El partido comunista de España y la cuestión agraria en Andalucía durante el tardofranquismo y la transición política a la democracia, 1956-1983

HAOL, Núm. 7 (Primavera, 2005), 27-42 ISSN 1696-2060 © Historia Actual Online 2005 27 EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA Y LA CUESTIÓN AGRARIA EN ANDALUCÍA DURANTE EL TARDOFRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN POLÍTICA A LA DEMOCRACIA, 1956-1983 Francisco Cobo Romero, Teresa María Ortega López Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, Spain. E-mail: [email protected] Recibido: 21 Marzo 2005 / Revisado: 18 Abril 2005 / Aceptado: 13 Mayo 2005 / Publicado: 15 Junio 2005 Resumen: Este texto realiza un recorrido centrado en el análisis de las transformaciones experimentadas por el sector agrícola de las provincias andaluzas, y sus consecuencias sociales más significativas, a lo largo del período de tiempo comprendido entre el final del período autárquico y el comienzo del régimen democrático que sustituyó a la dictadura franquista. Relacionándolo con las percepciones obtenidas de las mencionadas transformaciones por los comunistas españoles, y el conjunto de propuestas programáticas que estos últimos articularon en su particular búsqueda del apoyo mayoritario de los jornaleros agrícolas, y el campesinado andaluz, a sus propuestas de radical oposición al régimen de Franco. Palabras clave: Andalucía, cuestión agraria, jornaleros, PCE, tardofranquismo, transición política. ______________________ CONSIDERACIONES PRELIMINARES través del presente estudio pretendemos efectuar un amplio recorrido centrado en el análisis de las transformaciones experimentadas por el sector agrícola de las provincias andaluzas, y sus consecuencias sociales más significativas, a lo largo del periodo de tiempo comprendido entre el final del periodo autárquico y el comienzo del régimen democrático que sustituyó a la dictadura franquista. Conectándolo, asimismo, con las percepciones obtenidas de las mencionadas transformaciones por los comunistas españoles, y el conjunto de propuestas programáticas que estos últimos articularon en su particular búsqueda del apoyo mayoritario de los jornaleros agrícolas, y el campesinado andaluz, a sus propuestas de radical oposición a régimen del general Franco. En efecto, puede afirmarse que el panorama mostrado por la estancada evolución de la agricultura andaluza de los años cuarenta apenas sufrió modificaciones destacables al iniciarse la década de los cincuenta. No obstante, si bien el cambio de signo experimentado hacia fines de la década de los cincuenta por la política económica sostenida por el régimen franquista, tampoco aportó soluciones dignas de mención al conjunto del sector agrario andaluz, desde aquellos años se asistió al comienzo de un proceso de mecanización de ciertas labores agrícolas, y de progresiva capitalización y dependencia del sector industrial, en el conjunto de las explotaciones. Asimismo, las negativas consecuencias de las políticas económicas franquistas desplegadas desde los años 60 sobre buena parte de las provincias andaluzas acentuaron aún más, si cabe, el carácter eminentemente agrario, y de abastecedores de alimentos y materias primas, de sus sistemas productivos. Sin alternativas de empleo con las que contrarrestar el creciente paro agrícola, como consecuencia de la débil inversión de capitales que aquejaba al muy mermado sector industrial, un extenso colectivo de campesinos y jornaleros de la mayor parte de las comarcas rurales andaluzas no encontró otra alternativa que la emigración. De igual manera, la población rural que permaneció en sus lugares de origen, o bien se adaptó más o menos exitosamente a las nuevas estrategias empresariales de explotación de la mano de obra jornalera, o bien articuló variadas respuestas, como la agricultura a tiempo parcial o la A El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 Francisco Cobo y Teresa María Ortega © Historia Actual Online 2005 28 pluriactividad, para hacer frente a los retos planteados por una agricultura crecientemente capitalizada, e integrada en los circuitos mercantiles o de la poderosa industria agroalimentaria. En definitiva, persistió en la mayor parte de Andalucía, pese a la prolongada sucesión de modificaciones experimentadas por el sector primario, un amplio segmento de explotaciones campesinas de carácter familiar, que probó su eficacia y capacidad de adaptación a una agricultura crecientemente industrializada y cada vez más integrada en los canales de comercialización nacionales e internacionales. Pese a todo lo acontecido en el sector primario, las organizaciones comunistas de oposición al régimen franquista continuaron sosteniendo una interpretación sobre los problemas de la agricultura en la que seguía prevaleciendo una insistente petición de la ansiada Reforma Agraria, estrechamente vinculada a la denuncia de la gran explotación latifundista, tildada de ineficiente, improductiva y precapitalista. Si bien se observó una clara sensibilización en torno a la específica problemática que afectaba a los pequeños y modestos propietarios y arrendatarios agrícolas, el Partido Comunista de España (PCE) continuó profundizando, a lo largo de las décadas de los sesenta, los setenta e incluso el inicio de los ochenta, en su tradicional discurso pro-jornalero y antilatifundista. Forjando, así, una reiterada mitificación de la Reforma Agraria como única solución al latifundismo, al que continuaba identificando con la causa fundamental de los desequilibrios y las desigualdades sociales generadas por el desarrollo económico de los sesenta y los setenta, o con la persistencia de un modelo de explotación agrícola con un acusado carácter de ineficacia e improductividad. Las reiteradas apelaciones de los comunistas españoles, y andaluces, a la necesidad impostergable de la Reforma Agraria, entendida como el mecanismo primordial encaminado hacia un justo reparto de la tierra entre el grueso de los jornaleros y campesinos más pobres, acuñaron en el mundo rural andaluz una imagen del Partido Comunista arquetípica en el seno de amplios colectivos de jornaleros y trabajadores agrícolas. Tal imagen se instaló sobre la recreación idealizada –casi deificada– de una transformación integral de la estructura de la propiedad agraria que beneficiaría, por encima de todo, a los jornaleros y campesinos más pobres. Es decir, precisamente a aquellos segmentos de la población asalariada rural que más negativamente habían sufrido los efectos de la modernización agraria de los sesenta y los setenta, y la emigración multitudinaria a las regiones más favorecidas por el proceso industrializador de esa misma época. La excesiva vinculación del Partido Comunista en Andalucía a las propuestas de reformismo agrario formuladas en su acepción más clásica – es decir, casi puramente "antilatifundista"–, y sin lugar a dudas algo trasnochada, le enajenaron el hipotético apoyo, ideológico, social o electoral, de un amplio espectro de segmentos intermedios del campesinado propietario o arrendatario que, aún cuando transformados por las modificaciones experimentadas por el sector primario, sobrevivieron a las mismas con un considerable grado de eficacia. A continuación, trataremos, pues, de establecer las debidas conclusiones acerca de la eficacia, o la esterilidad, de los planteamientos comunistas en tan decisiva materia. Así como en todo lo relacionado con su capacidad de movilización política y electoral de los campesinos y jornaleros del sur, desde los años sesenta hasta los inicios del nuevo sistema político democrático en los albores de la década de los ochenta. EL "MITO DEL ATRASO" Y LOS ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INTERPRETACIÓN COMUNISTA ACERCA DE LA "CUESTIÓN AGRARIA" En muy buena medida, los precedentes más remotos de las concepciones sostenidas por el amplio espectro de la izquierda marxista española sobre la problemática del sector agrario, y en particular sobre la "cuestión agraria meridional", se remontan a los modelos teóricos, e incluso a los paradigmas interpretativos, provenientes de la visión decadentista y mixtificada del "atraso secular de la agricultura". En efecto, desde el siglo XIX, la visión romántica, y posteriormente regeneracionista1, de una producción agraria anclada en el más absoluto inmovilismo, donde las tradicionales economías campesinas habrían permanecido ajenas a las grandes transformaciones operadas por las revoluciones agrícola e industrial en la Europa septentrional, contribuyó poderosamente a la forja del "mito del atraso", manifestado con especial relevancia en todo lo referido a las provincias meridionales peninsulares. Las escasas modificaciones que a lo largo del siglo XIX experimentaron las estructuras de la propiedad de la tierra en Andalucía, serían atribuidas, en consecuencia, a la consolidación de una poderosa e inmóvil burguesía agraria. El control casi monopólico que esta última Francisco Cobo y Teresa María Ortega El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 © Historia Actual Online 2005 29 ejerciese sobre la mayor parte de la tierra cultivable, o en el uso de los resortes institucionales y políticos del ámbito provincial y local, reforzó la impresión de parálisis atribuida la agricultura y la sociedad andaluzas. Se consagró, pues, la idea arquetípica del atraso de la agricultura hispana –y andaluza, por excelencia– acaecido en mitad de una etapa histórica en la que se estaban registrando, en buena parte del continente europeo, importantes modificaciones en los modos de aprovechamiento de la tierra, tendentes casi todas ellas al incremento de la productividad y de la competitividad de las explotaciones agrícolas. Con la llegada de la crisis agropecuaria de fines del siglo XIX, la adopción de medidas como la reducción de los costos salariales, o la privatización de espacios agrarios de anterior aprovechamiento comunal o vecinal, se unió en Andalucía –como en buena parte de España– al recurso insistente al proteccionismo arancelario. Todas estas circunstancias, reforzaron aún más la imagen simplista de un sector rural como el andaluz desligado de las influencias provenientes del exterior, a la vez que profundamente sumido en el conservadurismo de las viejas oligarquías terratenientes. La inveterada dualidad latifundio-minifundio, y la culpabilización recaída sobre la gran propiedad rústica andaluza del bajo nivel de rendimiento alcanzado por el sector agrario, se convirtieron a comienzos del siglo XX en paradigmas de interpretación de la naturaleza del sector primario andaluz profundamente viciados por una visión pesimista. Además, tal visión se hallaba excesivamente concentrada en la valoración de aquellos aspectos meramente institucionales o estructurales, relacionadas con el tamaño de las explotaciones agrarias y el reparto de la propiedad de la tierra. El latifundismo andaluz fue, en consecuencia, el responsable máximo del carácter presuntamente atrasado de la agricultura española. Junto a ello, la práctica del absentismo y la falta de interés por la modernización de las explotaciones agrarias, asociadas a la figura del gran propietario agrícola andaluz, fueron figuras insistentemente recreadas por la literatura regeneracionista de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las interpretaciones predominantes en torno a la incapacidad modernizadora de la agricultura andaluza –o española–, acuñadas durante los años en que la crisis agropecuaria mostraba sus efectos de manera más virulenta, dejaron una profunda huella incluso entre teóricos y pensadores procedentes de los ámbitos ideológicos del progresismo, el republicanismo o el socialismo del primer tercio del siglo XX. Insignes agraristas comprometidos con proyectos políticos renovadores como Pascual Carrión, o destacados dirigentes socialistas como Fernando de los Ríos o Fabra Ribas, asumieron en su integridad el paradigma interpretativo del atraso de la agricultura andaluza –y por extensión española–. Y atribuyeron el origen del referido atraso al desigual reparto de la tierra, al cultivo predominantemente extensivo de las zonas latifundistas y a la obstaculización ejercida por los grandes propietarios rústicos a la incorporación de mejoras sustanciales en sus explotaciones, de cara al incremento de la productividad o al crecimiento global de la riqueza agrícola. Las apreciaciones institucionales en torno a la magnitud de las explotaciones agrarias se unieron al desprecio, y aún la descalificación, de la pequeña propiedad campesina como hipotética portadora de prácticas económicas y de cultivo impulsoras de la modernización agraria. Tales concepciones seguían constituyendo, pues, los ejes vertebrales de la interpretación predominante entre esas minorías intelectuales acerca del problema de la tierra y la "cuestión agraria meridional". Por tanto, el pensamiento agrario español del primer tercio del siglo XX continuaba estrechamente asociado a determinados moldes teóricos e interpretativos. Muchos de ellos responsabilizaban al supuesto atraso agrícola del deficiente grado de industrialización español. De la misma forma que culpabilizaban a un sector agrario supuestamente estancado e inmóvil del marasmo en nuestros niveles de progreso social y económico. La fortaleza, y la capacidad persuasiva de las referidas tradiciones intelectuales, ha resultado, sin duda alguna, proverbial. Dando como resultado la generalizada convicción en el seno de la izquierda marxista española de que el fracaso de las incipientes experiencias industrializadoras no fue sino una consecuencia directa de la persistencia del latifundismo, y la perdurable continuidad en torno al mismo de los rasgos de una agricultura estancada, improductiva y precapitalista. El joven Partido Comunista de España del periodo de entreguerras quedó asimismo impregnado de las interpretaciones dominantes en el campo de la izquierda marxista en torno a El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 Francisco Cobo y Teresa María Ortega © Historia Actual Online 2005 30 la especificidad del problema agrario español – y, por antonomasia, andaluz–. De tal manera que sus cuadros dirigentes continuaron identificando a la agricultura como un sector decisivo de la economía española profundamente caracterizado por el predominio indiscutido de la gran propiedad latifundista, y la concurrencia, sobre la misma, de los caracteres de atraso, incapacidad productiva, absentismo empresarial y persistencia de rasgos económicos de origen feudal o precapitalista2. Esto último, y la probada perseverancia de que hicieron gala los dirigentes comunistas al inicio de los años treinta en la defensa de los planteamientos de la Internacional Comunista sobre la incapacidad de la burguesía en determinados países capitalistas para llevar adelante la revolución democrática, conducía a los comunistas a sostener, de igual forma, una tradicional visión del enfrentamiento permanente entre las clases trabajadoras y campesinas en disputa abierta con el bloque de la burguesía industrial y agraria. Solidificando, y reproduciendo, de esta manera las tesis contenidas en las teorías del marxismo agrario3. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS DE LOS COMUNISTAS ESPAÑOLES EN TORNO A LA "CUESTIÓN AGRARIA" La proclamación del régimen democrático de la II República, primero, y el estallido de la Guerra Civil, en segundo lugar, significaron dos ocasiones históricas irrepetibles para los comunistas españoles en su deseo de hacer avanzar al conjunto de la sociedad hacia la construcción del socialismo. Así pues, el PCE evolucionó a lo largo de todo el período republicano en lo que respecta a la formulación concreta de sus propuestas y principios programáticos. A partir del año 1931, y a medida que transcurría el agitado período que precedió al estallido del conflicto civil, los comunistas se adhirieron a la defensa de posturas claramente rupturistas, cuando no declaradamente ortodoxas. Asentadas sobre la reivindicación de la transformación de la revolución democrático-burguesa en revolución socialista mediante la inmediata edificación de una "república soviética de obreros, campesinos y soldados", representada por un "Gobierno Obrero y Campesino"4, y cuyo portador más insigne habría de ser el proletariado5. Y evolucionaron posteriormente hasta la exigencia, dirigida a los sectores sociales populares, de una firme y tenaz proclamación de un modelo de República democrática, edificada mediante el apoyo incondicional prestado al Frente Popular, única garantía, según ellos, de hacer posible la profundización en los logros de la revolución burguesa. En este sentido, el PCE comprendió que el período histórico iniciado en 1936 con la sublevación de las fracciones más conservadoras del Ejército frente a la legalidad republicana, representaba la defensa, por parte de las fuerzas políticas agrupadas en torno al Frente Popular, del cúmulo de cambios de naturaleza esencialmente democrática iniciados en 1931, que significaban para esta formación política la consumación misma de la revolución democrático-burguesa. De acuerdo con las manifestaciones de los propios comunistas, en la "República democrática de nuevo tipo" que ellos propugnaban el pueblo disponía de las armas y la tierra; los trabajadores ejercían el control sobre las industrias; los terratenientes, banqueros y grandes industriales habían sido expropiados; el proletariado estaba dirigiendo la revolución, apoyándose para ello en un ejército popular de nueva creación y el gobierno era la expresión inmediata de la voluntad popular misma6. En consonancia con la interpretación adoptada por los más destacados dirigentes comunistas, la nueva república democrática descansaba sobre la compleja alianza de los sectores populares del campo y la ciudad, unidos a un variopinto conjunto de clases medias de profundas convicciones democráticas, y enfrentados todos ellos a las oligarquías terratenientes e industriales que tradicionalmente habían impedido el avance de las libertades públicas y la democracia. En un país todavía eminentemente agrario, la hegemonía y el liderazgo que los comunistas pretendían ejercer sobre el conjunto de los sectores populares, pasaba necesariamente por el agrupamiento de los obreros agrícolas y el campesinado bajo la tutela directa de las autoridades del Frente Popular. De ahí que los comunistas entendiesen que la política agraria que debía ponerse en práctica durante las excepcionales circunstancias del conflicto habría de tener en cuenta no solamente los intereses y la satisfacción del ancestral "hambre de tierras" de las clases jornaleras, sino asimismo las expectativas y ambiciones proyectadas sobre la nueva República democrática por amplios segmentos del campesinado de pequeños propietarios y arrendatarios. En el frontispicio de las preocupaciones de los comunistas por la Francisco Cobo y Teresa María Ortega El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 © Historia Actual Online 2005 31 resolución de la eterna "cuestión agraria" se situaba la realización de una profunda e intensa transformación de las injustas estructuras de distribución de la propiedad de la tierra7. Esto último significaba la puesta en marcha de una ambiciosa Reforma Agraria. Que concluyó con la expropiación, en la práctica totalidad de los territorios que permanecieron bajo la obediencia a las legítimas autoridades republicanas, de la mayor parte de las grandes explotaciones latifundistas, y la entrega de sus tierras entre los colectivos de jornaleros agrícolas desposeídos, o entre una amplia gama de campesinos pobres. Así pues, la «revolución agraria» profusamente defendida por los comunistas había sido considerada como el medio que había posibilitado la eliminación de los restos feudales que aún pesaban sobre la agricultura, aún cuando se respetasen los bienes de los pequeños propietarios agrícolas8, en tanto que la nacionalización de los grandes sectores productivos introducía elementos de socialización en la economía. En definitiva, la defensa ejercida por el PCE en favor de la libertad a ultranza del campesinado español para que este colectivo social acometiese o no su integración en las tierras agrícolas colectivizadas, implantadas en extensas superficies rurales de la retaguardia leal, constituyó uno de los principios programáticos más inteligentemente arbitrados por la más influyente formación política de izquierdas actuante en la España Republicana durante el transcurso del conflicto civil. Al tiempo que ponía de manifiesto, de una manera incontrovertible, la incondicional adscripción de los comunistas españoles a los postulados teóricos en torno a la evolución histórica de la agricultura bajo el capitalismo, defendidos desde los tiempos de Engels y Lenin. Y consistentes en la creencia en la inevitable concentración de la propiedad de la tierra y la superior capacidad competitiva de las grandes explotaciones mecanizadas operada por la penetración del capitalismo en la agricultura. Contribuyendo, así, a propiciar la futura colectivización agraria y la entrega de la tierra a los colectivos de jornaleros y campesinos pobres organizados. Aún cuando respetando, eso sí, la libre opción de todos ellos para proceder a una explotación colectiva o individualizada de las tierras obtenidas9. LA AGRICULTURA ANDALUZA Y LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD RURAL DE LOS SESENTA Y LOS SETENTA Tras la finalización del conflicto civil, se abrió un prolongado y oscuro paréntesis, cincelado mediante una cruenta y despiadada represión, ejercida por las nuevas autoridades franquistas contra las organizaciones de izquierda y la oposición democrática. No obstante, desde los comienzos de la década de los cincuenta, comenzaban a atisbarse los primeros síntomas del agotamiento del modelo económico autárquico impuesto por el régimen franquista durante la primera etapa de su andadura histórica. El fracaso del sistema de intervención de los mercados y la producción agrícola, fue dando paso de manera paulatina a la puesta en marcha de una serie de transformaciones en el sector primario que, para el caso andaluz, describiremos a continuación. Tales transformaciones incidieron agudamente sobre la recomposición de la población rural andaluza, pero por encima de todo, condicionaron una drástica disminución del colectivo de los jornaleros y asalariados del campo, mientras propiciaron el dificultoso, pero a la postre exitoso, mantenimiento de la pequeña explotación familiar y del campesinado independiente. Veamos todo esto con algo más de detalle. Que a comienzos de la década de los ochenta del pasado siglo XX la agricultura andaluza alcanzó un alto grado de industrialización es un hecho innegable e incuestionable. Al igual que el conjunto de la agricultura española, el sector agrario andaluz experimentó, desde los años cincuenta de la mencionada centuria, un proceso de transformación y cambio que dio al traste con la sociedad y la agricultura tradicional. Poniendo fin, así, a una agricultura natural y orgánica, asentada sobre la incorporación de inputs energéticos de origen natural y sobre el recurso generalizado a la mano de obra jornalera y la tracción animal10. A lo largo de tres décadas la agricultura andaluza incrementó las inversiones y el gasto corriente en maquinaria y fertilizantes, y aumentó su demanda de otros bienes intermedios provenientes de fuera del sector, fundamentalmente de inputs industriales, estimulada aquélla por las facilidades de la importación y el abaratamiento tanto del precio unitario de las máquinas como de la energía indispensable para su funcionamiento, así como por el progresivo encarecimiento que experimentaron los salarios del campo. Del El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 Francisco Cobo y Teresa María Ortega © Historia Actual Online 2005 32 mismo modo la superación de un factor limitante, como era la escasez de precipitaciones, gracias a la moderna tecnología, que permitió extraer agua del subsuelo, y a la construcción de pantanos e infraestructuras de riego, constituyó un soporte esencial del proceso de industrialización de la agricultura andaluza. La expansión del regadío contribuyó a la diversificación de los cultivos y al aumento de la producción11. Desde el punto de vista social, la industrialización de la agricultura andaluza se saldó, en consecuencia, con la pérdida de grandes cantidades de mano de obra asalariada gracias a la mecanización del campo. Al iniciarse la década de los cincuenta se abrió una vertiginosa corriente migratoria. En sólo veinte años, y en el período transcurrido entre 1950- 1970, tanto las provincias orientales de Andalucía (Almería, Granada, Jaén y Málaga) como las occidentales (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla) arrojaron un saldo migratorio espectacular, cifrado en, al menos, 1.426.320 personas. Convirtiéndose de esta forma Andalucía en la región española con mayor número de emigrantes en el período considerado. Muchas de las principales labores agrícolas realizadas hasta ese momento en las medianas y grandes explotaciones andaluzas por una vasta mano de obra jornalera se mecanizaron. Tal y como informan los censos agrarios de 1962, 1972 y 1982 los motocultores, las motosegadoras, las cosechadoras y los tractores incrementaron significativamente su presencia en el campo andaluz, a la vez que creció, como nunca hasta entonces, el número de explotaciones y hectáreas "tractorizadas"12. Miles de empleos se destruyeron por tanto, y miles de jornaleros tuvieron que recurrir a una emigración forzosa. CUADRO I. SALDOS MIGRATORIOS. ANDALUCÍA, 1950-1970. Ámbito espacial 1950-1960 1960-1970 Total Andalucía Oriental –426.892 –408.747 –835.639 Andalucía Occidental –156.505 –434.176 –590.681 Andalucía –583.397 –842.923 –1.426.320 FUENTE: Sáenz Lorite, Manuel, "Cambios estructurales en la población andaluza (1900-1970)", en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1979; Vol.: Andalucía Hoy, pp. 385-396, vid. esp. la p. 388. Elaboración propia. En las pequeñas explotaciones las mayores dificultades de sus titulares para comprar e invertir en maquinaria agrícola fueron suplidas con el trabajo familiar. Justamente en el período 1962-1982 en la región andaluza asistimos a un aumento de la importancia del trabajo familiar frente a la regresión que en esas mismas fechas experimentó el trabajo asalariado13. Tal circunstancia podría responder en muy buena medida a un fenómeno decisivo que tuvo lugar, paralelamente, con el proceso de industrialización de la agricultura andaluza. Dicho proceso, lejos de provocar la concentración de las explotaciones y por consiguiente la destrucción de la pequeña propiedad y la proletarización del campesinado, tal y como vaticinaban las teorías clásicas sobre el desarrollo del capitalismo en el campo, no trajo cambios de envergadura en la distribución de la tierra. En la década de los sesenta las explotaciones familiares perdieron productividad en relación a las grandes, pero ello no condujo a la disminución de su número ni a la expulsión masiva de campesinos, sino todo lo contrario14. Tanto en 1962 como en 1982 las explotaciones menores de 10 hectáreas representaban respectivamente el 77,7 y el 79,7 por 100 del total, en tanto que ocupaban el 10,3 y el 10,5 por 100 de la superficie sobre el total de las tierras censadas. En el extremo opuesto las explotaciones con más de 200 hectáreas apenas representaban el 1,5 por 100 en ambos censos agrarios mientras que ocupaban más de la mitad de la superficie censada (el 55,3 y el 55,7 por 100 respectivamente). En términos referidos al conjunto de las tierras labradas, esta "persistencia" de la pequeña explotación rústica se manifestaba, durante el largo periodo transcurrido entre 1962 y 1989, de manera aún más contundente. Francisco Cobo y Teresa María Ortega El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 © Historia Actual Online 2005 33 CUADRO II. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN ANDALUCÍA, 1962-1989. TIERRAS LABRADAS. (EN PORCENTAJES). 1962 1972 1982 1989 Rangos de explotación Nº Has. Nº Has. Nº Has. Nº Has. Pequeña explotación (≤ 0,1-20 has.) 88,02 31,69 88,74 31,47 89,49 31,56 90,39 33,22 Mediana explotación (20-100 has.) 9,30 29,26 8,62 29,56 8,10 27,69 7,48 27,68 Gran explotación (≥ 100 has.) 2,68 39,05 2,64 38,97 2,41 40,75 2,13 39,10 TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 FUENTE: Censos Agrarios, 1962, 1972, 1982 y 1989. Elaboración propia. Por lo que respecta a la evolución del sector agrícola de las provincias andaluzas orientales, el panorama ciertamente ensombrecedor que predominó durante la década de los cuarenta, experimentó escasas variaciones durante la de los cincuenta, e incluso durante los comienzos de la década de los sesenta, al menos por lo que respecta a la ausencia casi absoluta de conflictividad laboral. Fenómeno que debe unirse a la escasa presencia de brotes de protesta en las provincias occidentales. A ello contribuyeron sobremanera los devastadores efectos de la represión franquista sobre el poderoso movimiento sindical jornalero de los años treinta, y las consecuencias sociales de las políticas agrarias del nuevo régimen dictatorial iniciadas con la década de los cincuenta, y condensadas de manera primordial en la drástica reducción de la población jornalera. Insistamos brevemente en esto último. Pese a las intenciones liberalizadoras de la producción agraria y el comercio de productos alimenticios proclamadas por el Ministerio de Agricultura a partir de 1951, en líneas generales, la política agraria franquista de los años cincuenta no abandonó enteramente el sistema autárquico de intervención y regulación de los mercados agrícolas. No obstante, los auténticos efectos de la nueva política agraria franquista tardarían aún mucho tiempo en hacerse visibles en las provincias orientales andaluzas. En casi todas ellas persistió, durante la década de los cincuenta y bien avanzada la de los sesenta, un modelo de agricultura tradicional, asentado sobre la supremacía indiscutible de los cultivos mediterráneos escasamente adaptados a las nuevas exigencias de los mercados –nacional e internacional–, así como sobre la tenaz persistencia de bajos niveles de rendimiento y productividad15. La fijación de elevados precios altamente remuneradores en el marco de una agricultura protegida y escasamente competitiva, permitió que la distribución de cultivos en las provincias andaluzas orientales experimentase tan sólo leves modificaciones a lo largo del periodo que discurrió entre 1951 y 1965. A ello debe unirse la legislación promulgada durante casi toda la década de los cincuenta, encaminada a favorecer la expansión de las superficies destinadas al cultivo del olivar y otras especies arbóreas o arbustivas mediterráneas –ley de 1 de julio de 1951 de "Repoblaciones en el litoral Este y Sur"–, o a impulsar el incremento de la productividad de los olivares ya plantados – decreto de 23 de noviembre de 1956 de "Fomento de la producción de aceites"16–. Como consecuencia de todo ello, en ambas provincias continuaron predominando los cereales y las leguminosas, junto con el olivar –de manera especial en la provincia de Jaén– sobre el resto de las dedicaciones de la superficie cultivada. La vitalidad expansiva del cultivo olivarero17 debe ser íntimamente puesta en relación con la exitosa adaptabilidad de la pequeña explotación campesina en torno a un cultivo exigente en prestaciones de mano de obra requeridas para la realización de determinadas faenas, así como relativamente poco demandante de insumos proveídos por la industria. En muy buena medida debido a la expansión del olivar, y a su proverbial adaptabilidad a la pequeña explotación familiar, en las comarcas agrarias jiennenses más intensamente cultivadas de las Campiñas norte y sur, Sierras del sur o La Loma, las pequeñas explotaciones familiares de menos de 20 hectáreas ocupaban, a la altura del año 1971, elevados porcentajes de superficie. En algunos casos, situados entre el 31,12 y el 35,88 por ciento del total de las tierras censadas en cada una de las comarcas reseñadas18. Fueron precisamente estas mismas pequeñas explotaciones agrícolas con menos de 20 hectáreas de superficie, las que en 1971 acaparaban el 46,74 por ciento de la superficie olivarera provincial, aún cuando tan sólo representasen, superficialmente, el 23,41 por ciento del total de las tierras censadas ese mismo año19. La supremacía del olivar estuvo compartida por el significativo peso representado por el sistema cereal. Por lo que respecta a este último, es preciso señalar el retroceso, aún cuando de una El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 Francisco Cobo y Teresa María Ortega © Historia Actual Online 2005 34 manera lenta y tardía, registrado desde los comienzos de la década de los cincuenta. El paisaje agrario granadino también mostró acusadas tonalidades de perdurabilidad de una agricultura de corte tradicional hasta los inicios de la década de los setenta. A pesar del avance registrado por el olivar en casi toda la geografía provincial, especialmente en la segunda mitad de la década de los sesenta20, el sistema cereal continuaba ocupando una privilegiada posición en la distribución de cultivos todavía a la altura del año 197021. En esa última fecha, las tierras barbechadas y las destinadas al cultivo de cereales y leguminosas alcanzaban un nada despreciable 71,94 por ciento del total provincial de las tierras labradas22. Este fenómeno de tozuda resistencia de las tierras cerealícolas a reducir su presencia en medio de una agricultura predominantemente tradicional, incidió sobre aquel otro consistente en la masiva expulsión de mano de obra agrícola jornalera que conocieron, en general, las provincias andaluzas orientales desde los años cincuenta en adelante. De manera especial porque las tierras cerealícolas fueron concentrándose primordialmente en las explotaciones de tamaño medio y grande –y especialmente en estas últimas–. Las mismas que conocieron un proceso más agudo y acelerado de mecanización de determinadas labores, tradicionalmente intensivas en mano de obra agrícola asalariada23. La conjugación de las dos circunstancias descritas en el transcurso de un largo periodo que discurrió aproximadamente entre 1951 y 1972 –a saber, expansión olivarera acentuadamente concentrada en las pequeñas explotaciones campesinas en su mayoría autosuficientes, y persistencia de un cultivo cerealícola crecientemente mecanizado en las grandes explotaciones inmersas en una agricultura tradicional–, arrojó como resultado más visible, en infinidad de comarcas agrarias de Andalucía Oriental, la extremada constricción en las ofertas de empleo dirigidas hacia una cada vez más reducida población jornalera. A todo ello debe unirse el fenómeno de la progresiva mecanización de determinadas labores prestadas al olivar –labores de arado y bina, preparación de suelos, realización de ruedos, etc.–, posibilitado por la creciente utilización de tractores y arados de tracción mecánica asimismo proporcionados por una extensa gama de cooperativas y empresas auxiliaras agrícolas, de la que resultó beneficiada una considerable proporción de pequeñas explotaciones campesinas24. En suma, pues, una ingente cantidad de mano de obra jornalera radicada en extensas comarcas agrarias de las provincias andaluzas orientales, se vio impelida al recurso generalizado a la emigración desde mediados de la década de los cincuenta en adelante25. La disminución de la población activa agraria en las provincias andaluzas orientales, tanto en cifras absolutas como en términos porcentuales sobre el total de la población ocupada, alcanzó elevadas expresiones numéricas entre 1955 y 197526. CUADRO III. RELACIÓN ENTRE TRABAJO FAMILIAR Y TRABAJO ASALARIADO. ANDALUCÍA ORIENTAL, 1982 Trabajo Familiar Trabajo Asalariado Total Rangos Nº UTAs % Nº UTAs % Nº UTAs % 0-1 has. 1-5 has. 5-10 has. 10-20 has. 20-50 has. 50-100 has. 100-200 has. ≥ 200 has. 14.329 34.429 11.987 8.801 6.285 2.284 1.264 730 90,2 83,1 74,0 65,4 50,6 32,5 21,4 5,3 1.554 7.017 4.219 4.663 6.123 4.740 4.645 12.938 9,8 16,9 26,0 34,6 49,4 67,5 78,6 94,7 15.883 41.446 16.206 13.464 12.408 7.024 5.909 13.668 100 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL 80.109 63,6 45.899 36,4 126.008 100 FUENTE: Censo Agrario de 1982. Elaboración propia. UTA. Unidad de trabajo anual a tiempo completo. Francisco Cobo y Teresa María Ortega El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 © Historia Actual Online 2005 35 Como hemos señalado más arriba, la inmensa mayoría de las pérdidas sufridas por la población empleada en la agricultura de las provincias andaluzas orientales se registró entre los jornaleros y los asalariados agrícolas que no regentaban ningún tipo de explotación rural. Con el consiguiente afianzamiento del amplio estrato de los pequeños y modestos propietarios o arrendatarios, instalados al frente de una extensa gama de explotaciones agrícolas familiares que se resistían tozudamente a desaparecer, tal y como se pone de manifiesto el predominio conjunto de las aportaciones del trabajo familiar sobre el asalariado en el total de las tierras labradas. Las transformaciones experimentadas por la agricultura y la sociedad rural española y andaluza durante las dos décadas posteriores a la finalización de la guerra civil, motivaron la inserción de algunas importantes modificaciones en el programa agrario del Partido Comunista a la altura del año 1959. De tal manera que en las resoluciones adoptadas en el transcurso del VI Congreso del Partido, celebrado entre el 28 y el 31 de enero de 1960, se prestó una especial atención a la reivindicación de medidas favorecedoras del campesinado familiar. Tales como el establecimiento de precios remuneradores, la reducción de las cargas tributarias, o el aumento de las inversiones estatales sobre la agricultura. Aún cuando persistiese, casi inmutable, la eterna alusión a la Reforma Agraria. Concebida como el instrumento esencial orientado hacia la disolución de la gran explotación latifundista, que a su vez continuaba siendo considerada como un residuo de las formas de producción semifeudales, atrasadas e improductivas que aún perduraban en la agricultura española, y andaluza por extensión27. Algunos años más tarde, el documento redactado por Santiago Carrillo, y concebido como informe dirigido al Comité Central ante la inmediata convocatoria del VII Congreso del Partido, celebrado en los alrededores de París el mes de agosto de 1965, incluía una clara apuesta por la reinstauración en España, tras la finalización del régimen franquista, de un régimen democrático, republicano y pluralista con un fuerte contenido de democracia social. Se aspiraba, por consiguiente, a la construcción de una etapa histórica intermedia en el ascenso constante hacia la futura edificación de una sociedad socialista. La aspiración máxima del PCE en esta época consistía, pues, en dotar de contenido a la "democracia política y social", constituida en la alternativa por excelencia defendida por los comunistas frente a la dictadura franquista. La mencionada democracia social se armaba de un específico proyecto de democracia parlamentaria, capaz de contrarrestar la enorme influencia ejercida por el capital monopolista y las oligarquías más firmemente vinculadas a la dictadura del general Franco. Para su cabal constitución, se precisaría, pues, la obtención de determinados logros tales como la amnistía, el pleno reconocimiento de las libertades políticas y sindicales, el sufragio universal, la autonomía para las nacionalidades históricas y el pluripartidismo28. En suma, pues, los comunistas identificaban la tarea de reconstrucción de la democracia política y social como la necesaria "revolución democrática que España requiere como estadio previo al socialismo"29. Una condición inexcusable en la conquista de la democracia política y social descrita residía en la democracia económica, entendida como el soporte sustancial sobre el que se edificaría la propuesta de superación política de la dictadura. Y es aquí, donde de nuevo los comunistas erigían en objetivo de inexcusable consecución la erradicación de las poderosas reminiscencias de carácter feudal y monopolista con las que aún continuaba revestido el grueso de la agricultura española. El mensaje volvía a ser claro y rotundo. Y se dirigía especialmente contra la persistencia de un latifundismo esencialmente injusto, asentado sobre la reproducción de modelos de concentración de la propiedad con un claro ascendente histórico, cuya prolongación habría sumido al conjunto de la agricultura española, con la complicidad del proceso de capitalización monopólica experimentado en la mayor parte del sector primario, en una clara situación de parálisis. Nuevamente se atribuía a la gran propiedad latifundista un carácter semifeudal y atrasado, culpabilizándola, por consiguiente, de todos los males que aquejaban, no únicamente al vasto colectivo de jornaleros empobrecidos a quienes no les quedaba otra alternativa que la emigración a las regiones más industrializadas, sino asimismo, a una extensa capa de pequeños y modestos cultivadores asediados por el peso de las rentas, la asfixiante imposición tributaria, o la escasa capitalización de sus minúsculas explotaciones. La única alternativa propuesta por el PCE a esta calamitosa situación descrita para el sector agrícola, pasaba una vez más por la Reforma El PCE y la cuestión agraria, 1956-1983 Francisco Cobo y Teresa María Ortega © Historia Actual Online 2005 42 La Historia de Andalucía a debate. Vol. I. Campesinos y jornaleros. Barcelona, Anthropos, 2000, 179-206. 39 Cf. Gómez Oliver, Miguel, "Jornaleros andaluces, ¿una clase en extinción?. Un análisis de la conflictividad campesina en los años 80", en Sevilla Guzmán, Eduardo y González de Molina, Manuel (ed.), Ecología, Campesinado e Historia. Madrid, Ediciones La Piqueta, 1993, 409-428, véanse especialmente las páginas 387 y ss. . Consúltese, asimismo, Gómez Oliver, Miguel, "El movimiento jornalero durante la Transición", en González de Molina, Manuel (ed.), La Historia de Andalucía a debate. Vol. I. Campesinos y jornaleros. Barcelona, Anthropos, 2000, 135-155. 40 Cf. Porras Nadales, Antonio, Geografía electoral de Andalucía. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985, 39-40.