La biopolítica y la necropolítica en la seguridad ciudadana de Tijuana

Revista de Estudios en Seguridad Internacional Vol. 5, No. 1 (2019) Editada por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) Lugar de edición: Granada, España Dirección web: http://www.seguridadinternacional.es/revista/ ISSN: 2444-6157 DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1 Para citar este artículo/To cite this article: R. Guy Emerson, “La biopolítica y la necropolítica en la seguridad ciudadana de Tijuana”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 5, No. 1, (2019), pp. 101-117. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.8 Si desea publicar en RESI, puede consultar en este enlace las Normas para los autores: http://www.seguridadinternacional.es/revista/?q=content/normaspara-los-autores Revista de Estudios en Seguridad Internacional is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 5, No. 1 (2019), pp. 101-117. http://www.seguridadinternacional.es/revista/ ISSN: 2444-6157. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.8 La biopolítica y la necropolítica en la seguridad ciudadana de Tijuana Biopolitics and Necropolitics on the Northern Border R. GUY EMERSON Universidad de las Américas, Puebla, México RESUMEN: Este artículo explora el funcionamiento de la seguridad ciudadana. Se desarrolla haciendo referencia a las iniciativas en Tijuana, México, y revela cómo la seguridad ciudadana opera a través de tecnologías que, simultáneamente, generan tanto ciudadanos compatibles, como no-ciudadanos abyectos. Ambos grupos se vuelven parte integral de la seguridad ciudadana y funcionan dentro de una lógica a través de la que se intenta asegurar la vida de los primeros (la biopolítica) y se genera la exclusión de los segundos (la necropolítica). Desde la biopolítica, la población es entendida a través de medidas de vigilancia que permiten la acumulación de información y el análisis de datos. Estos conciernen a los patrones de comportamiento observados dentro de esta población, con el objetivo de gestionar eventos aleatorios y poblaciones fuera de lo que es empíricamente normal. Estas poblaciones anormales son entonces reguladas a través de iniciativas compuestas por el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), con el propósito de darles ciertas capacidades de vida para superar sus situaciones de riesgo. Por su parte, los no-ciudadanos son tratados con base a una inclusión excluyente (la necropolítica). En la práctica, esto implica que la población no-ciudadana sea vista como un objeto de vigilancia jerárquica. Ésta última está diseñada para regular el movimiento y limitar el peligro que estos nociudadanos representan para la seguridad pública. De manera similar, los individuos no-ciudadanos son marginados en la medida en la que su inclusión en los programas de seguridad del PRONAPRED, hace posible su eventual expulsión de México. Es así que el artículo concluye que la seguridad ciudadana determina y exacerba la distinción ciudadano/no-ciudadano, una distinción que puede significar la vida o la muerte. PALABRAS CLAVE: Biopolítica, Necropolítica, Seguridad ciudadana, Tijuana. ABSTRACT: This article explores the functioning of citizen security. It is developed with reference to the initiatives in Tijuana, Mexico, and reveals how citizen security operates through technologies that simultaneously generate both compatible citizens and abject non-citizens. Both groups become an integral part of citizen security and operate within a logic through which one tries to ensure the life of the former (biopolitics) and the exclusion of the latter is generated (the necropolitics). From biopolitics, the population is understood through surveillance measures that allow the accumulation of information and the analysis of data. These concern the observed patterns of behavior within this population, with the aim of managing random events and populations outside of what is empirically normal. These abnormal populations are then regulated through initiatives composed of the National Program for the Prevention of Crime (PRONAPRED), with the purpose of giving them certain life skills to overcome their risk situations. On the other hand, non-citizens are treated based on an exclusionary inclusion (the necropolitics). In practice, this implies that the non-citizen population is seen as an object of hierarchical surveillance. The latter is designed to regulate movement and limit the danger that these non-citizens represent for public safety. Similarly, non-citizen individuals are marginalized to the extent that their inclusion in the PRONAPRED security programs makes possible their eventual expulsion from Mexico. Thus, the article concludes that citizen security determines and exacerbates the citizen / non-citizen distinction, a distinction that can mean life or death. KEYWORDS: Biopolitics, Citizen security, Necropolítica, Tijuana. Recibido: 22 de febrero de 2019. Aceptado: 10 de abril de 2019 Revista de Estudios en Seguridad Internacional 102 INTRODUCCIÓN Para comenzar, es necesario entender que este artículo analiza la seguridad ciudadana con referencia a la seguridad biopolítica, entendida como la gestión de la vida ante el riesgo. En contraste con la seguridad geopolítica y su enfoque territorial, la seguridad biopolítica se centra en la vida y su producción por medio de políticas públicas de seguridad. De esta forma, se puede decir que la seguridad biopolítica intenta garantizar la vida de la población maximizando el flujo de variables productivas, mientras disminuye la circulación de los elementos de riesgo. Este enfoque en la vida de la especie se complementa con medidas que se centran en los cuerpos individuales de la población. De esta manera se tiene la anatomopolítica del cuerpo, que es una conjunción de elementos que promueve un tipo de conducta individual frente al riesgo. El resultado es el autogobierno de ciudadanos que se conectan con los imperativos del gobierno, donde la vida no solamente se securitiza, sino que también es producida por medio de la seguridad ciudadana. Poniendo esto en perspectiva, en el caso específico del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), se puede decir que a los ciudadanos se les reconoce como tal desde la administración preventiva de riesgo. Al igual que la seguridad biopolítica, la seguridad ciudadana interpreta y entiende a la población a través de medidas de vigilancia que permiten la acumulación y el análisis de datos. Estos tienen relación directa con los patrones de comportamiento que se observan con el objetivo de gestionar eventos aleatorios y poblaciones que se encuentran fuera de lo que es empíricamente normal (la vida de la especie). De esta manera, el cuerpo es regulado a través de talleres destinados a estas poblaciones abyectas, con el propósito de otorgarle ciertas capacidades de vida (anatomopolítica). En este caso, y como sucede en el caso del sujeto biopolítico, se le coloca dentro de un contexto de seguridad que se constituye a través de un modo de ser que es consistente con, y generativo de, gobernanza de seguridad. Sin embargo, la seguridad ciudadana también se extiende más allá de su equivalente biopolítico, debido al entendimiento que se tiene de sus dos referentes principales: la ciudadanía en vez de la población. Esta diferencia se vuelve importante en el sentido de que pone en evidencia la discriminación que existe entre distintos segmentos de la población (ciudadanos y no-ciudadanos, sean migrantes o refugiados) y la inclusión excluyente (sigiuendo Giorgio Agamben) de los migrantes al PRONAPRED. Mientras que se promueven las capacidades vitales de los primeros, los demás se identifican exclusivamente con la amenaza que representan. La seguridad ciudadana introduce la identidad política como la base de la gestión de riesgos, enfatizando la división ciudadano/no-ciudadano y señalando a los sujetos activos de las poblaciones que requieren ser removidos. Adicional a ello, es importante mencionar que la seguridad ciudadana opera a través de un registro explícitamente preventivo. Es así que el PRONAPRED no solo gobierna la vida de los ciudadanos, sino que también interviene en las condiciones para el surgimiento de la vida. En la práctica, esto interfiere con lo planteado desde la biopolítica al introducir una nueva dimensión espaciotemporal. Como será demostrado, una perspectiva preventiva cambia el enfoque de la intervención desde la interacción de elementos empíricos, a la creación de ciertos espacios que generan una vida segura. Además, tal y como sucede con la seguridad biopolítica, la seguridad ciudadana gobierna a través de la contingencia. Sin embargo, más que reconocerla como una parte de la vida emergente, la seguridad ciudadana identifica a la contingencia como la base para manipular las condiciones de emergencia. Es decir, la contingencia se extiende más 103 La biopolítica y la necropolítica… allá de la vida en sí, lo que coincide con lo que Brian Massumi (2015) llama la ontopolítica: una inversión activa en la contingencia del futuro. Así, PRONAPRED toma la posibilidad futura de la violencia y el crimen en el presente, para hacerlo productivo ontológicamente. Mientras los ciudadanos están construidos en formas que corresponden con la vida de la especie (la población), la anatomopolítica (el cuerpo) y la onto-política (las condiciones de emergencia de la vida), los no-ciudadanos son puestos en una posición precaria con el objetivo de ser excluidos. Regresando a la vida de la especie, si la ciudadanía se conforma a partir de estadísticas vitales y su relación con el riesgo, la población no-ciudadana es tratada como este objeto sujeto a la vigilancia jerárquica, diseñada para regular su movimiento y limitar el peligro que representan para la seguridad pública. Similarmente, a nivel anatomopolítico, los ciudadanos se empoderan para gobernarse a sí mismos en cuestión de seguridad, mientras que los no-ciudadanos son marginados en la medida en la que su inclusión en programas de seguridad hace posible su expulsión eventual de México. Y finalmente, a pesar de que las tecnologías onto-políticas proyectan futuros peligrosos para ciudadanos y no-ciudadanos, para los primeros esto permite la intervención en las condiciones de la vida, mientras que para los segundos legitima su abandono. El capítulo concluye que la seguridad ciudadana determina y exacerba la distinción ciudadano/no-ciudadano, una distinción que puede significar la vida o la muerte. LA SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA América Latina puede ser considerada como una región pionera en la aplicación de la seguridad ciudadana. A pesar de que la seguridad ciudadana se originó en la España posfranquista durante la reforma de sus servicios de seguridad, este concepto se desarrolló más ampliamente en América Latina. Así, se renovaron los enfoques de seguridad experimentados durante el autoritarismo y las doctrinas de seguridad nacional. Distintos gobiernos dentro de la región implementaron la seguridad ciudadana para reestructurar el aparato represivo del Estado, reestructurar la fuerza policial y confrontar el legado de desconfianza en los sistemas jurídicos (Gasper y Gómez, 2015: 107). Para finales de 1990, ambos, gobierno y organizaciones no gubernamentales, utilizaron la seguridad ciudadana para describir preocupaciones concernientes al mejoramiento de la seguridad pública. El enfoque de seguridad se trasladó de amenazas, hacia regímenes de gobierno, así como de los peligros planteados por la violencia incremental, hacia un orden socio-político (Neild, 1999: 1). Como apunta Michelle Bonner (2014: 261), la seguridad ciudadana se convirtió en un término sombrilla adoptado por actores, tanto nacionales como internacionales, para reconciliar la seguridad con la democracia. Hacia la primera década del siglo XXI, y observando de cerca la duplicación de la tasa de homicidios en Latinoamérica –de 12.5 homicidios por cada 100,000 residentes en 1980 a 22.8 en 2016 (Gagne, 2017)- la demanda de mayor seguridad por la sociedad civil generó un sentido de urgencia por la seguridad ciudadana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha surgido como portavoz en este sentido. En una publicación emblemática Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, el PNUD sitúa la seguridad ciudadana como “la causa y consecuencia de los problemas de desarrollo, que enfrentan América Latina y el Caribe”. Consistente con un marco de seguridad humana, el reporte yuxtapone “el trabajo en la justicia y el orden público” con “medidas preventivas como la generación de oportunidades de Revista de Estudios en Seguridad Internacional 104 empleo y la promoción de la inclusión social” (UNDP, 2013: III). El reporte plantea la primacía de la vida humana sobre la seguridad del Estado y confirma un enfoque multidimensional al posicionar la seguridad pública de la mano de “crecimiento económico, empleo, salud, educación y desarrollo social” (UNDP, 2013: 13). Así también, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promovieron medidas de prevención. El segundo de los mencionados, realizó más de 130 programas en 24 países a través de América Latina desde los años noventa (Aguirre y Muggah, 2017; Frhling, 2012). Algunas de las medidas más prominentes implementadas incluyen: Fica Vivo (Brasil) (Arias y Ungar, 2009), Plan Cuadrante (Colombia) (Rincón Morera, 2018), Barrio Seguro (Dominican Republic) (Cunningham et al., 2008), el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana (Ecuador) (Torres Angarita, 2011), y negociaciones relacionadas con pandillismo en El Salvador (Bruneau, 2014). En Perú, por ejemplo, las iniciativas de seguridad ciudadana reemplazaron aquellas represivas políticas de mano dura, con énfasis en la prevención social y el control, con el objeto de limitar la proliferación de la violencia (Instituto de Defensa Legal, 2003). En cada instancia, la seguridad ciudadana tiene el objeto de mitigar el impacto del crimen mediante el fortalecimiento de las capacidades del Estado y alentar la activa participación ciudadana. Perspectivas similares son evidentes en México. Aunque múltiples gobiernos estatales y municipales reconocieron el concepto de seguridad ciudadana a mediados de 1990 -muchos de ellos cambiaron el nombre de Secretarías de Seguridad Pública a Secretarías de Seguridad Ciudadananacionalmente, la seguridad ciudadana se volvió un tema prominente desde 2010 (Solórzano Peña y Contreras Acevedo, 2015: 859). En ese año, el presidente Felipe Calderón implementó “Todos somos Juárez: Reconstruyamos la Ciudad”, para reducir la violencia en Ciudad Juárez. Más recientemente, en 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto estableció el “Reglamento de la Ley General para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”. El artículo 22 de dicho reglamento está dedicado a la seguridad ciudadana del individuo, estableciendo que: “La obligación de la seguridad ciudadana del Estado es garantizar la seguridad del individuo, actuando en relación a las causas de la violencia, la delincuencia y la inseguridad”. LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA BIOPOLÍTICA Un enfoque político de seguridad ciudadana se sobrepone con el concepto de seguridad biopolítica. Michael Foucault introduce esta perspectiva en sus ponencias: Hay que Defender la Sociedad, Seguridad, Territorio, Población, así como El Nacimiento de la Biopolítica y el primer volumen de La Historia de la Sexualidad. Los intereses de Foucault fueron las racionalidades políticas y las tecnologías del poder involucradas al regular la vida, ya sea entendidas individualmente –a lo que llamará anatomopolítica - o a través de la población – la vida de la especie. Regular a una población involucra poder controlar la circulación de la vida y muerte -y sus elementos relacionadosdentro de un determinado entorno y en este supuesto, decodificar el riesgo. Establecido en un aparato de seguridad que se preocupa de crecientes circulaciones, las probabilidades de la violencia y crimen son calculados estadísticamente (Foucault, 2003: 246-7; 2007: 20-1). Si la población es administrada por esta “ciencia de la seguridad” (O’Malley, 2010), entonces la vida individual se coloca en lo que Michael Dillon llamaría (2015: 105) la ontología moderna de la seguridad: ciudadanos surgiendo de la incertidumbre asociada por vivir en medio (y previniendo) de violencia potencial. Con base en el riesgo, los sujetos son atraídos gradualmente hacia el Estado, no mediante represión, sino a través 105 La biopolítica y la necropolítica… de un poder más productivo que instala capacidades de vida consistente a las racionalidades sobre la prevención del crimen. Parafraseando a Foucault y su enfoque anatomopolítica (2003: 30), el ciudadano es “uno de los primeros efectos del poder”. Los ciudadanos ensamblarán información, materiales y prácticas en conjunto, para generar estrategias que identifican y minimizan el riesgo; estrategias que emanan y contribuyen a la gobernanza de la seguridad (O’Malley, 2000: 465). Además, y más allá de la perspectiva sobre la población y sujetos individuales, es evidente observar que hay un énfasis en las condiciones necesarias para la vida –que más adelante llamaremos la onto-política-. Esto no se refiere a la administración de la vida per se, sino a una forma sutil de gobernar aquello que no ha acontecido, pero podría suceder. Al operar mediante un registro preventivo, la seguridad ciudadana excede a la biopolítica para decretar lo que Brian Massumi (2015) llama una onto-política: una inversión activa en amenazas no especificadas, ni aparentes aún, que, sin embargo, se mantiene efectiva en el presente para ser ontológicamente productiva. La incertidumbre es secuestrada por la seguridad ciudadana, convirtiéndose en una tecnología clave para moldear la forma en que la vida se desarrollará. La seguridad ciudadana se alquila mediante esta administración de poblaciones (la vida de la especie) y por sujetos individuales (anatomopolítica) en relación con el PRONAPRED. La primera parte de éste detalla cómo la población es interpretada a través de la acumulación de datos concernientes a patrones de crimen y asesinatos violentos. La población se hace visible a través de ópticas relativas a la seguridad, así el Estado percibe una imagen de la ciudadanía que proviene directamente de los requisitos para la gobernanza de la seguridad. Bajo este supuesto, aquellas poblaciones que no forman parte, que son consideradas como empíricamente normales, se convierten en el objeto de atención a posteriori. Es aquí donde la seguridad ciudadana tiene un enfoque en las poblaciones periféricas, dirigidas por medio de intervenciones específicas que condicionan su existencia. La segunda parte explora estas intervenciones, ya sea con módulos de entrenamiento, cursos o proyectos de infraestructura dentro del PRONAPRED que moldean a la ciudadanía. Sin embargo, más que un enfoque hacia la vida del individuo, en concepto de seguridad ciudadana presta atención a las condiciones por las cuales la vida emerge. Lo anterior se refiere a que la seguridad ciudadana no sólo se enfoca en la vida inmediata, sino que opera dentro de un registro preventivo en donde la probabilidad de crímenes obliga a futuras intervenciones en las comunidades con el fin de condicionar el desarrollo de la vida. PRONAPRED como la vida de la especie: visibilizando a la población El PRONAPRED fue diseñado e implementado entre 2013 y 2016, generando un contraste interesante con la militarización que caracterizó la administración previa de Felipe Calderón. Con el objetivo de dar un giro a la forma en la que se atendía la seguridad, el PRONAPRED buscó adoptar un enfoque social para reducir la violencia. Ésto queda claro al retomar lo que el entrante Presidente Peña Nieto esclareció al tomar posesión: la violencia y el crimen ‘no deben ser sólo combatidos con la fuerza. Es esencial que el estado realice un esfuerzo colectivo para reconstruir el tejido social’ (México Evalúa, 2014). El PRONAPRED se convirtió entonces en la pieza clave para la adopción de un nuevo enfoque, basado en la prevención, para el combate de la inseguridad. Este giro fue de tal relevancia, que incluso se le introdujo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, planteando que se trabajaría en dos campos complementarios: la prevención social de la violencia y la contención del crimen. Esta sección revela cómo la construcción de la ciudadanía ocurre al basarse en datos Revista de Estudios en Seguridad Internacional 106 empíricos a nivel nacional. Este análisis del PRONAPRED proviene del documento ‘Anexo Único’, específicamente para el caso de Tijuana. De acuerdo con este documento, queda demostrado que el PRONAPRED se une en tres dimensiones: 1) la demarcación de municipios prioritarios; 2) la construcción de polígonos en estos municipios en relación al riesgo; y, 3) la aplicación de políticas para la prevención del delito dentro de éstos polígonos. Es a través de estos primeros dos elementos que la población se construye como un elemento numérico, compuesto por estadísticas vitales y tasas de crimen y homicidio. En el año 2013, el PRONAPRED dio inicio con la selección de 57 demarcaciones para intervenciones de prioridad en todo México, además de otros 43 casos que fueron clasificados como áreas secundarias para acción. Mientras que la selección de estos 57 se llevó a cabo de acuerdo con tres criterios (población, tasas de crimen, y territorio) no hay información disponible acerca de la metodología y la lógica utilizada para llevar a cabo esta delimitación. Lo que sí queda claro es que la población terminó siendo visibilizada y caracterizada a partir de un patrón estadístico y de la distribución de elementos relacionados con la seguridad. En lugar de observaciones locales, o modelos desarrollados para el caso particular de Tijuana, para el PRONAPRED, la seguridad ciudadana se convierte en un tipo de racionalización inflexible que se fundamenta en datos masivos. Sin embargo, en vez de convertir a toda la población en el objeto de intervención, estos datos hacen posible la visibilización del riesgo en las poblaciones que exceden la normalidad. Por exceder la media, la probabilidad de que ciertas poblaciones sean afectadas por crimen se vuelve predecible. Ésto, como un perfil inductivo que vuelve a todos los cuerpos dentro de estas demarcaciones potencialmente vulnerables a la violencia. Con base en estas medidas predictivas, Tijuana, además de los otros 56 municipios seleccionados, se mapea y se identifican polígonos, que son las zonas más riesgosas dentro de cada demarcación. Cabe destacar que los criterios de selección de las demarcaciones permanecen opacos, lo que provoca que así también sean los polígonos. Como resultado de esta falta de transparencia, se entiende que dichas zonas son producto de una selección arbitraria, que influye tanto la territorialidad de los polígonos como en la asignación de fondos para cada uno. Un primer ejemplo de ello es que los documentos oficiales a menudo fallan en la especificación de las comunidades que conforman los polígonos, y en su lugar, crean mapas genéricos que carecen de coordenadas geográficas claramente identificables. En Tijuana, el nombre de uno de sus dos polígonos se identifica como 0200401_14; 02, que es el código del Estado (Baja California Norte): 004 el código municipal (Tijuana); 01 el primer polígono de la demarcación, y _14 el año (2014) para el que se crea el polígono. Segundo, esta demarcación abstracta recibe fondos exclusivamente con base en las tasas de población y homicidio. Cada demarcación recibe una suma fija que asciende al 50% de sus fondos totales (MXN$10,344,552.4 en 2016), y una adicional 25% basado en la tasa de homicidios del año anterior, en contraste con la de otras demarcaciones (MXN$36,143,391.7 correspondiente al 2015 por Tijuana). El 25% restante basado en el tamaño de su población, también en proporción a la de otras demarcaciones (MXN$16,693,139 cómo el 2010 para Tijuana). En lugar de las marcas topográficas locales, las epistemologías estadísticas priorizan enormes conjuntos de datos desde los cuales los municipios se dividen y se vuelven a ensamblar en los polígonos, para alinearse con los objetivos de la gobernanza de seguridad. Las apreciaciones locales se descartan para dejar espacio a la aplicación de un modelo utilizado que detecta patrones de crimen y violencia que poco tiene que ver 107 La biopolítica y la necropolítica… con las perspectivas locales. El mapeo preventivo del riesgo, en consecuencia, generaliza por medio de unificar los términos de la seguridad entre todos los habitantes de los polígonos seleccionados. Incluso las diferencias sutiles, ya sea entre individuos o sus entornos, son minimizadas en favor de la que supone ser una imagen de la población entera. En este sentido, se extrajo desde este paradigma estadístico, la posibilidad de intervenir en éstos polígonos. Intervenciones que se explorarán en la siguiente sección. Antes de hablar de estas intervenciones, hay que reconocer que la construcción de la ciudadanía va más allá de un marco biopolítico; una diferencia que vislumbra la discriminación hacia los no-ciudadanos. Típicamente, la población se da a conocer a través de una matriz compleja de elementos relacionados con la contingencia de la vida de la especie, en lugar de cuestiones de identidad (Dillon, 2015: 49). Sin embargo, la seguridad ciudadana en Tijuana difiere en que se introduce una identidad política: el ciudadano; una identidad que se convierte en la plataforma sobre la cual se divide a las personas. Más aún, las técnicas que lo hacen visible son diferentes. En contraste con las múltiples variables que constituyen a la ciudadanía, los no-ciudadanos son tratados como un solo elemento: por ejemplo, la Acción 2.4.1.1 del PRONAPRED titulada ‘Elaboración de estudios en materia de violencia y delincuencia en migrantes’. Ésta, que es una de las dos acciones dirigidas a los migrantes, identifica a los no-ciudadanos exclusivamente como contribuyentes potenciales a la inseguridad. 1 La Acción propone además una evaluación en forma de un documento diagnóstico que permita conocer la situación en materia de violencia y delincuencia de los migrantes. Dicho documento contempla lo siguiente: un ‘documental sobre la migración, La migración en Tijuana, La migración en Tijuana y sus consecuencias, Correlación entre migración, Adicción e indigencia y La migración y sus afectaciones en materia de Seguridad Pública’. Es así que en lugar de construir una población a través de varios elementos, plantea que ya existe un supuesto previo sobre la identidad del migrante. Además, PRONAPRED entiende a los migrantes exclusivamente en cuanto a su capacidad de contribuir a ‘la violencia y la delincuencia’, en vez de propiedades reproductivas. El migrante no es descifrado a través de características vitales, sino exclusivamente ‘con respecto a la seguridad pública’. Si la ciudadanía emerge a través de las capacidades de la vida dentro de un contexto de riesgo, el migrante adopta este potencial para interrumpir la vida del ciudadano. Dicho crudamente, para los no-ciudadanos, la vida no es más el objeto de interés de la gobernanza de seguridad, sino más bien el potencial de la muerte. Mientras ambas categorías -ciudadanos y no-ciudadanos- están mapeadas por medio riesgo, en el caso del segundo grupo, su riesgo permite la exclusión. El empleo de técnicas de vigilancia dirigidas por los mismos ciudadanos, resulta en el reconocimiento de facetas predecibles de la variabilidad humana, en relación a los datos empíricos de escala nacional. Es entonces que el hacer visibles a los no-ciudadanos, requiere del uso de métodos de vigilancia más estrictos. Específicamente, esta información corresponde al movimiento de transmigrantes y la localización de residentes temporales en espera de cruzar a Estados Unidos. La acción estipula la realización de un diagnóstico con el cual ‘se recopilará información nacional e internacional, se realizarán estudios de campo para medir el número de migrantes que entran de acuerdo con las cifras oficiales y no oficiales; después, se analizará y procesará la información para conocer con mayor exactitud el fenómeno migratorio y realizar acciones que funcionen como un factor positivo’ en su resolución. En contraste con el perfil estadístico de los ciudadanos, los 1 Mientras el PRONAPRED no define con claridad quién o en que momento se es considerado como ciudadano y no-ciudadano, en la practica cualquier individuo que no cuente con residencia en México, sea temporal o permanente, está visto como no-ciudadano Revista de Estudios en Seguridad Internacional 108 no-ciudadanos son ubicados en modelos jerárquicos de vigilancia que requieren del conocimiento de puntos de entrada, salida y rutas transitables. Las redes de migrantes deben ser conocidas para ser controladas, para así facilitar su partida. Siguiendo a Peter Nyers (2003: 1069), las tecnologías de control (basadas en la jerarquía de vigilancia) están ligadas a las estrategias de exclusión. La vigilancia entonces se convierte en una base para la discriminación, irrumpiendo en la población para inclusivamente excluir a los no-ciudadanos: la inclusión excluyente. Los no-ciudadanos están incluidos en el PRONAPRED para ser limitados. Como José Bengoa (2000: 53) puntualmente remarca, ‘el mapa de la exclusión va de la mano con el mapa de la seguridad ciudadana’. PRONAPRED como anatomopolítica del cuerpo: capacidades de vida y potencialidades de muerte Un enfoque en el cuerpo complementa las tecnologías de vigilancia para generar capacidades que mejoren la vida de los ciudadanos. Por medio de PRONAPRED, estas intervenciones operan persiguiendo tres objetivos: (1) ‘incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias’; (2) ‘Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria’; y (3) ‘Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana’. Como se explicará, las diferentes acciones dentro de estos objetivos impulsan al individuo a comportarse en maneras que se alinean con la razón del Estado. No obstante, como se verá a continuación, para el no-ciudadano, el PRONAPRED no invierte en sus capacidades vitales, sino que confirma su exclusión. Para entender esta situación es necesario hablar primero del ciudadano. En este caso, el primer objetivo de ‘corresponsabilidad’ es promovido a través de dos estrategias específicas. La primera de ellas (1.2) es ‘Desarrollar competencias en la ciudadanía y en OSC de cultura de paz, cultura de la legalidad y convivencia ciudadana’. Esta estrategia tiene nueve acciones, siete de las cuales involucran establecer una Cultura de Paz que implica un cambio en el comportamiento individual: la Acción 1.2.1.4, por ejemplo, plantea el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos ‘para evitar actitudes de violencia entre los niños’. Otras acciones promulgan medidas que promueven la participación por medio de una red difusa de actores. Hay redes para la prevención de violencia entre los niños y adolescentes que establecen relaciones entre las familias y las autoridades locales (Acción 1.1.2.1), Redes Ciudadanas (1.1.1.5) y Comités de Comunidades Vigilantes (1.1.3.3). En vez de reemplazar los enfoques de protección centrados en el Estado, esta apreciación relacional los traslapa para promover una seguridad ciudadana auto-organizada. El Programa crea vínculos entre una red de actores y autoridades locales, los cuales modifican la conducta individual por promover relaciones de afinidad e identificación que se alinean con la lógica oficial. El PRONAPRED también enfatiza la responsabilidad personal para la seguridad. Los talleres que se centran en ‘la prevención de conductas delictivas y de alto riesgo’ (Acción 1.1.4.1) promueven una relación con uno mismo, basada exclusivamente en una conducta securitizada, identificando el ‘entrenamiento de la ciudadanía’ dentro de la ‘prevención social’ de la violencia. El individuo trabajará y se evaluará a sí mismo de acuerdo con estos objetivos de seguridad, delimitando esa parte de sí mismo contrariamente a la configuración securitizada y regulando su conducta a través de cómo se compromete con la violencia. En las palabras de PRONAPRED, reconocerá ‘la importancia de la prevención de las conductas delictivas, empezando por los factores 115 La biopolítica y la necropolítica… CONCLUSIÓN Se ha revelado una presencia conjunta de vida y muerte que la seguridad ciudadana manifiesta a través de la división del ciudadano/no-ciudadano. La seguridad ciudadana, en contraste con la seguridad biopolítica, inserta una identidad política en la gobernanza de seguridad. Con ésto separan a los cuerpos entre los que reciben atención para minimizar su inseguridad y los que son abandonados al frente de ella. Al nivel de la vida de la especie, la ciudadanía es entendida a través del análisis estadístico de cualidades reproductivas y sus interconexiones con índices de riesgo, mientras que el no-ciudadano se maneja como una variable única que se hace visible exclusivamente en relación a la amenaza que representa para la seguridad pública. A nivel de la anatomopolítica, la seguridad ciudadana institucionaliza la responsabilidad personal de los ciudadanos y la eventual expulsión de los no-ciudadanos; mientras a nivel ontopolítica, si bien la inestabilidad de vida es productivamente utilizada por los ciudadanos, para los no-ciudadanos esta es la condición por la cual son abandonados. La seguridad ciudadana activa la administración de la vida o la muerte, dependiendo de la identidad política. La vigilancia traza el fenómeno vital de la población y adquiere un carácter discriminatorio (el migrante como amenaza); la participación en los talleres promueve las capacidades de vida y facilita la segregación (el migrante como excluido); y, el futuro prolifera para condicionar el presente o abandonarlo (el migrante como desechable). La seguridad ciudadana, entonces, está tan influenciada por la necropolítica, como por la biopolítica. NOTA SOBRE EL AUTOR R. Guy Emerson es Doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Australiana. Actualmente, es profesor de tiempo completo en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Sus intereses profesionales son critical security studies y su aplicación a América Latina. Y sus temas de investigación se centran en la necropolítica y la construcción de subjetividades securitizadas. Es autor del libro Necropolitics: Living Death in Mexico y recientemente, ha publicado en Politics, Journal of International Relations & Development, y Latin American Perspectives. Entrevista citada 1, Melba Adriana Olvera Rodríguez, President of State Commission of Human Rights, State Commission of Human Rights, Tijuana, 10 October 2016. REFERENCIAS Agamben, Giorgio (1998), Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Palo Alto: Stanford University Press. Aguirre, Katherin y Muggah, Robert (2017), “Las agencias multilaterales y el enfoque de «seguridad ciudadana» en América Latina”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals Vol. 116, pp. 25-52. Arias, Enrique Desmond y Ungar, Mark (2009), “Community Policing and Latin America's Citizen Security Crisis”, Comparative Politics, Vol. 41, No. 4, pp. 409-429. Revista de Estudios en Seguridad Internacional 116 Ayala, Fabiola (2017), “Migrantes haitianos, africanos y cubanos varados en Tijuana colapsan albergues”. Publimetro, 8 de febrero. Disponible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/02/08/migrantes-haitianos-africanos- cubanos-colapsan-albergues-tijuana.html Bengoa, José (2000), “Desigualdad y seguridad ciudadana”, Mensaje, Vol. 49, No. 493, pp. 52–55. Biehl, João (2001), “Vita: Life in a Zone of Social Abandonment”, Social Text, Vol. 19, No. 3, pp. 131-149. Bonner, Michelle (2014), “Violence, Policing, and Citizen (In)Security”, Latin American Research Review, Vol. 49, No. 1, pp. 261-271. Bruneau, Thomas (2014) “Pandillas and Security in Central America”, Latin American Research Review, Vol. 49, No. 2, pp. 152-172. Cisneros, Bernardo (2017), “Migrantes haitianos varados tendrán su propia villa en Tijuana”, Milenio, 26 de febrero. Disponible en: http://www.milenio.com/estados/construyen-villa_haitiana-migrantes-baja_california- tijuana-milenio_0_910109171.html Cunningham, Wendy, McGinnis, Linda, García Verdú, Rodrigo, Tesliuc, Cornelia and Dorte Verner (2008), Youth at Risk in Latin America and the Caribbean: Understanding the Causes, Realizing the Potential. Directions in Development; Human Development, Washington, DC: World Bank. Dean, Mitchel (2010), Governmentality: Power and Rule in Modern Society, London: SAGE Publications. Dillon, Michael (2015), Biopolitics of Security: A political analytic of finitude, New York: Routledge. Foucault, Michel (2003), Society Must Be Defended (Lectures at the College De France, 1975–1976), London: Palgrave Macmillan Foucault, Michel (2007), Security, Territory, Population (Lectures at the Collège de France, 1977-1978), New York: Picador. Frhling, Hugo (2012), “La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Cómo medirla y cómo mejorarla”, Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https://publications.iadb.org/handle/11319/5688 Gagne, David (2017), “InSight Crime’s 2016 Homicide Round-Up.”, Insight Crime, January 16. Available at: https://www.insightcrime.org/news/analysis/insight-crime- 2016-homicide-round-up/ Instituto de Defensa Legal (2003), “Proyectos piloto de comités para la seguridad ciudadana. El ABC de la seguridad ciudadana”, Centro de Promoción Social para la Seguridad Ciudadana. Disponible en: https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/El%20ABC%20de%20la%20Segurid ad%20Ciudadana.pdf Massumi, Brian (2015), Ontopower: war, powers, and the state of perception, Durham: Duke University Press. Martínez, Fabiola (2017), “México, en aprietos por la ola de migrantes haitianos y africanos”, La Jornada, 1 de febrero. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/02/politica/011n1pol 117 La biopolítica y la necropolítica… Mbembe, Achille (2003), “Necropolitics”, Public Culture, Vol. 15, No. 1, pp. 11–40. México Evalúa (2014), “Prevención del delito en México: Donde queda la evidencia”, 8 de enero. Disponible en: http://mexicoevalua.org/2014/01/08/prevencion-del-delito-en- mexico-donde-quedo-la-evidencia/ Moriconi Bezerra, Marcelo (2011), “Desmitificar la violencia: crítica al discurso (técnico) de la seguridad ciudadana”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 73, No. 4, pp. 617-643. Neild, Richard (1999), From National Security to Citizen Security: Civil Society and the Evolution of Public Order Debates. Rights and Democracy, International Center for Human Rights and Democratic Development. Nyers, Peter (2003), “Abject cosmopolitanism: the politics of protection in the antideportation movement”, Third World Quarterly, Vol. 24, pp. 1069–93. O’Malley, Pat (2000), “Uncertain subjects: Risk, Liberalism and Contract”, Economy and Society, Vol. 29, No. 4, pp. 460-484. O’Malley, Pat (2010), “Resilient subjects: Uncertainty, warfare and liberalism”, Economy and Society, Vol. 39, No. 4, pp. 488-509. Rincón Morera, Andrés (2018), “Abordajes teóricos sobre la relación entre seguridad ciudadana y violencia urbana en Colombia: una lectura crítica”, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad ,Vol. 22, No. Junio, pp. 86-100. Rose, Nikolas (2001), “The Politics of Life Itself”, Theory, Culture & Society, Vol. 18, No. 6, pp. 1–30. Rose, Nikolas (2007), The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton: Princeton University Press. Schott, Robin M. (2013), “Resilience, normativity and vulnerability”, Resilience, Vol. 1, No. 3, pp. 210–218. Semple, Kirk (2017), “La situación de los migrantes en la frontera de México podría convertirse en una crisis humanitaria”, New York Times, 30 de enero. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/01/30/la-situacion-de-los-migrantes-en-la-frontera- norte-de-mexico-podria-convertirse-en-una-crisis-humanitaria/ Solórzano Peña, María Amelia y Contreras Acevedo, Ramiro (2015), “Seguridad Ciudadana ¿Disminuir la Criminalidad o la Desigualdad, La Marginación y la Pobreza?”, Quaestio Iuris, Vol. 8, No. 2, pp. 859-891. Torres Angarita, Andreina (2011), “La política pública de seguridad ciudadana en Quito: un esfuerzo municipal”, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, Vol. 9, No. Junio, pp. 70-88. United Nations Development Programme (2013), “Regional Human Development Report 2013-2014 Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America”. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_- executivesummary.pdf