Informe sobre las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea

INFORME SOBRE LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Aprobado en la reunión del Pleno del Consejo celebrada el 21 de junio de 1995 INFORME SOBRE LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA ÍNDICE 1.- CONTEXTO GENERAL.....................................................................................................................1 2.- UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA ............................................................................................4 3.- EL MERCADO ÚNICO EUROPEO....................................................................................................4 4.- COMPETITIVIDAD ...........................................................................................................................5 5.- COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL...............................................................................................6 6.- POLÍTICA DE EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL................................................................................6 7.- POLÍTICA AGRÍCOLA......................................................................................................................8 8.- POLÍTICA PESQUERA......................................................................................................................9 9.- POLÍTICA INDUSTRIAL, PYMES Y ECONOMÍA SOCIAL...........................................................10 10.- POLÍTICA DE TRANSPORTES.....................................................................................................11 11.- POLÍTICA COMERCIAL................................................................................................................11 12.- POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE...............................................................................................12 13.- RELACIONES EXTERIORES ........................................................................................................12 14.- CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE 1996.................................................................14 1 Con fecha de 22 de marzo de 1995, el Pleno del Consejo Económico y Social (CES), a propuesta de la Comisión Permanente, acordó la elaboración , a iniciativa propia y de acuerdo con lo previsto en los artículos 7.1.3 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, y 15.5 y 16 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, de un Informe sobre las prioridades de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. En virtud de ello, una vez desarrollado el correspondiente debate en la Comisión de Mercado Único Europeo, Desarrollo Regional y Cooperación al Desarrollo, el Pleno del CES acuerda adoptar en su sesión del día 21 de junio de 1995 el siguiente: INFORME 1.- CONTEXTO GENERAL En el segundo semestre de 1995 España presidirá por segunda vez la institución con mayor peso en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea: el Consejo de Ministros. La Presidencia Española se desarrollará en un momento de especial relevancia en el proceso de construcción europea: la preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996, las negociaciones para la ampliación a los países de Europa Central y del Este y la consolidación del proceso de convergencia hacia la última fase de la Unión Económica y Monetaria. Esta es una excelente ocasión para que el Gobierno español apoye algunos principios fundamentales del proyecto europeo. Además, constituye una oportunidad única que no se puede desaprovechar, ya que con la adhesión de nuevos miembros la próxima Presidencia Española se aleja hasta el primer semestre del año 2002. Así, aunque con un margen de maniobra limitado, a España le corresponde en el segundo semestre de 1995 establecer las prioridades de actuación, preparar el orden del día de las diversas reuniones, acercar posiciones y elaborar posibles compromisos. El CES aporta al Gobierno este informe conjunto, fruto del consenso de los agentes sociales en él representados. Ello no es óbice para que los interlocutores económicos y sociales puedan remitir por separado sus valoraciones propias, incluso más amplias y concretas, sobre el 2 conjunto de los temas que les afectan. Asimismo, el CES quiere resaltar que ha realizado un esfuerzo a la hora de introducir en este informe sólo los principales temas que van a ser objeto de tratamiento durante la Presidencia Española. Se han dejado fuera del informe otro conjunto de problemas y asuntos que cada organización representada en el CES hará llegar al Gobierno en su momento o que serán objeto de un posible informe sobre la Conferencia Intergubernamental de 1996. En los últimos diez años, el largo proceso de construcción europea ha experimentado notorios avances. La aprobación del Acta Única, la consecución del Mercado Interior y, por último, la aprobación del Tratado de la Unión Europea de Maastricht (Tratado de la Unión Europea) en 1992, han supuesto los hitos más relevantes en este periodo. Se ha conseguido eliminar un importante número de trabas y restricciones a la libre circulación de personas, mercancías y capitales y, además, desarrollar nuevas políticas comunes. Se ha dotado a la Unión Europea de competencias, aún restringidas, en Política Exterior y de Seguridad Común y, finalmente, se ha puesto en marcha un proceso que debe conseguir la Unión Económica y Monetaria, fundamentada en la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros. La globalización de las actividades económicas, la mayor apertura de las economías, los intensos cambios tecnológicos, la creciente terciarización de las economías industrializadas y la aparición de nuevos centros de producción son los rasgos más relevantes del momento económico actual. En tal entorno, el apoyo social al proyecto de construcción europea se ha visto empañado por la coincidencia en el tiempo de la puesta en marcha de los programas de convergencia, fundamentados en políticas de estabilidad, con una evolución dispar y negativa de las economías de los Estados miembros. La caída de la actividad, derivada de la última fase recesiva del ciclo económico, que ha supuesto a nivel comunitario un descenso de la renta; la disminución de la inversión; el agravamiento de los desequilibrios presupuestarios; la fuerte inestabilidad cambiaria y, fundamentalmente, el aumento de la tasa de paro, han puesto de relieve una serie de carencias estructurales de las economías europeas, que han generado una fuerte desconfianza en el éxito inmediato del proceso de construcción europea. En consecuencia, los gobiernos de la UE se enfrentan hoy al reto de transmitir al conjunto de sus ciudadanos la necesidad de profundizar en la construcción europea, con la puesta en práctica de políticas de convergencia que sean la base del crecimiento sostenido y estable en un mundo abierto que permita mantener niveles de empleo altos. 3 Ello requiere reforzar las políticas comunes mantenidas hasta ahora, profundizando en las reformas estructurales necesarias para preservar la capacidad competitiva de las economías, manteniendo vivo el proyecto de construcción europeo. La consolidación de este proyecto y la salida de la crisis económica exigen un consenso social sobre las necesarias reformas a acometer. Tal consenso, también entre los Estados miembros, debe definir y ejecutar, sobre la base de la cooperación y de la coordinación, las políticas comunes en favor del crecimiento, la competitividad y el empleo. Asimismo, el CES considera que históricamente la integración europea ha sido un factor de estabilidad política y de desarrollo económico. Aunque ha transcurrido poco tiempo aún desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea de Maastricht, ya se ha hecho evidente la necesidad de acometer reformas adicionales. Actualmente se atraviesa un momento clave en la reflexión sobre el proceso de integración europea. La Conferencia Intergubernamental de 1996 tendrá como objetivo la revisión del Tratado de Maastricht. Se estima que deben introducirse los cambios necesarios para que las instituciones comunitarias se adapten con flexibilidad y agilidad al nuevo escenario, garantizando una mayor transparencia y favoreciendo un acercamiento a los ciudadanos europeos. Dada la gran importancia que reviste esta Conferencia Intergubernamental debe promoverse un amplio debate público sobre la misma. Con la ampliación hacia el Este, se deja entrever ya el gran desafío para los años posteriores a 1996. Las exigencias de una Unión con más de quince miembros van más allá de las modificaciones institucionales. Los nuevos retos, en una Unión Europea así ampliada, hacen necesarias reformas fundamentales en las políticas básicas y, de manera especial, en la Política Agraria Común, en los Fondos Estructurales y de Cohesión y en la dotación de nuevos recursos para el Presupuesto Comunitario. La Conferencia Intergubernamental de 1996 debe sentar las bases y propuestas de todo ello. 4 2.- UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA El CES comparte el objetivo de avanzar hacia una Unión Económica y Monetaria mediante una creciente integración de las economías europeas. A este objetivo puede colaborar la Presidencia Española apostando por una política de convergencia que, a partir de los criterios ya establecidos, tenga en cuenta las distintas realidades de los Estados miembros, las integre armónicamente y rechace cualquier perspectiva excluyente. La experiencia de los últimos años señala que la inestabilidad de los mercados de cambios y sus efectos sobre el aumento de los tipos de interés reales supone una amenaza a la hora de conseguir un proceso de recuperación duradero en el tiempo, un buen funcionamiento del mercado interior y para avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria. Es necesario reforzar los mecanismos europeos de cooperación monetaria en el seno del SME, lo que repercutirá positivamente en el nivel de crecimiento y en los procesos de convergencia. La convergencia de las economías europeas ha de estar respaldada por una creciente armonización de las políticas fiscales, tanto en la imposición indirecta como en la imposición directa sobre las distintas fuentes de renta y riqueza, evitando la competencia fiscal entre los Estados miembros. El desarrollo de la política fiscal europea, desde esta perspectiva, puede ampliar la capacidad de acción de la política comunitaria en aras a potenciar los procesos de convergencia económica, a un funcionamiento adecuado del mercado interior y, también, a garantizar la cohesión social. El debate del presupuesto comunitario para 1996 y los compromisos que implica tendría que abordarse desde una perspectiva de mejora de la estructura de ingresos, buscando un mayor equilibrio impositivo en los niveles de riqueza. La contribución a los ingresos comunitarios en relación a la riqueza relativa -el quinto recursoes un elemento de orientación en los avances del proyecto europeo. 3.- EL MERCADO ÚNICO EUROPEO Después de algo más de dos años desde la entrada en vigor del Mercado Único Europeo, todavía subsisten trabas que obstaculizan su correcto funcionamiento. Se han detectado numerosos problemas técnicos, entre otros, en la comercialización de productos y restricciones en materia de envase y embalaje. Asimismo, existen dificultades en el 5 acceso a mercados públicos, exigencias de documentos aduaneros, inspecciones veterinarias y fitosanitarias , transferencias bancarias y etiquetado. La Presidencia Española debe proponer a la Comisión que solvente estos problemas, considerando el CES que sería importante impulsar medidas que contribuyan con eficacia a la realización del Mercado Único. En la práctica existen grandes retrasos en los plazos de transposición de la legislación comunitaria a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros e importantes divergencias en las adaptaciones, que retrasan y desvirtúan la realización del Mercado Único, impidiendo que las empresas puedan aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece. La Presidencia Española deberá vigilar este proceso y llamar la atención de los Estados reticentes o con "grandes dotes de interpretación". 4.- COMPETITIVIDAD La prioridad que tiene marcada la Unión Europea para el final del siglo XX, especialmente tras la reciente crisis económica, es la creación de empleo. Dada la elevada tasa de paro existente, hay que volcarse en lograr una expansión económica duradera que sea intensiva en creación de puestos de trabajo. En la reflexión emprendida por la Comisión Europea, reflejada en el Libro Blanco sobre el crecimiento, competitividad y empleo, se exponen los retos que tiene la Europa comunitaria para hacer posible este objetivo, que debe ser abordado con energía y coordinación por los Estados miembros. Es esencial que los problemas relativos al crecimiento, la competitividad y el empleo sean abordados conjuntamente. El CES comparte los puntos de vista de la Comisión al respecto y considera necesario continuar con la adopción de reformas estructurales que favorezcan la competitividad de la Unión con una economía más flexible, capaz de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos en un mundo de creciente libertad comercial. Para sentar las bases de una política de competitividad global, los Estados han de promover un entorno favorable para el desarrollo de la actividad productiva y el funcionamiento de las empresas. Por lo tanto, es imprescindible apoyar las medidas de carácter estructural tendentes a mejorar el contexto jurídico, fiscal y administrativo en el que las empresas realizan su actividad económica. 6 La mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo y la potenciación del dinamismo de las relaciones laborales y su adecuación a la realidad productiva, son elementos imprescindibles de la estrategia macroeconómica de crecimiento que pueden permitir mejores resultados en la creación de empleo y en la reducción de la exclusión social. El CES considera que el diálogo social es un instrumento de gran utilidad para conseguir estos objetivos. Igualmente, se debería hacer hincapié en las propuestas que tengan como objetivo apoyar a la pequeña y mediana empresa, motor del desarrollo de la economía europea; también en las propuestas que promuevan la cooperación entre empresas; en las estrategias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar el posicionamiento de las empresas en los mercados mundiales; y finalmente en las iniciativas que faciliten y mejoren el acceso de las empresas a programas comunitarios de I+D, así como en la divulgación de los resultados obtenidos. 5.- COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL El principio de Cohesión Económica y Social no debe limitarse a las acciones de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, sino que debe traducirse en la búsqueda de un punto de equilibrio en las políticas comunitarias que favorezcan una mayor convergencia real. Asimismo, el CES recuerda al Gobierno la necesidad de desarrollar plenamente en España el art. 4 del Reglamento marco de los Fondos Estructurales (Regl. 2081/93) que establece el Principio de Cooperación. La participación de los interlocutores sociales garantizará un acercamiento a la realidad socioeconómica que permitirá a la Administración una mejor defensa de los intereses españoles. 6.- POLÍTICA DE EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL La Presidencia Española deberá llevar a cabo el seguimiento de la aplicación en los Estados miembros de las conclusiones de la Cumbre de Essen sobre el empleo. Tal seguimiento permitirá presentar algunas conclusiones al respecto con ocasión de la próxima Cumbre de Madrid. 7 La inclusión del análisis del empleo y de los mercados de trabajo en los procesos de evaluación y orientación del proyecto europeo, es una decisión que podría colaborar a una mayor eficiencia de la política económica comunitaria y a un mayor equilibrio en los procesos de integración. Con este objetivo se debería adoptar una orientación y una metodología de análisis propia que lleve a una mayor colaboración entre el Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo de Economía y Finanzas y a una mayor participación del Comité Permanente de Empleo. En esta línea, se considera esencial la participación de los interlocutores sociales en este proceso. El tiempo transcurrido desde la aprobación del Protocolo Social anejo al Tratado de la Unión Europea de Maastricht, permite extraer unas primeras conclusiones sobre la contribución del diálogo social a la elaboración de la política social comunitaria. En tal sentido, es preciso fortalecer tal mecanismo articulándolo en distintas fases de consulta y definición de planteamientos, de forma que se dote de contenido y se aleje, por tanto, de su utilización como punto de partida puramente formal para la elaboración de normas comunitarias mediante el procedimiento habitual, pero con los condicionantes derivados de la mayoría cualificada establecida en el citado Protocolo. Igualmente, se subraya la importancia de que la Presidencia Española apoye la aplicación del "Programa de acción en materia social" y el estudio de algunas directivas que han ocupado un amplio debate en el seno de la Unión Europea. Entre ellas, el proyecto de directiva sobre trabajadores desplazados en otros países. Las acciones sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres han de ser objeto también de especial atención de la política comunitaria. El Gobierno español debe seguir atentamente las negociaciones en el marco del diálogo social sobre la conciliación de la vida profesional y familiar, y en especial en lo relativo al permiso parental. La educación y la formación de calidad son factores claves en el desarrollo de los recursos humanos, tanto para los que quieren entrar en el mercado de trabajo, como para los trabajadores por cuenta ajena; para los que quieran trabajar por cuenta propia y también para los empresarios. Los programas LEONARDO Y SOCRATES, entre otros, pueden ser de especial ayuda, pero aún quedan muchos vacíos por llenar. Sería conveniente realizar un análisis de los contenidos del cuarto programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que incluyera las líneas generales de actuación hasta 14 importante apoyar la integración regional de estos países y establecer un acuerdo de cooperación comercial y económica basado en los intereses recíprocos de ambas partes. La Presidencia Española puede desempeñar un papel fundamental en el apoyo al proceso de democratización política e inserción de la economía cubana en el ámbito internacional mediante la adopción de iniciativas que faciliten las reformas en curso y estimulen su desarrollo. Países del Este La ampliación a los países de Europa Central y Oriental (PECOS) es uno de los desafíos que tiene la Unión Europea para las próximas décadas. El CES aboga por una ampliación que no paralice el proceso de integración europea y solicita a la Presidencia Española que incite a los Estados en la búsqueda de fórmulas que eviten una reasignación de recursos en detrimento de los actuales receptores de fondos estructurales. Asimismo, insta a un análisis detallado del impacto que la adhesión de los PECOS tendrá sobre la PAC para, en la medida de lo posible, no saturar el sistema vigente. Estados Unidos En un momento en el que la Comisión Europea ha lanzado sus primeras propuestas para la creación de un espacio económico trasatlántico con Estados Unidos, la Presidencia Española tendrá que realizar un inventario de las cuestiones principales que se presenten en relación a este país para favorecer un mejor entendimiento con el principal socio comercial e inversor extranjero de la Unión Europea. Asimismo, se deberá colaborar para hacer efectiva la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. 14.- CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE 1996 Durante la Presidencia Española tendrán lugar las reuniones del Grupo de Reflexión que preparará la Conferencia Intergubernamental que se desarrollará en 1996. Este contexto es determinante, y es obligación de la Presidencia Española contribuir a la buena preparación de la misma. La responsabilidad de la Presidencia Española es alta ya que el éxito de la Conferencia Intergubernamental se deberá en gran parte a los trabajos preparatorios. Dada la trascendencia de la Conferencia Intergubernamental de 1996 en la configuración futura de la Unión Europea y la necesidad de que los ciudadanos participen en este 15 proceso, el CES solicita que la Presidencia Española defienda la participación al máximo de los interlocutores sociales. Así, éstos colaborarían de manera activa y constructiva en la conformación de una posición que tenga el mayor consenso posible. En tal sentido, el CES tiene la intención de aportar al Gobierno en su momento sus consideraciones al respecto. Madrid, a 21 de junio de 1995 El Secretario General Angel Rodriguez Castedo VºBº El Presidente Federico Durán López 16 VOTO PARTICULAR QUE PRESENTAN LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE CC.OO., UGT, Y CIG (ORGANIZACIONES DEL GRUPO PRIMERO) Y UPA (ORGANIZACION DEL GRUPO TERCERO), AL INFORME QUE EMITE EL CES SOBRE LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA. “... en las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido con más ímpetu que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya parquedad sin fin se confunde con la leyenda”. (Gabriel García Márquez en su discurso al recibir el Premio Nobel). Aun dando nuestro voto afirmativo al contenido del Informe en su conjunto, defendemos la utilización en el texto de “países de América Latina” en lugar de “países de Iberoamérica”. Las razones que sustentan esta defensa no son meramente formales o de carácter técnico, ni residen sólamente en la precisión en la utilización del lenguaje. Porque la lengua, más allá de su carácter normativo, de la neutralidad del significante, está marcada también por el carácter cultural y político del significado. Sólo la poesía traspasa ambos elementos, normativo y político y es capaz de hacer al lenguaje mágico. La utilización de una u otra denominación para los países del Centro y Sur del continente americano tiene que ver con la configuración histórica de la identidad de esos pueblos. El término Iberoamérica connota la influencia de los países de la península ibérica, de España y Portugal en esa zona geográfica, el mestizaje cultural y lingüístico que tuvo lugar a través del proceso de colonización. Por este motivo, aún hoy, su utilización todavía suscita algunos recelos. El término América Latina es más amplio, remite a una mayor diversidad cultural, comprende también la influencia de otros países europeos del área mediterránea, consolidada a través de los flujos migratorios que tuvieron lugar posteriormente. 17 En los foros internacionales, en los organismos de cooperación, en Naciones Unidas, OIT y Organizaciones No Gubernamentales, también América Latina es el término más utilizado para referirse a los países de esa región. Pero la justificación para apoyar la expresión América Latina no sólo reside en nuestra consideración de término más adecuado. No es secundario tener en cuenta que también es el término más consolidado en esos países, que desde Simón Bolívar y José Martí, hasta quienes contribuyen a dar vida al idioma, Borges, Neruda, Benedetti, Paz, se autodefinen como americanos y marcan su diferencia cultural respecto al Norte de ese continente precisamente por su latinidad. Madrid, 23 de Junio de 1.995.