Educación y participación ciudadana en la democratización de la Administración Local: realidades y perspectivas de futuro en Galicia

Universidade de Santiago de Compostela Facultade de Ciencias da Educación Departa mento de Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social TESIS DOCT ORAL Educación y partic ipación ciuda dana e n la dem ocratización de la Adm inistración L ocal: realidades y pe rspectiva s de futuro en Galicia Miguel Ángel Ro dríguez Fernánd ez Directora: Dra. M. Belén Cab allo Villar Santiago de Co mpostela, julio de 2 014 Esta Tesis Doctoral fue realizada en el marco del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educac ión, Cultura y Deporte (AP 2008-02773 ). Diseño de portada: Nuria Díaz I lustración & Dise ño DEPA RTA MENTO DE TEORÍA DA EDUCA CI ÓN, HIST ORIA DA EDUCA CI ÓN E PEDAG OXÍA SOCIAL Facultade de Cie ncias da E ducación Campus Vi da 15782 Sa ntiago de Compostel a Tfno. 881 8 13 824 F ax 88181 3713 Dña. M. Belén Caballo Villar , profesor a titular del Dpto. de Teoría de la Educación, Historia de la Educación y P edagogía So cial de la Universidad de Santiago de Compostela, como directora de la Tesis Doc toral rea lizada por D. Miguel Án gel Rodr íguez Fernández, ti tulada: Educación y part icipació n ciudadana en la de mocr atización de la Ad minist ración Local: realidades y per spectivas de futuro en Ga licia HACE C ONSTAR: Que el citado trabajo r eúne las condiciones de rigor y cientificidad exigible a es te tipo de estudios académicos y cumple las carac t erísticas formales propias de la s Tesis Doctora les. Y, para que a sí conste a los efectos de iniciar los t rámites previos a la defensa pública de la Tesis ante el corr espondiente tribuna l, doy mi visto y place . En Santiago de C ompostela , a 29 de julio de 2014 Fdo. Dña. M . Belén C aballo Villar Fdo. Migu el Ángel Rodr íg uez Fernández Directora de la Tesis de Doctoral Autor de la Tes is Doctoral AGRADECIMIENTOS A Belén por se r dire ctora y actu ar como guía y orienta dora, encaminando la intención y las operac ion es a un determinado fin. Por ser siempre constructiva y por demostrar día a día que todo se puede c ompagina r y , lo que es más importante, con una sonrisa . A todos los compañeros de SEPA- I nt erea por dejarme aprende r y crecer como persona a su lado. A mis padres, a los dos por igual, por estar siempre a mi lado y d arme lo que todo se r humano necesita, mucho amor. Por animarme a seguir formándome aguardando qu e ello represente la oportunidad de un futuro agrada bl e. A mi padre, Manuel, por su fuerza de voluntad y por darlo todo por quié nes le queremos. A mi madre, Oliva, por su pacienc i a, su capacidad de sacrificio y por cuidar de todos. A mi hermano, Manuel, por enseñarme a aprender a vivir, por conseguir sonrisas y motivar reflexiones a partes igua les. Por la ironía y el sa rcasmo y p orque, sencill amente, es el más grande. A Nuria Díaz por la ilustración de portada y por la amabilidad y diligencia en todo lo que se le pide. A mi tía Marga por transformar el cariño a distan cia en amor cotidiano, p or su generosidad y por todo lo que da sin esperar rec ibir nada a cambio . A Laura, porqu e con esta va una tesis y media. Eso sin contar los Doctorados que ca d a día construy e , con ma y úscul as, en amor, cariñ o, comprensión y diversión. Por tu confianza en mi capacidad y por creer e n mí. Pórtate bien! Te quiero! A S ote porque a pesa r d el paso el tiempo, la confianza no decrece y porque, al final de cada año, sigue aparec i endo en las fotografías y los r ecuerdos más agradables. A Jorge por ser un amigo con mayúsculas, por estar e n todo y siempre d e corazón . A toda la gente que he c o nocido como consecuencia de iniciar este camino, en especial: A Yesi y Fer por convertirse, espero que para siempre, en la familia que n o es familia. A Juanjo por las conversa ciones escl arecedoras y extremadamente agradab les y a s ea sobre el deporte, la vida o la metafísica. Ere s un g rande! A Tania por su capacidad para c ons eguir sonrisas y por las experiencias vividas en paralelo . A Paula Alonso, Diana Priegue, Cris Varela y Eva M aría Barreira porque siempre contribuy eron, y siguen haciéndolo, a difuminar las barreras entre el trabajo y la dive rsión. Y a Luc ía por dejarme entrar e n la “Golden List”. Os llevaré para siem pre en mi corazón . Aunque sólo fuera por vosotros, esta experienc ia ya ha bría mere cido la pena. A toda la gente con la que he compartido espacio y ti empo en el des pacho 33. Ángela, Mónica, Laura, Mar ía, M arly… una parte de esto también os corresponde. A Olaya Queiruga por ayudarme con las entrevistas y los grupos de discusi ón . A las/os técnicas/os, concejalas/es y ciudadanas/o s que, con extrema am abilidad, han tenido a bien participar en este estudio. Este trabajo es el resultado de un proceso académico pero representa, sobre todo, la oportunidad de explorar y explotar mis int ereses e inqui etudes personales . Me ha permitido, además, construir un discurso que legitime aquella frase que se atribu ye a T homas Jefferson y según la cual “la masa d e la humanidad no ha nacido con sil las d e monta r a la espalda ni unos cuantos han nacido con botas y espu elas” re tra tando una r ealidad en l a que, c omo diría Bakunin, “s e golpea al pueblo con la va r a del pueblo” . GRACIAS! “Resignars e es una cob ardía, es el sentimien to que jus tifica el abando no de aquello por lo cua l vale la pena luchar, es, de alg una manera, un a indignid ad” Ernesto Sabato (20 00 : 118) “Existir, human amente, es pron unciar el mundo , es transforma rlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorn a prob lematizado a los su jetos pron unciantes, exigiend o de ellos un nuevo pronuncia miento” Paulo Freire (200 3: 104 ) ÍNDICE INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 11 CAPÍTUL O 1 . LEGI T IMIDAD, IMPLICACI ÓN Y CORRESPONSABILIDAD CÍVI C A. EL PAPEL DE L A PAR T I C IPACIÓN EN EL BIENESTAR COLECTIVO ......................... 29 1.1. Breves apuntes: la participación en las nuevas adjetivaciones de la democracia. ..... 47 1.2. Refere nt es legales de la participación. ....................................................................... 71 1.3. Los ay unt amientos como promotores de la participación en un contexto de tensión estructural local-global ................................................................ ....................................... 107 1.3.1. Nueva organización municipal ante la exigencia de políticas complejas. ........ 136 1.4. Factores, determinantes y condiciones para la parti cipación ................................... 149 1.4.1. La educación en los proc esos participativos: hacia una ciudada ní a implicada 171 CAPÍTUL O 2 . LOS MOVI M IENTOS SOCIALES COMO CI MIENTO DE L A DEMOCRACIA PARTICI PATIVA ...................................................................................... 183 2.1. Democracia repre s entativa y limitación de la participación: la democracia participativa c omo alternativa ............................................................................................ 191 2.2. La s di námicas participativas como herramientas para el desarrollo comunitario ... 211 2.2.1. Repensando el conce pto de bienestar y l a noción de desarrollo. Hacia una visión más equitativa y hum ana en un contexto de crisis mundial ........................................... 217 2.2.1.1. Neolibera lismo y Estado del Bienestar ..................................................... 219 2.2.1.2. El papel del ¿ciudadano?........................................................................... 242 2.2.1.3. El concepto desarrollo y otros reduccionismos ........................................ 253 2.2.2. El decrecimiento como alternativa pa r a otro desarrollo ................................... 277 2.2.3. Participación, comunidad y ciudadanía orga nizada ............................................. 308 2.3. El concepto de movimiento social: estructura s para el cambio social ........................ 320 2.3.1. Movimiento asociativo y dinámica s pa rticipativas no formalizadas .................... 348 2.3.2. El 15M como paradigma del descontento. Un movimiento de movimientos ...... 360 CAPÍTULO 3 . D ISEÑO METODOL ÓG I C O DE LA INVESTIGACIÓN: LOS PROCESOS PARTICIPATI V OS EN LA REALIDAD LOCAL GA LLEGA ........................................... 377 3.1. Definición del problema de investigac ión ................................................................... 401 3.2. Objetivos, metodología y diseño de la muestra ........................................................... 406 3.3. I nstrumentos de recogida de datos .............................................................................. 417 3.3.1. El cuestionario ...................................................................................................... 419 3.3.2. La entrevista ................................................................................................ ......... 428 3.3.3. Los grupos de discusión ....................................................................................... 435 CAPÍTUL O 4 . PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOC I A LES Y DEMOCRAC I A EN LAS COMARCAS GALLEGAS ........................................................................................... 443 M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 16 Por ello, si la im plementación de mecanismos de la democracia de base r esulta crucial en la política de los Estados, en los espacios locales, nivel administrativo -territorial más próximo a los ciudadanos, se nos antoja imprescindible para tratar de solventar los conflictos que se genera n en sociedades cada vez más problematiz adas como consecue n cia de ese carácter interdependiente y globa l. L os a y unt amientos pueden resultar un punto de inicio valioso para implementar las dinámic as señaladas puesto que en muchos casos cuentan con es e extra que aporta la identificación y el sentimi ento de pertenencia con respe cto a otras person as, al mismo territorio y a las iniciativas sociocultural es que con/en ellos se ponen en práctica, contribuy endo a recuperar, en cie rta medida, el depauperado sentido de la comunidad. Un sentimiento que se presenta como promotor de valores que nos acercarían a un im aginario social que, como seña la mos a nteriormente, se aproxime progresiva y decididamente a la equidad y la justicia so cial. Esa condición de privil egio de los municipios debe ser reforzada, en todo caso, por una or ganización municipal que elimi ne f alaces r acionalidades burocráticas sustitu y éndolas por un modelo relac ional que , basado en la transversalidad y e l carácter colaborativo, comp rometa e implique a los ciudadanos en la toma de d ecisiones públi cas y que, dentro d e un pro yecto global con objet ivos comunes y compartidos, permita el avance hacia una nueva cultura polí tica. En este orden de cosas el papel de los movimientos sociales se hace imprescindible estableciéndose, en sus difere ntes formas, eti quetas o denominaciones -asociaciones, fundaciones, entidades, clubes, ONGs, dinámicas participativas de carácter espontáneo, agrupac ion es vecinales, etc.-, como foros propici os para la defensa de los derechos sociales y espacios fecundos para el ejercicio d e esos mismos derechos ofreci endo, a la vez, la oportunidad de adiestr arse en el mismo: se reivindica democracia desde un espacio democrátic o, se defiende el derecho a la participación y se apre nd e a participar participando; y tratando de conseguir, en muchos casos -lo c ual implica un compromiso polí tico-, la transformación de las estructuras económicas y sociales a través de la toma de conciencia y de la responsabilidad c olectiva. Es por ello que la vin culación en movi mientos sociales de dive rsa n aturaleza cumple un a importante función, tanto pedagógica como política, puesto que socializa a las personas en la cultura de la participació n, condición fund amental para su desarrollo inte g ral y para el a cceso al bienestar o la calidad de vida, concienciando a los ciudadanos acerca d e su protagonismo y de la necesidad de implicación en los asuntos públ icos que les afectan, ya sea de forma directa I nt roducción 17 o indirecta, e intentando combatir, en todos los f rentes, los d esequilibrios y l as desigualdades sociales. Motivaciones de tr ab ajo En la génesis de esta investigación convergen mot ivaciones de diversa índ ole que tienen como resultado la firme convicción y el interés, t anto personal como colectivo, por desarrollar un estudio que, en colaboración con los verdaderos protagonistas, sea de utilidad para el contexto seleccionado, en base a sug erir propu estas de actuación que permit an avanzar, como venimos rec alc ando, hac ia mayores cotas de equidad y justi cia social, a partir del fortalec imiento de la cohesión ciudadana. P ara alcanzar un ma yor grado de precisión en lo referente a las motivaciones señalaremos lo siguiente:  La existencia de una motivación p ersonal tendente a trabajar cuesti ones relativas a la participación ciudadana y a la demo crac i a en las administ raciones locales, junto con la inquietud por la reflexión en torno al modelo de sociedad en q ue vivi mos y su responsabilidad en relación con el ma y or o menor protagonismo de los ciudadanos en los asuntos que les incumben.  Interese s convergentes con las líneas de trabajo del Grupo de I nv estigación SEPA-Interea (Pedagogía S ocial y Educación Am biental) de la Universidad de S antiago de C ompostela, de lo que emana un notable in terés col ectivo que a ctúa como motor impulsando el entusiasm o, el afán de sup eración y el emp eño por desarrollar un estudio del que extraer cu estiones relevantes y qu e resulten de utilidad en su implementación concre t a. El citado Grup o de Inve stigación cuenta con lí neas de trabajo c e ntradas en la reflexión en torno a la “ Educación y des arrollo en las comunidades ru rales y urbanas” y a la “Acción e intervención socioeducativa en la Administración L ocal ”; éstas y ot ras líneas temáticas cuentan con puntos comunes c on respecto a los intereses p ersonales que destacábamos con inmediata anteriorid ad, lo que favorece tanto el d esarrollo del presente trabajo de inve st igación, así como la cimentación de posibles trabajos futuros. Asimismo, tomamos como punto de partida la presentación, en el año 2011, del Trabajo de Investigación Tutelado (TIT) que baj o el títul o Parti cipación, movimientos sociales y democracia en la Administración Local: realidad y prospectiva en la comarca de Santiago y con la dirección, al igual que esta Tesis Doctoral, d e la pro fesora María Belén Caballo Villar, abordaba cuestiones similares, relativas a in dagar acerca M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 18 del protagonismo de la ciudadanía en la elaboración de las dife rentes polí ticas en la realidad muni cipal gallega. El estudio se ceñía a los siete municipios que componen la comarca de Santiago y to maba las aportaciones, mediante entrevistas en pro fundidad, de los técnicos municipales que desarrollaban su labor profesional en áreas v inculadas con la promoción de la participación ciudada na.  La falta de protagonismo de los ciudadanos en la toma de decisiones relativa a los asuntos que les incumben en su cotidianeidad, restando contenido a l a democracia, en el contexto de una sociedad de consumo que, desde implacables posicionamientos neoliberales prioriza, como decíamos, la acumulación material y el consu mismo a costa de las máximas desigual dades y la de gradación a mbiental, son cuestiones que suscitan el int erés de buena parte de la población, constituy éndose, por ello, en una importante preocupación social . Asimismo, las reivindicaciones en torno a la construcción de una democracia real, de base, deliberativa, s e han acrecentado en los últimos años como consecue n cia de las políticas de ajuste implementadas por los gobiernos occidentales a raíz de la crisis financiera iniciada en el año 2008 con la bancarrota de diversas entidades financieras r elacionadas con el mercado de las hipotecas inmobiliarias, como el banco estadounide nse de inversión Le hman B rothers. Dichas políticas, a la vez que socializan las pérdidas de las entidades privadas o bligando a que los ciudadanos asuman los costes de arriesgadas e ilícitas operaciones fin ancieras, aprovechan para aminorar la capacidad de decisión de la ciudadanía pues inciden en maniobra s orientadas al repliegue de l Est ado del B ienestar. Todo ello ha ocasionado importantes protestas que derivaron en movimientos como el 15-M español, dinámicas que centraban sus reivindi caciones en establecer un nuevo orden político que con tase con las aportaciones de los ciudadanos a la hora de determinar las medidas a implementar. Es fácil estable cer una relac i ón entre est a argumentac ión y esa función de servicio públi co que ha de cumplir, tanto la investigación e n particular, efectuando propuestas de mejora para los ámbitos estudiados, como la propia universidad en general. Construimos, pues, un e nsamblaje en el que las motivaciones de carácter personal s e articulan con los intereses grupales, generando espacios fecundos para el estudio de fenómenos actuales y c o n una gran relevancia en el devenir de la sociedad. I nt roducción 19 Delim i tación del problema, objetivos y metodología La realidad qu e estudiamos se enmarca en un modelo socioeconómico que promuev e lo s aspectos materiales y /o económicos como único salvoconducto a la felicidad, a la calidad de vida, un modelo qu e, a su vez, tiene su refl ejo en el sis tema político de d emocracia repre sentativa en el que el protagonismo y la par ticipación del individuo es extremadamente reducida. La p roblemática se agudiz a en los es pacios locales en los que, en virtud de su proximidad al ciudadano, son más visibles eso s défic it s participativos incrementa dos por planteamientos paternalistas, jerarquizados y no exentos de comportamientos clientelares. La propuesta se centra en definir un nuevo modelo d e calidad de vida qu e, de sde el ámbito local y c omunitario, se oriente a la vertiente relacion al, que valore el contacto personal y qu e potencie la posibilidad del ciudadano d e participar en el gobierno de su territorio. Un modelo que se apoye en las dinámicas cívicas como mecanismos para fomentar procesos colaborativos con las ins tituciones, ocasionando sinergias que redunden en un incremento de la legiti midad de las decisiones públi cas. Un g obierno pa ra los ciudadanos pero con los ciudadanos. El presente estudio parte, pues, de una argument ación teórica que entiende los contextos locales como espacios clave a partir de los cuales comenzar a conquistar mayor protagonismo por parte de los ciudadanos, constru yendo un pro y e cto global con objetivos comunes y compartidos, cimentando la verda dera democracia y el autogobie rno y a vanzando, a su vez, en la construcción de alt ernativas conducentes al bienestar y a la calidad d e vida. Alternativas sustentadas en dinámica s participativas y relacionales que, desde el protagonismo de los movimientos ciudadanos en el ca mbi o social, escapa n de las p autas consumistas, competitivas, individualistas, etc., d el modelo ca pitalista o neoliberal, posibi litando trasladar esas dinámicas al c ontexto global y constru y endo, de ese modo, un mundo más justo y habitable. Del mismo modo, la particular idiosincrasia territorial de Galicia, caracter izada por la existencia de gran cantidad de municipios, la gran ma y oría con un marcado carácter rura l y una más que notable disp ersión poblacional, dificulta tanto la participació n ciudadana como el acceso de las personas a los servicios públi cos que han de se r res ponsabilidad de las administraciones públicas. Ante tal problemática, nos planteamos la posib il idad de incluir un nuevo factor de análisis vinculado con el territorio, en concreto con una división cu ya M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 20 aplicación práctica y utilidad pública está insufi cientemente analiz ada: la comarca . De esa manera, tratamos de definir si tales entidades poseen atribuciones propias, si esa citada división genera mecanismos de cooperación entre los municipios que las integran y si ello, en caso de producirse, ocasiona beneficios para los ciudadanos en términos de ma y or accesibilidad a los servi cios públicos o d e un p rotagonismo efectivo en la gestión d e sus espacios vitales. En base a todo ello, señalamos como obj etivo fundamental de nues tro trabajo el siguiente:  Estudiar y analiz ar la realidad de los procesos participativos en la democratización de la Admi nistración L oc al gallega. Asimismo recogemos como objetivos específicos los que siguen:  Identifica r problemáticas que dificultan la p articipación e implicación ciudadana , determinando las causas que se encuentran en la génesis de tale s impedimentos.  Estudiar el protagonismo de los movimientos sociales (asociaciones, fundaciones, agrupacion es vecinales, dinámicas cívicas, etc.) en l a constr ucción de una democracia p articipativa y en el avance h acia un modelo d e sociedad más justo, equitativo y sostenible, visi bilizando su importanc ia a la hor a de canalizar la participación ciudadana .  Determinar la respons abilidad de las Administraciones Loca les e n la promoción de la participación ciudadana y analiz ar la r elevancia de la divi sión comarcal en la implementación de políti cas públicas de carácter colaborativo entre los diferentes municipios.  Definir posibles soluciones que conduzcan al esta blecimiento de sistemas más democrátic os favorecedores de la cogestión y la corresponsabilidad c ívi ca.  Incre m entar el interés por el estudio, desde la investigación en ciencias soci ales y de la educac ión, de los movimientos cív icos como dinámicas generadoras de nuevos derec hos soci ales y de la propia participación como inductora de una nueva concepción de bienestar y calidad de vida. I nt roducción 21 En cuanto a l a aproximación metodológica escogida ad emás d e la investigaci ón documental, apostamos decididamente en la part e empírica del estudio p or la triangulación, integrando instrumentos y técnicas d e r ecogida de datos propios de las metodologías cualitativa y cu antitativa, adaptando los mecanismos, en la medida de lo posib le, a la naturaleza de los datos a los que pretendemos tener acceso y también a l as fuentes que nos proporcionarán es as informaciones. Del mismo modo, el diseño de los mismos - fundamentalmente en lo relativo a su contenido -, ha seguido patrones similares a decuándose a las características d e las fuentes d e info rmación c on las que íbamos a tom ar contacto en cada momento. En este sentido, y de ac uerdo a los objetivos que perseguimos con este estudio, resulta imprescindible ac udir a t res actores principales en el desarrollo de la problemática relativa a la participación ciudadana en la Administ ración L o cal, a saber:  Los té cnicos municipales encargados del área referida a la promoción de l a participación ciudadana, a quienes suponemos una cierta proximidad tanto con los vecinos como con los gestores p olíticos, desarrollando un a labor de bisagra y posey endo, al menos en teoría, un profundo conocimiento tanto de las necesidades, deseos, requerimientos, preferenc i as, etc., por p arte de l a ciudadanía, como de las limi taciones o las líneas de actuación diseñadas por los gestores político s. En su caso abogamos por el diseño y aplicac ión de un cuestionario ad hoc.  Los políticos responsables de esa área en los difer entes municipios que forman parte d e la muestra, fundament almente en calidad de decisores a la hora d e determinar, como decíamos, qué líneas de actuación, de entre las ofrecidas por los técnicos, se llevan a cabo. A e llos se les realizó una entrevista.  Y, en último lugar , los representantes de entidade s asociativas de carácter vecinal que se esfuerz an por alcanzar cierto protagonismo en el diseño y la implementación de política s públicas, puesto que reúnen y re pr esentan a vecinos con inquietudes diversas y actúan como amplificador de la voz de la ciudadanía. En bu sca de una cierta pluralidad en cuanto a los instrumentos empleados y en pos de un mayor grado de confort para los participantes nos decidimos por la celebración de grupos de discusión. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 22 Estructura y conte n ido del inf orm e de investigación La secuencia de este informe de Tesis Doctoral se configura a través d e cinco capítulos, de los que los dos primeros presentan un cariz más teórico. En ellos tratam os de configurar un orden coherente que nos permita avanzar de un modo lógico, evoluc ionando desde la caracterización del con cepto participa ción y sus diversas ramificaciones, haciendo espe cial hincapié en el p rotagonismo de los esp acios loc ales al respecto, h asta la situ ación de la misma en el actual sis tema de democr acia representativa, pasando por el análisis del modelo socioeconómico qu e co nstitu y e un in evitable macroc ontexto que condiciona cualquier actuac ión, con indep endencia d e la n aturaleza de ésta y del nivel territorial en el que se implemente. L os tres capítulos siguientes se centran en el apartado emp írico, caracterizando la investigación y d elimitando la aproximación metodológica empleada, las características de la muestra, el trabajo de campo, así como los resultados obtenidos a través del análisis de la información recogida. A pesar de esto, reitera mos que pa ra la comprensión real d e lo que se p retende con este estudio y de la base argumental e ideológica que se ubica en su génesis, es necesario efectuar una lectura glob al del mismo, perc ibiendo cad a uno de los capítulos como integra ntes de un todo cohesionado y no como compartimentos estanco individualmente evaluables y que retratan realidades desvinculadas. Asim ismo, nada más lejos de nues tra intención que enfatizar una división e stricta entre t eoría y p ráctica -la cual nos parecería cie rtamente irracional y más en las temáticas que nos ocupan - y a que consideramos que ambas se complementan y se retroalimentan. Sin embargo, el desarrollo lógico de esa secuencia a l a que hacíamos re ferencia con anterioridad dem anda, de un modo inequívoco, la creación d e un espacio que delimite los referentes teóricos en l os que nos hemos basado en cuanto a la construcción d e un dis curso que expresa un posi cionamiento, para signi ficar el traslado d e los mismos al análisis de una problemátic a socioeducativa particular. As í las cosas, el trabajo se inicia, en el capítulo primero , con una reflexió n en torno a la importancia de la participación como un elemento esencial para la consecución del bienestar personal y de la calidad de vida, a partir d e const ituirse como un mecani s mo para facilitar la implicación en los asuntos referentes al espacio público. Los condicionantes, las limitaciones, los determinantes y los fac tores que mediatizan la participación y su impacto real en las I nt roducción 23 políticas im plementadas, así como el p apel de la educación a la hor a de c apacitar a las personas para participar disponen también de su espac io en este capítulo inicial. A modo de contextualización se presenta, sin áni mo de exhaustividad, un resumen de las disposiciones legislativas que, en esencia, regulan los derechos de p articipación y asociación a fin de entender cuál es el margen en el qu e se mu eve la ciudadanía. Los aspectos referentes al impacto de las problemáticas globales en los espacios locales, la estructura y los modelos organizativos y de funcionamiento de las administ raciones públicas, su relación con las dinámicas ciudadanas, la necesidad de diseñar políti cas más complejas desde instancias municipales y de una implicación activa, comprometida y cooperativa de políticos y ciudadanos ante los nuevos retos sociales, también encuentra n su lugar en este primer capítulo que viene a reclamar, de un modo deliberado, la necesidad de una nueva filosofía, de una nueva cultura, tanto política como organizativa, que sirva de soporte a esos mecanismos participativos que defendemos. El segundo capítulo se centra en el análisis del sistema de democracia representativa y sus posibilidades de mejora a través d e la introducción de mecanis mos propios de la democracia deliberativa, de b ase, avanzando h acia la construcción de una d emocracia participativa que conceda parcelas de poder a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. La radiografía del modelo de la sociedad de mercado como sistema inj usto que prioriza la acumulación material como finalidad esencial del pro y ecto vital, reduciendo el margen de acción del ciudadano, así como su capacidad de decisión, a las vertientes relacionadas con el consumo, ocupa buena parte de este capítulo pu es se constituye, desde un marco general, como un o de los obstáculos esenciales para alcanzar una sociedad más justa, equitativa, democrática , dialogal y p articipativa. La búsqu eda de alternativas desde los movimientos sociales -su labor de c reación, diseño, promoción e implementación de actividades culturales, artís ticas, deportivas, recreativas, lúdico-festivas, etc. así como su aportación en lo que a l a defensa de los d erechos ciudad anos y a la cohesión soci al se refiere- y d esde la comunidad como referente ineludible en la recuperación de valores esenciales -reciprocidad, mutualismo, altruismo, cooperac ión , solidaridad, etc.- impregnan todo el contenido d e este segundo ca pít ulo. En este sentido, hacemos especial hincapié en la alternativa d el de crecimiento y dirigimos el foco de atención M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 24 hacia el movimiento 15M como iniciativa ciudadana de carácter espontáneo que se centra en el empodera mi ento de las personas y e n su prot agonism o en la toma de decisiones. El tercer capítulo describe y a rgumenta la elección del diseño metodológico. S e recogen, pues, tanto la delimitación del problema de investigación como los objetivos que guían nuestra aproximación a l a realidad. Hacemos, igu almente, un recorrido pormenorizado por los tres instrumentos de recogida de datos emple ados, señalando los motivos por los que cada uno de ellos se adecúa, a nuestro juicio, a las fuentes a las pretendíamos tener acceso. Asimismo, nos ocupamos de los criterios que enmarcaron la selección de la muestra y de las dificultades surgidas en nuestro contacto con la realidad loca l gallega. En el cuarto cap ítulo efectuamos una breve incu rsión teórica en la que nos ocupamos de analizar las dist intas cuestiones que han caracterizado el desarrollo histórico de la comarca, fundamentalmente en el contexto gallego. Se tr ata de un “capítulo bisagra” que consta de elementos teóricos y de aspectos contextua les de la investigación empírica. A fin de no centrarnos en lo pur amente descriptivo ofrecemos nuestro posicionami ento al respecto, ensalzando las potencialidades que una división territorial de es a naturalez a pod ría tener de acuerdo a l as c aracterísticas idiosincrásicas de la municipalidad gallega. Con una finalidad d e carácter contextual atendemos a los principales signos de identidad que determinan a las diferentes comarcas que forman parte del estudio. En el qu into capítulo presentamos el debate argumental a rticulado en torno a los principales resultados de la investigación, añadiendo análisis que tratan de establecer nexos de unión entre los razonam ientos explicitados en el referencial teó rico y los aspectos qu e se muestran como evidentes en la rea li dad municipal gallega. Lo hacemos a travé s de un recorrido por los tres colectivos que participaron en el estudio, vinculando los resultados y efec tu ando una lectura que pueda trascender de lo particular a lo general. En esa mi sma lí nea nos manifestamos en el apartado dedicado a las conclusiones en el que, del mismo modo, presentamos un a serie de propuestas, pa ra cada problemática particular, pr etendiendo avanzar hacia el espacio de las soluciones y bus cando situarnos en el territorio propositivo. La autocrítica aparece en e ste capítulo a través de un subapartado centrado en determinar posibles care n cias y limitaciones de l estudio, si empre en aras de que el mismo pueda suponer u na cierta utilidad social que tendr á su conti nuación -esperamos-en futuras investigaciones que mitiguen esos déficits y p rofundicen en temáticas particul ares de I nt roducción 25 un modo más intenso. Para finalizar aport amos los referentes documentales y un espacio destinado a los anexos en donde incluimos los instrumentos empleados para la recogida de datos y las transcr ipcion es, tanto de las entrevistas como de los grupos de discusión (en CD). No deseamos que las reflexiones que se inclu y en en este trabajo de investigación puedan interpretar s e como una instalación en la queja, de la que en muchos casos se acusa a determinada s ramas d e l as Ciencias S ociales, así como a diferentes perfiles profesionale s que se ocupan bien de la investi gación, la reflexión o el tr abajo directo en realidades de esta naturaleza. En ocasiones , desde distintas instancias se efectúa esta crítica a los profe sionales de lo social, acusándolos de un carácter excesivamente pesimist a y nad a constructivo en sus aportaciones, r adiografiando diferentes realidades para terminar sin proponer ningun a solución que trate de hacer evolucion ar al contexto real, sin caer en l a cu enta de que el trabajo de esos profesion ales, q ue no busca sino activar la autonomía de la población, ha de ser necesariamente eventual o provisional en el sentido de que el propio contexto en/con el que actúan los convierta, a través de procesos de autogestión y d esarrollo endógeno, en prescindibles; lo cual, a nuestro e ntender, mitiga cualquier ataque al respecto. La filosofía desde la cual se constru y e este tr abajo es, ad emás de una ma nera de retratar realidade s sociopolíticas , una forma de entender el mundo. A este respecto consideramos esencial analizar la realidad, desde esa cosmovis ión y d el modo más exhaustivo y fidedigno posible, como condición fundamental para poder siquiera plantearse la necesidad de cambiarla . A raíz de ahí la denuncia y la crític a, siempre desde el optimi smo sociopedagógico y el carácter constructivo, han de constituir puntos de partida para el aporte de soluciones y mecanismos de mejora o siquiera para tratar de generar debate al respecto. No queremos terminar esta introducción sin antes acometer un aleg ato br eve y conciso que busca, por encima de cualquier otra cosa, dar aliento a las personas, a los ciudadanos que, ante un mundo que l es resulta difícil de reconoce r y aceptar, lu chan, d esde sus posibil idades, por pequeñas qu e éstas sean, para operar cambios que cimenten el avan ce hacia socied ades más justas, igualitarias y dialogales. A los integrantes de movimi entos sociales, a los políti cos y técni cos que, desde sus diferentes ámbitos territoriales y div ersos márgenes de acción, dotan día a día de significado a la expresión “se rvicio público”; a los asociados que buscan esp acios para dignificar prácticas sociales y que, a través de ellos y en el día a dí a, (re)construyen comunidad(es); a los ciudadanos de a pie que desde dentro de la sociedad de consumo tratan M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 32 instrumento para legitimar o acomodarse en las posiciones de poder, es deci r, para consegui r los propios fines”. Lo que quer emos poner de manifiesto es que, por mucho que el “tomar parte en algo” resulte , como hemos indicado, evoca dor y motivador, si nos movemos en el análisis de realida des s ociopolíticas y educativas, es necesario construir definiciones más rigurosas, perseguir precisión en los apuntes vertidos y , en síntesis, des arrollar análisis más densos, de ma y or profund idad, que permitan pon er d e manifi esto la importancia del concepto y combatir, evitando vag uedades, esa mencionada y en o casiones int encionada banalización. A eso es a lo que pretendemos dedica r los pá rrafos que siguen. Cuando alguien desea explicar la diferencia entre participación e implicación y po r mu y rudimentario que pued a parecer es usu al recurrir al sím il gastronómico qu e compara la dispar aportación de la gallina y el cerdo e n un prototípic o desayuno continental (la primera participa ofrec iendo algo de su producción, los huevos, mientras que el segundo se implica, se sacrifica, ya que da li teralmente su vida para t rasladar al plato unas lonchas de bacón). Pues bien, nuestra concepción de la participación se aproxim a mucho más a esta últim a perspectiva y a que, como señalábamos anteriormente, la entendemos como un acto consciente, responsable, sistemático, duradero, comprometid o, implicado, visible, que es fin pero sobr e todo medio para alcanzar fin alidades sustantivas y que, de esta forma, entronca con una s perspec tivas de m ejora para un e cosistema social concreto, perspectivas est rechamente vinculadas, a su v ez, a u na particul ar cosmovisión y a una forma de entender y de v er, junto con otros, el mundo. Supone un sacrificio puesto que implica el hecho de asumir responsabilidades que, sin embargo, garantizarán una contrapartida en la ca li dad d e vida relacional conseguida a l alcanzar cierto protagonism o e n la toma de decisiones y al ser partícipe en el devenir d e tu territorio y tu vid a coti diana junto con los demás conciudadanos combatiendo, además, esa suerte de secuestro de l a democ racia que vivimos en la actualidad. Nos encontramos, en este punto, con otra de las cuestiones que resulta clave para operar una comprensión global del término participación y que gira en torno a la idea de entenderla, desde el punto de vista político, como la capacidad de decidir o de influir en las dec isi ones (con un a pluralidad de modalidades que se presentan como delibe ración, debate, diálogo, consulta, colaboración, cooperac ión, control, etc.). Resulta interesante, a est e respecto, acudir a t erminología más propia del derecho que, si n embargo, puede realizar un aporte crucial en c uanto a clarificar de qué hablamos cuando Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 33 hablamos de participación ciudadana. De este modo, siguiendo García de Enter ría y Fernández (1991) podemos referir de tres modalidade s de participación esenciales:  Participación uti singul is , en la que el ciudadano está int eresado en un procedimiento administrativo por ser titul ar de int erese s o d erechos propios y singulares.  Participación uti civ es, que es aquella que se deriva de la co ndici ón de ciudadano.  Participación uti socius, entendiendo al ciudadano como portador de intereses menos amplios, pero siempre genéricos, colectivos o difusos. Así las cosas y según est as interpretaciones, sólo las dos últimas modalida des podrían ser consideradas como verdadera participación ciudadana. Dicho de otr a forma, participar sería tomar parte en un acto, proceso o asunto colectivo, de carácter de cisorio o no, siempre que los participantes tengan una influencia o control real sobre la toma de dec is iones, y actúan uti cives o uti socius. En ocasiones, el mencionado carácter individualista y competitivo, predominante en la so ciedad actual, supone un im portante obstá culo p ar a la gen eralización d e estas dos formas de participación, siempre en base a la dificultad de las persona s para percibirse como parte de una colectividad cívica. Alguacil (2006a), cuando define la p articipación, se refiere a las tr es c es ( comunicación, conocimiento y conciencia), afirmando qu e “c om unicarse no solo potencia la confianz a y la complicidad, sino que también fortalece y optimiz a el conocimiento” para continuar argumentando que la co municación y el conocimiento “nos indican que los sujetos integrados y e n contacto directo son parte de grupos qu e s e encuentran an clados a un l ugar” ( Ibídem , 2006a: 25). De esta for ma, la comunicación y el conocimiento condu cen a la p ersona a la concienc ia de formar parte de un g rupo, dentro de un territorio, constru y endo una identidad e n relación a los otros – alteridad- que a su v ez le permite tomar parte de las decisiones que le afec t an, conduciéndole a compartir, a cooperar y a corresponsabilizarse. El mismo autor señala que “no es posible la conciencia, sin ser y estar, y no es posible el tomar pa rte en las decisiones, sin sentirse parte” ( Ibídem, 2006a: 25). De esta manera, l as implicaciones de la citada fórmula de las tres ces son diversas puesto que puede que nos hablen de diferentes niveles de compromiso y de impli cación en el hecho M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 34 participativo y de ir as cendiendo peldaños haci a un verdad ero sentimiento de integración desde una persp ectiva co munitaria. De esa m anera, entendemos que el dis poner de una serie de habilidades de n aturaleza relacional ( comunicativas, entre ot ras) nos ot orga la posibilidad de “entrar” en un grupo (con lo que ello conlleva) y asumir cierto protagonismo en conjunción con los demás miembros. Por otra parte, el h echo de que ese g rupo esté ubi cado (geog ráfica y culturalmente) en un determinado luga r posi bilita el sentimi ento de pertenencia, confiere un sustrato común a los co mponentes y of rece la po sibilidad de una id entificación más p rofunda, sentida y du radera, con formando una conc ienci a del “nosotros”. Con tal base fundac ion al el desarrollo de procesos en riquecedores en un sentido pluridimensional (para la persona, p ara el grupo, para el ter ritorio) semeja as egurado , puesto que la mencionada evolución se apo y a en mecanismos que tienen a la educación como sustrato fundamental : la adquisición de habilidades de naturaleza relacional y comunicativa es un pro ceso educativ o ; el conocimiento de los referentes cultur ales y la idi osincrasia propia de un territorio es educación; la adquisición de una c onciencia colectiva del nosotros im plica y evo ca a la educación. En este sentido, para enfatizar la complejidad del concepto que nos ocupa y representar gráficamente lo que aca b amos de describir, presentamos el siguiente cuadro: Cuadro 1.1. La com ple j idad del conce pto pa rticipación. SER PA RTE De redes socia l es I ncl usivo Colectivo COMUNICA CIÓN ESTAR EN Un lugar I nt egrado Próximo CONOCI MIENTO SENTIRS E PART E De una com uni dad I dent idad-Alteridad Territorial ización CONCIEN CIA TOMAR PAR TE TENE R PARTE En un proyec t o de futuro En los procedim ientos Decidir Actuar ACCIÓN HACER PART ICIPACIÓN Proceso Implicarse Donde la s p er so na s cooperan, comparten, se corresponsab i lizan. SE EDU CAN FUENTE : Elaboración pro pi a a partir d e Alguacil ( 2006a: 26) Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 35 Es esta visión de la p articipación, a su vez, la que nos lleva a establece r inevitable s vínculos c on las cuestiones políticas, especialmente en los espacios más pr óxim os a los ciudadanos, y a plantearn os interrogantes relativos a la legitimidad, la tom a de de ci siones y el bienestar colectivo, entr e otros, si bien estaremo s de acuerdo en que l a participación, como mecanismo par a dotar de mayor legitimidad a las medidas políticas o para alcanzar consensos de otra naturaleza es indiscutiblemente positiva, más cuando el sistema de gobierno predominante, la demo cracia representativa, pr esenta impo rtantes e indis cutibles défic it s en cuanto a su potencial a la hora de posibilitar esa participac ión sistemática y continua da qu e entendemos como crucial. De hecho, la política instit ucional y las vías, escasas, vetustas, puede qu e obsoletas, que ésta o fre ce a l a participación ciudadana obti enen cada vez un meno r grado de adhesión y dan idea del m alestar y el d escontento de l a sociedad c ivil por su falta de protagonismo en los asuntos que le c ompeten. Es ello lo que nos conducía con ant erioridad a poner de manifiesto el h echo de qu e la democracia parece qu e s e encuentra, en cierto mo do, secuestrada, d esde el momento en que la toma de decisiones parece asemejarse al coto privado de polí ticos profesionales anc lados en planteamientos paternalistas y def ensores de una excesiva y paraliz ante jerarquización. L os ciudadanos perciben l a política como algo ajeno y juzgan su labor como más cercana a los intereses financieros y empresariales y no a la d efensa d e los derechos de la ciudadanía y a l a búsqueda del biene st ar y la calidad de vid a. Como afirma Subirats (2011: 13 -14 ) “mientras los poderes públicos buscan obstinadamente salidas ortodoxas que satisfagan las exigencias de los mer cados finan cieros, hasta el punto de modificar u rgentemente c onstituciones, mucha gente en España y en otros países, se e mpi eza a mostra r tre mendam ente molesta por la docilidad y servidumbre política (… ) Hemos pasado d el conflicto social que buscaba respuesta en el sistema democrático, a un con flicto social que entiende que no ha y respu esta posible sin transformar y modificar también el propio sis tema democrático ”. En ocasiones semeja que tal sistema democrá ti co ha pasado de ser la solución a f o rmar parte del problema. Como señalaba S herry Arnstein (cf. Lindström , s/f: 15), y volviendo a los símiles gastronómicos, “los discursos sobre participación son como las espinacas, nadie está en contra en principio, todo el m undo sabe que son saludables y buenas para las personas”. Sin embargo, es la carga ideológica del propio discurso así como l a forma de ent ender l a participación (con menor o may o r protagonismo de los ciudadanos en las decisiones públi cas) la que marca el de cantarse por unos u otros posi cionamientos en relación al nivel de M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 36 empoderamie nto ciudadano que se “permite” o se acepta. De ahí que ha y a mos reclama do una mayor d ensidad en las definiciones de participación que permitan do tarla del suficiente protagonismo de modo y manera que coopere en el pretendido cambio social. Debemos reseñar que u na de las problemá ti cas esenciales asociad as a la participación viene representada por la dificultad a l a hora de delimitar qué es y qué no es participación, tratando de homogeneizar realidades profundamente diversas en su coti dianeidad. Es obvio que no vamos a ser nosotros quienes sentenciemos a este r especto, co ncediendo a cie rtas experiencias la etiqueta de participac ión depaup erando, como conse cuencia de ello, a otras tantas de acuerdo a nues tros posicionamientos particulares. Sin embargo, y a pesar de ello, reitera mos nuestr a apuesta por una p articipación comprometida, constante, duradera y significativa que encuentre sus cimientos en las administraciones loc ales a tr avés de l a descentralización de las decisiones y en la transversalidad en la propia organización municipal así como en la coopera ción bidireccional con las organizaciones ciudadanas, sin infravalorar otras ini ciativas que, de una fo rma pa ralela, sí pueden des arrollar una labor interesante e inherente a las propias dinámicas participativas. En ese terreno pa rece obvio que queda mucho por avanzar y más, habida cuenta de las int erpretac iones de la participación que s e ofrecen desde las instituciones y los organismos públicos que, salvo cel ebradas excepciones, hacen un flaco favor a la evolución de esta parcela con innegable protagonismo en el bienestar ciudadano siempre desde una interpretación más relacional y coop erativa de la c alidad de vida. Estos problema s relativos a la identificación de qué es y qué no es pa rticipación se agudizan, como es comprensible, cuando ésta apa rece acompañada del adjetivo ciudadana , es así que “ la diversidad de las prácticas p articipativas y la heterogeneidad de las realidade s sociales, polí ticas, económicas y culturales dificulta enormemente la posibilidad de encontrar una definición úti l para todas las ex periencias ” ( Parés, 2009: 17). Este mismo autor cita al anteriormente referenciado Arnstein (1969) re curriendo a la clasificación que el autor estadounidense efectúa e n cuanto a las formas de participación s eñalando cinco, orden adas d e acuerdo a su intensi dad de menor a ma y o r; así hablaríamos de información, comunicación, consulta, deliberación y decisión. Esa clasificación termina por se r una esq uematización de la escala qu e el mismo autor había diseñado sobre los usos y abuso s de la participación y que a continuación pres entamos readaptada. Un a mi rada hacia ella y otra h acia la realidad actual nos da una idea, como anticipábamos, de las parcelas que quedan por conquis tar y el terreno Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 37 que se ha de avanzar pa ra evolucionar hacia modelos de participación como los que hemos tratado de pergeñar e n la s líneas precedentes. Cuadro 1.2. Es cal a de She rry Arnstein sob re usos y abusos de la partic i pación . 8 Control ciuda dano Niveles de pode r ciudadano 7 Delegación de p oder 6 Asociaciones 5 Aplacar a los ci udada nos Niveles de pa rticipación ap ar ente 4 Consulta 3 I nf ormación 2 Terapia Niveles no par t icipat i vos 1 Manipulación FUENTE : Elaboración pr opia a partir de Lindström (s/f: 15) Recup erado el lunes 5 de abril de 2010 Se progresa desde niv eles claramente unidireccionales y verticales en los que la responsabilidad absoluta recae en las administraciones, hacia esp acios que ofrecen ma y ore s márgenes de maniobra a las personas y que profundizan en la horizontalidad a la hora de fomentar el diálogo y el d ebate entre los propios ciudadanos, en el int erior de la administración y entre é sta y los primeros. Se pu ede establecer de esta forma una suerte de paralelismo en el avance desde los mecanismos clásicos y básicos de participación ciudadana en la democracia r epresentativa (el voto en las elecciones y la mi litancia en partidos políti co s fundamentalmente) que cuentan con un profundo control por parte del Estado , hacia prácticas con un carác ter más autónomo e independiente con respecto a las instituciones y que tratan de profundizar, como decíamos, en la bidireccionalidad y el reparto de poder . Prácticas, por otr a parte, no exentas de fuertes resistencias y reticencias por parte de las inst ituciones y sus repre sentes aque jados, a nuestro juicio, de un intenso inmovilismo y reacios a conceder protagonismo a los ciudadanos en temas que les afectan. Pindado (2000: 26-27) señala, en este sentido, que “los ciudadanos y las ciudadanas, individualmente considera dos, pero sobre todo encuadrados en organizaciones, tienen un ámbito competencial, además del derecho de voto en las elecciones. Este á mbito competencial es irrenun ciable (…) ha y otro tipo de actuaciones que, necesariamente y con tal de ser efec ti vas, h a y que h acerlas de mane ra colectiva, como es el seguimiento y control de las actuac iones públicas y del funcionamiento de los servicios públicos, de la discusión y elaboración de políticas y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 38 sociedad, y para hacer efectiva la libertad, la igual dad e impulsar la solidari dad y otros valores democrátic os”. P arece u n sinsentido que la ciudadanía permanezca aislada de los procesos decisorios y , aun manifestando ansias por implicarse en los mismos, la política inst itucional no ofrezca vías par a canalizarlas y enriquecer la democracia reforzando la legitimidad de las políticas implementadas. Más descabellado p arece aun que actos de naturaleza simbóli ca que reclama n tal protagonismo ciudadano, como las concentraciones alrededor de P arlamentos o instituciones públicas, sean califica dos por dirigentes públicos como i ntentos de golpe de Estado. Pudiera parecer que se percibe al ciudada no como un enemigo desenfoca ndo -un a vez más- la verdadera labor y la r azón de ser de la prá ctica política: el servi cio público de carácter transitorio. Estamos aludiendo, por lo tanto, a la corresponsabilidad cívica, a coo perar con los políticos en la toma de dec isi ones, de una forma c onstante, siempre con el objetivo de incrementar, como dec í a mos, la legitimi dad de las políticas que se implementen desde las administraciones en los sis temas democráticos qu e, de una u otra forma y en mayor o men or medida, acaban prioriz ando la delegación de responsabilidades y h aciendo recaer todo el peso del gobierno en los representante s políticos. Huir de planteamientos paternalistas según los cuales las ca pa cidades de los ciudadanos y sus conocimientos únicam ente los habilitan para elegir a quienes les representen, y prof undiz ar e n la horizontalidad en la toma de d ecisiones por parte d e las administraciones públi cas, constitu y en dos pr emisas básicas a partir de las cuales conseguir un a mayor impli cación ciudad ana. La labor de la educación vuelve a manifestarse , a nuestro juicio como im prescindible, en este caso, cuanto menos, en una doble vertiente: concienciación de la clase polí tica acerca de la necesidad de integrar, de manera real, a los ciudadanos en la to ma de decisiones y c apacitación de la ciudadanía para asumir un rol protagonista y erigirse en responsables de su coti dianeidad vital. Como acabamos de ver existen diferentes formas de participar que depend en, en esencia, del nivel de compromiso e im plicación de la ciudadanía y también, porqu e no decirlo, de los márgenes d e maniobra q ue las administrac iones habilit en. En este sentid o, López -Cabanas y Chacón (2001) señal an q ue la p articipación pu ede adoptar distint as exp resiones y efectúan, al respec to, una categorización que nosotros sint etizamos de la siguiente ma ne ra:  Ejercicio individual de derechos: siendo el ej emplo más representativo el del voto en procesos electorales. Se supone que tal de recho se ejercita en base a un contrato Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 39 que el ciudadano establece con un p artido político y que tom a carta de id entidad en los programas electorales. Sin embargo, esos compromisos adquir idos acaban convirtiéndose en prome sas incumpli das que justifica n, cuanto menos, la indignación y ponen en duda el valor, en solitario, de esta herramienta.  Apoyo social in formal: se trata de iniciativas de a y uda, gene ralmente de naturaleza espontánea, dirigidas hacia miembros próximos de la comuni dad (f amilia, amigos, vecinos) y que solían ser inst rumentos mu y empleados en comunidades tradicionales de naturaleza predominantemente rural .  Voluntari ad o: alude a una acción de a yuda planificada que se realiza normalmente a través de organizaciones públ icas o privadas y que supone un a implicación a lo largo d el tiempo. En no pocas ocasiones actúa como l a antesala a la vinculación en un movimiento social de naturaleza diversa y difícil etiqueta je normativo (asociación, fundac ión, c lub, dinámicas espontáneas no for malizadas, etc.) .  Movimientos sociales: se refiere a la adh esión a una dinámica ciudadana para la resolución colec tiva de un prob lema social de ca rácter puntual. Supone un avance considerable hacia esa mencionada conciencia del nosotros.  Asociacionismo: pertenencia a una organiz ación que agrupe a dist intas personas en torno a una temática y motivación co mún. L a pluralidad es una de las señas de identidad más características del movi miento asocia ti vo de índol e político, cultural, recreativo, dep ortivo, l údico, artístico, etc. componen un panorama diverso que fortalece la c oh esión social y constituye un ejemplo de compromiso e implicac ión constante, dura d era y responsable. En otra clasificación, igualmente interesante, Or duna (2000), refiere cuatro niveles de participación, que sintetizamos a continuación y que nos ay udan a comprender, en buena medida, es e necesario avance hacia espacios con una participación más intensa y ac us ada:  La asistencia que, como mera presencia física, im plica el acudir a una acti vidad organizada y dec idida por otros y actuar como público o como rec eptor de la acción programada. Supone un nivel de compromiso y de enriquecimiento personal li mitado ya que redunda en el consumo cultura l de productos acabados, sin asumir M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 40 responsabilidades r elativas a la creación, al trabajo grup al y a la cooperación. Desatiende , en cierta medida, los procesos para centrarse en los productos.  La colaboración: ha ría referencia a tomar parte o intervenir en actividades en las que, sin embargo, el control básico y la responsabili dad principal son ajenas al participante. Es una pa rticipación temporal ya que al finalizar la actividad e n cuestión lo hace también la rel ación. En este sentido, “la p articipación como colaboración se sitúa como estado intermedio entre la e x clusión, la asis tencia o la dependencia y la autonomía o autogestión” ( Ibídem, 2000: 49-50).  La cooperación. En este caso hablaríamos de impli cación responsable, dir ecta, activa y efectiva en una tare a colectiva. Trabajo conjunto encaminado a un fin común. En ocasiones se equipara la cooperación con la ay ud a mut ua. Supone un importante mecanismo de cohesión que as egura la continuidad de un a socied ad ya que “el individuo se incorpora e n el seno de los grupos y colectividades donde vive, en los cuales exp resa libremente su s ideas, opiniones y valores e interviene jun to con otros individuos para llegar a s olucionar un problema común” ( Ibídem, 2000: 50).  La codecisión, es el grado más elevado de participación que exige, por ello, un alto índice de responsabilidad a los participantes ya qu e están des empeñano un ejerc icio de poder. Están tomando decisiones, lo que realmente supone un proceso de cogestión. La continuidad de proces os de esta n aturaleza en el tiempo suele produ cir beneficios d e diverso tipo tanto a la s comunidades que los implementan como a los propios componentes (a título personal) de esas colectividades Esa maximización de l a complejidad a l a que alu díamos en párrafos ant eriores cu ando el sustantivo participación se ve acompañado del adjetivo ciudadana nos llevará, a lo largo d e este capítulo, a hacer un a breve incursión en lo que entendemos por ciudadanía a la luz del papel de l a educación en los proc esos participativos. De este modo, el adjetivo ciudada n a otorga nuevos e interesantes matices al término participación y a que, como apunta Pindado (2000: 21), “participar no es tan sólo colaborar, ni opinar sobre una dete rminada actuación. No es darse por entendido, o sentirse informado, de lo que hacen los representantes. Participar supone un plus d e volun tad, de int ervención, un sentimi ento de pertenencia a un colectivo, a un grupo, a una ciudad, a un país…, un mínimo esbozo de un proyecto propio, de una finalidad propia. La participación ti ene que ir enc aminada a un a finalidad. No es en sí misma Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 41 una finalidad, tan s ólo el medio para conseguirla”. Sobre al activismo y el finalismo que caracter iz an a muchas iniciativas volveremos más adelante en este capítulo. En esta dirección, con respec to al protagonismo que en los último años adquiere la participación en el plano s ociopolítico, entre otros campos, Font (2001: 1 4) pone de relieve que “las asociaciones cí vicas renuevan su presi ón en las administraciones en demanda d e mayores y mejores espacios participativos y d esde los ámbitos académicos se difunde a los estudiantes y al conjunt o de las sociedades las virtudes redescubiertas de la int ervención ciudadana . Y, sobre todo, a partir d e las respectivas redes existentes, los p olíticos copian a sus colegas que han desarrollado experiencias participativas exitosas, las organiz aciones cívicas comparten pro y e ctos, discursos y victo rias y los acadé micos int ercambian conoc imientos y entusiasmos a travé s d e congresos y publicacio nes” aunque, en c onsonancia con lo que nosotros opinamos, precisa que “estamos hablan do más de un fenómen o emergente, que de realidade s consolidadas que gene ren unanimidades” ( Ibídem, 2001: 15), algo verificable al comprobar que entre l a clase polí tica siguen predominando las reticenc ias hacia la apertura de nuevos espacios pa rticipativos; entre buena p arte de la ciudadanía se con stata la apatía y l a falta de implicación; y en el debate académico sigue ciertamente pre s ente la desconfianza hacia un ex cesivo prot agonismo ciudadano ( construida, en ocasiones, tomando como cimientos el paternalismo y los planteamientos jerárquicos) lo que vuelve a poner de manifiesto el carác ter poliédrico de la problemática de la participación ciudadana. Por ello parece acertado afirmar qu e, si bien el término participación os tenta un papel principal en el actual panorama sociopolíti co, no lo es menos que las realidades participativas que comienzan a generarse se encuentran con múl tiples obstáculos para su implementación y, sobre todo, su generali zación y su aceptación como mecanismos c apaces de mejorar el funcionamiento de los si stemas democráticos y c omo estrategias para alcanzar un bienestar personal y colectivo dife rente al predominante en el contexto de la sociedad de consumo. Una sociedad en la que observamos, en base al incremento de la capa cidad d e maniobra de las grandes corporaciones económicas y al sometimiento político -instit ucional a tales dictados, un “creciente des apoderamiento de la capac idad pop ular de influir y condicionar las decisiones” (Subirats, 2011: 21) lo que ha ce qu e las políticas públicas implementa das pierdan buena part e de su legitimidad en base a “una democracia que solo mantiene abiertas las pue rtas de los ritos formales e institucionales” ( Ibídem, 2011: 21). M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 48 2010: 195). Somos de la opinión de que, para con quistar nuevas par celas y acceder a ma y o res márgenes d e maniobra y cotas de pod er, es estrictamente ne cesario expl otar con intensidad aquellos meca nism os que y a están reconocidos, el sufragio es uno de ellos. De hecho, el mismo Instituto Nacional de Administración Pública, depe ndiente del Ministerio de Administraciones P úblicas, ll ega a afirmar, en un info rme correspondiente al año 2008 en el que s e evalúa la participación ciud adana en la elaboración d e políticas públicas que la d emocracia repres entativa muestra signo s de agotamiento, desgaste y se ria erosión de modo “que pod ríamos es tar asistiendo a la transición de la tradi cional democracia cont ractual , esto es, a la « represen tación permanente » en el que el « c ontrato » in icial fruto de las elecc iones se debilita y donde los ciudadanos destinatarios de las decisiones pasan a desempeñar un papel de examen y control” (INAP, 2008: 15). Basta con atender de modo superficial al lenguaje e mpleado par a darse c u enta de que composicione s como “c iudad anos destinatarios de las decisiones” redunda n en planteamientos paternalistas a la vez que evidencian que queda un largo camino que recorrer para llegar a incorporar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y para aproximarse al planteamiento de Niemelä (2008: 27) en relación a la fundación de la democracia q ue se basaría “ en un ciudadano activo como individuo y como miembro de la comunidad y de las asociaciones” . Como posible punto de partida a estas reivindicaciones democráticas aludimos a lo que Fernández (2005: 24) de nomina como política de movimientos, una di námica que, con un auge importante en las décadas de los ses enta y l os setenta (con un empuje desta cado en la s democracias occidentales) vinculad a al fenómeno del asociacionismo “cons idera que no basta con elegir a unos representantes cada cuatro años, para desentenderse d e lo s asuntos públicos hasta las p róximas elecciones; sino que la realización efectiva del principio democrático p asa necesariamente por un a prolongación de la parti cipación d e los ciudadanos en las propias estructuras administrati vas donde radican los poderes decisorios d e facto, por una participación en el proceso administ rativo de tom a de decisiones y su control”. Buen resumen previo sobre e l qu e podría edificarse todo aquello a lo que aludiremos a continuación. Además de los factores señalados hasta el momento nos vemos obligados, dada la vigencia de la cuestión en la actualidad, a hacer mención a una última circu nstancia que pu ede ubicarse en la base de la carencia de participación y que tiene que v er con el descrédito y el desprestigio de aqu éllos que ejercen la política institucionalmente. A nadie le sorprende y a el Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 49 hecho de que cada día aparezcan en los medios de comunicación nuevos ca sos, cada vez más graves, en los que algú n representante político, a diferente nivel o con diverso grado d e responsabilidad (alcalde, concejal, diputado, sen ador, etc.), se vea involucrado en casos de corrupc ión generalmente relacionados con e l ilegít imo aprovecha mi ento de su puesto de responsabilidad pública para en riquecerse pe rsonalmente o para f avorecer negocios de personas vinculadas consigo. S e configura en nuestros días una mis celánea del crimen institucional en el que hechos a todas luces reprobables (tanto judicial como éticamente) terminan por cotidianiz arse y por oc asionar leves consecuenc i as en ciudadanos que parecen “vacunados” y, hasta cierto punto, adormecidos ante tales sit uaciones. Sin ánimo de genera li zar, sí resulta obvio que tal es circunstancias hacen un flaco favor a la ya de por si depauperada im agen d e la polí tica inst itucional. P ero la cuestión es de un calado más profundo y nos traslada al ámbito de los valor es que se están difundiendo y gen eralizando en la coyuntura a ctual (que amenaza con evolucion ar de coyuntura a estructura y adueñarse de la cotidianeidad también en el medio y largo plazo) y que acaban dañando a la propia política y a la misma democracia. En este s entido, cabe recordar que Francois de la Rochefoucauld afi rmaba que “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”, pues bien, ho y e n día la hipocresía, bien maridada con im portantes dosi s de cinismo, parece ser una de las tón icas dominantes en la vida política. Dirigentes corruptos, altos dignatarios delincuentes que, como decíamos, en virtud de los puestos d e respons abilidad que o cupan, deberían constituirse en ejemplos, destacan por sus conductas inmorales (e ileg ales) y son, a p esar de ello, co nsiderados modelos dignos de admiración y de seguimi ento por parte de los ciudadanos que, en una depresiva, desoladora y catastrófica muestra de irracionalidad, los votan reitera damente, como si los valores d erivados d el pri ncipio de justicia se viesen difuminados en una sociedad en la que el planteamiento marxista de que, al fin y al cabo, todo se transforma en merca n cía se armase progresivamente de legitimidad ante la evidencia de que los seres humanos también nos vendemos siempre que haya otros dispuestos a comprarnos pervirtiendo, por otra part e, el sign ificado del término libertad. A decir de Edua rdo Galeano (2008: 183) “la democracia ha sido muy desprestigiada por sus propios protagonistas, que ha n pe cado contra la esperanza” . Cualquiera que sea la r eacción del c iudadano ante estos hechos, bien haciendo ca s o omiso de los mismos y sus implicaciones del ictivas y oto rgándoles su confianza a los políticos corruptos a través del voto (como acabamos de señalar), bi en tomando la parte por el M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 50 todo, aborrec i endo al colectivo de polí ticos “profesionales” y d ando, por ta nto, la espalda a la política institucional y , c on ello, a la vid a pública y a su legítimo protagonism o en la misma, lo evidente aparece ant e nuestros ojos con una no table crud eza: la re gen eración del sistema, que parece pedirlo a grit os, resulta harto complicada bien porque una pa rte de los que están dentro omiten su funció n de se rvicio público a l a ciudadanía y de carácter transit orio, bien porque quienes están fu era, desencantados por tantos desengaños prefieren mantenerse ajenos a aquello que les aborrece y qu e, además y e n prin cipio, escapa a su margen de maniobra. De cualquier manera y analizados algunos de los motivos que podrían ser causa - consecue n cia (límites difusos) de la crisis política d e nuestras sociedades, lo que sí parece cierto es el h echo de que “la demo cracia exige un trabajo continuado para corregir la repre sentación e inst aurar algo así como un régimen de la opinión pública (…) un sis tema que articula diversos criterios: la participación de los ciudadanos, la calidad de las deliber aciones, la transparencia de las d ecisiones y el ejercicio de las r esponsabilidades. De esa forma puede haber m ás participación efectiva a través d e un debate público abierto y sustancial que con un simple voto” (I nne rarit y , 2006: 67). El autor hace refere ncia a la perplejidad que nos produce el desacuerdo entre gobernantes y gobernados señalando que tal s entimiento pueda tener su origen en nuestra debili dad a la hora de legitimar la democracia representativa. Asimismo, habla de lo que él denom ina la teoría del subcontrato social señalando que “al sistema político repre sentativo se le encarga, con todos los límites y la correspondiente supervisión popular, la realización de un a serie de tareas cu ya complejid ad requiere unas inst ituciones específicas y unos determinados procedimientos para el análisis y la discusión. P ues bien: el subcontrato social consiste en que el titular de aquel encargo representativo lo delega en otros, a veces incluso en aquellos mismos que lo realizaron” ( Ibídem, 2006. 67). Y alude a la existencia de dos posibilidades básicas para llevar a cabo esa deslocalización: “la versión elitista pasa el expediente a los e xpertos; la populista lo devuelve a los ciudadanos. La versión de derech as del subcontrato social se reconoce por la apel ación insistente a la soc iedad civil; la de izquierdas tiende a formularlo en t érminos de d emocracia directa” ( Ibídem, 2006: 67-68). En todo caso nos encontraríamos con un retrato que dibuja un sistema político deficiente caracter iz ado por la falta de legitimi d ad en la t oma de decisiones y , en sentido general, su falta de calidad democrática. Es u rgente repensarlo y tratar de l egitimarlo a trav és de procedimientos que lo enriquezcan. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 51 En ocasiones las dificultades o las resistencias existentes a la hora de acomet er modificaciones (de ma yor o menor calado) puede tener su origen en la so brevaloración de la democracia, no desde el punto de vista de lo que sería su definición ideal, sino centrándonos en el hecho de considerar el sistema actual como inamovible. Si la r ealidad social es cambiante y dinámica parece evid ente que el sistema de gobierno y los procedimientos d e consulta y tom a de decisi ones que se implementen han de serlo también, da ndo respuesta a los requerimientos ciudadanos que parecen dirigirse hacia el empoderamiento de la socie dad civil. De este modo, Ginsborg (2010: 196) señala que “no d ebemos considerar la democra cia como una forma polí tica inm utable, definida de una vez por todas (…) si se queda como está, ni reforzada ni reformada, es sumamente vuln erable”. Sea como fuere, y tenien do en cuenta la pluralidad de factores a los que estamos haciendo referenc i a de continuo en este capítulo, lo que resulta ciertamente evidente es la necesidad de regeneración del sistema democrático, regeneració n que, desde nuestra visi ón, ha de partir, de forma indef ectible, desd e la participación ciudadana constante como mecanismo para otorg ar mayor legitimidad a las d iferentes políticas im plementadas desde las instituciones públicas. Si nos basamos en lo que entiende Subi rats (2011: 21) por legitimidad cuando señala que “u n régimen democrático consigue legitimidad cuando sus decisiones emanan de una completa y abierta deliberación entre sus grupos, órgano s y representantes” ob servamos que l a legitimidad de las políti cas implementadas por los dirigentes s e basan, úni ca y exclusivamente, e n los resultados obtenidos en unos procesos elec torales en los que los programas de gobierno, como hemos visto anterior mente, actúan como mera propaganda y son incumplidos de manera sistemática durante los periodos de gobierno. La deliberación, que sería a tod as luces n ecesaria, parece da rse más en tre corporaciones y lobbies económicos qu e no e nti enden otra soberanía que la del capital y que marcan e l compás de las medidas aplicadas con la co nnive ncia de los dirigentes polí ticos. Como señala el propio Subirats, “los poderes públi cos son c ada vez menos c apaces de condicionar la a ctividad económico - empresarial, y en cambio las corporaciones siguen influ y endo y presionando a unas instituciones que no disponen de los mismos mecanismos para equilibrar ese juego de los que disponían antes. Y que tampoco parece que q uieran o pued an reequilibrar la sit uación” (Ibídem, 2011: 21). Los polí ticos parecen co nsiderarse autosuficientes en su g estión, en lo q u e respecta al pueblo; más acce sibles se muestran, sin embargo, a los intereses privados más poderosos M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 52 configurando un escenario a todas luces injusto que retrata una democracia de baja int ensidad. El hecho de comprobar cómo personas que ocuparon cargos de responsabili dad política acaban formando parte, bajo la etiqueta de asesor o consejero, de corporaciones multinacionales que c onsiguieron benefic ios efectivos durante ese espacio de tie mpo, no contribuy e par a nada a e spantar esos f antasmas que acercan ecos en fun ción de los cuales la influencia empresarial en las decisiones de gobierno es notablemente mayor de la que debería y sobrepasa, de forma aplastante, al poder efectivo que se le otorga al ciudadano. Esa regeneración d e la q ue hablábamos puede tomar, para Ibarra (2011: 22), dos caminos diferentes, operativizándose ya sea por m edio de “la mejor a de la d emocracia r epresentativa a través de una ma yor participación ciud adana en los meca nismos democráticos repre sentativos”, o bien acometiendo “la complement ación (en algunos supuestos la propuesta es de sust itución) d e la d emocracia representativa por otro tipo d e demo cracia: la democracia participativa” . Ambas op ciones, si bien pretenden pavimentar el camino que permita avanzar hacia una d emocracia m ás densa y un ma yor g rado de justicia social en el reparto de pod er a la hora de acometer la to ma de de cisiones, pr esentan una importante divergencia: mi entras en el primer caso s e juz ga el sistema a ctual como “salvable”, en el segundo ca so “lo que se entiende es que sólo a través de otras formas democr átic as, e n las que básicamente los ciudadanos no d eleguen su poder decisorio, es posible la reg eneración de la democracia, o más exactamente la implantac ión de un a verdadera democracia” ( Ibídem, 2011: 22). Lo que se destila de ese debate es, siendo sintéticos, una doble visión del papel de aquello a lo que se alude bajo la denominación de democracia participativa. Por un lado, es habitual el escuchar que es bueno para la democracia que los ciudadanos participen en las decisiones públicas que les atañe n. Que, en este sentido, conviene que se agrup en y delibere n un poco entre ellos, que de cidan lo que más les conviene, eleven sus decisiones a las I nstitucione s públicas y que éstas ati endan sus pe ticiones colectivas. Este discurso suele añadir que las Instituciones, dada su bondadosa naturaleza, y los responsables de las mismas, en base a una ética incorruptible, tenderían a incorporar adecuadamente a sus dec isi ones políti cas esas decisiones populares. Frente a esa tibieza y ese discurso bienintencionado cabe una interpretación y una prop uesta, en cierta medida, más radical, la “de presentar a l a democracia participativa con sus dificultades y sus retos. No tanto como un conjunto de medidas destinadas a arreglar, a mejorar, las desacreditadas democracias representativas, las realmente existentes, sino como un arma para cambiar la realidad. Como una herramienta pa ra Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 53 transformar el pod er; en su relación entre las instituciones y los ciudadanos; en su distribución; en sus espacios de ejer cicio. Para transformar la democracia en genera l ( y la repre sentativa en particul ar) cambiando y extendiendo el número de sujetos que deciden en la política. Para ge nerar una nueva cultura demo crática. Para e li minar la desigualda d, para construi r la igualdad” ( Ibídem, 2011: 31-32). Por todo ello, lo que resulta de vital importancia es la necesidad de en riquecer el juego democrátic o favoreciendo la implementación de mecanismos que configu ren un sistema más plural con un re pa rto, como decíamos, más equilibrado de los márgene s en la toma de decisiones. Mecanismos que, del mismo modo, asegure n la transparencia y permitan una mayor fiscalización de la labor de los dirigentes. Además, claro está, de implicar a la ciudadanía, por encima de todo, en la di scusión sobre la adecuación o no de unas u otras medidas dotando a estas últim as de ma y or legitimidad que aquella que les otorgan el hecho de ser establecidas por representantes políticos que fueron elegidos en un proceso electoral. En el sistema hacia el que se pretende avanzar no sólo el individuo manifiesta y deba te sus preocupaciones po r lo p úblico sino que también junto con los otros de cide sobre los asuntos públicos. El individuo no sólo afir ma que en él, como un elemento más de la comunidad, reside la soberanía, sino que además ejerce con responsabilidad la misma. Y la ejerce en la persec ución, minada d e obstáculos, de aquello a lo que deb ería orientarse, en esencia, la política, y qu e no es otr a cosa que la def ensa d e l os intereses generales. En la m edida en que el ciudadano p articipe, tendrá más posibilidades de acceder a los procesos decisorios y será ello lo que lo faculte para operativizar su compromiso hacia el interés general en los asuntos cotidianos. A ello es a lo que nos referimos, en síntesis, cuando hablamos de democr acia relacional y de democracia deliberativa. Hemos centrado nuestr a argumentación, hasta el momento, en el hecho de que la participación pu ede llevarnos a es e enriquecimiento de la democracia avanzando hacia fórmulas y mec anismos dotados de ma y or justicia. Sin embar go, resulta necesario efectuar una serie de precisiones que establezcan suti les diferencia entre la part icipación (sin más adjetivo) y el sistema de nominado como democracia participativa. Así, en primer lugar, “la democracia participativa lo qu e cuestiona es el pod er y su ejercic io. La democracia participativa lo que plantea y exige es que el pod er sea ejercido por otros. Que sean otros los que decidan sobre los asuntos públicos. Est os otros, conjuntos de ciudadanos o de organizaciones ciudadanas, pueden compartir su poder con los representa ntes elegidos de las M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 54 instituciones políticas” (Ibarra, 201 1: 32). Por su parte, “la participación, s in más adjetivación (y excluida la participación electoral) hace (…) r eferencia a transfo rmaciones en el seno de la sociedad y m ás esp ecíficamente en la so ciedad civil . Propondrá que los ciudadanos pa rticipen más en sus propias organizaciones o en los espacios públicos, a la hora de formular sus demandas a las inst ituciones políticas” (I bídem, 2011: 32). La diferencia que se establece se basa en que “en la d emocrac i a participativa lo que se discute es sobr e quien decide. Tr ata sobre la transformación del poder. Y en la participación a secas, sobre qui én – y cómo- exige el que se tomen de terminadas decisiones polí ticas. Trata sobre la presión al poder” ( Ibídem , 2011: 32). Una de las claves se ubicaría en el hecho d e construir una nueva cultura política que situase al hecho político en si mismo en el centro de la cotidiane idad de los indivi duos, “se trata de crear un clima cultural difer ente en el qu e se desarrolle ad ecuadamente la política. Si la política puede llegar a ser considerada, al meno s en parte, no como un conjunto de acciones distantes de individuos ambiciosos e inescrupulosos, n i como sometimiento a las jerarquías clientelistas, sino como parte d el entr amado d e l a vida cotidiana, entonces es concebible que se abran nuevas dinámicas y perspectivas para la democracia en su conjunto” (Ginsborg, 2010: 219). Volviendo a la cu estión de las adjetivaciones qu e la participación confiere al sustantivo democracia, ent endemos estas diferentes denomin aciones como eslabones propios del sistema de democracia p articipativa que se d esea construir. En este sentid o, la democracia deliberativa propondrá s obre todo que los ciudadanos deliberen, discut an de forma ord enada y racional sobre las cuestiones públicas; la democracia directa insistirá en l a relevancia d e las consultas vinculantes; e n la democrac i a asociativa el papel protagonista es concedido a asociaciones y organizaciones sociales que partic ipan junto con las inst ituciones políticas en los espacios decisorios. Todas ellas serían, por lo tanto, opciones de democ racia participativa. En la tot alidad de las mismas se propone que en última inst an cia las decisiones tom adas por ciudadanos y /o grupos ciudadanos complementen en may or o menor grado las decisiones tomadas por lo representantes políticos surgidos desde los mecanismos de la democra ci a repre sentativa. Sin embargo, la participación es un tema complejo y multifactorial que no depende única y exclusivamente de la e xistencia de lo que pod ríamos denominar como v oluntad política, es Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 55 decir, la predisposición de los gobernantes a tomar las medidas n ecesarias para la implementación de nuevos mec anis mos que pe rmitan la “cesión” d e parcelas decisorias a l a ciudadanía. En este sentido, el concepto volunt ad alude a una dinámic a dual y a que la citada voluntad política ha de venir imprescindiblemente acompañada por la existencia de voluntad ciudadana para participar. Y como h emos destacado en las p áginas ant eriores y seguiremos haciendo de aquí en adelante, el hecho de part icipar e implicarse en los asuntos públicos supone compromiso, sacrificio y asun ción de responsabilidades). Es a sí que Del Río (20 03: 133- 134) indi ca que “s e pued e p ensar que hay impulsos participativos larvados que ho y no se manifiestan y que podrían tomar cuerpo en otras condiciones. Tambié n se puede opinar lo contrario (no se ve una gran disposición para participar más en sectores ampli os, quizá sí en mi noritarios). Tenemos delante un punto de intersecc ión entre la voluntad de participar, las vías abiertas para la p articipación y las medidas (informativas, educa tivas, etc.) desti nadas a propiciarla haciendo frente a la inacce sibilidad del pod er. Una m a y or voluntad de intervenir log raría más medios para hacerlo, y , a la v ez, la e xistencia práctica de má s medios permitiría que se liberasen nueva s energías participativas, aunque poco sabemos del techo o de los techos que ev entualmente podr ían definirse. La pescadilla se muerde la cola”. Adem ás de esto, la voluntad para participar exige una mot ivación que active el estado de latencia en el que, de algún modo, parecen encontrarse el compromiso y el sacrifico dentro del ciudadano. Dicho de otr a forma “el problema de la participación no sólo afecta al volumen de los esfue rz os dedicados a la cosa pública, sino también al contenido o a la o rientación moral de esa a ctividad, es decir, a los objetivos y valores a cu y o servicio se pone” ( Ibídem, 2003: 135). En relación a ello, I b arra (2011: 90) habla de la exist encia de tres id eas que necesariamente han de ubicarse en la bas e del establecimiento de p rocesos demo cráticos pl urales que cristalicen en la configuración de una democracia participativa real y que hace referencia tanto a la voluntad política como las ansias de la c iudadanía por participar. Se refiere a que:  “L os ciudadanos deben estar pe rmanentemente activos en exigir al p oder político la toma de determinadas dec isi ones.  El poder político debe tratar de acercar sus decisiones a esas exige ncias ciudadana s. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 56  Lo que los ciud adanos, por sí mi smos o en grupo, exigen a los gobernantes, debe ser el resultado d e un proceso colec tivo de elaboración; los intereses y valores ciudadanos nunca debe n darse po r dados”. A pesar de lo que pudiera pensarse, y au n toman do en consideración el hecho d e que la implantación de una democracia más densa exige la implementación de mecanismos innovadores por medio de los cuales incorpora r a la ciudadanía a los procesos dec isorios de manera cotidiana, la resolución de las problemáticas públicas por medio del debate y de la deliberac ión no constituye algo novedoso sino que llega a formar parte de la sustancia de lo s asuntos sobre los que s e decide. Dicho de otra manera, es na tural que l os ciudada nos tomen partido en la vida pública y participen de manera efectiva en el ejercicio de la política y e s qu e la idea de d emocracia del iberativa es tan antigua como la democ racia misma. Remontándonos al sigl o V a. C . enc ontra mos el sigu iente fra gmento de Pericles en su panegírico de Atenas: “Del mismo modo que los que se ocupan de los asuntos públicos pueden ocup arse simultáneamente de los negocios privados, tamb ién aquellos que s e ded ican a actividades particulares entienden d e polí tica en medida no menor, porque solamen te entre nosotros el que no se interesa por la políti ca no es considerado como persona pacífica, sino como un ser inútil, y nosotros mismo s, tanto si tomamos decisiones como si estudiamos cuidadosamente los acontecimientos, con sideramos no que las discusiones sean una rémora para las acciones, sino más bien qu e es p erjudicial no examinar las cosas a fondo con los deb ates, antes de pasar a la acción” ( Tucídides; cf. Elster, 2001: 13). Comprobamos que hace mi les de años se presentaba la política como algo que atiene a la totalidad de la población y qu e no estaba exenta, tampoco en aquella época , de planteamientos jerárquic os y paternalistas que buscaban conv ertirla en coto privado para quienes formasen parte d e las institucio nes que copaban los márge nes de decisión. El planteamiento a cerca de una democracia deliberativa no alude, por tanto, a cuestiones de naturaleza extravagante o que permanezca n fuera d e toda lógica, sino que s e trata de fac tor es consustanciales a l a propi a idea de d emocracia y su vinculación con l a voluntad de la ciudadanía. Vol untad e interés que , en no pocas o casiones, h a tratado de focalizarse, desde los estamentos pú blicos mediatizados por el poder e conómico, hacia la dinámica de t rabajo y gasto (Ginsbor g, 2010) buscando disminuir la preocupación de los ciud adanos po r cuestiones de naturaleza políti ca, reduciendo sus inquietudes al hecho de traba jar para obtener recursos para poder consumir. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 57 Uno de los principales defe nsor es del sistema de gobierno a través de la discusión fue John Stuart Mill para quien el modelo de la deleg ación de r esponsabilidades y d el gobierno a través de representantes políti cos implicaba, desde un principio, que un representante no tení a nada importante que ap render de un intercambio natural con sus pares, con el resto de ciudadanos. D el mismo modo, criticaba el sis tema representativo pues consideraba que esa supremacía de la que disponían los represe ntant es polí ticos no partía, en ningún caso, de la existencia de una inteligencia, de cu alidades o de virtudes superiores sino que se originaba por consecue n cia de la naturaleza excepcional de la propia situación legislativa. Para Elster (2001: 18) “cuando un grupo de individuos iguales ti ene qu e tomar una decisión acerca de una cuestión que les concierne a todos, y cuando la dist ribución inicial de opiniones no obtiene consenso, pueden sortear el obstáculo de tres mane ras diferentes: discutiendo, negoc iando o votando (…) Los g rupos pueden llegar a u na decisión empleando uno de los tres procedimientos, una co mbinación de dos de ellos o los tres a la vez. Adviértase que la discusión y l a negociación constitu ye n formas d e comunicación, o sea que son actos de habla, mientras que la votac ión no lo es”. El propio Els ter relacionaba esta tricot omía con otra que hace referencia al hech o de que “en un proceso de tom a colectiva de decisiones las preferenc i as de los miembros están sujet as a tres operaciones: agregació n, transformación y tergiversación” ( Ibídem, 2001: 18). La agregación se correspondería con la votación, la transformación de las preferencias de cada u no a través de la delibera ción permiti ría establecer una analogía con la discusión, mientras que la tergiversación de las preferencias puede ser inducida por cada uno de los tres procedim ientos mencionados. El autor señala un ejemplo de cada uno de eso s tres mecanismos. Nuestro interés se focaliza, en un p rincipio, en el ejemplo de la discusión. Ésta estaría genuinamente repre sentada por el pro ceso que se desarrolla en un jura do, indicando lo s obstáculos o los impedimentos que suel en dificultar ese proce so dialogal y que son, a nuestro jui cio, extrapolables en todo momento a lo que podría ocurrir en procesos democráticos de naturaleza deliberativa. En lo relativo a l a nego ciación es n ecesar io tom ar en consideración las armas con las qu e cuenta cada uno de los impl icados lo que afecta directamente a la posibilidad de los m ismos de efectuar ofertas y contraofertas, sin olvidar, por tanto, las posiciones de poder, las amenazas y promesas, etc. L a reflexión en torn o a la votación, el último mecanismo, se centra en la concepción rousseniana de l a toma col ectiva de d ecisiones concebida como un pro ceso en el que los ciud adanos “tenían que d efinir sus preferencias M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 64 emparentada c on sus n uevas adjetivaciones, fundamentalmente en lo que se refie r e a la democracia de liberativa. A pesar de todo lo que hemos enunciado hasta el momento y como es lógi co, los sistemas propios de la d emocracia deliberativa no están exentos de importantes problemáticas qu e constituye n obst áculos e im plican la existencia de riesgos en su im plementa ción, más allá de las clásicas críticas que suelen cargar las tintas en la dificultad de operativizar procesos de esta naturaleza cua ndo se llevan a cabo de un modo genera liz ado (es decir continuado en el tiempo) y a diferente escala (sin incidir única y exclusivamente en el ámbito local qu e sería, al menos en principio, el enclave más adecuado para su desarrollo). El debate, la deliberación y /o la discusión no constitu y e n la panacea pa ra un empoderamie nto ciudadano que cargue de leg itimidad a las decisiones tomadas y su consideración como tal ha despe rtado no pocas c ríticas entre dist intos teóri cos de las Cien cias Sociales. Es, por ejem plo, la opinión de Stokes (2001: 177 ) quien argumenta que la deliberac ión “pued e permitir que las polí ticas se rijan por intereses creados que manipulan las ideas de los ciudadanos comunes acerca d e lo qu e quieren que haga el gobierno”. D el mi smo modo indica que la dinámica de l a deliberación pue de pr ovo car que se reemplacen “las preferenc i as reales de los ciudada nos por preferencias qu e los políticos, embauc ados po r grupos de presión y por la prensa, les atribuyen equivocadamente. Y puede intr oducir en los ciudadanos identidades que de otro modo proba blemente no sostendrían y que, según cualquier patrón de senti do común, no coinciden con sus int erese s” ( Ibídem, 2001: 177-178). Del mismo modo, en el establecimiento de los d ebates es más que prob able que se produzca una influencia decisiva de las características personales de los ciudadanos implicados de manera qu e aquellos con ma y ores habilidades comunicativa s llegu en a imponer sus preferenc i as e intereses silenciando los de sus congénere s y vi ci ando el proceso desde sus inicios. Hablaríamos, por lo tanto, de riesgos, de d ebilidades o de amenazas resumidas en dos puntos fundamentales:  Ineficacia de la participación, al no producir, por diferentes circunst ancias, una influencia real en la to ma de decisiones. Existen autores que añaden a la señalada ineficac i a el sustantivo inuti lidad aunque, a nuest ro modo de entender la participa ción, centrados en los procesos que se desarrollan y lo s beneficios que de éstos se derivan, ésta siempre resulta de utilidad. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 65  Participación dirigida o manipulada. L os pode res públicos son los que ejecutan una función de control y no los propios participantes a los que, hasta cierto punto, se quiere calmar o contentar con procesos puramente estéticos que distan de redundar en el empoderamie nto ciudadano o en el avance hacia la codecisión. Adam Prz eworski (2001: 183) señala qu e la deli berac ión “es una forma de debate cuyo objeto es cambiar las preferencias que permiten a la gente decidir como actuar”. Y en base a esta definición establece que la dominación ideológica o el adoctrinamiento constituye uno de los posibles riesgos de la propia deliberación y a que en democracia “qu eremos persuadir a otros porque sabemos qu e pueden votar una d ecisión que ha de comprometernos. Queremo s influir sobre las opiniones de otras p ersonas porque esa s opiniones han de afec tarnos ”. E l mismo autor pone de manifiesto que una de las tónicas domi nantes de los procesos deliberativos es que, en democracia, suel en terminar con una votación, lo que en s u opini ón resta valor y r elevancia r eal al d ebate y a qu e “es el resultado d el voto, no del deb ate, lo que autoriza a los gobiernos a gobern ar, a imponer”, señalando, del mi smo m odo, que “el desafío con que se enfrentan los que proponen la democracia delibe r ativa es persuadirnos de que l a gente va a votar sobre la base de buen as r azones si participa en un d ebate públi co libr e, igualitario y f und amentado” ( Ibídem, 2001: 185). A este respecto, y desde nuestra perspectiva, aun cuando el proceso deliberativo se vea abocado a terminar en una votación, nunca está de más que se fomenten pr ocesos interactivos de debate y discusión que impliquen a la ciudadanía y qu e se caracteriz an, además y como hemos visto con anterioridad, por of recer otro s beneficios de naturalez a int angible que trasciende n a la misma toma de decisiones. Todo ello sin menoscabo de señalar que se trata de ir efectuando conquistas, andamiando procesos y optimiz ando mecanis mos siempre d e una manera paulatina, sin acometer un cambio traumático que per siga modificaciones repentinas y casi espontáneas de las mentalidades y las res istencias, tanto ciudadana como político - institucional. Además de expresar nuestro con vencimiento acerca de que los procesos políticos que se basan, única y exclusivamente, en l a agregac ión de pre ferencias o de int ereses (votación) depauperando cualquier otra modalida d en la toma de decisiones, carecen de los recur sos moral es necesarios para legitimar cualq uier decisión colectiva que generen, siendo necesario enriquecerlos/sustit uirlos por procedimientos de un cariz más plural que puedan perseguir e s a demandada legitimi dad. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 66 Por su parte, Innerarity (2006: 65) indica qu e “la democracia deliberativa t iene todas la s debilidades de los modelos normativos en general, a los que cabe acus ar d e desentenderse de la realidad concreta, lo que, tratándose de política, es especialmente grave, y a que una idea regulativa sin su co rrespondiente condición de posibilidad no es un ideal muy elevado, sino un idea l equivocado”. Sin embargo señala que “ cuando un e nfoque normativo está bien pensado resulta m enos normativo de lo que parece, en el sentido de qu e h ay más experienci a que exhortación mor alizante. Lo más empírico que tiene la teoría deliberativa de la democracia es la constatación de que no sab emos exactamente lo que qu eremos, nos interesa o nos constituye (esta constatación es más pertine nte cuanto más compleja es la sociedad, por lo que la contr aposición entre deliber ación y complejidad no funciona ne cesariamente)” (Ibídem, 2006: 65-66). Destaca, por lo tanto y a n uestro entender, las virtu des del modelo por encima de los posibles defectos que se le puedan achacar enfatizando, en gran medida, la ide a a la que venimos haciendo referencia en p árrafos anteriores acerca de la ne cesidad de generar procesos comunicativos y dialógicos en el seno de la ciudad anía que reporten beneficios que vay a n más allá d el, ya de por sí, extremada m ente deseable pod er compartido y que se lean en términos de cohesión social, identidad re lacional y (re)construcc ión comu nitaria. Así las cosas, ya modo de recapitulación, es preciso mencionar qu e la dem ocracia, en su perspec tiva d eliberativa, no se caracteriza por ser exclusivamente una fo rma política sino que además, y según C ohen (2001: 236) “es un marc o de disposiciones sociales e institucionales que:  facilitan e l razonamiento libre entre c iudad anos iguales al suministrar, por ejemplo, condiciones favorables para la expresión, asocia ción y participación, a la vez que aseguran que los ciudadanos sea n t ratados como libres e iguales en ese debate, y  vinculan la autorización para ejercer el pod er públi co – y el eje rcicio del mismo- a ese razonamiento público, al establecer un marco que asegure la comprensión y l a responsabilidad de l poder político ante él por medio de periódicas elecciones competitivas, de condiciones de publicidad, de vi gilancia legislativa, etcétera” .  Se trataría, pues, de gen erar cambios en la ment alidad de la ciudadanía que trascendiesen las modi ficaciones puramente superficiales de los sistemas decisionales y los núcleos de poder. Co mprometer a los ciudada nos con los problemas que afectan a su ecosistema social haciendo circular la idea d e que su protagonismo polí tico ha de ser Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 67 constante dejando de lad o la delegación de respo nsabilidades. Eliminar resistenci as de tipo institucional que contribu y en, única y exclusivamente, a bu rocratizar la política y a privatizar la toma de decisiones. En de finitiva, cargar de legitimidad a las difer entes políticas que se implementen a través de la gener alización de los proce sos deliberativos configurando, po r medi o de un cariz más dialogal, una sociedad más próxima a l a equidad y a la justicia social, también en la toma de decisiones (eliminando el monopolio institucional de las mi smas) y es que “si queremos una democracia vi va, si queremos una polí tica c ompartida, necesitamos espacios y oportunidades que p ermitan debates abiertos, donde se constru y an ideales y vi sones también compartidos” (Subirats, 2011: 6). Conviene efectuar una aclaración que abre, además, un nuevo factor d e análisis en lo relativo a la participació n ciudadana y las circunstancias que l a rodean, bien animándola, bien limitándola. Hemos estado mencionando de manera constante el término poder para referirnos a los puestos de responsabilidad polí tica en los qu e se goz a, al menos e n principio, de una considerable capacidad decisoria en cuanto a las medidas a implementar y hac iendo alegatos a favor de que la ciudadan ía tenga cotas d e decisió n que le otorguen ese citado poder. En este sentido, merece la pena i ndicar que cuando hablamos de poder, el factor polí tico, y puede que en nuestros días más qu e en ningún otro momento en la historia, es ins eparable del factor económico 2 . El protagonismo de este últ imo se materializa, cuanto menos, en dos parce l as fundamentale s. En primer lugar, y como veremos más adelante, las grandes corporaciones multinacionales mediatizan la labor de los gobiernos exigiendo (no necesariamente de manera explícita) medidas legislativas favorables y los mercados castigan aquellas políticas qu e puedan atentar contra s u constante enriquecimiento. Como señala Subirats (2011: 13) “l as instituciones políticas de los estados tienen crecientes dificultades, ya no p ara controlar sino, simplemente, para respo nder o acomodarse a dinámicas económicas y f i nancieras qu e les desbordan y c ondi cionan por completo”. Por otro lado, la promoción de un imaginario social en el que asociamos dinero y posesiones materiales con bienestar y f elicidad, a demás de someter todas las facetas vitales a 2 E n el capít ulo 2 entra mos d e manera más pormenorizada en el análisis del pro tagonismo de la econo mía en la política ocupándonos de la parad oja que supone que los políticos, presionados por los grandes pod ere s econó m icos, pueden hoy día a cceder al gobierno p ero no al poder. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 68 menestere s l aborales de scuidando otras parcelas, han animado los sal vajes procesos de urbanización generando irracionales y excluyentes fisonomías de ciudad que fomentan el individualismo y la incomunicación a la vez que provocan la fr agmentación de los lazos comunitarios propios de los espacios rur ales, po niendo en tela d e juicio la tesis del espacio público como generador e impulsor de ciudadanía . El espacio público “ concebido (…) como instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva (…) es espacio polí tico, de formación y exp resión de voluntades colectivas” (Borja, 2003: 29). El propio J ordi Borja (2003) en su obra “La ciudad conquistada” acomete u n atractivo análisis de estas cuestiones reseñando que “urbanización no es ciudad” ( I bíd em, 2003: 30) tratando de resaltar, con esa expresió n, el hecho de que “la ciudad « emergente » es « difusa » , de bajas intensidades y altas segregaciones, te rritorialmente despilfarradora, poco so stenible, y so cial y culturalmente dominada por tendencias p erversas de guetización y dualización o exclusión” (Ibídem , 2003: 30). Y alcanza c omo una de las conclusiones el hecho de que “el libre mercado todopoderoso no tiene capacidad integ radora de la ciudadanía; al contrario: f ractura los tejidos urbanos y sociales” ( Ibídem, 2003: 30). Subirats efectúa una interesante reflexión que alu de a los viejos y a los n uevos sentidos de la democrac ia cuando cita el célebre discurso d e Constant 3 sobre la libertad de los antiguos y l a libertad de los modernos, algo que nos sirve para profundizar en ciertos posicionamientos relatados con anteriorid ad y atinentes a las dificultades y los im pedimentos de naturaleza operativa que se establecen a otros modos de d emocracia deliberativa, di recta, participativa, etc. y que pued en escon der trab as más profund as y basadas en formas dif erentes de entender la organización social y los derechos políti cos de la ciudadanía. La confro ntación consiste en que “frente a l a libertad de los « antiguos » , entendida como participación directa e n las decisiones públicas y en la formación de las le y es a tr avés del cu erpo p olítico que expresa la asamblea de los ciudadanos, se entendía que ello no solo y a no era posi ble por la expansión del « demos » , es decir, por la cantida d de gente a quién re unir y con quién deba t ir, sino que más allá de ese impedimento físico o cuantitativo, la lógica que existía de trás del ideal de l a democracia directa podría llegar a ser contraproducente. La li bertad d e los « modernos » implica el reconocimiento de d erechos políticos f undamentale s, entendie n do la pa rticipación 3 Benja min Con stant d e Reb ecque fue u n filósofo, escritor y político francés d e o rigen sui zo que, entre finales del siglo XVI II y las pri m eras décad as del XIX , se ocupó en s us obr as de exponer su teor ía de la lib ertad basada en la posesión y el disfrute d e los de rechos civile s. Ap ostaba por la elecció n de repr esentantes que ser ían los que ejer cerían los derec hos de la ciudadanía. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 69 política como una liberta d política más, que s e ex presa en el d erecho a expresarse, a reunirse, a organizarse para influir en la política del país, y que comprende además el derecho a elegir a sus representantes en las insti tuciones y el derecho, asimismo, a s er elegidos” (Subi rats, 2011: 56-57). Es, ni más ni menos, y como lo significa Ginsborg (2010 ), un p aralelismo entre la confrontación que se establecía entr e la democrac ia directa (modelo ateniense, ciudada no s varones decidían el de s tino de la pol is en asa mblea) y la democracia re presentativa (un gobierno en nombre de los ciudadanos) de forma que la p rimera “aseguraba el reparto del poder social a través de l a participación constante , pero la segunda garantiz aba las liber tades individuales y p ermitía a los hombres el disfrute de la seguridad en los placeres privados” (Ibídem, 2010: 197) respondiendo de ese modo a las problemáticas generadas en las sociedades modernas caracterizadas por su crecie nte complejidad. La perspectiva de Const ant no deja de aproximarse a posi cionamientos liberales que, premeditada o aleatoriamente, alejan a la ciudadanía de la toma de decisiones. Estas nuevas adjetivac io nes de la democracia d e las que nos hemos ocupado en las páginas precedentes bus can constituirse en un imprescindible e innegociable apo y o de un a democracia representativa que, aunque seriamente enfe rma, se nos antoja como insustituible (exce pto en comunidades locales mu y r educidas). Y hablamos de innegociable puesto que el ac tual sis tema ha dado a lo largo de la historia señales inequívocas de ine ficacia a la hora de incorporar a los ciudadanos a la toma de dec isiones públicas en los diversos ámbitos territoriales. En este sentido, y apo ya dos en la afirmación atribuida a Alber t Einstein, según la cual locura es hacer lo mismo en repetidas ocasiones esperando resultados diferentes, el inmovilismo del actual sistema, por más que s e de puren hechos como los re lativos a la corrupc ión, nos seguirá traslada ndo a parajes similares caracteriz ados por planteamientos paternalistas y jerarquizados basados en l a f alta de compromiso, implicación y en la delegac ión de responsabilidades. Quiz ás la hipótesis de la locura queda descartada si reflexionamos en el más que probable hecho de que las é lites, que gozan de posi ciones cada vez más privilegiadas, no quieren ni oír hablar d e remodelaciones del sis tema que pudieran comprometer su dominio sobre e l m ismo. Sea como fuere, se tr ata de cuestiones todas ellas más patentes, si cabe, en el nive l mun icipal. Así es como lo seña la F ernández (2005: 339) cuando destaca que “debido a la M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 70 extensión de det erminados fenómenos soci ales d e distanciamiento entre l a clase polí tica y la sociedad civil y a la propia evolución legal de una organización municipal cada vez más próxima al modelo organizativo estatal y autonó mico, el propio sistema democr ático local reclama un ma y or desarrollo e innovación que contribuya a mejorar la credibilidad y legitimidad de las decisiones públicas”. La participación ciudadana no es, ni mucho menos, incompatible con la e ficiencia en la g estión pública. Y, en último caso, dicha afirmación habría sido, h asta el momento, difícilmente cor roborable, pu esto que los d iversos mec anismos de democr a cia direc ta han estado siempre subor dinados a la decisión final de los órganos repre sentativos. Por ello apoy amos, de forma decidida, el hecho de que democracia repre sentativa y participación ciudada na se complementen y r e fuercen mutuamente. En definitiva, el objetivo que se persigue con las diferentes cuestiones que hemos tratado de plantear en este apartado no es otro que el alcanzar un momento en el ti empo y una pluralidad de luga res en el espacio en los que la democracia pued a ser definida, sin ambages, como un “ré gim en político en el que existen u n deter mi nado conjunt o de relaciones, o espacios públicos, confli ctivos o cooperativos, entre gobe rnantes y gobe rnados que generan condiciones coyunturales o permanentes favorables a lograr la coincidencia entre lo que los ciudadanos deciden que debe hacer se y lo que d eciden los gobernantes” (Ibarra, 2011: 56). Este epígrafe h a de servir, del mi smo modo, como una contextualización int roductoria a parti r de la cual analizar los márgenes de acción de los que actualmente dispo ne la ciudadanía. Y trata, asimismo, de radiografiar el protagonismo de los enclaves muni cipales en es a nueva política, en esa nueva democracia, con un a novedosa pluralidad d e adjetivaciones que le devuelva su c a rácter originario, atendiendo a las cuestiones de d iferente naturaleza (personales, instit ucionales, etc.) que se ubica n en la base sobre la que asentar una nueva forma de hacer política con un modelo que orbite necesariamente en torno a la participación de la ciudadanía y que busque, decididamente, la equidad y la justicia social. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 71 1.2. Referentes l egales de l a participación A pesar de qu e la partici pación ciudadana no sie mpre se desarrolla siguiendo los cauces establecidos por el marco legal, sí re sult a imprescindible el aná lisis de éste último pue s constituye un punto de partida desde el que c aracterizar p rocesos participativos y asentar nuevas fo rmas de tomar partido e implicarse en la esf era pública. No d ebemos olvidar que aquellas cuestiones recogidas en los textos legisl ativos, así como los derechos que en ellos se establece n, poseen un c arácter p rogresivo, de man era qu e se h a de ir av anzando en conquistas que supongan el perfeccionamiento de ciertos derechos y qu e posibil iten, a su vez, la implantación de nuevos mecanismos y la consecu ción de mayores márgenes de maniobra par a la ciudadanía. En este s enti do, Calvo (2009: 153) indica que las dif erentes normativas, desd e sus diversos rangos y e n sus distintos marcos de aplicación, han de ser entendidas como “mandatos del poder co nstitu y ente a los poderes públi cos establecidos e n la may or parte de los casos con un criter io cualitativo de avance en las polí ticas sociales a que se refieren”, debiendo tomarse en consideración el hecho de que “entre la formula ción d e estos mandatos y la re alidad social ha y un gran espacio que d ebe ser llenado por las ley es y las norma s reglamentarias” ( Ibídem, 2009: 154). Lo farragoso que pued e resultar, a priori, cualquier escrito que se fundam ente y que tom e como referente para su construcción documentos legales caracterizados, d e manera constant e, por un profundo formalismo, tratará de ser comb atido, en este caso, por la clar ifi cación qu e supone el analiz ar medidas que r epresentan el sust rato legal sobre el que se pueden cimentar las dinámicas y las ini ciativas participativas, sobre todo en ámbitos en los q ue, en muchas ocasiones, el de recho emerge de reivindicaciones ciudadanas y los textos legislativos que regulan un a d eterminada pa rcela surg en motivados por el descontento social y la acción coordinada de la ciudadanía. Cuestión ésta que resulta de gran a yuda a la hora de enlazar esta temática con uno de los puntos centrales del estudio que orbita en torno al protagonismo de los movi mientos sociales, asociaciones, dinámicas cívicas, etc., en la tom a de decisiones y en la construcc ión d el marco convivencial de una comunidad. Huelga señalar que la importancia y la magnitud de los textos legales que aquí se citan en relación al desarrollo de la participación, así como a otros derechos fundamentales de los ciudadanos, reflejarían una entidad suficiente como para que esta temátic a fuese objeto de una Tesis Doctoral y más si se aborda , cosa que no haremos aquí (cuanto menos con profundidad), M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 72 un análisis crítico de los textos legales. Por ello, anticipamos nuestra pretensión sint ética y la finalidad de este epígrafe, que no es otra que ap roximarse al cu erpo norm ativo que establece el margen de m aniobra de la ciudadanía. En un principio sí podemos afirmar que el espacio participa ti vo a disposición de la ciudadanía no es todo lo amplio que sería deseable concordando co n Revenga (2007: 15) cuando señ ala que, a este r especto, la participación polí tica se caracteriza por sus “inconsistencias y desviaciones”. Del mismo modo, la apatía, la pasividad y la inacción terminan por hacer que no se exploten, con la inte nsidad sufic iente, aquellas atribuciones que el marco legal sí contempla de modo que “el hábito de acomodarnos a las distancias que separa n lo que propugnamos en nuestros textos constitucionales y lo que practicamos, ha acabado por hacer poco visible el cará cter liter almente insostenible de ciertas fórmulas qu e han ido perdiendo sustancia, para aparecérsenos como dudosos homenajes verba les a unos tiempos pretéritos que, p or lo demás, t ampoco fueron precisamente gloriosos” ( Ibídem, 2007: 15-16). Asimism o, la posibilidad de hacer uso de determinados procedimientos propios de la democracia directa en ciertos asuntos es, a menudo, objeto de desp recio de manera que “bajo el pretexto de la impos ibilidad materia l de l a democracia dir ecta, en el nivel de nuestra repre sentación « g lobal » como sociedad organizada, tende mos a ser poco conscientes del espacio qu e tenemos di sponible para formas alternativas de participación directa en los ámbitos más cercanos de nuestra convivencia. En tales ámbitos, donde a menudo sí es posible la decisión cara a cara, s e ventilan asuntos que afectan de lleno a nuestra calidad de vida del día a día, y en ellos la co artada de la asfixia participativa por obra del peso de las maquinarias partidistas raras veces si rve a modo de excusa j ustificadora para nuestr as desafecciones y apatías” ( Ibídem, 2007: 17). Recapitulando, se just ifica el empleo de l a democracia r epresentativa ante lo inasumible de im plementar mec anismos propios de la democracia directa en la glob alidad del territorio, sin embargo, l a r elación entre representante y representado adolece d e im portantes carencias que hacen que ra y e el ra quitismo democrático. U na de esas carencias, qui z á la más genuina, viene representada por el protagonismo y la intermediación permanente de los partidos políticos entre el ciudadano y su representante. Por otra parte, las quejas, el desinterés y la apatía de la ciudadanía, junto con los déficits en relación a la existencia d e una participación Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 73 efec ti va y visible 4 , motivan que aquellos e s pacios habilitados para la participac ión permanezca n, como decíamos, vírgenes e insaturados. El resultado, a todas luces desolador, se traduce en una anemia p articipativa que amen aza con reforzar un sistema sociopolítico que olvida a los ciudadanos y sigue fielmente los dictados de l orden económico dominante. La construcción de un a legislación más acorde con estas pretensiones, cimentada siempre en las dinámicas reivindicativas de derechos para las personas, se nos antoja instrumento fundamental en el ca mi nar hacia una nueva consideración de la polí tica y del pape l de la ciudadanía en los distintos enc laves te rritoriales. Sea como fuere, l a participación, como h emos venido apuntando con insistencia en el preámbulo d e este primer capítulo, impregna todas las fa c etas de la vi da y s e en cuentra intensamente emparentada con otros derechos básicos de la ciudadanía, esencialmente con el derec ho a la información (prerrequisito y presupu esto imprescindible para la participación), l a reunión y la asociación. Hasta el punto de poder afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el derec ho a la participación implica el ejercicio de los derechos de a sociación, reunión e información. De acuerdo a esto, y dada la n aturaleza de esta Tesis Doctoral, hemos seleccionado los derechos de participación y asoc iación como referentes c lave a partir de los cuales iniciar la elaboración de este repaso por el marco legislativo. En relación al asociacionismo en su vertiente legal, y tomando en consideración una comparativa con el derecho a la participación, Calvo (2009: 1 57) señala que “el asociacionismo en España se asienta sobre un cimiento constitucional y legal mu y sólido y que se apo y a en un a ampli a experienc i a” algo que, en su opinión, no ha ocurrido, al menos en la misma medida, con la participación, y a que és ta últ ima “ha seguido un proceso en cierta medida paralelo al asociacionismo, aunque más reducido por l a existencia de límites más concre tos, sobr e todo en las democracias representativas” ( Ibídem, 2009: 158-159). Dicha reducc ión es achacada p or el autor, junto con otr os factores, a las funciones atribuidas por el ordenamiento a poderes y órganos políticos que suponen, lógicamente , una restricc ión de la participación. Las alusiones al carácter m ejorable de las demo cracias repr esentativas parecen resultar inevitables también en aquellos textos que, lejos de mantener un tono crítico y basado en posicionamientos políticos opuestos a los predominantes, asumen una perspectiva más 4 Es habitual que uno d e los motivo s por los cuales los espacios y las platafor mas d e participación directa no acaben cristalizando y establec iéndose en la nor m alid ad d emocrática r adique en que l as aportacio nes d e los ciudadanos no tienen co nsecuencias visibles p ara ellos e n sus ecosi stemas más cer canos. Acaban siendo mecanismos paliati vos del desco ntento que vuelve n a redund ar en plantea m iento s de naturaleza paternalista. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 80 cayendo en las limi taciones achacables a otros procedimientos propios de la democracia repre sentativa.  El excesivo poder que se concede a los pa rtidos polí ticos, citado con anterioridad en el comentario correspondiente al artículo 6 de la Const itución, lejos de colaborar en l a construcción de un modelo de democracia mi xta que conceda protagonismo y fomente la impli cación de los ciudadanos, abona el te rreno para el monopolio de la participación electoral cimentada en l a de legación de responsabilidades.  “Existe un tratamiento constitucional garantista de las inst itucion es de la democracia representativa, frente a un tr atamiento restrictivo de las instituciones de democracia semidirecta. Dicho de otro modo, la participación electoral en que la democracia representativa se concibe como garantí a frente a una posible regulac ión restrictiva por parte d el legislador; por el contrario, las instituciones de democracia semidirecta, más que g arantizadas frente al legislador, aparecen limitadas o restringidas frente a un eventual intento por parte de éste de regularlas de forma más amplia o generosa” ( Ibídem, 2007: 51). En re sumen, la de mocracia representativa y la participación electo ral son el mínimo indispensable garantizado por la Constitución mientras que los citados instrumentos de d emocracia s emidirecta, lejos d e presentarse como alternativa, se constitu yen en meros complementos. La participación repre sentativa se garantiza, la directa se restringe. Sea como fuere, y m ás a llá de este aná li sis y d e otros que aludan a di versas parcelas como la ordenación d el territorio (que admit irían opiniones divergentes y evidentes desencue nt ros), la Constitución española, en cuanto al modelo d e democrac ia, se nos p resenta como un instrumento profundamente mejor able que, si bien en sus int enciones persigue la soberanía popular y la construcción de una de mocracia densa y profu nda, en su conjunto acaba resultando deficitaria pu es refuerza la delegación de responsabilidades a la vez que obstaculiza, hasta cierto punto, el empoderamiento de la ciudadanía así como su capacidad de influir, de forma di recta, en la toma de d ecisiones que afecten a su quehacer cotidiano. A pesar de ello, debemos v olver a resaltar que, en lo re ferido a d eterminados derechos básicos para los ciudadanos (sa nidad, educación, vivi enda, trabajo), la aplicación estricta de l o re cogido en el t exto con stitucional generaría un a mejora evidente en las condicione s de vida Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 81 de la ciudadanía y pavimentaría el avance hacia criterios más próximos a la equidad y a l a justicia social. En este se ntido (y más allá de reformas express ope radas desde el bipartidismo a espaldas de la ciudadanía) sería necesaria una re visión del texto constitucional en lo relativo al modelo de democracia que diera respuesta a una evidente agitación so cial que comienza a ser tan patente como justificada. Los procesos descentralizadores, de cesión de competencias y d e fortalecimiento de l poder local a compañados de la territorialización de iniciativas contribuirían a que ese modelo ganase en densidad y pro fundidad. Aunque sean, como y a h emos reiterado, las dos n ormas c itadas con anterioridad las que de alguna forma v an a orientar todo nuestro análisis, no podemos obviar hacer referencia al articulado de otras l e yes im portantes que tr atan la participación ciudadana en los asuntos públicos, su promoción, canalización, etc. Así l as cosas, s erán abundantes las referencias, dentro de este epígrafe, a la Ley 7/1985, de 2 de a bril, Reguladora de Bases de Régimen Local (L R BR L), comentando también ciertos aspectos de l a Le y 5/1997, de 22 d e julio, d e Administración Loca l de Galicia, siempr e guiados por el interés de propo rcionar un panorama genera l acerca de lo que la legislación vigente dispone en materia de participación ciudadana. En lo relativo a la Ley 7/1985, de 2 d e abril, Regulad ora de Bases de Régimen Local (LRBRL) 8 diremos qu e constitu y e , en su glob alidad, un referente cl ave pa ra tod as las cuestiones r elativas al fu ncionamiento de las adm inistraciones locales, no en vano se tr ata de la le y que a rticuló las reglas básicas de la org anización de los A yuntamientos democrático s y, por ello, resulta ineludibl e hacer mención a ella cuando es la particip ación lo que nos ocupa. Paricio (2000: 186) se refiere a la LRBRL com o “el alféizar d el régimen jurídico de las Administraciones local es”. Para Ibáñez (2007: 18 0) una d e las princi pales virtudes de esta le y radica en que “deja a las C orporac iones Locales una amplia autonomía reglamentaria para regular nuevos cauces d e participación ciudadana”. En este sentido, Jordi Borja (1987: 135) señala que “la participación es un campo bast ante abier to para la regla mentación original, específica, por parte de l os Municipios y Entidad es locales en general. La legisl ación permite la diversidad y la innov ación, aunque int roduce limitaciones”. Sin embargo, esa s eñalada autonomía local contrasta, par a Fernández (2005 : 46), con el tratamiento que s e efectúa en relación a la particip ación ciudadana, poniendo de manifiesto que la LRBRL es “exquisitamente resp etuosa con la autonomía muni cipal pero marcada mente escueta con el 8 La Le y 7/198 5 Reguladora de Bases de Ré gimen Loca l es modificada en al gunos puntos d e su articulado p or la anterior m ente citada Ley 57/20 03 d e Medidas par a la Modernización del Gob ierno Local. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 82 derec ho a p articipar”. E n base a todo ello, en nuestro comentario referido a la L R BR L, destacaremos lo siguiente:  Ya en el artículo 1 de la mencionada le y se dic e que los municipios han de constituirse como cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliz an y gestionan con autonomía los intereses propios de las corre spondientes colectividades.  Asimismo el artículo 2, en su punto primero, enf atiza la necesidad de qu e las diferentes leyes s ectoriales del Estado o de las Comunidades Autónomas a tribu yan competencias a las entidades locales con el fin de preservar su autono mía. Debería añadirse que dich a cesión de competencias no deja de redundar en un beneficio a l a ciudadanía que se traduce en ma y or proximidad en la gestión y en un conocimiento más profundo de las necesida des de la población respondiendo, de un modo má s adecuado, a aquellos colectivos minoritarios y /o de s favorecidos. Para Ibá ñ ez (2007 ) la señalada proximidad que demanda la LRBRL, si bien no asegura , al menos por sí sola, beneficios directos par a los ciudada nos, sí contribuy e a g enerar un a serie de efectos p ositivos entre los que destaca n los sigui entes: o May or identificación ent re el indi viduo y su comunidad política. Esta ventaja se maximiza en aquellos núcleos que p resentan un número d e habitantes relativamente reducido ( como ocurre predominan temente en el caso de G alicia) y puede debilitarse en grandes ciudades, e n cuyo c aso sería n ecesario r eforzar el papel de los barrios. D e hecho la p ropia LRBRL regula, en el artículo 128 y p ara lo s municipios de gran población, la figur a de los Distritos como órganos de gestión desconcentrada para im pulsar y desarrollar la participación ciudadana e n la gestión de los asuntos públicos. o “La ma yor cercanía e identificación del gobierno local con los ciudadanos, origina, en principio, una ma y or po sibilidad de participación de los mismos en los asuntos públicos (…) Así, la existenc ia de inst ituciones democráticas locales, co ntribuye , por si misma, al reparto de pode r no sólo entre los diversos entes territoriales que constitu yen el Estado, sino también entre las distintas clases sociales” ( Ibídem, 2007: 28). Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 83 o Desarrollo de una r elación más estrecha y persona li zada de los repre sentantes locales con sus vecinos estableciéndose, por lo tanto, un mayor control democrático por parte d e la ciudadanía con respecto a la gestión del día a día de la institución. o La cercanía contribu y e, del mi smo modo, a generar cauces alternativos de participación ciudadana como pueden ser aquellos que vienen representados por el protagonismo de las Asociaciones de Vecinos, que suelen aglutinar a u n alto porcentaje de la ciudadanía asegurando la pluralidad en las demandas y favoreciendo el desarrollo de una gestión próxima y transparente, base de un a democracia dotada d e mayor densidad y prof undidad. o La eficacia, flexibilidad y sensibilidad del gobierno local con respecto a las de mandas y problemas socia les se inte nsifican como consecuencia de esa mayor cercanía, pudiend o reducir el plazo de tiempo para la resolución de las diversas problemáticas que vivan los ciudadanos. Tanto en este como en los anteriore s puntos , esa mayor proximidad ha de venir a compañada de un a adecuada dotación de medios y recursos para las corporaciones locales que permitan hacer efectivo el autogobierno y la re spu esta eficaz a las demandas de la ciudadanía.  En el artículo 18 se indica, del mismo modo, que participar en la gestión municipal constituye un derecho y un deber de los vecinos, mientras que en el 24 se pone de manifiesto que para facilitar esa p articip ación ciudad ana en la gestión de los asuntos locales tra tando de mejorar é sta, los muni cipios podrán estable cer ór g anos territoriales d e gestión d esconce nt rada, con la or ganización, funciones y competencias que cada a yuntamiento les confiera, atendiendo a las carac terísticas del asentamiento de la población dentro de l t érmino municipal.  En el capítulo cuarto del título quint o de la LRBRL se establece la necesidad de que los a y untamiento s dispongan de mecanismos, formas, medios, procedimientos, etc., tendentes a facilitar la información y p articipación ciudadana. Es un denominador común en todas aquellas normas que hagan refere n cia, de una u otra forma, a l a administración local, el que se recoja la obligación de los poderes públicos de habilitar M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 84 esas vías que permitan satisfacer los derechos ciudadanos a los que estamos haciendo mención en este apartado.  En la LRBRL se señala, igualmente, que los ay un tamientos deberán establecer y regular en normas de carácter org ánico procedimientos y órganos adecuados para la efec ti va pa rticipación de los vecinos en los asuntos de la vida pública loca l, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el sup uesto de qu e existan en el muni cipio dichas divi siones territoriales, enfatizando, ademá s, la potestad de los vecinos para ejercer la iniciativa popular presentando propuestas en materias y asuntos de la compete n ci a municipal.  El artículo 72 de la LRBRL alude a la obli gación de los a yuntamientos de promover la creación y fomentar el protagonismo de las asociaciones p ara la defensa de los int ereses g enerales o sectoriales de los vecinos, impulsando su labor con dotaciones económicas y colaborando con ellas en asuntos de interés ciudadano s eñalando, d el mismo modo, que podrán ser declaradas de u tilidad pública. Se insiste a lo largo de l articulado de este capítulo en la necesidad de q ue los Ayuntamientos faciliten a los ciudadanos toda la información r elativa a las de cisiones que se va ya n tomando en los plenos municipales señalando, ade m ás, que e n determinados asuntos, siempre que la corporación lo considere necesario, se convocarán consultas públic as a fin de determinar cuál es e l posi cionamiento de la ciudadanía al respecto. Puestos a centrarnos, de un modo estricto, en aquellos cauces participa tivos que recoge l a LRBRL podemos, siguiendo a Ibáñez (2007) y efectuando un esfuerzo de sínt esis, resaltar los siguientes:  Derecho de los vec inos a ser elector y elegible, siguiendo lo establecido en la legislación elec toral.  Derecho de los vecinos a part icipar en la gestión municipal de acuerdo c on lo dispuesto en las le ye s y , en su c aso, cuando la c olaboración con c arácter voluntario d e los vecinos sea interesada por los órganos de gobi erno y administración m unicipal. Esto supone dejar un espacio abierto para aquello qu e se disponga en las dif erentes l e ye s (estatales o a utonóm icas) y e n los r eglamentos municipales. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 85  Derecho de los vecinos a pedir la consulta popu lar en los términos recogidos por las leyes corre spondi entes.  Se indi ca la potestad de los municipios para establece r órg anos de gestión desconce nt rada, a fin de facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y m ejorar ésta. A lgunos ejemplos los encontramos en las Juntas Municipales d e Distrito así como en los Consejos S ectoriales que tratan de canalizar la participación ciudadana así como de impul sar el protagonismo de las a socia ciones.  La s diferentes ordenanzas locales, así como los presupuestos, serán public adas para e l conocimiento de los vecinos.  La s consultas populare s.  La promoción de las asociaciones de vecinos y de su participación en la ges tión del muni cipio. En este sentido, se establece que las Corporaciones locales deben facilitarle s la más amplia informac ión sob re sus actividades, y el uso de los medios públicos y el a cceso a las a y ud as económicas para la realiz ación de sus actividades, así como impulsar su participación en la gestión de l a y untamiento. A este respecto, la s asociaciones pueden ser declaradas de u ti lidad pública. En no pocas ocasiones, estas dispo siciones q ue acabamos de resaltar no ll egan a cristalizar, puesto que encuentran obstáculos importantes de natura leza burocrática y administrativa. Del mismo modo, su de pendencia de otras normas legales (tanto a nivel autonómico como estatal) las hace vulnerables a la existencia de contradicciones. Como señalábamos con anterioridad, la LRBRL se v e modificada en ciertos as pectos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de M edidas para la Modernización del Gobierno Local. Nosotros nos centraremos en aquellas cu estiones que atienden a la temática que nos ocupa: la participación ciudadana. En este sentido, la le y trata de int roducir nuevos cauces de participación poniendo de manifiesto, en la misma Exposición de Motivos, el hecho de que la LRBRL ti ene un carácter meramente declarativo en lo que a participación ciudadana se refiere y que, si bien en esta temática, ha y que dej ar cierta potestad a los municipios, sí resulta positivo el hecho de que la legislación básica co ntenga unos estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de esa participación. A pesar de las intenciones declaradas las modificaciones implementadas no fueron tan p rofundas como c abría esperar. A continuación M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 86 pasamos a enumerar, de un modo resumido, aquellas novedades principales que int roduce la citada ley (Ibáñe z , 2007):  Nece sidad de establecimiento de reglamentos orgánicos de participación ciudadana en todos los ayuntamientos. D e estos d ocumentos nos ocuparemos en la parte final de este epígrafe si bien vale la pen a mencionar que su aprobación y /o existencia no genera , de forma inequ ívoca y como parece e vidente, un incremento inmediato y automático de la participación ciudadana. Pueden existir municipios que funcionen bien en cuanto a participaci ón de la ciudadanía sin contar con un d ocu mento de esta naturaleza, aunque el mismo puede suponer un bue n punto de refere ncia que oriente a los vecinos en cua nto a los derec hos y debere s que les asisten. Del m ismo modo, originariamente, se vinculaba la existencia d e e stos re glamentos con la mas a poblacional del muni cipio estando más indi cados para aquellos núcleos q ue presentan un cierto número de hab itantes. A nuestro juicio, si se redactan de un modo estudiado, con la participación de los vecinos, bien individualmente, bien a través de asociac iones , y se respetan, y endo má s allá de un sim ple documento que sirva como just ificación de determinada s líneas de ac tuación, pu eden resultar valiosos, si bien consideramos que otros factores detentan un may or protagonismo en lo que a promoción de la participación ciudadana s e refiere.  Se reconoce como un nuevo derecho de participación la iniciativa popular, siendo sus ti tulares los vecinos con d erecho de sufragio activo en l as elecciones municipales. Su finalidad e s que los vecinos presenten propuestas de actuac ión en determinada s materias que tienen que ver con la gestión del municipio. Dichas iniciativas podrán inco rporar una propuesta de consulta popular local debiendo estar suscritas, al menos, por el siguiente porcentaje d e vecinos del municipio (vecin os del municipio y no sólo vecinos electore s, lo cual incrementa los porcentajes): 20% en municipios de hasta 5000 habitantes, 15% en municipios cuya población se encuentre entre los 5001 y los 2000 0 habitantes y un 10% en aquellas poblaciones que superen los 20000 habitantes. Sea como fuere, y en lo qu e se re fiere a los efectos d e la iniciativa, ésta deberá ser sometida a d ebate y vota ción en el pleno. Todas estas carac t erísticas parecen trasladarnos a una normativa que más que garantizar la igualdad y el derecho de los vecinos a participar de la g estión municipal, restringe el alcance d e esta forma d e implicación y corresponsabilidad cívica. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 87  Se hace un énfasis especial en la necesidad de qu e los municipios im pulsen la utilización interac ti va de las tecnologías de la informac ión y la comunic ación a fin de facilitar la participación y la relación con los vecinos, la presentac ión de documentos y la re alización de trámites administrativos, de e ncuestas y , en su caso, de consultas ciudadana s. En ningún c aso puede llegar a valorarse esta medida como un nuevo cauce de participación ciudadana que incremente el em poderamiento de los veci nos, sino más bien como un instrumento que busca incrementar la información. Del mismo modo, las dudas con respecto a la bidireccionalidad de la comunicación y al grado de implantación, en muchos municipios, de tecnologías de esta n aturaleza, ha cen poner en tela de juicio a e sta clase de medidas.  La le y también est ablece otra técnica de participación consistente en la repre sentación de los usuarios y d e las entidades ciudadanas en el C onsejo de Administración de las empresas pública s mun icipales.  Asimismo, en los municipios de gran población se preveían otras normas específicas de participación ciudada na, algunas de las cuales y a han si d o citada s, de forma somera, en párrafos anteriore s: o La creación de los Dist ritos como divisiones territoriales propias dotadas de órganos de gesti ón desconcentra da que tratan de impulsar y d esarrollar la participac ión ciudadana en la gestión de los asunt os municipales. o Creación del Consejo Social de la Ciudad con el fin de emitir informes, estudios y p ropuestas en materias de desarrollo económico local, planificación estratégica de l a ciudad y g randes pro yectos urbanos. Dicho órgano estarí a integrado por representantes de las organizac iones e conómicas, s ociales, profesionales y de vec ino s más representativas. o El P leno deberá crear una Comisión Especial de Sugerencias y reclamaciones para defe n der a los vecinos ante la Administración municipal. Vale la pena mencionar que la citada L e y 57/200 3, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno L o cal que vení a a reformar ciertos aspecto s de la L RBR L del año 1985 surgió, en bue na parte, como consec u encia de una r ecomendación efectuada desde la Unión Europ ea a los Estados mi embros, en concreto, la Recomendación (2001)19 del M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 88 Comité de Ministros d el Consejo de Europa d el 6 d e diciembre de 2001 , sobre la participación de los ciudadanos en la vida públi ca local. En el citado documento, para Fernández (2005: 29), “si bien se parte d e la convicción que la democracia representativa forma parte del patrimonio común de los Estados miembros y es el fundamento de la participación de los ciudadanos en todos los niveles territoria les de la vida pública, se constata, no obst ante, qu e el nivel de confi anza de los ciudadanos en sus insti tuciones electas ha desc endido, de mod o que es necesario que las instituciones pública s restablezcan la conexión con la ciudadanía, con objeto d e mantener la legitimi dad d e los pro c esos d e adopción de d ecisiones públicas”. Así las cosas, uno de los puntos es enciales en los que incidía la citada re comendación se centraba en l a necesidad d e fomentar el diálogo entre los ciudadanos y los representantes locales trat ando d e reforzar la le git imidad de las instituciones democráticas a la v ez que se incidía en la efi cacia de su acción. A modo de resumen, las medidas señaladas por esta recomendación europea se dividían en tres gr upos fundamentales (Ibídem, 2005):  Acciones y m edidas relat ivas a la participación en las ele cciones locales y en el sistema de democracia represe ntativa.  Acciones y medidas rel ativas a la participación di recta de los ciudadanos en el proceso de adopción de las decisiones públicas en el ámbito local y en la gestión de l os asuntos locales.  Acciones y medid as esp ecíficas relativas a categorías de ciudadanos que, por diversas razones, encuentran dificultades para participar (mujeres, jóv enes, grupos sociales desfavorecidos, etc.) . Si bien cualquier iniciativa que busque un incremento de la participación ciudadana es bienvenida, parece evidente que las modi ficaciones establecidas por esta ley , los principios señalados en la recomendación eur opea, así com o los instrumentos seña lados en la propia LRBRL , distan de crear un mar co lega l amplio que anime a la participa ción c iudadana. Volvemos a caer en declaraciones oficiales y e n medidas de naturaleza cosmética que no ataca n la raíz del problema y que no superan el nivel, por otra p arte s atu rado, de l as buenas intenciones institucionales, de los discursos solemnes y aparentemente comprometidos cu yo efec to se plasma únicamente sobre el papel y no genera ef ecto alguno en la ciudadanía, más allá que el complic ar su efectiva participación en la gestión municipal. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 89 Hay que reseñar que la citada LRBRL ha sido sustit uida por una nueva le y , la Ley 27/2013, d e 27 de d iciem b re, d e Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local . Una nu eva norm a legal, en vigor desde el 30 de diciembre d e 2013, que vi ene a suponer un complemento a lo establecido en la reforma constitucional del año 2011 (acuerdo secre to de PP y PSOE sin referéndum ni nada qu e se le asemeje), en la que se modificaba el artículo 135 de la Carta Magna recogiendo un pr incipio de estabilidad presupuestaria como principio re ctor que debi era p residir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas, una reforma que se acometió siguiendo fielmente lo ordena do por la Unión Europea, más concre t amente por Alemania. De una forma resumida podría decirse que dicha le y viene a debilitar, aun más si cabe, el poder de los ayuntamientos en la gestión de recursos económicos y la at ribución de comp etencias reforzando el p apel de las Diputaciones Provinciales, todo ello re fugiándose en el argume nto de la austeridad. Una norma que refuerza el carácter centralista y reduce, con ello, el margen de maniobra de los ayuntamientos de modo que niega el papel principal de éstos en cuanto a la atención a la diversidad, las minorías y el tratamiento de la exclusión social. Valdría la pena pararse a pensar por un moment o en que una d e las primeras medidas qu e se tom aron en las dict aduras europeas del siglo XX (Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en el Estado español u Oliveira Salazar en Portugal) fue eliminar las libe rtades y autonomías de municipios y regiones para abrir el camino a sus propósitos totalitarios para analizar la importancia de l a desc entralización en la democratización de los Estados. La aprobación de normas que apo yan la descentralización del Estado es, al menos a priori, garantía de democracia y libertad, puesto que son los municipios quienes pueden dar una respuesta más adecuada a las necesidades, requeri mientos, demandas, deseos, etc. de la ciudad anía, atendiendo a aquellos colectivos desfavorecidos e impulsando actuac iones de naturaleza integral. Todo aqu ello que refiera disposiciones de signo contrario (y la mencion ada le y lo e s) nos conduce a desandar lo andado y a depauper ar la prestación d e servicios básicos a l as personas, retrotrayéndonos varios lustros en lo qu e a derechos s e refiere. Bajo el disfraz de racionalizar la estructura de la Admini stración Loc al (se habla de “disciplinar la actividad de las Admini straciones públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan”), juzgando ésta como sobredi mensionada, y garantizar su sostenibilidad financiera se pretende aprobar esta l e y que viene a completar, en parte y como anticipábamos, a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili dad M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 96 o En la sección cu arta, “S istema de defensa y de protección de los derec hos de los ciudada nos”, también compuesta únicamente por un artículo, s e recomienda a los a y unt amientos que pongan en funcionamiento aquellos medios específicos que consideren más o portunos a la hora de alcanzar la de fensa y la protección de los derechos de los ciudadanos que se recojan, tanto en el Reglamento como en la legislación cor respondiente.  El capítulo tercero, titulado “Órganos de participación”, desarrolla, en sus tres secciones, aquellos aspectos relativos a la definición, la composición y el funcionamiento de los órganos de pa rticipación, de tal manera que: o La sección primera se r efiere al Consejo d e Ciudad, que tendrá como atribuciones fundam entales el debate acerca de l o s planes de actuación generales, canalizar las suger encias, emitir informes, promover estudios y ha cer propuestas en la materia de desarrollo económico, local, planificación estratégica de la ciudad y g randes pro y e ctos u rbanos. Se compone de miembros de c ad a uno de los grupos municipales, el mismo alcalde, representantes de asociaciones y d e otras administraciones públicas con competencias en e l ámbito territorial de la ciudad, etc. o En la secc ión segunda se analizan los Consejos Territoriale s, con l as mismas funciones que el Consejo de Ciudad pero limi tados a un ámbito territorial específico, tratando de favorecer la participación directa y desc entralizada de l a ciudadanía y de las entid ades. Mantiene una composición semejante al Consejo de Ciudad ciñéndose a personas pertenecientes al marco del municipio (representante s d e entidades, ciudadanos “independientes”, etc.). o La s ección tercera se oc upa de los Consejos Sectoriales como órganos de participación que c analizan las iniciativas y las inquietudes ciudadanas e n temas concretos de interés pa ra la ciudad (escuela, cultura, d eporte, medio ambiente, juventud, etc.). Tiene las mismas funciones que los Consejos Territoriale s aunque limitadas a su sector concreto de actividad. C uenta con una composición similar a los anteriores. Además, a lo la rgo del articulado de est a sección se hace r eferencia a la conformación del Consejo de Niños y Ni ñas, y a mencionado, y d el Consejo de Equipamiento como un órgano de participación Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 97 relacionado con la gestión de equipamientos públi cos para facilitar la implicación de la ciudadanía, tanto en su programac ión como en su funcionamiento.  El capítulo cuarto, titul ado “Fomento de las meto dologías participativas” , hace una escueta referencia a la definición del proceso participativo in dicando como fases del mismo: o La in formación, consistente en la difusión del proy e cto. o El de bate ciudadano, centrado e n la pre sentación de pr opuestas por parte de la ciudada ní a. o La devolución, ha ciendo llegar a las personas im plicadas los resultados del proceso. Del mismo modo se hac e mención a que el p rograma de actuación muni cipal recogerá, cada año, q ué pro y e ctos se impulsarán mediante metod ologías participativas, r eflejándose los resultados de los mismos en una me moria de evaluac ión. Cuestiones importantes se abord an también en las siete dispo siciones adicionales que ponen punto y final al R eglamento, un punto y fi nal que, en su concepción de modelo o guía para los diversos municipios constituy e, en realidad, un celebrado punto y seguido. De esa parte fina l, tenemos a bien reseñar, como obligaciones del a y untamiento:  Elaborar una carta ciudadana que a y ude a clarificar, difundir y emplear los medios necesarios para el ejercicio de los derechos de participación, asociación , información, etc .  Promover la elabor ación de un plan de participación que mejore la organización municipal a la vez que la hace más permea ble a las iniciativas ciudadanas, fomentando el interés de la ciudada nía por intervenir en la mejoría de la ciudad.  Promover la creación d e un plan para el fom ento del asociacionismo, de manera que se pot encie la incorporación e impli cación de más personas en el tejido asociativo.  Diseñar un plan de comunicación que garantice una ma yor y mejor información ciuda dana. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 98  Desarrollar un plan de uso de los equi pamientos cívicos, sociales, cultural es y deportivos que optimi cen el ejercicio de los derechos d e r eunión, asociación y participación. Esta parte final del R eglamento de Participación Ciudadana de la FEMP bien podría hacer las veces de resumen, pues se recogen algunas de las cuestiones esenciales sobre las que se centra la atención a lo largo de todo el articulado. Tal y como hemos puesto de manifiesto con anterioridad y como a cabamos de corroborar en el análisis del Reglamento de Participación Ciudadana de la FEMP, el derecho de asociación es uno d e los aspectos más estrechamente vinculados a la partic ipación ciudadana, fundamentalmente por s us potencialidades a la h ora de servi r como vehí culo para canalizar esas ansi as de participar o en su f aceta d e “a gitador” de es e estado d e latencia en el que en ocasiones parece encont rarse la capacidad del ciudada no par a tomar partido en los asuntos públicos. Así las cosas, conviene dirigi r la vista hacia la Ley que regula el derecho de asociación y que, como ocurría con el Reglamento de Participación Ciudadana d e la FEMP , constituye un referente en al ámbito municipal a la hora de regular, gestionar, promover, normalizar, etc., todo aquello que tiene que ver c on entidades ciudadanas y dinámica s p articipativas. En el c aso de l a L ey Orgánica 1/2002, de 22 de marz o, reguladora d el Derecho de Asociación estamos obli gados a un esfuerzo s intético similar al que hemos tratado de acometer hasta el momento con los otros refere n tes que han sido objeto de nuestro análisis, pues su extensión inst a a destacar únicamente aquellos aspectos que consideremos sustantivos en relación a nuestros in tereses y al contenido de esta Tesis Doctoral. La citada Ley tr ata de poner orden y de estructurar un mundo como el asociativo en el que la di versidad en cuanto a la morfología y la tipología, y la complejidad en lo a tinente a la categorización de las dinámicas son dos d e las tónicas dominantes. Antes de entrar en materia es prec iso destacar que las ley es que se centran en la participación ciudadana conceden una importancia significativa a l as asocia ciones para l a de fensa d e los intereses g enerales o sectoriales de los vecinos de manera qu e, l a propia LRBRL, se refiere a ellas como entidad es de p articipación ciudadana . Una de las denominaciones q ue se ha n atribuido a estas organiz aciones se centra en el té rmino part icipación cooperativa , “aquell a participación en la qu e la ciudadanía, sin integrarse en la o rganización públi ca ni eje cutar funciones materialmente públicas, se Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 99 organiza de forma asoci ativa para la realizació n de inter eses generales, en su caso, en colaboración con la Administración Pública” (Fernández, 2005: 313). El mismo autor destaca que “las a so ciaciones const ituyen una inneg able manifestación democrática, tanto por la libertad de asocia rse o c rear asociaciones, como por la regla según la cual, y a dife rencia d e otras organizaciones jurídi co-privadas, la orga ni zación int erna y el funcionamiento de las asociaciones d eben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo” ( Ibídem, 2005: 314). Cuestión ésta que se recoge, de forma explíc ita, en la mi sma le y cu y o b reve análisis emprendemos a continuación. En la misma exposición de motivos se reconoc e que el derecho de asociación constitu y e un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, proy e ctando su extensión desde una doble perspectiva: por un lado, como un der echo d e las personas en el ámb ito de la vid a social y, por otro lado, como capacidad de las propias asociaciones p ara su fu ncionamiento. Del mi smo modo, se pone de manifiesto que el ámbito de la Le y queda limitado a las asociaciones sin f in de lucro, lo que excluye a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativa s y mutualidades, y a l as co munidades de bienes o d e propietarios. En esta línea se reconoce l a importancia del fenómeno asocia tivo como instr umento de integración e n la sociedad y de participación en los asuntos públicos, desempeña ndo un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejerc icio ac ti vo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públic os y d esarrollando una función esencial e im prescindible e n el quehacer político. Quizás una de las representac iones más características de las asociaciones en el ámbito local corra a cargo de l as asociaciones de vecinos. Agrupa ciones qu e, creadas en no po cas ocasiones de una forma espontánea, aglutinan a buena p arte de las personas de los diferentes barrios, distritos, parroquias, aldea s, etc. ( en fun ción del tamaño y número de habitantes del municipio) realizando, al menos, una doble función: una a la que podrí amos adjetivar como más oper ativa, c entrada en el control de los responsables de la g estión municipal, en la defensa de derechos y en la reivindicac ión de intereses generales ( asignación de recurso s municipales, por ejemplo); y otra pu ramente inf ormal y, si se nos permite, más emociona l o vivencial, vinculada a su categorización como lugar de encuentro, de expresión de intere ses comunes (construcción de comunidad), con un carácter lúdico y recreativo. De esta manera, el M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 100 fomento de l as aso ciaciones vecinales se en cuadra dentro del más amplio fomento de l as ac tividades de interés ge neral a cargo de entidades organizativas creadas p or la so ciedad civil sin ánimo de lucro. L a declaración de interés gen eral depende de los siguientes requisitos que se detallan (Ibídem, 2005):  Fines de interés general. Los fines que se recojan en los estatutos de la asociación deben tende r a promover el inter és general, oscilando entre lo s de carácter cívico (donde se en cuadrarían las entidades vecinales), hasta la promoción y atención a las person as en riesgo de exclusión, p asando p o r f ines de n aturaleza educativa, cultural, deportiva, sanitaria, de a sist encia social, de cooperación para el desarrollo, etc.  Ausencia de ánimo de lu cro.  Carácter abierto a la sociedad: “la actividad d e la asociación no deb e estar restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abier ta a cualquier otro posible beneficiario que reúna l as condicion es y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines” ( I bídem, 2005: 323).  Idoneidad de la organi zación: “la asociación debe contar con los m edios personales y materiales ade cuados y con la organiz ación idónea pa r a garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios” ( Ibídem, 2005: 323). P ara el acceso a subvenciones públicas se escruta, del mismo modo, su labor en los dos años precede ntes de acuerdo a l cumplimiento de sus fines estatutarios. A continuación y del mismo modo con el que hemos actuado en relación al Reglamento de Participación Ciudad ana de la FEMP, nos disponemos a acometer u n re cor rido por los aspectos prin cipales de l a L e y que r egula el d erecho de asociación, r etratando y enfatizando aquellas cuestiones destacadas en cada uno de los ocho capítulos que la componen. De tal modo hacemos menc ión a:  El capítulo primero, que incluy e las Disposiciones Generales y se c onfigura con un carácter marcadamente int roductorio, re saltando los aspec tos generales que circundan al derecho de asociación. L a libre constitución de a sociaciones, s u funcionamiento interno de cará cter necesariamente democrático, las relaciones con l a Administración (a y ud as, subvenciones, as esoramiento, información, etc.), la exclusión de los colectivos señalados con anterioridad en el comentario acerca de la exposición de Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 101 motivos, la posibilidad de constituir federa ci ones, confederac iones o uniones de asociaciones, etc.  El segundo c apítulo se ocupa expresamente de la constitución de las asociaciones. Éstas serían creadas mediante acuerdo de tres o más pe rsonas físicas o jurídicas legalmente con stituidas para el desarrollo de finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular dotándose, para ello, de unos estatutos y fo rmalizando ese acuerdo m ediante un acta fundacional. Los ve ricuetos relativos a los requisi tos que han de reunir tanto el ac ta fundac ion al como los estatutos (denominación, domicilio, duración, fines y actividades de la asociación, requisitos y modalidade s de admisión y baja, derechos y obligaciones de los asociados, patrimonio inicial, recursos económicos, etc.) y l as cu estiones referidas a la denominación, domicilio e inscripción en el Registro de Asociac ion es son tenidos en cuenta en este capítulo.  El terc er capítulo ce nt ra su atenc ión en el func io namiento de las asociaciones destacando la referencia que se hace en el régime n de actividades a qu e en caso de que las asociaciones obtengan algún beneficio, éstos deberán destinarse única y exclusivamente al cumpl imiento de los fines por los que se constitu y eron, sin que exista la posibilidad de repartir tales contraprestaciones entre quiénes formaliz aron la asociación ni con respecto a personas próximas a los mismos. La modificac ión de lo s estatutos, las obligaciones documentales y cont ables, y el proceso de disolución y liquidación de las asociaciones también en cuentran, entre otros asp ectos, su lugar en este tercer capítulo.  El capítulo cuarto hace menc ión a los integrantes de las asociaciones, los asociados. L o más destacado son las referenc i as que se e fectúan a sus derechos y debere s. Ent re los derechos se mencionan los siguientes: o A participar en las actividades de la asociación, así como en los órgan os de gobierno y repre s entación y a ejercer su derecho al voto. o A ser informados a cerca de la composición de los órganos de gobiern o y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desa r rollo de su actividad. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 102 o A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a s er informado de los hechos que den lugar a tales medidas. o A impugnar los acuerdo s de los órganos de la asociación que estime contrarios a la ley o a los estatutos de la propia a s ociación. Como deberes se citan los siguientes: o Compartir las finalidades de la a sociación y colaborar para l a consecuc ión d e las mismas. o Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corre sponder a cada socio. o Cumplir las obligaciones que se señalen en los estatutos. o Acatar y cumplir los a cuerdos adopt ados por los órganos de gobierno y repre sentación de la asociación. En este capítulo se r egula también la s eparación voluntaria por parte de los asociados.  El ca pít ulo quinto se focaliza hacia una temática ciertamente densa, la que se refiere a los Registros de Asociaciones. L a existencia de un Registro Na cional, de Registros Autonómicos y la necesidad de cooperación y colaboración entre Registros, así como todo lo relativ o a la inscripció n de la asociación y al régimen jurídico de la misma.  El sexto capítulo analiza las medidas de fomento en la conformación o creación de las asociaciones señalando que las Administ raciones públicas promoverán y facilitará n el d esarrollo de las asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones que persigan finalidades de interés g eneral, respetando siempre la libe rtad y autonomí a frente a los poderes p úblicos prestando, además, la colaboración n ecesaria a las personas que p retenden emprender cualquier pr o yecto asociativo. Todo ello sin óbice de lo indicado con ante rioridad en referencia a la prestación de as esoramiento, información, la c on cesión de a yuda s, subven ciones, etc. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 103 Especialmente interesante es la referencia qu e se hace en este capítulo a las asociaciones de utili dad públi ca que, p ara obte ner tal conside ración o declarac ión, deberá n cumplir una serie de requisitos: o Sus fines estatutarios deberán tender a la promoción del interés general, siendo de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia s ocial, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección d e la familia, de defensa del medio ambie nte, de promoción y atención a las per sonas en riesgo de exclusión, etc. o Su actividad no puede estar restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino que ha de estar abierta a cu alquier otro posible beneficiari o que reúna l as condiciones y c aracteres exigidos por la índole de sus propios fines. o Los miembros de los órganos de r epresentación que per ciban retribuciones no de b erán hacerlo con cargo a f ond os y subven ciones públicas. o La s asociaciones, feder aciones, etc. deben co ntar con los medios personales y mat eriales adecuados y con la organización idónea para garantiz ar el cumplimiento de los fines estatutarios. o La s asociaciones, fe d eraciones, e tc. han de encontrarse constituidas, inscritas en el Registro c orrespondiente, en funcio namiento y dand o cumplimiento efec ti vo a sus fines estatutarios al menos en los dos años anterior es a la presentación de la solicitud par a ser declaradas de utilidad pública. La s asociaciones que s ean d eclaradas de utili dad pública dispo ndrán de exenciones y beneficios fiscales y e conómicos estando sujetas, por ello, a un control más exhaustivo por parte de las autoridades. S egún se establece en la disposición transitoria segunda , la lista de estas asociaciones s e publicará en el plazo de un año en el Boletín Oficia l del Estado (BOE).  El capítulo séptimo se ocupa de las garantías jurisdi ccionales, es decir, todo lo relativo a las sit uaciones de tutela judici al de una asoci ación, a la suspensión y disolución judicial de la misma, y todo aquello q ue guarde relación con las situaciones M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 104 en que la asociación incu mple lo establecido en la le y, persigue fin es ilícitos, no respeta sus propios estatutos, etc.  El capítulo octavo se reduce a una escueta referencia a l a posibilidad de constituir Consejos Sectoriales de Asociaciones a fin d e as egurar la colaboración entre las Administraciones públicas y las asociaciones, como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos. Serían órganos de consulta, información y asesoramie nto en ámbitos concretos de actuación y estarían integrad os por repre sentantes de las Admini straciones públi cas, de las asociaciones y por otros miembros que se designen en virtud de sus especiales condi ciones de experiencia o conocimiento. Pues bien, en base a estas y otras normativas, sometiéndose a ellas, aca tand o su contenido y tomándolas como ineludible y obli gado referente aparecen, en el contexto de los municipios, los Reglamentos d e Participación Ve cinal . Habíamos dicho con anterioridad que, siquiera de un modo somero, nos gustaría abordar el an álisis del contenido de un Reglamento de esta n aturaleza a fin de observar cómo, a nivel municipal, se int entaban operativizar todas las cuestiones puestas de manifiesto en las disposiciones legales mencionadas a lo largo de este epígrafe. Anticipábamos, también, qu e el muni cipio seleccionado, en base a ostentar una tipología o morfología común en la realidad local gallega, era e l de Vedra. En este sentido es conve niente señalar la relevancia de l a existencia de reglamentos de ese ti po en los municipios pues operan c omo una guía de proximidad, a disposición de los ciudadanos, recogiendo s us derechos es enciales y las obligaciones de la Administ ración para con ellos. Del mismo modo esos Reglamentos, por constituir una norma jurídica, pueden ser invocados ante los tribunales si se vulnera alguno de los preceptos que en ellos se inclu ye . Así las cosas, podríamos afirmar que otorgan una mayor “seguridad” a los ciudadanos a la hora d e ejercer sus derec hos y su ponen, además, una herramienta de autoorganización municipal. En las líneas que siguen realizaremos un b reve análisis que permita obtener una visión genera l acerca de cómo los a yuntamientos trasladan a sus contextos particulares la s declaraciones de buena s i ntenciones que se recogen en los textos legales. Quizás, tras leer el citado Reglamento de Pa rticipación Ve cinal y luego de hab er escrutado la opinión de su técnico de cultura (tarea que, como hemos anticipado, acometíamos Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 105 en el Trabajo de Investigación Tutelado previo a esta Tesis Doctoral), se pueda experimentar una sensación de cierta dece pción pues la mayor parte de lo señalado se extrae de las normativas analiz adas con anterioridad, y el le nguaje, si bien no está tan plagado de los formalismos característicos de los textos legales, dist a mucho de aproximarse a un l enguaje llano y comprensible para el pueblo. Sin embargo, y como el análisis de los textos no es lo que nos ocupa en este epígrafe sino que lo que pretendemos es señalar sobre qué base legal puede la ciudadanía, indi vidual o colectivamente, cimentar su par ticipación y desarrollar sus iniciativas, vamos a señalar como aspectos más d estacados del R eglamento de Participación Vecinal de Vedra, los siguientes:  En el artículo ocho se establece la creación, en las dependencias del ay unt amiento, de una Of icina de Inf o rmación Municipal y de Asesoramiento a las Asociaciones que p retende recoger las iniciativas, quejas, reclamaciones, etc., presentadas por los vecinos o por las entidades ciudadanas, además de ofrecer asesoramie nto en cuanto a subven ciones, a y udas, etc., tr atando d e gen erar una r elación más fluida entre la admi nistración municipal y la ciudadanía en gen eral, en especial con las asociac iones.  Merece la pena, a modo de resumen y para ofrece r una panorámica general del Reglamento, hacer referencia a los objetivos del mi smo que recogen lo m ás importante de lo señalado a lo l argo del articulado. Así, aparecen como principios básicos: o Facilitar información sobre las actividades, obras y servic ios, desarrolla das por el a y un tamiento. o Hacer efec tivos los derechos ciudadanos recogidos en la legislación vigente. o Facilitar y promover la iniciativa y participación de los v ecinos, la s vecinas y las e nti dades ciudadanas en la gestión municipal. o Fomentar la vida asociativa del municipio. o Acercar la gestión municipal a los ciudadanos y c i udadanas. Para finalizar con este e pígrafe, y de una fo rma mu y r esumida, nos gusta ría señalar que, tras el análisis de la l egislación vigente en materia de participación con referencias a la Administración local, llegamos a la conclusión d e que, en materia de derechos ciudadanos, no M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 112 que nos sirve de ejemplo para resaltar cómo las circunstancias glo bales mediatizan el quehacer en los contextos locales, condicionando fuertemente la labor de sus gobernantes e influye ndo, de fo rma intensa, en la capacidad d e los ciudadanos p ara hacerse prot agonistas de sus propios procesos de desarr oll o. Cuadro 1.3. Ca mbios contex tuale s e impac tos comu nitarios. Cambios con textuales Contenidos bás i cos Impactos sobr e l a es f era l ocal Fragmenta ción soc ial Nuevas estruc t uracione s de la desigualdad Articulación com unitaria de los colectiv os vulnerabl es a procesos de ex cl usió n social Reestructu ración de l os referentes d e i dent idad Reorientación de las estrategias d e i dentida d hacia la experiencia compartida Em er gencia de la d i mensió n comunitaria d e la cultura política del bienestar Cambio de parad igma productivo Del m odel o fondista a l a acumulació n flexible y reflexiva Cotidianeid ad articulada a la crisis del em pleo. Estrategias de desarrollo endóg eno. Ofert a flexible de po líticas FUENTE : Brugué y Go m á ( 1998: 43) Sea como fuere, y teniendo en cuenta lo indi cado hasta el momento, la descentralización se convierte, pues, en un mecanismo de gran importancia para el logro de gobiernos que, a diferente escala (tanto para da r respuesta a problemáticas globales como para enfrentarse a otras con un componente , hasta cie rto punto, más territorializado), sean capaces de responder a las necesidades y t ambién, en la medida de lo posi ble, a las p referencias de la ciuda d anía, intentando superar “la vi sión de un sector públic o que gobierna desd e la autosufic iencia, sin necesidad aparente de interaccionar con otras esf eras sociales, y que lo hace ad emás desde parámetro s exclusivos de legitimidad elec toral y racionalidad bu ro crática” (Ibarra , Gomá y Martí, 2002c: 66). Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 113 La nueva situación glo bal, el macrocontexto, exige cambios en las estructuras de gobierno de carác t er micropolítico, cambios no sólo de forma (a los que luego aludiremos), sino también de fondo, avanzando hac ia perspectivas centradas en la democracia participativa. En este sentido, Borja (2000: 5) habla d el principio de subsidiaridad indicando que su aplicación sistemática “supone no sólo descentralizar a favor del nivel r egional -local todas aquellas competencias y f unciones ejercitables en este nivel, sino también atribuir a la institución territorial la coordinación de los programas y pro yectos concertados” preservando, en favor de los entes muni cipales, aquellas funciones que requieren más proximidad. Un camino que, desgra ci adamente y como hemos vist o en el aparta do dedicado a la legislación (la que hay y la que se e spera), no resulta liberado sino que se plaga de obstáculos en forma de normativas centralizadoras que limitan el poder de a ctuación d e los niveles administ rativo- territoriales más próxim os a la ciudadanía. C omo ejemplo clarificador de tales cuestiones presentamos el sigui ente cuadro que alud e al poder y a las respons abilidades en tales escenarios: Cuadro 1.4. Gob iernos a múltip l es nive les: las redes local-global. Relaciones in tergubernament ales clás i cas Relaciones de governance multinive l Federalism o funcional Federalism o Dual Federalismo re t icular Relaciones de pod er Jerarquía Autonom í a Interdepende ncia Responsabil i dades Especializadas Segm ent adas Compartidas FUENTE : I bar ra, Gomá y Martí (2002c: 60) Sin embargo, y al contrario de lo que pueda pensarse, esa asunción de responsabilidades por parte de los enclaves locales no se produce como consecuencia de una inercia positiva (proce sos descentralizadores intencionados), sino que resulta obli gada de acuerdo, como señalábamos con anterioridad, a “la pérdida de l as funciones que le son propias al Estado nación y la me rma de su capacidad polí tica op erativa, tanto en el interno de los propios estados como en sus relaciones externas” (Alguac il, 2006a: 19). Me r ma o pérdida qu e, como M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 114 y a hemos visto, deviene de un sistema sociopolít ico y económico (modelo neoliberal) que otorga el mando al mercado “vaciando” d e funciones a los, otrora sober anos, Estados nación. Es esa situación, junt o con la necesaria colaboración d e la ciudada nía en común, l a qu e provoca que “los gobiernos locales y los movi mientos sociales ganen conciencia de sí y tiendan hacia una a lianza cohere nte para la aplica ción de políticas su pletorias, a la vez, locales, integradas y universalistas con una potencia relacional que trasciende sus propios territorios” ( Ibídem, 200 6a: 19). En este sentido, Ibarra y otros (2002b: 259) entienden que, desde una con cepción di aléctica de l a hist oria y a la hora de combatir o reformar los mod elos institucionales heg emónicos en los diferentes niveles territoriales o de gobierno, “es ne cesario entender la existencia y el rol de los movimientos sociales como un fenómeno im prescindible en el proceso de creación y renovación de la cultura política democr ática; permanentem ente innovador y radicalmente crítico”. Siguiendo al mismo a utor al que veníamos haciendo r eferencia con anterioridad (Alguacil, 2006a), nos encontramos con que esa pérdida de funciones p or parte del Estado nación ac epta un análisis bidimensional, como imp actos y como oportunid ades, pudiendo ser proy ectadas, éstas últimas, como políticas locales integradas vinculadas a una perspectiva de democracia compleja, m ultidi mensional, integral e interactiva. Una democracia participativa, deliberativa, reflexiva, que se fundamente en el compromiso radical de los ciudadanos con sus propios procesos de desa rrollo y con la persecuci ón de la calidad de vida y el bienestar, una calidad de vida relacional y un bienestar compartido. Es obvio que el a uge del modelo capitalista o neoliberal tr astoca multitud de aspect os relativos a la vida coti diana (económica, productiva, cultural, social, ambiental, política, lúdica, etc.) en el ámbito lo cal. Las principales dimensiones a ana lizar y sus impl icaciones son las siguientes:  Dimensión económico- laboral. L a deslocalización de las activid ades productivas motivada por la búsqueda de mano d e obra barata así como p or el aug e d e las tecnologías rompe con los determinantes territoriales y la heg emonía de los sectores productivos tradicionale s. Como consecuencia s e produce una eno rme f lexibilización del mundo laboral y una desre gula ción en las relaciones labo rales qu e de sembocan en una segmenta ción social determinada por la creciente hete rogeneidad en las formas de empleo y d e la organiz ación del trabajo, lo que lleva a una precarización del empleo y al desempleo estruc tu ral. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 115 Esas cir cunstancias obli gan a adoptar políticas d esde una persp ectiva d el desarrollo local. Se busca el d esarrollo de una economía social y solidari a, basado en un a democracia económica que viene definida por el control del proceso productivo por parte de los participantes que cooperan en el mismo, y por la apropiación de los medios de producción y lo producido por p arte d e los trabajadores, tratando de escapa r de l as dinámicas globales. Todo ello sin menoscabo de mencionar alternativas tendentes al decrecimiento y l a autosuficiencia que analizaremos en el segundo capítulo.  Dimensión cultural. La atomiz ación y homogen eización cultural que se dest ilan de esa suerte de nuev a colonización que es la globalización, generan una gran fragmentación y ruptur as sociales en el ámbito de lo local (dominación cultural, desigualdades estructurales, etc.). Abordar es a multidimensionalidad y complejidad precisa d e polí ticas locales de cohesión social, e intervención int egrada e inclusiva que, basadas en la democracia cultural como superadora de los límites de la de mocratización cultural, sólo se podrán alcanzar con la introduc ción de innovaciones participativas de carácter tr ansversal, que busquen la inclusión en la vida social a través, entre otras, de l a igualdad entre g éneros; la interculturalidad; la igualdad de opo rtunidades; o el acceso a los recursos culturales, al conocimiento, a la c omu nicación, etc.  Dimensión ambiental. La huella ecológica de las ciudades, de lo local, deja sentir su impacto tant o a escala menor, co mo a nivel pl anetario. P or ello, l a sostenibilidad ha de comenzar en las ciudades y r equiere de la corresponsa bilidad de los ciudadanos en l as políti cas urbanas de sostenibilidad. L a instau ración de una democracia ambiental sólo será posible en la medida en que la corresponsabil idad cívica se traslade también al pl ano ecológico, es decir, el desarrollo de los comportamientos prototípicos de un com unidad local (l a ide ntif icación con un te rritorio, con uno s semejantes, el desarrollo de actividades productivas de índol e cooperativo, etc.) supondrán la asunción de una responsabilidad c om partida en el contexto ambiental. Es preciso destacar que, cuando nos referimos a encl aves loc ales t ratamos de integrar en tal denominación a todos los contextos municipales con independencia de su tamaño, si bien esta cuestión ostenta un fuerte protagonismo a la hora de diseñar las políticas que s e desean llevar a cabo. Lo hacemos desde el firme convencimiento de que la promoción de la participación es igualmente importante en núcleos urbanos que en espacios rurales, en grandes M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 116 poblaciones que en núcleos más reducidos. En est a lí nea, a pesar de lo qu e pueda pens arse, si se efectúa un aná li sis superficial d e la cuestión re fe rida a la participación ciudadana, en cuanto a que los municipios grandes (territorio y población) encuentran m ayores dificultades, en virtud a las carac t erísticas mencionadas con an terioridad, a la hora de tr atar de cat al iz ar la participación de amplias capas d e la población alcanzando la totalidad de su territorio, y aun pudiendo aceptar como lógica tal argumentación, ese razonamiento no puede llevar asociada, por extensión, la idea de que en los municipios pequeños (tant o en t erritorio pero, sobr e todo, en población) la p articipación, su fomento, su ponen una tarea a desarrollar con ma y or facilidad, a l menos por lo que ocurre en la realidad local gallega. Esa tipología de ayuntamientos, con un número reducido de habitantes es la que abunda, como decíamos, en el contexto gallego (marco de estudio y re ferencia para este trabajo). E n tal contexto, y a pes ar de que la ma y or o menor amplit ud territorial se vea relativizada por el factor h abitantes, abund a la dispersión poblacional con pequeños nú cleos, en ocasiones mu y alejados del consistorio, ya no tanto en distancia e fectiva, que también, sin o en comunicación, diálogo, colaboración, objetivos , lenguaje, etc. En esos enclaves, la participación, lejos de encontrar un aliado en el reducido tamaño del mu nicipio y en el escaso nú mero de habitantes, descubre nuevos obst áculos en fo rma d e es a señ alada dispersión poblacional y en el cinismo político en ciertas ocasiones asociado a tal circunstancia: se les ti ene en cuenta en cu anto a que son votos pero se l es deja de lado cuando d e l o que se trata es de ofrecer alternativas para que expresen sus necesidades, deseos, pr eferencias, etc. y participen, en de finitiva, en la vida política de la que de p ende la evolución de su espacio vital. Se a como fu ere, con c ierta independencia en relación al tamaño y al número d e habitantes, parece obvio que e s “en el ámbito de lo local donde los ciudadanos pueden alcanzar ma y or autonom ía y obten er la oportunidad de incorporarse a una estructura común de acción política. En este ámbito se encuentran estructuras de orden gubernamental (gobiernos locales) y de orden societario (organizaciones social es). Ambas estructuras, po r su carácter privilegiado d e proximidad y de ser potencialmente difusores de los princ ipios universalistas son escuel as de democracia” (Alguacil, 2006a: 17). Del mis mo modo, y si nos detenemos en l a educación para la participación, en la que profundizaremos en la parte fin al de este capítulo, el mis mo autor ( Ibídem, 2006a: 17), argumenta qu e “estas estru cturas se encuentran en mejor dispo sición para incorporar a los ciudadanos a procesos de comunicación Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 117 y d e delibe ración, y por tanto, están en mejor dis posición de transmitir a los ciudadanos las habilidades necesaria s p ara moverse en la esfe ra d e la política”. Para Innerarity (2006: 202) el complejo equilibrio entre el Estado y los gobiernos locales junto con la existencia de una sociedad más interdependiente y globalizada de la que emerge n problemáticas cada vez más complejas, plurales y div ersas motivan que “las tareas públicas y a no se pu edan realiz ar dentro de los lí mites institucionales”. Sería preciso cont ar con la colaboración de diversos agentes tratando “de salvar al poder haciéndolo cooperativo, de transformar la política d e manera q u e pueda así cumplir las funciones que le asignamos” (Ibídem, 2006: 202). Hablamos pues, y como lo h acíamos con anterioridad, de un pro y e cto d e innovación política local que permita “ establecer una separación -confrontación con el sis tema político estatal” (Borja, 2000: 7). Este autor, desde la conciencia de la ne cesaria cooperación entre administraciones, reclama la necesidad de una ruptura que se centre en los tres aspectos que siguen (Ibídem, 2000):  La cultura política a la que hemos hecho referencia con anter ioridad ha de favorecer el h echo de qu e la política se entie nda como algo cotidiano y que atañ e a l a totalidad de la ciudadanía. Supone, por lo tanto, “el pr oceso de legit imación y de hegemonización de los valores y objetivos implícitos en los temas ( ya al o rden del día) de la subsidiarid ad, el gobierno de proximi dad, la p articipación c iudadana, el federalismo, la identida d local-regional- nacional (no estatal), la autodeterminación” (Ibídem, 2000: 7). Es algo dinámico que emerge como causa y consecuenc ia, como reflejo, del f un cionamiento pol ítico de una sociedad.  El sis tema representativo local que debiera dist inguirse en gran medida del estatal de modo que los partidos políticos de dicho ámbito no pudieran presentar se a las elecc iones locales. Se trata ría de configurar un sistema político local independiente en el cual, si bien podrían darse l as mismas situaciones que se dan en otros niveles (cac iqui smo, insolidarida d, populismo, etc.), serían mas fá ciles d e combati r avanzando hacia la necesaria transpa rencia y la deseable conquista de poder por parte de los ciudadanos.  La conquista de competencias se rí a la consecuencia de las modificaciones implementadas en las dos parcelas citadas con inmediata anterioridad y a que “el gobierno democrático del territorio exige co nquistar competencias en promoción M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 118 económica, justicia y seguridad, infraestructuras y equipamientos del territorio, bienestar socia l, cultura y medios de comunica ción social” ( Ibídem, 2000: 8). El protagonismo de los municipios es, por lo tanto, indiscutible, configurándose como una realidad inevitable que puede ser r etratada “como una importante unidad de gestión de la s políticas públicas (…) de organización y p articipación políticas (…) Una parte importante de las actividades interdependientes, de la movilidad de las personas, de la organización de los servicios y de las empresas, de las relac iones sociales y de la percepc ión simbólica corre sponde al territorio municipal” (Borja, 200 3: 36). Es el mar co ideal a partir del cual combatir la fragmentación espacial (generada, en muchas ocasiones, por la citada irracionalidad de los procesos urbanizadores), la desestructuración soci al y el mencionado debilitamiento del rol del Estado. Se trata, en buena parte, de f avorecer, a pa rtir de la actividad sociopolítica en los espacios locales, la conquista de n uevos derechos para la ciudadanía (identidad colectiva como comunidad, calidad del medio ambiente, derecho al espacio público, etc. ). El desarrollo y legitimación de los mismos exigiría un triple proceso (Borja, 2000):  Cultural, “hegemonía d e los valores que están en l a base d e estos derechos y de explicitación o especificación de los mismos” ( I bí dem, 2000: 25).  Social, centrado en la mo vilización ciudadana que haga efectivos esos derechos crea ndo los mecanismos, instrumentos, procedimientos, etc. que los h agan efectivos.  Político-institucional, formalizando tales derechos e implementando las políticas que los hagan e f ectivos. Reiteramos que l a labor de los a yuntamientos como promotores de la parti cipación, sin obviar el protagonismo que necesariamente ha n de asumir las dinámicas cívicas como mecanismos paliativos, por e jemplo, de esa señalada disp ersión poblacional, requiere un ingente esfuerzo por part e de los responsables de t ales inst ituciones que han de asumir la tarea del liderazgo; como apunta B orja (2006: 63) “la gestión democ rática y l a particip ación ciudadana solo serán efectivas si los ciudadanos ti enen delante su y o un os poderes locales con capacidad de decidir, o d e incidir eficaz mente delante de otros pod eres pol íticos, económicos o culturales”. Así las cosas y antes de abrir un espacio destinado a anali zar los procesos de colaboración, así como las posibles fricciones, que surgen entre organiz aciones sociales y Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 119 municipios, es necesario resaltar tres aportaciones fundamentales de los movimientos cívicos a la gestión del espacio municipal (Borja, 2003):  Han contribuido de una forma decisiva a lo que p odríamos denominar como la revalorización del lugar, tratando de incrementar la calidad de vida desde e l disfrute compartido del espacio público.  Han realizado una labor importante centrada en l a exigencia de la democ racia ciudadana , de la concertación y de la participación en planes y pro yectos, de progr amas integrados, la gestión de proximidad, etc., tr atando de materializar en los contextos próximos las citadas exigencias en cuanto al repa rto de cotas de poder con la ciudadanía.  Como consecue ncia de los dos factores y a res eñados, han favorecido una consideración del ciudadano ineludiblemente li gada a la pa rticipación efectiva en l a construcción y gestión de su espacio vit al, favoreciendo pro cesos int egradore s, (re)surgimiento de lazos comunitarios y , como c onsecuencia de t o do ello, un incremento d e la autoestima de las personas qu e se sienten re cono cidas y que son tenidas en cue nta. A decir de Borja (2003: 131 ) “la ciudadanía se conquista en el espacio público” . Los vericuetos de es a labor de promoción de la participación en los contextos locales, así como todo aquello que aparece asociado a la mi sma, son objeto de estudio en este epígrafe que intenta constituirse en una ll amada de atención, y h asta de soc orro, en cuanto al desaprovechamie nto del potencial y la capacidad de ar rastre d e los municipios desde una, a nuestro juicio, equivocada concepción del té rmino servicio público que obvia e incluso margina a aquellos a los que debería dirigi rse. En este sentido resulta fundamental la consideración del espacio públi co, a la que aludiremos más adelante, así como el hecho de alertar de que, en situac iones de crisis y adelgazamiento forzoso de lo p úblico en la esfera local, la dieta suele centrarse pode rosa y alarmantemente en aquello que se juz ga como prescindible y que afecta a aqu ellas partid as relacionadas con educación, cultura, participación, ocio, etc. dando idea d e la consideración políti ca de tales ámbitos y amenazando a las mismas con la más absoluta inanición que repercutirá, como no podía ser de otra manera, en las oportunidades de de s arrollo personal de la ciudadanía. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 120 En el cuadro 1.5 podemos observar algunas de las relaciones y de las dinámicas interactivas que tienen lu gar como conse cuencia del encuentro d e los gob iernos locales y las organizaciones sociales, encuentro que, en no pocas ocasiones, se topa con fuertes resistencias institucionales basadas en las anteriormente mencionadas consideraciones jerarquizadas y paternalistas. S e trata fundamentalmente de efectos beneficiosos para la c iudadanía y para la gestión democrática de l a vida pública que se leen esencialmente en t érminos de colabo ración y , v alga la r edundancia, de cog estión, enfrentándonos a procesos de n aturaleza gradual que se han de ir anda mi ando poco a poco hasta llegar a fra guar un verdadero cambio de l a cultura política y de l a consideración de la participación ciudadana. Cuadro 1.5. Ad mi nistrac ión local y asoc i acionism o. Ámbitos Sociedad civi l Autoayuda Asociacionism o Movim ient os sociales DESAR ROLLO COMUNI TARIO Legislación Subvencione s I nf raestructura PROMOCI ÓN ASOCI ACIONISMO Administrac ión Presión Colaboración CONTR OL DE GESTIÓ N Descentral i zación Gestión indi recta de se r vicios GESTI ÓN DEMOCR ÁTICA Sociedad civi l Administrac ión Agentes FUENTE : López de Ag uil eta (2000 : 231) Esa pretendida labor conjunta por parte de inst ituciones y de la iniciat iva social que reclama mos de forma insistente como un camino adec u ado hacia la consecución de una democracia y de un procedimiento en la toma de d ecisiones públicas armado de legitimidad encuentra, sin embargo y como anticipábamos en párrafos anteriores, importantes resistencias en ambas partes. La s inst ituciones suelen ser r eacias a otorgar poder a la s dinámicas cívicas desde el equivocado pos icionamiento de que la l abor d e gestión y decisión es competencia Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 121 suya en exclusividad. Así, L óp ez -Cabanas y C hacón (1997) identifican tres malentendidos de la Administración hac ia la iniciativa social que nosotros resumimos de la siguiente manera:  La iniciativa social es r esidual. Tal argumento implica que ésta desaparecerá cuando los recur sos del Estado sean ajustados a los problemas sociales, gara ntizando una buena planificación y gestión. Razonamiento utópico puesto que ni la naturaleza del propio Estado, ni la de las problemáticas sociales posibilitará, en ningún caso, que se alcance esa sit uación id ílica en la que el Esta do responda de forma inequívoca y permanente a los problemas sociales que, por otra parte, en cuentran en el dinamismo y el carácter ca mbi ante dos de sus señas de identidad principales.  Es instrumento de tratamiento de ciertas patologías sociales. La inici ativa social actúa desd e una perspectiva pu ramente reparatoria y asistencial en el tratamiento de ciertas patologías qu e deben ser contenid as en pro del buen funcionamiento del sistema (mendicidad, soledad del anciano, etc.), que surgen por una respo nsabilidad de la que el Estado hace d ejación y que son signos d e la miseria estructural generada po r el propio sistema.  Es mano de ob ra b arata. La Administración paga los servicios de la inici ativa social a través de subven ciones que no corresponden al valor real de dichos servicios. A este respecto, el uso abusivo del voluntariado, so bre todo en épocas de crisis, termina genera ndo conflictos entre la iniciativa priv ada sin ánimo de lucro y el movi miento sindical que luch a por los derechos laborales de l os trabajadores, d erechos de los qu e el voluntario no disfruta en la may o r parte de las ocasiones. Por otra parte, también existen malentendid os de la iniciativa so cial haci a l a administración (Ibídem, 1997), que se centra n, en esencia, en las siguientes cuestiones:  O ellos o nosotros. La in iciativa social suel e cons iderar que en el campo d e la acción social hay parcelas que le son propias, en las que la in tervención del Estado se vive como una exprop i ación.  Ellos cuando nosotros no ll eguemos. Se debe dejar que la ini ciativa social trate de resolver por sí misma las situaciones de necesidad. El Estado intervendr á cuando esta situación no se prod uzca. Ello ocasiona importantes deficiencias centrada s M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 128 social que se desarrolla en su seno. Si bie n esa estructura actúa como u no de los factores responsables del gra do de comunicación, encue ntro, diálogo, etc. que se pueda lleg ar a alcanzar, no determina tales facetas de un a manera inequívoc a. Es más, podemos llegar a entender que se a la morfología so cial la que tenga la última palabra – a tra vés de su uso- a la hora de determinar para qué sirve y qué sig nifica un espacio construido. Aun así, y siguiend o a Delgado (2011: 10), es conve niente combatir esos riesgos que supone la generalización de una determi nada ordenación territorial (factor condicionante aunque, como acabamos de ver, no determinante) en función de la cual, mediante estímulos físicos, se puede inducir el desenca d enamiento de d eterminada s pautas de comportamiento o, cuando menos, predispone r a ellas a los ciudadanos, de modo que el esp acio público debi era co ncebirse “como la realización de un valor ideológico, lugar en el que se materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, convivencia, civismo, consenso y otros va lore s políticos”. Un ejemplo de lo citado con inmediata anterioridad, es el establecimiento de grandes bloques residenciales, polí gonos de viviendas, en la periferia d e las ciudades que, además d e detentar una función económica basad a en el enriquecimiento privado a través de l a especulación inmobiliaria, no se hallaban despojados de una atribución desde el punto de vista social fundada, por un lado, en la separac ión radical de la vivienda con respec to al resto de actividades vitales y, por otro, en la seg r egación s ocial. Tales objetivos se enmascaraban tras los que se hacían públi cos y que se centraban en evitar el h acinamiento de los obreros en barrios viejos en el inter ior de las ciudades, obje tivos, pues, basados, al menos en prin cipio, en la salubridad pública y el bienestar social. P ara Delgado (2011: 81- 82) “la producción en cadena de la fábrica s e traslada ahora de manera gen eralizada – justo de la mano de los grandes polígonos de vivienda- a la « vida en cadena » que c aracteriza – o debería c aracterizar- la manera de habitar los grandes polígonos de viviendas en las periferias urbanas”. S e trataba, de alguna manera, de usurpar el espacio público, abonado para la polí tica, sometiéndolo al mundo del trabajo y de las nece sid ades de modo que, en vez de actuar y discutir, los automatismos propios de la producción y el consumo se extrapolasen y se adueñasen d e todos los ámbitos vitales. Paradójica mente, esos objetivos, hasta cierto punto ocultos, que perseguían, termina ron por materia li zarse en un efecto contr ario y a que muchos de esos núcleos de “casas bara tas”, “viviendas sociales”, etc., se convirtieron en componentes esenciale s de barrios obreros que a ctuaron como importantes referentes del conflicto so cial, Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 129 de la lu cha d e clases, lo que viene a confirmar lo que apuntábamos en el párrafo ant erior en cuanto a que la mo rfología de los esp acios es condicionante pero no determinante d el encuentro, el diálogo, la vida comunitaria, e tc., qu e se desarrolle en su interior. Esos citados riesgos de los que hablábamos nos trasladan a pa rajes en los que la identidad y el compromiso con respecto a un territorio y unos referentes culturales (a nuestro entender fundamental para que ex ista una verdadera integr ación y comience a cime ntarse el ansia po r participar e im plicarse en la ciudadanía así como el compromiso con los otros conciudadanos) son obviados. Asim ismo, la ordenación ter ritorial se guía por los mencionados criterios del capital y la especulación inmobiliaria catalizados, en much as ocasiones, p or una errada, a l a pa r que errática, concepción del ocio y d el turismo de tal suerte que “lo que bien podría reconocerse como el idealismo del espacio públi co aparece ho y al servicio de la reapropiación capitalista de la ciudad, una dinámica de la qu e los elementos fundamental es y recurrentes son la conversión de gr andes sectores del espacio urbano en parques temáticos, la gentrificación 10 de centros históricos de l os que la historia ha sido definitivamente expulsada, la reconversión de barrios industriales enteros, la dispersión de una miseria c reciente que no se consigue ocultar, el control sob re un espacio público cada vez menos público, et c.” ( Ibídem, 2011: 10) . Dicho de otro modo, se fomenta un desarraigo con respecto al territorio qu e favorece y facilita que esos procesos de u r banización irracional, estrechamente relacionados con el beneficio empresarial y cercanos al feísmo, no se vean obli gados a pag ar ex cesivos peajes en forma d e protestas ciud adanas. Se opera una especie de r enovación d e la pobla ción de determinados espacios de mane ra qu e el binomio ciudadano-territorio pierde su carácter simbólico y evocador y el segundo elemento deja de formar p arte de la raíz identitaria del primero. Nada de lo que acabamos de describir sucede, a nuestro entender, de forma ale atoria o casual sino que se acom ete en bas e al criterio regidor del mundo capitalista: la obtención de beneficio económico y/o mater ial p or encima de cualquier otra conside ración. Asimismo el mencionado proceso avanza con la connivencia d e los poder es políticos (a todos los niveles, también y maximizado, si cabe, en el muni cipal) de man era que se produce una dimisión de los agentes públicos de su hipotética misión de g arantizar de rechos democrátic os fundamentales y la desarticulación de los restos d e lo qu e un día s e presumió el 10 El término se refiere al fenó meno p or m ed io del cual se lleva a cabo un proceso de ab urguesamiento o elitización que supone q ue la població n o riginal de un d eter minado barrio, norm al mente deteriorad o, se v e sustituida po r otra de un mayo r niv el ad quisiti vo. La e xtrapolació n del fenó m e no y su gener alización for ma parte de la explicació n de esa caren cia de identidad d el ciudadano co n respecto al ter ritorio que habita. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 130 Estado del bienestar. S u cometido fundamental que sería el de buscar, desde la perspectiva d e servicio a la ciudadanía, el bien común se ve p rofundamente di fuminado en una sonrojante sumisión a los interese s empresariales acompañada, además, de pobres retóricas legitimadoras de esa irrac ional planificación territorial. Sea como fuere, parece evidente qu e la orden ación del te rritorio y l a configuración del espacio público juega n un papel fundamental a la hora de ac ercar la ciuda danía al territ orio que habita y favorec er, de ese modo, el establecimiento de re lacion es entre los propios ciudadanos (vínculo social) y de éstos con respecto a los políticos que toman las riendas de las instituciones de gobierno (r elación con el poder). En este sentido , la noción de e spacio público se asociaría “a esfera pública o reunión de personas particulare s que fiscalizan el ejercicio del poder y s e pronuncian sobre asuntos concernientes a la vida en común” (Delgado, 2011: 18). Co ntribuyen, asimismo, a despertar u n sentimiento de compromiso d e las personas a la hora de mejorar los espacios que habitan, poniéndolos al servicio de otro modo de hacer políti ca y de construir sociedad(es) que busquen la equidad y l a justicia social por medio de la participación ciudadana, comenzando por los enclaves locales, por tratarse del nivel administrativo-territorial más próximo al ciudadano. Encontraría mos que, en la temática que nos ocupa, sería ne cesario que la génesis de una nueva cultur a política emergiese inextri cablemente imbricada con una nueva c ultura de lo público, incidiendo en el derec ho de la ciudadanía a disf rutar de pod er de decisión en los asuntos que le competen de manera que los equipamientos, infraestruc tur as, etc. así como la misma morfología del terr it orio y el diseño de los espacios se convirtiesen en un elemento más que sumase e n la persecución de tal objetivo. Si nos centramos en la connotación políti ca del espac io público (a nuestro juicio constituye n dos realidades inseparables) y acepta mos las consideracio nes efectuadas en torno a su protagonismo, tanto sim bólico como efectivo, en el plano de las relaciones sociales, es necesario señalar que el espacio público, no como lugar sino como discur so “trabaja a partir de su conside ración como ámbito en que cobra d imensión ecológica un a organización social basada precisamente en la indeterminación y en la ignorancia de la identidad ajena, puesto que lo que cuenta en es e escenario no son las p ertenencias, sino las pert inencias” ( Ibídem, 2011: 50). Dicha int erpretación política del espacio público guarda no pocos puntos de unión con la democracia deliberativa a la que h acíamos referencia en páginas anteriores pu esto qu e Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 131 se entiende lo público como un espac io para la convivencia entre los ciudadanos, un mecanismo de interacción generalizada que abre lugares para el diálog o y la deliberación estableciéndose “una polifonía gigantesca en la q ue distintas voces argumentan y deliberan con el objetivo de con formar un cosmos comparti ble” ( Ibídem, 2011: 51). En este sentido, par a Innerarit y (2006: 14) es ne cesario resaltar “l a idea d e que el espacio públi co – esa esfera de deliberación dond e s e articula lo común y se tramitan las diferencias - no constitu y e una realidad d ada, sino que se trata m ás bien de una construcción labo riosa , f rágil, variable, que exige un continuado trabajo de representación y argumentación, cuyos pr incipales enemigos son la inmediatez de una política estratégica y la inmediatez desestructurada de los espacios globales abstrac tos ”. Uno de los puntos clave se centra en el hecho de configurar pro cesos de c omunicación y diálogo que permitan alcanzar acuerdos sin limitarse, sim plemente, a generar espacios de intercambio de opiniones sin una finalidad constructiva. De este modo “el viejo principio ontológico de qu e el todo es más que la suma de las partes se traduce políticamente en una esfera públi ca entendida como algo que no se limita a equilibrar sin más las pr eferencias individuales ni resulta de la yuxtaposición de las opiniones que revelan los sondeos. S e tr ata de pensar un a cierta i dea de bien común en un espacio más civil y republicano qu e individualista” ( Ibídem, 2006: 59 -60). Y centrados en la ne cesaria alusió n a la democracia deliberativa el mismo a utor señala que ésta “p arte del supuesto de que el p roce dimiento democrátic o no consiste simplemente en agregar preferencias ya establecidas” sino que el espacio delibe rativo “supone un tipo de comunicación argumentativa qu e se caracteriza por el intento de proporcionar alguna justificación o evidencia para apo y a r las afirmaciones, los juicios y l as pretensiones, que no son prese ntadas con una certeza absoluta, sino que están abiertas a las objeciones y r econocen su falibilidad” ( Ibídem, 2006: 60 ). Se trataría, en cierto modo, de encontrar una just ificación de la democracia que tratase de d evolverle a ésta su sentido originario así como su razón de ser, expl otando la importancia de los proce sos y los beneficios que d e ellos se extr aen y ab andonando el te rreno de la inmediatez y d e l a polític a como hecho ajeno. Decisiones del pueblo p ara el pueblo sin entender a éste último como una construcción dada e inmutable sino como una realida d dinámica que obti ene importantes beneficios y qu e continuamente se (re)crea a través de las relaciones y los vínculos que se genera n en la toma de decisiones conjunta. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 132 El mismo autor pone de manifiesto la necesidad de evolucionar hacia lo que él denomina una polí tica constructivista que se valga de lo pú blico para h acer partícipes a los ciudadanos indicando que “frente a los automatism os de la política y la d ebilidad inst itucional, la reconstrucción de un co ncepto normativo de lo público permitiría int roducir proce dim ientos de r eflexión en una vida política qu e suel e est ar dominada por lo inmediato: la tiranía del presente, la ine rcia ad ministrativa, la desatención hacia lo común, la irresponsabilidad organizada” ( Ibídem, 2006: 14). En sínt esis, la política ho y en día ha abandonado su carácter de construcción social y se sitúa en el horizonte de la inmediatez, “cuando la polí tica consist e en prescindir d e la polí tica, la sociedad deja d e ser una civili zada convers ación en la que d ar cauce también a los desacuerdos” ( Ibídem, 2006 : 49). Algunas de estas ta ras son las que se intentan paliar, dentro d e los enclaves municipales, a través d el m odelo de gestión relacional (que se describe en el siguiente subepígrafe) que busca una planifica ción estratégica, coordinada, integral e int egradora en la qu e es as cit adas inercias administ rativas, junt o con la temible buroc racia, pasan a un segundo plano y tratan de ser desterradas del día a día, tomando el protagonismo esencial el servicio a (con) la ciudadanía generando procesos de cogestión y autogestión e incrementando l a corresponsabilidad cívica en, por ejemplo, la gestión de equipamientos e infr aestructuras. E sa planificación estratégica se p resenta, a nuestro juicio, como un o de los puntos es enciales en el desarrollo de la política a dif erente nivel y su implantación resulta básica p ara la imprescindible evolución hacia una nu eva cultura y/o filoso fía política que no olvide la necesidad de dota rse d e un carácter integrador y que entienda y haga entender la visi ón de la política como asunto públi co (accesible a todos, que a todos con cierne, común y compartida) qu e demanda, pa ra legitim arse, la p artic ipa ción de una pluralidad de ciudadanos. De esta manera la renovación del espa cio público podría hacer operativa un a cul tura política abi erta hac ia el la rgo plaz o, una formulac ión de la responsabilidad acorde con la complejidad de nuestra s sociedades y una praxis democrática capaz de construir lo común – desde el autogobierno local hasta los espacios de la globalización- a partir de las difere n cias. Como acabamos d e anticipar, ent endemos que el espacio públi co y la polí tica son realidade s consustanci ales pues comparten un a esencia común bas ada e n los procesos d e naturaleza dialógica y en el compartir, como punto de partida, para partici par en el gobierno y acceder al poder. Innerarity (2006) alude a factores como la d esafección hacia la polí tica, la degeneración de la opinión pública, la buroc ratización y tecnificación de la política o la Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 133 dejación de los deberes de la ciudadanía a la hora de diagnosti car los males que aquejan al espacio público vist o bajo el prisma de la políti ca. Del mismo modo, señala que “ sin espacio público en sentido estricto, el poder es entendido como dominación; el Estado, como instancia de los controles sociales, y l a opinión pública, como lugar de las manipul aciones medi áticas” (Ibídem, 2006: 20) y argumenta que uno d e l os principale s ejemplos de esa s eñalada despolitización y empob recimiento lo tenemos en el tipo de comunicac ión que se desarr olla en la opinión pública. Una comunicación banalizada, sin auténticos debat es y en la que prima el espec tá culo sobre el debate. Para el autor “un espacio público así bana li zado pierde su carácter de instan cia de mediación porque no transforma las opiniones privadamente elaboradas, sino que se limita a escenificar su confr ontación pública” ( Ibídem, 2006: 20). A esa raíz trata d e atacar la democracia deliberativa a la qu e h emos hecho referencia en páginas anteriore s y que intenta, entre otras cosas, devolver a la ciudadanía el interés por lo común como una su erte de vínc ulo social a través del cual alcanzar la id ea d e poder como acción conce rtada, conceptos estrechamente relacionados con la noción de público. Y es que “sin espacio público la políti ca se r educe al ejercicio de una domi nación estraté gica o al d esarrollo de una técnic a pur amente instrumental d e con figurar las relaciones sociales ” ( Ibídem, 2006: 23-24). Dicho de ot ro modo, la política, en general, y la acción política, en particular, trasciende n los mecanismos estratégicos que s e implementan para mantenerse en el poder, para resolver una situación puntual, gestionar una crisis, et c., de manera qu e resultan indisociables de la for m a ción de una comunida d humana en el sentido amplio del término. Sin embargo, esa men cionada connotación políti ca del término esp acio público ha de ostentar, adem ás de un fuerte poder simbólico y d e una d e nsa riqueza discursiva, una materialización real y efectiva de manera qu e el espacio concebido se tr ansforme en espacio dispuesto y visibiliz ado a través del cual “ el Es tado logra desmentir m omentáneamente la naturaleza asimétrica de las relaciones sociales qu e administra y a las que sirve y esc enifica el sueño imposible de un consenso equitativo en el que puede llevar a cabo su función integradora y de mediación” (Delgado, 2011: 28). Se trataría de una suerte de cosificación mediante la cual el espacio púb lico tiene la responsabilidad, por medio de quiénes lo ordenan o gestionan, d e conv ertirse en lo que se presupone que es y que en la realidad actual únicamente e s un debería ser. La búsqu eda de tal mat erialización en una re alidad objetiva ha de formar part e de la agenda política de las inst ituciones de gobierno por la citada influencia que ostenta en esa M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 134 pretendida d emocratización de la vida pública (con una ma y o r im plicación de los ciudadanos en la toma de decisiones basada en una relación más estrecha con los gobernantes). Dicha materialización, y en general la propia noción de e spacio público en un sentido general -como lugar de d eliberación y discusión, siempre en cl ave política - goz an, a n uestro parecer, de especial releva n cia en el ámbito muni cipal, el terreno, al menos en un principio, mejor abonado para que el ciud adano participe y se implique en la toma de d ecisiones alcanzando un cierto poder compartido, explotando la ne cesaria proximidad con el gobierno y avanzando, d e esta manera, en la correspons abilidad cívica. Se trataría de ha cer, de tal at ribución, un factor de integración en el m edio en el que habita así como un mecanismo de cohesión de la comunidad local, convirtiendo a la primera persona del plural, no en una coartada pa ra eludir responsabilidades, sino en un lugar para el encuentro confortable y el incremento del bienestar de la ciudadanía. En definitiva, antes de ac ometer el análisis de todo lo rel ativo a la organiz ación municipal y en consonancia con lo que ac abamos de indicar, conve nimos con Borja (2006:60) cuando señala que “el ámbito municipal es el lugar de `otra política´, de las relaciones personalizadas entre electores y el egidos, de la adecuación de la gestión pública de los equipamientos y servicios a las demandas heterogéneas, in cluso individualizadas, de la población, de la aplicación cuidadosa de programas de acción positiva hacia los colectivos más vulnerables, de la cooperación o concertación ágil con entidades cívicas, colectivos sociales o empresas, de la reconstrucción o `invención´ de id entidades cole ctivas, ho y más necesarias que nunca p ara contrarrestar los efectos de la globalización homogeneizadora” . Son difíciles retos que exigen un fuerte y de cidido compromiso por parte de div ersos estamentos y que sitúan a los enclav es locales en el centro del debate, un debate polite mático (político, socioed ucativo, económico, cultural, etc.) y qu e promete extenderse en el tiempo. Antes de adentrarnos en el análisis de los mod elos relacionales de organización municipal presentamos, a modo de resumen, una serie de id eas qu e tomamos d e J ordi Borja (2003). Se trata de un conjunto de puntos que resultan básicos para la innovación política local y la concesión de ma yor es márgenes de decisión a la ciudadanía y que reflejan, a la vez y con g ran claridad, los retos a los que se enfrentan los espacios municipales ante el declive de poder de los Estados-nación. En este sentido conviene de st a car: Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 135  La s relaciones entr e poderes políticos tenderán a la contractualización más que a la compartimentación, a la negociación más que a la jerarquía. Es necesario revalorizar los poderes d e proximidad y estable cer procesos colaborativos tanto internos (con asociaciones, movi mi entos, dinámicas cívicas, ciudadanos, etc.) como exter no s (con otros niveles administrativo-territoriales).  Reforzar redes de cooperación entre las inst ituciones básicas y generar una dinámica de reforzamiento de los elementos result antes. Se trata d e responder a l as necesidades de los ciudadanos en div ersos plano s sin recurrir a la creaci ón de nueva s instituciones que podrían incidir en la duplicidad de funciones e incrementar la y a destacada burocratización.  May or autonomía local y menos uniformismo político -administrativo. Las legislaciones estatales necesitan una modificación radical. S obre la base del respeto de unos principios básicos, los entes locales y regionales deben poder autorre gularse. No se justifica que haya una regulación estatal del sistema electoral y del modelo organizativo. Si aceptamos que la solución pasa por pro cesos descentra li zadores ha y que eliminar temores infundados y aplicar una cierta r acionalidad que otorgue a los municipios los instrumentos nec esarios para responder a las demandas de la ciudadanía . L os nuevos marcos de r eferencia han de aprovechar la id entificación del ciud adano con un territorio y con las prácticas cult urales idiosincrásicas que en el mismo se desarrollan ya qu e nuevas r ealidades y el aprovechamiento de las oportunidades reclaman nuevas estructuras político -administrativas que no sólo a po y en las dinámicas positi vas existentes, sino que uti licen la representativida d de las instituciones y los medios públicos para hace r de guía y d e motor de las mismas.  Los gobi ernos locales y t erritoriales deberán asum ir su r elación de coo peración conflictual con los esta dos y plantearse estrategias de conquista de co mpetencias y recur sos qu e ahora requieren y no tienen. De ahí la necesidad de implementar procesos de naturaleza descentr alizadora que posibiliten el hacerse a creedores de t ales atribuciones.  La participación polí tica a nivel muni cipal no puede regirse por los mismos modelos presentes en el ámbito estatal. La solución de las complejas problemáticas propias de los ay unt amientos requieren d e mecanismos innovadores: listas abiertas, M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 136 consultas populare s, etc. que además cont ribuirán a combatir la falta de credibilidad social en re lación a la política instit ucional.  El ámbito local constituy e el campo de experimentación y desarrollo más apropiado para las nuevas formas de dem ocracia participativa y delibera tiva (presupuestos participativos, consejos ciudadanos, evaluac ión de polít icas públicas mediante consultas a la ciudadanía, etc.). El pro tagonismo de las nuevas tecnologías (Intrane t, Internet, etc.) en el establecimiento de estos mecanismos innovadores r esulta innegable debiendo favorecer, en todo momento, la fluidez en las relaciones que se establezcan entre el gobierno local y la ciudadanía a la vez que colaboran en el hecho de acercar la política a los ci udadanos y viceversa. 1.3.1. Nueva organización municipal ante la exigencia de polí ticas com plejas . Ante la situación que acaba mos de describir (prob lemáticas mul tinivel, reivindicac ión de parce l as de soberanía por parte de los ciudadanos, nuevos mecanismos de exclusión, etc.), resulta obvio que se hace estrictamente necesaria una nueva forma de org anizar la gestión en los enclaves municipales. Sin embargo, parece pertinente aclarar que esa nueva org anización que reclamamos no alude estrictamente a lo imperioso de diseñar una estructura novedosa o al hecho de obsesionars e c on plasmar un organigrama diferente al existente en los distintos enclave s municip ales au nque ello, en ciertas ocasiones, también pueda a yudar. Compartimos, pues, con Rebollo (2007: 50) la idea d e que “la transversalidad no se resuelve dibujando un organigrama nuevo”. Nos estamos refiriendo, en esencia, a un a nu eva forma de ent ender la ges tión municipal, al establecimiento, si se quiere, de una nueva filosofía a la hora de decidir qué se hace con los recur sos, equipamientos, servicios, a ctividades, etc., de carácter público. Una nuev a cultura política y org anizativa que reclama, en la actualidad y desde diferentes inst ancias, l a evolución hacia un modelo de gestión relacio nal que profundice en la codecisión y l a corre sponsabilidad cívic a, que permita, simultáneamente, ma y or es cotas y márgenes de decisión a las entidades ciudadanas y, a su vez, un cierto apo y o a la l abor de los gobiernos locales, en ocasiones de sbordados por la complejidad dominante desde las últimas décadas del siglo XX y persistente en estos inicios del siglo XXI. En este sentido, Fernández (2005: 18) señala que “el impulso de la participación ciud adana en la gobernanza de la ciudad est á Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 137 llamado a constituir una estrategia transversal que debe envolver la a cción municipal y plasmarse en cualquier f ase de la creación d e un proyecto: desd e el análisis y di agnóstico de la realidad y l a elabora ción de propuestas, h asta el seguimiento y posterior evaluación de las grandes actuaciones municipales”. Una nueva cultura democrá ti ca q ue impregne de participación e im plicación todas las instancias muni cipales y que otorgue a los vecinos un papel protagonista e n l a gestión y a signación de los recursos. Antes de seguir profundi zando y de comprometer nuestra opinión con respecto al modelo por el que nos decantamos, es obligado hacer un breve repaso por los diferentes mod elos de administración y g estión municipal, a fin de establecer el contexto que nos permita aventurarnos en la defensa de una u otra de las alternativas. Ello lo haremos des de la premisa de que no existe un modelo organizativo ideal, sino que cada municipio d eberá halla r aquel que más le convenga (Caballo, 2001) en función de su situación política, sus condiciones económicas, su experien cia, su cultura, el nivel de implicació n ciudada n a, etc. Del mismo modo, y de acuerdo al carácter mutable de los di stintos elementos que influ y en en l a política municipal, huelga señalar que el modelo de gestión puede evolucionar y /o modificarse en función de los cambios que tengan lugar en esa s citadas condiciones (recursos disponibles, dinámicas poblacionale s, etc.). En el marco del modelo burocrátic o s e busca, valga la redundancia, u na racionalidad burocrá tica ent endiendo a la Administración local como b razo ejecut or de l as políti cas diseñadas por el Estado (centralizado). No existe participación, ya que es el municipio el que gestiona de forma directa los equipamientos, servicios, actividades, etc., sin contar para ello con los ciud adanos. S e tr ata del modelo tradicional propio del Estado del bienestar que s e nos antoja como profundamente deficiente ante el dinamismo y el carácter heterogéneo de las diferentes realidades mu nicipales. Dicho modelo, centra do, pues, en una serie de mecanismos inamovibles y en un funcionamiento rígido, resulta ext remadamente in apropiado para afrontar las problemáticas propias de la épo ca actual, siendo, del mismo modo, impermeable a l a influencia y participac ión en la gestión por parte de las organizaciones ciudadanas. El modelo gerencial tr ata de inst aurar un a per spectiva neoempresarial. Pa rtiendo de la no exclusividad del Estado en la satisfacción de las necesidades y en la gesti ón de los recur sos públicos, pretende la externalización de servicios y su gestión por parte d e otros agentes, con independenc ia de que éstos tengan o no carácter lucrativo. Esa externaliz ación, una de las M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 144 a la consulta y la propuesta. L as entidades ciudadanas son informadas de las actividades que se van a des arrollar en los diferentes equipa mientos municipales, pueden propon er otras, pero nunca decidir ni mucho menos participar en la gestión.  Codecisión y g estión compartidas: participación en un plano de reciprocidad y corre sponsabilidad entre la Administración y las entidades ciudadanas y grupos informales que se incorporan a las actividades, servicios o equipamientos de proximidad. La g estión compartida requiere d el consenso entre Admini stración y ciudadanía y de cierta c apacidad técnica por pa rte de las entidades ciudadanas, por lo que, además, trae consigo un aprendizaje. Se trata de una perspectiva que introduce elementos sumamente importantes como pueden ser e l encuentro (consensuar) y l a corre sponsabilidad (compartir).  Autogestión: supone el control y la apropiación plena, por parte de los ciudadanos, de espacios y de actividades de carácter pú blico. En ese c aso la responsabilidad de contr ol recae en la Administración que debe ocuparse d el buen uso y aprovec h amiento de los servicios, actividad es y espacios públicos. Se tr ata, a nuestro juicio, de una sit uación ideal pero ciertamente compleja puesto que exige una gran implicación por pa rte d e la ciudadanía, además de una sóli da formación técnica y d e elevada s cotas de diálogo y confianza entre la Administración y las entidades ciudadana s. No resulta complejo est ablecer un cierto paralelismo entre un modelo relacional y el modelo de compactación de servi cios que d esde d iversas instancias se reclama para el área d e Servicios Sociocomunitarios, sobre todo si atendemos a algunas de sus característica s bási cas (Caballo, 2001) que pueden resultar clarificadoras a fin de incrementar la comprensión sobre la forma de hacer que reivindi camos:  Incorpora ac tuacion es d e varios departamentos o áreas muni cipales, lo que incide en la transversalidad y en la existencia de un pro yecto global con objetivos compartidos.  Se ampara en un órgano int egrador, con una fó rmula políti co -administrativa clara que dirige y supervisa las diversa s actuaciones realizadas en el marc o del proyecto. Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 145  Se introduce la participación activa de políticos, funcionarios y ciud adanos a lo largo de todo el proceso.  El proy e cto sigue fases o líneas que marcan el ritmo y los planes de ejecución desde su inicio hasta el final. Sin embargo, y a pesar de todo lo d estacado hasta el momento, el proceso que p ermita alcanzar ese gobierno relacional es ciertamente complejo puesto que, como acabamos d e ve r, exige implicación y compromiso constante por parte de toda la ciudadanía (dinámicas cívicas , entidades ciudadanas, grupos de int erés, et c.) y d e las personas que ocu pan puestos d e responsabilidad – política o técnica - en la Administración municipal, además de una auténtica complementarie dad, a coplamiento y cooperación entre el gobierno local y la ciudad anía implicada en los procesos de gobierno. Borja y Castells (1997) señ alan tres aspectos esenciale s que refuercen los enclaves locales e n el campo de la innovación y el fortalec imiento demo crático y qu e, a nu estro jui cio, resultan fundamentales para el desarrollo de la perspectiva relac ion al:  La estructuración de ámbito s de gestión, re pr esentación y participación. La transversa lidad y la eliminación de muros que separan a los distintos departamentos municipales no implica que no existan diferentes órganos municipales con funciones diversas lo cual, a su vez, tampoco exclu y e que tales estructuras cooperen de una forma decidida y continua g enerando l as sinergias que estamos r eclamando de sde un primer momento.  La descentralización interna de los grandes municipios. Los enclaves de gran tamaño requiere n de un funcionamiento i nterno regido, en buena parte, por el reparto de poderes que favorezca la coordinación y fom ente la eficacia en la aten ción al ciudadano, así como en el esta bleci miento de proce sos colaborativos administración -ciudadanía.  El establecimiento de nuevas figuras de partici pación y la configuraci ón de nuevos derec hos sociales . L os déficits participativos a todos los niveles (también en el local) son patentes y responden, entr e otros factores, a l a inexistencia de una legisl ación inteligible que regule los derech os y las facultades de las que dispone la ciudadanía a la hora de implicarse en el gobierno municipal. La cr eación de esas dinámicas de cooperación, colaboración, int erdepende nci a, e tc., entre la a dmi nistración y los ciudadanos ha de cristaliz ar, necesariamente, en la génesis de órganos participativos M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 146 regulares que ostenten un protagonismo real y efectivo en el devenir de los territorios y de las políticas a implementar a nivel municipal. El mismo autor citado con anterioridad, Algua cil (2006a: 29), señ ala qu e “la perspectiv a relacional implica una comuni cación y participación interna a las estructuras administrativas y una comunica ción y p articipación externa con el entorno y l as estructuras societar ias. Las alianzas nece s arias se def inen en que todos los a gentes/actores descubren sus necesidades, a la vez que reconocen las n ecesidades de los dem ás; todos los agentes/ actores cooperan en el establecimiento de los satisfactores; todos los agentes/ac tores comparten las soluciones; todos los agentes/actores se implican en la acción; y todos los agentes/actores intervienen en el balance social de los r esultados”. Esa implicación común de todos l os agentes puede traducirse en un modelo de g estión relacional similar al que se pro yecta en el sigui ente cuadro: Cuadro 1.7. Secuenc ias de la par ticipación. FUENTE : Alguacil (20 06a: 30) El modelo relacional demanda, por lo tanto, una colaboración extrema por parte de la ciudadanía, con un a implicación rea l y e fectiva d e toda la población y co n una asunción de responsabilidades que pe rmita avanzar desde la apatía y la inacción hacia compor tamientos más saludables democráticamente h ablando. P ara t al fin, y como he mos indicado con anterioridad, resulta esen cial la labor de los movimientos ciudadanos y de las organizaciones sociales como estructuras capaces de aglutinar a buena parte de la ciu d adanía y de a ctuar ESTRATE GIA PARTICIPATIVA EN Análisis de l a realidad Diseño de Estructuras y de Program as Formulación de los servicios Producción de los Servicios Balance soc ial de los resultados M ODELO DE GESTIÓN RELACIONAL Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 147 como mecanismos capacitados para asumir diversa s atribuciones fundada s en la corre sponsabilidad cívica. Dichas dinámicas p articipativas han de ir c reciendo, en cierta medida, al abrigo de un consistorio caracterizado por la volunt ad de evolucionar democráticamente de la mano del ciudadano y p or la confianza en la capacidad real de la población de participar en la gestión municipal desterra ndo, paso a paso, los señalados planteamientos pater n alistas y ex cesivamente jerarquizados. La administración municipal ha de tender, pues, puentes que permitan la entrada ef ectiva del ciudadano en el gobierno local y el establecimiento de procesos colaborativos en lugar de dinamitar las ya de por sí lábiles estructuras que facultaban a la población a pe netrar, simbólicamente, en lugares que de ninguna manera deberían resultarle ajenos. Esos puentes pueden comenzar a cimentarse a trav és de los equ ipamientos de proximidad de los municipios que permiten, según la f undación kaleidos.red (2008: 171), “ pas ar de la cercanía físic a a la proximidad relacional para ejercer una función di namizadora y facilitador a de la implicación ciudadana con su ciudad y, por último, sobre los efectos que tienen esos cambios en la propia organización muni cipal y en su concepto de función pública”. En el siguiente cuadro tratamos de plasmar esas dinámicas cooperativas que s e pueden establecer entre el municipio y la ciudadanía empleando c o mo plataformas a los equipamientos de proximidad. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 148 Cuadro 1.8. S i nergias co laborativas ciud adanía-municipio. FUENTE : Elaboración pr opia a partir de Fundació n kale idos.red (200 8: 154) En síntesis, los ay untamientos, como enclaves pri vilegiados de acuerdo a su proximidad en relación con el ciudadano, han de desarrollar un papel fundamental en el fomento de la participación. T al labor, que exige compromiso d ecidido y voluntad firme tanto por p arte de Dinamización iniciativas ciudadana s Escucha Dinamización iniciativas institucionales EQUI P AM IENTO DE PROXI M IDAD Modelos de g estión Program aci ones Cesión de e spacios Fom ent o vida asociativa y rel ación entre asoc i aciones I nt errelación tejido asociativo y ciudadanía Relaciones en t re colectiv os Organiz ac iones ciudadanas Personas SERVICIOS CENTRALES R E L A C I Ó N O R G A N I Z A C I O N E S C I U D A D A N Í A M U N I C I P I O Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 149 los políti cos, como de los técnicos, además de por parte de la propia ciudadanía (entidades ciudadana s, dinámicas cívicas, asociaciones, agrupac iones, org anizaciones, etc.), verá facilitada su labor por el tratamiento transversal que int egre e n un pro yecto global, con unos objetivos comunes y d e un modo coordinado, la s diferentes iniciativas q ue se implementen desde las distintas área s o departamentos. En este sentido, nos planteamos como esencial el avance hacia un modelo relac ional que elimine el enfoque estrictamente jerárquico y paternalista y que c o mprometa e implique a los c iudadanos e n la gestión de los equipamientos, servicios, recursos, actividades, etc., fomentando el desarrollo endógeno de la comunidad loca l (revalorización de l territorio) y profundizando en los proc esos de descentralización y te rritorialización que, con el paso del tiempo, faculten a la ciudad anía para adquirir autonomía (desde la acción colectiva y la identidad comp artida en la comunidad local), responsabilidad y protagonismo en la toma de decisiones, de forma q ue todo ello pueda cristalizar en el compromiso con sus propios procesos de desarrollo y en el establecimiento de una democracia participativa. 1.4. Factores, d eterminant es y condiciones para la participación La pluralidad de aspectos que condicionan la par ticipación y que la influ y en, directa o indirectamente, nos obl iga a comenzar ef ectuando una aclaración. Nos hemos atenido, fundamentalmente, a los que para nosotros son los factores principa les siempre desde una óptica que nos lleva a vi ncular la participación ciudadana con la actividad política y con un proy ecto de cididamente asociado con el avance hacia la equid ad y la justicia social. Esto es, entendemos que la vinculación en una asociación, la impl icación en un movimiento vecinal, la asistencia a una manifestación, el tom ar parte en una asamblea de barrio, el acudir a votar en los procesos electorales, etc., son hechos que contienen, de modo inherente, una cierta actividad política, de dif erente grado e int ensi dad; es decir, están relacionadas, de uno u otro modo, con reivindicaciones que ayudarían a configurar el modelo d e sociedad que ca da un o de nosotros perseguimos. Asimism o, los factores que impulsan la participac ión aceptarían una gradac ión y una dife renciación en función de p ara qué actividad a ctuasen como catalizadores, a pesar d e lo cual entendemos que, en un sentido general, se pueden indicar un conjunto de determinantes qu e suelen estar p resentes a l a hora de propiciar que la ciuda danía tom e parte y su posicionamiento político adquiera carta de identi dad. Por ello diremos, antes de iniciar el análisis, que no están todos los que son pero sí son todos los que están y que éstos M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 150 permanecen interrelacio nados entre sí a veces c on límites difusos (por ejemplo podemos hablar del carácter de una persona extrovertida o habladora como un aspe cto beneficioso a la hora d e participar en un grupo humano sin s aber con exactitud, o en que medida, tal carácter es fruto del adiestramiento que supone el im plicarse du rante largo tiempo en una dinámic a cívica, o constituye un a cualidad natural y un rasgo consustancial a su personalidad). Hablamos, pues, de interre lación entre los factores y de límites difusos entre algunos de ellos. Si nos centramos en el aspecto del desarrol lo integral del ser humano no son pocas las opiniones que nos llevan a la afirmación d e que el hecho d e pa rticipar c onstitu y e un f actor esencial a la hora de completar tal desarrollo. Dicho de otro modo, y como afirma I barr a (2011: 20), “el ciudadano (…) e xhibe una actitud pasiva, si no de manifiesto desprecio frente a la actividad pública”. Tal actitud que tiene una nítida manifestación en la constatación de que el ciudadano vive, h abitualmente, de espaldas a la políti ca de fine a éste como “limitado en su condi ción humana” y lo caracteriza c omo “una p ersona menos capaz, menos desarrolla da (…) inc apaz de decidir junto con los otros qué es lo que a él, y a la comunidad en la que vive, le resulta conveniente o justo” ( I bíde m, 2011: 20). En estos ca sos en los q ue el ciudadano presenta un i mportante desinterés en relación a la vid a públi ca y al hecho polí tico, la participación actúa como una estrategia para romper esas limitaciones y combatir la figu ra de un “ciudadano empobrecido en la defensa y aislamiento de s u priva cidad – que- ap arece como un indi viduo limitado (…) que no ha pu esto en marcha todas sus capacidade s como ser humano” ( Ibídem, 2011: 20). El beneficio habría de analizarse, cuanto me nos, desde un dobl e enfoque puesto que, a l a vez que favorece el d es arrollo integral del ciudadano, opti miza los procesos democrátic os dotándolos de un carácter deliberativo que les confiere ma y o r densidad suponiendo, por ello, un bene ficio para la comunidad en la que habita. Resulta obvio indicar que existen una serie de “rasgos i dentificativos” de las personas que desempeñan un papel crucial como det erminantes de una ma yor o m enor propensión a participar y qu e no nos vamos a detener en su análisis y a qu e, salvo ciertas referencias que incluiremos a lo largo de este epígraf e, consideramos de mayor interés la radiografía de determinada s condiciones contextuales que actúan como cu estiones influ y entes de la participación ciudadana. Aun así, Morales, Mota y Pérez - Nievas (2006: 157) indi can qu e “lo s estudios clásicos sobre la participación de los ciudadanos e n el ámbito público han establecido la existencia de relaciones importantes entre dete rminadas características de los individuos y las desigualdad es de part icipación. Ciertos recursos socioeconómicos como la educación, los Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 151 in gresos o la edad están s istemáticamente relacionados con dist intas formas de participación”. En este sentido, los mi smos autores ( Ibídem, 2006: 158) establecen una categorización agrupando, de un modo indicativo, “las ca racterísticas sociodemográficas d e los indi viduos en tres tipos de factore s posibilitadores de la participa ción: los recursos socioeconómicos (educación e ingre sos, fundamentalmente) , las cara ct erísticas que determinan su posición social y sus experienci as vitales (principalmente, la clas e social u ocu pación, la edad, el género, la situación famili ar y el tipo de comunidad en la que residen) y el grado en que est án socialmente integrados e n su comunidad (condiciona do por sus hábitos religiosos, el tiempo de residenc i a en la com unidad, el lugar de origen de sus progenitores y la integración en grupos de pares)”. Ello nos sirve para enfatizar ese carácter p olicausal y/o multifactorial al que hay que hacer obligada refere n cia cuando se habla de participación ciudadana. Así las cosas, vale la pena mencionar que uno de los recur sos capita les de los que disponen los individuos a la hora de participar es la cualifica ción, categoría que guarda una estrecha relación con los estudios cursados y la formación académica de cada uno. De este modo, “los ma yo re s niveles educativos favo recen la participación porque disminu ye n las barreras cognitivas y aportan elementos de infor mación que son útiles en la esfera pública” (Ibídem, 2006: 159). Esas barreras cognitiva s de las que hablan l os autores podrí an perfectamente r eferirse a la ausencia de determinadas capacidades que se hacen indispensables a la hor a de participar ( y a sea en una asociación, as amblea, dinámica ciudadana , etc.) como son las habilidades de tipo relacional y comunicativ o (saber expresarse y transmitir una opinión, saber escuchar, llegar a un consenso, identificar puntos comunes en los debates, dinamizar p rocesos de debate y diálogo, etc.). En este punt o reivindicamos el protagonismo de las dinámica s ciudadanas (bajo una pluralidad de morfologías, denominaciones, tipologías, etiquetas, etc.) como escuelas de pa rticipación y viveros para el fomento y la adquisición de ese tipo d e h abilidades volviendo a en fatizar, a este respecto, la importancia de tener en cuenta los procesos y los resultados que d e ellos, progresivamente, se van derivando. Esto es, si bien el objetivo de un movimiento social entronca con finalidades sustantivas relacionadas con procedimientos de mejora para un ecosistema social concre to y basadas en una particular cosmovisión - y volviendo a manifestar una de cidida huída del activismo- parece evidente que el hecho de participar conlleva, en sí mismo, bene ficios, outputs, que se leen en los términos que acabamos de expresar y que redun dan en la idea d e la participación como capacidad inherente a la condición humana, que contribu y e a l a M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 152 construcción y realización de la mi sma, p ero que representa, al mismo tiempo, una parcela educable. A este respecto, el proceso de socialización de los indi viduos merece un análisis asociado a lo indicado h asta el momento en referencia al nivel educativo de la ciudadanía. La socialización es fundamenta l para la comprensió n del comportamiento d e las personas en el ámbito público. El desarr oll o del ciudadano desde su infancia viene marca do por los referentes comportamentales que se encuentran a su alr ededor, siendo uno de esos focos fundamentales e l que viene representado por los progenitore s. La propensión de éstos a participar en asociaciones, dinámicas cívicas y , en definitiva, a im plicarse en la vida púb lic a puede suponer un aprendiz aje y una toma de contac to del neófito con esa faceta de su condición de ciudadano. Los valores transmitidos, de forma intencionada o no, por los agentes de socialización primaria (familia y escuela, fundamentalmente) resultan cruciales para el comportamiento posterio r en relación al hecho públi co y al compromiso participa tivo. Esta influencia se produce, esencialmente, por medio de dos mecanismos: mediante la transmisión de valores de interés por lo público, compromiso, soli da ridad o cooperación, y mediante el aprendizaje d e pautas co operativas g racias a las p rácticas realizadas por figuras de r eferencia y / o agentes de socializ ación como pueden ser, indistintamente, los padres, los compañeros de escuela o los profesores. Del mismo modo, es relevante seña lar el hecho de que las características propias del sistema educativo (co mpetitividad, meritocracia, aprendizaje memo rístico, ausencia d e crea ti vidad, falta de co mpromiso, enfoque estratégico – el discente persigue dar lo que el docente solicita para sup erar una materia y no b u sca, en verdad y en una pluralidad de casos, el auténtico conocimiento de la misma -, et c.) no favorecen que los ciudadanos se ejerciten, desde bien pronto, en f acetas d e tipo comunicati vo y relacional por lo que la form ación académica de alto nivel no asegura po r sí misma, a nuestro entender, que se va y a a disponer de esas habilidades que resultan clave para pode r participar y hacerlo de un modo efectivo. Quizás los procesos que en ese sistema cerrado se ll evan a cabo sí favorezcan el hecho de que, a través de una apertura al entramado no reglado, se desarrollen en éste los aprendizajes a los que estamos aludiendo de forma constante. A posteriori, la perte nencia a una deter mi nada “categoría” puede motivar tamb ién l a activación de esas mismas destr ezas de modo que las personas con ma y ores ni veles de educación están más expu estas, al meno s en un p rincipio, a Capítulo 1. Leg itimidad, im plicación y corres ponsabilidad cív i ca. El papel d e la participación en el bienestar col ectivo 153 los estímulos positi vos hac ia l a actividad pública debido a su más frecuente int eracción con otras persona s de elevados ni veles educa ti vos. Los recursos estrictamen te económicos son asiduamente percibidos como releva ntes para la participación por mot ivos de diversa naturaleza que se relacionan fundamentalmente con la disposición, a priori, de may o r capacidad p ara afrontar los costes de ti empo y rec ursos genera dos por la participación en asuntos públicos. El poderío económ ico permitiría, a l mismo tiempo, a las personas que lo detentan, contribuir “al sostenimiento de un ma y o r número de grupos que defiendan int ereses afines a los su y os u organicen actividades que les atraigan” así como “formar nuevas aso ciaciones que se ajusten a sus preferencias de ocio o a sus intereses individuales o colectivos” (Morales, Mota y Pérez -Nievas, 2006: 159). La socied ad atemporal p arece poner en duda esta hipótesis pues la dinámica laboral suele inducir procesos en los que los ingresos elevados van asociados con el incremento de responsabilidad que ac ostumbra a ir acompañado, a su vez, de un mayor tiempo d e dedicac ión. De he cho, e sa característica referida a la centralidad d emoledora de la actividad laboral (en cuanto a tie mpo dedica do) suele citarse como un mecanismo premeditado de los poderes para p rovocar que la propia vorágine evite que los ciudadanos piensen, reflexionen y diseñen alternativa s al modelo socioeconómico que genera esos pro cesos de alienación y enajenación vit al (trabajar y consumir) en los q ue pareciera que al día l e faltasen horas. El consumo exacerbado y e l hecho de ubicar el umbral de felicidad, d e un modo inequ ívoco, en función de los recursos económicos y materiales de los que se dispone valida cu alquier actividad produc ti va, a la vez que pone en seria duda aque llas cuy os be neficios gozan, al menos a priori, de un a m ayor intangibilidad y qu e hu y en del materiali smo, la inmediatez y el cortoplacismo. Algo así como qu e participar, impli carse, d ebatir, dialogar, comprometerse, etc., no es productivo e implica perder el tie mpo. P or ello es menester ser sum amente cuidadosos con aquellas argument aciones q ue refieren fa ctores económicos como determinantes directos de la participa ción en un sentido posi tivo. La s c aracterísticas individuales de cada sujeto, es decir, los rasgos propios de la personalidad de cada uno, también se citan, al modo en el que lo indicábamos con anterioridad, como factores que juegan un papel decisivo a la hor a de result ar más proclive a implicarse en dinámicas c ívi cas, en organizaciones socia les y en la vida comunitaria en genera l. Parec e evidente el hecho de que una persona, en la medida en que s ea más M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 256 “adquirió un virulento poder colonizador, p ronto apr ovechado por los políticos: Convirtió la historia en un progr ama, con un destino necesa rio e inevitable. La sociedad industrial se convirtió en la definición del estadio Terminal del camino unilineal de la evolución social. Se presentó como la culminación na tural de las potencialida des ya existentes en el hombre neolítico, como su evolución lógica. La historia fue así formulada en términos occidentales privando a los pueblos de culturas dif erentes la o portunidad de definir sus propias form as de vida social” ( Ibídem, 2006: 177-178) 29 . En un principio, al margen de consid eraciones id eológicas 30 , cuando nos referimos tanto al desarrollo como al crecimiento, nos topamos c on términos que, indudablemente y a priori (aunque con ciertas salvedades), despiertan más filias que fobias, términos ev ocadores de realidade s más pla centeras y deseables. S egún el diccionar io de la Real Aca demia Española de la Lengua s e entiende el desarrollo, dicho de una comunidad humana, como p rogreso, crec im iento económico, social, cultural o político. Desde la óptica de las Ciencias Sociales hablamos, para Caride y Meira (2001: 110), d e “u n proceso deliberado y g radual d e cambios económicos, culturales, sociales, demográficos, etc., supuestamente orie ntados a satisfacer intereses y expectativas l igadas a la felicidad d e las person as y a sus oportunidades vitales” o, con un cierto sentido utópi co, como indican los mismos autores ( I b ídem, 2001: 113), aludimos a “un proceso sociopolítico favorecedor de cambios estructurales profundos, decididamente liberadores e igualitari os r especto de los derechos d e to das las personas y pueblos, de un sentido d emocrático d e la vida pública y de un a convivencia pacificadora; y , por ello, acor d e con un ordenamiento local- global más dialogal, justo y armónico”. A menudo, y a pesa r de estas definiciones, en unos casos asépticas y en o tros utópicas, al hablar de desarrollo nu estro subconsciente nos tra slada, automáticamente, al plano económico o material lo cual no refiere una cuestión de orden casu al sino que el sis tema que venimos describiendo en lí neas pr ecedentes exige que los ciudadanos teng an presente esa filosofía de vida que permita la subsistencia de un sistema paradójicamente insostenible; los medios y artificios publicitarios se ocupan eficazmente de t al labor. A p esar de esos, en mu chos c asos, ímprobos esfue rzos del sistema, la profecía del cre cimiento -d esarrollo ilimitado, tanto de 29 La occide ntalización del tér min o desarrollo será analizad a con po sterioridad haciendo referencia a la s publicaciones de Gilb ert Rist, que r eflexiona acerca de la ause ncia de si gnificado y /o contenido del término desarrollo en lenguas pertenecientes a c ulturas y civilizacion es alejad as del mundo occiden tal. 30 Partimos de la base de q ue en conceptos que evocan rea lidades soc iales, el carác ter aséptico, neutral, independiente o total mente ob jetivo es sencilla mente impo sible d e alcanzar. Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 257 recur sos como de riqueza, que se propugnaba como uno de los princi pios esenciales del Estado del Bienestar, ha terminado por descubrirse convirtiéndose e n una de las grandes falacias del ca pit alismo. Compartimos la opinión de Latouche (2012: 51) cuando afirma que “habría que distingui r (…) entr e desarrollo y c recimiento (en minúsculas) – fenómenos d e evolución que afectan un a realidad precisa (la población, la produc ción de patatas, la cantidad de re siduos, la toxicidad del agua, e tc.) y que pu eden ser (o no) deseables inmi nentemente-, y Des arrollo y Crecimiento (en ma y úsculas), con ceptos abstractos para designar el dinamismo económico, siendo este su mismo fin”. Afirmando, en est e sentido, qu e “la confusión no es cu lpa nuestra, es el pensamiento dominante quien la cultiva hábilmente” ( Ibídem, 2012: 51). Otros autores como M anfred Linz (2007: 38) defi enden la hipótesis de que el crecimiento deviene de una sue rte de constante antropológica y que es “algo natural” y que “sucede por sí mismo” y a que “mientras hay a seres humanos que deseen salir de sus carencias y crear mediante su acc ión algo que previamente no ex istía, habrá crecimiento” . Linz (2007: 39) también señala que “la s uposición de que el crecimiento caracteriza sistemáticamente a una economía sana, que ésta o bien crece o bien se de sploma, es errónea. El crecimiento (…) no es planifica ble: sucede o no sucede” cimentando su argumentación en el hecho de q u e la obligación de consumir que propugna el modelo li beral es autocontradictoria ya que si dicho modelo sigue, en teoría, los deseos de los consumidores el consumo pue de estabilizarse en algún momento de man era que la no existencia d e crecimiento económic o no significa que un Estado esté en crisis o en decade n cia puesto que “una economía goza de salud cuando oferta y demanda se encuentran en equilibrio” ( Ibídem, 2007: 39). L os pl anteamientos sobre suficiencia y sost enibilidad de este autor ponen en tela de juicio las tesis liberales acerca de la bondad objetiva del crec imiento económico y su mimética equipara ció n con el concepto desarrollo, a la vez que cuestiona el h echo d e que pueda considerarse desarrollo aqu ello que está estrechamente vinc ulado con el e xpolio de la naturaleza y la degradación ambiental. Todo ello no es óbice a l a hora de indicar que las posiciones mayoritarias hoy en día en torno a los conceptos de desarr ollo y crecimiento orbita n alrededor de sus vincul aciones con índices cuantitativos y crecimiento exponenc ial. Jorge Riechmann (2007: 81 -82) pone el acento en una cuestión fundamental que clarifica ciertas polémicas en torno al término desarr ollo indicando que “e stán los que desean el M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 258 desarrollo entendido convencionalmente (como crecimien to del P I B) y a la vez sostenibili dad. No se dan cuenta de que desean un imposible: conce bido en estos términos, « desarrollo sostenible » es un oxímoron, una expresión autocontradictor ia. Y estamos quienes deseamos a la vez desarr ollo humano (una insuficiente aproximación al cual ofrece el Índice de Desarrollo Humano de Naciones U nidas) y sost enibilidad, a spiraciones que no son contradictor ias. P ero debe quedar cl aro que si « desarrollo » se entiende al modo convencional, entonce s no ha y posibilidad ninguna de desarrollo sostenible”. L atouche (2007: 37), e n una línea similar, define el desarrollo sostenible, aludiendo a su cará ct er antinómi co como “una chapuza conceptual que intenta ca mbiar las palabras porque no se pueden cambiar las cosas” y profundiza indicando que “es como el infie rno, está plagado de buenas intenciones” ( Ibídem , 2007: 41). La actitud, a menudo prepotente, destilada desde l a ciencia e conómica puede obrar en el trasfondo de las interpretaciones sectarias. Verdú (2009: 17) indica que “la economía, l a ciencia social mat emáticamente más avanzada, es la ciencia humana más atrasada. Y ello obedece a que con frecuencia se abstrae d e las condiciones sociales (… ) que son inseparables de las actividades mercantiles. Como consecuencia, los expertos económicos resultan especialmente inc apaces para int erpretar las causas y las cons ecuencias de las perturbaciones monetarias o bursátiles y de prever el curso de la economía incluso en el corto plazo. Obedientes a l cálculo, ignoran lo que no es calculable ni mensurable, como la vida, e l sufrimiento, la alegría, el amor, el honor, la magnanimidad, la mod a, la emulación, las comunicaciones y el mal humor. Su medida de la satisfacción vien e a s er el crec im iento de la producción, de la productividad o de los ingresos”. Atendiendo a magn itudes de naturaleza macroeconómica d eso y en cuestiones fácilmente constatables en el día a día, como o curre en la interpretación del concepto desarrollo. Así, “la economía pued e establecer con precisión las tasas de pobreza monetaria, pero ignora la subordinación, la humillación o el dolor que experimentan los pobres. Ignora, en otros casos, la confianza o la duda cir cunstancial en uno mismo y en el gobierno. Y la voluble, excitante o temeraria inclinación a apostar” ( Ibídem , 2009: 17). Dicho de otro modo, “los indicadores de la Contabilidad Nacional, como el PIB o el PNB, miden las transacciones mer cantiles dentro de una e conomía. Tomarlos como indicadores del progreso humano -suponer que vivimos mejor cuanto más dinero cambie de unas manos a otras - equivale a des conocerlo casi todo sobre el mundo que habitamos, y sobr e Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 259 los movimientos del corazón humano. Pero en e sa i gnorancia pa recen su midas las ma yorías sociales de hoy e n dí a…” (Riechmann, 2007: 90). Esa identificación del término desarrollo y de otr os como c alidad d e vida o bienestar con magnitudes de naturalez a económica atrajo, como apuntan Ca ride y Meira (2001: 1 10) a las políticas públi cas y a los Organismos I nternacionales que “además de concebir el desarrollo como una evolución cuantitativa de las macromagnitudes socioeconómicas, considera n que supone una transformación cualitativa de las estruc turas que las so portan cotidianamente, posibilitando que los pueblos avancen en sus proc esos de civili zación”, debiendo plantearse la cuestión de si la economía, al contrario de lo q ue par ece acaecer ho y en día “¿no debe e n realidad ser subordinada : instrumento para logra r la buena vida?” (Riechmann, 2007: 91). En este sentido, entre los diferentes indica dores de naturaleza macroeconómica cabe destacar la incidencia del Producto Inter io r Bruto (P I B) que recoge la prod ucción de bienes y servicios de un país, normalmente en el periodo de un año. Han exist ido intentos de configurar otro ti po de alternativas contables que considera sen cuestiones relacionadas con el progreso y el desa rrollo humano que tuvieron su génesis en los ataques hac ia el P IB por no ser un modo fiable d e e valuar el biene star de los ciudadanos. Como s eñala H amilton (2006: 71), “quizá el problema esté en que nue stros índices de progreso son erróne os. Nuestra medida del progre so nacional (crecimiento del P IB o del PNB) está inseparablemente ligada al sistema de precios. Se supone que una actividad contribuye al bienestar nacional por el mero hecho de que se produce para ser vendida, y sólo en cuanto tal. El rasgo definitorio de la prosperidad es la trans acción monetaria. Esta forma de m edir el bienestar naciona l omi te dos grandes c ampos: las aportaciones al bien estar r ealizadas por la familia y el medio social, y l as del medio ambiente. Ambos son fundamentales para nu estro bienestar, pero como lo que aportan queda fuera d el mercado, simplemente no cuentan”. Una d e las tentativas más destacadas viene representada por el Indicador de Progreso Genuino (IPG), conocido también como Índic e de Bienestar Económico Sostenible (I BES) (Hamilton, 2006), aunque sigue contando con la debilidad, compartida con el P IB, de consid erar qu e el bienestar es una función del consumo. A pesar de ello considera tanto los costes como los beneficios del crec im iento económico ( no es lo mi smo qu e una economía crezca un 4 % con subidas en las tasas de dese mpl eo a que lo haga en ese mismo porcentaje manteniendo las tasas de paro). M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 260 Taibo (2009a: 5) pone un ejemplo gráfico acerca de esa tendencia de los indicadore s má s utilizados a contabilizar todo como cre cimiento, independientemente d e sus consecuencias sociales, e indi ca qu e “si un país retribu ye al 10% de sus h abitantes por destruir bienes, hacer socavones en l as c arreteras, dañar los vehículos …, y a otro 10% por r eparar carreteras y vehículos, tendrá objetivamente e l mismo producto int erior bruto que un país en el que el 20% de los empleos se consagre a mejor ar la esperan za de vida, la s alud, la educación y el ocio (…) Y es que debe subray a rse que los indicadores al uso contabilizan como crecimiento - y cabe suponer que, también, como bienestar - todo lo que es producción y gasto: las agresiones medioambientales y los procedimientos orientados a ponerles freno o corregirlas, la fabricación de cigarrillos, los fármacos y las drog as, las secuelas de los accidentes de tráfico en forma de vehículos remolcados, reparaciones, transfusiones d e s angre, mé di cos y abogados, o, claro, el propio gasto militar. Esos indi cadore s apenas nada nos dicen, en cambio, de elementos q ue se antojan vitales para e ntender la condición de una sociedad”. Algunos de los puntos clave que tiene en cu enta e l I PG con r especto al P IB son los siguientes (Hamilton, 2006):  La distribución de la r enta. El PI B da implícitamente por supue sto que la distribución de la renta es perfecta sin tener en cuenta si se destina a las rentas más elevada s o si se distrib u y e entre los núcleos familia res más necesitados (lo cual sí supondría, en cierta medida, una señal de progreso y /o desarrollo). El IPG ajusta el crec im iento en el consumo teniendo en cuenta l os ca mbios en la dist ribución de los ingresos.  La contabilización de las tareas domésticas y sociales. En el P IB dichas ocupaciones (cuidado de niños y ancianos, cocina, limpieza, etc.) no se tienen en cuent a en la contabilidad nacional por situarse fuera del mercado, así, “colocar a un niño en una guardería acrecienta el producto interior bruto, en tanto cuidarlo en casa no ti ene ese efecto” (Ta ibo, 2009a: 6). El I P G incluye un cálculo del valor de dichas tareas.  Una ampliac ión de miras (I PG) en la valoración de las consec uencia s del incremento de las tasas de desempleo (r uptur as fa mi liares, delincu encia, etc.) que va más allá de la simple p érdida de producción registrada en las contabilidad es nacionales (PIB). Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 261  Una parte importante d el gasto tenido e n cuenta por el P I B es de ca r ácter defensivo, es decir, se r ealiza para protegernos de alguna reducción d el bienestar (el incremento del gasto en seguridad doméstica es entendida como una aportación positiva al bienestar). El IPG deduce d e los gastos de consumo los de ti po defensivo relacionados con la criminalidad. Algunos otros tipos de g asto sanitario y de reparación de accidentes son también de ca r ácter defensivo y se desc uent an en el cálculo del IPG.  El P I B ignora el im pacto ambiental generado por el incremento de la actividad económica y por la producción de bienes y se rvicios (contabiliza el v alor de la madera de los bosques como un benefic io): “un bosqu e convertido en p apel acrecienta el producto interior bruto, en tanto que es e mi smo bosque indemne, decisivo para garantizar la vida en el p laneta, no computa como riqueza” (Taibo, 2009a: 6). Mientras, el IPG sí contabiliza esas consecuencias (la producción de gases d e efecto invernadero, por ejemplo, es considerada como un coste). La tou che (2008) señala l a existencia de otra se rie de indicadores que intentaron ampliar el espectro de valoración asumido por el P IB considerando otras cuestiones del quehacer vital de la ciudadanía. Salud, alimentación, educación, condi ciones de trabajo, hábitat, vestimenta, ocio, seguridad social, etc., eran algunos de los elementos olvidados que emergían desde la línea fundacional de estas tentativas digamos alterna ti vas, c omo la que pudo suponer e l conocido como P ID (Pro ducto Interno Suav e de Québec). Del mismo modo, y a este respecto, vale la pena mencionar el denominado IBED (Índice de Bienesta r P ermanente) que se bas aba en la siguiente fórmula: consumo comercial doméstico + servicios de traba jo domésti co + gastos públicos no defensi vos – gastos privados defensivos – gastos de degradación del medio ambiente – desvalor ización del capital natural + formación de capital productivo. La construcción de estos indicadores alternativos no deja de ser un modo más de cuestionar el con cepto d e crecimiento y d esarrollo, así como su equiparac ión con la felicidad propugnado y difundido por la cosmovisión neoliberal. D e este modo, “la actividad económica toma todo lo que necesita d el ámbito s ocial y d el mundo n atural, y es así, sólo así, como las cosas adquieren un prec io y pu eden incluirse en la contabilidad nacional. L a actividad económica ex pulsa lo que no nece sita – trabajadores sobra ntes, residuos tóxicos-, que, de ese modo, deja de ap arecer en l a contabilidad nacional. Las apo rtaciones a nuestr o bienestar sólo cuentan s i se transfieren al sector del mercado; los efectos secundarios del M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 262 mercado que reducen nuestro bienestar se reenvían a los sectores sociales y medioambientales, donde y a no cuentan. La economí a sólo valora lo que necesita. Lo que n o necesita, c arece de valor” (Hamilton, 2006: 76 -77). Naredo (2006: 38) apoya estas argumentac ion es señalando que “el problema originario estriba en que la civilización industrial, al utilizar el razonamiento monetario como guía suprema de la gestión, resa lta la dimensión crea dora de valor o utilidad, pero cierra los ojos a los dete rioros sociales o ambientales que dicha gestión origina”. Todo ello nos abre el camino a una interesante reflexión según la cua l, d urante muchas décadas, el desarrollo se ha vis to fu ertemente impregnado de plant eamientos paternalistas y transitivos ( La touche, 2 007), como si d e algun a forma los países ricos o las inst ituciones supraestatales del primer mundo desarrollase n a las naciones menos avanz adas, con todo lo que esto puede significar si lo leemos tanto en t érminos de explotación y esquilmación de recur sos, como desde el punto de vista de la má s que posible negación de la autonomía e identidad cultural de los pueblos, así como d e su incapacidad par a com prometerse con sus propios procesos de desarrollo. Muchos de los estudiosos del (de )crecimiento (L atouche, 2012; L inz , 2007; Rie chmann, 2007) señalan como probable punto d e partida en estas consideraciones d e naturaleza paternalista el denominado efecto goteo (trickle -down effect ) según el cual el incremento de la riqueza de unos acaba reca y e ndo en todos, tanto si se trata de individuos como de países (algo que, por otr a pa rte, ya h abía sido enunciado por Adam Smith en varios de sus escritos). En este sentido, las célebres “a y uda s al d esarrollo” pueden representar y de he cho, en muchas ocasiones, así su cede, un mecanismo para lavar conciencias occidentales y suponen el “reparto de las migajas” en el Sur. Quizás una ordenación más justa con respecto a los países subdesarrollados ev itaría “limosnas” y plante amientos paliativos que tienen su origen en la concepción de tal es luga res como viveros de m ateria primas baratas y ma no de obra a p recio de saldo. Eso no es desa rrollo, es lo que podría ll amarse d esarrollismo coloniz ador. Y es qu e “la globaliz ación actual nos enseña lo que ha sig nificado el d esarrollo y l o que nunca h emos querido ver. Es, a la vez, el estadio supremo del desarrollo realmente exis tente y la negación de su concepto míti co” (Latouche, 2007: 19). Es e concepto mítico q ue refi ere La tou che viene repre sentado por definiciones, en cierto modo idealistas, que aluden a la autonomía de los pueblos y al desarrollo int egral de la personalidad del ser humano, ignorando el contexto mundial. Todo ello, por no aludir a las declaraciones de int enciones de dichos organismos en Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 263 cuanto a los objetivos del desarrollo que hacen re f erencia, nada menos, a cuestiones del calibre de acabar con el hambre y alcanzar la paz mundial. El desarr ollo es, en este sentido y de alguna forma, “e l mirlo b lanco, ¡nadi e lo ha vist o jamás!” ( Ibídem, 2007: 20). Las perversas adjetivaciones con las que se ha maridado el conce pto desa rrollo (social, humano, local) desde l as instit uciones supraestatales no dejan de ser, d el modo en q ue lo manifestamos anteriormente, un manto que trata de disfrazar lo que en realidad es im perialismo (también cultural) y etnocentrismo pues “el desarrollo consti tuye a la vez una impostura conceptual, por su pretensión universalista, y una impostura práctica, por sus contradicciones p ro fundas” (Ibídem , 2007: 53). En s íntesis, y ahondando en l os aspectos conceptuales, “desarrollo, igual que crecimiento, son p alabras tóxic as, sea cual sea el adjetivo con el que se adornen” (Latouche , 2012: 48). El carácter etnocentrista de l término desar rollo, que nos tr aslada a la primera d e las imposturas de las que habla Latouche (la i mpostura conceptual), alude a la fuerte occidentalización de esta palabra y al h echo d e que dicho con cepto se encontraba ausente en muchas civili zaciones antes del contacto con Occidente. Gilbert Rist (2002) analiza tal cuestión reflejando el significado del término desarrollo en lenguas per tenecientes a otr as civilizaciones mu y al ejadas, geográfica y cultur almente, de la occidental (la traducción del término a las lenguas africanas, por ejemplo, ha su puesto un im portante quebradero d e cabeza a expertos en la mate ria). Para Rist (2002: 273) “los problemas relacionados con el desarrollo se inscriben en lo más profundo del imaginario occidental. Que el crecimiento o el progre so puedan continuar inde finidamente, es una afirmación que dist ingue de manera radical a la cultura occidental de todas las demás. Esta característica, tan extraña y tan moderna, establece entre los pueblos una fractura cu ya importancia v a mucho más allá q ue cu alquiera de las qu e se han forjado a lo largo de la historia pa ra justif icar, de manera sociocéntrica, la pretendida superioridad de Occidente (salvajes/civilizados; culturas orales/culturas escritas; sociedades sin historia/sociedades históricas, etc .)”. Y no sólo se trata del propio término desarrollo sino de otros concept os íntimamente relacionados con éste, como por ejemplo l a pobr eza. Así las cosas, po r ejemplo, “en África, no se considera pobre a quien carece d e bien es materiales, sino a quien no tiene nadie a quien recurrir y viv e una es pecie de orfandad social (…) La frugalidad colectiva no debe confundirse con l a pobreza. No se trata, naturalmente, de ha cer un elogio rousseniano de la pobreza sino simplemente de evitar qu e se confunda la sencil lez de algu nos modos de vida M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 264 con la pobreza modernizada que se crea por la expansión del sis tema de mercado” ( Ibídem , 2002: 289). De la misma manera que “la hegemonía del desarrollo sólo ha podido establec e rse gracias a una forma d e ilusi onismo semántico: el establecimiento y la di fusión de la idea de subdesarrollo” ( Ibídem, 2002: 273). Para Latouche (2007: 54 ) lejos de tratarse de una cuestión casual o que pudiese obedece r a motivos de otra naturaleza, la ausencia de palabras para expresar el significado d e desarrollo tiene su origen en el hecho de que “los valores sobre los que se basa el desarrollo, y particularme nte, el progreso, no se corresponden en absoluto con aspiraciones universales profundas. Esos valores van unidos a la historia de occidente, per o segu ramente no tiene n ningún sentido para las otras sociedades”. Estas interpretaciones occidentales son también recha z adas por otras culturas por lo que suponen en cuanto a la pretensión de dominio sobre la naturaleza. En resumen, “todos los pueblos opr imidos, estrangulados, humillados del planeta no aspiran necesariamente a lo que esconden los milagros y espejismos del desarrollo, sean cuales sean los en voltorios. Aspiran, sin duda, principalmente, a s obrevivir. No sólo mediante una supervivencia puramente biológica, medida en calorías, o p uramente materia l, como lleva a pensar la visión economicista y desarrollist a, sino a través de una supervivencia cultural en términos de calor humano. As piran, si es posible, a vivir « b ien ». Bien, y no siempre más, ni mejor. Eso significa vivir con dignidad, según sus valores, sus normas y sus opciones culturales, sin estar entra mp ados en la competencia por el más alto PNB” ( I bídem , 2007: 88). Siguiendo a Rist (2002) podemos construir una definición de desarrollo que resulta ciertamente cla rificadora desde el punto d e vista de es as concepciones occ identales ciertamente predominantes. Así las cosas, el d esarrollo estaría constituido por un conjunto de práctica s a v eces aparentemente contradictorias que, para asegurar la re producción soci al, obligan a transformar y a destruir, de forma generalizada, el medio natural y las relaciones sociales a la vista de una producción crec i ente de mercancías (bienes y ser vicios) destinadas, a través del intercambio, a la demanda solvent e. El mismo autor llega a establecer el desarrollo como una religión moderna apoy ando su afirmación en las argumentaciones que siguen:  “Es una consecuencia de la arr og ancia o ccidental que considera a la so ciedad moderna distinta de las demás con el pretext o d e que sería r acional y s ecularizada” Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 265 (Ibídem, 2002: 32). Pero la modernidad misma (y sus tradiciones) se inscriben en la tradición.  Es creencia y no ideología, ya que mientras la ideología se discute la creencia, por su parte, como suc ede en el caso del desarrollo, constitu ye “un tipo de certeza colectiva cu y as modalid ades son discutibles, o de las que se pu ede dudar, en privado, pero que su legiti midad es inconveniente discutir e n público (…) se cree en ellas porque se piensa que todo el mundo cree , por qu e no se p uede hacer otra cosa que creer, porque todo el mundo lo dice” ( Ibídem, 2002: 33).  Son cree ncias eficaces puesto que obligan a quienes las comparten a a ctuar de una determina da manera por más que se dude, en privado, de su verdadera bondad.  Estas creencias se r eavivan constantemente mediante unos rituales (“las diferentes cumbres polí ticas, las reuniones del G7 31 , los rounds de negociaciones comerciales y demás s esiones de la As amblea G eneral d e N aciones Unid as” ( Ibídem , 2002: 34)) y unos signos qu e tratan de difundir la idea de que el progreso está en marcha. Se trataría, ( Ibídem , 2002: 247), de “una c reencia que hunde sus raí ces en el imaginario occidental (…), afirma que la buena vida de todos puede garantizarse mediante los progresos de la tecnología y de un crec imiento ilimitado de la producc ión de bienes y s ervicios, de la que todos acabaremos por beneficiarnos. Este desarrollo constitu y e, por tanto, la promesa de una abundancia generalizada y , a imagen de lo que pasa en el orden biológ ico, se le considera natural, positi vo, necesario e indiscutible”. Y vuelve a profundizar en esa suert e de sacra lización efectuada con el propio término indicando que “si las sociedades modernas se identifican con la necesidad de des arrollo es porque han elevado este pri ncipio al nivel de verdad sag rada capaz de simbolizar al conjunto de sus prác ti cas y darles, al tiempo, un carácter obligatorio. Si hace falta ha cer crecer, es para hacer hacer” ( Ibídem, 2002: 247). El papel de los gobernantes y de las autoridad es polí ticas también tienen un espacio para el análisis y la reflexión, siguiendo una línea similar y s eñalando, de esta manera, que “de l a 31 Recibía esa denominación en el año de publicació n de la obra, El desarrollo: hist oria de una creencia occiden tal (2002), un grupo d e p aíses ind ustrializad os cu yo peso político, eco nómico y militar era cier tamente relevante a esca la global (Ale mania, Ca nadá, Estad os Unidos, Francia, Ital ia, Jap ón y Rei no Unido ). Ha pasad o a ser G8 (tras la i ncorpo ración de Rusia) y e n la ac tualidad se m a nej a el nu m er ó nimo G8+5 añad iendo a las principales eco nomías e mergentes ( Brasil, C hina, India, Mé xico y Sudá frica). Sea co mo fuere, se trata d e foros en los que se deter mina el futur o de los ciudadanos, sin los ci udadanos. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 272 principio, se pod ría aplicar la tan clá sica como dudosa etiqueta de “desarrollados”). Considerablemente más abajo, en c oncreto en los puestos 41, 45, 46, 50, 62 y 105, se encuentran, respectivamente, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, España y Estados Unidos. P arec e que la presuntamente inf alible fórmula que equipara bienestar con acumulación mat erial pi erde vigencia si utilizamos como fuente de información aquella que , previsiblemente y empl eando el s entido común, resultará más fiable: las opiniones y perce p ciones de los afectados que no son otros qu e los propios ciudadanos. Ello no hace sino volver a poner en t ela de juicio a los clásicos indicadores representados principalmente, como veíamos en páginas precedentes, por el P IB. Para Latouche (2012: 69 - 70), datos y paradojas de esta naturalez a, eviden cian que “la sociedad llamada « desarrollada » se basa en la producción masiva de decadencia, es decir, en una pérdida de valor y una degradación gene r alizada tanto de las merc anc í as, que la ac eleración de lo « desechable » transforma en desperdici os, como de los hombres, excluidos y d espedidos después de usar, desde el director general y el gerente desechables hasta los d esempleados, los sin techo, lo s vagabundos y otros dese chos humanos”. Para él “es necesario recorrer en sentido inverso el camino de lo económico, que nos ha hecho pa sar de la felicidad, forma terrestre de la beatitud, al producto interior brut o per cá pita, a través de reducir el bienestar viv ido a un bientener estadístico, medido finalmente por la cantidad de bienes mercantiles consu midos individualmente, sin preocuparse de los demás ni de la naturaleza. Sin embargo, dicha metanoia ( regresión) no debe quedarse a m edio camino y de ja r que perdure el mito d el progreso inde finido. Recuperar el sentido de la medida, ¿no es en p rimer lugar salir de la obsesión de lo medible y despedirse de la economía para recuperar lo socia l?” ( I bídem , 2012: 85). En resumen, y como indica Taibo (2010 a: 10) , “somos víctimas de un mito inconsistente: el que sugie re que el crecimiento económico, además de oxig e nar todas las relaciones, es un a fuente de cohesión social que permite fortalecer los servicios públicos y red uce sensibl emente la desigualdad y el desempl eo”, mito que tiene su génesis en la utilización de indi cadore s macroeconómicos que “dist orsionan dramática e interesadamente la realidad” ( Ibídem, 2010a: 11). Del modo en que lo poníamos de manifiesto en el epígrafe dedicado al papel de los ciudadanos, para proseguir con su feroz funcionamiento el sistema neolibera l requi ere que las personas vincul emos la felicidad con objetivos externos y qu e dej emos de lado el establecimiento de relaciones interpersona les y los procesos de colaboración. Sin embargo, Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 273 los datos extraídos d e investigaciones p arecen po ner de manifiesto que “las personas cu y o s objetivos ponen el acent o en la confianza y la asociación con otros (reflejando un int erés por establecer relaciones profundas y mutuamente satisfactorias) p resentan ni veles de bienestar más altos que quien es hacen hin capié en el poder ( como reflejo de un deseo d e ejer cer ascendiente e influencia sobre otros)” (Hamilton, 2006: 55). Cuando tratamos de vinc ular bienestar y felicidad con objetivos externos (ingresos altos, un cuerpo perfecto, etc.) tendemos a ser, aun alcanzándolos, más infelices y a desarrollar patologías psicológicas que si centramos nuestras metas en recompensas de tipo intrínseco (más tiempo con la familia, relaciones sociales, etc.). Debiendo tener en cuenta el hecho de que la felicidad evoca e n ma yor medid a un p roceso y no un resultado final o un mom e nto puntual, “las personas o bsesionadas por acumular riqueza se c entran ne cesariamente en sus propias circunsta n cias y en los miembros de su fa milia más inmediata. Centrarse en las necesidades propias significa orientarse psicológicamente h acia el inte rior de la person a, co n lo que las ne cesidades ajenas pasan a un segundo plano. Además, la búsqueda de la riqueza es intrínsecamente competitiva: el éxito exige aparta r a los rivales a codazos; la superioridad propia depende de l a inf erioridad de los demás” ( Ibídem, 2006: 61). Eso no es todo, y a qu e el factor temporal juega un papel relevante en el sentido de que “quienes van detrás de la riqueza se someten a la presión del tiempo, que les faltará para dedicarse a actividades enriquecedoras para su medio social, incluidas algunas tan sencillas como hablar con los vecinos y tomarse la molestia de interesarse por el resto del mundo y sus afanes” ( Ibídem, 2006: 61). Para terminar, el aspecto relacional del individuo sufre im portantes deter io ro s de acuerdo a que “la s personas obsesionad as por el dinero y las adquisi ciones materiales tienen más afinidad psicológica con los objetos que con las re laciones, y es más p robable que las relaciones qu e mantienen se estructuren para cont ribuir a la b úsqueda de la ac umulación d e bienes. Las relaciones con la familia , los amigos y el medio social más amplio están mediatizadas por objetivos materialistas” ( Ibídem, 2006: 61). La falacia de a ma y or c recimiento ma y or es cotas de bienestar y felicidad personal qu e actúa como sustento del modelo capitalista es explicada a la perfección por el mismo Hamilton (2006: 94- 95): “el moderno capitalismo c onsumist a florece r á mientras la gente desee más d e lo que ti ene. Por tanto, para la reproducción del sis tema, es fundamental que lo s individuos se sientan constantemente insatisfechos con sus pertenencias. No deberíamos pasar por alto la ironía inher ente a ese s entimiento: mientras se nos di ce que el crecimiento M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 274 económico es el proceso por el que se satisfacen los deseos d e las personas para qu e puedan ser más f elices, la teo ría económica se d efine como el estudio pa ra utilizar unos recursos escasos de la mejor manera posible con el fin de maximi zar el bien estar – en realidad, el crec im iento económico sólo se puede sustentar mientras la gente siga sintiéndose insatisfecha- . El crecimiento económ ico no crea f elicidad: es la infelicidad la que sostiene el crecimiento económico. Por tanto, para la supervivencia del moderno capitalismo consumista se debe fomentar continuamente el descontento”. Para Latou che (2012: 43) “después de todo este tiempo, si el crecimiento produjera automática mente el bienestar, deberíamos estar viviendo hoy en día en un auténtico paraíso. Pero es más bien el infierno lo que nos espera, pues este crec im iento vertiginoso c onsiste en primer lugar e n una sangría de las ene rgías fósiles y de los recur sos no renovables, de los residuos y de la contaminación, en definitiva, en la destrucción de nuestro ecosistema”. Linz (2007) señala una serie de motivos de naturaleza tanto psicológica co mo política que gozan de una importante fuerza sug estiva y que se encuentran detrás, en muchos casos, d e la prevalencia de esas int erpretaciones economicistas de los conceptos crecimiento, desarrollo, etc. Algunos de e llos serían los siguientes:  La idea del prog reso de la modernidad ha visto e n el “más l ejos, más deprisa, más grande” un valor en sí y una fuente de ga nancia, y sigue vigente su impronta cultural.  El crecimiento económico promete aumentar el tipo de bienestar que s igue parec i endo a la ma y or ía la medida de la vida bue na: poderse permitir más bienes y má s servicios. Y todavía má s allá: el dinero ha ejercido desde siempre una fascinación inmediata. El dinero permite la diferenciación social, el dinero reduce la incertidumbre del futuro, el dinero da liberta d de elección.  La ot ra cara d e esta f ascinación por el c recimiento es el difundido temor de que no crecer signi fica d etención y la detención significa estancamiento; que con porcentaje s próximos al cero el camino está expe dito hacia la depresi ón económica, lo que traería consigo una d isminución del nivel de vida. Parece evidente que es a concepción de los términ os en torno a los cuales gira la atención de este subepígrafe no d eja de ser nociva a largo plazo ( y a no tan largo) para la civiliz ación humana y par a el propio planeta en sentido físico. Es algo consustancial al propio modelo ya Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 275 que, como apunta Bauman (2007: 121) “una sociedad de consumo sólo puede ser una sociedad de exceso y prodigalidad y, por end e, de redundancia y despilfarro”. El m odelo parece, por otra parte , profundamente agotado y a que “ el c recimiento ho y en día sólo es un asunto rentable a condición de que el peso y e l precio recaigan en la naturaleza, en las generaciones futur as, en la salud de los consumi dores, en las condicio nes de trabajo de los asalariados y , más au n, en los países del Sur” (Latouche, 2009b: 43). Naredo (2006: 228) resalta una serie de indicadores clave de la crisis social y ecológica genera d a por la visión predominante del térm ino desarrollo y por lo s compo rtamientos promulgados desde la ideología ca pitalista. Serían los siguientes:  “Creciente incidencia de la espec ie humana sobre los recur sos y sumid eros planetarios.  El transporte, la com ercialización y el manten imiento del orden (control, policía, tribunal es, cárceles, armamentos,…) r eclaman una fracción creciente de lo s recur sos utilizados.  El coste ec ológico se dispara mientras la c alidad de vida se derr umb a: el tiempo se dedica sobre todo a tra nsporte -trabajo-intendencia-TV.  Polarización y marginación so cial a todos los niveles: la creciente fr a ctura social observada en los países ricos impide la integración de los inmigra nte s”. Teniendo en cuenta los factores a los que a cabamos de aludir, Latouche (2007), apunta l a necesidad de s alir del desarrollo y señala la entrada en el denominado posdesarrollo, indicando que éste, “tiene que s er plural. Se trata de buscar modelos de plenitud colectiva en la que no se favorezca un bienestar material dest ructor del medio ambiente y del bien social. El objetivo de la buena vida se declina de múl tiples maneras según los contextos en que se inscribe. En otras palabras, se trata de reconstruir (¿encontrar de nuevo? ) nuevas culturas” (Ibídem, 2007: 66). Y se trata, sobre todo, de recuperar el sentido de la equidad y de la justicia social puesto que cuando se establece la analogía entre desarrollo y crecimiento, entendiendo que el primero contiene al segundo y que ambos cohabitan en la positividad junt o con la calidad de vida y el bien estar de toda la ciudadanía en el vecin d ario del progreso social, nos olvidamos (puede que de forma inconscientemente voluntaria) del hecho de que el desarrollo, ese que im plica cr ecimiento, supone también el crecimiento de las desigualdades sociales, en M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 276 una tendencia instau rada y avivada desde el establecimiento de la competi tividad como valor central de las soci edades occidentales. En definitiva, “el crecimiento era el problema y no la solución” (Latouche y Harpa gès, 2011: 35). Lo que reclamamos es otra forma de bienestar y calidad de vida al ejadas de esos parámetro s de n aturaleza económica y m aterial, y esa alternativa pas a indefectiblemente po r la posibilidad de que el c iudadano participe y se i mplique en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones en el entorno más próximo, al canz ando una calidad de vida relacional qu e reemplace a las p ercepciones individualistas y materialistas que ven en el dine ro y las posesiones materiales un tótem que augura bienes tar y felicidad. Iniciativas enmarcada s en el desarrollo comunitario, el desarrollo sust entable, alternativas de ecodesarrollo fundamentadas en una lógica plural que bebe de las fuentes de la equidad y la just icia social, opciones como el decrecimiento y la suf iciencia, comienzan a avanzar en ese c amino. Además, concordamos con García (2004: 130) cua ndo afirma, aludiend o al derecho al desa r rollo, que “la búsqu eda de la equidad a nivel internacional constitu ye u n nuevo derecho” y el marco interpretativo basado en l a lógica d el mercado imposibilit a que en dete rminados contextos se pueda avanzar en esa direcc ión. Volvemos a reitera r que el análisis del sistema sociopolíti co y económi co imperante, abordado en los párrafos que precede n, re sult a cruc ial puesto que para que la verdadera democracia y l a iguald ad políti ca que ésta conlleva sean reales, serí a ne cesario ir gener ando simultáneamente un m undo en que las desi gualdades estructurales descritas fueran desapareciendo; porqu e s i no se superan es as desi gualdades de p artida en cuestiones relativas al suste nto, la supervivencia, etc., no se pued e alcanzar esa equidad en lo atinente a la participación o a la posibilidad de implicarse en lo s procesos de toma de decisiones. Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 277 2.2.2. El decrec i miento como alternativa para otro desarrollo 33 Son dos los motivos fundamentales que nos emp ujan a plantear alte rnativas a los he chos que venimos describiendo a lo largo de este ca pítulo. Una situación que adquiere carta de identidad en la medid a en que la asumimos y entendemos como una pluralidad de problemáticas de carácter poli édrico (condiciones laborales precar ias, degradación ambiental, atomización cultural, falta de democracia real, individualismo, competitividad, codicia , etc. ) que surgen como consecuencia del a fianzamiento del modelo capitalista neoliberal y que configuran nuestra sociedad contemporánea, “un a sociedad fagocitada por una economía cu y o único objetivo es el crecimiento por el crecimiento” ( Latouche , 2012: 45). Hablaríamos, po r un lado, de la tan patente como interesada tendencia reduccionista en la interpretación y el análisis de los té rminos a los que acabamos d e aludir (desarrollo, bienest ar, c alidad de vida , progreso, etc.), dotándolos, de manera inequívoca e indisputable, de un s esgo economicista. Por otro, de la n ecesidad de combatir, d e un modo decidido, la crítica que desde ciertos sectores de la investigación se dirige hacia las Ciencias Sociales atribuy é ndoles, en cierta medida y de un modo, a nuestro parecer, extr emadamente injusto, un carácter pesimista y destructivo patentado por la instalación en la queja y la ausencia de me didas que puedan solventar, siquiera mejorar, a quellas p roblemáticas que son objeto de aná li sis . Vivimos en una sociedad “que mide el éxito del in dividuo por el número y el poder de los medios de que dispone para tener la comunidad a dist ancia, para escapar al desti no común, para aislarse y dif erenciarse de todos, para construirse un caparazón contra el mundo: auto, casa, confort, propied ades privada s, reducen su dependencia ante los demás, y limitan sus contactos con ellos. Consi dera que la coronación de una vida es el espléndido aislamiento del rico y re finado propietario. Pero a aquellos que no quisi eran poseer, aislarse y consumir a expensas de todos, sino dar, comunicar y constru ir con y par a todos, ella no tiene nada que ofrecer” (Gorz, 2008: 46 -47). Para Taibo (2009b: 45) se trata de “un modo de vida esclavo que hac e pensar que cuantas más horas se tr abaje, más dinero se g ane y , sobre todo, más se consiga consumir, mayor será la fe li cidad”. Es, ni más ni menos, que el sistema consumista del que Latouche (2012) cifra en tres sus pilares esenciales, responsables de su 33 La e scasez de auto res q ue a bord en el decrec im ie nto co mo una alter nativa pa r a o tro desarrollo, y má s au n desde el p unto de vista de otorgar u n importante pr otagonis m o al factor relacional (ne xo de unión con la te mática referida a las dinámicas cí vicas), nos lle va a configurar este epígrafe guiándonos p or aq uellos referentes que han publicado obras en este sentid o, a sab er: Riechmann, Lato uche, Taibo , Linz, Hamilto n Sempere y Tello . M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 278 funcionamiento y de su para dóji co a la par que contradictorio pot encial creador -destructor. Hablaríamos de :  La publi cidad, que recrea incansablemente el deseo de consumir.  El crédito, que proporciona los medios para hacerlo incluso a los que no los tienen grac i as al sobreendeudamiento.  La obsolesc encia p rogramada, qu e garantiza la renovación obligad a de la demanda. Nos trasladamos, pues, a para jes c aracterizados por la ideología del crec im iento y l a ac umulación que deberá obtener en teorí as centradas en el decrecimiento un indispensable contrapunto que mitigue, en la medida de lo posible, su innegable carácter autodestructivo. Un contrapunto que se cimiente en el hecho de que “el hombre no es sólo un át omo calculador, sino que se p roduce so cialmente y sig ue la lógica de la triple obligación del don: obligación de dar, obli gación de recibir, obligación de devolver. Esta le y de la r eciprocidad está en la base de la socialidad primaria, de la familia, de la vecindad y d e las redes relacionales. No es de extrañar que l a econ omía de l a f elicidad otorgue, como el decrecimiento, un lugar importante al espíritu del don, como antídoto al espíritu mercantil” (Latouche , 2012: 71). Se tra tarí a, e n este se ntido y en un principio, de acometer una disminución regular controlada de la produ cción económica con el ob jetivo de establecer un a nueva r elación de equilibrio de los seres humanos entre sí y con respecto al medio ambiente. Dicho de ese modo, y teniendo en cuenta la cosmovisión promovida por la ideología domi nante, podría parecer que estamos hablando de una suerte de desaceleración de l a dinámica desarrollada en las últimas décadas. Na da más l ejos de l a r ealidad. Conviene enfatizar, desde un principio, “que el decrec imiento no es un cre cimiento negativo, expresión contradictoria que revela la supremacía del imagin ario desarrollista. Ha y que huir (…) de cu alquier percepción cuantitativa del d ecrecimiento: no se trata de hacer lo mi smo pero en menos cantidad” (Taibo, 20 09a: 16). Prosigue en esa lí nea cuando señ ala que “si d eclaramos rechaz ar el concepto de crec im iento porque ent endemos que incorpora u na aberrante inclinación en provecho de lo estrictamente cuantitativo y en detrimento de la consideración de variables soc iales y medioambientales funda mentales, corremos el riesgo de qu e, al contraponer el vocablo decrecimiento, éste se v ea impregnado del cuantitativismo de su contrario, de tal suerte qu e se Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 279 traslade la idea de que, en los hechos, lo único que demandamos es que se verif iquen reducc ion es en los nivele s de producción y de consumo” ( Ibídem, 2009 a: 2 7). No se trata, en ningún caso, de hacer más de lo mismo o, en esta coyuntura, menos de l o mi smo y a que “la idea de que resolveremos los problemas de la mano de una ma y or eficiencia en el uso de los recur sos, sin reducir el consumo y el crecimiento, se antoja una crasa equivocación” (Taibo , 2009b: 48). El propio Ta ibo (2009a: 21) señala q ue “la apuesta por el d ecrecimiento reclama expresa mente el despliegue de reglas diferentes de las que ho y d eterminan el mal funcionamiento, y la injusti cia, de nuestras sociedades”. Se podrían resumir tales reglas en los seis puntos que a continuac ión relat amos:  Reivindicación de sobri edad y simpli cidad voluntaria. Entre las razones q ue explican dicha cu estión “se cuentan el pésimo escenario económico que hemo s hereda do, la dramática ausencia de tiempo para l levar adelante una vida saludable, la necesidad de mantener una relac ión equilibra da con el medio, la ce rteza de que el consumo no deja espaci o para el desarrollo personal y , en suma, la conciencia de las diferencias que existen entre quienes consumen en exceso y quienes carecen d e lo esencial” (Taibo, 2009a: 21).  La d efensa de un ocio creativo que combata la dinámica del tra b ajo ob sesi vo.  Un rep arto diferente del trabajo. Como señalarem os más adelante se tr ataría de expandir la actividad de aquellos segmentos de la economía vinculados con la satisfacc ión de las necesidades sociales y la atenci ón al medio ambiente, a la vez que se re parte el trabajo en los sectore s económicos tradicionales.  Apostar por el triunfo d e la vida social frente a los impulsos que nacen de la propiedad y de l consumo ilim itado.  Reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, d e las organizaciones administrativas y de los sistemas de transporte, favoreciendo el consumo de aquello que se produce en cerca nía.  Defender l a lógica de l o local frente a lo global, favoreciendo fórmulas d e democracia directa y a ut ogestión. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 280 Por su parte, La touche (2 012: 71) se manifiesta en una línea sim ilar cuando habla “de las ocho R 34 que forman el círculo virtuoso propuesto para llevar a cabo la utopía de la sociedad autónoma”. Se tra ta ría de los siguientes principios esenciales (Latouche, 2008, 2012):  Reevaluar , porque se tr ata de sustituir los valore s de la socie d ad mercantil como son la compet encia exacerbada, el individualismo, la acumulación sin límites, y la mentalidad depredadora en las relaciones con la n aturaleza, por los valores de altruismo, reciprocidad, convivencialidad y respeto por el entorno. L a abundancia combinada con el individualismo produce miseria, mientras que el c ompartir, incluso dentro de la frugalidad, pro duce la satisfacción de todos.  Reconce ptualizar, se bas aría fundamentalmente en la necesidad de replantearse la riqueza y la pobreza así como adoptar otra manera de aprehender la realidad enraizada en ese cambio de valores qu e supone la primera R (reevaluar). “ La « v erdadera » riqueza está hecha de bienes relacionales, que precisamente se basan en la reciprocidad y en el compartir, en el saber, en el amor y en l a amistad. Inversamente , la miseria es ante todo psíquica y resulta del ab andono en la « multi tud solitaria », por la cual la moder nidad ha susti tuido la comunidad solidaria” ( Ibídem, 2012: 72).  Reestructurar, adaptar la producc ión y las re la ciones sociales al mencionado cambio de valores.  Relocalizar 35 , como indis pensable contrapunto a la lógica deslocaliz adora dominante en diversos ámbitos, no sólo en el laboral y /o productivo, tratand o de devolver, como ve remos más adelante cuando ha blemos del loca li smo, un cierto y necesario protagonismo a los enclaves locales. Significa “producir localmente los bi enes esenciale s para satisfacer las necesidades de la población, en empresas locales fin anciada s con el ahorro recogido localmente” (Latouche, 2009b: 51).  Redistribuir, lo que nos remitiría a la ética del compartir. L a reestructuración de las relaciones sociales y a supone una redistribución, que comprende el reparto de la s 34 El p ropio autor señ ala en su o bra anterior: “Pequeño tr atado d el decreci miento sere no” que esa l ista de ocho R es a mpliable, casi de for ma indefinida, con tér minos co mo p ueden ser “radicalizar, reco nvertir, r edefinir, reinventar (la democracia), redimensionar, re modelar, rehabilitar, reducir (el paso), rela jar(se), restituir, readquirir, reembolsar, renunciar , repensar, etc. ” (Latouche, 2 009b: 4 6). 35 Reestructurar y relocalizar son tér minos que no apar ecen de for m a explícita en las págin as de la o bra de Serge Latouche d e 2 012 “Salir de la sociedad de consumo ” en la s q ue se analizan las o tras sei s R. Sí lo hacen en s u trabajo de 2008 “La apuesta po r el decr ecimiento”. Capítulo 2. Los m ovimientos socia les com o ci m i ento de la democrac i a participa tiva 281 riquezas y el acceso al p atrimonio natural entre el Norte y el Sur, así co mo dentro de cada sociedad, entre la s clases so ciales, las g eneraciones y los individuos. Dicha redistribución “tendrá un doble efec to positivo en la reducción del consumo: directamente, reducirá el poder y los medios de l a « clas e consumidora mundial » y mu y particularme nte de los d e la oligarquía de los g randes depredadores; in directamente, disminuirá la invitación al consumo ostentoso” ( Ibídem, 2009b: 50).  Reducir, basada en el rechazo de la depredación y el acapa ramiento. Se trataría de reducir el impacto que tienen en la biosfera nuestras form as de p roducir y consumir, además de hacer otras re ducciones, desde disminui r los riesgos sanitarios hasta reducir los horarios de tra bajo.  Reciclar, aplicando la tecnología a materiales ya empleados para que, mediante el tratamiento adecua do, sean susceptibles de volver a ser utilizados.  Reutilizar, llevando a la prác ti ca el argumento e n función del cual resultaría deseable incrementar la vida útil de los difere ntes productos, limitando el impa cto ambiental, tanto el g enerado por el produ cto desechado como el qu e deviene de su proceso de fabricación. Para L atouche (2009: 58 ), si bien todas las R tienen la misma importancia ha y tres que destacan por encima del re s to ostentando “un p apel « estratégico » : la r eevaluación, porque conduce a todo cambio; la r educción, porque condensa todos los impera tivos prác ti cos d el decrecimiento, y la relo calización, porque c oncierne a la vida cotidiana y al empleo de millones de pers onas”. Como veremos, los planteamientos centrados en el medio ambiente físico resultan indisociables -a l a vez q ue necesariamente compatibles - con aquellos que cargan las tintas en el medio ambiente social. No hay qu e olvi dar, como señala Sempere (2007: 20 ) que “nos encontramos ante una situación histórica inédita, en que el despilfarro colectivo en el aprovec h amiento de un os recursos naturales crecientemente escasos pone en peligro la supervivencia de la humanidad, o por lo menos su supervivencia civiliz ad a”. Se trataría, d e modo mu y sintético y to mando prestada la expresión, de “deshacer el desarrollo/ rehacer el mundo 36 ”. Hamilton (2006) se refiere a la polí tica de reducción de escala s eñalando que esta 36 Título de un coloquio internacio nal sobre el posdesarro llo celebrado en el Palacio de la UNESCO e n P arís entre el 28 de febrero y el 3 de marz o de 2 002. M IGUEL Á NG EL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ 288 por su utilidad sino por s u carácter posicional. Las rentas medi as intentan igualarse con las altas por medio del consumo y éstas desean ma ntener su estatus accediendo a nuevas y exclusivas conquistas materiales en una espiral sin fin.  Seguridad. La tendencia de las personas a dot arse de bien es mate riales p ara l a etapa final de su vida se ve alentada por l a crisi s de los mecanismos de seguridad social , así como por el incre mento de los comportamien tos individualistas. En p erspec tiva de que los sistemas públicos de pensiones esté n en peligro -o que l os subsidios proporcionados se an m uy bajos- los sujetos están invi tadas a hacerse con planes privados de pensiones y a aumentar su patrimonio. Una seguridad social garantizada y sólida desincentivaría estos comportamientos desacelerando la preocupación por la seguridad.  Desarrollo personal. P ara la satisfacción de necesi dades psicosociales (de pertenencia a la comunidad, reconocimiento, participación en la colectividad, autonomía personal, autorrealizaci ón) tendemos a acumular recursos mate riales y bienes manufacturados en vez de preocuparnos po r incrementar nuestra calid ad de vida relacional y por obtener satisfacción y bienestar a través de la austeridad y la suficiencia.  La s iniciativas person ales de austeridad voluntaria. Tienen su base en el siguiente planteamiento: “una sociedad ecológicamente sost enible sólo será es table si se dota de una moralidad dominante de frugalidad y su ficiencia, si estos valores y la s prioridades que implica n se aceptan como los mejores” (Sempere, 2007: 30). El decrecimiento, pues, alude a un a serie de medidas económicas y productivas (entre otras) encaminadas, como no podía ser de otra manera, a finalidades de rango social que orbitan en torno a un nuevo modo de concebir el bienestar, el progreso y la calidad de vida, dotando de contenido y significado a un término que en el capita lismo parec e aludir a un concepto vacío: la suficiencia. Así, Latouche (2 007: 68), alerta de qu e “el d ecrecimiento debería estar organizado no sólo para preservar el medio ambiente, sino también y tal vez, especialmente , p ara restaurar el mínimo de justicia social si n el cual el planeta está condenado a la explosión, S upervivencia so cial y supe rvivencia biológica parecen así estrechament e unidas. L os límites del « ca pital » natural no solamente plantean un problema de equidad intergenerac ional en el reparto de las partes disponibl es, sino un problema de equidad entre [Document text truncated for crawler view.]