Problema policial en la detención de detenidos violentos

PONENTE: JOSÉ MANUEL OLIVARES TÍTULO: PROBLEMA POLICIAL EN LA DETENCIÓN DE DETENIDOS VIOLENTOS ------------------------------------------------------------ Esta exposición se basa en el estudio de aquellos supuestos en los que el sujeto exterioriza una conducta agitada y confusa, con alteraciones del orden público o de la seguridad ciudadana en los que ha de intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llegando a tener que practicar la detención de la persona o tener que utilizar la fuerza contra ella. La muerte de un ser humano en circunstancias violentas es siempre causa de alarma social, mediática e incluso jurídica, máxime cuando la muerte de la persona ocurre en manos de los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o en el proceso de su intervención profesional con uso de la fuerza. La Medicina Legal ha considerado la muerte en privación de libertad como un prototipo de muerte sospechosa de criminalidad. Dicho tipo de muerte tiene la misma consideración que la violenta en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la práctica de autopsia y la investigación judicial (Palomo JL, Ramos V, Santos I, 2004). En estos casos la actuación siempre se pone en entredicho y resulta preciso un plus de justificación, tanto de la dinámica de la actuación profesional como de la determinación, lo más exacta posible, de la etiología del fallecimiento. Especialmente cuando la autopsia no despeja esta incógnita. Según palabras de uno de los primeros estudiosos de este fenómeno en España, el Doctor José Luís Palomo Rando -Médico Forense. Jefe de Patología Forense jubilado. Profesor Honorario de la Universidad de Medicina de Málaga- “es la autopsia más problemática que se le puede plantear al patólogo forense, su informe y, en consecuencia, su actuación, serán analizados críticamente por los familiares y amigos del fallecido, incluso por los medios de comunicación y el público. Por ello, las más de las veces habrá que probar, no solo lo que fue, sino también lo que no existió” (Palomo et al, 2004). Existen numerosas teorías al respecto desde que hace poco más de 20 años comenzaran los estudios y observaciones de este nuevo fenómeno que puede llevar a la muerte súbita e inesperada de lo que, ahora, se denomina y conoce como síndrome de delirium agitado. Estas teorías emanan de distintas ramas del conocimiento, si bien hoy día no se ha aislado un mecanismo mortal suficientemente definido, por lo que resulta muy complejo conocer la causa de la muerte exclusivamente a través de la autopsia (Cazorla et al, 2011). El principal problema es el desconocimiento generalizado sobre este fenómeno, tanto a nivel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como de sanitarios e incluso médicos forenses (Amaya et al, 2013), a lo que hay que añadir su escasa investigación científica. En todos los casos se trata de situaciones en las que la Policía o Guardia Civil ha de intervenir, reducir e inmovilizar a sujetos que exteriorizan una conducta agresiva, alterando gravemente la seguridad ciudadana y presentando conjuntamente aparente estado de extrema excitación e hiperactividad psicomotriz, por lo que resulta necesario determinar el papel que la situación de restricción de libertad ha tenido en estos episodios (Takeuchi et al, 2011). Ante la ausencia de una explicación científica estimable, parece necesario realizar un análisis sistémico de estos sucesos, a fin de obtener una visión más global de su dinámica mortal, así como del establecimiento de pautas preventivas (Wangmo et al, 2014). La principal repercusión del problema objeto de estudio es la posibilidad de fallecimiento de los sujetos durante o tras haber sido sometidos a detención policial mediante el uso de la fuerza (Anais, 2014). La gran mayoría de los casos se inician por una alteración grave del orden público o de la seguridad ciudadana, que obliga a los agentes policiales a su intervención, y en la mayor parte de los casos concluyen de manera satisfactoria, es decir, se logra el fin perseguido y su traslado a centro sanitario, donde recibe la adecuada asistencia. El problema se produce en un porcentaje no determinado de ellos, que culmina con la muerte del sujeto sin que existan hallazgos objetivos postmortem que determinen una etiología definida, por lo que se inscriben como muertes sujetas a autopsia judicial. En estos casos, puesto que ha existido una acción directa de uso de la fuerza o la detención por parte de los agentes policiales, la dinámica de su actuación se convierte en verdadero elemento decisorio de cara a su responsabilidad en un ulterior proceso judicial. Es indudable que este fenómeno representa una de las actuaciones más complicadas a las que han de enfrentarse los miembros de las F.C.S., y con las repercusiones jurídico-profesionales que van a acarrear para los agentes intervinientes el fatal e imprevisible desenlace. (Osuna E, Ruiz SF, Coque A, 2016) El uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus cargos, se contempla de forma general como un deber o una facultad que se utiliza en nombre del Estado y, a diferencia de otros colectivos profesionales, las misiones y cometidos de los profesionales de la seguridad, tanto pública como privada, implican en ciertas ocasiones la colisión con determinados derechos y libertades de los ciudadanos. Estas colisiones, restricciones o suspensiones del ejercicio de algún derecho nos indican que el fin último de estas acciones profesionales tiene que estar en consonancia con el derecho que se trata de proteger. De ahí que, la gran mayoría, tengan carácter extraordinario, toda vez que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden recurrir a actuar sin que haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo (Rodríguez Coque, 2015). Por estos motivos, la mejor forma de afrontar el problema es a través de investigaciones de carácter interdisciplinar que permitan una descripción global de los factores precipitantes que posibiliten el establecimiento de protocolos de actuación que minimicen sus efectos letales, así como establecer programas informativos y de formación específica para quienes han de intervenir de forma directa e inmediata en estas situaciones.