Represión y persecución de minorías y disidentes en las dictaduras fascistas europeas del periodo de entreguerras. (Los apoyos sociales y la colaboración de ciudadanos comunes. La Alemania “nazi” y la España Franquista).
Abstract
El éxito final de los regímenes fascistas, allí donde se impusieron tras sostener duras pugnas políticas con las restantes fuerzas partidistas –incluso las de la extrema derecha antiparlamentaria– y expresiones ideológicas que movilizaban a amplios espectros de las sociedades europeo-occidentales, dependió pues de la consecución de una extensa base social de apoyo a sus transformadoras promesas. Por cuanto debemos inferir que la fuerza movilizadora real, y la enorme capacidad de seducción, del fascismo se instaló sobre la concitación de múltiples apoyos sociales, especialmente complejos y heterogéneos. En consecuencia, los regímenes de la Italia de Mussolini, la Alemania del Tercer Reich y, pensamos nosotros, la España franquista, compartieron numerosos puntos de coincidencia en lo tocante a los caracteres revolucionarios de sus propuestas de regeneración cultural y nacional. O en todo lo relacionado con la laboriosa articulación de un variopinto entramado de apoyos sociales, constitutivos de lo que podríamos denominar una “extensa y heterogénea coalición reaccionaria” de profundos tintes antiliberales, anti-izquierdistas, antidemocráticos y antiparlamentarios. Es por ello mismo, que el amplio consenso que los regímenes fascistas cimentaron a su alrededor, tanto en la etapa histórica previa a su particular “conquista del poder”, como en aquella otra, inmediatamente siguiente, y correspondiente al periodo de construcción de un Nuevo Estado, los predispuso para ejercer la coerción, larepresión y la violencia institucional y selectiva de una forma atenuada.
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Represión y persecución de minorías y disidentes en las dictaduras fascistas europeas del periodo de entreguerras. (Los apoyos sociales y la colaboración de ciudadanos comunes. La Alemania “nazi” y la España Franquista). Francisco COBO ROMERO. Universidad de Granada. 1. Entre la coerción y el consenso. El Fascismo y su época. En su inicial etapa de gestación, la ideología fascista alcanzó a esbozar sus primeras y balbucientes revelaciones como doctrina política interclasista, investida de abundantes matices de anti-liberalismo, anti-marxismo y anti-parlamentarismo, a lo largo de los años de la Gran Guerra. Accediendo a sus más depuradas expresiones en medio de las profundas convulsiones sociales y políticas que asolaron a buena parte de los Estados-nación de la Europa occidental tras la conclusión del conflicto mundial de 1914-1919. Pese a todo, puede afirmarse que remonta sus orígenes a la crisis cultural de fines del siglo XIX1, así como a las primeras manifestaciones de agudo malestar – formuladas desde el socialismo anti-materialista hasta el nacionalismo2– contra el ordenamiento político liberal-parlamentario y las construcciones teóricas exaltadoras del individualismo. En consecuencia, cabría pensar que los regímenes fascistas europeos del periodo de entreguerras del pasado siglo XX, nacieron tras una profunda acentuación de las fracturas clasistas, políticas e ideológicas provocadas por la modernización capitalista y su incidencia sobre la mayor parte de las sociedades europeo-occidentales. A la que se unió la súbita irrupción de las masas en los escenarios políticos y electorales, la acelerada propagación de las propuestas del marxismo y el comunismo, y el temor de las clases medias a la pérdida de “estatus”, o al deterioro de sus posiciones de negociación con los Estados liberales frente a la superior capacidad reivindicativa de los trabajadores organizados. No obstante, allí donde finalmente alcanzaron la conquista del Estado, los regímenes fascistas del periodo de entreguerras se impusieron tras la irrupción triunfante, a la vez que dotada de una enorme capacidad de convicción, de la ideología 1 Al respecto de la crisis de creencias y valores que afectó a la sociedad europea en las décadas finiseculares, y sobre el agotamiento del liberalismo y la decadencia del racionalismo, consúltese Pedro Cerezo Galán, El mal del siglo. El conflicto entre Ilustración y Romanticismo en la crisis finisecular del siglo XIX, Biblioteca Nueva y Editorial Universidad de Granada, Madrid, 2003. 2 Véase Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, Éditions du Seuil, París, 1978 y Ni droite, ni gauche: l'idéologie fasciste en France, Complexe, Bruselas, 1987. 1
ultranacionalista y regeneradora que los respaldaba. Entendida ésta como un complejo programa de propuestas de transformación revolucionaria de los Estados liberales que incorporaba múltiples alusiones a una intensa recreación o palingenesia moral, cultural y política de la Nación. Y anunciando, así, el comienzo de una nueva y esperanzadora etapa histórica, asentada sobre la reconstrucción de la perdida unidad patria, la recuperación de los ancestrales valores identitarios de la Nación supuestamente agredidos, pervertidos o amenazados por una desastrosa confluencia de elementos malignos –o por una vasta corriente de degeneración y decadencia que habría que atajar, contrarrestar y superar–, y la inauguración laboriosa de un ilusionada era conducida por la fuerza inspiradora y cohesiva de un líder carismático3. El enorme ímpetu disuasorio de todos estos planteamientos (palingenesia mitificada y ultranacionalismo populista)4, y la oferta de revolución cultural avanzada por los fascismos, permitió que la extensión de sus innovadoras propuestas de transformación del viejo Estado Liberal rebasase las viejas fronteras y delimitaciones políticas asentadas sobre los tradicionales “clivajes” de clase, confesionales o regionales. Desbordando incluso los persistentes alineamientos electorales o políticos fundados en la división social, religiosa, étnica o nacional que habían predominado en la mayor parte de los Estados parlamentarios de la Europa occidental hasta el inicio de la I Guerra Mundial. El éxito final de los regímenes fascistas, allí donde se impusieron tras sostener duras pugnas políticas con las restantes fuerzas partidistas –incluso las de la extrema derecha antiparlamentaria– y expresiones ideológicas que movilizaban a amplios espectros de las sociedades europeo-occidentales, dependió pues de la consecución de una extensa base social de apoyo a sus transformadoras promesas. Por cuanto debemos inferir que la fuerza movilizadora real, y la enorme capacidad de seducción, del fascismo se instaló sobre la concitación de múltiples apoyos sociales, especialmente complejos y heterogéneos. En consecuencia, los regímenes de la Italia de Mussolini, la Alemania del Tercer Reich y, pensamos nosotros, la España franquista, compartieron numerosos puntos de coincidencia en lo tocante a los caracteres revolucionarios de sus propuestas de regeneración cultural y nacional. O en todo lo relacionado con la laboriosa articulación de un variopinto entramado de apoyos sociales, constitutivos de lo que podríamos denominar una “extensa y heterogénea coalición reaccionaria” de profundos tintes antiliberales, anti-izquierdistas, antidemocráticos y antiparlamentarios. Es por ello mismo, que el amplio consenso que los regímenes fascistas cimentaron a su alrededor, tanto en la etapa histórica previa a su particular “conquista del poder”, como en aquella otra, inmediatamente siguiente, y correspondiente al periodo de construcción de un Nuevo Estado, los predispuso para ejercer la coerción, la 3 Al respecto véase Ian Kershaw, The "Hitler myth": image and reality in the Third Reich, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, Clarendon Press, 1987. (Existe traducción al español: El mito de Hitler. Imagen y realidad en el Tercer Reich, Paidós, Barcelona, 2003). 4 Véase Roger Griffin, The Nature of Fascism, Routledge, Londres y Nueva York, 1993, pp. 32-37. 2
represión y la violencia institucional y selectiva de una forma atenuada. Pues sólo combinando sutilmente la aplicación discriminada de la represión y el castigo sobre las minorías políticamente discrepantes, o los colectivos sociales considerados “desviados”, “perniciosos”, “asociales” o contrarios a los valores imperantes recién instaurados, de un lado, con altas dosis de colaboración ciudadana con las nuevas autoridades, y un extendido consenso social en torno a la aplicabilidad de las nuevas normativas, o de las jurisdicciones especiales creadas para el exterminio de los oponentes e “insumisos”, del otro, sería factible la exitosa continuidad histórica de tales regímenes5. Además de su progresiva “legitimación” y el prolongado aseguramiento de sus posibilidades de éxito y reproductividad. Cuanto equivale a decir que la longevidad de unos regímenes tan declaradamente dependientes de la permanente renovación de un soporte plebiscitario tan extendido y diverso, estaba condicionada por el éxito alcanzado en la permanente reconstrucción del consenso, y en la invitación continua a la colaboración más o menos activa de la ciudadanía común con las instituciones estatales y los órganos de control social. Como bien indica Gregory Luebbert, ningún régimen político de los que surgieron en el periodo de entreguerras –liberalismo, fascismo o socialdemocracia– podía subsistir sin el refrendo de las masas, o la aquiescencia de una amplia y heterogénea mayoría social6. Y ello, a pesar de que en el caso de los regímenes fascistas se practicara en exceso el control social, y la violencia de Estado, como elementos de cohesión inductores del consenso7. Tanto para el caso italiano como para el alemán, la revisión historiográfica ha puesto de manifiesto que los apoyos sociales al fascismo y al nazismo no estuvieron exclusivamente localizados en el amplio espectro de las clases medias y pequeño burguesas del mundo urbano, dramáticamente perjudicadas por la intensa agitación social y económica que sucedió a la I Guerra Mundial. Nos situamos, pues, críticamente alineados con la corriente historiográfica reciente que trata de reinterpretar los orígenes sociales del fascismo europeo de entreguerras. Y de manera especial con aquella que ha prestado un ascendente interés al papel desempeñado por el campesinado, y los multiformes estratos de las clases medias bajas y los sectores populares de numerosos países europeo-occidentales, en el apoyo electoral y político a las opciones antiliberales y antiparlamentarias de las derechas radicalizadas y fascistas surgidas tras la Gran Guerra8. Desde las décadas de los ochenta y los noventa del pasado siglo XX, han proliferado numerosos estudios regionales que han modificado las 5 Consúltese Eduardo González Calleja, “Violencia política y represión en la España Franquista: Consideraciones teóricas y estado de la cuestión”, en Roque Moreno Fonseret y Francisco Sevillano Calero (eds.), El Franquismo. Visiones y balances, Universidad de Alicante, Alicante, 1999, pp. 119-150, véanse especialmente las pp. 132-133. 6 Véase Gregory M. Luebbert, Liberalismo, fascismo o socialdemocracia, Clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997, p. 18. 7 Alberto Aquarone, “Violenza e consenso nel fascismo italiano”, Storia Contemporánea, X, 1, febbraio, 1979, pp. 145-155; y Philippe Burrin, “Política i societat. Les estructures del poder a l’Italia feixista i l’Alemanya nazi”, Afers, 25, 1996, pp. 484-510, p. 502. 3
tradicionales respuestas otorgadas a esta cuestión. El caso específico de los orígenes agrarios del fascismo italiano ha sido ampliamente debatido por una vasta bibliografía. La misma que ha puesto sobradamente de manifiesto la necesaria constitución de complejos entramados sociales de composición harto heterogénea, en el periodo inmediatamente posterior a la Gran Guerra, orientados hacia la defensa de una transformación integral del débil Estado Liberal “posunitario” como premisa inexcusable en la configuración del Estado fascista “mussoliniano”9. Incluso para el caso de la Francia de la III República, las investigaciones centradas en la señalización del alineamiento de buena parte del campesinado católico en torno a los programas corporativistas, fascistas y antiparlamentarios surgidos en el escenario de las luchas políticas y sociales del periodo de entreguerras, ha reafirmado asimismo la repetida importancia del comportamiento político del campesinado intermedio, y de las restantes clases medias rurales y urbanas, en esta decisiva etapa10. Por cuanto respecta al ascenso de nazismo en la Alemania de Weimar, el gran avance experimentado por los estudios sobre la composición social del NSDAP (partido nazi), nos ha permitido conocer cómo éste último se convirtió, desde 1928 en adelante, en un auténtico partido “multiclasista” –Volkspartei o “people´s party of protest”–. Incluso en un “catch all party”, que movilizaba políticamente a amplios espectros de las clases medias altas y bajas, al campesinado protestante –además de parte del católico– y a porciones considerables de 8 Rudy Koshar (ed.), Splintered Classes. Politics and the Lower Middle Classes in Interwar Europe, Holmes and Meier, Nueva York y Londres, 1990 y Thomas Childers, “The Middle Classes and National Socialism”, en David Blackbourn y Richard Evans (eds.), The German Bourgeoisie. Essays on the social history of the German middle class from the late eighteenth to the early twentieth century, Routledge, Londres y Nueva York, 1991, pp. 318-337. 9 Un trabajo pionero de los años setenta ya puso de manifiesto la necesidad de indagar en el comportamiento político de los pequeños aparceros, arrendatarios y modestos propietarios agrícolas del norte y el centro de Italia para comprender mejor el apoyo campesino al fascismo. Véase Frank M. Snowden, “On the Social Origins of Agrarian Fascism in Italy”, Archives Européennes de Sociologie, 13, 2, 1972, pp.268-95. Más recientemente, las siguientes obras han profundizado sobre una línea de investigación muy próxima, Frank M. Snowden, Violence and Great Estates in the South of Italy, Apulia, 1900-1922, Cambridge University Press, Cambridge and London, 1986; del mismo autor: The Fascist Revolution in Tuscany 1919-1922, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, y de Anthony L. Cardoza, "Commercial agriculture and the crisis of landed power: Bologna, 1880-1930", en Ralph Gibson y Martin Blinkhorn (eds.), Landownership and Power in Modern Europe, Harper Collins Publishers, New York and London, 1991, pp. 181-198. Consúltese también Guido Crainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall´Ottocento alla fuga dalle campagne, Donzelli Editore, Roma, 1994. Cf. asimismo Emilio Gentile, “Il fascismo in Italia”, en Piccola Treccani. Dizionario enciclopedico, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1995. 10 Kevin Passmore, “The French Third Republic, Stalemate Society or Cradle of Fascism?”, French History, 7, 4, 1993, pp. 417-449 y, del mismo autor, From Liberalism to Fascism. The Right in a French Province, 1928-1939, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Consúltese asimismo Robert O. Paxton, Le temps des chemises vertes. Révoltes paysannes et fascisme rural 1919-1939, Seuil, París, 1996 y del mismo autor: French peasant fascism, Henry Dorgère´s Greenshirts and the crises of French agriculture, 1929-1939, Oxford University Press, Nueva York, 1997. Véase también Georges Duby y Alfred Wallon (eds.), Histoire de la France rurale, (4 vols.), vol. IV, Éditions du Seuil, París, 1976 y Mark C. Cleary, Peasants, politicians, and producers, the organisation of agriculture in France since 1918, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 1989. Consúltense también Édouard Lynch, Moissons Rouges. Les Socialistes Français et la Société Paysanne durant l´entre-deux-guerres (19281940), Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d´Ascq, 2002, pp. 148-153. 4
la clase obrera semicualificada crecientemente enemistadas con el régimen republicano de Weimar11. En alguna medida, su atractivo político y su irresistible capacidad de seducción rompió con las tradicionales fronteras de clase y religiosas que habían definido las duraderas adhesiones partidistas que prevalecieron durante un prolongado periodo histórico. A la vez que debilitó la persistente operatividad de los tradicionales “socio-moral-milieus”, o los “political-camps”, en el diseño de los más perdurables mapas electorales. Contribuyendo, de esta manera, a una profunda redistribución de los apoyos partidistas, existentes entre los grandes campos de fidelidad ideológica que habían predominado durante la mayor parte de la etapa Guillermina hasta la proclamación, el año 1919, de la República12. Los “nazis” se convirtieron, a partir sobre todo del año 1930, en la fracción política por excelencia del régimen republicano hacia la que iban a confluir las actitudes de rechazo al liberalismo burgués y al parlamentarismo liberal, e incluso a buena parte de la socialdemocracia y el comunismo, expresadas por las clases medias protestantes –y en menor medida católicas– de las ciudades y el campo. Así como una nada despreciable proporción del campesinado católico del sur y el Este, e incluso algunos colectivos de trabajadores urbanos que padecieron la enorme precariedad en el empleo, junto a infinidad de funcionarios y burócratas. Investigaciones relativamente recientes han insistido en la decisiva aportación del campesinado de algunos países de Europa Occidental al auge, y en algunos casos al posterior triunfo, de las propuestas fascistas y antiliberales. De manera muy parecida a como aconteciera en la Italia fascista o en la Alemania nazi, la dictadura franquista buscó y encontró un amplio apoyo no sólo entre los grupos sociales que formaban el establishment español más tradicionalista, sino asimismo entre los integrantes de una amplia amalgama de organizaciones políticas que, desde la derecha católica hasta la extrema derecha monárquica y nacionalista, habían secundado la rebelión militar de 11 Para el ascenso electoral de los nazis y la composición social del NSDAP, consúltense las siguientes obras, Thomas Childers, The Nazi Voter. The Social Foundations of Fascism in Germany, 1919-1933, Chapel Hill, Londres, 1983; Oded Heilbronner, “The Failure that Succeeded, Nazi Party Activity in a Catholic Region in Germany, 1929-32”, The Journal of Contemporary History, 27, 3, 1992, pp. 531-549 y del mismo autor, “Catholic plight in a rural area of Germany and the rise of the Nazi party”, Social History, 20, 2, 1995, pp. 219-234. Rudy Koshar, “From Stammtisch to Party, Nazi Joiners and the Contradictions of Grass Roots Fascism in Weimar Germany”, The Journal of Modern History, 59, 1, 1987, pp. 1-24. Detlef Mühlberger, “The Occupational and Social Structure of the NSDAP in the Border Province Posen-West Prussia in the early 1930s”, European History Quarterly, 15, 3, 1985, pp. 281-311. Sobre el campesinado alemán y la política véase Robert G. Moeller, German Peasants and Agrarian Politics, 1914-1924, The Rhineland and Westphalia, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1986 y Robert G. Moeller (ed.), Peasants and Lords in Modern Germany. Recent Studies in Agricultural History, Allen and Unwin, Boston, 1986. Una muy útil compilación de las recientes investigaciones centradas en los apoyos sociales y electorales prestados al NSDAP alemán durante el periodo de entreguerras puede hallarse en Detlef Mühlberger, The Social Bases of Nazism, 1919-1933, Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 12 Jürgen W. Falter, “The Social Bases of Political Cleavages in the Weimar Republic, 1919-1933”, en Larry Eugene Jones y James Retallack (eds.), Elections, Mass Politics, and Social Change in Modern Germany. New Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, pp. 371-398. Consúltese asimismo Jürgen W. Falter, El extremismo político en Alemania, Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 104-127. 5
julio de 1936. En definitiva, pensamos que el régimen franquista constituyó por sí mismo un proyecto de ordenación política instalado sobre la construcción de un Estado absolutamente inédito, rodeado de un universo simbólico y un imaginario popular hasta entonces inexistentes. Un proyecto, en definitiva, construido sobre la exaltación de una extensa panoplia de significados culturales de naturaleza tradicionalista, ultracatólica y reaccionaria, así como sobre un sinnúmero de simbolizaciones pródigamente extendidas en el imaginario colectivo de amplios y heterogéneos grupos sociales, que experimentó una redefinición altamente decantada durante la Guerra Civil. Sin duda motivada por las ineludibles necesidades del bando rebelde por dotar de la máxima cohesión a sus iniciales adherentes. El naciente régimen franquista trató, pues, de recrear aquellos aspectos de las difusas aspiraciones de dilatados grupos sociales tratando de darles una forma definida, y orientándolas hacia la construcción de un “glorioso” proyecto de reconstrucción nacional. Y sin lugar a dudas, cuidó en exceso la satisfacción de los extendidos deseos de poner fin a una etapa histórica –la del régimen democrático de la II República– considerada por muchos como nefasta, inestable y atentatoria contra los más acendrados principios del españolismo y el conservadurismo católico. Como consecuencia de esto último, extensos segmentos sociales intermedios y populares se vieron, en el transcurso violento del conflicto civil de 1936-1939, cada vez más cohesionados en torno a la defensa de ideales de regeneración patriótica que, aupados sobre la exaltación de los valores más acendrados del tradicionalismo católico, perseguían asimismo una completa reconstrucción de la unidad nacional lograda mediante el brutal exterminio de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda y la destrucción del sistema democrático parlamentario. Considerados, estos últimos, como los principales responsables directos de la inadmisible pérdida de los añorados ideales de patriotismo, españolismo, tradicionalismo y catolicismo sobre los que se habría fundado una expresión nuevamente idealizada de la nación española13. Rechazamos, en consecuencia, que el régimen franquista significase, pura y simplemente, un intento de reconstrucción del entramado de poderes sustentado por las tradicionales oligarquías rurales y urbanas que habían accedido, en el periodo previo a la instauración de la II República, al control de las instituciones. Sin que la parcial consecución de este último objetivo por parte del Nuevo Estado logre desactivar, en absoluto, nuestros planteamientos. Por otro lado, estamos plenamente convencidos de que la reproductividad y consolidación del Nuevo Estado franquista únicamente fueron posibles con la implicación voluntaria de una importante y decisiva porción de la sociedad civil en las tareas de su sostenimiento14, y no exclusivamente con el empleo de medios coactivos más o menos violentos, pese a su probada eficacia durante el transcurso de la guerra y la 13 Al respecto, consúltese Francisco Sevillano Calero, “Consenso y violencia en el “Nuevo Estado” franquista: historia de las actitudes cotidianas”, Historia Social, 46, 2003, pp. 159-171, véanse especialmente las pp. 168-169. 6
interminable posguerra15. El Estado franquista diseñó entonces un mecanismo de integración instalado en un ambicioso proyecto forjado sobre las coordenadas de la exclusión y la subordinación, en el que sólo serían incluidos los componentes de una parte de la sociedad civil –por numerosa que esta última resultase–. En la misma se inscribirían los vencedores en la contienda y los múltiples afectos a la causa nacional, pero también los tibios, los oportunistas, cuantos se sintieron súbitamente fascinados por el lenguaje cautivador de las proclamas fascistas16, o, sencillamente, los familiares y allegados a las víctimas de la violencia revolucionaria del periodo de la Guerra Civil. Mientras que quedarían excluidos y estigmatizados los perdedores del recién concluido conflicto civil, obligados, para redimirse, a renunciar a su pasado, a su memoria y a su identidad17. Pero pasemos, a continuación, a explicitar con más detalle todas estas hipótesis de partida, recurriendo al análisis comparado de los regímenes nazi y franquista, a fin de señalar las similitudes detectadas en lo tocante a la imprescindible colaboración y el consenso de la ciudadanía común sobe los que ambos se sustentaron. 2. El caso de la Alemania “nazi”. El liderazgo carismático y la esmerada construcción del consenso. 2.1. Sobre la variedad de los apoyos sociales prestados al “nazismo”. El periodo de “efímera estabilidad” que vivió la democracia parlamentaria de la República de Weimar, se instaló, de alguna manera, sobre las bases, concluidas hacia el año 1924, de un pacto político y social en pos de un modelo específico de modernización económica, que garantizase la recuperación de las perdidas posiciones de competitividad internacional y supremacía productiva alcanzadas por el Imperio Alemán en las décadas precedentes al estallido de la Gran Guerra18. No obstante, tal alianza se efectuó a costa de la marginación progresiva de un amplio espectro de sectores sociales intermedios de carácter rural y urbano. Y sobre la postergación o el olvido de todo un 14 Ángela Cenarro Lagunas, “Matar, vigilar y delatar: la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)”, Historia Social, 44, 2002, pp. 65-86, pp. 78-79. Consúltese asimismo Francisco Sevillano Calero, “Consenso y violencia en el «Nuevo Estado»…”, op. cit., pp. 167 y ss. . 15 José Javier Moreno Luzón, “El estudio de los apoyos sociales del franquismo. Una propuesta metodológica”, Santiago Castillo (coord.), La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Siglo XXI, Madrid, 1991, pp. 541-544, p. 542. 16 Incluso el proselitismo obrerista de Falange, cargado de alegatos revolucionarios anti-burgueses, se acentuó durante la Guerra Civil, para de esta forma tratar de atraerse a aquéllos segmentos de las clases populares hipotéticamente más reacios al Nuevo Estado franquista. Véase José Luis Rodríguez Jiménez, “El mensaje obrerista de Falange durante la guerra”, en Octavio Ruiz-Manjón y Miguel Gómez Oliver (dirs.), Los nuevos historiadores ante la Guerra Civil española, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1990, pp. 405-418, p. 410. 17 Ángela Cenarro Lagunas, “Matar, vigilar y delatar…”, op. cit., p. 79. 18 David Abraham, The Collapse of the Weimar Republic. Political Economy and Crisis, Princeton University Press, Princeton, 1981, y “State and Classes in Weimar Germany”, Politics and Society, VII, 3, 1977, pp. 229-266. 7
conjunto de valores culturales y materiales con los que aquéllos se identificaban en una estrecha medida, y sobre los que se edificó el ascenso de sus posiciones, y la consolidación de su reconocido “status”, a lo largo de los años finales del siglo XIX y las décadas iniciales del XX. En alguna medida, extensos colectivos de composición social y económica harto heterogénea, comenzaron a sentirse socialmente desplazados merced a la aplicación del mencionado pacto político en favor de la competitividad internacional de la gran industria. De manera muy especial, los segmentos más afectados por el malestar descrito estuvieron identificados con las clases medias vinculadas al desarrollo de los negocios comerciales o al sector servicios. Aún cuando asimismo se vieran arrastrados por una fuerte corriente de pesimismo y desazón todos aquellos otros colectivos incorporados a la modernización de la agricultura, a la expansión de una innovada administración política, o al surgimiento de profesiones especializadas conjugadas con la creciente complejidad de la sociedad y el sistema productivo alemanes. La exaltación de determinadas metas inscritas en la enumeración de los objetivos primordiales del pacto social aludido, y su consiguiente consecución, fue visualizada por casi todos ellos como una insuperable dificultad. La misma que, de alguna forma u otra, interrumpía u obstaculizaba la normal realización de las prácticas económicas meritocráticas, o de ascenso social, que hasta entonces habían beneficiado a un amplio espectro de sectores sociales intermedios de la pequeña burguesía urbana, e incluso a una abultada proporción de los miembros de reputadas profesiones liberales. La principal consecuencia de todo este cúmulo de percepciones fragmentarias, no fue otra que la profunda desafección, cuando no el rechazo, de casi todos los integrantes de los colectivos sociales enumerados hacia el régimen político que frustraba sus aspiraciones. La atención prestada por el Estado a los miembros de los segmentos sociales más humildes o menos cualificados, y la igualdad de oportunidades establecida, al menos de iure, en el acceso a la ocupación de determinados puestos de trabajo, se convirtieron pronto en un cúmulo de agravios. A cuanto se unió la sensación de que la política de bienestar social inspirada por el régimen político de Weimar beneficiaba las fuentes de ingreso, y los niveles de vida, de amplios y heterogéneos colectivos cuya escasa cualificación los desacreditaba, según la particular interpretación de los grupos descontentos, para ser merecedores de tales atenciones. En definitiva, pues, en la mayor parte de las ocasiones las prioridades políticas puestas en marcha en pos del éxito del “pacto social por la modernización” citado, suscitaron un profundo y generalizado malestar político entre buena parte de las clases medias de las ciudades o el campo. A todo lo anterior deben unirse los desastrosos efectos provocados por la hiperinflación, y las posteriores medidas de normalización económica conducentes a la contención de la espiral inflacionista que se pusieron en marcha desde el año 1923, cuyas consecuencias perjudicaron seriamente a los rentistas y a los pequeños inversionistas. Y, cómo no, a los modestos propietarios de fincas urbanas, a los tenedores de títulos de deuda pública, 8
a los empleados públicos y los profesionales cualificados, así como a extensas capas del campesinado propietario. Una buena parte de la pequeña burguesía rentista se vio afectada por las persistentes políticas de reducción o congelación de los alquileres y las rentas urbanas, decretadas por los gobiernos del “centro burgués” desde la finalización del conflicto mundial de 1914-191919. De igual manera, numerosos poseedores de títulos de deuda pública contemplaron impotentes la constante desvalorización de su primordial fuente de ingresos, como consecuencia de las drásticas medidas deflacionarias adoptadas en 1923 que redujeron agudamente la cotización de los mencionados documentos públicos, para rebajarla al 15 % de la oficialmente reconocida hasta la citada fecha. Las severas políticas deflacionarias implementadas para hacer frente a los desastrosos efectos de la devaluación irrefrenable de la divisa nacional, condujeron a la reducción del número de empleados públicos, así como a la disminución de las partidas del gasto presupuestario destinadas al pago de los salarios de diferentes estamentos funcionariales. Asimismo, los procesos de normalización monetaria afectaron muy negativamente a quienes disponían de abundante liquidez, o cifraban sus expectativas económicas en la posesión de bonos del Estado o diferentes documentos crediticios. En mayor medida, si cabe, que la manera en que tales ajustes lesionaron las ganancias de todos aquellos que basaban sus ingresos en la posesión de propiedades inmobiliarias, o en la percepción de rentas salariales20. En suma, pues, gran parte de la pequeña burguesía intermedia alemana –excepción hecha de la gran burguesía financiera e industrial o de los grandes propietarios Junkers–, y de las clases medias de las ciudades y el campo, se sintió profundamente agredida por los efectos perniciosos de la hiperinflación y la severa crisis económica desatada desde principios de la década de los veinte. Además, casi todos los grupos sociales descritos acusaron, durante la mayor parte de los años veinte, una irreparable pérdida de identidad que afectaba a tres soportes sustanciales, considerados como identificadores por excelencia de su peculiar posición social, y sobre los que descansaba tanto su ansiada –en cuanto que socavada– honorabilidad, como el reconocimiento colectivo de su diferenciado estatus. Estos soportes, visualizados por todos cuantos los compartían como seriamente dañados u obstruidos por el pacto por la modernización instaurado a partir de 1924, se referían a la Bildung (cualificación o experiencia personal), a la Besitz (propiedad) o a la Anstand (educación, decoro y consideración social)21. Este sentimiento, comúnmente compartido 19 Benjamin D. Lieberman, “Turning against the Weimar Right: Landlords, the Economic Party and the DNVP”, German History, 15, 1, 1997, pp. 56-79. 20 Charles S. Maier, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I, Princeton University Press, Princeton, 1975, p. 458. Véase también: Ferrán Gallego, De Munich a Auschwitz. Una historia del nazismo, 1919-1945, Plaza y Janés, Barcelona, 2001, pp. 134-135. 21 Ferrán Gallego, “Del Stammtisch a la Volksgemeinschaft. Sobre el lugar del nazismo en la Alemania de Weimar”, Historia Social, 34, 1999, pp. 73-100. Consúltese también: Bernd Weisbrod, “The crisis of bourgeois society in interwar Germany”, en Richard Bessel (ed.), Fascist Italy and Nazi Germany. Comparisons and contrasts, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 23-39. 9
mismas contasen con la aprobación de la inmensa mayoría de la sociedad alemana. De ahí que el régimen nazi se propusiese constantemente el hacer públicas, por todos los medios disponibles, las resoluciones adoptadas en materia de “persecución” y castigo de los enemigos de la nación, tratando de presentarlas como las rutinarias prevenciones de ineludible profilaxis social con las que se pretendía, además de la preservación de lo mejor de las tradiciones y los valores germánicos, la protección a ultranza de todos los integrantes de la nación. Los nazis perseguían ante todo que con la adopción de tales medidas, y la aplicación de durísimas acciones policiales respaldadas por una amplia legislación y toda una pléyade de Tribunales especiales, el pueblo alemán se sintiese salvaguardado por su carismático líder, y expresase de una manera extrema su adhesión a los “ideales” de nazificación propuestos por el régimen, mediante su activa colaboración con los órganos policiales y del Partido en la detención de los perseguidos. En respuesta a este “desmedido” interés, y sobre todo como consecuencia de la creciente sensación, que cundió entre la práctica totalidad de la población alemana de la época, de que el régimen nazi disponía de medios más que suficientes para detectar la disidencia, la desobediencia o la oposición gracias a la colaboración prestada a las fuerzas policiales por multitud de ciudadanos comunes, las redes de solidaridad tejidas para fortalecer los ámbitos de expresión o gestación de la discrepancia quedaron o bien disueltas, o bien literalmente destruidas. Puede afirmarse también aquí que, en alguna medida, durante el periodo de vigencia del régimen nazi la mayoría de los ciudadanos alemanes se espiaba mutuamente. Hasta tal punto que la instrumentación de la sospecha generalizada, en beneficio de las medidas policiales de vigilancia, generó un amplio consenso entre la población común en torno a la oportunidad, y el carácter beneficioso, de la colaboración con el régimen en la aplicación estricta de las medidas de excepción y las leyes represivas –especialmente las que afectaban a los judíos–38. En tal contexto, la denuncia contra los judíos, los opositores políticos socialdemócratas o, sobre todo, comunistas, y las minorías sociales y étnicas sospechosas de “antinazismo” o “antigermanismo”, debió convertirse no únicamente en una práctica bastante generalizada en los años del Tercer Reich, sino igualmente en un soporte esencial que garantizó la perdurabilidad misma del régimen nazi. En torno a la cuestión de las denuncias, o lo que es lo mismo, acerca de la colaboración de los ciudadanos comunes de la Alemania nazi con los órganos policiales especiales – Gestapo, Kripo, etc.– y las organizaciones paramilitares del Partido, ha surgido a lo largo de las últimas décadas una relativamente abundante bibliografía39. Pese a las 38 Robert Gellately, The Gestapo and German society: enforcing racial policy, 1933-1945, Clarendon Press; Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1990. (Existe traducción al español, La Gestapo y la sociedad alemana. La política racial nazi (1933-1945), Paidós, Barcelona, 2004, pp. 354 y ss. 39 Al respecto consúltese Robert Gellately, The Gestapo and German society…, op. cit.. Del mismo autor, véase Robert Gellately, “Gestapo and German Society: Political denunciation in the Gestapo case files”, Journal of Modern History, 60, 4, 1988. Para obtener una perspectiva comparada sobre el papel de la delación y la acusación de los ciudadanos comunes en los regímenes dictatoriales, consúltese Sheila 16
discrepancias y ligeras diferencias de matiz mostradas por las distintas aportaciones al estudio de esta cuestión aparecidas en los últimos años, la mayor parte de todas ellas coincide en una cuestión capital. Señalando la importancia categórica que jugaron los ciudadanos comunes, y sus acciones de delación de las minorías y los delitos perseguidos por las autoridades nazis, en el sostenimiento de una eficaz labor policial y represiva contra los opositores y desafectos, finalmente orientada a garantizar el mantenimiento del régimen dictatorial. Robert Gellately ha sido, quizás, uno de los investigadores pioneros en este fértil campo de indagación de los apoyos sociales concedidos por los ciudadanos corrientes a la dictadura “hitleriana”, y auscultados a través del estudio de la denuncia individual. Sus investigaciones centradas en el examen de los expedientes policiales de la Gestapo, y más concretamente en la acción policial desarrollada en el distrito administrativo de Wurzburgo y en la región de Baja Fanconia, han puesto de manifiesto la decisiva importancia jugada por las acusaciones particulares e individuales ante los órganos policiales nazis en todo lo referido al mantenimiento de una continuada actividad represiva, y en el éxito final de las medidas de “nazificación” insistentemente acariciadas por el régimen nazi durante el periodo del Tercer Reich. Si bien sus análisis se han centrado de manera preferente en todo lo relacionado con los expedientes policiales incoados contra los judíos de la Baja Franconia, sus conclusiones han destacado el elevado porcentaje significado por las denuncias particulares, situado hasta en un 73 % sobre el total de los casos con los que trabajó la Gestapo en aquella región40. Asimismo, en un análisis pormenorizado sobre los expedientes de la Gestapo en la región alemana de Palatinado, y relacionados con las actuaciones de marginación social y confinamiento de los trabajadores polacos en un régimen de pseudo-apartheid, Gellately llega a la conclusión de que, al menos en el 67 % de los casos investigados, la información obtenida por la policía para la instrucción de los procesos de incriminación provenía de ciudadanos comunes o individuos anónimos41. Otros especialistas han restado importancia al papel desempeñado por la colaboración de los individuos anónimos en el desarrollo de las actuaciones policiales, y la eficaz aplicación de las políticas represivas del régimen nazi. E. A. Johnson constituiría un destacado representante de estos últimos. En su documentadísimo estudio sobe la labor de la Gestapo de Krefeld y el Tribunal Especial de Colonia, Johnson llega a la conclusión de que, pese al reconocimiento del papel crucial que jugaron las denuncias ciudadanas en la labor de incoación de expedientes policiales acusatorios, su peso específico experimentó una notable merma, puesto en relación con Fitzpatrick y Robert Gellately (comps.), Accusatory practices: denunciation in Modern European History, 1789-1989, University of Chicago Press, Chicago, 1997. 40 Véase Francisco Miguel de Toro Muñoz, “Policía, denuncia y control social: Alemania y Austria durante el Tercer Reich”, Historia Social, 34, 1999, 117-134. Véase asimismo Robert Gellately, No sólo Hitler…, op. cit. pp. 190-196. 41 Robert Gellately, No sólo Hitler…, op. cit., pp. 229-231. 17
la totalidad de las vías y los recursos empleados en la obtención de información por la Gestapo actuante en el ámbito geográfico señalado. Para Johnson, pues, la policía nazi confiaba escasamente en las denuncias de los particulares como fuente informativa, salvo para los casos más triviales, relacionados con la conducta social, la moral o el comportamiento íntimo o sexual de los ciudadanos corrientes. Si se tienen en cuenta en el cómputo global los expedientes policiales que afectaban a los opositores socialistas o comunistas, las sectas religiosas, el clero y algunos otros grupos “asociales” o marginales, se observaría cómo la importancia numérica de las causas incoadas cuya motivación se inspiraba en la formulación de denuncias ciudadanas, disminuiría sensiblemente con respecto al total de los formularios de incriminación redactados. Aún cuando destaca, eso sí, la magnitud sensiblemente más significativa alcanzada por las denuncias de los ciudadanos corrientes en todo lo relativo a la inculpación e incoación de expedientes que afectaban a los judíos. Para finalizar concluyendo que la denuncia debió cumplir un relevante papel en el sostenimiento de la actividad represiva del régimen nazi, si bien tal función acentuó su incidencia en aquellos ámbitos en los que la delación –y la consiguiente colaboración ciudadana con el régimen– se dirigía contra aquellas minorías sociales o étnicas contra las que se había ido sedimentando históricamente un profundo odio popular42. De cuanto resulta que el régimen nazi no hizo más que avivar los ancestrales sentimientos antisemitas de la población alemana, reedificando su compromiso con el conjunto de la sociedad mediante la satisfacción de sus más sentidos anhelos, y la exaltación de sus más profundos e irracionales mitos. 3. El caso de la España Franquista. De la fractura social a la cohesión entre los vencedores. 3.1. Los heterogéneos apoyos sociales cosechados por el Franquismo. España, al igual que aconteciera con otros países de su entorno geográfico más próximo, experimentó a lo largo del primer tercio del siglo XX un complejo proceso de modernización social. Este último discurrió paralelo a la integración progresiva de sus estructuras productivas agrícolas e industriales en el contexto del capitalismo europeooccidental, así como a la creciente orientación exportadora de su economía. En los inicios del siglo XX, el capitalismo español ocupaba una posición semiperiférica en el ordenamiento del capitalismo europeo. Aún así, las estrategias productivas y de adaptación de algunos subsectores agrícolas a la ampliación e incremento de la competitividad en los mercados internacionales, suscitadas durante el transcurso de la crisis agraria finisecular, se vieron asociadas a otro importante fenómeno. Nos referimos a las repercusiones, sobre el conjunto de la economía española, de la prolongada etapa de auge del capitalismo industrial experimentada durante el periodo 1894-1913. La 42 Eric Arthur Johnson, El terror nazi…, op. cit., pp. 404-417. 18
conjugación de ambos factores, posibilitó y aceleró el sostenido crecimiento de algunos sectores productivos cruciales43. En el ámbito de las actividades agrícolas, importantes regiones del levante y el sur peninsular encontraron ventajas comparativas en la especialización sobre ciertos cultivos, tales como cítricos, hortofrutícolas, cereales, olivar y vid. Esto último les permitió la ampliación de su capacidad exportadora y de suministro de alimentos a los mercados nacional e internacional en expansión44. Asimismo, determinados sectores industriales como el textil, el siderometalúrgico, el de bienes de consumo inmediato, el alimentario o el químico, y al igual que sucediese con algunas otras economías mediterráneas periféricas, experimentaron una notable diversificación y modernización. Así como un apreciable incremento de su capacidad productiva que, aún cuando limitada por múltiples factores, provocó importantes alteraciones en las estructuras sociales y políticas de la España anterior al estallido de la Gran Guerra. En el ámbito de los comportamientos sociales, España protagonizó durante el primer tercio del siglo XX, impulsado por la creciente integración de su economía capitalista en el contexto internacional, un notable y acelerado proceso de modernización social, urbanización y despliegue de amplios sectores sociales intermedios. No obstante, los efectos inflacionarios derivados de su posición de neutralidad durante la Gran Guerra, se unieron a la alta demanda externa e interna. Con el resultado de la generalización, a partir de 1917, del descontento entre los sectores populares y las clases trabajadoras, y la difusión de los conflictos huelguísticos con una virulencia hasta entonces desconocida. Las consecuencias mediatas e inmediatas de la Gran Guerra sobre España pueden condensarse en una acelerada descomposición del sistema político de la Restauración, que discurrió paralelamente a la crisis generalizada del liberalismo europeo. En tales circunstancias, el régimen del general Primo de Rivera significó una solución de compromiso, que no hizo sino agudizar las contradicciones inherentes al heterogéneo conjunto de grupos sociales inicialmente comprometido en su 43 Véanse Leandro Prados de la Escosura y Vera Zamagni, El desarrollo económico en la Europa del Sur: España e Italia en perspectiva histórica, Alianza Editorial, Madrid, 1992; Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Espasa-Calpe, Madrid, 1997. 44 Grupo de Estudios de Historia Rural (Gehr): "Notas sobre la producción agraria española, 1891-1931", Revista de Historia Económica, I, 2, 1983, pp. 185-251. Ramón Garrabou; Carlos Barciela y José I. Jiménez Blanco (eds.), Historia agraria de la España contemporánea, Vol. III: “El fin de la agricultura tradicional, 1900-1960”, Crítica, Barcelona, 1986, pp. 280-316. Antonio Parejo Barranco, La producción industrial de Andalucía (1830-1935), Instituto de Desarrollo Regional, Sevilla, 1997. Jordi Nadal y Albert Carreras (dirs.), Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Ariel, Barcelona, 1990. Más reciente es la aparición de las valiosas aportaciones de James Simpson, "La producción y la productividad agraria españolas, 1890-1936", Revista de Historia Económica, XII, 1, 1994, pp. 43-81 y del mismo autor, La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, Alianza Editorial, Madrid, 1997. La importancia del comercio exterior en el desarrollo de la agricultura española ha sido puesta de manifiesto recientemente por Domingo Gallego, “Historia de un desarrollo pausado: integración mercantil y transformaciones productivas de la agricultura española (1800-1936)”, en Josep Pujol (et alii.), El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, Crítica, Barcelona, 2001, pp. 147-214. 19
defensa45. La llegada del régimen democrático de la II República coincidió, asimismo, con la acentuación de los rasgos deflacionarios y depresivos de la crisis agrícola y económica internacional de los años 30. A cuanto debe agregarse el fortalecimiento inusitado de las organizaciones sindicales anarquistas, pero sobre todo socialistas, así como la promulgación de una legislación laboral que favorecía intensamente al conjunto de los asalariados del campo y la ciudad, en sus tradicionales relaciones laborales con los patronos y cultivadores. La mencionada legislación perjudicó no solamente los intereses de la gran patronal y la burguesía agraria –interesados, ambos, en el mantenimiento intacto de su pretérito control monopólico sobre la contratación de la mano de obra asalariada–, sino que igualmente afectó de una manera negativa las estrategias reproductivas del campesinado de pequeños propietarios y de una amplia gama de sectores sociales intermedios vinculados al comercio a pequeña escala, a los oficios artesanales o a las empresas de reducido tamaño. La acentuación de los conflictos huelguísticos en la agricultura, y por extensión en la práctica totalidad de los sectores productivos, durante el periodo republicano, y muy especialmente durante los años 1931-1934 y 1936, se unió a la cada vez mayor fragmentación política existente en la sociedad española. La fortaleza de las izquierdas y su enorme capacidad de convocatoria sobre numerosos colectivos de asalariados del campo y la ciudad, asociada a la progresiva radicalización verbal de sus mensajes, chocó cada vez más frontalmente con la gestación de discursos corporativistas, antidemocráticos y antirrepublicanos, desplegados desde las grandes organizaciones patronales. Estos últimos se vieron, asimismo, mayoritariamente respaldados por los estratos intermedios del campesinado de pequeños propietarios y arrendatarios, así como por una variada gama de profesionales, artesanos, modestos empresarios y pequeños comerciantes severamente castigados por la crisis económica de los treinta, o por la “excesiva” combatividad de los asalariados y las clases populares. Tales discursos ideológicos, contaminados de una manera progresiva por el alcance de inflamados mensajes fascistas que abogaban por la destrucción del parlamentarismo, lograron la concitación de una amplia y heterogénea gama de voluntades políticas dispuestas, a la altura del año 1936, a acabar, de una manera resolutiva y contundente, con la legalidad republicana. Constituyéndose así una poderosa “coalición reaccionaria” de carácter fuertemente antidemocrático y antiparlamentario, que acabaría respaldando el intento golpista de destrucción de la democracia protagonizado por los sectores más conservadores del ejército a la altura del 45 Shlomo Ben-Ami, La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Planeta, Barcelona, 1983; José Luis Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Cátedra, Madrid, 1991; Mercedes Cabrera (dir.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Taurus, Madrid, 1998. Véase asimismo, Colectivo de Historia, "La dictadura de Primo de Rivera y el bloque de poder en España", Cuadernos Económicos de I.C.E., 6, 1978, pp. 178-216. 20
mes de julio de 193646. 3.2. La Guerra Civil y la decantación ultranacionalista y fascista de las clases medias. La Guerra Civil española, concebida como el periodo histórico en el que se resolvieron de forma violenta las agudas tensiones sociales generadas por la intensa fractura social que experimentó la mayor parte de la población del campo y la ciudad, durante el largo proceso de modernización del primer tercio del siglo XX, constituyó, en consecuencia, un lapso temporal decisivo y especialmente turbulento. Un periodo histórico determinante que, sin lugar a dudas, empujó al conjunto mayoritario de la población a tomar partido por alguna de las sensibilidades políticas e ideológicas de distinto signo y naturaleza que se vieron radicalmente opuestas. La coyuntura de confrontación bélica del periodo 1936-1939 contribuyó a la simplificación, y aún a la sistematización inteligible, de los discursos ideológicos sostenidos por los dos bandos en pugna. Desde la nueva “España nacionalista”, la contribución precedente constituida por la amalgama de lenguajes políticos exaltadores de la violencia dirigida contra quienes supuestamente encarnaban los valores extranjerizantes que amenazaban la integridad de los fundamentos de la raza hispana, el patriotismo españolista y el catolicismo más conservador, fue destilada a favor de la emergencia de un nuevo discurso unificador. El mencionado discurso erigió a los combatientes contra el régimen de la II República en los auténticos adalides de un colosal movimiento histórico que pretendía el completo exterminio de los enemigos de España, orientado hacia el asentamiento de las bases culturales y políticas que hiciesen posible la definitiva “regeneración de la raza hispana”47. Los enfrentamientos del periodo bélico predispusieron, aún más si cabe, a los componentes de amplios segmentos de las clases medias del campo y la ciudad –y en menor medida de algunos sectores populares–, hacia la adopción de actitudes políticas violentamente contrapuestas, que exacerbaron, hasta un extremo inconcebible, los comportamientos colectivos de casi todas ellas. En efecto, la Guerra Civil introdujo cambios sustanciales en la economía, la vida política y los comportamientos de los habitantes de los pueblos y ciudades de aquella porción del territorio español que permaneció leal a las autoridades republicanas. Las 46 Francisco Cobo Romero, Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura. Jaén, 1917-1950, Universidad de Jaén, Jaén, 1998 y De Campesinos a Electores. Modernización agraria en Andalucía, politización campesina y derechización de los pequeños propietarios y arrendatarios. El caso de la provincia de Jaén, 1931-1936, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003. Consúltese asimismo Mario López Martínez, Orden público y luchas agrarias en Andalucía. Granada, 1931-1936, Ediciones Libertarias, Madrid, 1995, p. 463. 47 Los orígenes culturales de los regímenes fascistas, y el componente palingenésico de su discurso rupturista y antidemocrático, pueden consultarse en Robert Griffin, The nature of fascism, Routledge, Londres y Nueva York, 1993, y más recientemente Robert Griffin, “The Primacy of Culture: the Current Growth (or Manufacture) of Consensus within Fascist Studies”, Journal of Contemporary History, 37 (I), 2002, pp. 21-43, vid. especialmente las pp. 37-43. 21
transformaciones fueron especialmente significativas en el ámbito de las pautas culturales, ideológicas y materiales que regían las relaciones entabladas entre los diferentes grupos sociales. Durante los primeros meses del conflicto, la vida cotidiana de innumerables pueblos y núcleos urbanos experimentó una profunda alteración. Los grupos sociales privilegiados, las oligarquías rurales que habían ocupado posiciones dominantes en los ámbitos del poder municipal, así como los sectores sociales intermedios que habían contribuido tradicionalmente a sostener el edificio de relaciones de dominación patronal, comenzaron a padecer, después de las convulsiones políticas y sociales del verano de 1936, una situación de persecución y marginación, e incluso una multitud de destacados derechistas fue violentamente exterminada. En la práctica totalidad de los núcleos de población donde no triunfó inicialmente el alzamiento militar antirrepublicano –aún cuando poco después muchos de ellos fuesen ulteriormente ocupados por las columnas militares rebeldes–, se registraron actos revolucionarios, mayoritariamente protagonizados por grupos de obreros, o de integrantes de los sectores más humildes de la sociedad, que perseguían de esta forma la instauración de un nuevo orden económico y político48. La Guerra Civil ocasionó, pues, una profunda y violenta transformación de las relaciones sociales en todas aquellas poblaciones donde, tras el asentamiento más o menos definitivo de la retaguardia republicana, fracasaron los primeros y titubeantes intentos de involución antidemocrática. En tales espacios geográficos, pues, durante la primera fase de la guerra, los comités populares fueron los auténticos dueños de una situación que podríamos calificar de revolucionaria. Practicaron detenciones de los propietarios derechistas más prominentes, incautaron toda suerte de propiedades rústicas, fábricas, factorías, o modestos negocios comerciales o empresariales, llevaron a cabo infinidad de colectivizaciones, y ocasionaron gravísimos daños en el patrimonio eclesiástico. Provocando así la soterrada inquina de cuantos contemplaban, impávidos, el ultraje practicado sobre sus más preciados valores culturales y morales49. La quiebra política del Estado republicano durante los primeros meses de la Guerra Civil, produjo una situación de abierta persecución y exterminio físico dirigida contra todos los 48 Rafael Quirosa Cheyrouze-Muñoz, Almería en la crisis de los años treinta, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, 1994. Del mismo autor, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana, Universidad-Servicio de Publicaciones, Almería, 1997 y Política y Guerra Civil en Almería, Almería, Cajal, 1986. Véase asimismo Rafael Gil Bracero, Guerra Civil en Granada, 19361939. Una revolución frustrada y la liquidación de la experiencia republicana de los años treinta, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, 1995. 49 Los múltiples actos de destrucción, robo e incendio del ajuar de las iglesias, las imágenes religiosas y los centros de culto católico, así como los violentos actos de persecución sufridos por los representantes eclesiásticos en multitud de localidades andaluzas que permanecieron en la retaguardia republicana, han sido descritos por una ingente bibliografía. Véase, al respecto, Nicolás Salas, Sevilla fue la clave. República, Alzamiento, Guerra Civil, Represiones en ambos bandos (1936-1939), Editorial Castillejo, Sevilla, 1997, Tomo II, pp. 517-521 y 548 y ss. Véanse, también, Vicente Cárcel Ortí, La gran persecución: España, 1931-1939, Planeta, Barcelona, 2000 y Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1961. 22
representantes políticos de la derecha agraria y el falangismo. En la que se vieron inmersos todos aquellos integrantes de los sectores sociales intermedios, y de las denominadas "clases de servicio", que habían desempeñado un papel tutelar en la defensa de los intereses ideológicos y materiales de la gran patronal y la burguesía. Los patronos y aquellos otros relevantes individuos que habían permanecido adscritos a la defensa de los valores del orden social capitalista y tradicional, o bien fueron encarcelados o asesinados, o bien pudieron burlar el acoso de los más exaltados y lograron escapar hacia la zona controlada por los rebeldes. La trágica experiencia de la guerra, y el reforzamiento extremo del poder popular, jornalero y campesino en los ayuntamientos de la retaguardia republicana durante el transcurso del período 1936193950, exacerbó aún más las posiciones contrapuestas que ya sostenían los grandes grupos sociales desde el inicio de la década de los treinta. E incluso acrecentó las divisiones entre las clases populares y la heterogénea “clase media” ya existentes desde los conflictivos años del régimen republicano. Debido a esta consolidación del poder popular en los ayuntamientos de la retaguardia republicana controlados por los consejos municipales izquierdistas, muchos ricos patronos, e incluso algunos pequeños propietarios y arrendatarios que se habían significado por su actitud antirrepublicana durante los meses previos al conflicto, resultaron gravemente dañados en sus intereses materiales51. Orientando, definitivamente, a muchos de ellos hacia la defensa incondicional de las propuestas de jerarquía, autoridad y regreso al viejo orden rural patronal patrocinadas por el naciente régimen franquista. El transcurso de la guerra, y la actividad incautadora y revolucionaria de las izquierdas, causó daños irreparables en la capacidad productiva de muchas haciendas rústicas, a la vez que ocasionó enormes perjuicios en la actividad económica y los medios de subsistencia de multitud de integrantes de las clases medias y los profesionales liberales52. Terminada la Guerra Civil, los patronos y las burguesías fueron 50 Francisco Cobo Romero: “El control campesino y jornalero de los Ayuntamientos de la Alta Andalucía durante la crisis de los años treinta (1931-1939)”, Hispania, LIX/1, 201, 1999, pp. 75-96. 51 El alcance de las medidas de expropiación dictadas desde el Instituto de Reforma Agraria -en cumplimiento del decreto de 7 de octubre de 1936 promulgado por el Ministerio de Agricultura, por el que se incautaban las tierras pertenecientes a personas desafectas al régimen republicano o que hubiesen participado en actos de rebeldía contra las legítimas autoridades de la Repúblicafue muy considerable en aquellas comarcas de la provincia de Granada que permanecieron bajo control gubernamental (republicano). En algunos partidos judiciales con predominio de la pequeña propiedad, el total de fincas expropiadas fue cuantiosísimo. En toda la provincia, las pequeñas explotaciones expropiadas alcanzaban una superficie global de 34.505 hectáreas. Consúltense, sobre este particular, Rafael Gil Bracero, Guerra Civil en Granada..., op. cit., pp. 1260 y ss., y Revolucionarios sin revolución. Marxistas y anarcosindicalistas en la guerra: Granada-Baza, 1936-1939, Editorial Universidad de Granada, Granada, 1998, p. 326. Según hemos podido averiguar, consultando los papeles correspondientes a la Causa General de la provincia de Jaén, en esta demarcación territorial también se efectuaron numerosas expropiaciones contra modestos propietarios o arrendatarios agrícolas. Véanse Francisco Cobo Romero, La Guerra Civil y la represión franquista en la provincia de Jaén, 1936-1950, Diputación Provincial, Jaén, 1994, y Archivo General de la Guerra Civil Española (AGC), Salamanca, Sección Político-Social, Madrid. 52 Carlos Barciela, Mª. Inmaculada Lopez, Joaquín Melgarejo y José A. Miranda, La España de Franco (1939-1975). Economía, Síntesis, Madrid, 2001, pp. 16-20. Véase asimismo Albert Carreras y Xavier 23
restituidos en sus propiedades e intereses una vez que fue implantado el régimen franquista en todo el territorio nacional. Pero el enfrentamiento de clases había sido tan dramático en los años inmediatamente precedentes, que junto a los ricos patronos de infinidad de pueblos y ciudades, otro importante y heterogéneo conjunto de sectores sociales resultó igualmente dañado en sus intereses, vidas y haciendas por la oleada de actos de violencia revolucionaria que jalonaron los tumultuosos años de la guerra. En consecuencia, un acrisolado y multicolor conjunto de grupos sociales intermedios, intensamente politizados en las constantes pugnas de los años treinta, al tiempo que severamente castigados por la enorme capacidad reivindicativa de los sectores populares y los jornaleros, se identificaron, desde un primer momento, pero sobre todo durante el transcurso de la Guerra Civil, con las consignas autoritarias o fascistas que emergieron desde el bando militar rebelde. En el ámbito de las comarcas y poblaciones que permanecieron bajo la supervisión de las autoridades republicanas durante la práctica totalidad del conflicto, el control popular a que fueron sometidas las instituciones municipales y los distintos órganos de regulación de la producción y sometimiento de los derechistas y desafectos al régimen republicano, se tradujo en una insistente persecución política de cuantos eran considerados “enemigos del pueblo”. Las víctimas de la violencia política desatada contra quienes manifestaron, en mayor o menor medida, un sentimiento de simpatía y proximidad con los valores reaccionarios, antidemocráticos y antirrepublicanos que se erigieron en dominantes en la “Nueva España” franquista, se vieron arrastradas por una ineludible corriente de exaltación de sus todavía larvados posicionamientos políticos. Y, en consecuencia, exacerbaron aún más sus sentimientos de profunda y apasionada adscripción a los valores de acentuado españolismo, visceral rechazo a las izquierdas y enfervorizada defensa de los principios de regeneración nacional, destrucción de la democracia y exaltación nacionalista de carácter semifascista, que se habían convertido en los principios fundacionales del Nuevo Estado franquista. De la misma manera que en aquellas otras comarcas y ciudades prontamente instaladas en la retaguardia “nacionalista” bajo control de las tropas rebeldes, concurrieron asimismo circunstancias propiciatorias para la adhesión masiva de extensos colectivos sociales, perjudicados por la excesiva combatividad de las izquierdas durante el periodo anterior, así como profundamente sensibilizados ante una prolongada situación de constante conflictividad socio-laboral, a los postulados antirrepublicanos sostenidos por la derecha más radicalizada53. El exterminio Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, Crítica, Barcelona, 2004, pp. 267-272. 53 La adhesión “atropellada” a las filas de Falange Española durante los meses inmediatamente posteriores al triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, pero sobre todo durante los primeros meses del conflicto civil de 1936-1939, y registrada en algunas comarcas rurales del suroeste andaluz, aún cuando de manera especial en la provincia de Sevilla, prueba el atractivo que debieron ejercer los ideales del falangismo entre amplias capas de la población campesina. Al respecto véase Alfonso Lazo, Retrato de fascismo rural en Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, y 24
sistemático de los opositores izquierdistas puesto en marcha en la retaguardia “nacionalista” desde las primeras semanas del conflicto y la proclamación, a través de una insistente propaganda, de los fundamentos ideológicos de nacionalismo ultracatólico y antidemocrático sobre los que habría de instalarse una nueva realidad política superadora del denostado régimen democrático de la II República54, generaron un propiciatorio caldo de cultivo. Sobre el que proliferó toda una amplia gama de viscerales extremistas de derecha, dispuesta a dar su vida, si fuese necesario, por el derrocamiento violento del Estado republicano55. Solamente así, puede entenderse el vasto fenómeno de adscripción masiva y voluntaria protagonizado por varios miles de ciudadanos corrientes, que acudieron en tropel, durante las primeras jornadas del conflicto, a alistarse en las milicias cívicas, o en los embrionarios órganos paramilitares puestos al servicio del Ejército rebelde por Falange Española, Comunión Tradicionalista u otras organizaciones de la derecha radicalizada o fascista que se diseminaron durante el transcurso de los primeros años treinta56. A lo largo de tan intensa coyuntura histórica, accedió pues a la manifestación apasionada, y de una manera súbita, de convicciones políticas antidemocráticas, un heterogéneo y vasto colectivo. Integrado por una ingente multitud de individuos predominantemente jóvenes que, durante los agitados años republicanos, o bien había permanecido ajeno a la vida política, o bien había mostrado una anodina tibieza ante los emergentes discursos de radical transformación de la organización política y el Estado expresados por una fracción de la derecha antidemocrática cada vez más proclive a la asunción de los principios ideológicos del fascismo de entreguerras. Fue precisamente este denso magma multicolor, integrado por los componentes de muy diversos grupos sociales intermedios del mundo rural y urbano, el que, azuzado por las duras controversias políticas desatadas durante el conflicto civil, castigado o perseguido por la radicalización de las izquierdas y los sectores populares, y exaltado por el clima generalizado de violencia y muerte que arrasó ambas retaguardias, protagonizó una adhesión incondicional a las propuestas patrióticas, ultranacionalistas, y de regeneración muy recientemente Alfonso Lazo y José Antonio Parejo, “La militancia falangista en el suroeste español. Sevilla”, Ayer, 52, 2003, pp. 237-253. 54 Francisco Espinosa Maestre, La justicia de Queipo. (Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936), Gráficas Munda, Córdoba, 2002, pp. 269 y ss. . 55 El mes de agosto de 1938, el número de integrantes de la segunda línea de milicias que operaban en la retaguardia nacionalista, ascendía a un total de 146.831 hombres. Véase Francisco Sevillano Calero, Exterminio. El terror con Franco, Oberon, Madrid, 2004, pp. 128-129. Consúltese, asimismo, el ya clásico estudio de Rafael Casas de la Vega, Las milicias nacionales, Editora Nacional, Madrid, 1977, Vol. II, pp. 855-863, vid. especialmente las páginas 860-862 56 La constitución de las milicias de voluntarios “nacionalistas” fue profusamente estudiada por Rafael Casas de la Vega, Las milicias…, op. cit.; y mucho más recientemente lo ha sido por José Semprún, Del Hacho al Pirineo. El Ejército Nacional en la Guerra de España, Actas Editorial, Madrid, 2004, pp. 164209. No obstante, las profundas raíces ideológicas y culturales que incitaron a la violencia a extensos y muy heterogéneos colectivos sociales de la retaguardia “nacionalista” durante los primeros meses de la Guerra Civil, han sido muy recientemente expuestas por Francisco Sevillano Calero, Exterminio. El terror…, op. cit., pp. 29-43. 25
reformista, y los responsables y directivos más destacados de la densa red de organizaciones políticas y sindicales de izquierda. En tan intensa labor de exterminio dirigida contra los considerados “desafectos” a las nuevas autoridades militares, colaboraron de una manera directa multitud de integrantes de las abultadas milicias falangistas que conocieron, en las primeras semanas de la contienda, la fulminante adhesión de un ingente alud de apasionados voluntarios67. Añadiéndose a todos ellos cuantos individuos comunes y «personas de orden» optaron por cooperar de una manera decidida y resuelta con las autoridades militares en las labores de identificación, acusación y captura de los opositores. A iniciativa de la Jefatura Provincial de Falange, fueron enviados a los pueblos ocupados por las tropas rebeldes diferentes delegados con potestad para nombrar las nuevas gestoras municipales que habrían de hacerse cargo de la reconstrucción del orden público, y la conducción de las labores de vigilancia, persecución y exterminio de los declarados “desafectos”. Las mencionadas nuevas gestoras municipales adoptaron en seguida acuerdos tendentes a la formación de milicias cívicas de retaguardia, integradas por ciudadanos comunes que habían mostrado una probada lealtad al nuevo orden político, así como por destacados representantes de la elite local y la oligarquía rural interesados en la supervisión de las labores represivas que comenzaban a llevarse a efecto, con una precisión hasta entonces desconocida, en todo el ámbito de la provincia. Las delaciones, y las acusaciones discrecionales e indiscriminadas debieron alcanzar un ritmo frenético, y parece harto probable que en las mismas participase toda suerte de individuos, más o menos identificados con la nueva situación política recién instaurada, o conscientes de prestar un servicio de lealtad a las nuevas autoridades mediante el estricto cumplimiento de la reglamentación y la legislación represiva que acababa de implantarse68. Como prueba el hecho de que, durante esta primera etapa de “limpieza de desafectos”, que se prolongó desde julio de 1936 hasta febrero de 1937, y en la que se registraron nada más y nada menos que 2.462 víctimas, la actuación de las Guardias Cívicas, de los voluntarios falangistas o del Requeté, resultase decisiva. De manera parecida, tras hacerse efectiva la ocupación de la práctica totalidad de las poblaciones de la provincia de Sevilla, llevada a cabo por las distintas columnas militares rebeldes que operaron en sus diferentes comarcas, se puso en funcionamiento todo un amplio entramado institucional que, desde los niveles inferiores de la organización municipal y local de implantación e institucionalización del nuevo orden político militarista y reaccionario, agrupaba a un complejo espectro de colectivos y fuerzas del orden público encargadas de la persecución de los considerados 67 Véanse Rafael Casas de la Vega, Las milicias…, op. cit.; Alfonso Lazo, Retrato de fascismo rural…, op. cit. pp. 25-30; Francisco Sevillano Calero, Exterminio. El terror…, op. cit., pp. 29-42, y José Semprún, Del Hacho al Pirineo…, op. cit. . 68 Francisco Espinosa Maestre, La Guerra Civil en Huelva, Diputación Provincial, Huelva, 1996, pp. 368388, véanse especialmente las pp. 374-378. 32
“desafectos”, opositores o enemigos del Movimiento Nacional. La Falange sevillana, y en especial la de algunas poblaciones ubicadas en comarcas con un elevado censo jornalero, recibió un auténtico aluvión de afiliaciones a partir del momento en que se produjo la ocupación de la mayor parte de sus poblaciones en los meses iniciales de la Guerra Civil, y hasta la fecha de promulgación del decreto de unificación, en abril de 193769. A los centenares de nuevos afiliados que nutrieron las filas del falangismo rural, habría que añadir los varios miles de voluntarios que se enrolaron en las milicias fascistas, o en las formaciones paramilitares puestas en pié, a lo largo de las primeras semanas del conflicto civil, por las organizaciones de la ultraderecha fascistizada, con la finalidad de socorrer a las tropas insurgentes destacadas en los frentes de batalla. Este fenómeno, que podríamos describir como el de una “masiva afluencia” de integrantes de muy diversos grupos sociales hacia las organizaciones falangistas, o hacia las milicias de voluntarios que enseguida se aprestaron a la defensa armada de las consignas antidemocráticas y fascistas del bando militar rebelde, debió de registrarse en multitud de ámbitos geográficos de la denominada España “nacionalista”. Sin embargo, interesa destacar, además del carácter acentuadamente interclasista y la extrema heterogeneidad social de los apoyos recibidos por el bando rebelde y las organizaciones ultraderechistas que cerraron filas en torno a este último, el clima de persecución política y exhaustivo control social y policial que se desencadenó en la retaguardia nacionalista durante el transcurso de la Guerra Civil. Así como el alto grado de colaboración que multitud de ciudadanos comunes, súbitamente convertidos a la defensa apasionada de los ideales de regeneración patriótica, y de aniquilamiento de las izquierdas, despertados por las nuevas autoridades franquistas, prestaron a los órganos e instituciones encargadas de la puesta en práctica de una sofisticada maquinaria represiva, dirigida al exterminio de las minorías disidentes y de los considerados opuestos al “Glorioso Movimiento Nacional”. El caso aportado por el profesor Lazo, nos muestra la existencia de núcleos de organización falangista en la práctica totalidad de los pueblos sevillanos recién incorporados a la retaguardia rebelde. En los que, desde los primeros lances del conflicto, quedaron estructurados los servicios de información y vigilancia, encargados de realizar las tareas de depuración de la retaguardia, control social, y denuncia y persecución de cuantos eran considerados desafectos, o encarnaban un potencial peligro de disidencia o desestabilización del nuevo orden político recién instaurado. Tras producirse la unificación, y una vez promulgado el oportuno decreto, los mencionados servicios pasaron a integrarse en las Delegaciones Locales de Información de FET de las JONS, asimismo dependientes de la Delegación provincial de información del partido único70. Desde los órganos centrales de los servicios de inspección, vigilancia e información de FET de las JONS pronto se emitieron prolijas circulares y detallados 69 Alfonso Lazo y José Antonio Parejo, “La militancia falangista…”, op. cit., p. 241. 70 Alfonso Lazo, Retrato de fascismo rural…, op. cit., pp. 55 y ss. . 33
documentos. En los que se desgranaban las tareas fundamentales que, en todo lo referente al control social de los individuos sospechosos de desafección o declaradamente enfrentados a los principios ideológicos y políticos sobre los que comenzaba a fundarse el Nuevo Estado, deberían llevar a cabo los responsables locales de las tareas de persecución política de los opositores. Incluyendo asimismo, entre los destinatarios de tan sutil inspección, a los propios integrantes de las organizaciones falangistas, hasta un extremo que nos debe hacer pensar que la sociedad toda se vigilaba a sí misma, inmersa en una histeria colectiva de sospechas y acusaciones mutuas. No solamente se elaboraban informes relativos a las precedentes actuaciones políticas de todos aquellos individuos considerados objeto de investigación o pormenorizada vigilancia, sino que asimismo se escrutaba la conducta moral, e incluso las manifestaciones más íntimas del comportamiento afectivo o sexual de todos aquellos que fuesen tildados, bajo el dedo acusatorio del falangismo, como potenciales protagonistas de una conducta subversiva, “moralmente degradante”, o sencillamente desleal hacia el orden político instaurado. Una intromisión de tan profundo calado, que trataba de hurgar incluso en los más recónditos espacios de la vida afectiva y el comportamiento en la intimidad del hogar, requirió, sin lugar a dudas, de la estrecha colaboración prestada por multitud de informantes anónimos. En alguna medida, incluso se podría afirmar que, durante los años de la Guerra Civil, e incluso a lo largo de la práctica totalidad de la década de los cuarenta, los órganos locales de la Falange tejieron una densa red de vigilancia y control social en el ámbito de multitud de comunidades locales, asistida por la prestación de colaboración y por la transmisión de información protagonizada por multitud de individuos comunes. Y en torno a la que siempre prevaleció el mutuo conocimiento vecinal acerca de la condición, el carácter personal, y la conducta pública y privada de la práctica totalidad de sus habitantes71. Incluso podría probarse el hecho de que un buen puñado de falangistas se viese asimismo incitado a la práctica de la delación contra los enemigos del inmediato pasado, movido por la exclusiva finalidad de apropiarse de sus pertenencias, en una suerte de expolio generalizado que trataba de aniquilar económicamente a los vencidos, y restañar las viejas heridas acumuladas en un prolongado periodo histórico de acentuación de los enfrentamientos sociales y las confrontaciones partidistas o ideológicas72. Puede concluirse, pues, que un amplio y abigarrado sector de la población de infinidad de localidades rurales y núcleos de población urbanos, que había quedado identificado en mayor o menor medida con el ordenamiento jurídico, legal y político que resultó triunfante tras la finalización del conflicto civil, debió prestar una colaboración desinteresada con las fuerzas del orden público y los representantes de las 71 Alfonso Lazo, Retrato de fascismo rural…, op. cit., pp. 57 y ss. . 72 Francisco Moreno Gómez, “La represión oculta: el gran tabú de la democracia”, en Arcángel Bedmar (coord.), Memoria y Olvido sobre la Guerra Civil y la Represión Franquista, Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, 2003, pp. 21-37, véanse especialmente la página 30. 34
organizaciones políticas ultraderechistas o fascistas que ocuparon un privilegiado papel en el encuadramiento político del régimen franquista. Ese extenso y variopinto colectivo de adheridos y colaboradores con el Nuevo Estado debió formar parte, en multitud de ocasiones, de una “densa milicia” de acusadores. Nutrida por multitud de ciudadanos anónimos que por motivos personales de venganza contra todos aquellos con quienes habían contraído deudas, pleitos, o sostenido conflictos de muy diversa naturaleza en el periodo histórico precedente, o sencillamente por razones de carácter político, practicó reiteradamente la delación de los considerados “asociales”, desafectos o traidores al Movimiento Nacional. Y lo hizo de una forma continuada ante los Juzgados Militares que proliferaron por todo el territorio nacional, o frente a los militares que integraron las Auditorías del Ejército de Ocupación que recababan, en cada población ocupada por las tropas franquistas, información precisa acerca de los inductores y ejecutores de los actos revolucionarios, los asesinatos y el encarcelamiento de derechistas, las incautaciones y las expropiaciones que se habían sucedido en la retaguardia republicana durante los primeros meses de la Guerra Civil73. Pero sobre todo, y de una manera más sistemática y pausada, ante los activistas y colaboradores de Falange Española Tradicionalista, los cuerpos y responsables del orden público –Guardia Civil, Policía, etc.– o ante la multitud de organismos judiciales encargados de la puesta en práctica de la represión sobre los vencidos. Y surgidos del amplio espectro de jurisdicciones especiales que, en detrimento de la justicia ordinaria, puso en pie el nuevo régimen franquista desde 1939 en adelante –Responsabilidades Políticas74, Represión de la Masonería y el Comunismo, Tribunales Militares para la persecución de los delitos de rebelión, Fiscalía de Tasas, Juzgados Especiales de Abastecimientos, etcétera.–75. Además, la instrucción de la Causa General, concebida como la pieza suprema de la investigación sobre los hechos delictivos y los distintos aspectos que revistió la acción política y revolucionaria de los órganos de poder popular que emergieron en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, incitó a la colaboración de la ciudadanía con las autoridades judiciales, las corporaciones municipales y las jerarquías del Movimiento. Sobre todo en lo 73 La prosecución de las investigaciones sobre el papel cumplido por los ciudadanos comunes en las tareas de delación y colaboración con las nuevas autoridades militares franquistas, ha convertido en insustituible el estudio de los “Ficheros de Criminalidad” elaborados por las Auditorías del Ejército de Ocupación. Consúltese Archivo General de la Guerra Civil Española (AGC) de Salamanca, Ficheros de Criminalidad correspondientes a los territorios ocupados por el Ejército Nacional. 74 Merecen destacarse los muy meritorios trabajos de la profesora Conxita Mir, acerca de la actuación de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y la represión franquista en la Cataluña rural. Al respecto, véanse, Conxita Mir Curcó (et alii.), Repressió econòmica i Franquismo: l´actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Publicacions de l´Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, “Personal polític i repressió econòmica: l´actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques sobre els parlamentaris republicans (Lleida, 1939-1966)”, en Jaume Barrull Pelegrí y Conxita Mir Curcó (coords.), Violencia política i ruptura social a Espanta, 1936-1945, Universitat de Lleida, Lleida, 1994, pp. 117-140 y Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Milenio, Lleida, 2000. 75 Mónica Lanero Táboas, Una milicia de la justicia. La política judicial del Franquismo (1936-1945), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, pp. 318-338. 35
concerniente a la prestación de información, la acusación de los protagonistas de los actos considerados delictivos, o la inculpación de todos cuantos habían participado de una u otra forma en la comisión de las acciones punibles76 La actuación de los Tribunales Militares que, aplicando la jurisdicción militar, instruyeron varios miles de causas y expedientes acusatorios contra una incalculable multitud de encausados por delitos de rebelión, desafección, desobediencia, y un largo etcétera, constituye asimismo una irrefutable prueba de cómo la justicia preventiva ejercida por el Estado franquista contó, desde el primer instante, con la colaboración desinteresada de multitud de individuos comunes. Así lo prueban, al menos, las incontables acusaciones, denuncias y delaciones procedentes del testimonio recogido a una considerable multitud de ciudadanos corrientes, y cuyos aspectos informativos pasaron a engrosar los sumarios instruidos por los distintos Juzgados. Tales acusaciones recogían infinidad de detalles acerca de las actividades o los comportamientos delictivos que habrían de ser posteriormente calificados por los Tribunales Militares constituidos a tal efecto. La mayor parte de las delaciones efectuadas por individuos corrientes partían de los integrantes de aquella fracción social de las comunidades rurales y los núcleos de población urbanos que más intensamente había sufrido los desmanes cometidos por los comités populares, y la acción revolucionaria de los órganos del poder popular en la retaguardia republicana, durante el transcurso de la Guerra Civil. Los habitantes de la inmensa mayoría de los pequeños enclaves rurales que permanecieron en la mencionada retaguardia, ya habían experimentado un intenso proceso de fractura social, y fragmentación interna, provocado por las múltiples disputas, los enfrentamientos de clase, y las luchas de intereses que se habían ido expandiendo de manera paralela al proceso de modernización económica y diversificación social que experimentó la sociedad española a lo largo del primer tercio del siglo XX. De tal manera que, una vez finalizado el conflicto civil, e instauradas las nuevas instituciones dictatoriales franquistas, la colaboración de los ciudadanos más castigados por los excesos revolucionarios del pasado con los órganos de control político y los servicios policiales o de orden público, constituyó la forma de expresión revanchista más natural de cuantos ansiaban resarcirse de los daños sufridos. Poniendo a disposición de la implacable justicia franquista a sus anteriores enemigos, mediante su inculpación y el consiguiente sometimiento a un proceso judicial. Como han relatado algunos estudiosos, una buena parte de los consejos de guerra que se siguieron desde 1939 en adelante, en multitud de localidades agrarias en las que se había registrado un intenso proceso de transformación 76 Manuel Ortiz Heras: “Las posibilidades de la Causa General como fuente para proyectos de investigación”, en Isidro Sánchez, Manuel Ortiz y David Ruiz (coords.), España Franquista. Causa General y actitudes sociales ante la dictadura, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, 1993, pp. 29-62, y Boletín Oficial del Estado, 4 de mayo de 1940, Decreto de 26 de abril de 1940, concediendo amplias facultades al Fiscal del Tribunal Supremo para proceder a instruir la “Causa General” en la que se reúnan las pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja. 36
revolucionaria del tradicional orden patronal durante el periodo de la Guerra Civil, los sumarios instruidos recogían una auténtica catarata de acusaciones contra los más destacados izquierdistas. En muchos casos recabadas entre el común de la población –y especialmente entre los más agraviados por las expresiones de odio popular del periodo revolucionario–, por la Guardia Civil o por los servicios de vigilancia e información de la Falange. Como prueba el hecho de que la celebración de las innumerables vistas de las causas seguidas contra los inculpados, pese a constituir una auténtica farsa exenta de las mínimas garantías jurídicas, y presidida por la indefensión de los encartados, estuvo en ocasiones arropada por la asistencia de auténticas multitudes. Entre cuya presencia destacaban los integrantes de las tradicionales oligarquías rurales, de nuevo restituidos en sus posiciones de privilegio, o una significativa representación de las “personas de orden”, que manifestaban así su inquebrantable adhesión a los principios normativos del Nuevo Estado dictatorial77. La cuestión ha sido insuficientemente abordada por los estudiosos de la represión franquista, aún cuando algunos de los frutos de la reciente investigación hayan coincidido en señalar la importancia que en la instrucción de los expedientes sumariales, o en las sumarias ejecuciones que ensangrentaron la retaguardia nacionalista durante los primeros meses de la contienda civil, debieron tener las acusaciones provenientes de los individuos más próximos al entorno familiar, personal o vecinal de los encausados78. Acusaciones que finalmente eran canalizadas a través de los cuarteles de la Guardia Civil, la Falange local o el Ayuntamiento, concebidas como instancias que encauzaban la información recabada a “pie de obra”, hasta hacerla llegar a los juzgados de instrucción, y finalmente a los presidentes de los Tribunales Militares constituidos al efecto. Puede sostenerse, pues, que todo un complejo y multiforme – sobre todo por la acusada diversidad y heterogeneidad social de sus integrantes– universo de individuos, colectivos, órganos políticos e instituciones municipales, entre los que descollaban las denominadas “personas de orden”79 –o ciudadanos adheridos a los principios de tradicionalismo, el catolicismo y el militarismo del nuevo régimen dictatorial–, las gestoras municipales recién instauradas, los curas párrocos y las secciones locales de la Falange, coordinó sus esfuerzos en la edificación de la compleja maquinaria represiva. La misma que, desde las instancias más elementales de la organización del régimen dictatorial franquista, actuó con sobrecogedora eficacia en el severo castigo propinado a todos los excluidos. 77 Francisco Moreno Gómez, Córdoba en la posguerra. La represión y la guerrilla, 1939-1950, Francisco Baena Editor, Madrid, 1983, pp. 98 y ss. . 78 Vicent Gabarda, Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1993, pp. 44 y ss., y Francisco Espinosa Maestre, La Guerra Civil…, op. cit., pp. 351-368, véase especialmente la página 360, y del mismo autor: “Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio”, en Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2002, pp. 51-119, p. 90. 79 Francisco Espinosa Maestre, La Guerra Civil…, op. cit., p. 360. 37