Insistir y resisitir: El nuevo modelo sueco del bienestar

Genom din illusion, som lever vidare inom mig, bevarar jag tron på mänskligheten och därför Pappa, sänder jag dig den innerligaste av kyssar! RESUMEN Presentamos el estudio del Estado del Bienestar en Suecia desde sus orígenes, cuando el movimiento obrero obligó a una sociedad a reorganizarse estableciendo un sistema de relaciones laborales basado en el Pacto Social entre patronal y sindicatos, analizando cómo ha ido evolucionando adaptándose a los cambios necesarios prescritos como respuesta a cuantos desafíos se han presentado. Ni las sucesivas crisis económicas, la globalización, la externalización de sus empresas o la integración en la Unión Europea con su perseverante intento de convergencia, han conseguido desmantelar el sistema pese a las insistentes premoniciones de fracaso. Con este análisis concluimos que un Estado del Bienestar socialdemócrata es viable aunque necesite ser revisado sistemáticamente y rediseñado a la luz de los cambios económicos y sociales. En el caso sueco todas estas innovaciones dieron lugar a un Nuevo Modelo, referente mundial de justicia social, solidaridad y equidad. Palabras Clave: Estado del Bienestar, Suecia, Crisis, Capitalismo, Socialdemócrata, Políticas Activas. We present the study of the welfare state in Sweden since the beginning when the labor movement forced a society to reorganize itself by establishing a labour relations system based on the social Pact between employers and unions, analyzing how it has been evolving adapting to the necessary changes required as answer to many challenges have been appeared. The successive economic crises, globalization, outsourcing of their companies or integration in the European Union with its persistent attempt to convergence, have managed to dismantle the system despite repeated premonitions of failure. With this analysis we conclude that a Socialist Welfare State is viable but needs to be systematically reviewed and redesigned in the light of the economic and social changes. In the Swedish case all these innovations gave rise to a new model, world leader of solidarity, equity and social justice. Keywords: Welfare State, Sweden, Crisis, Capitalism, Social Democrat, Active Policies. INDICE 1. INTRODUCCIÓN 1 2. EL VIEJO MODELO SUECO 5 3. AMENAZAS Y CRISIS DEL MODELO. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 14 4. RESISTENCIA Y APUESTA POR UNA IDENTIDAD SOCIAL: EL NUEVO MODELO SUECO 24 4.1. LA POLÍTICA FISCAL 26 4.2. LA DEMOCRACIA LOCAL 28 4.3. EL GOBIERNO, LOS POLÍTICOS Y EL EMPLEO PÚBLICO 31 4.4. POLÍTICA SOCIAL SUECA 32 4.5. POLÍTICA DE EDUCACIÓN 36 4.6. LA POLÍTICA FAMILIAR 40 4.7. LA CONCILIACIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO 46 4.8. LA POLÍTICA DE SALUD 48 4.9. POLÍTICAS PARA PERSONAS MAYORES 51 4.10. LA POLÍTICA SOBRE DISCAPACIDAD 53 4.11. LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 55 5. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN PERSONAL 57 6. BIBLIOGRAFÍA 70 7. RECURSOS WEB 73 1 1. INTRODUCCIÓN “Me casé con un español. Hace más de veinte años marchamos a mi país. Allí, el Estado, le proporcionó los cursos que necesitó para aprender sueco. Más tarde, le ayudó a convalidar sus títulos universitarios. Gracias a eso siempre se ganó la vida como profesor de español en instituciones públicas. No le dieron el permiso por casarse conmigo, con una sueca, sino por trabajar gracias a la ayuda del Estado…”. “… nunca tuvimos problemas con los extranjeros. Hoy nos acusan de xenófobos porque hay un partido político de extrema derecha con cierta representatividad”. (B. N. Conversación Personal en el Consulado de Suecia en Málaga, 27 de febrero de 2015). Es una realidad y funciona, con errores, e incluso a pesar de las dificultades que se producen por el normal desarrollo del propio sistema, pero marcha. Eso es lo que alimenta la esperanza de los ciudadanos que quieren convivir en un mundo que siempre puede ser mejor. El Estado del Bienestar sueco es fruto de su cultura, de la concepción que tienen de una convivencia solidaria, de reparto equitativo, que gestiona eficientemente sus recursos. Hoy sabemos que una sociedad del bienestar como la sueca no es pura utopía, pues existe. En el desarrollo de este trabajo trataré de detallar los esfuerzos de una población por mantener viva una identidad, cómo han buscado sistemáticamente alternativas gracias a la investigación constante y de qué manera han encontrado el camino para construir paulatinamente un nuevo modelo. Decenas de estadísticas muestran altos grados de satisfacción de los ciudadanos nórdicos hacia sus sistemas. Todos ellos han ido evolucionando a lo largo de su historia adaptándose a los cambios de los mercados, y la sucesión de gobiernos, socialdemócratas y liberales, han apostado por mantener su modo de vida y parece que no les ha ido mal. El caso de Suecia es el más simpático en cuanto que ha sido el más afectado y criticado de los cuatro países escandinavos. Pese a las crisis, algunas de ellas tan importantes que han podido hacer tambalear sus cimientos, ellos han luchado por mantenerlo, lo han puesto como bandera representativa internacionalmente y ahí siguen, admirables. 2 No es cuestión de copiarlos porque cada país tiene su propia idiosincrasia pero por qué no conocerlos un poco mejor. Es posible que el propio desconocimiento nos invite al miedo a un posible cambio de organización, pues de eso se trata, supondría reestructurar la forma en que nos organizamos, algo estamos haciendo mal. Hace años Suecia exigía a los extranjeros que pretendían residir en el país que pasaran por un proceso muy sencillo de socialización, consistente en aprender el idioma, así como por una recualificación profesional proporcionada por el propio Estado, que funcionaba, además, como agencia de colocación. Hoy nos creemos que acabamos de inventar las políticas activas de empleo. Suecia tiene, como todos los países de la UE, aunque en menor medida, problemas de desempleo que nada tienen que ver con un mínimo porcentaje, friccional, al que estaban acostumbrados. La población inmigrante es la más vulnerable a la hora de encontrar trabajo. Estos extranjeros desempleados, dependientes económicamente del Estado, lo que supone un peso importante en el gasto social, tienden a aislarse en guetos, a las afueras de las poblaciones o en barrios periféricos. Esta situación está superando a una sociedad históricamente homogénea, acostumbrada a convivir de manera muy familiar o vecinal, y ha dado lugar a la proliferación de partidos de extrema derecha con consignas xenófobas. Esta realidad no difiere mucho de lo que ocurre en otros países. El no condenar a estos partidos o expulsarlos de la “legalidad” se entiende desde la perspectiva de su propia forma de vida, se trata de una civilización que destaca por su tolerancia. Recientemente, el Primer Ministro Sueco, Stefan Löfven, pronunció públicamente lo siguiente: "¡Hoy nos ponemos de pie por una causa justa, por la libertad de la religión, por la democracia, y nunca rendirse!". Pero al ciudadano sueco le incomoda la crítica internacional en este sentido. El Sistema sueco del bienestar no trata sólo de la organización del mercado laboral, de la flexiseguridad, de una fiscalidad que protege el trabajo, de la calidad de la educación y de la investigación. Todo ello se hace posible gracias a la voluntad ciudadana de mejora constante en la organización del país y en el funcionamiento de sus instituciones. Es reflejo de una forma de vida y de prioridades sociales. En este trabajo haré referencia, en ocasiones, a opiniones y estudios de profesionales escandinavos, encabezados por Mikko Kauto, que se dedican al estudio continuo del Estado del Bienestar y a las políticas públicas que lo sostienen. Ellos componen lo que 3 se podría traducir literalmente al español como “Consejo de Eruditos Nórdico”, sus estudios están muy consolidados, abarcan las actitudes de los ciudadanos hacia el Estado del Bienestar y tienen relevancia política, de hecho sus investigaciones y reuniones periódicas están subvencionadas públicamente. Este Consejo está formado por investigadores, doctores y profesores universitarios, sociólogos y economistas, todos ellos profesionales reconocidos del sector público. Cabe destacar que, en estos países, existen instituciones dedicadas exclusivamente a la investigación de su propio sistema social, como el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo del Bienestar y la Salud (ESTACAS) en Helsinki, Finlandia, Instituto Sueco para la Investigación Social, Comisión Sueca Gubernamental para el Bienestar, y otros, asociados casi siempre al mundo de la Universidad. De entre los tipos de modelos de Estados del Bienestar, estos investigadores se centran en el anglosajón, el continental y el escandinavo, excluyendo el mediterráneo por ser una mezcla de los tres, y destacando el modelo nórdico como el más eficiente y equitativo. Tiene como objetivo la cohesión social, compaginando la protección y el desarrollo económico, bajo el principio de solidaridad ciudadana. Como veremos, el crecimiento económico en Suecia ha estado por debajo de la media de la UE, esto se debe, principalmente, a que es un país con una población reducida (9,5 millones de habitantes), lo que le hace más vulnerable ante la globalización porque sus mercados interiores son más pequeños y tienen pocas materias primas. Además, destaca la importancia de la intervención del Estado en todas las áreas y el gran peso sobre el PIB que tiene el gasto social, cuya intención se dirige fundamentalmente hacia la reducción de desigualdades, referido esto último a que la pobreza es poco frecuente y la igualdad de género un principio básico. Podríamos concluir, en este sentido, que los suecos reinvierten en sí mismos sus beneficios. La gestión más eficiente es la del propio Estado, estructurado de una forma racional y sencilla, cuya función es la de legislar, dejando la gestión de los servicios en manos de los municipios, a lo que llaman “democracia local”. Este organigrama ayuda a que existan bajos niveles de corrupción, muy controlada, y a evitar duplicidades administrativas y, con ello, gastos innecesarios. El sistema de Relaciones Laborales también destaca por su sencillez y su pilar es el Pacto Social, fruto de la tradición del consenso entre Patronal y Sindicatos como únicos 4 agentes sociales, quienes se reconocen y respetan mutuamente. Pese a que su Derecho del Trabajo tiene un tinte liberal, tiene en cuenta los convenios colectivos, y el sector productivo acepta pagar altos impuestos, por la ya mencionada y tradicional concepción de solidaridad y ciudadanía, para que nadie quede excluido de la sociedad. Asimismo, los sindicatos admiten la libertad de organización y funcionamiento de la empresa, para su viabilidad y subsistencia, admitiendo, incluso, el despido libre como necesario. Con este trabajo trato de mostrar que, en muchas ocasiones, el éxito puede venir de la mano de la constancia. La fe que los suecos tienen en su Estado y en sus Instituciones, y la convicción de que el riesgo ha de ser asumido en conjunto, les ha llevado a realizar reajustes constantes, convirtiendo el estudio de la sociedad y la solidaridad ciudadana en una disciplina, gracias a lo que, pese a opiniones y malos presagios para el futuro del Estado del Bienestar, éste se mantiene, y no presenta indicios de que vaya a ser desmantelado. Como reza el título del presente Trabajo Fin de Grado, Insistir en sus principios básicos, en la solidaridad, la equidad y la ciudadanía, investigando e innovando sistemáticamente, y Resistir a los agentes externos, frente a un capitalismo feroz, frente a Europa y a la internacionalización, el Nuevo Modelo Sueco, pese a la polarización social y las crisis, económicas y de ideales, sigue vivo ahí, al norte de Europa. 11 producir lo que Gösta Rehn llamó islas de desempleo, el gobierno debía implementar estrategias de reciclaje, formación y recolocación de desempleados”, [Mario del Rosal (2008, 16)]. Rehn y Meidner plantearon otro proyecto aún más ambicioso, catalogado incluso de revolucionario por los propios socialdemócratas. De hecho Mario del Rosal (2008, 5) incluye una cita textual de Meidner y que traducida al español vendría a decirnos “Yo no diría que la idea del fondo del asalariado sea una parte del modelo sueco, pero seguramente sí que es una consecuencia del mismo”. La idea era colectivizar la propiedad de los medios de producción, con la creación de unos fondos salariales de inversión (Löntagarfonderna) que facilitasen a los trabajadores la participación en la toma de decisiones en el proceso productivo. Se trataba de que las empresas de más de cincuenta empleados quedaran obligadas a emitir cada año acciones por un importe del 20 % de sus beneficios brutos anuales, cuya propiedad pasaría a manos de los sindicatos o, en el caso de ser demasiado elevados, pasarían a un fondo de inversión de titularidad conjunta con la patronal. Los dividendos arrojados serían reinvertidos en la propia empresa o servirían para financiar programas de formación para los empleados. Esta iniciativa queda justificada en la tesis de Mario del Rosal (2008, 15) porque “la contención de salarios provoca la aparición de beneficios extraordinarios en las empresas más rentables, lo que significa que se produce un incremento de los ingresos empresariales a costa de una disminución relativa de las retribuciones salariales; esto es, un aumento de la tasa de plusvalía. Por lo tanto, el resultado neto es que se produce un trasvase de renta del trabajo al capital”, y precisamente el objetivo de los fondos salariales de inversión es hacer ese trasvase de renta hacia los trabajadores. Pero esto se quedó sólo en una propuesta, por el fuerte y obvio rechazo de la patronal, que lo consideró un intento de expropiación de sus beneficios, más que de participación colectiva, aunque algo parecido comenzó a funcionar en 1983 por poco tiempo, pues en 1991, sólo ocho años más tarde, el gobierno abandonó el proyecto y los beneficios obtenidos los derivó a inversiones privadas y no a prestaciones sociales. La intención final del Modelo Sueco era controlar el poder económico, capital y medios de producción a través del poder político. Partiendo de la aceptación del Capitalismo como sistema de organización económica, consideraba necesaria la intervención pública para paliar las consecuencias sociales que derivaban de sus crisis periódicas gracias a un Estado que controlase la economía, no atentando contra la propiedad privada de los 12 medios de producción, sino mediante la regulación y la política fiscal, para lograr un bienestar social de calidad, garantizando la igualdad y la estabilidad, mediante un generoso sistema de protección. Lo cierto es que en la década de los cincuenta, Suecia era el país más próspero del mundo y su Estado del Bienestar llegó a su mayor esplendor hacia 1970, cuando la universalidad del sistema abarcaba a toda la población sin exclusión, en cuanto a asistencia social, cuidado de recién nacidos, pensiones para mayores, educación gratuita y seguros de desempleo. A partir de 1975 se empieza a observar un descenso en la productividad de los trabajadores, quizá derivada de la oposición que presentaban los empleados mejor remunerados, cuya situación empeoraba con la aplicación de esta política salarial. Además, y como nos cuenta Mario del Rosal (2008, 15), la explicación socialdemócrata al fin de la aplicación de la propuesta de Rehn y Meidner afirma que “la retirada del capital se debió precisamente al intento de aplicación de los fondos salariales de inversión y de una legislación laboral amplia” y no a una variación de la política en sí. Posteriormente se llevaron a cabo diversos intentos de reformulación de esta política, hasta que en 1983 parte de la patronal decidió abandonar definitivamente la negociación colectiva cuando se trató nuevamente de legislar los mencionados fondos salariales de inversión, algo a lo que se oponían con rotundidad, lo que puso fin a la política salarial solidaria y al pacto generado para esta con la gran central sindical. En esta década de los 70, y cuando el Estado del Bienestar se encontraba en su mayor apogeo, los socialdemócratas decidieron extender la asistencia social aumentando la intervención estatal en la economía, duplicando el gasto público del 31 % al 60 % del PIB, con una falta de previsión tal que, a comienzos de 1980, el modelo empezó a tener sus primeras dificultades. El sector liberal ha sido muy crítico con esta “radicalización socialdemócrata”, y como ejemplo de ello las palabras de Norberg (2006) “con las arcas llenas por las grandes empresas y los líderes llenos de ideas de las últimas tendencias izquierdistas internacionales, la asistencia social fue expandida y el mercado laboral se volvió altamente regulado”. Así comenzaron los estudios de nuevas posibilidades, introduciendo diversas reformas que han sido constantes hasta el día de hoy, en un reajuste continuo para adaptarse a las vicisitudes de los nuevos tiempos. Además, la rapidez con la que marchaba el mercado generaba nuevas necesidades tecnológicas para hacer cada vez más competitivas a esas grandes empresas que el gobierno había defendido. La inversión se diversificó hacia el capital humano y la 13 creatividad, así como a la educación y las habilidades, para no tener que depender de mano de obra especializada extranjera y para enfrentar a la globalización y una nueva economía basada en el conocimiento. En la actualidad, el Estado del Bienestar sueco, es un sistema intermedio entre el capitalismo y la economía socialista que ha logrado uno de los mayores niveles de igualdad social en el mundo. Como dice Diego Sánchez de la Cruz (2010, 2) “esta izquierda de ahora ya no es tan intervencionista” y comulga con la libertad, “la mentalidad sueca es facilitadora de modelos eficientes, abierta a la gestión privada sin complejo alguno”. Los sindicatos siguen teniendo un papel importante. Cabe destacar que la Confederación Nacional consta, según los datos que se ofrecen en la página web de la Landsorganisationen i Sverige, de 1.470.000 miembros, procedentes de 14 organizaciones del sector público y privado, algo elevado si lo comparamos con otros países europeos con mayor número de habitantes en términos relativos. Además, la gran industria sigue agrupándose y como ejemplo de destaca el caso de Electrolux, Volvo y Ericsson, unidas desde 1902 en la Confederación Sueca de Empresas, con 48 asociaciones sectoriales que representan a 55.000 empresas y más de un millón y medio de trabajadores. Suecia tampoco tiene complejos en admitir que sigue en constante estudio de su Estado de Bienestar para hacer de él un sistema viable. Su actual preocupación se centra en el desempleo, para lo que andan analizando medidas aplicadas con éxito en Dinamarca y que han conseguido reducir las tasas de paro, aunque haya sido a costa de reducir también la seguridad en el empleo. Aunque algunos piensen que los suecos han hecho un giro de sus pilares keynesianos hacia el modelo anglosajón, otros defienden que se trata de actuaciones coyunturales, y que nada es definitivo en Suecia, salvo la voluntad de preservar su sistema solidario, fuertemente interiorizado y enraizado en la población. Justifica Miko Kautto (2011) este tipo de iniciativas, precisamente por mantener la sostenibilidad social y no tanto por las necesidades o razones económicas, ya que las reformas políticas se tienen que hacer de acuerdo al equilibrio justo entre economía y sociedad, y este debe ser percibido por el ciudadano. Si no es así, el efecto será una política socialmente insostenible. 14 3. AMENAZAS Y CRISIS DEL MODELO. LAS CAUSAS Y SUS CONSECUENCIAS A mediados de la década de los 70 la economía sueca había entrado en una etapa de crecimiento lento. El Estado del Bienestar, próspero y universal, empezó a hacer aguas como consecuencia de una gestión excesiva que obvió las previsiones económicas para sustentar un gasto social tan elevado. Ironías del sistema, el propio modelo estaba acabando con la viabilidad de sus fundamentos originales. Además, la crisis del petróleo de 1973 agravó la situación, haciendo aumentar los impuestos para seguir financiando los servicios sociales y los costes derivados de una cada vez más alta tasa de desempleo. Evidentemente, se trató de un fallo de gestión por parte de un Estado socialista, excesivamente entusiasmado, que vio como el gasto público iba aumentando considerablemente. De hecho, Diego Sánchez de la Cruz (2011, 1) afirma que entre 1960 y 1980 la subida fue del 31 % al 60 %, la plantilla de funcionarios se había multiplicado por tres y el sector privado desdeñado por unos sindicatos que ganaban poder. Una situación que se les había ido de las manos y que pagaron con la pérdida de un poder casi hegemónico. Tras las elecciones de 1976 se instituyó un nuevo gobierno de coalición no socialista, con Thorbjörn Fälldin del Partido de Centro como presidente. Se decidió que para sustentar el nivel de gastos se hacía necesario seguir elevando los impuestos, alcanzando el 56 % del PIB en 1989. Esto provocó un aumento paulatino del desempleo, y con él los gastos sociales derivados, así como una disminución en la recaudación de este sector inactivo de la población. Es decir, un círculo vicioso que ocasionó graves problemas fiscales y un cambio en las relaciones industriales hacia los servicios, en detrimento del sector industrial. Así las cosas, Diego Sánchez de la Cruz (2011, 1) argumenta que el sector privado se vio incapaz de generar riqueza y empleo y el paro alcanzó la cifra del 14 %. El Viejo “modelo sueco” se rompía: la deuda estatal se multiplicó, el déficit público superó el 11 % y el pesado gasto social alcanzó a suponer el 70 % del PIB. No se encontraban vías de solución en base a las antiguas políticas y la tendencia se quería centrar en una estabilidad económica, abandonando el ideal de pleno empleo que se antojaba imposible en tales circunstancias. 15 La coyuntura socioeconómica y las altas tasas de paro alentaron a los empresarios, quienes empezaron a utilizar la amenaza del desempleo como arma en las negociaciones con unos sindicatos que habían perdido poder y capacidad de maniobra. Los amplios acuerdos de antes quedaron reducidos a pactos sectoriales o a nivel de cada empresa, lo que hizo imposible la continuidad de la política salarial solidaria porque el empresario había recuperado el poder en la gestión de los salarios. En la década de los 80, el entorno europeo presentaba una serie de trastornos políticos, económicos y sociales provocados por el desmantelamiento del bloque soviético que, como dice Jon Kvist (2002, 7), abrieron paso a un nuevo orden mundial y que sirvió de llamada de atención hacia la necesidad de construir una Europa más integrada económica y políticamente. Suecia se enfrentó a esta realidad tras una larga época de estabilidad política nacional, bienestar social y desarrollo. Pero coincidió en el tiempo que el país se había sumergido en una crisis debido al peso que el gasto social tenía sobre su economía. Se había visto obligada a aumentar los impuestos y su tradición de consenso en la toma de decisiones para desarrollar políticas sociales no estaba en su mejor momento, la tensión dejaba paso a un sistema rígido donde los posibles cambios se presentaban muy difíciles. El sector público y los sindicatos, cada vez más desvinculados del sector privado, tenían tanto peso que “entorpecían cualquier tipo de evolución hacia una sociedad más flexible”, en palabras de Eguzki Urteaga (2008, 3). Surgen entonces los primeros debates internacionales y las críticas políticas extranjeras que acusan al modelo sueco de ineficiencia por bloquear el crecimiento económico del país y boicotear el normal funcionamiento del mercado. Se redunda en la idea de “crisis del Estado del Bienestar”, se aconseja su destrucción total o parcial y la sustitución por la provisión privada. Así bien, Jon Kvist y Miko Kautto (2002, 4) reflejan como ya, desde principios de los 80, se viene anunciando su desmantelamiento. De un lado, los economistas neoclásicos auguraban el derrumbe de un Estado del Bienestar Capitalista que se desplazaba hacia la iniciativa privada, que incurría en contradicciones políticas y supondría en el futuro una carga excesiva sobre el Gobierno. De otro lado, los escépticos, subrayaban una fiscalidad excesiva, una legislación rígida y una participación pública exagerada, donde el gobierno gastaba en exceso en el bienestar ciudadano, utilizando unos criterios de reparto social errados y que fomentaban una dependencia personal crónica hacia un Estado cada vez más mermado. Kvist y Kautto 16 (2002, 7-8) denuncian de alguna manera que, con estas hipótesis, en realidad se trataba de “desafiar al modelo” desde el exterior. Lo curioso es que frente a estas especulaciones económicas, y pese a lo delicado de la situación nacional, se mantiene incondicional un apoyo mayoritario de la población hacia el modelo. El debate de la continuidad del sistema se redirige nuevamente hacia los originarios postulados socialistas como argumentos democráticos y se consigue, finalmente, desmontar las teorías económicas mencionadas. En 1982 se devuelve el gobierno al Partido Socialdemócrata presidido por Olof Palme, sucedido en 1986 por Ingvar Carlsson tras su asesinato (28 de febrero), algo que conmocionó a un pueblo que no había vivido episodios de violencia política. Superados estos tiempos de incredulidad internacional, pocos años más tarde, el país sufre un verdadero desequilibrio interno gestado en la experiencia anterior y derivado nuevamente de una serie de errores o falta de previsión en su política económica por una financiación insuficiente del gasto social. Algo que terminó explotando en el año 1990, cuando se hizo evidente una grave crisis que Mauricio Rojas Muller (2007, 8) llega a comparar con la superada en los años 30, aportando datos como que en menos de cinco años se perdieron medio millón de puestos de trabajo (el 10 % del total), y la tasa de paro, que partía del 2,6 % en 1989, llegó a un 12,6 %, que enmascaraba en realidad un 14 % si se hubieran incluido en las cuentas a aquellos que estaban sujetos a planes de reinserción o en cursos de recualificación profesional. A estos niveles la tributación cayó estrepitosamente y una crisis, que había comenzado en el sector privado, alcanzó inevitablemente al sector público. En mitad de esta depresión, el gobierno se vio obligado a recortar el empleo estatal ahondando más en una situación ya de por sí preocupante y desastrosa. El sistema fiscal se desplomó, el gasto público derivado de la protección al desempleado se disparó hasta suponer el 72,4 % del PIB en 1993 y la solución no podía pasar nuevamente por un aumento de la carga impositiva sobre una población activa demasiado castigada y carente de incentivos al trabajo. Los ingresos fiscales habían caído al 5 % del PIB y la consecuencia inmediata fue el estallido del déficit público, que llegó a alcanzar el 11.3 % del PIB en 1993, cuando la media de la OCDE estaba en 4,6 %, una necesidad creciente de endeudamiento fiscal y la pérdida de confianza internacional en la economía, materializada en una violenta especulación contra la corona sueca. 17 Así las cosas, en 1992 el gobierno tuvo que desistir de los excesos de las dos décadas inmediatamente anteriores y, decidido a reducir costes, redujo las pensiones, que se privatizaron parcialmente, y se aplaudió la llegada de proveedores privados al sector de la salud. El Banco Central de Suecia se convirtió en autónomo y subió la tasa de interés al 500 %, con niveles de hiperinflación dignos de los peores momentos de la economía en la historia. Cuenta Norberg (2006, 2) como la energía, las telecomunicaciones, el servicio postal, el transporte y la televisión fueron desregulados. El Estado sueco había sido construido desde una ingeniería social que subestimó la económica y ahora resultaba inviable. Esto se agravaba por la excesiva dependencia que la economía tenía de un reducido grupo de grandes empresas, a las que el Estado se había encargado de mimar, y que se empezaron a externacionalizar. Las políticas que se habían desarrollado para beneficiarlas, junto con el monopolio público sobre los servicios de salud y educación que impedían la iniciativa privada, habían provocado la pérdida de importancia, y en algunos casos la desaparición, de la pequeña empresa asfixiada por la legislación laboral, especialmente en materia de despido, por lo que el Estado sueco de fin de siglo XX carecía de recursos generadores de riqueza. De ser el cuarto país más rico del mundo en 1970, pasó a ocupar la decimoséptima posición en 1990. El largo y traumático proceso de reducción del gasto público a través de la disminución de los beneficios sociales, los recortes de personal y las medidas para hacer más efectivos los servicios fiscales, hizo que se plantearan acometer por primera vez la gestión del sector público desde un “pensamiento empresarial” [Mauricio Rojas Muller (2007, 9)], así como abrir paso al sector privado para que se hiciese cargo de ciertos servicios, hasta el momento prestados por el Estado, bajo el control de la Administración a través de licitaciones. La salida del estancamiento económico pasaba por una tímida liberalización que comenzaba a restarle protagonismo intervencionista al Estado. Los efectos de la crisis fueron tan importantes al nivel económico como al nivel psicológico de una nación habituada a la estabilidad y a una situación natural de pleno empleo. El trauma de la población acarreó cierta pérdida de confianza en un Estado benefactor al que creían imperturbablemente capaz de cumplir su palabra y “proporcionar a los ciudadanos los niveles de bienestar reiteradamente prometidos”. 18 Pero aunque los datos resultaban amenazantes y los suecos sufrieron las consecuencias de recortes y restricciones, respondieron positivamente al endurecimiento de sus obligaciones sociales, apostando por su sistema ideológico, con el convencimiento de que esta situación sería temporal, pues la experiencia les mostraba que nada era irreversible. La respuesta popular había sido en 1991 un gobierno de coalición moderada, liderado por Carl Bildt, que dada la convulsión de los tiempos sólo duró tres años. Los ciudadanos suecos, movidos por cierto sentimiento nacionalista devolvieron la confianza a los socialdemócratas de Göran Persson, que permanecieron en el gobierno doce años ininterrumpidos. Lo sorprendente en esta sucesión de gobiernos e ideologías es la actitud de sendos partidos gobernantes que, lejos de atentar contra el sistema, convienen conjuntamente en un pensamiento similar. Los cambios que se producen entre unos y otros tienen tan solo un tinte formal con trasfondo ético o ideológico. Todos ellos aúnan esfuerzos en lo que se presenta como una prioridad nacional gracias a lo cual, y previo consenso político en la necesidad de reformas y profundas reconstrucciones en el Estado del Bienestar, incluso sobre los pilares que lo fundaron, han logrado crear un Nuevo Modelo, con altos grados de responsabilidad pública y ciudadana, así como una implicación empresarial. Estos cambios giran en torno a tres ejes: - Responsabilidad pública frente a la gestión pública, porque Social no es igual a Estatal. - Pluralismo frente al monopolio de los servicios públicos, dando más juego al mercado frente a la burocracia, primando a la sociedad civil y favoreciendo la entrada de iniciativas privadas. - Libertad de elección ciudadana frente a la asignación administrativa, dejando de lado el intervencionismo favoreciendo la libertad de las familias. Con la adhesión de Suecia a la UE en 1995, se ocasionan una serie de nuevos cambios políticos. Sin saberlo, los nuevos desafíos a los que se van a enfrentar como la movilidad de capital y la internacionalización del mercado, no harán más que agravar un ya tambaleante Estado del Bienestar. Suecia se incorporó en enero de 1995 y en referendo nacional celebrado en 2003, la mayoría de los votantes del país eligieron no unirse al euro. 19 Es cierto que en esta década se produjeron recortes en el “Estado Benefactor” y se procedió a la privatización de servicios públicos, algo que los propios socialdemócratas apoyaron. Gracias a estas medidas se sanearon las cuentas públicas, equilibraron las cuentas fiscales, bajaron la deuda y redujeron la carga tributaria. Aunque se privatizó el sistema de pensiones y se crearon serias desigualdades en el de la salud, pues se mantuvo el servicio público junto con el privado, rompiendo así la equidad ciudadana, no sólo porque el acceso dependía del nivel de recursos económicos sino también por las limitaciones geográficas. Pero también en esta ocasión, el pueblo sueco asumió este coste social a cambio del desarrollo y funcionamiento del país. La privatización total o parcial de importantes empresas públicas y la generalización del sistema de licitaciones rompió con el monopolio estatal, sometiendo a la propia administración a la competencia. Los nuevos proveedores del Estado del Bienestar suponían el fenómeno más interesante en el proceso de creación del necesario Nuevo Modelo, que transformó el término de sistema benefactor hacia “sistema posibilitador”, como repite hasta la saciedad Mauricio Rojas Muller (2007, 2). Apoyar una iniciativa privada que preste servicios básicos procedentes del derecho individual protegido y amparado por el Estado, dio lugar a un nuevo y apasionante concepto, que el propio Rojas (2007, 14) llama “capitalismo del bienestar”, empresas que sin olvidar su fin comercial entraban a formar parte de un modelo solidario de prestación de servicios financiados públicamente. La base financiera para esta fórmula de cooperación público-privada obligaba a un control estatal en la fijación de precios por los servicios prestados a estas entidades. El hecho de que se tratara de precios igualitarios a todos los productores, beneficiaba la competencia y entrada de nuevas empresas, capaces de generar servicios de alta calidad a menor coste. Así se produjo el rápido crecimiento del mencionado capitalismo del bienestar y la aparición de importantes empresas como Capio (Capio Sanidad, en España), una de las principales proveedoras del sector de la salud actualmente en Europa Occidental. Paradójicamente se ha observado una evolución inversa a la prevista en cuanto a la función reguladora y de control del Estado. El propio Rojas (2007, 15) afirma que, gracias a la diversidad de productores, públicos y privados, de servicios de bienestar que compiten entre sí, “el papel del Estado está aún más fortalecido” por cuanto ha de 20 regular y controlar este nuevo mercado como único responsable frente al usuario. Además, fijar los precios de los servicios es sumamente complicado creando condiciones parecidas a las de un mercado libre y competitivo. Esto lleva curiosamente a Norberg (2006, 2) a afirmar que, en el fondo, “un mercado libre se encuentra mucho más regulado, por normas de derecho privado y administrativo”, que cualquier sistema público o estatal. En el año 2000, como consecuencia del dot-com, o caída en bolsa de empresas vinculadas a internet, hubo una nueva recesión en Suecia, aunque con menores repercusiones en la economía porque el Estado contaba ya, por experiencias anteriores, con medidas preventivas que han ayudado a fortalecer la economía del país. Pero lo cierto es que, para ese año, Suecia volvió a caer al decimocuarto puesto de los países de la OCDE porque su ingreso per cápita, y reflejando los datos de Diego Sánchez de la Cruz (2011, 1), no había crecido más allá del 43 %, frente al 72 % de EEUU o el 64 % de la Europa Occidental. Kvist y Kautto (2002), deducen que la intención de Europa por aunar esfuerzos de manera supranacional para lograr armonía y coordinación entre los estados miembros hace perder soberanía a las naciones en materia de políticas sociales. La búsqueda de políticas económicas y fiscales similares afectarán indirectamente a las instituciones suecas, sobre todo en términos de incertidumbre sobre su previsión, que no terminan de entender, además, la armonización económica sin pasar por una armonización social. Las intenciones europeas no logran imponerse a la presión interna, en su dimensión social, de mantener el desafío, lo que obligó a los responsables políticos a considerar la introducción de nuevas reformas. “Definitivamente, los suecos no se dejaron engatusar por las ideas de convergencia de políticas sociales europeas”. Estas reformas incluirían un nuevo patrón, que pervive hoy, de revisiones sistemáticas de un modelo dinámico, que se mueve de manera continua y constante y que requiere de modificaciones graduales y paulatinas, citando nuevamente a Kvist (2002, 9 - 13). Y la evidencia avala, tras la grave crisis y las reformas que trajo consigo, que Suecia, junto con el resto de sus vecinos escandinavos, presentan menos desigualdad de ingresos, menores tasas de pobreza relativa, y mujeres menos dependientes, gracias a las políticas de igualdad género y alternativas para organizar el cuidado de ancianos y niños dependientes. Suecia invierte más que otros países de la UE en "medidas activas", 27 similitudes con nuestro sistema, pero la cuestión de que nos encontremos ante realidades tan diferentes se debe evidentemente a un problema de gestión. La redistribución de la renta de forma equitativa y justa para que toda la población se desarrolle en igualdad de condiciones tiene un coste cuya financiación corre a cuenta de una de las cargas impositivas, directas e indirectas, más altas del mundo, siendo el trabajador – consumidor el que fundamentalmente la soporta. La idea es no ejercer presión sobre sus empresas porque asumen que son las que generan puestos de trabajo, o sea, puesto que hay que contar con recursos económicos que les permitan invertir, crecer y así generar más empleo, y en palabras de Fernando Arancón (2014, 2) “ya que son los trabajadores los principales receptores de las ayudas del Estado, serán ellos quienes sufraguen solidariamente, a través de la renta y el consumo, sus políticas sociales”. Por el contrario, países como España o Alemania, ejercen una mayor presión fiscal sobre las empresas, en el “supuesto” favor de una mayor renta salarial del trabajador para favorecer el consumo. Hemos llegado a esta conclusión gracias a Jesús Fernández Villaverde (2010, 2-3), y a su comparativa apoyada por datos de Eurostat. Si bien hay quien pueda pensar que el IVA indiscriminado tiene efectos negativos sobre las clases más desfavorecidas, (el precio final altamente gravado de cualquier artículo es igual para todos), hay que tener en cuenta que por ello se han desarrollado unas políticas redistributivas para paliar este efecto regresivo de los impuestos indirectos. La justicia de esta política radica en que los impuestos son progresivos, estableciendo unos tramos, de los que el primero de ellos, correspondiente a las rentas más bajas, estaría exento del impuesto sobre la renta y el último tramo sería de aplicación a las grandes fortunas y personas con un mayor nivel económico. Su nivel de fiscalidad se aproxima al 52 % del PIB resultante de las rentas del trabajo, un fuerte gravamen del consumo y una carga, relativamente baja, sobre las empresas, de manera que actúen como fuente de inversión y riqueza. Esto último se vería compensado por el Impuesto sobre la Renta y el IVA. Los ingresos vía impuestos son desglosados por Arancón (2014, 2) de la siguiente manera: - IVA: o Tipo general 25 % o Reducido 12 % (alimentos y hostelería) o Superreducido 6 % (cultura y transporte de personas) 28 - Renta: o Tipo máximo 55 % para rentas > 66000 €. o Tipo mínimo 30 % para rentas <46000€. - Sociedades: 27,5 % - Impuesto solidaridad 5,5 % - Otros: Alcohol, tabaco, venta de acciones, etc. 4.2. LA DEMOCRACIA LOCAL Interiorizada la idea de que el Estado legisla y que la población es quien marca las líneas de actuación de las políticas, eso da lugar a una continua retroalimentación del sistema. Esto es la máxima expresión de democracia y la parte más significativa de la identidad de los suecos en particular, y del resto de los países nórdicos en general. Ayuda a la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones así como a generar una conciencia crítica. El autogobierno local es uno de los pilares de la democracia en Suecia, y se constituye como la máxima expresión constitucional de “Todo el poder público en Suecia proviene del pueblo”. Los detalles que regulan su gestión se recogen en la Ley de Gobierno Local (Kommunallagen): “Los municipios y consejos de condado se podrán ocupar ellos mismos de cuestiones de interés general que estén relacionadas con el área del municipio o el consejo de condado y que no sean atendidas exclusivamente por el Estado, otro municipio, otro consejo de condado o algún otro tipo de organismo”, (Art. 2º. Cap. 1º). Es decir, los Gobiernos locales son libres para realizar las acciones que les correspondan, que afecten al territorio geográfico municipal y que hayan sido delegadas de forma explícita por el Gobierno Central. No podrán atender actividades que correspondan a otros departamentos gubernamentales, que afecten a otros ámbitos territoriales o ayuntamientos, ni gestionar negocios con ánimo de lucro. De los datos facilitados por el Instituto Sueco a través de la Embajada de Suecia en Madrid, concluimos que las municipalidades son relativamente grandes después de las fusiones que se llevaron a cabo entre los años cincuenta y setenta. El sistema de gobierno local consta de dos niveles: Hay doscientas noventa administraciones de nivel inferior llamadas Kommuner, en adelante Municipios, y veinte de nivel superior o 29 Landstingskommuner, concepto que puede quedar traducido como Condados, y las administraciones correspondientes a cada nivel son independientes entre sí. Además, cada Condado cuenta con un consejo administrativo (Länsstyrelsen) perteneciente a la administración del Gobierno Central, encabezado por el Gobernador del Condado (Landshövdingen), que se encarga fundamentalmente de las cuestiones sanitarias y hospitalarias generales. El resto de las prestaciones propias del Estado del Bienestar se encuentran delegadas a cada Municipio. Para una organización y gestión eficientes los gobiernos locales requieren mucho personal, de hecho supone cerca del 20 % del empleo total del país. Un municipio medio tiene en nómina a un promedio de 2000 funcionarios a tiempo completo, a lo que habrá que sumar una buena cantidad de empleados a tiempo parcial así como el personal de empresas municipales. En cuanto a los municipios más grandes, se puede hacer uno la idea conociendo los datos de Estocolmo que pueden servir de guía para conocer el funcionamiento de estas municipalidades catalogadas como grandes organizaciones, ya que cuenta con unos 50.000 empleados públicos. La financiación de los gobiernos locales supone el 20 % del PNB. Los Municipios tienen potestad recaudatoria, y sus ingresos provienen aproximadamente en un 62 % de impuestos locales, cuotas por servicios prestados y subvenciones del Gobierno central (16 %). Estas últimas, junto con otras disposiciones legales, sirven de mecanismo financiero de control a los ayuntamientos ya que, aunque estas aportaciones del Estado no suelen ser específicas sí que establecen la forma o requisitos para recibirlas así como las actuaciones generales hacia las que van dirigidas, por lo que el Gobierno se asegura, de alguna manera, cierta influencia en el orden de prioridades presupuestarias municipales. Serán los propios Ayuntamientos quienes establezcan cómo emplear los recursos recayendo sobre la educación y la atención a personas mayores la mayor parte del gasto. Los distintos municipios tienen la posibilidad de cooperar entre sí mediante acuerdos de carácter legal a través de asociaciones de municipios (kommunalförbund) y de comisiones conjuntas (gemensam nämnd), financiadas por las cuotas de sus miembros pero teniendo el carácter de organizaciones institucionales a las que les son de aplicación las mismas normas que se suelen aplicar a las autoridades públicas. Para garantizar el buen funcionamiento de esta fórmula de descentralización estas 30 organizaciones forman parte de la Asociación Sueca de Administraciones Locales (SALA, Svenska kommunförbundet), quien pese a contar con status legal, no es administración pública. Su objetivo es defender los intereses de los municipios, prestarles servicios y defender el autogobierno local. En este sentido, negocia con los sindicatos las condiciones laborales de los trabajadores de las municipalidades, firmando convenios colectivos y defendiendo la actuación municipal frente al Gobierno central e incluso frente a instituciones de la UE. El autogobierno local también ha ido desarrollándose paulatinamente, después de muchas reformas en los últimos veinte años, hasta llegar a una nueva forma de gestión pública de externalización, cupones de servicios y privatización generalizada. Y si bien es cierto que con esta fórmula se consigue un eficiente control de servicios del bienestar no está exenta de desconfianza, pues en lo últimos tiempos genera desigualdades entre municipios, rompiendo el principio de equidad nacional y, su original intención de garantizar una gestión independiente, empieza a cuestionarse por las continuas discrepancias políticas no sólo intermunicipales sino también con el Gobierno Central, atendiendo a que las corporaciones suelen estar gobernadas por coaliciones entre partidos que a veces no están demasiado claras y que varían de unas elecciones a otras, pues el electorado sueco es más volátil cuando se trata de sus dirigentes más próximos, ya que el lazo de la ideología es más débil. Siguiendo la idea de eximir de responsabilidad a las familias, al voluntariado o la caridad y a los mercados, es el sector público el único responsable de prestar los servicios sociales. Y parece innegable que nadie mejor que el ayuntamiento para saber de las necesidades de sus vecinos. Así, las prestaciones sociales se dirigen de manera más personalizada, atendiendo cada caso de manera individualizada, incluyendo la atención hospitalaria y plazas en residencias de mayores. La cesión de autoridad pública hace al gobierno local responsable único con el monopolio de la gestión en cuanto a la prestación de infraestructura (transporte público y carreteras) y servicios técnicos (energía y agua), vivienda (no sólo social, también privada, grupos de ayuntamientos gestionan inmobiliarias que operan en el mercado) y servicios sociales, que incluyen la planificación de la utilización del suelo y la protección medioambiental, con especial atención a la escuela cuna, primaria y secundaria, la asistencia sanitaria y a las personas mayores, el bienestar personal, la cultura y el ocio. 31 4.3. EL GOBIERNO, LOS POLÍTICOS Y EL EMPLEO PÚBLICO Desde el fundamento democrático “todo poder público emana del pueblo”, se hace referencia a las premisas populares de igualdad de derechos y oportunidades para expresarse así como la libertad de examinar cómo ejercen el poder tanto políticos como organismos públicos. Suecia cuenta con tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, estructurados de manera sencilla y con competencias delimitadas y detalladas. En conversaciones mantenidas con representantes del Consulado Sueco en Málaga y de la Embajada en Madrid, así como en los enlaces y otras informaciones de interés facilitadas, nos cuentan que los gobernantes suelen ser jóvenes y acostumbran a jubilarse a la misma edad que el resto de los ciudadanos. Cuando se plantean reformas difíciles toman decisiones a corto plazo, intentando que sean eficientes a medio y largo plazo. De la misma forma, y gracias al libre acceso a todo documento público, sea procesal, salarial, etc., coartan las tentaciones puesto que los medios de comunicación pueden entrar a analizar actividades y gastos que no se encuentren bien justificados. Junto a la descentralización y al control parlamentario, la transferencia de funciones desde los ministerios hacia agencias independientes, evitan la tecnocracia y facilitan los peritajes externos. Según datos de la OIT en 2012 Suecia estaba en los primeros puestos, de entre los países de la UE, en número de funcionarios. Esto se presenta como una ventaja para ellos puesto que además de la calidad del servicio que prestan les mantiene activa y estable una gran parte de la población, con unos ingresos que favorecen el consumo y que les ayuda a mantener bajas tasas de paro, en contra de los argumentos de corte liberal que aconsejan la reducción de las plantillas en los Estados, así como la congelación de sus salarios o la reducción de sueldos. Arancón (2014, 3) asegura que Suecia cuenta con un trabajador público por cada 7,1 ciudadanos, frente al funcionario español que hay por cada 15,1 habitantes. Tras la crisis de 1990 un altísimo déficit del PIB rondó el 12 % (las cifras y datos aportados por unos y otros autores oscilan entre el 11 % y el 15 %). Hoy se sitúa aproximadamente en el -2,10 %. Esto se debe a que la gestión del gasto público ha sido modélica y su deuda se ha ido reduciendo progresivamente del 75 % al 38,20 %. Han contribuido a ello las reformas estructurales del Servicio Público y diversos ahorros en 32 los principales Ministerios. Se han simplificado los organigramas de los funcionarios, se han eliminado duplicidades en la Administraciones Central y Local y los Ministros sólo cuentan con un colaborador y un reducido número de personal a su cargo. Es decir, han logrado una estructura administrativa bastante sencilla. La Administración Central se encarga de elaborar leyes y de las relaciones internacionales dejando a los servicios locales el desarrollo y la gestión de los servicios públicos. Como hemos visto han sabido reducir el peso del Estado en la medida que suponía una erosión de su economía manteniendo el control de éste sobre el sistema. Asimismo, se ha conseguido relanzar una pequeña y mediana empresa por años ensombrecida por la gran industria sueca. En esto último han resultado de gran ayuda grandes compañías como Ikea o H&M, pues alrededor de ellas se han creado otras dedicadas a la logística, la gestión o el marketing. 4.4. POLÍTICA SOCIAL SUECA Antonio Martínez López (2008, 5), citando a otros como Barbier (2001, 7) mantiene que los suecos fueron pioneros en Políticas Activas con la intención de crear “una fuerza de trabajo más productiva y mejor capacitada”, los ya mencionados Rehn y Meidner en 1948 y desde la Confederación de Sindicatos a la que pertenecían, plantearon una serie de “medidas asociadas a una política macroeconómica de inspiración keynesiana para ayudar a los desempleados a mejorar sus cualificaciones y oportunidades”, y que comenzaron a implementar en 1950. Treinta años más tarde el gasto en políticas de empleo, activas y pasivas, suponían casi el 1,8 % del PIB cuadruplicando la media de la OCDE para 1990. Las medidas de las Políticas Activas se dirigen a programas de formación, empleo temporal protegido o relief work, empleo a tiempo parcial para jóvenes, apoyo a la movilidad funcional y geográfica, incentivos o subsidios a la contratación por parte de las empresas, fomento del “autoempleo”, etc. La planificación en la que se estructuran suele tener una duración que oscila entre cuatro a seis meses y se centra en la ayuda al desempleado en la búsqueda de empleo así como facilitar a las empresas que encuentren los recursos demandados. De la misma manera, la finalidad de estos programas es 33 fundamentalmente mejorar las aptitudes de la fuerza de trabajo mediante formación o experiencia laboral. Las políticas activas de empleo desarrolladas han demostrado sobradamente su eficacia. Suecia ha reorganizado su mercado laboral con la intención de reincorporar rápidamente a sus desempleados a través de la incitación y la formación así como de un servicio público de empleo eficiente. Con la intención de evitar la degradación de las competencias individuales reconvierten a través de formaciones específicas a desempleados de larga duración. Por supuesto, esto aumenta el gasto social aunque no tanto como supondría mantener en el tiempo unas políticas pasivas aún más costosas. Como acostumbran, y gracias a los profesionales de instituciones procuradas a los efectos de estudio del Estado del Bienestar, antes de desarrollar estas políticas idean unos dispositivos de experimentación, evaluación y corrección y, una vez generalizadas, las acompañan de programas de ayuda. La recuperación del Estado del Bienestar o la insistencia para preservarlo se debe agradecer a la propia cultura y a cómo se estructuran sus relaciones sociales en un país relativamente pequeño. La necesidad de mantener e ir ajustando un mercado de trabajo flexible con las posibilidades que tenían, que favoreciese además el crecimiento económico a la vez que una fuerte cobertura social que proporcionase protección y seguridad al ciudadano, ha ido dando lugar a una renovación progresiva y sistemática del sistema, redundando en un nuevo concepto que va más allá de la Flexibilidad y que se conoce como Flexiseguridad, para lo que mantener un mercado de trabajo eficaz y eficiente sigue pasando, no abandona su objetivo primario, por la lucha hacia el pleno empleo que hace necesaria una inversión constante en Políticas Activas. La intención de las Políticas Sociales suecas es siempre adelantarse a las necesidades ciudadanas. La Flexiseguridad hace su aparición a principios del presente siglo en Dinamarca y rápidamente es adoptada por los suecos y el resto de países escandinavos. La UE, en un principio crítica con esta nueva orientación, ha terminado por aceptarla en vista de los buenos resultados e incluso a recomendarla como sistema ideal comunitario. Pero esta apreciación ha sido más un formalismo que otra cosa pues la práctica ha de apoyarse en tres pilares básicos del mercado de trabajo, flexibilidad, formación y protección, bases que no están demasiado compensadas en el contexto comunitario lo que hace inviable la implantación de la Flexiseguridad en un mercado flexible en exceso y unos sistemas 34 nacionales mal orientados en la formación profesional, sin hablar de una protección al desempleado en peligro de extinción. Así pues, la política de Flexiseguridad es en la actualidad la de mayor relevancia por la necesidad de conciliar la flexibilidad de las empresas con la seguridad los trabajadores. Conscientes de que las empresas han de reestructurarse y realizar ajustes en sus plantillas para adaptarse a la competencia, las políticas sociales, en vez de luchar contra ellas, las acompañan en la evolución regulando unas condiciones de despido colectivo que permitan a la empresa reajustarse rápidamente. Arancón (2014, 4) lo explica de la siguiente manera: “La contratación y el despido de los trabajadores es gratuita, pero a la hora de proteger al trabajador, el Estado recoge el testigo y le proporciona un subsidio sustancioso para que no vea muy mermada su capacidad de compra, así como fomenta que el trabajador se instruya y adquiera nuevas o renovadas competencias laborales de cara a una reinserción en el mercado laboral lo más rápida posible y en un puesto de calidad”. En la misma línea actúa la estrategia sindical que apoya abiertamente la autogestión empresarial. No privilegian los empleos mal remunerados porque esto implicaría una presión a la baja de los salarios, lo que dificultaría la preservación de su sistema de protección social. Es decir, una caída en los salarios traería consigo una baja de las indemnizaciones sociales por no decir lo que dejaría de recaudar el Estado por la renta de los trabajadores. La alternativa propuesta es hacer atractivo el trabajo en lugar de reducir las prestaciones sociales. La prueba evidente de su lucha constante frente al principal problema europeo, el paro, se refleja en las cifras de la evolución del desempleo antes y después de la crisis económica mundial. En 2005 la tasa de desempleo sueca era del 6,3 % y, tras cierta inestabilidad y algunos repuntes no demasiado considerables, se sitúa al 7,9 % a enero de 2015, según datos del “Arbetsförmedlingen” (el SEPE sueco) y de la Encuesta de Población Activa de la Statistics Sweden (www.scb.se). En ambos casos hablamos de cifras por debajo de la media europea lo que podría tumbar las críticas de algunos hacia su escaso crecimiento económico que se debe, entre otros factores, al esfuerzo realizado por el Estado en mantener unos altos niveles de empleo. De otro lado, se prevé un impulso de su economía en un crecimiento anual del PIB del 3,5 % anual hasta el año 35 2017, con la consiguiente mejora de su mercado de trabajo que estima una reducción del paro al 6,3 % para la fecha mencionada. Lo curioso del caso es que en todo esto el Estado no interviene. Se prevé un Convenio Colectivo entre Patronal y Sindicatos estando ambos de acuerdo en que una gestión flexible de las empresas aumentará la productividad, y con ella los beneficios, lo que hará posible un aumento en los salarios por eso de la redistribución entre todos los implicados en el proceso productivo y los ciudadanos, ya que esto, a su vez, genera empleo. Tienen claro que las empresas han de gestionarse libremente y en función de sus oportunidades que serán mayores a medida que más cualificada sea su mano de obra. Esto es el máximo exponente del concepto de libertad de empresa, de aceptación general y concepción histórica, pues se trata de una fórmula que nació como consecuencia de los Acuerdos de Saltsjöbaden en 1938, y que sentaron las bases de la cooperación y la participación de los trabajadores en los beneficios y decisiones empresariales, sin perjuicio de la libertad de gestión del empresario, incluyendo la figura del despido para priorizar la rentabilidad de la empresa. Los sindicatos son tradicionalmente fuertes, la tasa de sindicación ronda el 70 %, muy superior al 17,5 % de media de la OCDE (en España es un 15,9 % o en Francia un 8 %), y esto se debe a que los convenios colectivos no son de eficacia general, que cada sindicato tiene su propia caja de indemnización frente al desempleo y que sirven de ayuda a la búsqueda de empleo. Aunque esta fuerte tradición del consenso no ha logrado evitar conflictos violentos entre los que cabe destacar la larga huelga de médicos en 2001, o la de los empleados municipales y de compañías aéreas en 2004, u otra en 2005 de los trabajadores de la industria del papel. De esta última, se aportan datos como la duración de las protestas, que alcanzaron las ocho semanas y del número de participantes que ascendió a 24.000 en los países escandinavos afectados. Es por esto mismo que la paz social está muy vinculada a la fuerza de los sindicatos quienes controlan parte de la economía sueca sobre todo en la industria y la construcción. Sus recursos les permiten pagar los días de huelga sin depender del Estado, por ello, los empresarios se lo piensan mucho antes de incitar al conflicto y, por otro lado, los sindicatos no quieren hacer uso de sus recursos económicos siempre que haya lugar para la negociación. 36 La flexibilidad del sistema se nota también en la parte de la vida profesional previa a la jubilación. Esforzarse en mantener unas adecuadas condiciones de trabajo para este segmento de la población con jornadas más flexibles y teniendo en cuenta situaciones individuales evita las prejubilaciones. Surge con ello el nuevo concepto de trabajo sostenible que no es más que tener en cuenta las circunstancias personales, físicas y familiares del trabajador más mayor para mantener así sus recursos frente a lo que predomina internacionalmente como trabajo intensivo, o consumidor de recursos humanos. Como se ha comentado en reiteradas ocasiones Suecia es un país relativamente pequeño que carece de materias primas o recursos naturales relevantes y depende del exterior pues su mercado no es suficiente para que sus empresas puedan sobrevivir aisladamente. Es muy sensible a los agentes externos por lo que sus esfuerzos se centran en hacer cada vez más fuertes sus recursos internos. Es por ello que promocionan los empleos cualificados y bien remunerados como respuesta a la globalización porque la competencia internacional condena a los empleos poco cualificados. Redundando en esta idea, se hace hincapié constante en la Formación Continua y en la Recualificación Profesional a lo largo de la vida del trabajador. Según datos de los Indicadores de Desarrollo Sostenible de la UE, más del 30 % de la población activa sueca (específicamente 33,5 % de mujeres y 20,0 % en hombres) participó en 2012 en programas de formación, frente al escaso 10 % de la población española, por hacernos una idea de las diferencias. 4.5. POLÍTICA DE EDUCACIÓN Por sus circunstancias históricas así como por su situación geográfica las posibilidades suecas de expansión han sido limitadas así que han centrado sus esfuerzos de progreso trabajando desde dentro, contando con su capital humano y futura fuerza de trabajo. Esto ha hecho que hayan desarrollado una cultura alrededor de la calidad de la educación desde instituciones públicas y privadas. La sociedad se ha hecho consciente de que el crecimiento económico, el mantenimiento de su nivel de vida y el aumento de la productividad sólo pasan por conseguir unos recursos humanos altamente cualificados por lo que dedican un gran porcentaje del gasto público en educación y 43 jornada simultánea, es decir, acortando ambos sus jornadas laborales, uno en las primeras horas y otro en las últimas, para la completa atención del niño. Llama la atención que el permiso retribuido de 10 días para el padre o progenitor que no haya dado a luz, puede disfrutarse entre los sesenta días posteriores al parto y en caso de familia monoparental existe la posibilidad ser transferido a terceras personas. Por otro lado, el subsidio infantil o prestación familiar para la infancia tiene carácter universal para todos los niños residentes en Suecia y para garantizar un determinado nivel. La cuantía es la misma en todos los casos y la recibe la madre al mes de nacimiento, sin estar sometida a comprobación de los recursos de la familia. Estas prestaciones suponen el 38 % del gasto social destinado a estas políticas (el 1 % del PIB) y ronda los 113 euros al mes (1050 coronas) hasta que el hijo cumpla la edad de 16 años, prorrogable a los 18 en el caso de continuar con la enseñanza obligatoria o que acuda a escuelas de educación especial. Caso de que continúen sus estudios superiores este subsidio será sustituido por una subvención de ayuda a los mismos de la Comisión Central de Ayuda Económica a los Estudios (Centrala Studiestödsnämnden). Por defecto, esta prestación se paga a ambos progenitores a partes iguales salvo circunstancias especiales de custodia exclusiva o que sea notificado a la autoridad la conveniencia de que sea abonado a uno sólo. En los casos de progenitores del mismo sexo la cuantía será percibida por el progenitor de mayor edad. El complemento a las familias numerosas es automático cuando una familia está cobrando el subsidio infantil para dos hijos como mínimo y se abona igualmente a partes iguales a los progenitores hasta que el menor tenga la edad de 16 años, con una posibilidad de prórroga si prosigue sus estudios hasta los 20 años. En la línea de protección a la familia y de sus múltiples posibilidades, existe la posibilidad de cobrar este suplemento para aquellos hogares en que convivan los hijos habidos de otras relaciones anteriores con la única condición de que exista una nueva unión de hecho o de derecho o un nuevo hijo en común y previa solicitud a la Försäkringskassan. Cabe destacar que ambos subsidios están exentos de impuestos. Los padres suecos cuentan con la posibilidad de solicitar un subsidio parental temporal para casos excepcionales y para jornada completa o parcial por un tiempo máximo de 120 días por hijo y año. La excepcionalidad se encuentra en una decisión voluntaria de no trabajar para cuidar de un hijo enfermo, porque la persona que habitualmente cuida 44 del hijo en casa está enferma o porque los padres han de acudir con el hijo al médico o a un centro de asistencia infantil. Cuando a los padres les resulte imposible ausentarse del trabajo para asistir a su hijo pueden ceder este subsidio a una tercera persona que se vaya a hacer cargo del menor, posibilidad que se hace habitual en el caso de familias monoparentales. Los padres tienen la posibilidad de participar activamente en las actividades escolares extraordinarias de sus hijos gracias a unos permisos compensados y llamados “Días de Contacto”. Asimismo, podrán atender posibles enfermedades de los menores contando con 60 días al año igualmente compensados. Para completar estas prestaciones se prevé una red de servicios y atención a la infancia que facilita la labor de las familias y que se materializa en guarderías baratas y con horarios flexibles para menores de tres años, enseñanza gratuita, refuerzos y actividades extraescolares además de otras atenciones prestadas por cada ayuntamiento particular que garantizan el cuidado de los hijos durante la jornada laboral de sus padres, reduciendo así los posibles niveles de incertidumbre de los ciudadanos suecos que no encuentran en la maternidad un obstáculo para su actividad profesional, ya que las empresas no se niegan a otorgar los permisos y el trabajador sigue cotizando manteniendo todos sus derechos en situación asimilada al alta. El seguro parental es el segundo en importancia en cuanto a las prestaciones familiares después de las prestaciones por hijo y, pese a su coste, nadie lo cuestiona. Derecho a subsidios temporales por tiempo ilimitado para ambos padres para cuidado de un hijo enfermo y que pueden coincidir en tiempo y período previo dictamen médico que certifique la enfermedad del menor, por cuidado de hijo discapacitado o con enfermedad prolongada y siempre que el menor precise de vigilancia y cuidados especiales cuando se deban afrontar gastos asistenciales, ayudas de asistencia personal, subvenciones para adaptar el vehículo familiar en condiciones similares a las establecidas para los discapacitados en general, ayuda por gastos extraordinarios que se deriven de la necesidad de unos cuidados y vigilancia especiales y que, de no encontrarse previstos, se estudiarán particularmente, subsidio asistencial de vacaciones (Ferievårdbidrag) destinado a compensar al progenitor que se hace cargo de su cuidado en casa cuando el menor es atendido habitualmente en un hospital u otras instituciones, etc., completan la prueba de la sensibilidad de la política social hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente hacia los niños. 45 Pero todo esto no acaba aquí, además, para familias con bajos ingresos se establecen subsidios de vivienda para mantener unas condiciones de vida mínimas, cuyo importe vendrá determinado por la renta, los gastos de alojamiento, el tamaño de la vivienda y el número de hijos. La solicitud se realiza a priori, es decir, por estimación de ingresos anuales lo que implica que, caso de una estimación a la baja, el beneficiario habrá de reintegrar el exceso. En el caso de hijos de padres separados, se establece la Underhåll o Ayuda por Alimentos para los casos de custodia compartida, cuando las rentas son bajas y para preservar los derechos del menor y por lo que cada progenitor recibirá una ayuda en función de los ingresos. Para aquellos casos en que la custodia es otorgada a uno de los progenitores, y el otro viene obligado a pensión por alimentos hasta la mayoría de edad, si ésta es demasiado baja o simplemente no se recibe, el custodio podrá solicitar una ayuda a la Försäkringskassan por un importe máximo de 136,25 euros al mes que será abonada directamente al progenitor que convive con el menor, reservándose el Estado el derecho de solicitar al no custodio el reintegro de los importes abonados salvo que el incumplimiento se deba a imposibilidad o carencia de rentas. Lo habitual es que los padres separados se pongan de acuerdo en estas cuestiones sin intervención del Estado y que se haga no sólo en función de las necesidades del niño sino también según la situación financiera de ambos. Como guía se suele seguir el Código de los Niños y Padres en Suecia. La Ayuda Alimenticia se prorroga más allá de los 18 años cuando se continúa con los estudios superiores. En estos casos será el propio estudiante quien la solicite y quien la perciba. Cabe destacar que el progenitor que abona la pensión alimenticia puede solicitar la deducción por pernoctas, es decir, cuando pasa con el hijo al menos cinco días consecutivos con sus noches, dentro de un mes natural, podrá solicitar la deducción correspondiente del importe de la pensión. Otras prestaciones interesantes derivadas de la Política Familiar son las Ayudas para Jóvenes establecidas para facilitar la emancipación de los jóvenes entre 18 y 29 años se establece una primera ayuda para la vivienda cuya cuantía dependerá de los ingresos, los gastos y el tamaño de la misma. Se trata de un subsidio provisional establecido según previsión de ingresos y costes que, una vez cubiertos, el beneficiario viene obligado a reintegrar el excedente. Cuando además la gente joven participa en 46 programas de políticas activas de recualificación o reinserción en el mercado de trabajo, o cuando traten de montar su propia empresa, también tendrán derecho a una ayuda ocupacional calculada sobre la prestación por desempleo y será deducido del mismo. Es decir, ambas ayudas no serán compatibles y salen de la misma caja. El Subsidio de Vivienda o Bostadsbidrag es para jóvenes sin hijos, con bajos ingresos, con vivienda propia o apartamento con contrato de subalquiler aprobado, con el único requisito de la edad y el empadronamiento y la vivienda no puede tener más de 60 m2 ni el beneficiario superar unos ingresos de 9300 euros al año. La Agencia Sueca de Seguro Social será quien calcule el importe del subsidio en base a los ingresos del beneficiario, que incluirán ayudas al estudio y otras compensaciones estatales como subsidios por desempleo y otras rentas de capital. Y, en principio, se tratará de una ayuda provisional hasta que se obtenga la valoración fiscal para la renta, cuando se estimará definitivo, así como los importes que se hayan de abonar al beneficiario en pago adicional por estimación a la baja o los que éste haya que reintegrar por haber obtenido mayores ingresos de los previstos. De otro lado, las Ayudas a Empleadores suponen un seguro que el empresario contrata con la Försäkringskassan para compensar los costes derivados de los pagos por baja de enfermedad de los empleados, a partir del cuarto día de la misma. La cuota que el empleador paga para tener cubierta esta contingencia se calcula en función de los costes salariales de la empresa y un porcentaje fijo que el Estado establece anualmente. 4.7. LA CONCILIACIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. El Informe Global de Brecha de Género de 2013 sitúa a Suecia entre los primeros puestos en materia de igualdad (www.weforum.org). En su idea de la equidad la diferencia de género es casi imperceptible. Se trata de un principio de base en la que los suecos se educan desde edades tempranas implicándose en ello desde el gobierno hasta la escuela: “Cada individuo es único. Todos, hombres y mujeres, tienen derecho a trabajar para mantenerse a sí mismos, equilibrar la vida profesional y familiar y a vivir la vida sin miedo a la violencia o al maltrato”. Esto se evidencia en que las tasas de desempleo masculino y femenino son muy similares, 7,8 % y 7,9 % respectivamente. El hecho de que la mujer participe del mercado de trabajo en las mismas condiciones que el hombre es posible gracias a un abanico de derechos y prestaciones, así como a una 47 eficaz y real política de conciliación de vida laboral y familiar, que va desde bajas remuneradas a los padres hasta reducciones de jornada de ambos progenitores a la vez, pasando por que los ayuntamientos garantizan el cuidado de los niños en las horas en que sus padres van a trabajar. Tan interiorizada tienen esta idea que en Suecia se está produciendo un fenómeno de femineidad social que puede dar lugar a un problema inverso de género. Actualmente, existe un porcentaje superior de mujeres que terminan los estudios universitarios (como ejemplo, en los últimos años se ha observado que aproximadamente dos tercios de los títulos de grado son otorgados a mujeres). Pese a estos datos aún en el sector privado se ven las diferencias en cuanto a la ocupación femenina de altos cargos e incluso se observan diferencias salariales aunque la ley obligue a que esto no ocurra. Algunos explican esta circunstancia por las profesiones o sectores de actividad elegidos por las suecas así como por factores como la jornada de trabajo e incluso permisos no retribuidos, aunque el hecho de que el salario medio femenino aún siga suponiendo el 94 % del recibido por los hombres, por poca diferencia que sea, nos parece una distinción bastante injustificable y atribuible a razones de sexo aunque derive de actos voluntarios de la mujer. La Política aborda el empleo femenino desde un punto de vista estratégico, es decir, luchar contra la pobreza pasa por atender los riesgos de las familias monoparentales así como a aquellas parejas cuyos miembros están en paro. Se produce una revisión de la política familiar, abordando tres áreas fundamentales: - Guarderías gestionadas por los ayuntamientos para niños de entre 0 a 3 años. - Reorganización de los tiempos de trabajo para los padres de pequeños en edad escolar. - Ayudas para pagar los gastos de los hijos. El fin deseado es permitir que las parejas no sólo puedan tener el número de hijos deseado sino que, además, tengan tiempo para atenderlos, por lo que desarrollan a su vez otras políticas de conciliación dirigidas tanto a padres como a madres. Suecia es uno de los países con mayor porcentaje de la mujer en el mercado de trabajo 78.8 % cuando en España apenas si llegamos al 60 % (58 %). 48 La lucha contra la discriminación en todos los aspectos, sexo, etnia, transgénero, religión, etc., se dirige desde la Diskrimineringsombudsmannen traducido como “Defensoría”, una agencia gubernamental que defiende la igualdad de derechos y oportunidades para todos, examina las situaciones de segregación de género en el lugar de trabajo o en la escuela y vigila el cumplimiento de los permisos parentales así como que esta circunstancia no afecte desfavorablemente en el entorno laboral (www.do.se). Como prueba del compromiso en esta tarea el Gobierno sueco introdujo una nueva cartera ministerial: la de Igualdad de Oportunidades, dirigida por Maria Arnholm desde 2013 además de que el resto de ministros se comprometan a garantizar la igualdad de género en sus áreas de responsabilidad. En esta misma dirección encontramos normas y Leyes como la del Aborto (de 1975), Violencia contra la Mujer, Prohibición de Compra de Servicios Sexuales, y otras en las que sería interesante internarse pero que extenderían excesivamente este Trabajo Fin de Grado. 4.8. LA POLÍTICA DE SALUD El Servicio Sueco de Salud es un sistema descentralizado de acceso universal y financiado gracias a los impuestos municipales y regionales, contribuciones del gobierno central y, en menor medida, cuotas de los pacientes. Siendo la atención primaria la más cara el coste público es de 26 millones de euros sin contar los gastos odontológicos, lo que supone casi el 8 % del PIB. En cuanto a las cuotas abonadas por los pacientes usuarios ascienden a algo más de 10,00 euros diarios para una estancia hospitalaria, entre 10,00 y 30,00 euros la atención primaria, según cada Consejo Regional, y una visita al especialista puede rondar los 38,00 euros. Estas cuotas tendrían un tope máximo cuando un paciente haya pagado alrededor de 100,00 euros en gastos médicos en un período de doce meses, entonces el resto de las consultas tendrán una cuota de cero euros hasta completar el año de tratamiento asistencial. Algo similar ocurre con los gastos farmacéuticos por receta o copago, con un techo máximo de 235,00 euros por persona y año. Para ello el Kunskapscentrum för hälsooch sjukvården o Consejo Sueco de Evaluación de Tecnología de la Salud determina cuáles son los mejores tratamientos para los pacientes y el uso óptimo de los recursos (www.sbu.se), una vez que la Läkemedelsverket o Dirección Nacional de Medicamentos y Farmacia haya consentido la fabricación y comercialización del fármaco o producto y 49 la Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket u Oficina Nacional de Prestaciones Farmacéuticas y Odontológicas determine si dicho fármaco o producto deba ser subvencionado por el Estado. Todos estos organismos son entes gubernamentales que desarrollan la función de control del Estado interventor (www.lakemedelsverket.se, www.tlv.se). En la actualidad el Servicio Nacional de Salud Sueco se enfrenta al reto de conseguir un sistema sostenible ante la realidad de una población cada vez más longeva, el 19,4 % de la población es mayor de 65 años, una de las más envejecidas de Europa aunque se cree compensable en el futuro por el aumento de la tasa de natalidad desde los años 90. La responsabilidad de la asistencia sanitaria es compartida entre las tres administraciones central, provincial y municipal. Aunque como en el resto de servicios sociales el papel del Estado se limita a marcar los principios o directrices dejando la prestación propiamente dicha a las municipalidades a través de leyes, ordenanzas o acuerdos con la Asociación de Autoridades Municipales y Regionales de Suecia, repartiendo la gestión hospitalaria a los Consejos y los servicios básicos de atención a los Ayuntamientos. Así bien se establecen siete Servicios de Salud Regionales (Hospitales) de atención muy especializada donde se ofrece formación y se realiza investigación, coordinados por la Rikssjukvårdsnämnden o Comisión Nacional de Atención Médica Especializada, propietaria de todos los hospitales de urgencias pero los servicios de salud se pueden subcontratar. Esto es, existen otros 54 Hospitales Nacionales y la posibilidad de que el Consejo subcontrate tratamientos planificados con clínicas privadas para completar los servicios ofrecidos por sus centros propios. En 2013 el 12 % de la atención financiada fue prestada por proveedores privados. La Ley de asistencia Sanitaria establece que toda la población residente tiene acceso a la asistencia médico-sanitaria y a la atención odontológica, limitada esta última a los menores de veinte años. Asimismo, dispone que la historia clínica de los pacientes se recojan, previo consentimiento, en expedientes electrónicos accesibles para todo el personal de los servicios de salud a nivel nacional, ya que todos los Consejos Regionales, similares a nuestras Diputaciones Provinciales, están conectados entre sí, bajo la supervisión de la Socialstyrelsen, Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social (www. socialstyrelsen.se). A su vez, existe una agencia gubernamental encargada de investigar el cumplimiento y la calidad del servicio prestado por los profesionales 50 sanitarios, la Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd o Comisión Disciplinaria de los Servicios de Sanidad (www. kammarkollegiet.se). Se establecen Prestaciones del Seguro Social para compensar ausencias temporales al trabajo por Enfermedad Común o Accidente No Laboral, Subsidios de Enfermedad con Fines Preventivos destinados a personas que se someten a tratamientos médicos y rehabilitaciones con el fin de evitar una enfermedad, acortarla o mitigarla, Prestaciones por Enfermedad Profesional, Accidente Laboral y Accidente In Itinere, (indemnizaciones frente a contingencias profesionales procedentes del seguro de accidentes), Seguro de Asistencia Dental para mayores de 20 años por cuanto para los menores es un servicio gratuito y otros subsidios temporales del tipo de Prestaciones para Portadores de Infecciones Contagiosas que no estén enfermos, para aquellos que voluntariamente dejen de trabajar para cuidar de un familiar altamente dependiente incluso si los cuidados son en el mismo hospital, y para aquellos que estando de baja por enfermedad precisen de ayuda para comenzar a trabajar. De cualquier forma y en términos generales los beneficiarios serán los trabajadores por cuenta ajena y propia, desempleados, los que estén de licencia por maternidad y paternidad, los que se encuentren percibiendo el subsidio de embarazo y estudiantes expuestos a riesgos especiales durante su formación. En algunos casos, existe la opción de sustituir el Subsidio de Enfermedad por una Asignación para gastos de desplazamiento cuando la enfermedad no limite para el ejercicio habitual pero sí para acudir normalmente al lugar de trabajo. El subsidio de enfermedad supone un 80 % de los ingresos anuales y, cuando es prorrogado (más allá de los 364 días y por un máximo de 550 o año y medio), desciende al 75 % con un tope máximo de 35.400 euros al año. Para el caso de los desempleados el importe a percibir diariamente por subsidio de enfermedad es de 52 euros lo que equivale a la prestación máxima de la caja de seguro de desempleo. Además, como otros subsidios, éste puede ser disfrutado de manera total o parcial en función del tiempo que el trabajador enfermo deba dejar de trabajar, estructurando el horario laboral de la mejor manera desde un punto de vista médico. Durante el período de baja y pasados 90 días, se pone en marcha la llamada “cadena de rehabilitación”, previa evaluación de la capacidad laboral y siempre que el empleador no haya podido reubicar al empleado en otro puesto. Después de 180 días cobrando el 51 subsidio se estudiarán las posibilidades que el trabajador tiene en el resto del mercado de trabajo salvo que la Agencia Sueca de Seguro Social estime que el empleado pueda volver a su empresa antes del día 366. Esta cadena de rehabilitación o de evaluar el derecho al subsidio es de aplicación a trabajadores por cuenta ajena. Cuando se trata de un trabajador por cuenta propia se estará a lo que disponga la Försäkringskassan para realizar el trabajo habitual hasta el día 180 de la baja y para el resto del mercado de trabajo después. Agotado el subsidio de incapacidad laboral y no teniendo otros ingresos, se establece una prestación especial durante 914 días por importe máximo de aproximadamente 18 euros diarios. 4.9. POLÍTICAS PARA PERSONAS MAYORES El hecho de que casi el 20 % de la población en Suecia sea mayor de 65 años hace que la inversión del Estado en estos ciudadanos tenga un peso muy importante sobre el PIB, de hecho, la asignación de recursos asistenciales y sociales asciende a 11.500 millones de euros superando en cinco veces la media de la UE y se encuentra financiado gracias a los impuestos municipales y subvenciones del Estado. Se prevé que en los próximos años este porcentaje crezca significativamente acogiendo a personas activas y sanas. Ante este acontecimiento el Gobierno estudia diversas fórmulas de actuación para afrontar el futuro implementando poco a poco algunas de ellas. Destacan en este sentido las siguientes iniciativas: - “Comisión para el futuro”, encargada de estudiar retos sociales a los que se enfrentará el país entre los que se encuentra el envejecimiento de la población. - Se ha encargado una nueva línea de investigación que determine los obstáculos que supondría elevar la edad de jubilación alargando así la vida laboral. - Nuevas inversiones específicas para enfermos especiales mayores de 65 años que ayuden a coordinar asistencias y prestaciones reduciendo los costes derivados en este sector poblacional cada vez más elevado. Los permanentes estudios de esta inquietud nacional se realizan desde organismos gubernamentales en estrecha relación con la Universidad destacando el Instituto Sueco de Ciencias de la Salud (www.vardalinstitutet.net), Instituto Sueco de Tecnología 52 Asistencial (www.hi.se) y con una labor supervisora del Gobierno Central la Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social (www.socialstyrelsen.se). Los Ayuntamientos encargados de prestar la asistencia social de los mayores dan la opción a sus beneficiarios de que puedan elegir si la asignación de ayuda doméstica o la gestión de plazas en una vivienda especial sean proporcionadas por entidades públicas o privadas. Sea como fuere el Ayuntamiento se hace responsable de la financiación de las mismas con la finalidad de que la premisa de una vida digna e independiente de los mayores y discapacitados suecos se prepondere sobre cualquier otra cuestión, los servicios sociales tratarán en todo caso de que el ciudadano dependiente viva todo el tiempo que sea posible en su propio hogar gracias a programas comunitarios, grupales o de servicio a domicilio en alimentación, higiene doméstica y asistencia personal para atender necesidades de la vida cotidiana las 24 horas del día (cambiar una bombilla, colgar cortinas, etc.), centros de día con actividades de estímulo y rehabilitación, sobre todo para personas con algún tipo de demencia, o servicios de transporte público o privado adaptado. En la misma línea el Gobierno propuso una revisión de la Ley de Servicios Sociales y, desde noviembre de 2012, el “derecho a vivir juntos” facilita que las personas mayores que hayan convivido juntas (parejas de hecho o de derecho) puedan seguir haciéndolo aunque uno de ellos haya de ingresar en una residencia. Esta asistencia se sujeta a las necesidades de cada usuario estudiadas de manera particular y cada Ayuntamiento establece sus tasas pero con una cuota máxima de 190 euros al mes. Considerando una edad media de jubilación aproximada de 64,4 años (la más alta de la UE) la pensión se establece de manera general en función de los ingresos sobre los que cada uno haya pagado impuestos. En 2012 la pensión media general sueca de jubilación fue de 1225,00 euros al mes. Esta pensión está integrada por tres partes: la resultante por los ingresos, la prima y la garantía. Pero además la mayoría de jubilados suecos perciben una “pensión ocupacional” derivada de las cuotas abonadas por los empleadores. Esto supone que el 65 % de los ingresos del pensionista procede del sistema público de pensiones. A su vez los mayores suecos, por seguridad, eligen completar esta prestación con los planes de ahorro privados de pensiones. Como curiosidad, la leyenda del jubilado escandinavo que se muda a vivir sus “años dorados” al extranjero y a países con climas más cálidos no sólo es una realidad sino una tendencia creciente. Según datos del Instituto Sueco de 2010 aproximadamente 223.000 jubilados suecos recibieron sus pensiones en 194 países del mundo. 59 ser, apelando a la conciencia y la responsabilidad del ciudadano, que si todos nos concienciamos o nos educamos en que el crecimiento económico del país es el único pasaporte hacia un Estado del Bienestar justo y equitativo, así como de que la estabilidad y la eficiencia de la economía es la que nos lo procura, es posible que así y solo así, todos buscásemos este objetivo para obtener de alguna u otra manera el beneficio que esto acarrea. En una sociedad precaria la capacidad de elección es escasa y pese a que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier condición vital creemos que no es menos cierto que cuando vive bajo el amparo de un Estado protector, que no paternalista, en el que los bienes son de propiedad compartida por todos, los individuos se hacen más responsables con y para los mismos, participando activamente de la colectividad. Un individuo satisfecho y feliz, motivado, probablemente sea más productivo económica y socialmente. El caso de Suecia es un ejemplo vivo de que un modelo económico socialdemócrata es viable y de que habiendo voluntad todo es posible, mediante las reformas que haya que llevar a cabo, sin pudor, en aras de obtener una alta justicia social y distributiva con la intervención necesaria del Estado. Es cierto que nació como fruto del poder del movimiento obrero pero sólo pudo materializarse a través de la aceptación capitalista que también ha sabido sacarle partido. Tras acercarnos a la historia del país escandinavo concluimos que el nacimiento y el posterior desarrollo del Estado del Bienestar va más allá de la ideología política. De hecho, se aprecia cierta volatilidad del votante sueco cuando se trata de elegir a sus representantes nacionales y municipales por cuanto una cosa es quien elabora las leyes y otra quien procura la asistencia social. Observamos como la alternancia política ha sido una mera sucesión de siglas ya que sendos partidos han buscado el mismo fin para preservar su modelo de bienestar. Además, nos ha llamado la atención cierta reacción popular hacia la socialdemocracia ante las crisis que han amenazado su tradición nacional, es decir, a lo largo de este último siglo, cuando en la sociedad sueca ha nacido un sentimiento nacionalista para defender la identidad de su patria, sus valores y principios fundamentales, esto se ha traducido en una victoria socialdemócrata en las urnas. Igualmente nos sorprende que la mayor premisa en la elaboración de las políticas sociales suecas es la fe inquebrantable que tienen en la responsabilidad individual del 60 ciudadano a la hora de afrontar sus obligaciones. Esa confianza se materializa en la libertad de la que gozan los sujetos y en cómo las instituciones públicas se esfuerzan por proteger todas las posibles contingencias del individuo, incluso cuando desde los Ayuntamientos se estudian particularmente los casos más excepcionales. Pero aun sin conocer este hecho, y aproximándonos de manera más general a sus políticas, esto es constatable al comprobar la flexibilidad en sus permisos, la amplitud de oferta en las prestaciones, la sensibilidad y la tolerancia hacia todas las formas de familia y el especial hincapié en la igualdad de género. Contra todo pronóstico Suecia es un país competitivo en materia de protección social y presenta un sistema proteccionista a la vez que eficiente, lo que demuestra que un elevado nivel de gasto social no está reñido con el desarrollo económico pese a que destine el 32,5 % del gasto público a este, obteniendo además buenos datos en su renta per cápita. Según Eurostat, en el año 2011 el salario medio anual ascendía a 37.871 euros (y una renta per cápita anual de 32.847 euros). Las críticas, amenazas, globalización e integración en la Unión Europea no han logrado desmantelar el sistema y, a pesar de la presión, no parece probable que Suecia siga un camino diferente aunque ello implique cambios importantes para adaptarse a los nuevos desafíos que le alejan del pleno empleo, menor cantidad de ingresos, pérdida de publicidad en los servicios y recortes que afectan sobre todo a los grupos más vulnerables. Se ha mantenido, pues, un sistema igualitario y generoso gracias a que es uno de los países con mayor carga impositiva de aceptación popular y al principio de solidaridad y universalismo frente a otros países donde prima el principio de mérito y contributividad, según el cual los beneficios son repartidos en función de las rentas de trabajo y la situación laboral de personas lo que da lugar a una cobertura selectiva. El modelo de bienestar nórdico se caracteriza por la movilización de los trabajadores y las mujeres influidos por el desarrollo, la política social pública de compromiso político para el pleno empleo y la reducción de las desigualdades en varios frentes. Otra característica es la financiación pública local de servicios sociales y de atención de la salud como sistema de producción para atender a todas las necesidades y toda la población, así como por los altos ingresos y la igualdad de género, bajos índices de pobreza y pequeñas disparidades en los niveles de vida. 61 Ante los nuevos retos que se presentan los críticos liberales manifiestan que los excesos del sistema en materia de asistencia social han desincentivado el trabajo en clara e implícita alusión a que el ser humano es vago por naturaleza, obviando una realidad muy diferente y es que el sistema capitalista y la flexibilidad del mercado son asfixiantes, realidad a la que, tanto allí como aquí, nos enfrentamos trágicamente. A pesar de ello, creemos sinceramente que su modelo va a seguir funcionando aunque haya que haberlo adaptado para preservarlo. Tras comprobar su orgullo por él intuimos que seguirán ideando para que sea sostenible. Les gusta sentirse significantes y diferenciados del resto, es reflejo de su identidad y quieren darla a conocer al mundo. En el futuro, como ya ha ocurrido a lo largo de estos años, es muy probable que si ven que abandonar los tintes keynesianos les puede traer consigo la pérdida de su obra buscarán alternativas para volver a ellos. Nos han convencido después de comprobar cómo han defendido su modelo. Ahora les queda la ardua tarea de sobrellevar una situación parlamentaria complicada, con un gobierno “rojo-verde” en minoría y con una extrema derecha de cierto peso pues supuso en las últimas elecciones de 2014 el 13 % de los votos, y que puede influenciar sobre ciertas decisiones delicadas en materia de política social cuando éstas se dirijan a la población extranjera. No obstante, y aunque no sean capaces de terminar la legislatura, los suecos volverán a la cordura en cuanto vean peligrar lo que les hace originales, su forma de organización pacífica y solidaria. No se trata de afirmar que el modelo ha sido un éxito desde su nacimiento, tampoco de insinuar ilusamente que lo es ahora. Lo admirable y lo imitable de este modelo es su dinamismo y cómo ha ido adaptándose a una realidad, asumiendo costes y abandonando incluso fundamentos por circunstancias coyunturales. Es posible que se hayan pasado con ciertas privatizaciones. Eso sólo se verá a largo plazo. Es verdad que las circunstancias históricas y culturales hacen de la sueca una sociedad especial y difícil de imitar. Inés Calzada Gutiérrez presentó en 2001 un estudio comparativo entre suecos y españoles y sus actitudes frente al Estado del Bienestar, avalado por el CIS, por el Swedish Institute for Social Research y por el Departamento de Sociología de la Universidad de Umeå. Sus conclusiones muestran que lo que quieren suecos y españoles se asemeja bastante y que ambos presentan una mayoría ciudadana que apoya un Sistema del Bienestar amplio, responsable y fuerte donde el 62 Estado intervenga activamente en la economía exigiendo mayor gasto sobre el núcleo del mismo. De este estudio se desprende que la mayoría de los ciudadanos españoles cree que el Gobierno “sin ninguna duda debería” responsabilizarse y tomar las medidas keynesianas. En ninguna de estas premisas el apoyo sueco es superior al español: El 61,8 % quiere un control estatal sobre los salarios y el 82,4 % sobre los precios, el 91,6 % quiere un gobierno creador y protector de empleo y, aunque es cierto que el 76,5 % de los españoles querría un recorte en el gasto público, no supone una incoherencia cuando la petición es sobre partidas que nada tienen que ver con los pilares básicos del Estado del Bienestar. La ciudadanía española manifiesta sus prioridades en el siguiente orden: Sanidad (75,7 %), Educación (69,7 %) y Pensiones (63,7 %), el mismo orden de prioridades que manifiesta la sociedad sueca. Pese al consenso popular el desarrollo del sistema es muy diferente en ambos países y si la actitud frente al mismo no es un factor que lo determine ¿por qué España está a la cola de Europa en política social o por qué hay un interés o una tendencia a desmantelar un Estado del Bienestar débil o escaso? Si queremos lo mismo y tenemos recursos y potencial por qué no arrancamos hacia el desarrollo de un sistema similar. Quizás la cuestión radique en los grupos de poder que lo rechazan pero esto daría lugar a conclusiones peligrosas porque hablaríamos de un problema de representación de intereses que se alejan de la ciudadanía o de un raro funcionamiento de la democracia en España. Una de las argumentaciones que pretende desmontar el estudio de Calzada es aquella que sustenta que los españoles quieren un Estado de Bienestar amplio pero no están dispuestos a financiarlo. Nuevamente los datos de Calzada muestran lo contrario, que los españoles quieren aumentar los servicios públicos y las prestaciones sociales aunque eso requiera de mayor nivel impositivo, lo que acaba con la idea de ciertos sectores políticos de que la sociedad española demanda la gestión privada, de hecho es todo lo contrario, ésta no existe a tenor de resultados como que el 67,2 % prefieren la gestión pública de la salud, por ejemplo. El tamaño del país y la descentralización tampoco serían argumentos válidos para destacar las diferencias con otros estados continentales. Podríamos hacer referencia al caso de España o Alemania en el que las Comunidades Autónomas o los Landes tienen transferidas competencias en materia de política económica y social. Esto sería más bien 63 una semejanza, la descentralización a corporaciones locales y a nivel de comunidades autónomas de la gestión de los servicios sociales. Otra gran diferencia a la que se alude es la estructura económica: “La economía sueca está basada en pequeñas y medianas empresas frente a las grandes españolas o francesas”. Esto tampoco es cierto pues cuentan con Saab (Aeronútica y Automobilística), Volvo, AssiDoman AB, Billerud, Holmen AB, MoDo Group, SCA (Svenska Cellulosa AB), Sveaskog, Perstorp AB, Electrolux, Ericsson, Astra Pharma, SAS (Scandinavian Airlines System), Gant, H&M (Hennes & Mauritz), entre otras. Además de otras similitudes en cuanto a la actividad donde las empresas suecas desarrollan su actividad: Agricultura 1,9 %, Industria 28,1 % y Servicios 70,1 %. Estos datos unidos a los de la adopción de la moneda, uso paritario en el caso sueco, muestran la convergencia entre las políticas económicas y monetarias entre el país nórdico y otros países continentales. Calzada observa una actitud desfavorable de los españoles hacia su sistema fiscal. De pensamiento generalizado es que existen colectivos con altos ingresos y que no contribuyen lo suficiente, de hecho son los que más defraudan. Evitando el denominado “fraude de ricos” habría recursos más que suficientes para mejorar nuestro Estado del Bienestar sin necesidad de subir impuestos. En este sentido, Juan Gimeno Ullastres (2000) afirma que “la búsqueda de vías de elusión entre los niveles más altos de renta, la presión fiscal soportada por las rentas de capital bajo, la justificación de la creciente globalización financiera y la libre movilidad de los capitales, hacen que nuestro sistema fiscal esté de hecho (que no de derecho) próximo a la proporcionalidad en lugar de a la progresividad”. Un Estado de Bienestar financiado en base a impuestos a las rentas más altas harían un Sistema Social coherente a la solidaridad, la ciudadanía y la redistribución. Para imitarlos España debería potenciar sus ventajas competitivas frente a la globalización o especializarse en producciones que le supongan un fuerte valor añadido, manteniendo el sector servicios y fabricando bienes concretos pero esto conllevaría una fuerte inversión en tecnología y en políticas de educación, formación continua con un plan centrado en la reconversión e investigación además de la reestructuración del sistema productivo en ciertos sectores. Y en este sentido ha de preocuparnos la “fuga de talentos”. Habría que reorganizar el mercado de trabajo, elevar el gasto en políticas activas de empleo así como fomentar la formación profesional específica para recualificar a desempleados de larga duración. 64 Estas modificaciones sólo serían posibles por consenso entre patronal y sindicatos, acompañado por el Estado, dotando a los trabajadores de nuevos y reconocidos derechos sociales así como de los medios necesarios para que obtuviesen una real libertad profesional, como aconseja Alain Supiot (2005). Para ello no sería necesario cambiar instituciones, sólo modificar los actuales servicios públicos de empleo, elaborar individualmente la formación según las competencias de la persona, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y sus previsiones así como definir claramente los objetivos que se pretenden. Se haría posible acercarnos al modelo sueco dotando de más recursos, humanos y materiales, a un servicio público de empleo que sirviera efectivamente de contacto entre empresas y desempleados, que se comprometiera realmente sobre la oferta de empleo más conveniente reforzando el control sobre la efectiva búsqueda de trabajo en el mercado del parado para lo que habría que establecer la figura de un “encargado” que sirva de referente y que acompañe al demandante individualmente a través de entrevistas periódicas. Además, habría que establecer con detalle el reparto de responsabilidades entre los implicados en la recolocación así como compensar las carencias con prestaciones más generosas. En esta línea habría que dotar a los agentes sociales de los medios, métodos y dispositivos necesarios para favorecer el consenso, así como elaborar programas más sencillos y favorecer ayudas para la creación de empresas. Privilegiar una política activa de empleo, conciliar la seguridad y la flexibilidad y renovar el sistema de protección social. Si todos observan de reojo y con admiración el modelo sueco, algunos con miedo o con fingido desinterés; si pese a las críticas se habla de converger hacia sus políticas sociales, vuelve a la cabeza la eterna pregunta de por qué no imitarlo. La razón principal puede ser la resistencia a cambiar o reformar sistemas enraizados en tradiciones nacionales en las que además prevalece el interés en la eficiencia económica para enfrentarse a la competencia internacional frente a la solidaridad social y de esta manera intentar buscar una cohesión social sería incoherente. Existen multitud de opiniones a este respecto y que van en el sentido como dice Felix Roth, citado por Jesús González Fonseca (2011), de que trasponer este modelo a cualquier otro país de la UE se hace casi imposible por el tamaño, las relaciones sociales, la estructura económica o la organización de la sociedad. Otros en cambio, como Eguzki Urteaga (2011, 11-15), ven viable, no ya la copia del modelo, imposible por las especificidades de cada país, pero sí 65 imitar sus virtudes en cuanto a sus políticas activas, la conciliación de la seguridad y la flexibilidad o la renovación del sistema de protección social. Se necesita de un proceso continuo de estudio y desarrollo que debería surgir de manera natural en todos los Estados, realizando cambios e innovaciones, a veces muy profundas, logrando que sean comprendidas por una sociedad instruida, independiente, participativa e informada. Elevar a este estatus a la población de un país pasa por conseguir unos buenos niveles de educación, salud, vivienda y seguridad social, avalados por un Estado responsable que intervenga pero no monopolice, que actúe como medio para garantizar los derechos más básicos y la libertad de elección del ciudadano. Sería un desastre que la oligarquía patrimonializase el Estado y los bienes pertenecientes a la sociedad, queremos decir, si permitimos la expropiación de bienes públicos, pasando éstos a depender del arbitrio de grandes corporaciones, el propio Estado terminaría ayudando a éstas últimas en aras del interés general, lo que convertiría todo esto en un círculo vicioso que reduciría la actuación gubernamental a trámites recaudatorios de los pequeños y medianos propietarios quienes, finalmente, se asfixiarían por los impuestos y regulaciones burocráticas que siempre terminarían favoreciendo a los más poderosos. Un Estado responsable no debería amparar esta práctica permitiendo continuas privatizaciones enmascaradas de los pilares básicos del Estado de Bienestar como la salud, educación y servicios sociales. Cuando sin preestablecer un control público se otorgan subvenciones a colegios concertados, se fomentan seguros médicos privados así como planes de pensiones o se externalizan gestiones propias de los servicios sociales entre otras, se está contribuyendo a la iniciativa privada frente al detrimento de lo que es público por derecho. La necesidad de poner énfasis en la igualdad de género así como desarrollar políticas realmente efectivas en materia de conciliación laboral y familiar, realizando una mayor inversión en servicios como guarderías y colegios con amplitud de horarios o la atención domiciliaria a dependientes que descarguen a la mujer, tradicionalmente encargada de estas tareas, se está pasando por alto. Erróneamente los gobiernos invierten en otros sectores, incluso recortan en el social, para estimular la economía lo que deja patente la ignorancia y el descaro liberal de encontrar al Estado del Bienestar como un consumo y no como una inversión en la sociedad. En este sentido destacamos 66 la opinión de Vicenç Navarro en 2012: “Esta realidad es completamente ignorada por el pensamiento económico dominante, controlado por hombres de clase media alta (y mujeres que piensan como hombres, de la misma procedencia social), ahí está el problema, el enorme dominio del poder de clase y de género, una estructura de poder de clase, pudiente y machista”. Hoy en día el reparto de las tareas familiares queda de la siguiente manera: la mujer sueca trabaja 26 horas a la semana en “la casa” y el hombre 20 frente a las 48 horas de las españolas y las escasas 8 de los españoles. Claro que es posible implementar este tipo de políticas en España pero el éxito va a depender siempre del carácter de los gobernantes pues una política progresista como ésta, y de fundamento altamente socialdemócrata, parte de la hipótesis de la necesidad de expansión del sector público desde un punto de vista más que normativo como único medio posible para facilitar el acceso de la mujer a la vida profesional en aras de garantizar la igualdad. Porque además no es tan difícil de entender que crear empleo crea empleo, es decir, aumentando el número de trabajadores aumenta la producción de bienes y servicios y esto a su vez genera más empleo, aumentando por tanto, la gente que crea riqueza y que paga impuestos. La causa del déficit social español es su baja tasa de ocupación y su alto nivel de desempleo. Si a esto le sumamos que el gasto social está pésimamente financiado obtenemos la situación actual, un Estado de Bienestar obsoleto por falta de desarrollo y en quiebra. No debería ser así, España tiene recursos suficientes y prueba de ello es que antes de la crisis su PIB per cápita era el 94% del promedio de la UE pero su gasto público social per cápita sólo el 74%. Si los porcentajes estuvieran más equiparados estaríamos hablando de millones de euros más. ¿Cuál es el problema entonces, el Estado no los recoge, no los ingresa o no tiene interés en aplicarlo a cuestiones sociales? España tendría recursos suficientes no sólo para proteger a sus ciudadanos más vulnerables sino también para crear puestos de trabajo y generar así más riqueza, si pusiera mayor interés en gestionar más eficientemente el sector fiscal y acabase definitivamente con la lacra del fraude, sobre todo de los grandes grupos financieros. No es descabellado pensar entonces que llegaríamos a tener una situación económica favorecedora para implantar un sistema de bienestar social similar al sueco. En España uno de cada diez trabajadores es empleado público. En Suecia lo son uno de cada cuatro, la mayoría de ellos en los sectores principales y directamente encargados 67 del bienestar ciudadano. Tener el mismo número de funcionarios que ellos nos supondrían cinco millones más de puestos de trabajo, curiosa cifra, pues significaría acabar con nuestros problemas de desempleo. Vicenç Navarro, como asesor del Gobierno Socialista en la década de los 90, aconsejó a Joseph Borrell crear un cuarto pilar del Estado del Bienestar, el de derecho a los servicios de ayuda a la familia para completar los otros tres, sanidad, educación y pensiones, ampliando los servicios sociales al acceso a las escuelas de infancia y la ayuda a dependientes. Esto no tuvo cierto color hasta años más tarde, más allá de 2004, y sólo en parte pues se desarrolló una Ley de Dependencia que parece haber fracasado. Podríamos afirmar entonces que el Estado de Bienestar español sigue, y seguirá según parece, cojo. La Cumbre de Luxemburgo de 1997 nos dejó la evidencia de la estrategia europea para el empleo, consistente en pasar de un Estado de Wellfare o bienestar a uno mejor adaptado a los nuevos tiempos, o mejor dicho a los intereses económicos de los más poderosos, el Workfare y que exige a los beneficiarios del sistema el cumplimiento de unos requisitos inútiles y que sólo sirven para justificar la acción política en cuestión para tener derecho a las prestaciones que por la propia condición de ciudadano le debían ser inherentes. Se han olvidado pues del sentido de aquellas políticas activas originales de crear trabajadores productivos y capacitados para girar hacia un interés general de socializar eternos ofertantes de empleo que además muestren docilidad y maleabilidad, haciendo de esta bolsa social auténticos comerciales de sí mismos. Así que Europa está preocupada en potenciar políticas activas, sí pero en detrimento de las pasivas o protectoras añadiendo un nuevo concepto al sistema, considerado obsoleto e inviable en la actualidad, haciendo un viraje hacia convencernos a todos de un nuevo Estado del Bienestar Activo. O sea, se trata de abandonar la protección del individuo exigiéndole una participación imposible, algo ruin cuando de lo que se trata realmente es de un magnífico intento por eximir de responsabilidad a un mercado excesivamente flexible y depositarla sobre los hombros de un ciudadano cada vez más débil, excluido y desprotegido. Buscar un Estado del Bienestar cada vez menos intervencionista es hipócrita mientras que los que realmente intervengan sean entes supranacionales con un interés eminentemente económico, carentes de reconocimiento explícito y necesario de Estados Sociales y Democráticos de Derecho, es decir, se permite impunemente que los Estados 68 Soberanos dejen de legislar para sus súbditos. Actualmente, el capitalismo individualista y egoísta ha llevado a unas políticas que tratan de reducir costes sociales y laborales como único medio de obtener empresas cada vez más competitivas. Y es a este liberalismo al que se ha arrimado España olvidando que carece de las condiciones económicas y sociales para moverse a esos niveles. Porque es necesario establecer un equilibrio entre población, necesidades y política. Porque invertir más en políticas activas desatendiendo las pasivas favorece la exclusión social de cada vez más ciudadanos que inevitablemente se convierten en inadaptados de una situación que es irreal. Gastar en recualificar a trabajadores que el mercado es incapaz de absorber y engañarlos con falsas expectativas, abandonando a la “persona” es, en realidad, promover un Estado desentendido deliberadamente pues es una realidad que este mercado tan cambiante, tan flexible, tan rápido, es también excluyente. Si el desarrollo económico produce riqueza y esta, a su vez, los recursos necesarios para la provisión del bienestar, no cabe otra conclusión que la industrialización, la modernización tecnológica y la racionalidad económica no supondrán un perjuicio para el futuro del Estado Benefactor. Es curioso que, según Kautto (2001), mientras algunos siguen insistiendo sobre la profecía del próximo desmantelamiento del Estado de Bienestar Sueco, algunos de los países de la Europa Occidental andan adoptando políticas semejantes aunque adaptadas a sus recursos y necesidades. No sería descabellado concluir que más que una europeización del sistema se está produciendo una convergencia hacia las políticas sociales del país escandinavo, es más se reconoce como en una serie de países adoptan hoy medidas similares a la promoción activa del empleo y la igualdad de género, incluso España, más tardía en políticas de bienestar, aunque sin los resultados esperados sin que parezca importar qué es lo que se está haciendo mal, parece más bien una intención propagandística de buenas prácticas. Es constatable que aquellos países bien desarrollados con Estados del Bienestar bien implantados y universales no olvidan las políticas pasivas de empleo y son capaces de utilizar las activas para reformar sus sistemas e ir adaptándolas a las circunstancias cambiantes. Es curioso en cambio, como otros Estados del Bienestar más jóvenes, menos desarrollados, que deberían haber tomado nota de aquellos más consolidados, son Estados menos distributivos y dejan caer el peso de la responsabilidad de protección e integración sobre las Familias cuyos cimientos y recursos están cada vez más mermados.