación y propagan da, com binada c on la publici dad política. Actitud react iva frent e a las noticias u opi niones adver sas vent iladas a través de m edios de com unicación m asiva, pudiendo de generar en crisi s. Fi jación de l a agenda opi nática apel ando a la platafor ma pública de m edios de comuni cación social. Auspi cio del disenso y de los l iderazgos radical es alim entados por el det erioro de la calidad de v ida en los sector es económ ica y socialm ente más v ulnerables del país, el desgaste de la inst itucionalidad y el quiebre de l os partidos políti cos tradicionales . Fuente: Elaborac ión propia a partir de Isch (2010: 58-59). 36 En últimas, aunque r esulta difícil calibrar el grado de aceptación derivado de la promoción de las ideas bolivarianas como alternativa latinoamericana , a jui cio de I llera (2009), al fusionarse aquellas con las capacidades financier as procedente s de los ingre sos del petróleo, indudablemente otorgan a Venezuela un margen de man iobra e influencia nada desdeñable en los á mbitos reg ional e int ernacional, lo que, en el tramo histórico que corrió de 1999 a 2013, pa só por un ma y or prota gonismo de Hugo Chávez, mu y a pesar de las re servas de ana li stas políticos como Garretón (2006: 102), para quien no existen modelos susceptibles de exportarse en América Latina ya que ca da país ostenta caracter ísticas propias y afronta problemas diferentes. En sintonía con estas inq uietudes, el antes mencionado Alberto Garrido, p revio a su fallecimiento en el año 2 007, vaticinaba que no sería de extrañar, más temprano que tarde, el advenimiento de una etapa de menor toler ancia ante la injerencia d e V enezuela en otr as naciones. Este planteamiento bien podía complementarse con la postura de L uis de Lion, especialista venez olano en Derecho Inter n acion al, quien aseveraba que la imagen del entonces primer mandat ario nacional venía en franco declive desde finales de 2006, deteriorá ndose aún más en 2007 tras los reiterados ataques al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lo mi s mo que a funcionarios de organismos internacionales, agregándose a estos episodios los impasses con el Re y J uan Carlos I de España y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, engarzados a la mediación y la fa cilitación de la s neg ociaciones para el canje humanitario de los rehenes en manos de las Fuerzas Armada s Revolucionarias de Colombia (F ARC ), y la exigencia de retirar a ést as de la lista de organizaciones terroristas (D íaz, 2008). Puestos a otea r e n el horizonte, pues, buena parte de los ex pertos en política recomendaban ag uardar l os años venider os, en los que una posible merma e n la distribución de los fondos hacia el exterior como consecuencia de la caída de los precios del petróleo o el deterioro en las cuotas de p roducc ión pudi era e rosionar los apoyos incondicionales, dejando en vilo la administración del capital comunicacional contenido en uno de los pilares más significativos de la marca boli variana : el propio presidente Hugo Chávez y su “culto al yo”. En el ínterin, la ola de aler ta internacional so bre las genuinas in ten ciones del proy ecto polí tico de la Revolución Bolivariana, si acaso no la oposición frontal al 43 pronunciamiento realizado por la Unesco el 28 de octubre d e 2005, d eclarando a Venezuela “Terr itorio Libre de An alfabe ti smo”, fruto d e la implementación de la Misión R obinson , programa soc ial encaminado a saldar la deuda histórica en materia educativa. Justamente, cifras como estas, acreditadas por or ga nismos internacionales, han sido blandidas y comunicadas por voceros del gobierno venezolano en descargo de los sectores opositores (internos y e xternos) que no divisan e n la Revolución B olivariana ni en el Socialismo del Siglo XXI los ba sti ones de un proc eso que haya devenido, de manera fehac iente, en ma y o r inclusión social, democracia, igualdad y li bertad. No en balde, por esta s enda enmarcó su interven ción J orge Valero, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 21 de septiembre de 2010, cuando, en la segunda jornada de la cum bre convocada por el or ga nism o con el propósito de revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el diplomático anunció que el país había cumplido con la may o ría de las metas propue stas por la comunidad internacional hacía 10 años atrás, en ra zón de que el Estado ven ezolano destinó el 60% de los ingresos fiscales percibidos entre 1999 y 2009 a la inv ersión social, abriendo palco a la aplicación de políti cas públicas que permitieron elimi nar el analfa betismo, garantizar el acceso al a g ua potable y avanzar en la universalización de la educación y la atención sanitaria en el marco de un desarrollo autónomo, humano, sostenible e independiente (El Espectador, 2010, septiembre 2 1). Es te gesto fue emulado p or J ulián I saías Rodríguez Díaz, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Espa ña, en el editorial de su autoría publicado en la entrega N° 18 del periódico “Venezuela Ahora” con fecha del 18 de febrero de 20 11, en el que se refirió i g ualmente a los indicadores que certifican el logro de las Metas d el Milenio de Naciones Unidas por parte de Venezuela antes del ti empo pautado (Rodríguez, 2011: 2). En esta misma recta, d estac ó el co ntenido de la edición 2010 del informe “Nuestra D emocracia”, suscrito por la Orga nización de Estados Americanos (OEA) y el Programa d e las Naciones Unidas p ara el Desarrollo (PNUD), documento en el que se calificó a Ven ezuela como el país latinoamericano que más abatió la pobreza. Asim ismo, trajo a colación el reporte del Índice de Desarrollo Humano ( I DH ) puesto en circulación ese mismo año, donde Venezuela figur ó entre los países con más alto nivel al colocarse por encima de 0,75 puntos. 44 De antemano, el propio presidente Hugo Chávez reparó en esta fórmula con ocasión de la campaña proselitista en pos de la reelección indefinida en el cargo, propuesta sometida a consulta popular y aprobada en el Referendo por la Enmienda Constitucional celebrado el 15 de febre ro de 2009. En ese entonces, la estr ategia de comunicaciones del oficialismo enc ontró en la teoría del “Buen G obierno”, afianzada desde la Asamblea Nacional por el finado diputado Carlos Escarrá , el leit motiv a partir del cual traducir en imáge nes los logros de l a gestión de la Revo lución Bolivariana: “si ha y un buen gobier no, prémialo; pero si hay un mal gobierno, castígalo. El buen gobier no debe continua r” . Después de todo, “un buen gobierno está basado en la felicidad que el E stado que dirige debe p roducir”, y como tal, la búsqued a d e “la suprema felicidad social” aparece en el Plan de la Nación 2007-201 3 en tanto una de las siete directrices maestras de cara a la construcción del Soc ialismo del si g lo XX I (Zerpa, 2009, febrero 11). He allí que la publicidad oficial hiciera gala d e d os hitos científicos para avalar la administración chavista, a saber el llamado coeficiente G INI , que reflejaba una mejor distribución de ingresos de la pobla ción venezolana durante los últ imos 10 años y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) reportado po r el P rograma d e las Na ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e l c ual daba c u enta del salto experimentado por Venezuela en la última década de 0,69 puntos (desarrollo medio) a 0,8 4 puntos (alto desarrollo) (Rojas, 2009, febrero 11). De colofón, en su rendición de cuentas del 13 d e enero de 2009 ante el co rro parlamentario, el propio Jefe de Estado venezolano aseveró que, desde su arribo al poder en 1999, un total de 2,19 millones de personas habían dejado de ser pobre s. Visto así, pare ciera lícit o deslizar la hipótesis según la cual para la gestión gubernativa del presidente Hu go Chávez r edundaba en ma y o r valía, al menos a los efectos de su discurso nacional y extrafronteras y su correlato representacional , que Venezuela fuera asociada permanentemente con l os indic adores de bienestar, d esarrollo y calidad de vida antes que con los rankings de competitividad mundial, transparencia internacional, libertad económica o d ere cho a la propiedad, abr azando de algún modo, delibera d a o intuitivamente, la int erpretac ió n del concepto d e “ries g o país ” enun ciado por Rapopo rt (2005), citado por Soares (2007: 126 -127), bajo los siguientes tér mi nos 45 …el verd adero riesgo para un país es no crec er, que la salud, la educación y la seg uri dad de sus ciudadanos, que l a corrupción y la ilegitim i dad socav en las bases del si stem a democrático, que no hay a una ciencia ni una tecnolog í a propia, que haya una dependen cia única y exclusiva del c apital externo, que no haya un aparato pro ductivo ni exportador qu e sea viable. El país está en riesgo cuando sus ciudadanos no tienen perspectivas de progreso, cuando sus hijos van a traba j ar en el exterior , o sus nietos, ya que si siguen en el país, deben seg uir pagando una deu da que no asum i eron. Acogiéndose a esta lectura, al tamiz de un prisma construccionista, c abría ratificar cierto estilo a contracorriente o d e movimiento en dire cc ión opu esta a la del resto del mundo, encauzando la d inámica de la diplomacia venezolana hacia la exportación de un producto políti co (la Revolución Bolivariana y e l Socialismo del Siglo XXI), apelando a una estrategia d e comunicación soport ada sob re una suerte de marca -fabricante (Estado Socialista y Gobierno Bolivariano), cu y o nombre, valores y símbolos h an si do utiliz ados ex profeso c omo una he r ramienta políti ca d e a cción exterior con sesgo “idea lista”, e n el sentido de fomentar u na adecuada y continua influencia sobre creencia s y a ctitudes de ciudadanos y gobiernos extranjeros, a la par de conseguir d ecisiones de p olítica exterior en favor propio ( Marini, 20 08). A la post re, la iniciativa de usar un país y todo lo que en sí mismo representa para impulsar aspectos de int eré s político, económico y social, y yendo más allá, emplea r su política como marca dest inada a lograr el apo y o d e la pobla ción de otros p aíses, inv olucra concebir un a nuev a fo rma de poder (Martínez, Saavedra y Colmenares, 20 13: 353). En este encuadre, las estrate gias venezolanas de influencia internacional, inspiradas en algunos de los factores que han d ado visibilidad en la escena mundial a C uba 8 (l as imágenes perdura bles de Fidel Cas tro y del Che Guevara, l a diplomacia médica y e l enfrentamiento con los Estados Unid os durante cinco décadas), y concatenadas a programas de comunicación diri gidos hacia los gobier nos y lo s públicos extranjeros, revelan un intento profundamente proactivo por cultivar el poder blando y han conllevado una aprobación popular entre los sectores más desposeídos, aunque no estén explícitamente justificadas como diplomacia pública (Hayde n, 2011: 131; Bustamante y Sw eig , 2008: 223 y 239) 9 . 8 Sobr e este partic ular, se recomienda escuchar la e ntrevista realizad a por BBC Rad io a Allan Li ttle , titulada “Brand Cuba”, a través del siguiente enlace http://www.bbc. co.uk/progra mm e s/b00g4 yw r 9 De hecho, t ratándose del soft p ower desarro llado por Cuba a lo largo de las últ imas cinco d écada s, Bustamante y Sweig (2 008) son en fáticos al dec larar, en s u artículo “ B uena Vista Solida rity and t he Axis of Aid: Cuba n and Venezuelan Public Dip lom ac y ”, lo si guiente: “ Wit h little militar y o r economic might, 46 De la disertación precedente se extraen entonces los pilares que sirven de asidero a la tesis doctoral titulada “Las identidades internacionales de Venezuela y sus comunicaciones con el mundo bajo el Socialismo del Siglo XXI. Diplomacia Pública Bolivariana 1999- 2013”. En detalle, la investigación decanta hacia la pr ofundización del estudio del concepto de la identidad desde el disc urso de Estado con aplicación al referente país en el marco del desarrollo de políticas de inserción, posicionamiento y relación internacional. Atendiendo a este plante o general, el trabajo de tesis doctoral ana liza las identidade s proy ectadas por Venezuela en el escenario regional y hemisf érico en el transcurso d e los años 1999-2013, apalancándose para ello en la revis ión de las iniciativas adelantadas por la administración del Gobierno Bolivariano, liderado en la persona de l presidente Hug o Chávez, en aras de exportar el modelo ideoló gico del Socialismo del Siglo XXI, merced la articulación d e l a variabl e de la polític a exterior (propuesta y lí neas estrat ég i cas actuación internacional) , junto a la variable comunicacional (polí tica, estrategias y acciones), lo que estriba en la formulación de prácticas no sólo desde el punto de vista diplomático sino también de información, lobby y Re la ciones Públicas Inter nacionales. Así, con apego a una perspectiva constructivista que galvaniza el tra y e cto que va de la identidad hacia el per fil de imagen-p aís, se em prende la ex ploración d e las percepciones y valoraciones en torno a Venezuela a partir de la implantación de la a dmi nistración gubernamenta l de Hugo Chávez a la guía de las siguientes pr eguntas de investi gac ión: ¿cuál es el reflejo que quiere darse de Venezuela en el mundo? , ¿cuál es el “territorio de marca” que quiere perfila r el Gobierno Bolivariano? , ¿ cómo lo hace?, y ¿cómo es percibido? especially a fter the d isappea rance of Soviet subsidies, Cuba’s dip lomatic succe sses in r ecent years are almost wholly attrib utable to the island’s soft po wer — the gradual but per sistent branding and pr ojection of a series of intert wined disco urses gener ating sympath y for C uba’s culture, so cial achie ve ments , and revolu tionary mystique. In public, Cuban o fficials m ight resist the implic ation that their exchange p rogra m s, hu manitarian aid efforts, or cultural activiti es are designed to help the island accumulate “power” of any kind on t he w o rld stage. Suc h a suggestion u ndermin es the car efully constructed narrative of v ictimization so ce ntral to the regime’s pu blic identity. However, Cuban lead ers are al so clea rly co gn izant that public d iplomacy is a fundamental source of i nternational legiti macy and influ ence, both o f which ar e crucial to the pr eservation o f the governme nt’s power at home ” (p. 24 8) . 47 Objetivos de la In vestigación Objetivo Ge neral Analizar el posicionamie nto y la inserción de Venezuela en el sistema internacional durante el ejerc icio de g obierno d el presidente H u go Chávez desde el año 1999 hasta el año 2013. Objetivos Específicos: 1. Describir los lineamientos de política exterior trazados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela du rante los períodos administ rativos ejercidos por el presidente Hugo Chávez desde e l año 1999 hasta el año 2013. 2. Identifica r las identidades internacionales de Venezuela proyectadas en los lineamientos de política exterior formulados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela durante los pe ríodos administrativos e jercidos por el presidente Hugo Chávez desde e l año 1999 hasta el año 2013. 3. Analizar las principales iniciativas y actuaciones del Servicio Exterior del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela durante los períodos administrativos ejercidos por el president e Hugo Cháve z desde el año 1999 hasta e l año 20 13. 4. Caracterizar la comunicación internacional desplegada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela du rante los períodos administ rativos ejercidos por el presidente Hugo Cháve z desde el año 1999 hasta el año 2013. 48 Justificación A propósito de l a introducción del libro “ Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001) ” , Arnaldo Rodrígue z Ochoa, en su condición de d irector de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. ( PDVSA), no vaciló en dejar asentada la siguiente afirmación: “Venezuela, más allá y por encima de las valoraciones que admita, es un proceso inédito que ofrece las más variadas posibilidades de aproximación” (Ramos, 2002: 10). Tal sentencia, que sirvió de antesala a la compila ción de las ponencias pr esentada s en el Seminario Internac ional “ Venezuela: alcances, límites y d esafíos d el actual sistema político ”, celebrado por el I nsti tuto de Estudios de Ibe roamérica y Portugal en la Universidad de Salam anca entre los días 16 y 17 de noviembre de 2000, engarza con el planteamiento esbozado por el politólogo venezolano Romero (2010), quien en reiterados ensayos y conferencias académicas ha abogado p orque se emprenda una discusión ca da vez más se ria y sistemática alrede do r de Venezuela, país que pese a su escala ge ográfica detenta una reserva petrolera de considerac ión que le ha servido de aliciente para apuntal ar, desde el año 1999, una p olítica ex terior activa a favor de una p ropuesta radical -bolivariana ejecutada a través de l os instrumentos del hard power (energ éticos), del soft power (ideológicos) y del social power (cooperación y ayudas). Precisamente, al hil o de esta tónica, se inscribió l a puesta en marcha d e la iniciativa foránea Observatorio de Venezuela (OV), creado en el año 2004 al cobijo del Centro de Estudios P olíticos e Internacionale s (CEP I) de l as Facultades t anto de Ciencia Polí tica y Gobierno como de Relaciones Internac ion ales de la Universidad del Ro sario (Colombia), con el ánimo de “ estudiar, comprender y analizar la realidad política d e Venezuela y sus distintas e x presiones en los ámbito s político, ec onómico, social, cultural, mi litar e internacional” , en el entendido de que “que el desarrollo y el fortale cimiento [de las relaciones] entre Colomb ia y V enezuela podrán ser más dinámicos y prov echosos” en tanto y e n cuanto se posea “una visión integral [del] vecino país” (Ramos, Ramírez y Rodríguez, 2009: 8-9). En este o rden de id eas, el Observatorio de Venezuela (OV) ha dibuj ado u n espe ctro de investigación nutrido por temáticas variadas que conflu y e n en el en cuadre de los ejes 49 estratégicos de l pro yecto político de la Revolu ción Bolivariana, lo mismo que en sus implicaciones nac ionales e internacionales, delimitando los siguientes aspectos: - El modelo de desa rrollo económico. - El re posi cionamiento d e Ven ezuela en materia internacional (nivel reg ion al y global). - L a seguridad y la defensa integ r al de la nación. - L a nueva visión geopolítica y geoeconómica. - L a política petrolera. - L a política social. - L a sit uación d e los p artidos políticos tradicionales, los retos y las alte rnativas de l a oposición, y la im portancia de la actuación, el desarrollo y el fortalecimiento de los actores sociales del país. - El nuevo modelo de Estado caracterizado por la de mocracia participativa y l a simbiosis cívico-militar. - El nuevo pensamiento militar, y el papel d e la F uerza Armada Nacio nal en el desarrollo de l pro y ecto p olítico (p. 9). A juzgar po r este repertorio, en la opinión de R omero y Curiel (2009: 5 5 -56), se ponen en evidencia los intentos por analizar la nueva poli teia venezolana acudiendo indistintamente al auxil io de la Sociología Electo ral, el C onstitucionalismo, la Teoría d e la Depende ncia, y aún las perspec ti vas d el Liberalismo y d el Marxismo, no obstante lo cual han devenido en esfuerzos infructuosos de cara a conciliar posturas que, llegada la hora de 50 la emisión de un ver edicto, se debaten entr e la pr ofundización democrática enmarcada por una revolución socialista y antiim peria lista, si acaso no se atrincheran en el populismo duro de un régimen a uto ritario y militar en vías de consoli dación. No existe consenso ent re los estudiosos respecto a la naturaleza del rég i m en de Hug o Chávez Frí as (1999-2013). En sus primeros años, algu nos autores subray ar on l os intentos de la nueva élite política por i m plant ar una dem ocr acia más “particip ativa” y por lo tanto m ás “real” (El lner & Hellinger, 2003). Otros, por el contrario, l o abordaron desde la perspectiva del liderazg o pr esiden ci al, destacando los rasgos m esiánicos, revolucionario s y plebiscitarios del nuevo régim en ( Ram os J im énez, 2002). También alguno s investig ador es invocaron la conocida tesis de O’Don nell sobre la deleg ación de poder es en el Presidente — democr ac ia delegat iva — (Álvar ez, 2000), y se remarcaron en ciertos casos los riesgos que suponía para el sistem a democrático l a eliminación sistemática de los frenos y cont rapesos s obre el presidente (Coppe dge, 2002). Asimism o, no faltaron analistas que exam inaron el rég imen desde la teoría del popul ismo, destacando el impact o de los liderazgos tr ansfor madores - ideol óg icos (Hidalgo, 2002) o el ejercic io autoritari o del pode r acentuando el efec t o del cont exto histórico y cult ural en el que se gestó el chavism o (Arenas & G ómez C alcaño, 2006). Fina l m ente, otro s autores destacaron la m e zcla de componen tes d em o - l iberales y de popu lismo autori tario del nuev o régim en, y lo ubicaron en un a “zona gris” (McCoy & My ers, 2004). A mediados de la primera década del siglo X XI persist ían las divergenci as en la caracteriz a ción. Desde lue go, dadas las esperanzas que suscitó la llegada de C hávez al poder y algunos de sus logros, no faltaban los análisis que intentaban destac ar al chav i sm o como un fenómeno multifacético y novedoso en muchas cuestiones. Diverso s autores destacaban, a pesar de fallas y lim itaciones, su potencial democrático frente al “glorificado” per i odo anterior a 1999 (Ellner & T inke r Salas, 2007). Frente a ese ti po de aproxim aci ones, se fueron abriendo paso interpretacio nes que dieron m ayor cuenta de la pérdida de l a condición liberal del r ég imen venezolano (Mainwaring, 2012) y los autore s fueron poniendo más o m enos énf asis en l os as p ec tos autoritarios. Desde l ueg o, la perspectiva populista sig uió presente, examinándo se el caso a la l uz del debate sobr e los vie jos y los nuevos pop ulismos (Arena s, 2005) o subrayándo se la inconsist enc ia d el régim en a la hora de estimular la participac i ón civil (Hawk ins, 2010). Tampoco f altaro n autores que em pezaban a vislum brar la construcc i ón de un sistema híbrido en su variant e autoritaria com petitiva (Cor r ales, 20 06; K ornb lith, 2007; Cor rales & Pe nfold, 201 1). Algunos han conceptualiza do el giro radical y la propuesta revolucio naria de las élites como un socialismo aut o ritario (Maingon & Welsch, 2009). Otros, desde un enfoque de democracia participat i v a, han apuntado muchas limitaciones y deficienc ias, y los ef ecto s negativos de una dinámica impulsada desde arriba, frente a las expectativ as y concrecione s de los primeros años (López Maya, 2010). Como no podía ser de ot ro modo , la transición hacia el socialismo también se ha exam inado desde otro punto de vista. As í, se ha señalado cómo en un contexto de polarización política y social emerg en sistemas que adoptan parte de l os presupuestos de una democracia radical (énfasis en el gobierno m a yoritario, l a cuestión social y la participación de los sectores populares de la sociedad ) y gobiernos que abrazan discurso s anticapital i stas y nacionalistas, com o serían los de Chávez , Morales y Correa ( E l lner, 2012). Por últim o, grandes expert os del caso venez ol ano también han inten tado analiz arlo a l a luz de la l iterat ura sobre cal idad de la 51 democracia y han dest a cado que, a pesar de los cambios, problem as , deficiencias y limitacion es, al m enos hasta hace poco el rég imen es mayormente un a demo cracia de baja calidad (Lev i ne & Molina, 2007, 2010 , 2012). Esta breve revisión de literatur a sobr e el tema evidencia la pluralida d de aprox imacione s, m u y influidas, desde l uego, por asunciones teórico-metodológicas, las distintas etapas po r las que ha a travesad o el proyecto chavista, experien cias vitales y, en algunos casos, la propia po larización q ue viv e el país. Pe ro tam bi én dem uestra que la m ayoría de lo s autores, hoy por hoy, reconocen que el régim en de Venezuela ha adquirido característ i cas autoritarias que se ent rem e zclan con otros rasg os, es a hibridez de autoritarism o y democracia es la esencia fundam ental d el rég i m en (Corrales e Hid algo, 2013 : 48 - 50). En bue na medida, este desenc uent ro de apreciaciones es atribuido por Capr iles (2013: 3) a la vana il usión de pretender catalogar al chavismo como un movimiento revestido de “una forma doctrinaria definida”, o siquiera dotado de “filiaciones (…) reconoc ibles dentro de la políti ca” . Más bien, a su juicio, y pese a de clararse públicamente “ como el últi mo gran aliento de la iz quierda revolucionaria”, se ría más apropiado considerarlo como “un diseño delibera do para crear una nueva cultura o identidad” alinea da con una nuev a es ca la de valores en medio de la crisis por la que atr aviesan las inst ituciones y las p rác ticas de la democracia occidental, cuestionadas en la calidad de su funcionamiento y recusadas a la vista del acompaña miento cívico. A decir verdad, no muy lejano luce este planteamiento de la advertencia pronunciada un lustro antes por Uharte (200 8: 136), en la que asomaba que, para comprender lo que ocu rre en Venezuela desde la victoria electoral d e Hug o Chávez en diciembre d e 1998, obli gatorio es d eslastrarse de los parámetros habituales de análisis que imposibilitan entender mínimamente la naturalez a de los cambios acaecidos a un mi smo tiempo en el país y en la re g ión l atinoamericana, en razón de estar envueltos en una carga de prejuicios compartida a partes i g uales entre los científicos soci ales de los países del Norte (influenciados por la tradición del pensamiento eurocéntrico), y los doctos repre sentantes de la intelectualidad autóctona. Lo cierto es que la actual disposición anímica de muchos de nuestros intelectuales , estropea sus instrum ent ales cognitivos para entender los profundos cam bi os generados p or las vicisi t udes de la globalización sobre sociedades perifé ricas del ca pita l ism o como la nuestra. T am bién parece faltarle a muchos la humildad para recono cer malos cálculos y equivocacion es, o la dispo sición para ponerse al servicio de l os cam bios profundos que están exig i endo las grandes m ayorías ” (Lóp ez, 2004, agosto 30). 52 Trae agua a este molino Narvaja (2008: 18), quie n, a contracorriente de l d esdén y la resistencia suscitada por el discurso de Hugo Chávez en alg unos sectores que lo ha n descalificado por anacrónico y “fuera de época”, insta a trascende r el mer o desajuste entre el im ag inario social con vocado por este y la situación del presente, p ara internarse en las razones que motivan aquella convocatoria, int erf az ineludible cuya a us encia lleva a desconocer “tanto la di gnidad histórica qu e otorga a los excluidos la apelación al pasado heroico como la im portancia de los aspectos emocionales en la construcción de identidades colectivas” . A la vuelta de hoja y con sus matices, a una conc lusión similar arribó la Comisión para la Estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 10 en su I nforme Final, elaborado como parte de la evaluac ión de los resultados obtenidos inm ediatamente después de celebradas las elecciones presidenciales venezo lanas el 7 de octubre d e 2012. En efecto, el documento ini cia con la confesión de una de las debilidades de la oposi ción democrática, a saber, el no haber “logrado producir y difundir u na caracterización común del chavismo”, primando por defec to “un conjun to de interpretac iones diversas acerca de la naturaleza, dinámica, relaciones internas, objetivos y cultur a política de l o que se llama chavismo” (p.2). De resultas, aunque emplazado en la ga lería de “ regímene s que, desde su reciente aparición, suelen llam ars e ‘híbridos’ en la li teratura técnica”, contra los cuales “se estr ellan las interpretaciones convencionales” dado que en su seno albergan “ la peculiar convivencia entre rasgos propios d e la democracia liberal o populista con características de los total itarismos del siglo XX”, en el escrito antes referido se admite que el ch avismo sí ofrece a su destinatar io “un universo identitario propio”, “que puede lucir lleno de contradicciones e imperfecciones, pe ro que cumple cabalmente su función”, auspic iando “ u na cultura política difere nciada, con referentes propios (…) ”, hasta el punto d e proyectar “la conformación de una nueva identidad nacional, una nueva v enezolanidad” (pp. 2, 4 y 5). 10 La Mesa d e la U nidad De mocrática , también deno minada Mesa d e la Unidad o MUD, e s u na coalición de partido s políticos venezolano s (en su ma y o ría proclive s al pensamiento social -demócrata, pr ogresista, demócrata-cristia no, socialista y laborista), op ositores al gobierno de Hugo Chávez y, tras la muerte de este, al gobierno de Nicolás Maduro. Fue cr eada for m al mente el 2 3 de enero d e 2008 en la ciudad de Caracas, co n arraigo en el docu m e nto d enominado “Acuerd o de Unidad Nacio nal”. La or ganización ac om p añó a Henriq ue Capriles como candidato durante los dos últimos co micios presidenciales llevad os a cab o en Venez uela, e n concreto el 7 de octubre de 20 1 2 y el 14 de ab ril de 2013. 59 singularidades de cada país, le brinde claridad an alítica y metodológica en el trámite de optimizar su inserción interna cion al (Za harna, 2010, comunicación personal). En esta búsqueda se sabe que los paradig mas teóricos son una herramienta intelec tual que ayuda a or g anizar el cono ci m i ento, y a construir correctam ent e e strategias de política exterior. El problema surge cuando la teoría está basada casi de manera excluyente en el análisis de los desafíos, inter eses y dilemas de Política Exterior de Estado s que no son siquiera latinoam er icanos y que además ocupan los escalones más altos en la jerarquí a internacional . Esto resu l ta par ticu larmente crítico cuando se trata de determin ar cuáles serían nuestras mejores form as de diseñar una política exterior en la bú squeda de un mejo r posicionam ient o e n el siste ma internacional (Ga rcía y Seitz, 200 6). Llevando esta inquietud a nivel micro, acometer una investigación doctor al centrada en el ensamble de la dipl omacia públi ca del Gobierno Bolivariano, con f oco en la gestión desplegada por el presidente Hugo Chávez de 1999 a 2013, de algún modo vino a hacer justicia a la invi tación extendida por la profesora venezolana María Teresa Romero (2009: 15) al grueso de los profesionales de las ciencias sociales, indistintamente de su formación como internacionalistas, politól ogos, periodistas, historiadores o abogados, en pro de posar la mira “sobre la política ex terior, una dimensión de actuación del Estado venezolano que viene adquiriendo ma yor dinamismo y significa ción dentro del conjunto de las polí ticas públicas nacionale s”. Conjugando esta aspira ción, por ejemplo, entre los nuev e foros de discusión instalados en el “Encuentro de las Organizaciones S ociales de Venezuela”, realizado por la Universidad Católica Andrés B ello (UCA B), el Grupo S ocial CESAP, Sinergia, Fe y Alegría y la Fundación Centro Gumilla del 7 al 9 de febrero de 2012, fue contemplada una mesa designada bajo el nombre “La relación de Venezuela con sus vecinos”, insertándose las relaciones ex teriore s en el temario de los p roblemas cardinales “que confronta ho y Venezuela, sob re los cuales el diálo go so cial puede y d ebe contribuir a la concertación de soluciones” (Cardozo, 2013: 274). A gra nd es ras g os, el énfasis de las ponencias no se agotó en los aspectos diplomáticos centralizados; antes bien descansó en “la clarificación y análisis de la ubicación int ernacional del país y los vínculos c lave con el mundo en cuanto afectan a la sociedad venezolana: su libertad, prosperidad y calidad de vida”, acercando la política 60 exterior a las necesidade s y aspiraciones de lo s ciudadanos ven ezolanos en virtud de sus “efectos sobre la vida n acional – en sus dim ensiones económica, d e seguridad y human a- como por la visible necesidad de mayor transparencia y m ás efectivo s eguimiento y control sobre los compromisos que el Estado a s ume o abandona en el ámbito internacional”. Justamente, en este emplazamiento de coordenadas, que atañe a un cad a vez más dilatado y div erso elenco de organizaciones sociales, que no solo a las políticas, quien escribe estas líneas embarcó su trabajo de disert ación doctoral, g uiada p or su sentido de responsabilidad como v enezolana combinado a sus inqui etudes académicas, a la espera de contribuir siquiera con u n pequeño gesto al estudio en torno a la presencia del Estado en el concierto int ernacional, habida cuenta de que este tema ha gozado de menos defere n cia en la literatura e sp ecializada en Comunicación Institucional (Ruiz de la Serna , 2010: 292). 61 Tabla N° 2 Artículos sobre Ve n ezuela publicados en revistas acadé micas entre 1999 y 2014 Tópico Autor Título Publicaci ón Insti tución editora/País Políti ca ACOST A , Yorel is Marchas y contram archas: la dinám ica sociopolít ica de Venezuel a 2001- 2007. Revist a Electrónica de Psicologí a Política, v ol. 6, núm . 16, 2008, pp. 1-22. 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MARCO TE ÓRICO 109 Capítulo I Relaciones Inter naciona les, Identidad e Imagen Los p aíses no están solos en el mundo, y aunque al emprender un análisi s con un enfoque microinternac ional, como bien apunta Calduch (1993), tanto la ex perie ncia directa como la literatura especializada instan a abordar directamente el estudio de la polí t ica ex terior de los Estados en tanto nodo de conex ión entre la vida nacional y la realidad externa, la incursión del investigador no será del todo fructífera si, de partida, deja d e lado y a bandona del todo el contexto macro de las relaciones internacionales, vale decir, e l conjunto de interacciones bilaterales o multilatera le s que tienen lugar en el gran tea tro de las naciones. En este cauce, em erge con carta de naturaleza el conce pto de comunidad internacional, el cual re mite a una “entidad dinámica, sin personalidad jurídica propia, integrada por los Estados y dem ás sujetos de derecho internac ional” (Rodríguez, Betancourt y To rres, 2011: 69), aparejado a la noción no menos legítim a de actor internacional, entendiendo por este “ T oda autoridad, organismo, grupo e incluso, en el caso lími te, toda persona capaz de de s empeñar una función en la escena internacional ” ( Merle, 1991: 334). Así las cosas, dentro de los confines del orbe conver g en entes públicos o privados que influyen en el manejo y e l consabido desarrollo de las re la ciones internacionales, algunos con una relevancia eminentemente política, como por ejemplo el Estado y las organizaciones internacionales, mientras qu e otr os, no obst ante c arece r de personalidad y capacidad jurídica con tinte extrafrontera s, ame ritan ser reconocidos en la actualidad cual “actores eme rgentes” con un peso notable, a saber las Or g anizaciones No Gubernamentales (ONG), las empresas tra nsnacionale s, los grupos de interés y el individuo mismo (Marcano, 2000: 201). Bajo estas coordenadas, entonces, la política exterior, asumida en calidad de unidad dentro del sistema interna cional, forma parte de la acc ión integral que determina la conducción de las relaciones entre las na ciones merced la p articipación del Estado y las orientaciones derivadas de la búsqueda de satisfacción de los intereses que este promueve y defiende (Robles, 1996: 3; Wilhelm y , 1988: 148). 110 La pol ítica exterior es definida como el intento de repres entar los intereses de un Est ado, para de esta forma l og r ar influencia con respecto a otros Estado s. Este esfuer zo forma parte de un sistema de intereses y posi bilid ades internas y exter nas que t am bi én pueden traducirse o co ncretarse en la co nste lación de l a pol í tic a mundial (Thesing, 1969 : 73) . De tal sue rte, en un acercamiento preliminar, el t érmino es susc eptible de encuadrar como parte de la políti ca general de un Estado -nación (Romero, 200 9: 19), con más exactitud como una políti ca pública concreta, d e cuño racional, que pe rsig ue obj etivos específicos (Marcano, 2 000: 222), aque lla que se pro y ecta hacia fuera de los linderos nacionales al tamiz de la vinculación entre el Estado y otros actores, en particular otros Estados, pero no en exclusiva (Lasagna 1995: 389). Desde este punto de mi ras, la política exterior es , fundamentalmente, un área de la esfera gubernamental q ue reviste ceño oficial, desarrollada por las in stituciones y los agentes debidamente facultados para llevar a cabo tale s responsabilidades, que aspira conciliar el interés nacional con los intereses globales detenta dos por el conjunto de actores con quienes el Estado alterna en el sis tema internacional. P or ende, encarna una función con propósitos y alcances bien delimitados, y r epresenta una posici ón unificada en concorda ncia con el ejercicio pleno de la soberanía del Estado (Luna, 2009). (…) en los intentos tanto tr adi ciona l es com o contemporáneos, de clasificar las políticas de Estado, la po l ítica exterior se pe rfila como un ti po es pe cífico de política pública. Funcionalm ent e dirigida a lograr la adaptac ión del sistema nacional a un m edio ambiente transnacional, esta política involucra, en última instancia, la seguridad y supe rv ivencia m i sma del E stado. Como tal, h a sido tradicionalm ent e considerada como la primera y m ás fundamenta l de las po l ítica s de cualquier Estado ” (Josko de Guerón, 1 983: 83). Tras lo dicho hasta aquí queda claro, pues, que en su a cepc ión como políti ca pública, la política exterior responde a un proceso de fines, medios, acciones y resultados (Ferrigni, Guerón y de Guerón, 1990). De suyo, confo rme se señaló en las pág inas prece dentes, tradu ce el interés nacional de un Estado frente a la gama de actores gubernamenta l es y no gubernamentales que coexisten con é l en el plano internacional para lograr beneficios a corto, mediano o largo plazo (Fernánde z, 2008: 11). En esta tónica, motiva y justifica la acción ex terna valiéndose de una panoplia d e medios o instrumentos (político-diplomáticos, militares-estratég icos, económicos, culturales y de opinión) 111 diseñados y aplicados p or un determinado gobierno a propósito de situaciones espec íficas acaecidas e n un momento hist órico ( Romero, 2009: 20). Y es que, la finalidad es encial de toda política e xterior, como consecue n cia directa de la división del mundo en Estados soberanos, apunta a generar las condiciones para que estos puedan pre servar su independencia r ecíproca, mantene r un entorno de seguridad y proteger sus intereses económicos (Deustch, 1990: 131-169; Amadeo, 1978: 121 -123). Por esta razón, de acuerdo con lo ex presa do por Arenal (1994: 22), “no consiste en una mera sucesión o y ux taposición de actitudes inconexas”; antes bien, su ex istencia estriba en “la coherencia y la conti nuidad que guardan esas actitudes en tre sí”, al amparo de un mínimo de unidad de dec isi ón y de acción que se materializa en actos oficiales (verba les y no verbales), invol ucrando a diversos niv eles de la administración pública (ejecutivo, legislativo, centralizado y descentralizado), y teniendo como punta de lanza u na multiplicidad de polític as sectoriales (petrolera, comercial, fronteriza, entre otras) encaminadas a la consecución de los resultados esperados por un Estado con respecto al exterior (Romero, 2009: 20-21). A decir verdad, de al guna manera Toro (1984 : 13) sint eti z a estos aspectos con asidero en la formulación de un modelo metodológico d e análisis de la política exterior que abarca tre s dimensiones, a saber: 1) Un propósito que defina y delimi te el rumbo a seguir d e c ara a realizar un pro y ecto nacional. 2) Una c redibilidad intern acional que avale y dism inuy a, al mismo tiempo, las trabas en la senda recorrida, habida cuenta de que de ella dependerá, por partida triple, el reconoc imiento en el concierto de las na ciones, la relación costo -benef icio y la capacidad de respuesta que aspira encontrar un Estado específico. 3) Una eficiencia que perm ita alcanzar los dos cometidos anteriores de la manera más expedita y racional posible. En este sentido, el autor diferencia entre la eficiencia sustantiva (obedece al pro y ecto ideoló g ico del régimen polí tico y a la orientación conflictiva o consensual impresa por el Estado a este), la eficiencia estructural (se 112 refiere a la facultad de un Estado p ara conseguir su propósito cu ando adquiere suficiente credibili dad), y la eficiencia procedimental (remite a la racionalidad y la cohere ncia con las cuales un Estado logra sus objetivos) . Por lo demás, a la luz de l paradigma del realismo político, la política exterior presenta particularidades qu e la hacen propender hacia la continuidad, privilegiando “la sujeción de varias admin istraciones gubernamentales a un hilo condu ctor inalterado” (To ro, 1999), en respuesta a los fines pe rmane ntes del Estado (interés nacional de larg o plazo) qu e constituye n el ideal al cual se quiere llegar (estado de cosas deseado). He aquí la ascende ncia de l a denomi nada “agenda de Estado”, reflejo de las condiciones propias del país, su ori g en histórico, su ubicación geoestratégica, sus r ecur sos naturales, su estabilidad institucional, la apertura de su régimen polít ico y el talante de l as convicciones estrechamente vinculadas con la idiosincrasia de su población (Escandón y Nava, 2010: 21). Empero, tomando un poco de distancia, justo es advertir también que l a políti ca ex terior está lejos de ser, simplemente, el producto de la conjunción de variables objetivas; por el contrario, tanto en su sustrato como en todas sus etapas inciden elementos subjetivos, entre principios y v alores, tradiciones nacionales, y normas escritas y no escritas predominantes en la sociedad, qu e guían el comportamiento ex terno de un Estado sobre una base de ac u erdo y aceptación univer sal que t rasciende la alternancia de los distintos períodos g ubernamentales. Precisamente este pilar ax iológico, matizado por la identidad de un país, marca los objetivos, las estrate gias y los instrumentos d e l a políti ca ex terior de cada administ rac ión gubernativa, pudiendo s er incluido en el cuerpo jurídico, en especial t ratándose de los textos constitucionales, a títu lo de “valores generales e indivisibles del Estado en su acción externa” ( L una, 2009: 2 3). Ello, hasta cierto punto, ha conllevado a que las directrices en materia de relaciones e xteriores de la ma y oría de los pa íses sean mu y generales y se circunscr iban, con frecuencia, a preceptos univers ales de Derecho Internacional del c alibre: renuncia y rechazo al us o indi scriminado de la f uerza; valoración de factores geográfic os como determinantes para las re laciones ex ternas; defe ns a de la independencia política e integrida d territorial del Estado; adhesión al principio de la solución pacífica de 113 controversias; re speto y e x igenc i as sobre autod eter minación; desarrollo de políticas de frontera ; promoción de políticas para la integ ración e conómica regional; solidarida d y cooperación con e l resto de los Estados y en espec ial con los vec inos (Fernández, 2008: 6) . En vista de lo a nterior, y pes e al mérito de f avore cer la c onsol idación de las instituciones im plicada s en el diseño, la gestión y la ejecución de los li nea mient os de asuntos externos, no pocos analistas perc iben en la focalización sobre los propósitos estatales el riesgo d e un agudo inmovilism o, de donde se sigue, a su juicio, la viabili dad de que la política exterior, como cualquier política p ública, ante un cam bio de gobierno o los giros r egistrados en el sis tema int ernacional, pueda ser objeto de revisión o readaptación en lo atinente a inter eses, o bjetivos y estrategias, aunque sin irrespetar factores históricos que definen la c onducta externa de un Estado, in clu y endo sus “formas” diplomáticas. En este orden de ideas, p ara lela y complementariamente a la “ age nda de Estado”, se atisba una “agenda d e gobierno” de política ex terior estructurada con arreglo a los designios del je fe d e Estado durante su estadía en el poder, en observancia a la disposición constitucional que asigna a este la prerroga tiva de conducir las relaciones del país con su entorno internacional (Tay hald art, 2006). A grandes rasgos, si bien la “agenda d e gobier no ” no ha de coincidir al d edillo c on el programa d e gobierno que fungió cual plata forma electoral del mandata rio en funciones, por lo regular , con motivo del desempeño presidencial, decanta el grueso de las ofertas y las metas plasmadas en las pág inas del documento en cuestión, influenciadas en mucho por la ideología política del gobier no de turno y las identidades del Estado -nación como actor internacional ( Josko de Guerón, 1992: 41, citada por Romero, 2009: 20). Otro tanto contribu y e a la hoja de ruta el pro yecto nacional qu e el gobierno se dispone cristaliz ar para una determinada et apa de la historia del país bajo la égida de un cúmulo de valores que una generación de ciudad anos introyecta e identifi ca como propios, aun cuando no es descartable que también puedan ser el resultado de una i mposición de las élites en el poder a expe nsas de su representación del “p aís deseado” (Fernández, 2008: 5 - 6). 114 (….) es expresión de un régim en pol ítico determ inado que aspira a defini r, por su intermedio, su concepció n de orden social dese able (…) que p uede expresar se formalm ente de maneras muy diversas (…) suele encontrarse delineado por vía del texto fundamenta l, o los t exto s fundam entales, que otorgan legitim i dad institucio nal al r ég imen político i m perante (…) es posible que éste prov enga de una polít ica gubern amental que por su amplitud de metas, im pli que un diseño global, y generalmente, tranform ador de la sociedad” ( T oro, 19 93: 17, citado po r Marcano, 2000 : 272) . Arribado a este estadio, a los efec tos conceptuales, imprescindible es dibuj ar un paréntesis para tr aer a colación el deslinde inv ocado por Romero (2006: 82) entre las nociones de Estado, régimen político y gobierno, cuya lectura profund a en modo alguno resulta baladí a la hora de poner de relieve, d e en trada, la condición de la política ex terior en tanto output del sis tema político, siendo impactada por sus v ariables estructurales y coy unturales, lo que s e ex plicita en su derrotero ideológico y en el estilo de gestión de las relaciones internacionales; y de salida, la indivisibil idad de la política exterior con respecto a las tendencias prevalenciantes en la dinámica de la política interna, la cual moldea su personalidad a partir del ámbito doméstico (Amadeo, 1978: 121 -123). Dicho esto, se entiende por Estado una instit ución de corte jurídico, justificada en nombre del cumplimiento de la justicia y el bien común, regulada y fiscaliz ada a la guía de un instrumento legal delimi tador de la acción del poder como lo es la Constitución Nacional (Marcano, 2000: 210). En la esfera nacional, su rol entraña proporcionar un marco de ley y orden en el que su población pueda vivir con seg u ridad, a l tiempo que los principales aspectos d e la vida so cial puedan s er administ rados. Así, t odos los Estados tienden a contar con i nstituciones legislativas, ejecutiv as y judiciales, además de l as Fuerzas Armadas para el resguardo de sus fronteras y l a defensa de la integridad nacional (Marcano, 2007: 82). Por su parte, en tanto suj eto de derecho interna cional por antonomasia, y de acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, sancionada el 27 de noviembre de 1933, la entidad estatal, como una totalidad, se distingue por abarcar los cuatro componentes siguientes: 1) Una pobla ción pe rmanente (el elemento humano): agrupación d e p ersonas que constituye n una unidad política, emplazada dentro de un área fija d eterminada por 115 frontera s. Es la b ase personal del ejercicio de las competencias del Estado (Rodríguez, 2006: 71-72). 2) Un territorio y una ubicación geográfic a definida (el elemento físico): es la base físico-espacial sobre la q ue se l evanta y tiene su asiento la comunidad del Estado, y en la que reside el poder ejercido por el pueblo bajo el manto de la soberanía. No solo contempla la superficie ter restre (suelo), sino también la franja de mar ady acente (m ar territorial, zona contigua y zona económica ex clusiva), el l echo y el subsuelo marino (plataforma continental), la porción fluvial con los ríos inte riores o nacionales, y las respectivas columnas de air e (ha cia el inicio del espacio ultraterre str e), d e conformidad con los límites establecidos por el Derecho Internacional. Aun cuando su extensión es indiferente, rep rese nta un atributo valorado para la categorización de un Estado como micro -Estado, potencia o superpotencia. Marca los linderos respecto a Estados vecinos, sin que ello signifique que esté perfectamente trazado ni que permanez ca inm utable; al co ntrario, es frec uente que, con el tiempo, se produzcan modificaciones a raíz de la tra nsferencia de parte del territorio de un Estado a otro Estado; la fusión entre Estados; la disolución de un Estado o por secesión (Rodríguez, Betanc ou rt y Torres, 2 011: 253 - 254). 3) Un g obierno (el elemento jurídico). 4) L a capacidad de entrar en relaciones c on los demás Estados (Marcano, 2000: 210 y 213). Entretanto, por lo que atañe a la de finición de ré g imen políti co, esta remi te al poder social que ha conquistado el poder estatal y que convive con otros podere s fácticos. En esta recta, ineludible es ten er presente que, cuando u n grupo social en específico controla el apara taje del Estado y como consecuencia de ello ha logrado un completo dominio sobre su escenario local, tiene la potestad de ejercitar u na actitud hac i a e l resto de los grupos sectoriales que componen el conjunto social. En esta línea, el régimen polít ico puede ser: 116 - Abierto, siempre y cu ando el sector de poder m uestre una actitud de tolerancia y diálogo, permitiendo que los grupos fácticos interac túen y se ex presen. - Cerra do, cuando el grupo de poder, h aciendo gala de un a actitud de repudio inherente a los sistemas totalitarios, no admite posturas que int erf ieran con su concepción y que, para más, sean díscolas ante los principios y las acc iones rectoras determinada s previamente (Toro, 1984: 19). Finalmente, por lo que c ompete al gobierno, la mi rada se vuelve ha cia e l armazón político constituti vo del Estado que ordena y re g lamenta la conducción de este, asegurando sus funciones tanto en la arena intern a como en la internacional (Rodrí guez, 2 006: 72). En otras palabras, designa la estructura organizacional permanente integrada por la totalidad de los órganos a través d e los cuales se coordina el aparato estatal y s e ej ecuta la actividad pública-administrativa, si endo susceptible de anali zarse, a t rasluz de un a ópti ca de sistema burocrá tico o rganizacional, desde dos vertientes q ue se tensionan y alim entan una antítesis permanente: - L a buro cracia inst rumental: corresponde al burócrata que, en tanto depositario del conocimiento científico, acepta el rol de funcionario ejecutor, toda vez que considera que su objetivo es el se rvicio al Estado. - L a burocracia sustantiva: remite al burócrata que no ostenta una neutralidad ya que la función públi ca que lleva a c abo, casi siemp re y en la mayoría de l os c asos, entraña la sumisión frente a la ideología partidista, razón por la cual, a su b uen saber y discurrir, encarna la legitimidad (Toro, 1984: 53-54). En esencia, la ex istencia de un gobierno se e rige cual condición sine qua non para que pueda hablarse, a s u vez, de la existencia d e un Estado, siendo aquel el ór gano que repre senta a este en sus relaciones jurídicas i nternacionales (Daillier y Pellet, 2002). Siguiendo esta andadura, el gobierno acredita el entramado de los poderes públicos a los 123 independiente lo mismo de las a rtificiales fronteras del Estado como de la eventual concienc ia nacional de s us integ rantes (Máiz, 2002). A la luz de esta apreciación, entonce s, s e cuestiona la concepción de la nac ión como un constructo generado con el propósito de justificar un Estado en tanto única organización que articula formal y funcionalmente la unidad de un pueblo (Muñoz-Navarro, 2008: 179). De ser así, se estaría restringiendo el foco solo sobre la na ción política, léas e aquella que ha logra do autonomía, autodeterminación e incluso una realidad jurídico -social que la a ce rca y la circunscribe a la noció n del Estado-nac ión liber al (Robles, 1996: 2-3). Independiente m ente de la validez de estos planteos, lo cierto del caso es que los destinos de la nación s e encuentran unidos inevit ablemente a los desti nos de cada ser humano perteneciente a esa nación (Navia, 2004), creándose un vínculo que une a una persona con su respec tivo Estado, para más se ñas la na cionalidad, del que se derivan derec hos y obli gaciones se gún la legislación impuesta por ese Estado a sus n ac ionales (Rodríguez, Betancourt y Torres, 2011: 184). Trasce ndiendo el plano normativo- legal, el “lazo parental” adquiere otras connotaciones cuando la nación y el Estado se enuncian como repre s entaciones sociales, simbólicas y discursivas, cuando no construcciones ideológicas, que llegan a tene r existencia y a formar parte de la realidad para los individuos al inscribirse en la vertiente de las “comunidade s imaginadas”, expresión acuñada por Anderson (1993). En efecto, tomando e n préstamo las palabras de Verder y (1993: 38), la nación nombra la relación entre los Estados y sus sujetos, distinguiéndolos de los sujetos de otros Estados, y entre los Estados y otros Estados, fija ndo posiciones en el ord en internacional. En consecuencia, se elev a como una abstracción que suscita apego profun do a tenor de la existencia de un a im agen de comunión con los otros ciudad anos, anudada po r redes imaginadas de p arentesco e identidad, aunque ningún miembro de l a nación llegue jamás a “conocer a” y “ alternar con” la totalidad de sus congéneres (Murcia y Moreno, 2 008: 46). A e ste respecto, bien p ueden entrar en jue go aquí los “factore s no racionales” expuestos por Romero (1997), en tér mi nos de 124 convicciones y actitudes que no responden a un m er o cálculo de cos to -benefici o, sino a creencias y com promisos sustantivos que mueven a los seres hum anos, les hacen solidarios con proy ect o s colectivos, les dan identidad, y en ocasi o nes pueden llevarles a sacrificar h asta la propi a vida (p. 42). A todas vistas, p ese a se r “artificios culturales”, en tanto construcciones s o ciales, la nación y el Estado tienen su efecto en el mundo, habida cuenta de que son susceptibles de inspirar sentimi entos profundos de libertad y sobe ranía, en el enmarcado d e una comunidad limitada que auspicia u n sentido de pertenencia identita ria individual y un imaginario compacto mediante la elaboración de símbolos, ceremonias públicas, instituciones y práctica s di scursivas (Cocco, 2003: 29-30). Apeándose a esta premisa, pues, la comunidad nacional es una fo rma e specífica posible de c omunidad humana, horizontal y fraterna, y tiene un c ariz inherenteme nte concre to ya que la nación, en cuanto cat egor ía analítica, ni existe ni deja de existir, y en cuanto realidad sólo existe objetivam ent e en la medida, y es trictamente en la medida, en que un colectiv o humano cree que existe y actúa pol í ticam ente en consecuencia. N o es , pu es, algo dado que permita expl i car otras cosas , sino al cont rario, es a ella a la que h ay que explic ar (Beramendi, 1992: 153-154). En atención a estas coordenadas, el concepto de naci ón, tanto cultural como política, encuentra pertinencia dentro del sistema int ernacional, al c abo qu e co n la división e n Estados nacionale s arraiga la idea de que en el seno de cada unidad territorial o patria florece una cultura nac ional y se gesta una i d entidad única más allá de pe rmitirse internamente otra s id entidades minoritarias (Escandón y Nava, 2010: 11). He allí las características constit utivas de la identidad nacional, definida en la voz de Montero (1984) , ajustándose a un abordaje psicosocial, como el conjunto de significa ci on es relativam ent e perm anentes a través del tiempo que perm it en a los miembros de un grupo social que comparten una historia y un territorio com ún, así como otros elemento s socioculturales, tales como un l eng uaje, una religió n, costum bres e institucione s sociales, reconocerse com o relacio nados los unos con los otro s biográficam ent e (p. 7 6). 125 De suy o, a riesgo de incurrir en una visión excesivamente antropomórfica , las naciones deben saber qu iénes son, cuáles son sus valores así como también los objetivos que desea alc anzar, lo qu e comporta considerar aquellos sis temas de si gnific aciones a partir de los cuales una determinada sociedad o un deter minado grupo se ordena y da sentido a la vida, se auto identifica y se auto diferencia de las demás (Aguirre, 1986: 12). En esta sint onía, para Maur ech -Siman (2007) una re alidad identitaria funda da objetivamente en el espacio (geografía) y en el tiempo ( historia), con ciertos matices subjetivos, presenta un balance de lo que en verdad son y hacen tanto una entidad territorial como sus habitantes, pudiendo ca li ficarse ba jo el término genérico de perfil geopolítico. Pasando estas reflexiones por el filtro de la t eoría de la identidad corporativa, junto a Paz, Romero, R ojas, Díaz y Mena (200 7: 152), cabría la licencia de equiparar la identidad de una na ción al conjunt o de características o atributos tang ibles o intangibles, visibles o n o visibles, que constituye n la personalidad de la organización/nación. Etimológ i cam ent e, la i den tidad puede expresarse c on una ecuación muy si mple: es el propio ser o el en te (lo que es , existe o puede e xistir) m ás su entid ad (su esenc i a, su form a y valor). La i d entidad es, pues, la suma intrínseca del ser y su form a, autoexpresa da en el conjunto de los rasgos particular es que difer encian a un ser de todos los dem ás. En es ta línea de razonam ientos, l a idea de identida d supone la idea de verdad o de aute nticida d, puesto que ide ntidad significa, sob r e todo, i dé ntico a s í m is m o (Costa, 2007: 16). Subyacen en esto s presupuestos conce ptuales la e xistencia, en toda organiz ación, de una amalgama de ras g os centrales (que son fundamentales y esenciales), perdurables (que tienen permanencia o vo luntad de permanencia en una recta d e pasado -pr esente- futuro), y distintivos (elementos individualiz adore s y diferenciales en rel ac ión con otras entidades) (Albert y Whetten, 1985; Whetten y Macke y, 2002). En este sentido, la iden tidad remite a la r ealidad de la corporación (van R iel y Balmer, 1997); lo qu e la organización es (Vil lafañe, 1999); la personalidad de la entidad (Cappriotti, 1999); el mo do que la empresa elige para id entifica rse a sí mi sma en relac ión con sus públi cos (Zinkhan, Ganesh, J aju y Ha y e s, 2001); el cúmulo de características de una marca co rpora tiva (Capriotti , 2009: 20); lo que los miembros de la org anización creen que es su carácter (Dutton y Dukerich, 1991; Simões, Dibb y Fisk, 2005), o la percepción 126 que la alta dirección tiene acerca de aquella ( I nd, 1992; Bromle y , 20 00), por lo que redundaría en un constructo más centrado en los públicos internos, que son quienes la definen. Así las cosas, la identid ad de una or ga niz ación se concreta en dos dimensiones complementaria s y fuertemente entrelazadas, en una tra y ectoria qu e va desde lo interno hacia lo externo: - El genotipo conceptual, organizacional o cultural (e l comportamiento), relativo a l contenido propio de la e ntidad. - El fe noti po físico, visu al o sígnico (la fisonomía), atinente al diseño (gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico), y l as formas, y la or dena ción operativa de su aplicación en la práctica ( Sanz de la Tajada, 1994: 43). Ateniéndose a los at ributos conceptuales, la identi dad emerg e cual man ifestación codificada de la cultura l atente de una organizaci ón, a saber los valores , l as creencias, los pensamientos, las ideas y dem ás elementos profundos que dan cuent a de la esencia de la entidad y a través de los cuales esta comprende el entorno en que actúa. Por esta razón, a juicio de de la T ajada (1992), las entidades son impen sables sin una identidad que conjunte una s erie de sis temas normativos y filosofías de referencia desde donde pens ar, s entir y hacer. En suma, el genotipo cultural v endría a se r la integración de los modos de ser de la corporación con su conducta. Una explicación de este calibre revela sus bondades de cara al abordaj e de una organización-nación, admitiendo que la identidad nacional se halla incr ustada en una cultura, y que la realidad de cada ser humano, en cuanto ideas transmi tidas -perc ibi das, abreva en un universo de símbolos (Scheinsohn, 2009: 84). Siguiendo este hilo conductor, la dimensión identitaria se vincula con la construcción conjunta de significados y relaciones a guisa de inst rumentos que posibilitan la existencia sociocultural, blindan el consenso de los individuos en torno al sentido del mundo social y c ont ribuyen a la reproducción de dicho mundo (Z h ang, 2006). 127 En este redil, por ejem plo, dar o cambiar e l nombre de los lugares (pue blos, regiones e, inclusive, países – por ejemplo, República de Vene zuela por República Bolivariana de Ven ezuela-) h ace pa rte d el pais aje político, refleja hitos ideológicos y , con frec uencia, son l a ex presión de los valores revolucionarios de un colectivo (Cohen y Nurit, 1992). Ello no es de extrañar cuando, de por sí , vueltos a la teoría de la comunicación corpora tiva, C osta (2013) hace referencia al nombre del sujeto -organización, en cualquiera de sus manifestaciones (verbales, visuales o sonoras), en tanto “núcleo central significante” que expresa quién e s la enti dad, qué hace (pr oductos) y cómo lo hace (conducta). Entretanto, por lo que atañe a los rasgos físicos, la identidad de la organiz ación incluye un a representación icónico-visual-sígnica (la marca), una forma v erba l (el lo gotipo y la tipografía corporativa) y un esp ectro cromático (los colores corporativos), componentes válidos para su identificación d esde el entorno merced la manifestación de sus caracter ísticas y p articularidades (Margulies, 197 7; Olins , 1990 y 1991; Selame y Selame, 1988; Bernstein, 1986; Abratt, 1989). Analizada desde el flanco de la comunicación, esta noción vincula la identidad corpora tiva con “ lo que se ve ”, p roduciéndose el acto de id entificación en el mom ento en que el sujeto ex terno registra y memoriza, de modo inequívoco, aquello qu e hace a la organización int rínsecamente diferente de tod as la s demás y, al mi smo tiempo, idéntica a sí misma (Costa, 2007: 16). Trasladando esta ex plicación al plano de una organización-nación, la bandera y el escudo, en calidad de símbolos patrióticos , vendrían a representar piezas medulares dentro del vocabulario icónico establecido por una comunidad para facilitar la identificación entre todos sus miembros ( Maurec h -Siman, 2007). Dicho en otras palabras, l os símbolos nacionales cristalizan la identidad y el carácte r de la nación como los ven quien es gobier nan, y se avi enen en la carta de pr esentación a trav és de la cu al la nación se diferencia del resto (Coh en y Nurit, 1992). “Por eso, la identidad, el s er del nombre y de la marca, la band era y el escudo de una nación, es u n fenómeno so cial, polí tico y col ectivo de escala monumenta l” (Na via, 2004). Esta última expresión, en conjunción con el deslinde teórico precedente, para nad a luce baladí, y, aunque breve, sirve de antesala para colocar en el c entro de la discusión el tema de la identidad, tan caro a l as relaciones int ernacionales contemporá neas cuando ur ge 128 poner en clar o qué valo res definen a una colectividad, qué imagen pro y ecta la nación y cómo es percibida fuera de sus fronteras (Posa da, 2002). Y es que solo recientemente, a partir de los años 80 y con mayor intensidad luego de la década de los 90, a propósito de la incorporación de una mirada más a ntropológica por parte de l a disciplina de las Relaciones Internacionales, se ini cia la refle x ión alred edor de la presunción de que uno de los actores más relevan tes de la políti ca internac ional, a saber el Estado, desarrolla identidad o identidade s ( López, 2009: 23). En esta onda, la puesta e n alza del concepto de identidad se enmarca en el desarrollo del pensamiento de Alexander W endt, de por sí inmerso en la corriente del Constructivismo surgida h ac ia las postrimerías del S iglo XX a raíz de los procesos políti cos desencadenados luego del fin de la G uerra Fría. A grandes rasgos, el Constructivismo correspo nde a una teoría estructural de la política internacional e n cuyo núcleo du ro confluy en diver sos matic es, pero que, en ge neral, se apalanca en t res pilares: 1) Los Estados son los principal es ac tores del sistema internacional; 2) Las estructuras del sistema in ternac ional son int ersubjetivas más que materiales; y 3) L os intereses e identidades de los Estados están condicionados por esta estructura social que no por fac tor es exógenos (Wendt, 1996). Por lo demás, esta nueva hoja de ruta para el abordaje de lo s asuntos de la política exterior se ha constituido en una alternativa descriptiva, analítica y expli cativa que ofrece ventajas frente a los más tradicionales enfoques tratándose d el estudio de las r elac iones internacionale s (Carvajal, 2009: 210). A tale s efectos, e l rasgo más importa nte que la diferencia de otras lecturas del mundo es la importancia que concede a los factores ideacionale s implícitos en las relaciones interesta tales (cultura, normas e ideas), los cuales atraviesa n, condicionan y, en gran me dida, determinan las “preferencias racionales” de los actores intervinie nt es (Dufour, 2009: 5). En observanc i a de circunstancias concretas, pues, el cuño intersubjetivo de los procesos de construcción social pueden forzar a los Estados a redefinir sus int ereses y su visión de sí mismos (Ruggie, 1998), lo que o bliga a superar la noci ón de la políti ca internacional basa d a exclusivamente en el esp ectro ana lí tico racionalista restringido a mediciones de poder, c álculos de costo-beneficio y m aximización de intereses de los 129 participantes, emplazados en un contexto de per manente anarquía y competencia (López, 2009: 23). Este cambio de énf asis deviene en una ruptura epistemológ ica con resp ec to a los postulados realistas y lib erales, enraizados en una concepc ión más cercana al racionalismo y el utilitarismo, con foco sobre las capac idades materiales (medios de producción -poder económico- y medios de destrucción -poder mi lita r-), y los intereses asumidos de manera naturalizada e inmodificables por la a c ción de los actores (Dufour, 2009: 5 ). De este modo, a diferencia del realismo, el constructivismo no presupone al Estado como un individuo autointegrado, y aunqu e no niega su condición en tanto unidad política eg oísta, qu e vive en un s istema en el que la preocupación primera es ontol óg ica ( gara ntizar la supervivencia), lo asume como producto de la contingencia histórica, pl ausible de asumir nuevas formas y redefini r sus identidades de manera constante, al calor de un contexto en el que el significado de las fuerzas materiales es atribuido por los actores, quienes comparten estructuras de conoc imiento (Fabbri, 2005). A la sazón, investigar cómo se construyen las identidades estatales y cómo se transforman constituye u n punto crucial admitien do el impacto que estas tienen sobr e la política exterior, y , a su ve z , el rol que cumple esta última en la reconstrucción y la reproducción de a quellas (Mer ke, 2008 a: 8). Desde esta mirilla, ex aminar el concepto d e identidad no debe desc onocer la presenc ia de una dualidad de dimensiones que se superponen y condicion an: una interna, que define el “quiénes somos” y se caracteriza por la formación, la consol idación y la institucionalización de la identidad; y otra ex terna, que, median te el permane nt e establecimiento de relaciones y vín cu los del Estado con “otros”, define los objetivos, los intereses a alca nzar y los medios para lograrlos (Escandón y Na v a, 2010: 17). Acto se g uido, bajo el filtro constructivista, en la arena interna cional “l os comportamientos no se dan solos, sino que se m ueven a trav és de los incentivos y de las ideas que forman la identidad de cada Estado. La que c ada uno de ellos constru y e como actor, constituye la estr uctura int ernacional” (J ara , 2011: 7). P or ende, la identidad no adquiere un carácter es enc ialista sino que es definida en la propia interacción social e intersubjetiva del proceso (Wendt, 1999 ). 130 Arribados a este punto, pertinente es hacer algunas ac laraciones, c o mo que la identidad de la que s e habla en Relac iones Internacionales no alude a hábitos, temperamentos, costumbres, prácticas sociales u otros elementos que pertenecen a la esfera etno-cultural; antes bien refiere a la dimensión polí tica de una comunida d, en donde las instituciones públicas en general, y el Estado en particular, juegan un papel cent ral (Merke, 2008b: 33-34 y 37). Más en detalle, siguiendo a Parekh (1995: 501), una comunidad polí tica es un grupo territorialmente concentrado de person as que aceptan un modo común de conducir sus asuntos colectivos, inclu y e ndo un cuerpo de instituciones y valores, siendo el Estado el eje gravitacional. De ahí que la identidad no y ace e n lo que los miembros de la comunidad comparten de manera ind ividual sino colectiva, no de manera privada sino pública. Consecuentemente, en polí tica internacional el Estado ha sido ( y sigue siendo) el espacio organizador que contiene la identidad dentro de los Estados (univer salismo) y la diferencia entre los Estados (particularismo) (W alker, 1990: 13), y del mismo modo que una persona ti ene varia s identidades li g adas a s us roles inst itucionales, los Estados son personificaciones a las c uales se les confieren cualidades psicológicas pro pias de los seres humanos, en concreto la autodefinición (identifi cación del Yo individual y su búsqueda en el marco de la sociedad), y la pe rcepción (la resultante de la int era cci ón Yo versus la Sociedad) (L una, 2009: 13-14). Yendo a los pormenores, a nivel social la identidad expresa la forma de un “nosotros” funda do sobre lo que los actore s asumen colectivamente son “ellos” en comparación c on los “ot ros”. Por esta s enda, la identidad se cimenta relacionalmente: el “Yo” necesita de la re ferenc ia a un “otro” (la alteridad: relación mut uamente constitutiva con la diferencia), lo cual es el indi cador de una lógica de interacción entre los países y de una construcción colec ti va de la identidad individual (Jara, 2011: 18). Etimológicamente , la pal abra “identidad” proviene del latín identitas y su raíz ídem significa “igual” o “lo mismo”. He aquí que, desde la perspectiva comunicacional, hace referenc ia al h echo d e que cada sujeto u objeto es idéntico a sí mi smo (la unicidad o l a mismicidad de cada cosa, como un círculo cerrado determinado por su forma material, su orientación y su esencia), y distinto de “otro” (diferenciación), en un pa r contradict orio o dualidad dialéctic a (Scheinsohn, 2009: 45 -46 y 51). 131 Llevado al dominio de las relaciones int ernacionale s, aunqu e toda identidad estatal se construye frente a un “otro”, menester es puntualizar que ese “otro” no necesariamente tiene que ser un Estado o actor específico (por ejemplo, una organización mul tilatera l); también puede responder a una categoría esp acial (región), temporal (el pasado) o axiológica (la tiranía, la contaminación del medio ambiente, la guerra, el bipartidismo). Paralelamente , el “otro” tampoco tiene que ser un sujeto antag ónico o amenazante, definido en clave de enemigo, a tenor de que “uno sab e quién es cuando sabe contra quién está”. En todo caso, la identidad influ y e de maneras más suti les y complejas en pol ítica exterior que fijando enemigos (Me rke, 2008b: 29, 36 -37). Lo anterior no significa descartar la definición de un enemigo en la construcción de la identidad, pero sí llamar la atenc ión sobre la posibil idad de edifi car sistemas no - antagónicos de diferencias en los que los abordajes discursivos no tienen por qué suponer que la “oposición” sea la principal fue nte d e sentido sino apenas un valor. En palabra s de He adley (2007: 10), esta es otra forma de decir que lo s Estados tienen múltiples identidades, muchas veces ba sadas e n el llamado c ará cter n acional (Verdery, 1993: 40), y que estas, además, no s on fijas, estáticas o inmutables; más bien evolucionan, se re-crean y se afirman como al go fluido, flex ible y adaptable (Alb ert y Whetten, 1985). Por eso Berque (1978: 80 ), citad o por Calderón (1993: 27), al describir la identidad estatal, habla de la vincula ción entre la continuidad y la transformación, entre lo subjetivo y lo objetivo, a sabiendas de que cualquier ser vivo está en permanente cambio, por lo que es viable que, a nivel doméstico, un E stado redefina su estructura identit aria y , de colofón, su posición en el esce n ario internacional. Ahondando en esta aseveración, en mucho la identidad estatal es una construcción sujeta a un andamiaje social h ere d ado que contiene ras g os particulares y estables, perpetuados a lo largo de los años; pero, igualmente está hecha de elección, modi ficá ndose los aspec tos sustanciales de la misma de ac uerdo con el contexto his tórico (tiempo y espacio) en función de factores circunstanciales que ha sta ese momento no habían sido tenidos en cuenta, dando lugar en su proceso de estudio a dos narrativas q ue int egran variables internas y externas, y qu e se recrean dis cursivame nte en ambos ámbitos a la vez (Neumann, 1994; 1999): 132 - Faz interna: la identid ad puede alterarse a partir de las din ámicas políti cas domésticas de los Estados, por ejemplo una reforma o viraje del régimen político susceptible de provocar una transformación grad ual de los valor es de la sociedad, modificando en simultáneo la formula ción y la ejecución d e la polí tica exterior (Headley , 200 7: 11). Esta vertiente se asienta en lo que Habermas (1992) denomina la identidad como “proyec to ”, es deci r, abierta y con pro y ección d e futuro, toda vez que subra y a lo que la organización- nación “es” en la actualidad (su identidad vigente) y la orienta hacia lo que “quiere llegar a ser” (vocación de identidad futura), in stándola a ejecutar la gestión de rigor guiada por objetivos estratégicos, políticas y d ecisiones (Sanz de la Tajada , 1994: 58). A tono con este pl anteo, la identidad se a copla al conce pto de misión y consti tuye el marco de referencia para que los mi embros de la organización-nación c onozcan hacia dónde se diri ge esta, su volunt ad de permanencia, el esquema d e valores compartido y el conjunto de prioridades para la acción (Boyer y Equilbey, 1986). Inclusive, tomando en préstamo la proposición de Regouby (1988), la identidad de la organización-nación como proyecto pivot a sobre cinco puntales: 1) L os fundamentos culturales ( su razón de se r); 2) La vocación de la or g anización, que expresa el rol que esta i ntenta cumplir en el espacio en el que se pro ye c ta; 3) El designio, que d efine lo que la or g anización pretende realizar (su obra); 4) L os problemas que la o rganización debe solucionar pa ra afrontar la consec ución del designio; 5) Las polí ticas que la or ganización establece al se rvicio del lo gro de sus objetivos. A la vuelta de tue rca , cada organización-n ación posee un pro ye cto identitario particular que pr etende alcanzar y qu e, como tal, encauza la elección de determinados r asgos que permitan distinguirle e ntre sus análogas, siend o este un 139 determinados se g mentos o nichos de este (Avendaño, 2013: 33). En este r educto se p erfila, sin ambages, un doble m ovimiento: el discurso como un conjunto de múl tiples enunciados articulados estratégicamente, impregnados de id entidade s y de relaciones de poder; y las repre sentaciones como efe ctuaciones discursivas a las que le son inmanentes poderes productores (Murcia y Moreno, 2008: 43). A poco andar, el discurso de identidad orbita cual argumentación en el campo repre sentacional, mientra s que el componente r etórico fija sus contornos acompasado a la impronta ideológ ica impresa por las élites que de tentan el poder político y ejerce n e l gobier no, las cuales elaboran y comu nican mens ajes, dirigidos lo mismo al interior como al exterior de sus frontera s , que expresan el ser y el sentir, el pensamiento y la acción, la retrospec tiva y la prospectiva de un país -Estado, su socieda d y sus ciudadanos (Paz, Romero, Rojas, Díaz y Mena, 2007). En suma, la identidad estatal es construida principalmente a través del discurso político, el cua l, como producción sim bólica, pertenece al espacio de lo público, es argumentativo, ex presa los intereses del hablante y cumple dive rsas funciones, a saber: informa, comunica, de fine y ex plica, ataca, justifica; propon e cambios o se opone a ellos; intenta convencer mediante puntos de vist a y concepciones d e la vi da y d el mundo, construy e hechos, configura el dev enir y es el instrumento más eficaz para convertirlo en horizonte colectivo (Bolívar y Kohn, 1999: 17). Cónsono con este planteamiento, “en la palabra se ponen en funcionamiento los innumerables hil os ideológicos que tr aspasa n todas las zonas de la comunicación” (Voloshinov, 1976). De tal suerte, el discurso no se contenta solo con la soli dez lógica y la claridad a rgumentativa; justo es decir que, en s u conformación, también y a cen en clave s persuasivos (qu e lo cone ctan con l a realidad y co n las percepciones de otr os actores) y d e poder (que lo sostienen frente a discursos alternativos) (Cejudo, 2008: 3-4). En este orden de ideas, estudiar la construcción identitaria en el enmarcado de la política ex terior entraña hacer inm ersión en los procesos constitutivos de los discursos legitimadore s del indi viduo- hablante (el Estado) c omo “sujeto ideológico” emisor de actos de habla que, inscritos en determinadas cond iciones de producción, le dan sentido, construy e n una visión del mundo y le asignan un lugar a la fi g ura estatal en esa repre sentación (Merke, 2008b: 36). 140 Adhiriendo esta línea, la identidad estatal no es esenc ia pura sino contingencia en relación con un discurso que la hac e intelig ib le y en el que ha ll a u n nicho p ara el asentamiento de un relato tan político como simbólico que produce y reproduce a la nación por medio de múl t iples representaciones articuladas a un pasa do c omún e inmemorial (quiénes fuimos/memoria colectiva), pero también a un futuro imaginado (quién es seremos/expectativas) q ue transita por un presente (quiénes som os/perce pciones) (Boulding, 1961: 393; Banchoff , 1999: 270). Esta es la columna ver tebra l qu e sostiene el propósito colectivo e strechamente ligado a la experiencia histórica de un pueblo que, en sus procesos de singularización, define mitos en tanto val or ex plicativo del o rigen de una realidad d ada y en respuesta a una animación creadora que estimula energ ías poderosas y llama a la mov ilización. Como corolario, el mito no existe por fuera del contexto histórico, político y cultural; más bien se crea , loc aliza y habita los m undos locales, por lo q ue tiene sentido solo y si la comunidad lo comparte, lo asume y lo actúa (Girardet, 1999: 11-12). Las convenc i one s com partidas dentro de un pueblo son consecuencia de su historia y sus circunstancia s, las cuales se incorporan a los m undos de realidad de las p er sonas. As í pues, las premisas s ociales de un puebl o, repet i d amente f orta l ecida s, penetran con profundidad en las actitude s de cada un o de sus miem bros (Wedge, 19 76: 38-39). A buen seg uro, el efecto del mito es esenc ialmente he gemónico en su intento d e establecer una totalidad objetiva y estabilizar determinado “régimen de signos y de poder”, los cuales prov een un co ntexto de significación tanto para la identidad como para la acción exterior y e l proceso de torma de decisiones de lo s actore s est atales (Dam, 2010: 10). Como muestra, tráigase a cola ción la imagen de los des cendientes de Nabucodonosor usada por Saddam Hussein para justificar sus miras regionale s; la exaltación de las virtudes rea les o imaginarias de los Estados Uni dos tras las intervenciones militares en defensa de la d emocr a cia; o la interpretación del pasado bajo un prisma valorizador que excluye todas, o por lo menos la ma y orí a de las zonas grises y oscuras, de la aportac ión civiliz adora de l colonialismo francés (Maurech-Siman, 2007: 6). Incluso, en una situación hipot ética, la nación pu ede ser movi lizada erigiéndose el gobier no d e un Estado en el bastión de la identidad con arreglo a dos formas de 141 acoplamiento: utiliz ándola para lo g r ar un objeti vo específico d e p olític a exterior, casi siempre rel acionado c on la política doméstica; o condicionando la formulación de la política exterior a un objetivo dentro de l sistema internacional (Robles, 1996: 3-4). Es el caso de la estrategia comunicativa implementada por los g obiernos de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez en Venezuela, a propósito de granjearse la simpatía de la opinión públi ca regional y mundial a favor de sus respectivas agendas de asuntos exteriores, invocando para ello una políti ca a ntiimperialista produ cto de la aparente amenaza a la integridad nacional por parte de los Estados Unidos (tesis del ene migo externo) 14 .Suma a este ca uce el conflicto de las Islas Malvinas en 1982, en la medida en que la junt a militar argentina consideró el reclamo de la soberan ía sobre ese territorio como un factor decisivo en el fortalecimiento de la ide ntidad nacional (Bloom, 1990, citado por Escandón y Na va, 2010: 18-19). Precisamente, el discurso nacional habla de la sociedad nacional referenciándola de maneras más o menos explícitas a través de representaciones (guerras, invasiones y conquistas) que resultan decisivas para el sostenimiento de un arquetipo justificativo con capacidad de autodeterminación futura, de donde se sigue el diseño de un a política exterior acorde a tal configuración identitaria y la adsc ripción o no a determi nadas relaciones interestatales (Deutsch, 1993: 156). Por otro lado, en much o, los lí dere s polí ticos describen l a situación e statal con respec to a otros Estados e instituciones, y , todavía más, p ueden lleg ar a narrar la historia de la interacción del Estado con su entorno exter no, reduciendo la complejidad de la arena internacional , estableciendo quiénes constituyen el “nosotros” y el “otro”, delineando amigos y e nemigos, y d eslindando el contenido de los intereses estatales (López, 2009: 9). De r esultas, al brindar esquemas de pensamiento y de valoración sim plificados, se allana el camino a la cohesión de identidades comunes (semejanza e identificación hacia adentro) y la diferenciación en perten encias (disimilitud hacia fuera) para una pluralidad de individuos, grupos o sec tores (Molina, 2000: 28). 14 De ac uerdo co n T orres ( 2005: 9 ), ha sido recurrente dentro de los gobiernos occiden tales, y espec ialmente estadounidense, e ndilgar la po ca fortuna d e su acción diplo mática en la labo r pro pagandística d e los regímenes d e algunos p aíses, interesado s en culpab ilizar a tercero s de su propia ineficacia y co rrupción co mo válvula de e scape frente a la s tensiones d oméstica s. Con apego a esta lógica, consi guen u nificar a las pr opias sociedad es en contra de un desead o “ enemigo exterio r ”, alentado toda una serie de prej uicios. 142 A su turno, en la medida en que se definen imágenes y contr aimáge n es de sí mismos y de otros, se alimenta la constitución de actores con pro y ectos e i ntereses competidores en un momento histórico concreto. P or eso mu chos d e los mitos se basan argumentalmente en los nacionalismos, siendo crucial apostar por la construcc ión de un “nosotros” a partir de una constelación e strati ficada d e con ceptos clave desde dond e generar g ran pa rte del discurso nacional (Weaver, 1996a; 1996b). Por lo demás, el fin último redunda en lograr comunidad desde el campo simbólico para movilizar apo y os en el fluir de una s erie d e propuestas discursivas que pretenden dotar de unidad de si gnific a ción y sentido a las acciones hegemónicas del Estado, inscritas en el dominio de lo simbólico/cultural sin despre nd erse de lo material/histórico. En tal virtud, cualquier a bordaje estaría in completo si no parte de la compr ensión de la arquite ctura cosmovisional que le propina so porte y posibilidad de r ealización a las acciones políti cas, puest o que a los dirigentes les gusta procl amar represe ntaciones de ti po proy ectivo ( pictures o f reality ) que confieren orden y direccionamiento a las config uraciones materiales , es d ecir a la creación de la realidad que sustenta su objetivo político y justifica su procede r (Valls, 1996: 145-146). Y es que el desa rrollo de las narrativas polít icas o tramas id eológicas otorga capacidad argumentativa al actor polí tico y , al mismo tiempo, contextualiza su acc ionar, dando cuenta d e las e le cciones que h ace a la hora de b rindar solucio nes operativas a problemas concretos ( ‘adonde nos lleva’ tal o cual decisión) mediante las cuales se legitiman o se impugnan (Farah, 1978; Hajer y Laws, 2006: 260; Broc k, Huglen, Klumpp y Howell, 2009: 7). En definitiva, pues, más allá de posturas teñidas de pragmatismo, lo ideológ ico siempre apa rece, habida cuenta de que es inhere nte a la comunicación polí tica y , en detalle, a la comunicación gubernamenta l, admiti éndose que todo gobierno, al momento de comunicar, expone los grandes lineamientos o proyecto genera l de su gestión a través de un mito de gobierno que fundamenta el diseño de l as políticas públicas sob re la base de un norte estratégico, permitiendo a los ciudadanos vislumbrar el “futuro deseado” y ten er buenas razones para creer y apropiarse “de” él como proyecto histórico -político nacional que contribuya a la construcción d e cons ensos y escenarios de gobernabilidad a largo plaz o (Riorda, 2006: 14; Riorda, 2008: 4). 143 Así las cosas, el discurso, más que comunic ar un pro grama, se util iza para conectarse con el imaginario social de los auditorios, para despertar en ellos miedo y temor o para, por el contrario, generar expectativas po sitivas, trazando límites a l orden so cial al circunscr ibir en sus matrices formas de definir lo existente (“lo que es” y “l o que no es”), lo deseable (v aloraciones de lo bueno y de lo malo) y lo posible (a qué pued e aspirar o hasta dónde puede llegar e l colectivo social dado un estado de cosas) (Molina, 2 000: 28). Atendiendo a esta lógica, el imaginario no ex presa tanto los elementos objetuales de un pro y ecto político co mo el horizonte utópi co al que tiend e, la m anera como los que formulan y se unen a tal p roy e cto se relacionan co n él (las esper anz as absolutas o la falta de ellas), y su modo de producción (el concepto de persona y de sociedad que se trae entre manos) (Trigo, 2012: 86). Esta fue la ruta en la que se enca r rilaron Mijaíl Gorbachov con la “ Pere stroika” , Rajiv Gandhi con “Empuje hac ia el nuevo sig lo XXI” y Deng Xiaoping con la “Nueva China”, y, y endo al t erreno latinoamericano, Hu g o Chávez con el “Socialismo del S ig lo XXI”, imaginando y describiendo una visi ón de futuro para sus r espec tivos paíse s (Dholakia, 1988). Con todo, la sedimentación de un imaginario políti co es el mom ento de ma y or estabilidad he g emónic a, entendiendo el discurso no exclusivamente como la estr ategia de comunicación sino como la visión amplia que los gobiernos suelen “v ender” por int erme dio de tres ver siones: - L o que tenemos: rentabilizar ante los ciudadanos los resultados palpables de la acción de g obierno. - L o que tendremos: anticipar la rentabilidad de las acciones de gobierno qu e aún no se han materializado, pero que y a se están realizando. - L o que no tenemos ni te ndremos: rentabilizar ante los ciudadanos aquellas acciones de gobierno planificadas o que se han intentado ejecutar , pero que no se han podido realizar por la oposición de otros (Maga ña, 2005: 300). 1 44 A todas luces, el mi to de gobierno no re mi te simplemente al pr o y e cto político explícito que reflejan los líderes en el contenido de sus discursos; antes bien, conviene resca tar d e su estructura los dispo sitivos latentes que influ ye n en el proceso d e decodificación de l as aud iencias, f acilitando la int erpr etación de la realidad por parte de los ciudadanos en consonancia con los intereses o las definiciones que, de manera previa o posterior, se va y an inst alando desde el gobierno mediante su comunicac ión (Cabás y D elle Donne, 2011: 9). He aquí que, para Riorda (2008: 4-5), el trabajo del gobier no consiste en conseguir que su mensaje se per ciba como realidad, reca y e ndo la estrategia en la elección correcta de las palabras con las que argumentar, si bien, una vez lanzado al público, el mito de gobier no se vuelve parte inm ane nte de la comunicación del gobernante y toma vida “independiente mente de sus eventuales usuarios”. Nomás, al entender que estas visiones nacionales constituye n la realidad tal como esta es comprendida y aceptada en común por los ciudadanos de una nación, se da el primer y más largo paso desde el punto de vista de las f uerzas que mueven el comportamiento de aquella por lo que atañe al intercambio intern acional, transformándose en intenciones, inspiraciones y justificac iones de posturas y accion es geopolíticas (Wedge, 1976: 39). Lo anterior no e s de ex trañar considerando que todo sistema so cial y políti co necesita de un gran relato legitimador, dador d e identidad, y es just amente el mito de gobier no el que, valga la redundancia, otor ga una i dentidad al gobier no. En este sentido, las estructuras ideológicas y la conducta retórica en tanto fenómenos indep endientes de política nacional pued en servir de poco, pe ro, incorpo radas e n la formulac ión y consiguiente ejecuc ión de la política exterior, con salida en programas diplomáticos, permiten ampliar la lente de análisis de la conducta internacional de los países merced la introducción del concepto de “image n del Estado” (Tsi g ankov, 2001: 17; Howland, 1976: 209). A ciencia cierta, aún en las sociedades mod erna s, industrializadas y com plejas, se ponen de relieve la vigencia y l a relevancia de l os mitos y las representaciones colectivas como elementos fundamentales de la or g anización social y de los sistemas de domi nación política, los cuales se manifiestan en la vida cotidiana como dispositivos que genera n unidad, fomentan el sen tido de permane ncia y dinamizan la cosmovisión (Torres, 2011; Martínez, 2010: 227-228). No en vano, los discursos capitalistas y socialis tas proporcionan 145 usos y campos semánticos diferentes de términos como “democracia”, “Estado”, “justicia”, “igualdad”, “libertad”, “desarrollo”, “progreso” y “ bi enestar”, incorporando cadenas de significación con las que individuos y grupos nacionales y ex tranjeros p ueden identificarse en función de sus prop ias demandas, aspiraciones e intereses, pr evia evaluación d e la disponibilidad y la credibilidad del proy e cto político (Biardeau, 2009: 61). En esta onda, un Estado puede ten er múlti ples identidades asocia das a un papel destacado para jugar en e l mundo como “soberano”, “líder de occidente”, “poder imperial”, “aliado incondicion al” o “potenc ia ener g ética”, lo que bien podría interpr et arse en el sentido de una “misión” hist órica finca da en la suposición de la naturaleza especial y la posición única ostentada por una sociedad en particular para tomar la ventaja de representar esa tipología en la política r egional e inclusive mundial (Headle y , 2007: 4). Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviét ica vio su misión como el faro del comunismo, mientras qu e Estados Unidos asumió el rol d e paladín de la democracia liberal, al tiempo que Venezuela, con motivo de la presidencia de Hugo Cháv ez y pertrechada en la es tampa de la “Patria d e Bolívar”, enarbol ó la bandera de la Revolución, la democracia participa tiva y protagónica, y el “hombre nuevo” . Una característica ll amativa de este fenómeno es que el Estado desborda el marco político de la nación y asume que “existe para lograr las cosas en el mundo”. S obra decir, sin embargo, qu e la capacidad de proclamar tal es identidades y garantizar la viabilidad de sus estructuras n arrativas o discursivas no emergen automátic amente como un plan predeterminado; de su y o , sur g en como r espuestas prácticas a situaciones q ue se delinean a partir de los r ecur sos d e poder de los qu e se disp one o de los vacíos de lo s que se suf re al respec to en los dist intos c ontex tos políticos (Williams y Neumann, 2000: 385). 1.3.- P oder y política exterior: entre lo tangible y lo intangi ble La s tr ansformaciones mundiales opera das de sde la déca da de los 70, signadas por l a desmaterialización de la vida política, el fenómeno de la nueva economía y la sociedad posmaterialista, han cam biado las fuentes del poder en tanto instrumento catalizador de la acción externa de los Estados y de las r elac iones en el sistema internacional, volviéndolo menos intercambia ble, menos tangible y más fungible (Molina e Iglesia s, 2 006: 3). 146 Siendo diversos los ángulos a través de los cuales es posible abordar esta compleja temática y guiados por la definición más corriente, el poder n acional puede visuali zarse como la suma de los a tributos que facultan a un Estado para alcanz ar sus objetivos externos, siempre que se opongan a los objetivos y la voluntad de otro a cto r internacional (Fontaura, 2006: 5). Asimilada en estos términos, se torna evidente la condición que reviste el poder en cuanto medio del que se han servido los Estados a lo largo de la historia para apalancar e imponer sus propias elecciones, admitiendo que estas representan, para ca da momento o como constante, sus más legítimos interese s. De allí despuntan dos de sus rasgos más conspicuos: su naturaleza exclusivamente instrumental y, al mismo tiempo, su naturaleza intrínsecamente relacional, pues no se p uede dejar de señalar, a los efectos de su emplazamiento, la existencia de una acción adversa ejercida por otra entidad dotada igualmente de voluntad política, objetivos precisos y poder que pondrá a l servicio de estos (pp. 5-6) . De acuerdo con la doctri na, el pode r na cional colinda con la noción de potencia en tanto referente geopolítico que h ace alusión a la jerarquización de los Estados en el sistema internacional (no se da una condi ción igualitaria entr e ellos y a que algunos son más poderosos que otros ), a expensas de una asimetría que se refleja en la fuerza mi litar y nuclear, la tenencia de recursos materiales estr atégicos, la cohesión int erna, el crecimiento económico y la innovaciòn tec nológica, según se muestra a continua ción: - Superpotencias o pot encias mundi ales: posesión de g randes territorios, riqueza económica y recursos humanos calific ados, junto a un desarrollo cie ntífico y tecnológ ico notable, lo que les confiere una al ta capacidad de intervención en cualquier a sunt o mundial. - Grande s pot encias: Estados con predominio polít ic o, económico y militar de alcance regional. - Potencias medias: son Estados que no se pueden considerar com o grandes potencias, pero tampoco se les puede catalogar c omo Estados pequeños. 147 - Estados pequeños o dé biles: cuentan con un desarr ollo económico escaso, un territorio reducido, una población dim inuta y una participación limi tada en las cuestiones internacionales. - Microestados: constitu y en subgrupos de Estados pequeños, con territorio estrecho y población poco voluminosa (Nolte, 2008; Merle , 1991; Russet y Starr, 2004 ). Paralelo a este esquema, pertinen te es citar e n este segmento la clasificac ión expuesta por Merle (1991), quien establece el nivel jerárquico de los Est ados de acuerdo con el ámbito geográfico de su intervención y las facetas que ella abarca: - Estados cu y o ámbito de int erve nción es mundial y pu eden abarcar v aria s aristas de la política int erna cional en forma sim ultánea (militar, política, económica , ideológica y cultura l). - Estados que aspiran a convertirse en potencias mundiales, pero que carecen de la capacidad par a lograrlo, tanto por razones estric tamente geo g ráficas como por la imposibilidad de intervenir e n varias áreas críticas del entorno internacional al mismo tiempo. - Estados que no tienen ninguna ambición, ni posibilidad alguna de ejercer influjo mundial, pero que disponen, pese a todo, de la capacidad necesari a para desempeñar el papel de líderes reg ion ales. - Estados que deben d efenderse de las amenazas s obre su soberanía y que, debido a tal debilidad, no pueden aspirar a ejercer un papel de influencia, por lo que se ven obligados a suscribirse a otro Estado cu y a jerarquía sea garante de protección. Con base en estos términos, al buen saber y ent ender de Merle ( 1991), la tipificación planteada p ermite esclarecer los distintos niveles de influencia de los Estados 148 en atención a diversos grados de poder y su expresión a través de dif erentes canales, como por ejemplo la asistencia técnica y financiera, las formas culturales, las pro ye c ción ideológica, el apoy o defensivo, entre otros (Marcano, 2000: 270). En este o rden de ideas, el poder nacional pued e ser evaluado como pod er actual, condición que supone su disponibilidad inmediata, aunada a su carácter mate rial y cuantifica ble procedente de la iniciativa política y sometido a su control directo, o como poder potencial, b asado en ex pec tativas más o menos fundamentadas, cuando no una realidad p resumida mas no concretada, y a sea po r decisión de las autoridades, por falta de medios financier os o tecnológicos, por la aus enc ia de una necesidad inme diata de uso o por desconocimiento de su e xistencia, lo que no hace mella para que, en una situación futura que así lo justifique o lo exija, ese poder p otencial pueda pasar por un proceso de conversión que lo tra nsfo rme e n poder actual (Fontaura, 2006: 9). Entretanto, el poder también puede ser rea l, de donde se colige su condición objetiva independientemente de las apreciaciones del obs erva do r, contrario al poder percibido, de talante subjetivo, estilándose la re ferencia genérica al poder tangible o duro ( hard power ) y el poder intangible o blando ( soft power ) (pp. 12-13). A grande s ras g os, el poder duro o poder moderno consiste en la capacidad de influir en los actores políticos y sus asuntos usando la fue rza y l as m edidas de tipo coercitivo (Kaga n, 2003). También puede enunciarse como la habilidad de un Estado para inducir a terceros a cambiar su pos tura utiliz ando para ello los recursos militares y económi cos (Nye , 1990; 2003). En este caso, un fa ctor de relevancia que de nota la fa ceta tangible del poder nacional remite al territorio que ocupa un Estado, analizado desde el punto de vist a de su extensión, posición geográfica, clima y estructura física, potencialid ades estas qu e, aprovec hadas integralmente, permiten el a sen tamiento de grupos de personas que encuentran en tal espacio la satisfacción de sus intereses, aspiraciones y expectativas de futuro, desarrollo y pro g r eso permanente (Fontaura, 2006: 14). La población o cantidad de habitantes que posee un país, ex aminada en términos de su composición, distribución y evolución en el mediano y lar go plazo, es otro eleme nto significa tivo de poder, complejizado si se adic ionan a la agenda de e studio nociones relacionadas con el sent imiento de pe rtene ncia de los individuos a una comunidad con 251 ubicar aquí la or g anización de eventos monotemáticos (“Feria del Turismo”, “Feria del Automóvil”, “Feria del L ibro” ), o pluritemáticos (“Semana del J apón”) a los que asisten tanto los medios de comunicación como los propios ciudadanos del país rece ptor (Castillo, 2010: 190 -191). Tay lo r (2009: 14) a grega a esta v ertiente l os esfuerzos en camina dos a la construcción, la comunicación y la consolidación de la marca país, pro ce so en cu y a conducción participan responsables de las políticas públicas, el comercio y las inversiones, el turism o y las relaciones culturales, y que, por consiguiente, en traña articular operaciones de información, operaciones psicológicas, diplomacia pública y gestión de los asuntos públicos para optimizar las relaciones económico- comerciales con países ex tranjer os y facilitar la inserción de las empresas locales en los negoc ios internacionales. Por su parte, Manheim (1994) se permite la licencia de sumar a este cauce los programas de int ercambio siempre y cuando esto s sean inst aura dos p ara atender, a mediano plazo, las necesidades de determinados grupos de personas, bien se trate de académicos, periodistas u otros públicos de interés. Asimism o, no descarta en sit uar en este segmento los c ontenidos informativos de corte publicitario. En razón de las características antes descritas, y p ara hacer más eficientes las acciones de diplomacia pública, perentorio es p ara el Est ado configurar una red de intermediarios-c olaboradores que, sin identifi carse como participantes del proceso, le permiten al Estado no aparecer como obvio “moti vador” de la notici a en cuestión (Prof. Dr. Gustavo Martínez Pandiani. Entrevista personal. 12 de agosto de 2010). 3) Construcción de rel ac iones: apunta hacia el largo plaz o (años), en razón de que se concentra en el model aje de una arquitectura estratégica y duradera de vínculos personales, social es y cu lturales entre la socied ad civil de un país y ot ro, con el ánimo de dar a conocer los valores propios y apre nder de los ajenos . En tal sentido, y a que abreva en el con cepto de relación y su ex presión por la vía de la “ex celenc ia 252 de las Relac iones P úblicas” , pres cribe una l abor consistente y co ntinuada, encaminada a la genera ción de experiencias de primera mano entre un gobier no extranjero y públicos ob jetivo ( congre sis tas, periodist as, líderes de opinión) (Yun, 2006: 309). Obedec iendo a esta línea, convo ca un elenc o amplio de acciones, s obre todo programas educativos y d e becas, inte rca mbios académicos, conferencias y seminarios, establecimiento de redes de contacto y acceso a medios de comunicación (Manfredi, 2011: 217). Como en el caso comentado con anterioridad relativo a la comunicac ión estratégica, lo ideal e s que la plat aforma d e relaciones s e cimente merce d el criterio de profesionales con ex perticia en el tratamiento de grupos de interés es pecíficos dentro del cuerpo de la sociedad civil, si se quiere apoyados por un organismo o institución alejados del núcleo político para auspiciar la transparencia y, c on ella, la confianza y el compr omi so (Noy a , 2007: 109). Tal como se puede corroborar de lo reseñado e n los párrafos precedentes, los tres estadios (corto, mediano y lar g o plaz o) brindan piso para el diseño de una estrategia de diplomacia pública sostenible conforme un plan de acción ex terior, a sociándose casi siempre las a cciones má s inmediatas a la escuel a de la str ategic communication (con un dejo instrumentalista), mientras que las ini ciativas de aliento más dilatado se atribuy en a la cantera de la discourse c ommunication (con una inspiración más constructivista) ( L a Porte, 2007: 30). Contigua a esta distinción, Signitzer (1993 ) asoma la existencia de dos líneas de pensamiento que, a su vez, definen las prácticas constit utivas de la diplomacia públi ca, a saber: 1) L a es cuela “dura”: inscri ta en el trab ajo a corto p lazo, se centra en la in formación política y la prop aganda, en el entendido de que su o bjetivo consiste en disemi nar noticias sobre el gobierno del país emisor y su actividad exterior, de dond e se si gue 253 el uso de medios de efecto rápido como la televisión, la ra dio, la prensa y l a internet. Con frec uencia es coordinada desde gabinete del Min istro de Asuntos Exteriores, cuando no desde la Oficina de C omunicación y Prensa bajo s u control, motivo por el cua l los ag regados de prensa de las embaja das des empeñan un rol estelar, en especial por lo que compete a las relaciones con los medios de comunicación soci al y los líderes de opinión en el exterior. Va acompañada d e tareas de political advocacy , lo que reafirma su v ocación al servicio de los intereses gubernamenta l es. 2) L a escue l a “blanda”: maneja plazos largos, t omando en cuenta que aspira a presentar la diversidad del país y no tanto los aspec tos políticos o relativos a su gobier no in strictu . De ahí que se afinque en la comunicac ión cultural y acuda a medios con efe ctividad más lenta como la enseñanza de idi omas, el intercambio académico, la financiación de investigaciones o e st udios, y las exposiciones. Al vuelo de estas características, y como su mismo nombre lo indica, la diplomacia pública “blanda” anida en el soft power y , por consiguiente , remite a una forma indirecta de ejercer el poder mediante el convencimiento y la a ceptación de valores para impulsar y legitimar propuestas de política exterior. No en vano, M orgenthau (1975: 4) hace referencia a esta rama como la “diplomacia sutil”, aquella que “no tiene como objetivo la c onquista de un territorio o el control de la vida económica de un país, sino la conquista y e l control de las mentes de sus ciudadanos”. Por eso, a los ojos de Seib (2009: 246), la diplomacia pública es la esencia del poder de la persuasión, toda vez que contribu y e a mantener o aumenta r el poder blando de una nación a través de la s actividades del Estado y de los actores del no -Estado, de donde se sigue u na planificación estratégica y táctica que la convierte en algo más que una acción subsidiaria. A todas e stas, aunque no es extraño equiparar la diplomacia pública al poder blando, par a Hockin g (2 005) esta visión es cuando menos parcial, puesto que, en 254 realidad, pued e estar al servicio de cualquier fin de la política exterior, léase puede ser el me canismo para desplegar el poder blando, pero no es en sí misma e l poder blando. Cull (2009: 60) ig ualmente adhiere al ar gumento de que la ecuación entre diplomacia pública y poder blando no es del todo cierta, tomando en cuenta que, al menos en teoría, puede darse la una sin la otra: - Un país con poder blan do que, en circunstancias normales, no necesite hacer diplomacia pública, como los Estados Unidos. - Un país que det ente pod er blando y ponga en práctica un a diplomacia públi ca mínima, como Eire. - Una región como la Un ión Eur opea que, h aciendo uso de las bondades de la diplomacia pública, comunique sin recurrir a l poder blando. - Un país que a pli cando estrateg ias de diplomacia pública no posea ma y o res cuotas de poder blando, como Corea de l Norte. En suma, más allá de la diferenciación entre una línea dura y un a líne a blanda, prestando oídos a la recta demarcada por Cull (2009), para obrar con éxito en materia de diplomacia pública lo i deal es que se produz ca una confluencia mu ltifactorial entre políticas, infrae structura, tare as, ti po de interlocutor y flujo d e inform ación, colocadas en la perspec tiva de la es cala t empora l y el enfoque d el actor en cuestión, como se expresa en el siguiente c uadro (pp. 62- 74). 255 Tabla Nº 5 Taxonomía de tiempo/flujo de infor mación/infr aestructura en la diplomacia pública Tipo de diplom acia pública Marco tem poral Fl ujo de inform ación Inf raestructura típica I Escuchar Corto y largo plazos Int erna a analistas y proces os políticos Monitor eo de tecn ologíay personal capa citado en lenguas II Defensoría Corto plazo Externa Departam ento de prensa em bajada; depar tamento de estrat egia prim er m inistro III Diplom acia cultural L argo plazo Externa Centro cult ural y /o Bibliot eca IV Diplom acia de intercam bio A muy largo plazo Int erna y externa Admi nistrador del intercam bio, departam ento de educaci ón V Radiodifusi ón internaci onal Mediano plaz o Externa per o desde una burocracia de notici as Despachos de noticias, estudios de producci ón, oficinas editori ales e instal aciones de transm isión VI Guerra psicológi ca Corto plazo Externa Im prentas, radiodifusor as secretas , red secreta Fuente: Cull (2009: 74). Profundizando en esta hoja de ruta, cad a recurso comunicativo ha de tenerse en cuenta a la hora de segmentar objetivos dentro del andamiaje de una diplomacia públi ca que, arropada por la era global, en poco o nada luce reflejada por las modestas campaña s de información de antaño, haciendo indispensable cambiar la mentalidad de l os individuos que repre sentan los intereses de los Estados (Oviamionayi, 2004: 216) : 1) Escucha r: de antemano, y a se h a subr ayado que en dipl omacia pública, entendida como comunicac ión entr e sociedades, im porta tanto el contenido del men saje en sí (lo que s e dice) co mo la manera en que lo percibe la audienci a (cómo se recibe), a sabiendas de l a cantidad de factores que pueden a fec ta r la fidelidad del pr oceso de transmisión de los mensajes, más aún en el contex to de la c omunicación internacional en el que entran en contacto públicos multidiversos con idiosincr acias actitudes, creenc ias y opiniones distintas ( L a Porte, 2007: 32). 256 En estas li des, el gran desafío radica en entender a la au diencia escogida a partir d el lugar en el qu e esta se sitúa o d esde la posición que esta supone ocupa en el mundo sobre la base de sus propios imaginarios, miramiento para nada baladí si se trae al ruedo que l os malentendidos culturales, los choques étnicos y r elig iosos, la imposición de etnocentrismos, la ausencia de em patía y la incompatibilidad en los patrones de comunicación han fermentado el caldo de cultivo para la gestación del escenario de terrorismo interna cional actual ( No ya, 2007: 122). Y es que la revolución de la tecnología de los viajes y las comunicaciones ha alimentado la impresión de que se puede conocer todo lo que ocurre en otros lugares y los motivos por lo que aquello tiene lugar, poniendo en juego una “r ac ionalidad de baja información” en virt ud de la cu al los ciudadanos pueden estructurar imágenes, hacer juicios y lle g ar a conclusiones razonables acerca de la realidad int ernacional a pesar de los recursos limitados de los que dispongan (Frankel, 1976: 27). Esta eliminación del aislam i ento y el provincialism o nos ha acer cado y alejado al m i smo tiempo; nos acerca porque, mediante l a prensa y l a televisión, es tamos en diario contacto con pueblos de países distantes ; y nos separa porque, al vernos y oírnos mutuamente, a m enudo con f und imos lo que v e m os y oí m os, debido a nuestra ig norancia de l as cu lt u ras ajenas a la nuest ra (Delaney , 1976: 14). De resultas, la formulación de la estrategia de comunicación de la diplomacia pública requiere escudriñar, profunda y exhaustivamente, un universo d e matrices culturales en pos d e reconocer y entender a un a determinada so ciedad sob re la bas e de los elementos que componen su red co g noscitiva, afectiva y conativa: la historia, el lenguaje, los valores, las costumbres, las tradi ciones, los hábitos, las pautas de conducta, y hasta l as maneras d e pensar y obrar individuales y grupales (Rodríguez, 1987: 63). A no dudar, ello transit a ineludiblemente por la interpre tación activa del entorno mediante la integración de herramie ntas de m edición de la opinión pública, el análisis del mapa de identidades colectivas y el s eguimiento de l as tendenc ias sobre la evolución del comportamiento social y person al de los países (Manfredi, 2011: 217). De hecho, como bien lo afirma Cull (2009: 64- 65), “la escucha es el intento de 257 un actor de gestionar el e ntorno int erna cional, rec aba ndo y cotejando datos sobre un público y sus opiniones en ultramar ”. Con todo, suby a ce en estos derroteros una vet a de índole psicológica qu e entraña internarse por el entr amado de los “ aspectos humanos de las relaciones internacionale s ”, y da r una ojeada sobre “lo que no está e struct urado ni formalizado” (Frank el, 1976 : 34), con el ánimo, por un lado, de afinar un diagnóstico sistemático con relación a las condiciones que definen las per ce pciones de las audiencias objetivo y , por el otro, conoc er cuál es el estereotipo del país emisor que ella alberga, retroalimenta y envuel ve en valoraciones dive rsas, bien sean positivas, nega tivas o neutras (Marini, 2008 ). En este orden de ideas, el moni toreo de medios d e comunicación (convencionales y no convencionales, en tiempo real y cuasi real), los grupos fo cales y , en general , los sondeos, las encue stas y los escrutinios de opini ón pública, tanto nacion al como foránea, con forman un a plataforma inst rumental que permite evaluar la i magen de un país en so cieda d es ex tranjera s, en pro de co nfrontar los resultados con el tipo real y calibrar las variables del mensaje a lanzar según los objetivos de dipl omacia pública (Free , 1979: 66). Semejante tarea es facilitada, en la era digital, gracias a los pro g r esos en el soft ware y la pro fusión de material original en línea (los blogs ocupan un lugar i mportante), ensancha ndo así las posibilidades de contar con observatorios internacionales que hagan más efici entes los mecanismos de alerta temprana como parte de la función regular d e inteligencia, habida cuenta de que, junt o a las tareas de n egoc iación y d e repre sentación, la de informar no es menos relevante (Baños, 2009: 139) 17 . 17 Recuérdese que, desde muy antiguo, los e m baj ador es suministrab an infor mación a los príncipes so bre las condiciones de v ida, la fuerza, la disponibilidad p ara la guerra o la p az, y demás evento s que aco ntecían en los lugares en que e staban destinad os a m isión . 258 Es decir, dado que la diplom acia busca el acer camiento entre los Estados en razón de un objetiv o y cuidando el contenid o y l a forma de sus relaciones, en base a la negociación internaciona l , ésta intentará conseguir los objetivos en razón de base s confiables, pero com o las relaciones sociales no ofrecen este ti p o de bases, sólo podrá conjeturar sus m ecanism os y estrategias de negociación en ideas y percepcione s endebles de la realidad y coyuntura internaciona l que le r ode a, a no ser que sustente esa deficiencia natural con grandes bancos de inf o rmación . (Alfonso, 2006: 93). De antemano, en el e le nco de las labores que debe realizar un diplomático, el Derecho Internacional P úblico (DIP) introduce l a observación y l a recopilación de información útil sobre la situación del Estado receptor para ser enviada al Estado acre ditante con fines est rictamente gubernamentales, léase nutrir a las autoridades de datos sobre las condi ciones materiales y morales, las vicisitudes políticas y las intenciones del país en el que e l agente está destacado (Ramírez, 2001: 4). Lo anterior demanda de las Cancillerías una sig nific ativa capacidad de lectura, procesa miento, análisis y respuesta técnica de alto nivel frente a l material informativo, encabezada por representantes diplo máticos y consulares en propiedad, quienes disponen de los conocimientos atinentes al á rea con vist as a asesorar y formular recomendaciones a sus respec tivos gobiernos ante las circunstancias de política internac ional (Morales, 2002: 14). Con ajuste a este tronco vertebrador, la estructura de la administración de la diplomacia pública pone en el horizonte de la elaboración y la tom a de decisiones los mecanismos de la escucha, la investi g a ción y el análisis en concordanc i a con los intereses y los objetivo s de actuac ión en política exterior, propiciando un gra n cambio en la tarea de rep orting de las embajada s dada la competencia plan teada por los analistas de los medios de comunicación social, personajes estos que, aunque puedan carecer muchas v eces de suficiente d ensidad en sus a rgumentos, generan un impacto inm ediato y directo entre quienes los sintonizan o los leen, ofreciéndoles una determina da visión de la realidad (Rodrí g uez, 1987: 56). 259 A la s azón, en medio de este novedoso panorama, complejizado no so lo por la velocidad sino también por la sobreabundancia de fuentes de información y la comodidad del acceso a estas, las instancias oficiales acometen la im plementación de las polí ticas discrim inando y s eleccionando con ojo crítico la in formación relevante, verificándola e interpretándola post eriormente desde una perspectiva pragmática , merced la ventaja comparativa que comporta disponer de datos privilegiados no siempre de cariz público (Fernández, 2008: 23). 2) Defe nso ría: suele concebirse como “el intento de un actor de gestionar el entorno internacional, emprendiendo una ac ti vidad de comunicación internacional para promover activamente una políti ca pública en particular, una ide a o intere ses específicos de ese actor en la mente de un público extranjero” (Cull, 2009: 65 -66). Su utilidad ha llevado a colocarla en el centro de cualquier estructura bu rocrática d e diplomacia pública. 3) Diplomacia cultural: es considerada po r no pocos ex pertos en este campo como la piedra angular de la dipl omacia pública, puesto que, aun cuando con la transmisión de información se puede aporta r conocimiento, difícilmente a través de ella se puede llegar a produci r un verdadero entendimiento m utuo entre sociedades (Brown, 2005: 5). Así, en tanto re curso de lo que N y e (1990) llama el poder suave o blando, la cultura dota de contenido a las a cc iones diplomáticas y p ropina herramientas eficientes para crear escenarios de actuación con harto potencial persuasivo, allanando la ruta hacia resultados durad eros de cara al establecimiento de relaciones de confianza y de cooperación entre los países. Esta postura modifica se nsiblemente el balance de las cargas dentro del esquema tradicional de la dipl omacia en el que la cultura era percibida como un recurso accesorio, cuando mucho necesario pero inconsistente por lo que incumbe a alcanzar los objetivos de alto nivel de la política exterior frente a aspec tos duros 260 como le y es, tratados, poder económico y capacidad militar (Bound, Briggs, Holden y J ones, 2007: 15). De este modo, los factores culturales han ido adquiriendo un ceño transnacional que va más allá de l as fronteras ter ritoriales de l os Estados -nación, muchas veces, inclusive, manteniendo su vigencia al mar g en de una agenda bilateral adversa, quizá con una función sustitutiva respecto a otra s carencias como la debilidad exportadora, el dé ficit tecnológico o la fa lta d e peso político (Otero, 2 007: 184 - 185). Sin ir muy lejos, d espués de las dos gu erras mundiales registradas en el siglo XX, la cultura fue rec ono cida, j unto a la política (seguridad) y el comercio (economía), como un tercer pilar en las r elac iones entre Es tados, insertándose con c arta de naturaleza en la agenda gubernamental de la pol ítica exterior, lo cual impulsó la incorporación de estrategias ori ginale s po r parte de los g obie rnos s obera nos (progra mas culturales y educativos, por ejemplo), en pos de defe nd er y p romocionar sus intereses nacionales de largo aliento ante los públi cos propios y foráneos (Mitchell, 1986: 1). A la g uí a de est a premisa, Cull (2009: 66- 67) define la dipl omacia cultural como “el intento de un actor de gestionar el entorno int ernacional, haciendo que sus recursos y logros culturales s e conozcan en ultramar y / o facilit ando la tra nsmi sión cultural en el extranjero”. En una tónica p arecida, Cummings (2003: 1), esboz a a la diplomacia cultural como “el intercambio de ideas , información, a rte y otros aspectos de la cultura entre las naciones y sus pueblos para f om entar e l entendimiento mutuo”. Acto seguido, se deduce que el objetivo primordial de la diplomacia cultural es influir positivamente en la opini ón pública de un Estado extranjero, apunta lando el prestigio de un país, protegiendo su identidad nacional (der echo a la 267 credibilidad en comparación con el reconoci miento, la influencia y la buena voluntad cosechados gracias a la l abor d e grupos privados o independien tes (Critchlow, 2004: 83). Por c onsi guiente, h a de tenerse pr esente que, aunque la diplomacia pública resp onda a un interés político, en su esencia debe permanecer ajena a la manipulación, procurando mostrar, acercar y explicar una realidad de forma atractiva, y no maquillada o disfrazada (La Porte, 2010). Independiente m ente de esta postura, alg unos entendidos en la mate ria i nsisten en identificar en la propaganda bélica el embrión de la diplomacia pública, sosteniendo que esta puede virar haci a sus raíces si se usa para un propósito inmoral (Cull, 2009: 72). En el ínterin, la campaña nortea mericana desplegada después de lo s ataques terroristas de 2001 con el fin de conquistar “los corazones y las mente s” de los musulmanes ha renovado el debate acerca d e las fronteras conceptuales entre las dos. Derivada del latín propagare , la palabra p ropaganda alud e a las acciones de propagar, d ar a conocer, extender, publicitar y transmiti r. En este cauce, remite a “un modo comunica tivo que hace hincapié en la propagación de ideas que, por norma general, suele n ser de carácter religioso o políti co” ( Valdez, 2006: 218). Si bien el término fue ac uñado en 1622 por el papa Gregorio XV con la firme voluntad de ex pandir el catolicismo y c ontrarrestar el ex pansionismo de las ideas protestantes tras crear la Sagrada Congre g a ción de Propaganda Fide a pro pósito de la Contrarreforma, su pr ác tica s e remonta a los tiempos del emperador J ulio César con los graffitis en las barda s de la Roma antigua, y de Alejandro Magno con la circulac ión de monedas grabadas con su imagen. Con el pasar de los siglos, la propaganda habría de convertirse en un fenómeno dominante, espoleada gracias al surgimiento de los medios de comunicación de masas: la im prenta en el siglo XV II , las publicaciones come rciale s m asivas en la década de 1880, la radi o en 1930, la televisión en 1950, el correo directo y el 268 telemarketing en 1980 y la internet en la década d e los 90. A esto se suma el envión propinado por la psicología social aplica da, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, época en la qu e la p ropag anda empieza a se r considerada como una d isciplina científica (García, 1999: 42). Acogiéndose a estos antecedentes, cabe conce bir a la propaganda como un tipo de discurso político persuasivo a través del cu al se int enta ganar adeptos u orientar la opinión pública hacia la aceptación general de una d eterminada forma de pensamiento, creencia, doctrina, causa de interés, cursos particulares de acción pública o metas políticas precisas (Sta rk, 1930, citado por Morales, Marín -Altuve y González, 2008: 216). Cuando no “el int ento delibera do y sis temático de modelar las percepciones, manipular las co gnicione s y dirigir el compo rtamiento para optener una respuesta que promueva el int ento d eseado del propagandista” (Jowett y O’ Donnell, 2012: 3). Con apego a est e argumento, se perfila en la propaganda un a orientación d elibera da (minuiciosa consideración de todas las posibilidades con anticipación y con extremo cuidado) h acia unos fines predeterminados ( gene rar una ola de patriotismo, atemorizar al enemigo, crear una ima ge n cre íbl e, votar, unirse a un mo vimiento) , incrustados en un mensaje diseñado y planificado a partir de una serie de estrategias y procedimientos que hacen énfasis en el p unto de vista de la fuente de comunicación (un gobierno, un partido, una agrupa ción terrorista, u n líder), destacando los aspectos positivos de un “nosotros” al ti empo que se des deñan los aspectos negativos de un “ellos” (Pizarroso, 1993; Abr eu, 2004; Van Dijk, 2003). Al final del camino, y a la luz de un tr asfondo moral, la propaganda sería, simplemente, “persuasión masiva” (Cull , 2009: 72), “persua sión or ga niz ada” (DeVito, 1986: 239), “persuasión organizada por medios no viol entos” (L i nebarger, 2006 : 189) o “persuasión or ga nizada d e masas ” (Sproule, 1994 y 1997). Conforme esta óptica, obra en beneficio de quienes recurren a técnicas “anti - razón” o “pseudo - razón” (reiteración, sustitución im ag inativa, irr elevancia verbal, acoso em ocional y 269 pseudológico, exclusión de las ideas competidor as, utilización de marcos sesgados para la exposición de la información, cortocircuito o by-pass del juicio informado) para inducir a grandes conglomerados de p ersona s a pensar de un modo semejante y deseado, valiéndose de una retórica parcial que destruy e cualquier sentido histórico y d e r eflexión crítica en los individuos (Bryant, 1953; W hite, 1939; Aronson y Pratkanis, 1994). Trae agua a este molino La ss well (citado por Dio dato, 2004: 38), quien describe a la propaganda como el control de las actitudes y las opiniones colectivas por medio de la manipulación de sím bolos significativos, la apelación a ideas pr ovocativas (eslóganes) y la ex plotación de im áge nes d e alto impacto emocional que buscan la sugestión social (el mied o, el odio). A todas vistas, el autor equipara la propaganda con el paradigma conduc tista de la causa-e f ecto, soporte conceptual de la hipót esis de la “aguja hipodérmica”, se gún el cual el emi sor logra alentar, torcer o reforzar conductas a voluntad, q uedando reducido el rec eptor del mens aje a un mero ente pasivo cuya respuesta es directamente proporcional al estímulo al que ha sido sometido. En últimas, la propag a nda requiere de una acción contínua y sis temática que, aunque lenta, sea constante a lo l argo del tiempo (sería el caso de los gobiernos que crea n departamentos o agencias especiales de pr opaga nda), d e tal modo de crear determinados entornos p sicológicos (perceptuales, cog noscitivos y cona ti vos) que deriven en el ase ntamiento de convicc iones, prejuicios y sentimientos (Garc ía, D’Adamo y Slavinsky , 2 011: 85). Sobre la base de estas nociones, la propaganda h a sido asimilada cual sin ónimo de engaño, manipula ción, falta de ética, mentira, distorsión, guerra psicológica, control de la información, lavado de cere bro y manejo tendencioso de las noticias (J owett y O’ Donnell, 2012: 3). Por este motivo, aun cua ndo los mensajes parezcan “inocuos”, “obj etivos”, “necesarios pa ra la soci edad” y carentes de pretensiones persuasivas, siempre apuntalan los deseos del emisor. De ahí que la propaganda se a 270 considerada un fenómeno comunicativo impreg nado de contenido ide ológico y motivado por fines de poder ; en pocas palab ras, “un discurso ideológico de poder ” dirigido a mante ner una posición ventajosa pa r a las élites (Pineda, 2010: 496-497). Justamente, este componente ideoló gico es lo qu e, a los ojos de García (1999: 42- 43), distancia conceptualmente a la propag anda de otras modalidades de la comunicación p ersuasiva como las R elac ion es Públicas. Yendo más allá, inclusive, Pratkanis y Turner (1996) deslindan a la persuasión de la propaganda con b ase en el tipo de deliberación uti lizada a la ho ra de dis eñar el mensaje. En tal sentido, mientras la persuasión se inscribe en el deba te, la discusión y la reducción de l a incertidumbre en la onda de un proceso interac tivo, de dependencia recíproca y transaccional que desemboque en la conciliac ión de signific ados, muy por el contrario la propaganda se atrinchera en las ne cesidade s d el comunicador de la información y a cude a la manipulación de las “masas” para la “tra nsmisión unidireccional e imposi tiva de un mensaje que pretende just ificar un objetivo político, no siempre acorde con la realidad y en un clima de falta de libertad de expresión” (La Porte, 2010). No por casu alidad, tratándose del control del flu jo de la información, Jowett y O’ Donnell (2006) distinguen distintas alternativas a las que acuden los propagandistas, a saber crear inform ación, retener informa ción, distorsionar información, administrar los momentos en los que se da a conoce r la información, divul g ar una cierta información junto con otras, comunicar información solo a ciertas audiencias preseleccionadas, y quizás la más manida y efectiva a gran escala, intervenir los medios masivos para regular la di stribución y l a presentac ión de la inf ormación desde la que aparenta ser una fuente cre íble. Tras lo dicho hasta aquí, el propósito de la propa ganda apuntaría a “conve ncer y no escuchar, i gnora ndo la posi bilidad de que las audiencias puedan responder act ivamente” (Garrido, 2007: 13). Por ende, transgrede la no ción de entendimiento mutuo toda vez que brinda informac ión incompleta o parcial, fincada en hechos 271 reales o supuestos, con la finalidad de generar conclusiones f avora bles para los intereses del pr opa ga ndis ta (Pratt Fairchild, 1949). Este detalle ha llevado a no pocos académicos a concentrar el foco de atención no tanto en el emisor como en el público receptor en la medida en que la recor dación, la comprensión y la a ceptación del mensaje pro pagandístico revela rasgos de la identidad y de las configuraciones normativas de una comunidad política, a tenor de que el lenguaje y l as imág en es uti lizadas adquier en su signific ado en relación con la experiencia pas ada, l a cultura y el contex to que la rodea (Ta ithe y Thornton, 1999; Qualter, 1962; Johnson-Cartee y Copeland, 2004). Visto así, el rol del Estado resulta crucial dentro de la política propagandística como maquinaria or ga nizada y estratégica que engloba, tanto en la fase de su pr oducción como de su difusión, técnicas informativas (transmisión de hechos y datos referentes al acontecer políti co) y p ersuasivas (mensajes intencionales en caminados a convencer acerca de la bondad o la convenienc ia de un partido político o de un líder), insert as en un c omplejo ideológ ico piv otado sobre doctrinas p olíticas o filosófico-políticas (Fernández, 2006: 161). Arribados a este escaño, empero, conviene ha cer al gunas ac lar atorias que incorporan a las Relaciones Públicas en el horizonte de l a comunicación internacional del Estado, y más en concreto de los gobiernos, gua rdando una conexión casi mi mética con la diplomacia pú blica, al cabo que riñe con la propaganda p ese a compartir un troco común. 2.5.- Diplomac ia, Relaci ones P ú blicas y Propaganda: deslindando parente sco s De acu erdo con Grunig y Hunt (2000: 48), la p rofesión de las Relaciones Públicas hunde “sus raí ces en el agente de prensa y en l a propa g anda”, siendo Edw ard Berna y s la figura clave en tanto artífice de la teoría científica en to rno a la disciplina con la publicación del libro C ristalizando la Opinión Pública en 19 23, y d el con cepto de la profesión de 272 publirrelacionista, sin menoscabo d e su desempeño entre los años 191 7 y 1922 en el Committee on Publi c Inf ormation (CP I ), organismo de propaganda cread o por el presidente Woodrow Wilson y presidido por el periodista George Cre el. Como parte de los vestigios de ese pasado, p ara algunos autores ciertos ámbitos de aplicación de las Relacio nes Públicas, debido a su naturaleza, ti ene n una relación directa y parecen genéticamente in distinguibles de l a actividad propagandística, co mo por ej emplo el cere monial y el protocolo (Pineda, 2010: 502). Otra cuestión supone discernir si el proceso de Relaciones Pública s, e specífica m ente en la esfera gubernamental, encarna el ideal de una comunicación simétric a ( bidirec cionalidad de la información) o si, más bie n, se asum e bajo el modelo de información pública (unidireccionalidad de la inform ación) (Canel y Sanders, 2010: 25). En todo caso, la vincul ación de la propaganda c on l as Relaciones Públi cas en el marco de la comunicación persuasiva las apareja a las dos en su condición de actividades intencionadas que p ersiguen una respu esta en el público al que se dirigen. Sin embarg o, en la medida en que las Re laciones Públicas se cen tran en el establecimiento de relaciones, como su mismo nombre lo indica, fuerzan a plantear la comunicación de gobierno al tamiz del tendido de vín culos de largo plazo con el ciudadano, expla y ando l a perspectiva d e estudio y análisis de una disciplina esencial para la preservación de los públi cos como instancia crítica de la sociedad (Henriques, 2009). Y es que, de entrada , la tendencia prevaleciente en la comunicación de las instituciones de cariz público ha apuntado al uso y l a potenciación de las herramient as y las técnicas de l as Relacion es Públicas en cualquier período, ya sea electoral o de gestión, si bien en la actualidad no tiene sentido diferenciar entre ambas etapas cuando en la política priva una campaña continua o permanente (Strömbäck, 2007: 50). Desde este án g ulo, las R elaciones Públicas no se identifican necesariamente con el fenómeno propagandístico per se , concentrándose más bien en “la dirección y gestión de la comunicación entre una organización y sus pú blicos” (Grunig y Hunt, 2000: 52), a la usanza de una función gerenc ial que, utiliz ando la investigac ión y la comunicación ética como sus herramientas, contribuye a “establecer y mantener líneas de comunicación, entendimiento, ace pta ción y cooperación” para armoniz ar intereses y ex pectativ as, amén de 273 ge nerar comprensión mutua, lo que no implica elementos apriorísticos articulados con el poder y la ideología (B arquero, 1998: 129). De nuevo, pues, como en la delimitación de los márgenes con respecto a la diplomacia públi ca , se a vista en el po der el factor ex plicativo de la diferenciación entre la propaganda y l as Relac iones Públicas. Así las cosas, aun cuando e stas se e mpl ee n en terrenos tr adicionalme nte adjudicados a la lógi ca propa gandística, lé ase la política y la relig ión, bajo su égida anida una relación distint a entre quien detent a el poder (emisor) y sus subordinados (receptores), haciendo d e la i nteracción entre ellos, en definitiva, una relación auténticamente democrática e igua litaria. No en vano, Cutlip y C enter (2001: 33) visualiza n a las Relaciones Públicas como “la acc ión planificada p ara influenci ar a la opinión pública a través de la buena fe y la práctica responsable, b asada en comunicación bil ateral mutuam ente s atisfactoria” . En este orden de ideas, W ilco x, Ault, Agee y Cameron (2000) reconocen en el vocablo las siguientes caracter íst icas: - Delibera d as: las Relaciones Públicas son intenciona das y están diseñadas para ofrecer infor m ación, influir y conse g uir la comp rensión. - Planificadas: las Relaciones Públi ca s son organizadas y sistemáticas, y a que comportan investigación y análisis. - Resultados: las R elac iones Públicas se orientan a la im plementac ión de políticas y a la consecución de objetivos. - I nte rés público: las Relaciones Públi cas benefician mutuamente a la organización y al público. - Comunicación bidireccional: las R elac iones Públicas conllevan al go más que divulgac ión de inform ación en un solo sentido, de donde se sigue el imperativo de la retroalimentac ión ( f eedback ). 274 - Función directiva: las Relac iones Públicas alcanza n su máx ima efec tivi dad cuando fo rman p arte d el proceso d e toma de decisiones de la alta dirección (pp. 5-7). Esta tipificación arraiga en la exist encia de cuando menos cuatro modelo s posibles de las Relaciones Públi cas, de conformidad con lo señalado por Gruni g (1992); Dozier, Grunig y Grunig (1995); Grunig y Hunt (2000); y Grunig, Gruni g y Dozier (2002), se gún se describe n de seguidas: 1) El Modelo del Agente d e Prensa o de la Publicit y : nació con las primeras prácticas de las Relaciones Públicas, en el período comprendido entre los años 1850 y 1900, si bien aún mantiene su operatividad. S e apalan ca en un esqu ema unidireccional, inherente a la vi eja teoría de la comunicación masiva y persu asivo -masiva, que apunta a persuadir a los públicos para que se compo rten de la manera prev ista. Para ello, a menudo difunde información incompleta y deformada a favor de la organización-cliente, pu diendo faltar a la v erdad de ser necesario. D e esta manera, reduce al públi co a un pape l pasivo y altamente influenciable. Son consideradas exclusivamente como relaciones con los medios de comunicación, dejando por fuera del radar corporativo a otros públicos de i nterés. Bajo esta premisa, puede llegar a presionar a lo s periodistas para que publiquen las noticias siempre favora bles a la causa. 2) El Modelo de la Información Pública: cronoló g ic amente se cundó al Modelo del Agente de P rensa o de la Publicity , justo a principios del siglo XX, y tod avía sigue vigente, especialmente en la comunicación de los poderes públicos y d e las organizaciones sin ánim o de lucro (ON L), aunque el sector p rivado no las descarta de cara a estr ategias de comunicación interna, de Relaciones Públi ca s Financieras y de re laciones con la prensa. Ap ela a la comunicación unidire c cional, sin investigac ión relevant e, para di fundir información veraz d e interés públi co que, a pesar de no responder in strictu a una finalidad persuasiva, re fiere solo a los aspectos positivos mientras oculta los negativos. Al igual que su predecesor, 275 enfatiza el contacto con los medios d e comu nicación social, con un acento netamente periodístico, para di fundir información favorable acerca de la causa. En esta línea, parte igualme nte de la teoría de l a comuni ca ción masiva y persuasivo - masiva, juzgando muy influenc iables y manipulables a los públicos. 3) El Modelo Bidireccional Asimétrico o de la “pe rsuasión científica”: su rgió en la década de 1920 y su aplicación sigue vige nte a la fecha, hasta el punto de se r tildada como la práctica de Relaciones Públicas más ge neraliz ada. Comulg a con los métodos y las té cnicas de las cienc i as sociales concernientes a l estudio de las actitudes y los comportamientos de los públicos en procura de lograr una asimetría favora ble a la organización-cliente traducida en puntos de vista positivos y manifestaciones de apo yo ante sus decisiones. Siguiendo esta andadura, si bien bajo sus inst ancias el proc eso de comunicac ión ob edece a un flujo bidireccional que v a hacia el público y r egresa desde el público, prima el nítido objetivo de persuadir científicamente , es decir, solo se aspira a la perpe tr ación d e c ambios en los rece ptores de los mensajes que no en sus emisores, con lo cual ti ene luga r un efecto de de sequilibrio en el ejer cicio de las Relaciones Públicas en benefic io de la organización-cliente. 4) El Modelo Bidireccional Simétrico: se empezó a cultivar en los años 60, p ero no se consolidó sino hasta finales del si glo XX, sobre todo de la mano de las empresa s públicas norteamericanas, fuertemente r egulada s por el gobierno, dada la necesidad de rendir cuentas de su actuación socialmente res ponsable. Constituye el i deal de las Relaciones Públicas por excelencia. Tiene como fin lograr el entendimiento mutuo entre la or ganización y sus públi cos a partir de un diálogo que allane el camino hacia la modificación de actitu des y comportamientos en ambas partes una vez ejecutado el pro g r ama de Relaciones Públicas. En términos de la teoría genera l de los sis temas se tr ata d e un modelo d e efectos equilibrados, siendo su finalidad homeostática. 276 Frente a esta clasificación, Arc eo (2005: 18 -19) añade un quinto esquema de dirección de Relaciones Públicas, a saber el “Modelo Bidireccional Sim étrico Persuasivo”, derivado de la combina ción óptima de los modelos de actuación bidire cc ional sim étrica y asimétrica. De ac u erdo con esta fórmula, s e ma ntiene como constante l a búsqueda de la comprensión mutua y del cambio de conducta tanto por parte de la organización emisora como del públi co receptor; no obstante, se admite que la comunicación no renuncia a la persuasión como objetivo último y ex plícito para lograr una may or eficacia. Con todo, la introducción de esta filosofía de las R elac iones Públicas, proclive a la simetría y al virtuosismo de un “toma y daca”, es saludada como una forma de relación más civilizada, respetuosa y democrática entr e el Estado y los ciudadanos, de donde de canta l a especialización del concepto hacia lo que se ha dado en llamar las “Relaciones P úblicas Gubernamentales”, con arreg lo no tanto en las necesidades de producción y divulgación masiva de informaciones relativas al alcance de las decisiones o la materializ ación de las obras de gobierno como en la creación de posibilidades e fec tivas d e escuchar a ctivamente a la opinión pública y reorientar las acciones atendiendo a la voluntad colecti va así expresada (Henrique s, 2009). A la postre se admite que, para entender en su just a dimensión la comunicación pública contemporánea, el trabajo de análisis no puede supeditarse, s encillamente, a las tradicionales funciones atribuidas a las R elac iones Públicas, dejando por fuera las clave s de una comunicación que, “a través d el cambio de mentalidades y comportamientos, busca ‘ganar’ la voluntad y el compromiso de la población a f avor de las apuestas del desarrollo que el Estado promueve, pero esperando una actitud proac ti va en dichos procesos” (A rmas, 2009: 4-5). Y es que, en mucho, el reposicionamiento de las Relaciones Públicas tal como son entendidas, aplicadas y ejercidas por el poder púb lico transita por el carril de un modelo de relación entre el Estado y l a socied ad ma rcado durante las últimas décad as por la eclosión del concepto de ciudad anía democrática, la cual pasó a incluir a vastos contingentes antes excluídos de la participación en las cuestiones públi cas y de la movilización en pro de hacer sentir su influencia sobr e el sistema político. Ello comporta la idea de una sociedad civil organizada, con poder d e inserción en el debate públi co y, po r consiguiente, en las esferas 283 gobier no por reparación de agravios ( to petition the government for redress og grievances ), garantía p rotegida po r l a primera enmienda de la Carta Magna n orteamericana (Wolpe, 1996). A los efectos formale s, en los Estados Unidos el lobby o cabildeo es le g al y sus servicios pueden ser contratados por cualquier persona o entidad, incluida s corporaciones, grupos, asociaciones, gobiernos o potencias ex tranjera s. Para esto, d e hecho ex isten despachos y asesores especializados. No obstante esta realidad, su práctica suele interpretar s e en otros p aíses como sinónimo de corrupción da d a “la ex istencia de un a profunda desconfianza públi ca hacia los legisladores o func ionarios que sacan partido de sus contactos y cobran grandes sumas por rea lizar tráfico de influencias” (Fernánde z , 2006: 167). Quizás este ses go r esponda al hecho de que el l obby o cabildeo apunta, en grado sumo, hacia los órganos de dec isión y eje cución de políticas públicas, vale decir los poderes Leg isl ativo y Ejecutivo, entes reguladores y mi nisterios, procurándose, a fin de cuentas, persuadir para inclinar la balanza a f avor de intereses específicos. A todas estas, a pesar d e lo que pueda parecer de entrada , el lobby o cabildeo es una actividad legítima lejana al tráfico de influenci as y l a información privil eg iad a. Por el contrario, posee objetivos clar os que la definen propiamente: - Que lo pode res públicos tengan la mejor información posible sobre una determinada actividad. - Que las decisiones que los poderes públicos puedan tomar sobre esa a ctividad sean lo más fundadas posible. - Que la i gnorancia sobr e esa actividad no se convierta en su p eor enemigo frente a los poderes públicos (p. 167). 284 2.6.- Medios de com unicación y agenda pú blica de debate internacional A la hora de caracter izar a la diplomacia moderna , Alfonso (2006: 113-114) encue ntra en el manejo, el uso y la admi nistración de la información y las comunic aciones su principal cualidad definitoria. Esta postura guarda harta sintonía con la sostenida por Torres (2005: 2), quien as evera que, en la medida en que se am plía el campo d e acción internac ional, la información se erige cual c olumna vertebral que ex plica las relaciones de poder y d e dominación en el escenario global. En esta onda, para Molina e Ig lesias (2006: 9 -10) cualquier país requiere de una estrategia de informació n que, con r ango de mat eria d e seguridad n acional, se centre en el “balance de conocimient o”, de su y o diferente al tradiciona l “b alance de poder”. Así, con el ánimo de lograr su legitimación social, la evolución de la diplomacia pública sugiere que la política exterior debe darse a conocer ampliamente por lo que se refiere a sus objetivos y méritos para lo grar el r espaldo de la población o, al menos, de los públicos interesados en ese tema. De antemano, mantener informada a la opinión pú blica de un país a fin de obtener la participación y la adhe sión de sus ciudadanos es parte es encial de c ualquier régimen democrátic o. Asimismo, informar a la comunidad internacional es indicativo de la buena voluntad que guía a un país tanto por lo que se refiere al establecimiento de su pres encia extrafrontera s como a la conducción de sus relaciones en est e entorno y la interlocución para avanzar la post ura oficial, buscar alianzas y compartir preocupaciones (Rodrí guez, 1987: 14 y 108). Por de contado, l a materialización de e ste desiderátum informativo en el plano específico de las relaciones internacionale s tiene l ug ar a través de los canales diplomáticos regulares, pero t ambién halla salida por conducto de la divulgación públ ica en los medios de comunicación social como apo y o a la promoción de los intereses y la imagen del país. En esta senda, el peso mediático dentro de la estrategia de diplomacia pública será tanto más pronunciado cuanto más robusto sea el eje rcicio del de rec ho a la libertad de expresión, mayor acceso exist a a los órganos de difusión y , en definitiva, más democrático sea el país en el que se va a trabajar (No y a, 2007: 72). 285 Ahondando en los porm enore s, más allá de las r estricc iones obvias en los sis temas autoritarios, dentro de los países democráticos también se advierte una variación nada desdeñable en la relación entre los medios de co municación y el gobierno, signada po r al menos tres tipos de sistemas mediáticos: el polariz ado, el democrático -corporativista y el liberal. A su vez, cada u na de esta modalidades s e defin e con ar reg lo a cu atro dimensiones clave: el de sarrollo de la prensa d e masas, el paralelismo con e l sistema político, el g rado de profesionalización del periodismo y el p apel d el Estado en los medios ( Hallin y Mancini, 2004). En atención a esta pauta, en el régimen polarizado ha y una rotación baja d e medios, con tiradas no masivas, orientándose la pren sa, básicamente, a las élites más activas desde el punto de vista polí tico por su potencialidad para la discusión pública y libre. El grado de profesionalización perio dística es igualmente bajo, con lo cual la instrumentación del periodista es ma y or. Co mo colofón, la intervención del Estado es mu y alta por la vía de subsidios a la publicación y l a actuación de los medios públicos, sobre t odo la radio y la televisión (Noy a , 2007: 73 -74). Por su parte, en e l ré g imen democrático-corpor ativista, la prensa indep endiente cuenta con ma y o r penetración y circulación entre los lectores, aunque con una vocación de mercado e inclinación h acia la neutr alidad polí tica todavía tímidas. La profesionalización de los periodistas es alta y la autorregulación de la prensa se en cuentra institucionaliz ada , pese a lo cual se mantiene a la sombra d e la intervención del Estado. Finalmente, por lo que concierne al r égimen liberal, prima un volumen significativo de medios de comunicación. Aunque el nivel d e profesionaliz ac ión de l os periodistas es muy alto, la autorregulación de la prensa no está institucionaliz ada , quedando a expensas de las fuerzas del mercado y el juego de la oferta y l a demanda. Con algunas excepciones, dentro del mapa mediático tienen presencia estaciones de radio y televisi ón de titularidad pública (Noya , 2007: 72-74). A la vuelta d e hoja, independientemente del p anora ma e xistente en m ateria de medios de comunicación social en la nación obje to de la estrategia de dip lomacia pública, los gobier nos destinan importan tes esfuerzos para difundir información, llegar a los ciudadanos y generar la imagen que les interesa pro y ectar en el sistema internacional, incluso incurriendo en competencia con gobiernos rivales. De tal suerte, en un mundo 286 signado por la inte rdependencia global, la capacidad de molde ar y encauzar estratégicamente los flujos de contenido informativo que circulan a través de mass media dotados de un alto nivel de reputación y credibil idad tórnase en una herramienta medular para c onferir le g it imidad e impulsar una determinada agenda política (Castells, 2003: 207). La premisa de que la opinión públic a tiene de una u otra m aner a im por tanci a en las relaciones int ernaciona l es es corrobor ada por los esfuerz os de persona l idades po l ít icas que buscan su favor y por las prácticas de gobiernos. Todos los grande s gobiernos del mundo actual, y m uchos de l os de menor importancia, destinan cantidad es variables de tiempo , atención y dinero a esfuerzos por influir en l a s opiniones que sobre cuestione s internacional es sostienen los ciudad anos de sus propios países y los de otros Estados (Free, 1979: 66 ). Apeándose a esta r ea lidad, las corrientes de info rmación y a no recorren l a sociedad internacional tan solo de arr ib a hacia aba jo (de los Estados, las organizaciones supranac ionales y las gra ndes multinacionales a l a opinión pública), sino t ambién de abajo hacia arriba (visiones qu e se o frecen sobre un determinado asunto internacional dentro de ese Estado), por lo que, en lo conducente, conc itará interés la opinión de las alta s jerarquías o la postura de los entes oficiales junto a la de la ge nt e de la calle (Redondo, 2005: 38). Por esta ra zón, desde el ámbito de la comunicación estra té g ica, Gilboa (2001) distingue tres conce ptos: 1) L a dipl omacia pública: en la que los actores políticos y las instituciones internacionale s se dirige n a la opini ón pública extranjera empleando los medios de comunicación soc ial y ot ros cana l es. 2) L a diplomacia mediática: en la que los funcionarios usan los medios para el impulso de los propios intereses. 3) L a diplomacia intermediada por los medios: la cual concede prota g onismo a los periodistas que asumen funciones de dipl omáticos y negociadores. A buen seguro, l a internacionalización de la sociedad ha conllevado la inst aura ción del actual ecosistema comunicativo transnacional, en el que el incremento, la 287 intensificación, la diver sificac ión y la universa lización de los flujos informativos ha n propiciado que la sociedad civil y a no sea indi ferente a los sucesos que marcan la agenda externa, tanto por las repercusiones que pudiera n tener ciertos asuntos al int erior de los países propios, como por una conciencia cada vez ma y or alrededor de la ex istencia de una esfera pública de sterritorializ ada (Lozano, 1989: 8). En esta r ecta, m erced u na opinión pública glob al apuntala da por un a revolución tecnológ ico-informativa sin prece dentes, se d esdibujan los li nderos entre la políti ca doméstica y la política internacional, y, con ello, la brecha entr e la información nacional y la información extranjera. A los fines ilustrativos, tráigase aquí a colación a Peredo (2003: 31), quie n recalca que, ho y por ho y, a las secciones de Internacional de los medios ya no so lo les int ere s a lo que acontece fuera de las fronteras del Estado o en la are na de las relaciones entre los Estados, sino también las informaciones que, aun siendo de carácter local y nacional, desbordan los parámetros de estos fueros y trasci enden hacia el espacio int erna cional. De allí que L ozano (1974: 114-115) utilice el rótulo “noticias e xtranjeras” para alu dir a aquellas informaciones deriva das de un a contecimiento ocurrido en u n país que son difundidas en otro dada su importancia; y con la etiqueta “noticias internacionales” se refiera a eventos qu e pueden ocu rrir en el propio país, en ot ro o en v arios, per o que pos een un interés informativo supranac ional. Siguiendo este hilo cond uctor se g ún el cual los d ebates en un país son su sceptibles de trasladarse inmediatamente a otros, a juicio de La Porte (2010) la diplom acia pública debe asumir la int erf a ce entre l a dimensión global de incidentes intern os (por ejemplo, cuestiones atinentes a minorías étnicas o sexuales), y el interés loc al suscitado por problemas globales (por ejemplo, cambio climático, epidemias o seguridad). A las claras, se reafirma la naturaleza de la info rmación internacional en cuanto al relato de hechos d estac a dos por su impronta política, económica, social, c ultural, deportiva y humana, que vinculan al individuo con sus semejante s de otras latit udes y le hacen sentir ciudadano del mundo, al tiempo que dinamizan el complejo relacional planetario (Lozano, 1991: 80). Para nada baladí entonces que, al buen saber y entender de Hocking (2005), sea decisiva la adaptación de la estrategia de la dip lomacia pública a los rasgos del nuevo 288 público, el cual evoluciona del estadio d e un simple target , limitado por su p asividad a recibir m ensajes o a participar en un diálo g o p rede terminado, a compo rtarse como un consumidor activo cuando reclama atención y dem anda protección personal en los consulados durante sus viajes turísticos, cuando solicita documentos para h acer una investigac ión académica, o cuando exige intervenir directamente en los organismos y foros en los que se debaten c ue stiones g lobales, re g ionales, provinciales y locales . De antemano, con ante rioridad a estas reflexiones, y a Calduch (1991 ) había advertido que no podía hablarse de opiniones pú blicas nacionales sino de un solo público internacional, d efinido como “colectividades de distintos países que adquieren imá genes, ge nerales o particula res, y r ealizan valoracion es comunes sobre los acontecimientos internacionale s a partir de la información recibida por su inserción en flujos transnacionale s de comunicación” (p. 350). En estas lides, el rápido desarrollo experimentado por los medios de comunicación social en el transcurso del siglo XX les ha depara do l as calificaciones de “agentes políticos”, “g rupos de interés”, “grupos de pr esión” o “miembros de la élite polí tica” , en virtud de su impacto sobre la rep rese nt ación de l a rea lidad mundial y el alcance d e su poder para incidir sobre la opinión del público ex tranjer o hacia un país determinado (Canel, 1999: 13). A la sazón, se han transformado en la usin a de información más c onsultada por los ciudadanos, en la mayor ía de los casos la fuente pr imordial de información, si acaso no la única, para entrar en con ocimiento sobre otras so cieda des y culturas, su sistema político y , concre tamente, la política ex terior de su Est ado (Rodrígue z , 1987: 27). En suma, las instituciones mediáticas establecen las formas de selección y registro de los hechos noticiables, priorizan y fijan la im portanc ia de estos en c alidad de temas de actualidad, asientan imágenes y asociaciones hasta el extremo de de finir perspe ctivas comunes de la sociedad e imponen las reglas del debate público -político alterando significa tivamente la construcción y el cons iguiente desciframiento de la age nd a internacional (Montero, 2001: 106). Esta injerencia mediática en el campo de la diplomacia y en la acción gubernamenta l mediante la presión ejercida a través de la opinión pública ha convertido a los medios de comunicación social, en muchos sentidos discursivos, en “modernos foros institucionalizados del diálogo colec tivo”, entiéndase, plataformas r eivindicativas par a 289 hacer llegar a quienes gobiernan, y a sea bajo el formato de mensaje tele visivo o de SMS , las demandas de minorías, pueblos, movimientos sociales or g anizados y ciudadanos (L ozano, 2000: 309-310) . En buena cuantía, estos cambios si gnific ativos proceden del advenimiento de las cadenas globales de noticias (la norteamericana CNN, la británica BBC, la alemana DW y la árabe Al J azeera ), una esp ecie de fuerza independiente del sistema internacional que adquiere c ada vez más protagonismo en la formación de corrientes mundiales de opin ión que ponen en entredicho e l modelo clásico del Estado-nación y los pilares de la gran diplomacia, sobre todo en la era post erior al 11 d e septiembre de 2001 (M artínez, 2004: 15 - 16). Semejante dinámica, tr ansversa lizada por la cultura de la gobernanza y l a democratización, impele a las entidad es públi ca s a honrar la transparencia y la rendición de cuentas a nte la opinión pública mediante la c ombinación de medios de comunicación convencionales (prensa, ra dio y televisión) y no convencionales (internet y te lefonía móvil), con lo cual la diplomacia se ha vuelto más abierta y menos secretista, en detrimento de la propaganda (Gonesh y Melisse n, 2005). En este r ecodo, la participación creciente de los medios de comunicación social en los quehaceres de la dipl omacia ha introducido la variable opinática dentro de los procesos de formulac ión, eje cución y toma de decisiones d e la políti ca exterior. En consecuencia, las neg ociaciones asociadas con la a cc ión internacional ya no pueden realizarse sin tomar en consideración el dictamen público, el cual llega a condicionar la capacidad de maniobra de la que disponen los gestores del gobierno para ll egar a ciertas posiciones consensuadas o acuerdos, por lo que deb en trabajar mucho en función de una política que pueda “vende rse” bien, tanto en el propio país como en el extranjer o (Oviamionay i, 2004: 22 0-221). Llegados a este punto, c onviene traer al ruedo lo s variados enfoques teó ricos que, desde los predios de las relaciones internacionales, han intentado ex plicar la relació n entr e la opinión pública y la p olítica exterior, comenza ndo por el realismo, vertiente que endilga a las élites gubernamentales la interpretación exclusiva del interés n acional del país en virtud de su preparación para abordar las compleji dade s de un áre a de po lítica pública de esta índol e, aunada a la posesión privilegiada de información de la que goz an, lo que deja 290 en desventaja a la poblac ión en general, que tiene que conformarse con un papel secund ario muy a pesar de sus percepciones y preferencias (Shiavon y V elázquez, 2010: 3-4). Al escaso criterio de los ciudadanos comunes pa ra entender y man ejar los asuntos exteriores, Marcano (2 000: 74; 2007: 242) a g r ega dos argumentos adicionales que alimentan la post ura realista: 1) Las n ecesidades i nmediatas d e los individuos (observancia de las le y es, manteni miento de la propiedad privada y se guridad personal), cu y a satisfacc ión habilita a los gobier nos a negociar y h acer tratados con sus homólogos extranjeros, segregando los asuntos internacionales de los dom ésticos; 2) La ausencia d e canales burocráticos para que las demandas que vienen “desde abajo” lo g ren ser incorporadas como puntos de agenda gubernamental y par a que los gobiernos respondan al pueblo sobre el ma nejo de la política exterior. Suma a este cauce Rodríguez (1987: 21), para quien es ingenuo asumir que el público, sea doméstico o extranjero, siempre tiene un punto de vista informado o una opinión coherente en relación con cuestiones internacionales. Antes bien, normalmente los asuntos de política ex terior quedan circunscritos a pequeños grupos que s uelen manifestar sus opiniones a favor o en contra de un asunto conc reto con cierta int ensidad. P or lo tanto, al ser compartidas esta s impresiones entre los círculos a los cuales pertenecen estos personajes se lectos, conforman la opinión de esos públicos según sus intereses particulares. Con sustento en el razonamiento anterior, y am pará ndose en el h echo d e que rara vez se da el caso de que exista una opinión pública que abarque bajo el pa ragua s cole ctiv o todos los temas fundamentales, la legitimidad implícita en la noción de repre sent ación de las mayorías, que recae en las élites ele g idas par a asumir posiciones de gobier no, admite que campos d e atención científica sean tr atados por especialistas sin la i nt ervenc ión directa de las masas (Marcano, 2 000: 247). Conforme este cuadro, se perfila una dicotomía entre la noción democrática y l a posición tecnocrática , en dond e la política ex terior, dada su especificidad, debe ser dirigida de m anera oficial por expertos en l a m ateria qu e actúen apegados a l a racionalidad científica (Manheim, 1994). A contracorrie nte de esta posición, el idealismo y el neoliberalismo instit ucional le otorga n ma y or peso a la opinión pública en la p olítica externa, exaltánd ola a un nivel no contemplado por el pensamiento clásico. En efecto, de acuerdo con estos dos enfoques, las decisiones de política exterior deben estar encaminadas, ante todo, al mejoramiento y el 291 bienestar de la sociedad; por ende, el sentir d e la población encarna un o de los principales insumos y mot ivaciones de los gobiernos para for mular la agenda de asuntos ex teriore s. De este modo, si una dete rminada propuesta en ciern es o una decisión de facto en la esfera de la política ex terior no cuenta con la aprobación sufic iente por p arte de la población, tarde o temprano el clima de op inión adverso terminará por cercenarla en el caso de haber sido puesta en marcha ( S hiavon y Velázquez, 2010: 3). Efectivam ente, l a po l ítica ext e rior es una políti ca gubern amental, y si bien e s de una naturalez a dist i nta a las dem ás políticas públicas, afecta de igual f o r m a a la poblaci ón nacional. Por ejemplo, una política exterior relacionada con la imposi ción de sancione s comerciales o arancelari as, puede ocasion ar repercusiones tan concreta s para el sect or productivo del país como una política pública destinad a a controlar los precios internos de un produc t o o la oferta mism a. I ncl usive, l a formulación e implem entación de la polític a exterior adquiere una may o r importancia porque estas dec isi on es afecta n a toda la nación, y no solam ente a algunos sectores, como sería el caso con l a mayoría de las políticas públicas (Rob les , 1996: 2). Otra pe rspectiva t eórica que le confiere un rol relevante a l a opinión pública en la política ex terior es el constructivismo, habida cuenta de que los tomador es de decisiones actúan d ependiendo d e l as ideas específicas que tengan en torno a un fenómeno, de donde se colige la importancia para los gobiernos de proyec tar cursos de acción viables atendiendo a la opin ión de la población nacional y a las percepciones que flotan en el ambiente internacional (Shiavon y Ve l ázquez, 2010: 4). Para nada extraño, pues, que en los sistemas democrá ti cos, donde los gobernantes se encuentran supeditados al a poyo popul ar, la incidencia de la opinión pública sobre la definición y las opciones disponibles de actuación en el ámbito de polí ticas públicas, incluye ndo l a polí tica exterior, sea fundamental. No por casualidad, las instancias oficiales pueden, por conducto de la realización de sondeos de opinión, conocer de primera mano y hacer inmersión en las p referencias de la ma yor ía de los ciudadanos pa ra, con base en ellas, avanzar las referencias de política ex terior prop ias que s ean afines con aque llas (Lau y Schlesinger, 2005). En resumen, se a en sentido amplio (la opini ón pública) o finito (la opinión de los públicos), los responsables de la política exterior han de disponer, en ma yor o menor grado, de un retrato preciso a cerca de lo que piensan esos públicos para no actuar en el vacío, toda vez que cuando corre rie sg o o s e afecta un aspecto tan vital como la sober anía del país, el 292 interés aumenta en form a tal que invoca una opi nión públi ca nacional (Rodríguez, 1987: 21). Precisamente, en este e scena rio tiene lu gar el encadenamiento e ntre tres actores fundamentales, léase: los lí dere s, quienes se encargan de diseñ ar e implementar la política exterior y de encabezar las misiones diplomáticas; el público, tanto local como extranjer o, que influencia l as decisi ones y actuaciones de aquello s vía opinión y expr esiones de apo y o o crítica; y los medios masivos de comunicac ión, los cuales re colectan, e structuran y distribuyen información, propinándole dinamismo al int erc ambio entre unos y otros ( Ba um y Potter, 2015). Por lo demás, esta interconexión se da en un entramado tr ansnac io nal y no rígidame nte est atal, en el que los actores se sitúan reparando en determinadas relaciones y procesos que evidencian el valor de la comunicabilidad como núcleo de la sociabilidad (L ozano, 1991: 87 ). En este sent ido, la agenda que rec ibe el público en materia internacional está condi cionada por div ersos facto res, si bien s e discute si son los g obie rnos y las élites los que en verda d la fijan, o, si en su defecto, lo hacen los medios de comunicación soc ial (Re dondo, 2005: 34). En torno a esta inte rroga nt e, Sahagún (1998: 41) estima qu e el monopolio tradicional sobre la información “secreta” (selección y control) sigue dándole a las instancias gubernamentales una v entaja muy importante y una una ma yor c apa cidad de ma niobra en comparación con los periodistas a la hora de confeccionar e instrumentar la agenda de asuntos exteriores, lo mismo que suministrar los sím bolos e imágenes que serán recibidos e interior iz ados para construir una realidad concreta del mundo exterio r. Por su parte, autores como Manheim y Albritton (1984) reconocen que los medios desempeñan un rol cruci al en la creación de la agenda internacional a juzgar por la facultad que ostentan para definir si un acontecimiento merece ser reseñado como noticia o , en contraposición, debe ser sosla y ado. Desde esta mirilla, p or su propia esencia, la ma y or parte de los órganos informativos cubren las activi dades dipl omáticas de acue rdo con los criterios periodísticos prevalecientes, rutina en la que hay que considera r la participac ión activa no solo de quienes reportan, comentan, analiz an y pronostican sucesos y situaciones, sino también de quienes encabezan las empresas informativas y establece n sus polí ticas editoriales (por ejemplo, la pr oximidad o c ercanía ge ográfica así co mo la afinidad o 299 vertiente opinática y hasta editorializante, los discursos, las alocuciones públicas, los pronunciamientos, los decretos, los comunicados, las aclaratorias, las ex plicac iones, las opiniones, las entrevistas, los reportajes, las cartas y ha sta las filtraciones periodísticas. A estas herramientas se adicionan, desde el flanco persuasivo, la publicidad instit ucional, la organización de eventos y las con ferenc ias d e prensa (Molina y Vedia, 20 04: 39; Amadeo, 2007: 373). En definitiva recursos que, juntos o por separado, son invertidos en la irradiación de símbolos que forman una imagen (de progreso, de preocupación por los habitates del país, de defe nsa de las fronteras o de propuestas en t orno a asuntos ex teriores), con el firme propósito de fomentar y reforzar un clima de opinión favorable, ganar el apoyo de la población o hacer más sólida la posición del país a nivel int ernacional (Rodríguez, 1987: 11). Y es que, con base en hechos comunicacionales sedimentados, los públicos, y a sean domésticos o foráneos, van percibiendo a los g obiernos en un tiempo y lugar dados, dinámica en la que los estilos d iscursivos asociados a la ora lidad de los voceros y responsables estatales desempeña un rol crucial, sea en las relaciones con la prensa, sea en los actos que involucren el uso de inst rumentos audiovisuales o electrónicos (Riorda, 2008: 2 ). A poco andar, es obvio que la comunicación de las decisiones políticas r equiere de la relación sistemática y fluida con los medios de comunicac ión, los líderes de op inión, los periodistas y la opinión pública en general, quienes juzgan la gestión de l as autoridades en el marco de una democracia que se ejerce media nte el diálogo permanente (Armas, 2009: 4). Despuntan así las llamadas “ Rutinas de Comunica ción Gubername ntal” ( RCG), vale decir, “aquellas prácticas que, de modo cotidiano y no n ecesariamente sistematiz adas, dan cuenta d el estilo de comunicación de los gobiernos y configuran un modo de entender a los mismos a través de cómo estos confrontan sus acciones fren te a la sociedad” , con apalancamiento significativo en las áreas de prensa, Relaciones P úblicas e im agen institucional (Riorda, 2008: 3 ). Extrapolando este planteamiento a la comunicac ión internacional d e gobierno, la diplomacia mediática ( m edia dipl omacy ) se alza cual estrategia que aprovecha los nuevos 300 recur sos de la era de la información y la comunicación globalizada, principalmente las redes de televisión a escala planetaria y la internet ( por su alcance y rapidez de transmisión resultan más accesibles y menos costosas), con el fin de lograr, por ejemplo, una ma y or eficacia en las ne g o ciaciones (sea con gobiernos, empresas u or ganizaciones internacionale s ) o promover la resolución de conflictos (Valdez y Huerta, 2004; Valente y Santoro, 2006). De antemano, y a son extensas las discusiones académicas sobre l a existencia de una comunicación global imp ulsada por la televisión, aparejada a la prefiguración de una esfera pública mundial. Ello ha redituado en un proceso gradual de “mediatizaci ón”, si a caso no de “audiovisualización” de la esce na internacional , con la consabida mutación registrada en el tradicional mundo d e l a diplomacia d e la mano del formato audiovisual, situación que ha permitido acuñar, incluso, los términos “tel e - diplomacia” o “video -diplomac ia” (cadenas de televisión mundiales), “foto - diplomacia” ( age ncias internacional es de noticias) y “diplomacia instantánea ” (exigencias del periodism o) (Prof. Dr. G ustavo Martínez Pandiani. Entrevista personal. 12 de ag osto de 2010) . En atención a este devenir, la televisión, en tanto dispositivo de imagen y sonido, lo mismo en sus versiones abierta, por cable o por satélite, ex hibe la ventaja de garantizar a los responsables de la p olítica exterior la difusión de contenidos uniformes y apropiados para la demanda p romedio de las grandes audiencias foráneas, a las qu e llega en forma simultánea gracias a su particular te cnolog í a. No obstante, al entrar por el redil d e l os criterios periodísticos del qué, quién, cuándo, dónde y cómo, “la comunicación de g obierno se transforma en una tarea inmediata, suj eta a la actualidad, sin dar cabida a la reflexión y, por lo tanto, sin ningún tipo de perspectiva ” (Hernández, 2009: 500 -501). A la post re, el discurso s obre el acontecer diplomático sucumbe ante dos ex igenc ias básicas d e toda cobertura pe riodística, y más en de talle de la industria televisiva: los eventos deben poseer “valor noti cia” ( primicia, rareza, actualidad, prominencia, proximidad, interés humano, uti lidad, etc. ), y co ntar con una atr ac tiva “p uesta en escen a”. De lo anterior se sigue, a demás de la trivialización del papel original de lo s embajadore s, la aclimatación de la terminología diplomática clásica según los c ódi gos dictados por la “razón mediática”, con el ánimo de facilitar su comprensión y su valora ción por parte de 301 amplios y het erogé neos sec tores de la población (Prof. Dr. Gustavo Martínez Pandiani. Entrevista persona l. 12 d e agosto de 2010). Con arreg lo a este replanteo operativo, pues, tie ne lugar la “colonizació n” de la lógica m ediática por sob re la ló gica diplomática, dando cabida a la repetit ividad de ciertas ideas, conceptos y enf oques presentados en forma estereotipada, presidida por la repre sentación simplista de los hechos internacionales mu y a pesar de su complejidad y la multiplicidad de factore s a las que responden (Rod ríg uez, 1987: 28). De ahí lo que se ha dado en denominar la “espectac ularidad de la políti ca” , tanto local como exterior, jalo nada por l a revolución tecnológico-informativa. Poco menos que un sis tema en el que prima la imag en y en el q ue los avances se miden en función d el enganche de las audiencias y el incremento de la popularidad como vía para acercar posiciones entre la institución y el público (Canel, 2007). Acto seguido, se asiste a una especie de “licuefacción” de las formas d e ha cer y debatir la política, apela ndo, de su y o a la confección de un pac kaging de la información pública que privilegia el eslogan, la frase dire cta y el momentum mediático, al cabo que, en simultáneo, resta espacios para la confrontación d e ideas, intereses, valores y principios en busca del bien c omún (Hernández, 2009: 500). A título de compensación por estas secuelas, bie n puede apuntarse que l os medios de comunica ción satisfacen la necesidad social de transpar en cia y e sc rutinio, dando a conocer y haciendo debido seguimiento a la actividad política cotidiana. Empero, desde esta ópti ca también llenan la aspiración de “ca mpaña pe rmanente” del gobierno, auspiciando el efecto de “personificación” o “personaliz ación” de la política, inclusive en el área de las rel aciones internacionales, e instalando a los líderes (más aún en el caso de la Presidencia de un país o la jefatura de una na ción, círculo del que no escapan los ministros y sus colaboradores o agentes) cual símbolos representativos de la reali dad de un Estado (Canel, 1999: 102). En esta línea, la comunicación del líder de gobierno no es una cu estión menor en virtud de su condición de actor cl ave y , con f recuencia, principal fuente de noticias de la institución presidencial o del Estado mismo, dota do de capacidad para imprimir, con tino o sin él, una determinada imagen del país en el exterior. Nomás, tráigase a colación aquí los ejemplos de Ab raham Lincoln (Estados Unidos), Konrad Adenauer (Alemania), W inston 302 Churchill ( I nglaterra) o Fidel Cast ro (Cuba), por solo nombrar algunos personajes (Arnaiz , 2009, octubre 29). Bajo estas coordenadas, el mero hecho de que el presidente d e un país formule una afirmac ión, lleve a cabo un acto oficial, firme un t ratado e n un a cumbre internac ion al o, con un tint e más personal e íntimo, llore en el funeral de un compañero de p artido o aparezca practica ndo su deporte favorito, es sometido al filtro de los med ios masivos de comunicación, r ecibe un a amplia cobertura y deviene en noti cia ( en ocasiones puede que descontextualizada), afectando la opini ón pública en su patria y en el ex tranjero (Ma y én, 2008 – 2009: 22). A todas estas, investir los actos políticos de efectos simbólicos para la co munidad internacional amerita una comunicación política y un a diplomacia públ ica estrat égica s que dimensionen tales alcances, en el entendido d e que el gobierno de un paí s debe h acer del conocimiento colectivo s us logros e iniciativas, en especial entre la s elección de naciones prioritarias con las cuales desea entablar una r elación preferencial (H ernández, 2009: 501- 502). En palabras de Maurech-Siman (2007), la s instancias gubernamentales y /o líderes tienen en sus manos el reto de “aumentar la carga representativa de sus acciones p ara dar trascendencia a sus deci siones”, utili zando para ello “resortes biombos” con fue rte valor emocional colectivo de ámbi to nacional, étnico o religioso, transformándolos en apuestas, ambiciones y amenazas para construirse una imagen”. No por casualidad el pronunciamiento de García (2011: 260), en cuanto a que los políticos profesionales y los líderes buscan escenificarse en l a pal estra pública que los medios de comunicación social les alistan en aras de hacer lle g ar sus pro yectos políticos a los ciudadanos, y a s ea que estén situados en un plano local, nacional o inte rnac ional. Como ejemplo pueden citarse las visitas de jefes de Estado, las cuales se aviene n en “plataformas” para que el líder de una n ación tenga contacto con el públi co de otro país sirviéndose de los eventos ceremoniales, las improvisaci ones fuera del protocolo, y sobre todo, la cobertura periodística que, bi en llevada, es susceptible de a y u dar a transformar la im agen de un país, reforzar las impresiones en torno a sus ge stos de buena voluntad, atenuar las diferencias y disipar la desconf ianza entre los pueblos (W ang y Chang, 2004; Ndoye, 2009). Sin duda, esta accesibilidad de los ciudadanos al líder gubernamental y vice versa ha hecho del gobernante un ser público, visible, cl aramente reconocible e i dentificable tod a 303 vez que ocupa espacio en los medios de comunicación. Por esta c ausa, la esencia de las estrategias y las técnicas de comunicación política consisten en cincela r la imagen del mandatario y l a institución presidencial o de jef atura d e Estado con el fin de dar rienda suelta a una comunic ac ión fluida y constante c on aquellos que son destinatarios de sus mensajes, inclusive en la esfe ra internacional (Canel, 1999: 102 -103). Valga acotar en este segmento, sin embarg o, que aunque el Presidente de la República se mantiene como el eje pr incipal d e la atención públic a, no es el único actor en el ámbito de las relacion es externas de un país. A contramano, y como parte de la tendencia hacia la dispersión de los centros de donde emana la política exterior, esp ecialmente en el seno de l Poder E jecutivo, también forman parte del e lenco todas las dependencias y entidades de la Administración P ública, a sabiendas de que sus acciones comunican por igual. El últimas, a decir la verdad, en la ma y o ría de los países quien está al frente del gobier no asum e directamente el control de la acción exterior, en detrimento de las Cancillerías y sus func ionarios (Marín, 2008). Desde la mi rada operati va, si bien este efecto mediático cuasi totaliza nte puede inclinar la ecuación d e la comunicación int ernacional de gobierno h acia un solo punto gravitacional como lo es la figura del Primer Mandatario, este rasgo dist a mucho de disminuir la complejidad del proceso tomando en consideración que “l a Presidencia es, a la vez, algo concreto y abstracto, tangible e intangibl e (…) tiene carácter nacional y extranjero, civil y mi litar, administrativo y político, ejecutivo y legislativo”. Asimism o, está relacionada con el Poder Ejecutivo, el cual pu ede ser monocr ático (cuando el ejercicio de la función de je fe de Estad o -personificar y asegurar la unidad y l a continuidad de la nación a través de la generación de tramas discursivas que promuevan el acuerdo -, y de la función de jefe de Gobierno -tomar las decisiones pertinente s para di rigir la nación - r ecae en un a sola persona), o d ual (cu ando el ejercicio de la jefatura del Estado y de la J efatura de Gobierno son encomendados a personas por separa do) (Canel, 1999: 105). Sobre la base de estos aspec tos, la im ag en presidencial halla ex presión en un contexto comunicacional de tre s di mensiones: - L a dim ensión form al e informal: donde lo formal se vincula con todo lo que la le y enuncia y de fine acerca del poder y las prerro g ativas estipuladas para la máxima 304 magistra tura (ejercer como jefe de las Fuerzas Armadas), mi entra s que lo informal alude a la condición humana de quien ocupa la Presidencia (hacer las veces de líder del partido, líder mora l o creador de opinión pública). - L a dimensión institucional y personal: en este apartado lo institucional define el apara to abstr acto, colectivo y corporativo encabezado de manera simbólica por el Presidente (por ejemplo , la Casa Blanca); entr etanto, lo personal remite a lo concre to, person al e individual de quien ostenta el cargo y, como individuo, tiene un rostro, un nombre, un apellido y una histo ria (F ranc ois Mitterrand – Francia-, Bill Clinton – Estados Unidos-, Tony Blair – Gr an Bretaña- , Helmut Köhl – Alemania- ). - L a dimensión estatal y gubernamental: aquí lo estatal otorga al Preside nte de la República un carácter de apartidismo (po r encima de las diferencias ideológicas y de militancia política, e s y representa a toda la nación), y neutr alidad ( el Primer Mandatario conjunta bajo su estampa todos los pode res: el Ejecutivo, el Leg islativo y el Judicial). Por su parte, lo guberna mental está ligado a los sím bolos partidistas y las decisiones para dirigir e l país con un claro sesgo político (pp. 108-109). Teniendo pr esentes estos parámetros, las estrategias específicas de comuni cación d e la imagen presidencial se enca minan a capitalizar las ventajas que ca da dimensión ofrece. A tales fine s, dilu y e las barreras existentes entre los eleme ntos que conforman los t res binomios, léase lo formal versus lo informal, lo institucional versus lo per sonal, y lo estatal versus lo gubernamental, hasta decantar, fun damentalmente, en dos rutas de salida comunicacional: - L a personificación de la instit ución: busca hacer asequible la P residencia al ciudadano encarnándola en una persona auténtica y genuina, lo que permite superar el halo de abstracción, lejanía y pragmatis mo -te cnicismo que suele orbitar en torno a la figura del Primer Mandatario. Así, este se revela al público como un s ujeto más, con las mi smas aspir aciones, p reocupaciones y ne cesidade s, pon iendo al 305 descubierto los intríngulis del poder en el que toman cuer po las decisiones que afec tan a la nación. - L a estatalización del gobierno: al presentarse cual individuo de Estado y a ctuar en repre sentación de la nación, el Presidente se posiciona como un gran estadista para todos sus ciudadanos. En tal razón, los elem entos más recurrentes de esta e strategia estriban en el uso de sím bolos neutrales (inclu y en do los lugares) y la f recuencia del mensaje (pp. 114). Cabe destacar qu e la int erna cionaliz ación ta mbién se perfila d entro de este repertor io de herramientas, ajustándose al razonamiento de que, en la medida en que el Presidente de la R epública muestra ca p acidad para alternar y dialogar con sus homólogos fuera de casa, corrobora su competencia para representar la unidad y los intereses de la nación. E n sint onía con esta premisa, justamente, adquieren relieve los viajes al ex terior, las actividades diplomáticas y las ceremonias c on matiz simbólico-neutral para captar la aten ción de los medios de comunicación y gen erar noticias favorables al gobierno, a no ser que la i ntención d eliberada consista en fomentar la polé mica como fórmula de visibilidad (pp. 116-117). Con todo, este uso de los medios de comunicación por parte de los ór g anos de gobier no lleva inevitable mente a reflex ionar en la innovación que, en un a apuesta por la legitimac ión social, han venido experimentando las formas de comunicac ión política puestas en práctica en el contexto mundial, con lo cual el discurso gubernamental ha de ser planificado y construido como si de una política pública se tratara y no s os layarse como un mero vehiculizador de mensajes (Delle Donne , 20 08: 9). En este resquicio d escuella la consustancialidad e ntre la política y la comu nicación, siendo más bien la política la que se represent a en un estilo comunicacional, realidad esta que puede lle gar a ame nazar a cualquier g obierno que se conforme con la llana función instrumental, desconoc iendo la verdadera y profunda dim ensión e stratégica de la comunicación política ( R iorda, 2008: 13). 306 De por sí, definida como “ el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tr es actores que tienen la legitimidad de expresar se públi ca mente sobre la políti ca, es decir, los polí ticos, los periodi stas y la opinión pública” (Wolt on (1992; 2007), la comunic ación políti ca se mate rializa en dos momentos bien delimitados: el electora l y el g ubernativo. A los ef ec tos de la pr esente investigación, en este bloque se ahondará en la comunicación de gobierno o comunicación gubernamental, a saber aquella desplegada durante los períodos de legislatura por los or ganismos o instancias oficiales (Gobierno nacional, ministerios, alcaldías) para transmitir a la población, en el transcurso de su mandato y hasta finalizar este, “la informac ión sobre su gestión, las consecuencias prácticas de sus medidas y el contexto político en el que se toman” (M agaña, 2 005: 294), en un intento por “hacer ex plícitos sus propósitos u orientaciones a la opinión pública, p ara obtener apoy o o consenso en el desarrollo de sus polí ticas públicas” (Rior da, 2006: 7). A juicio de Eliz alde (2006), e ste tipo de comunicación requiere organización, dirección y producción sis temáticos y no sistemáticos, e stando sujeto a la conducción ejecutiva de un gobierno que tiene la responsabilidad de utilizar y controlar el aparato del Estado. He allí su pote ncialidad para legitimar pro y ectos, justificar acciones, ex plicar planes, mostrar objetivos, definir identidades, transmitir realidade s complejas, además de concitar la comprensión, la adhesión, el apo yo y el reconoc imiento de los c iudadanos ha cia los gobernantes. Por de contado, a diferencia del proceso electoral, la comunicación gube r namental no goza de l a pr errogativa de permanecer con u n único mensaj e dur ante toda una gestión, motivo por el cual, a la h ora de emitir informació n, los gobier no s necesitan definir sus fines estratégicos para delinea r, sobre ese curso, unos mensajes, un estilo propio de comunicar, criterios de actuac ión, pl anes y campañas de com unicac ión (Álva rez y Caballero, 1997). Al vuelo de estas considerac iones, la comuni cación política constante es tan fundamental como la gestión misma, acentuando como objetivos no solamente el informar con la mayor eficacia arg umentativa y solvencia de datos (Dader, 2004: 204 -205), sino también establecer cana les de comunicación entre la aut oridad y los d ifere ntes actores sociales para motivar la participación ciudada n a (Paz, 2010: 142); conve ncer de que las metas de gobierno se cu mplirán, de que son coherentes con los intereses que se pret ende n 307 repre sentar y de que son pertinentes a l as ex pect ativas de los re ceptores (Garnero, 2010: 94); y persuadir de que el grupo en el poder si gue siendo la mejor opció n, tomando como referenc i a y g a rantía su labor y los logros obtenidos: mantenimiento de la popularidad y procesos reeleccionar ios (Fernández, 2009: 253). Otro tanto comporta para la comunicación de gobierno la legitimación del poder y el afianzamiento de la gobernabilidad en el marco de una sociedad democrática, donde privan acuerdos políticamente o pera ntes y, como tal, ace ptados por la ma y or c antidad de personas para dotar de estabilidad , credibilidad y confianza a un gobierno. No en vano, s iguiendo a Sartori y Mor án (2005), en un sistema democrático se presume que existe un cons enso en tres niveles: (a) Los v alores fundacionales de u na comunid ad; (b) Las r eg l as de juego o procedimientos para elegir a las autoridades (el régimen político); y ( c) Las políticas públicas del g obi erno. No se descarta como pro pósito en estas lides la formación de la imag en de gobier no, amén de la optimización del po sicionamiento d e los gobernantes ante l a ciudadanía en previsión de su futuro políti co (Valdez, 2006: 5 4 -55), por lo cual se entiende que el líder necesita convencer a los distintos públicos para que éstos se adhieran, acaten y aprueben sus dictámenes. Como consecuencia, Lowi (198 5), Tulis (1987), y Smith y Smith (1996), señalan que “el poder presidencial es el poder de persuadir” y la Presidencia es una “Presidencia retórica” que se apo y a en la capacidad que tienen el Presidente y la Presidencia de comunica rse. De nuevo, aparece en el horizonte de las instit uciones de gobierno el lar goplacismo en lo atinente a la gestión y la aplicación de técnicas de comunicación e información, tarea ge neralmente dejad a a cargo de o ficinas especiales manejadas po r funcionarios públicos, por lo que en ellas no ca be lo que Del Re y (1997 ), citado por Canel (1999: 76), llama la promesa con “fecha de caducidad incorporada”, toda vez que está en jue go la pe rce p ción adecuada de las acciones y l as polí ticas gubernamentales por parte de la sociedad, lo que “incluy e la capacidad de trabajo, la honestidad en el manejo de los asuntos y recursos públicos, la accesibilidad, la pacienc ia, el liderazgo, la calidad de los servicios prestados y la capacidad de comunicación de funcionarios y go bernantes” (Valdez, 2006: 60 -63). 308 En ef ecto, para que el SSP (o cualquier otra entidad pública o privada) t eng a éxito, no basta con gobernar con acierto su realidad , la realidad de sus servicios, de sus relaciones e interacciones múltiples y variadas, si no que es preciso, además, gobernar la simultáneam ente y de m an era coordinad a, con la representaci ón m ental colectiv a de tal realidad , es decir, con la imagen de esa realidad; en suma, con la imag en que la gente y otros agen tes sociales, políticos, económ ic os, adm inist rat ivos, etc., tienen del SSP (Ortigueira y Ortigueira, 20 01: 75-76). En lo sucesivo, entonces, quien ostenta el poder acepta de facto el ciclo l argo de la política y p asa a “vivir en campaña permanente” (Riorda, 2006: 2). Después de todo, la prioridad radica en hacerse con las fuentes de respaldo público comprometidas con el acto de g obernar para en frentar cu atro c ambios signi ficativos que ocurren una vez que e l candidato ingresa a la presidencia: 1) Te ndencia a la formulación de demandas más pragmática s po r pa rte d e la ge nte; 2) Ampli ación del público al que s e debe satisfacer, el cual trasciende el segmento original de votantes; 3) “Venta” atractiva de p olíticas públicas concre tas, que y a no de promesas o ideas; y 4) Articulación de una clar a visión de futuro para convencer a los ciudadanos de que apo y en los progra mas de g obie rno ( Newman, 1994, 1999 y 2001) . De ca ra a este reto, las imágenes polí ticas crean universos de significados que facilitan la identificación con realidades amplia s y abstr actas e n cu y o entramado todo gobier no desea ser per cibido por sus gobernados buscando los más altos objetivos : el bien común, la defensa d e la soberanía, el bienestar colectivo, y la dist ribución equitativa de los ingre sos. Esta aspiración, sin embargo, no está exenta de paradojas. Hay gobiernos que realizan una buena labor, pero la i m presi ón que se tien e p uede ser contraria a esa actuación. A veces se t om an acciones, tanto en el plano interno c om o en el internacional , que la com unidad considera que son erradas y eso determ ina que la opinió n pública se m anifi est e opuesta al g obi erno. Años más tarde, el j uicio históric o per m ite poner las cosas en la persp ec tiv a correcta y resulta que tales acciones sí er an bue nas. Pero lo h i s tórico tarda su tiempo en ser aceptado, en tanto qu e la percepción i nm edi a ta v a condicionando la imag en y es pr ecisam ente lo que la gente supone es la r ealid ad, lo que determ i na su conduc t a, y no nece sariam ente la realida d verdadera. Hay, por otra parte, gobier nos que adop tan decisiones no si em pr e acertadas a m edi ano y largo plazo, pe ro que son per cibid as por la poblaci ón como decisiones positiv as. Hay gobiernos que no sólo hacen bien las cosas, si n o que las dan a conocer bien, que usan profesiona lmente los medi os a su alcance para proyectar la imagen que conocen tendrá m ej or aceptación en la comunidad y que corresponde c on l a acc i ón o f ici al. 315 confundiendo la discr e ción con la re stricción total en el suminist ro de información so pretexto “que el público no necesita sabe r, no entendería el tem a, o que cualquier dato o información que se divulgue, será mal interpretado por los medios de comunic ación”. (Rodríguez, 1987: 12). A esto se añade la ignorancia sobre cómo funciona la prensa, el temor a revelar cualquier dato por d esconfianza e incertidumbre, amén de la política más reactiva que proactiva de la ma y orí a de las repre sentaciones diplomáticas frente a los medios de comunicación (salvo en las ocasiones en que r esulta imperativo preparar la visita de jefes de Estado o de Gobierno), obviando que h ay in formaciones qu e convi ene dar a conocer para promover un clima de buena voluntad hacia el país o impul sar deter minadas políti ca s. Como señala Ardila (2009: 114), lo público del deba te “al mismo tiempo q ue problematiza, permite una ma y or conso lidación y legitimidad de una determinada decisió n, y el consenso a este nivel facilita una mejor estructuración a la hora de formu lar y, sobre todo, de ejecutar una acción”. Sin lugar a titubeos, la revolución de la información ha conseguido entorpecer en grado sumo el antiguo ejercicio del secretismo, de spejando el camino para aquellos actores que operan a la luz y capitaliz an las bondades d e compa rtir la información entre sí y con otros (Arquilla y Ron feldt, 2003: 31). En este redil, al gunas Cancillerías y embajadas, en el marco de estrategias de diplomacia pública, han apostado por una política constructiva d e relación con los medios de comunicación social, asumiéndolos como age ntes de relaciones internacionale s que con tribuye n a realz ar el patrón de imá ge nes que c irculan por los circuitos de poder. Para esta actividad, apelan a las técnicas de comunicación inst itucional desplegadas en el seno de or ga niz aciones privadas para la construcción de la imagen del Estado: los contactos de prensa, con frecue ncia el extremo duro de la p romoción de la política, y el trabajo de i nformación, más suave y menos dirigido a met as políti ca s duras y rápidas (Cull, 2009: 65-66). De ahí, el nombramiento de portavoces; la contr atación de ase sores de comunicación y , por lo común, la instalación de estructuras informativas y de comunicación, para más señas l a ofi cina de comunicación, el gabinete de prens a, el departamento de comun icac ión públi ca, la dirección de comunica ción , o cual fue re la etiqueta oficia l que se le asigne, encabezada por u n jefe o Ag regado de Prensa. [Document text truncated for crawler view.]